La Delegación del Gobierno en Canarias ha autorizado el despliegue de efectivos y medios materiales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Gran Canaria para ayudar al Cabildo de la isla ante las múltiples incidencias que están provocando este martes las lluvias de la borrasca Therese, según informa EFE.

El Cabildo de Gran Canaria había solicitado este martes la ayuda de la Unidad de Militar de Emergencias (UME) ante el impacto que están teniendo las lluvias de las últimas horas en la isla, sin daños humanos pero con barrancos desbordados y una docena de carreteras cortadas.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, anunció que iba a activar el nivel de emergencia 2 en la isla, para poder contar con el apoyo del personal y la maquinaria pesada de que dispone la UME, que solo se puede movilizar cuando la situación escala a ese nivel y la comunidad autónoma asume la coordinación. En estos momentos, la coordinación de todo el dispositivo corresponde ya al Gobierno de Canarias, al haber escalado la situación de nivel 1 a nivel 2. 

A través de sus redes sociales, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha anunciado de que se ha aceptado la petición de que la UME colabore ante la situación que se ha producido en Gran Canaria, isla declarada ya formalmente en emergencias por riesgo de inundaciones.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han indicado a EFE que los mandos de la UME en Canarias están ya en contacto con el Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria para valorar los medios necesarios y decidir a qué lugares acuden.

En estos momentos, 19 presas de Gran Canaria han llegado al límite de su capacidad y están aliviando agua hacia los barrancos y doce carreteras están cortadas por corrimientos de tierras, crecidas de los cauces o desprendimientos de rocas sobre la calzada.

El economista Manuel Escudero, presidente de la Fundación Avanza, el laboratorio de ideas del PSOE, ha fallecido este lunes a los 79 años, según recoge EFE.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la noticia en un mensaje que ha publicado en la red social X, en el que traslada su cariño a la familia y a sus seres queridos y asegura que le echarán de menos.

"Hoy nos deja un compañero y amigo, Manuel Escudero. Siempre militó en la vanguardia de las ideas. Nos enseñó a pensar desde el compromiso con los valores progresistas. Mi cariño a su familia y seres queridos. Te echaremos de menos", ha escrito.

También el PSOE ha lamentado profundamente el fallecimiento de Escudero, al que se refiere como "un gran compañero comprometido con la justicia social y el progreso de nuestro país".

"Su dedicación, inteligencia y vocación de servicio dejan una huella imborrable. Todo nuestro cariño a su familia y seres queridos. Que la tierra te sea leve", señala en un mensaje que ha publicado en la misma red social. 

Escudero, natural de San Sebastián, fue un histórico del PSOE y ocupó numerosos cargos en el sector público y privado, entre ellos fue secretario de Política Económica y Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista.

Fue también embajador de España ante la OCDE en París y Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo de la OCDE, fundado en 1961 por John F. Kennedy.

El ex primer ministro Lionel Jospin, figura destacada del socialismo francés, ha fallecido este lunes a los 88 años, anunció su familia y recoge EFE.

Jospin se había sometido en enero pasado a una intervención quirúrgica importante, de la que no transcendieron detalles.

Además de jefe del Ejecutivo de cohabitación entre 1997 y 2002, durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, Jospin fue primer secretario del Partido Socialista, diputado y ministro en los gobiernos de François Mitterrand.

Perdió dos veces las elecciones presidenciales, siendo eliminado en la primera vuelta en 2002, frente al líder del ultraderechista Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen.

Se da la circunstancia de que este eminente socialista francés falleció el domingo, el día que se celebraba la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, en las que dos candidatos de su partido consiguieron mantener en manos de la izquierda las dos ciudades más importantes de Francia, París y Marsella.

En declaraciones a France Info, el actual líder del Partido Socialista, Olivier Faure, expresó su "profunda tristeza" y "gran emoción" por el fallecimiento de Jospin, a quien designó como un maestro.

"Él era el elegido. Nos educó y nos formó a todos. Todos pertenecemos a esa generación que se forjó con Lionel Jospin, con la izquierda plural. Y fue él quien nos apoyó con su bondad. Fue él quien participó en cada lucha y quien fue un referente, un modelo a seguir para muchos de nosotros", declaró Faure. Era, añadió, "un hombre íntegro, un hombre de principios" y, con él, durante su gobierno "fueron sin duda los últimos años en que la izquierda estuvo unida".

Pero esa historia de unidad terminó mal el 21 de abril de 2002, que marcó un punto de inflexión, reconoció Faure, en alusión a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que Jospin terminó en tercera posición, desbancado por Le Pen, algo que el ex primer ministro definió como la caía de un "rayo" sobre el socialismo francés.

"Por primera vez en mi vida, vi no al héroe que él representaba para mí, sino a un hombre golpeado por el destino. Y fue una imagen terrible. Incluso mencionó un rayo. Fue como si el cielo se nos hubiera caído encima ese día, y, sinceramente, no se lo merecía", lamentó Faure retrospectivamente.

La noche del 21 de abril de 2002, tras quedar eliminado en la primera vuelta de las presidenciales francesas, Jospin pronunció una breve declaración que marcó la vida política del país. Su frase más recordada fue: "Asumo plenamente la responsabilidad de este fracaso y saco las consecuencias retirándome de la vida política tras el final de la elección presidencial".

Con este anuncio, Jospin no solo reconocía la derrota, al haber quedado por detrás de Chirac y de Le Pen, sino que también comunicaba su retirada inmediata de la política, lo que constituye unas de las declaraciones más contundentes de la política francesa reciente.

"Recuerdo que a Lionel Jospin le faltaron solo dos votos para pasar a la segunda vuelta. Y lo más probable es que, de haberlo logrado, la historia hubiera sido diferente, ya que todos creían que la victoria contra Jacques Chirac era posible. Las cosas siempre se han dado de forma distinta. Así es el destino y lo acepté", dijo Faure.

El llamado “Mundo Occidental” ha construido su prosperidad levantando muros invisibles: muros frente a los países empobrecidos, frente a los nuevos bloques emergentes, frente a los excluidos que viven entre nosotros y a los que hemos aprendido a no ver. Pasan a nuestro lado como si fueran transparentes. Existen, pero no cuentan. Sobreviven, pero no participan. Y, sin embargo, son muchos. Demasiados.

Este largo tiempo de ceguera moral tiene consecuencias. Cuando una sociedad renuncia a mirar de frente la desigualdad, otros miran por ella… y señalan falsos culpables. Así, sin apenas esfuerzo, los populismos autoritarios convencen a los más vulnerables de que ellos son la solución, cuando en realidad son la condena.

Para cambiar el mundo no hacen falta grandes gestos épicos, ni viajes simbólicos, ni flotillas mediáticas. El mundo se cambia en casa. Se cambia desde lo cercano, en círculos concéntricos que se amplían: del individuo al barrio, del barrio al municipio, del municipio a la sociedad entera. No es cierto que no podamos hacer nada. Todos podemos hacer algo. Mucho, poco o poquísimo. Pero todo cuenta.

El verdadero cambio no vendrá de un acto aislado, sino de la suma persistente de acciones cotidianas y compromisos colectivos mantenidos en el tiempo.

Las acciones individuales son imprescindibles, pero insuficientes si no se acompañan de cambios estructurales.

Y, sobre todo, empatizar.

Empatizar con quienes sufren.

Empatizar con quienes dudan.

Empatizar incluso con los adversarios, sin renunciar a combatir sus ideas cuando son injustas o peligrosas.

Porque sin empatía no hay política democrática, solo confrontación estéril. Y sin humanidad no hay proyecto colectivo que merezca la pena.

Hemos vivido demasiado tiempo mirando hacia otro lado.

Ahora ya no podemos decir que no sabíamos.

Y cuando se sabe, la inacción deja de ser ignorancia y pasa a ser responsabilidad.

Algo tendremos que hacer.

Y hacerlo, esta vez, con conciencia, constancia y dignidad.

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Joaquim Canadell Casanova es socio de infoLibre.

La investigación por la filtración de datos personales de políticos y periodistas llevada a cabo por un joven canario que operaba en la red con el alias de Akkaspace seguirá, al menos por el momento, en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, ha rechazado el intento de la Fiscalía de que el caso se reduzca a un simple delito de descubrimiento de datos reservados y se envíe a un juzgado ordinario de Las Palmas de Gran Canaria. En un auto del pasado lunes, al que ha accedido infoLibre, el magistrado sostiene que los hechos pueden tener encaje en un delito de terrorismo. Y, por tanto, la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigarlos. Una decisión que tanto el Ministerio Público como las defensas de los investigados tienen previsto recurrir en apelación.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando la Comisaría General de Información de la Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que se estaba colgando en un conocido foro de doxing –práctica que se refiere a revelar datos de terceras personas sin su consentimiento– información privada de miembros del Ejecutivo –entre ellos el presidente, Pedro Sánchez–, de las Cortes Generales o de periodistas. Se registraron, en total, tres publicaciones con números de DNI, direcciones de domicilio o correos electrónicos. Dos de ellas, protagonizadas por un tal Akkaspace, alias tras el que se escondía un joven canario llamado Yoel que fue detenido, junto con otro muchacho, un par de semanas después.

Tras más de medio año de investigación, la Fiscalía solicitó a finales de enero al instructor que se inhibiera y enviara el caso a un juzgado ordinario de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hacía al entender que los hechos no eran constitutivos de delitos de terrorismo. Como mucho, se estaría ante un descubrimiento y revelación de datos reservados, recogido en el artículo 197 del Código Penal y castigado con penas de prisión de uno a cuatro años. En su escrito, la fiscal exponía que se seguía "desconociendo" de "dónde" habían "podido obtener" dichos "datos" los investigados. De hecho, aseguraba que pese a todas las diligencias no constaba acreditado que hubieran sido obtenidos "mediante el ataque" a alguna base de datos del Gobierno, Poder Judicial, Tribunal Supremo o Constitucional.

"La conducta desarrollada [...] en ningún caso puede ser calificada como constitutiva de un delito de terrorismo [...]; por más que Yoel haya puesto de manifiesto su animadversión al Partido Socialista, no podemos sin más llegar a la conclusión de que la publicación de datos personales de políticos, periodistas y otros sujetos de actualidad política [...] fuera, ni más ni menos, que la de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de instituciones políticas, estructuras económicas o sociales del Estado, o la de alterar gravemente la paz pública o la de provocar un estado de terror en la población", aseveraba la representante del Ministerio Público.

Una inhibición de la Audiencia Nacional a la que se oponía alguna de las acusaciones: "Estamos no solo ante un ataque al derecho a la intimidad de cada una de las personas afectadas sino, claramente, un ataque a las instituciones del Estado y al llamado cuarto poder". Y que acaba de rechazar finalmente el instructor. En un auto fechado el pasado 16 de marzo, el magistrado se mantiene en la tesis de que los hechos investigados "podrían ser constitutivos" de un delito de terrorismo, "afectando a numerosas personalidades de diversas instituciones públicas y privadas".

"Del resultado de lo investigado hasta el momento, como se pone de manifiesto en los diversos informes policiales, se revela una afectación directa a altas instituciones del Estado y sus personalidades", señala. El magistrado considera "ilustrativa", en este sentido, la "declaración" de uno de los "investigados", que "llega a reconocer", en relación con sus ataques, que "actuaba" movido por la "sensación de corrupción generalizada" y con un doble objetivo: dar, por un lado, una "reprimenda" a esas "personalidades" y, por otro, lanzar una "advertencia" para que "desistan en su comportamiento corrupto".

"Esta actuación encajaría en las finalidades previstas en los tipos previstos en la circunstancia primera del artículo 573.1 y en el 573.2 del Código Penal –delitos de terrorismo–, pues claramente con su actuación a través de las graves filtraciones de datos pretenden, mediante esa 'reprimenda' o 'justicia popular' que deciden aplicar a las personalidades especialmente institucionales y también de carácter privado, desestabilizar gravemente el funcionamiento del sistema democrático, institucional, político y, en general, del Estado", recoge la resolución.

Para el magistrado no es "casual", del mismo modo, la "intervención" de Desinformador Ruso, un alias que Europol atribuye al ciudadano español Enrique Arias Gil, "vinculado a las estrategias de desestabilización orquestadas" desde fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo? "Redifundiendo los datos revelados e instando al acoso a los cargos públicos y periodistas afectados por la difusión de los datos", resalta el instructor.

El auto, en definitiva, sostiene que "la calificación de terrorismo" deriva del uso de medios informáticos para entrar en bases de datos y difundir información personal de representantes públicos "incitando" a un "escrache virtual masivo" y a la "adopción de represalias" con la intención de "forzar un cambio político o en represalia por la actuación política" desde una posición "antisistema", afectando a "altas instituciones de la Nación". Calificación, completa, que es "provisionalísima" y que no "excluye" que pueda terminar derivando en otra distinta como resultado de la instrucción. Por todo ello, decide mantener el caso.

Una decisión que, según ha sabido este diario, tanto las defensas como el propio Ministerio Público tienen previsto recurrir. "Los penalistas vivimos de los errores de los jueces de instrucción, esa es nuestra fuente de éxito. Y este es un error importante. Iremos en apelación", anuncia Lázaro Chico, abogado de uno de los investigados, que mantiene que los hechos no encajan ni en el delito de terrorismo ni en el de revelación de secretos: "Lo que se ha revelado ya circulaba por la red".

Si queremos que las cosas cambien, cada individuo y cada colectivo debe actuar desde su ámbito, con las pequeñas o grandes medidas que estén a su alcance. No hacerlo es, de hecho, una forma de complicidad.

La primera trampa del sistema actual es hacernos creer que nada depende de nosotros. Es mentira.

Cada acto cuenta: cómo hablamos, qué compartimos, qué toleramos, a quién votamos, qué callamos.

La democracia no se degrada solo por los poderosos, sino también por ciudadanos perezosos.

Las redes han sustituido la conversación por el exabrupto y el matiz por el insulto.

Debemos:

Hablar crea comunidad. El aislamiento crea súbditos.

La política no es un espectáculo ni un concurso de pureza ideológica.

Hay que:

La izquierda —y los demócratas en general— deben dejar de confundir la coherencia con la autodestrucción.

La fragmentación solo beneficia a quienes desean desmantelar derechos.

No se trata de renunciar a principios, sino de:

Quien antepone siglas, egos o matices estériles a estos mínimos está trabajando —consciente o inconscientemente— para el adversario.

La izquierda ha abandonado demasiado a menudo el terreno moral, dejándolo en manos de hipócritas.

Es urgente:

La moral no es patrimonio de la derecha ni de la religión institucional. Es una exigencia humana básica.

La promesa de crecimiento infinito y felicidad inmediata es una estafa.

Debemos:

Sin límites no hay libertad; solo adicción.

No se trata de demonizar la tecnología, sino de ponerla en su sitio.

Eso implica:

Una ciudadanía distraída es una ciudadanía dócil.

Asociaciones, ateneos, sindicatos, cooperativas, parroquias comprometidas, movimientos vecinales.

Ahí se aprende democracia real:

Sin tejido social no hay democracia, solo administración del descontento.

Tan importante como actuar es no caer en trampas:

Nada de eso cambia nada. Solo nos vuelve irrelevantes.

No somos héroes ni salvadores. Pero tampoco somos espectadores.

La historia no avanza sola ni siempre hacia adelante. A veces retrocede porque demasiados miran hacia otro lado. Si algo hemos aprendido quienes hemos vivido dictaduras, transiciones y gobiernos municipales con pocos medios pero mucha convicción, es que la democracia se cuida cada día o se pierde.

No sabemos si llegaremos a ver los frutos. Pero sí sabemos algo con certeza:

si no hacemos nada, los frutos serán amargos.

Algo tendremos que hacer.

Y esta vez, hacerlo de verdad.

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Joaquim Canadell Casanova es socio de infoLibre.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reconocido que "no funcionó" la cadena de respuesta de la Policía Local que recibió el aviso del mal estado de la pasarela de El Bocal un día antes de que se hundiera, lo que provocó la muerte de seis jóvenes, según recoge EFE.

"La cadena de respuesta de la Policía Local no funcionó como debía, ha fallado y lo debo decir con total transparencia", ha dicho la alcaldesa, que ha comparecido en una rueda de prensa tras recibir el informe de este cuerpo policial sobre ese aviso del 112, al que llamó un vecino que alertó de que la pasarela estaba rota un día antes del suceso.

Igual ha explicado que, tras esa llamada, la agente que la recibió no abrió ninguna incidencia y que lo que ha manifestado es que en ese momento no había ningún equipo disponible, aunque no consta que se pusiera en contacto con ninguno para comprobarlo, por lo que ese requerimiento "murió ahí".

La alcaldesa del PP ha destacado además que el ayuntamiento no es responsable del mantenimiento de esa pasarela ni la de la zona, porque corresponde a Costas. Ha manifestado además que trabajará para que se depuren responsabilidades y no cree haber fallado ni en honestidad ni en transparencia. También ha añadido que no va a ser culpable "de las responsabilidades individuales que tiene cada uno".

Vox ha retirado al exsecretario general del partido y diputado nacional, Javier Ortega Smith, de la Diputación Permanente del Congreso y de las tres comisiones de las que formaba parte en la Cámara baja.

Así lo han confirmado a EFE fuentes parlamentarias, que han indicado que la petición para apartar a Ortega Smith de dichos órganos se produjo hace dos semanas y se hizo efectiva el pasado 25 de febrero.

Además de dejar la Diputación Permanente- órgano que sustituye al pleno entre periodos de sesiones-, también ha abandonado su puesto en las Comisiones de Justicia -donde ya había dejado de ser portavoz el pasado 9 de enero-; de Interior -donde era portavoz adjunto- y la de investigación de la Operación Cataluña.

Vox está a la espera de que el Comité de Garantías del partido resuelva el expediente de expulsión impulsado por el Comité Ejecutivo Nacional contra Ortega Smith por negarse a obedecer su orden de que dejara de ser su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

Después de darle de baja en la Diputación Permanente, donde le sustituye ahora Carlos Hernández Quero, y en las tres citadas comisiones, el partido que lidera Santiago Abascal le dio de alta, como vocal, en la Comisión de Presupuestos.

Preguntada este martes en rueda de prensa en el Congreso por si se va a adoptar alguna medida disciplinaria contra Ortega Smith dentro del grupo parlamentario, la portavoz de Vox en la Cámara, Pepa Millán, ha dicho que se procederá regladamente tal y como establecen los estatutos.

La pasada semana, en los pasillos del Congreso, Ortega Smith aseguró que no abandonará su escaño por las discrepancias que mantiene con la dirección nacional del partido.

El que fuera secretario general de Vox está suspendido cautelarmente de militancia por negarse a dejar de ser portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, lo que ha supuesto la apertura de un expediente disciplinario que puede derivar en su expulsión definitiva de la formación.

Fuentes de Vox explicaron la pasada semana que decidirán sobre si Ortega Smith continuará dentro de su grupo parlamentario en el Congreso una vez que el Comité de Garantías de la formación resuelva si es suspendido definitivamente de militancia.

¿Qué les parecería un candidato o candidata que, cada vez que tuviera que votar algo en el Congreso, se lo consultara? ¿Que usted pudiera decidir, votar, si quiere que apruebe esa medida o que se oponga? Suena a un proceso más que transparente, que los políticos no tengan carta blanca para hacer lo que quieran con nuestros votos. Es lo que muchas veces se reprocha a la clase política: nos piden el voto cada cuatro años y, luego, con ese apoyo, con esos votos, deciden hacer lo contrario a lo que prometieron o se olvidan de su programa electoral.

Bueno, pues esto es exactamente lo que proponen en Colombia con Gaitana, la candidata a las elecciones que ha sido creada…con Inteligencia Artificial. Una candidata inexistente que, cada vez que tenga que votar algo lo pondrá en común con sus electores. Resumirá cada proyecto de ley o propuesta, lo dejará en el servidor y serán los electores los que voten a favor o en contra. Gaitana no existirá físicamente, es obvio, pero, quizás, será la candidata más fiel a su electorado. Depende de los escaños que consiga, serán sus creadores los que ocupen esos escaños. Y ellos, aseguran, acatarán lo que decida esa “comunidad”.

La campaña electoral ha generado una revolución en el país y en el mundo. Gaitana se dirige sobre todo a la población indígena de una circunscripción del caribe colombiano. La han “recreado” con piel azul, con una estética parecida a la de Avatar y se han inspirado en lo que ya se hacía en esa comunidad zenú hace muchos años: ir de puerta en puerta buscando el consenso sobre lo que se quería hacer. Lo que han hecho sus creadores, dicen, es digitalizar todo ese proceso y ponerle nombre, Gaitana.

Repensar la política de una forma mucho más participativa. Alejarla del ruido y ceñirla únicamente a lo que debería ser la política, estar al servicio de los intereses de su comunidad, de quienes le han votado. Se acabaron los egos de partido, los líderes omnipresentes y autoritarios, se acabó la estructura rígida de una formación política. Un avatar, una inteligencia artificial que represente de la forma más real posible a los ciudadanos. Eso exige mayor implicación de los votantes, estar al tanto de lo que se decide en sus instituciones, participar de la vida pública de forma activa, no solo cada cuatro años con un voto.

La idea es revolucionaria. Y habrá que ver cómo funciona, dónde están los fallos, porque los habrá. Y genera también reparo, miedo: poner en manos de una inteligencia artificial nuestras vidas, cómo queremos gobernarnos, cómo queremos ser como sociedad suena, ahora mismo, demasiado futurista. Especialmente cuando hay fallos, cuando hay inteligencias generativas que empiezan a ir por libre. Pero sí que puede ser un punto de partida para debatir cómo devolver a la política su verdadero sentido, cómo acercar la política a los ciudadanos, cómo implicarnos, de forma activa, en la toma de decisiones y desactivar todas esas tentaciones que muchas veces acaban intoxicando a los políticos. Por cierto, un detalle: Gaitana no cobrará ningún sueldo, ahí lo dejo. Gaitana suena bien. Habrá que seguirle la pista.

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, no participará en el cara a cara electoral propuesto por RTVE entre él y el candidato del PSOE, Carlos Martínez, que sí lo había aceptado durante la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, según recoge EFE.

Fuentes del RTVE han informado este jueves que Fernández Mañueco ha declinado la oferta de debate bilateral, pero sí participará "en los dos debates que establece la ley" y que se ajustará a las condiciones fijadas por la Comisión de Debates constituida conforme a la normativa vigente en Castilla y León.

La corporación pública había planteado el formato de cara a cara como "un ejercicio directo de debate" entre las dos fuerzas políticas con mayor representación en las Cortes regionales, sumándolo al debate a tres con PP, PSOE y Vox que se emitirá el 5 de marzo. 

Las fuentes han indicado que desde el equipo de campaña de Fernández Mañueco se ha trasladado a RTVE que su posición responde al cumplimiento del marco legal previsto para el proceso electoral, sin contemplar, por tanto, la celebración de un debate adicional en formato cara a cara fuera de los supuestos regulados.

La Ley Electoral de Castilla y León obliga a que los candidatos a la Presidencia de la Junta de las formaciones políticas con grupo parlamentario propio en las Cortes autonómicas celebren, al menos, dos debates públicos durante la campaña electoral. Regula por tanto, precisan las fuentes, la obligatoriedad de realizar al menos dos debates con los grupos.

En un comunicado, los socialistas han señalado que la negativa de Fernández Mañueco en el cara a cara planteado por RTVE con su candidato "no tiene justificación democrática". Para Ferraz, las "excusas" del popular "son solo eso: excusas" y cuando se trata de "confrontar ideas y dar explicaciones a la ciudadanía, el PP opta por el plasma" porque "va en su ADN". 

Mañueco se suma así a "la larga lista de dirigentes del PP que rehúyen el debate", como -agrega el PSOE- el "todavía líder nacional" del PP, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente Mariano Rajoy o la presidenta extremeña en funciones María Guardiola, "que también evitaron dar la cara cuando tocaba".

Quizá sea una herencia de mis orígenes. Soy hijo de un pequeño empresario de un pueblo de mil habitantes de la Garrotxa. En el pueblo todo se mezcla —salvo que pertenezcas a la superélite— y mis padres tuvieron el acierto de enviarnos a la escuela nacional, donde convivíamos todos, en lugar de mandarnos a los colegios religiosos a los que acudían otros niños de su misma clase social. Aquella mezcla nos marcó.

Conservo amistades de todo tipo, y pensándolo bien, la clave de que duren desde hace tantos años es muy sencilla: casi nunca nos hemos preguntado a quién votamos. Nuestro vínculo nace de experiencias compartidas: juegos, escuela, viajes, juergas juveniles, amores y desamores, bodas, hijos… y ahora el cuidado de padres o nietos. Así éramos. Y ahora, tristemente, como sociedad, ya no somos así.

Hace pocos días, conversando con un amigo de la infancia —compañero de aquella escuela de maestro único y cincuenta alumnos de todas las edades durante el franquismo, que permitió estudiar a muchos que jamás habrían podido desplazarse a la capital de comarca— comentábamos, sin pasión pero con perplejidad, un estudio publicado por La Vanguardia. Sus conclusiones eran inquietantes: el apoyo a Vox era transversal en edad, nivel de estudios y situación económica; y, además, las zonas con mayor concentración de inmigración procedente de los países más pobres eran aquellas donde Vox obtenía, con diferencia, más votos.

La reacción inmediata de mi amigo fue: “Claro, quieren defender su paguita”. Craso error. Si alguien quisiera defender una prestación, votaría a quien se la concedió. Más bien ocurre lo contrario: cuanto más vulnerable se siente alguien, más busca un discurso de fuerza, aunque sea tramposo. Ven en ese mensaje una supuesta garantía de orden y protección, sin advertir que, si algún día —Dios no lo quiera— esos discursos gobiernan de verdad, las primeras víctimas serán precisamente los más débiles.

Esa sensación de fortaleza no la estamos ofreciendo los demócratas. Ni la izquierda, fragmentada en dos mil izquierdas que parecen empeñadas en mirarse el ombligo mientras el suelo arde.

Todo esto me lleva a reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí y qué deberíamos revertir si no queremos regresar a una forma nueva de esclavitud: antes física; ahora digital y económica.

Uno de los grandes éxitos del capitalismo salvaje —que ha degenerado en un anarcoliberalismo obsceno— ha sido convencer al proletariado de que es clase media; a la clase media, de que es rica; y a los verdaderamente ricos, de que sigan cobrando el peaje de esa ficción colectiva que los enriquece cada vez más.

Con demasiada frecuencia oigo decir de un profesional liberal o de un pequeño empresario que es “muy rico”. Y lo peor es que algunos se lo creen. No reparan en que bastan dos meses sin ingresos sólidos para caer, sin red, al pozo de los pobres.

El anarcoliberalismo actual, basado en la adicción a las redes y en sueldos de mierda —con la mierda cada vez más espesa— ha conseguido narcotizar a los jóvenes, y cada vez más a los adultos. La desinformación circula a golpe de algoritmo, y la política se reduce a consignas simplonas compartidas compulsivamente.

Las consecuencias son previsibles: muchos de los pocos que aún se sienten politizados se retiran, se refugian en la abstención, en el “todos son iguales”. Mientras tanto, los verdaderamente ricos y los narcotizados votan disciplinadamente a las opciones populistas, siempre listas para joder precisamente a quienes las apoyan.

El “autismo sociológico” que dejó la pandemia, sumado al empacho digital, ha desmovilizado a la ciudadanía. Se protesta menos, se debate menos, incluso se queda menos con los amigos. Y eso, para los de arriba, es perfecto: si la gente habla, comparte, se organiza y se divierte, puede pensar. Y si piensa, puede exigir.

Algo habrá que hacer. Pero la política actual parece tan desgajada de la sociedad que el aburrimiento causa estragos elección tras elección. ¿Por qué la izquierda y los demócratas se empeñan en despedazarse entre ellos mientras regalan el poder a quienes van a joderles sin contemplaciones? ¿Tan abismales son sus diferencias? ¿Tan difícil es sentarse, identificar lo que une y aparcar los pelitos que separan?

La historia demuestra que cuando las izquierdas formaron unidades populares, lograron frenar a las derechas más reaccionarias. Y cuando los demócratas de derechas —siempre necesarios— entendieron que debían pactar, se avanzó no solo en bienestar económico, sino en alfabetización, cultura, ocio y acceso a formas de vida que antes estaban reservadas a los ricos.

Hoy, entre nubes espesas, se vislumbran algunas luces. Pero no basta con contemplarlas. Es imprescindible no rendirse, animar a nuestros amigos, exigir responsabilidad a quienes pueden articular mayorías amplias sin anteponer nombres propios a proyectos colectivos.

Una sociedad sana no es aquella donde unos pocos acumulan cada vez más, sino aquella en la que los esfuerzos de quienes la representan se orientan exclusivamente a aumentar la felicidad común.

Algo tendremos que hacer. Y pronto.

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Joaquim Canadell Casanova es socio de infoLibre.

Europa tiene un reflejo recurrente en momentos de crisis política en el extranjero: la búsqueda de un rostro único que encarne movimientos sociales complejos. En el caso del levantamiento iraní de 2026, ese impulso se ha traducido en la rápida elevación de figuras en el exilio como presuntos “líderes” de una revuelta que se desarrolla dentro del país. Pero la visibilidad exterior no equivale a legitimidad organizativa en el interior.

El levantamiento nacional que sacudió Irán a finales de 2025 y comienzos de 2026 ha sido uno de los episodios políticos más relevantes desde 1979. Lo que comenzó como protestas contra el colapso económico y la corrupción evolucionó hacia una rebelión extendida a las 31 provincias del país. Los manifestantes rechazaron la dictadura en todas sus formas y exigieron una república democrática. La represión del régimen reveló la profundidad del descontento y la crisis estructural de la República Islámica.

A diferencia de anteriores olas de protesta, esta insurrección mostró signos de coordinación política. Las autoridades iraníes denunciaron reiteradamente la implicación de redes clandestinas asociadas a las unidades de resistencia de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, lo que refleja un reconocimiento involuntario del régimen de que existen estructuras políticas organizadas dentro del país. Las protestas no fueron meros estallidos espontáneos, sino la expresión de demandas políticas acumuladas y de una creciente conciencia republicana.

Un lema condensó el espíritu del movimiento: “Abajo el opresor, sea el Sha o el Ayatolá”. No era una llamada a restaurar el pasado ni una petición de intervención extranjera. Era el rechazo del autoritarismo en todas sus formas y una afirmación de autodeterminación.

Sin embargo, fuera de Irán la imagen ha sido con frecuencia distorsionada. A medida que la movilización se intensificaba, ganó fuerza en medios occidentales y círculos políticos la búsqueda de un “líder de la oposición” único en el exilio. Esa proyección ha contado además con una amplificación constante en medios en lengua persa como BBC Persian y la cadena Iran International, financiada por capital saudí, que han contribuido a consolidar su perfil como referencia exterior.

Durante la crisis de enero defendió públicamente “acciones sobre Irán” que muchos ciudadanos dentro del país observan con cautela. En las calles iraníes, el discurso dominante ha rechazado tanto la dictadura como la intervención militar externa, insistiendo en un cambio impulsado desde dentro.

La sobredimensión de la diáspora también ha condicionado las percepciones. Las cifras de la concentración pro-Pahlavi del 14 de febrero en Múnich fueron ampliamente infladas a nivel internacional y posteriormente cuestionadas por la prensa alemana mediante análisis técnicos que redujeron la asistencia anunciada. El episodio muestra cómo el espectáculo exterior puede cristalizar en narrativas políticas que proyectan una imagen de liderazgo consolidado no necesariamente respaldada por la realidad sobre el terreno.

En ese mismo acto, un orador invocó la fórmula “una patria, una bandera, un líder” en referencia a Pahlavi, una construcción con similitudes estructurales con el eslogan nazi “Ein Volk, ein Reich, ein Führer”. En el contexto alemán, esa retórica evoca asociaciones inquietantes y remite a estéticas políticas vinculadas al neofascismo.

Un contraste significativo se observó en la concentración del 7 de febrero en Berlín. Representantes de movimientos kurdos, grupos republicanos de izquierda y liberales, asociaciones de mujeres y redes cívicas se reunieron bajo un lema ampliamente coreado dentro de Irán: “Ni Sha ni mulás, hacia una república democrática y laica”. El énfasis no estaba en restaurar una dinastía ni en aglutinarse en torno a un título heredado, sino en construir un futuro basado en la igualdad, el laicismo y el pluralismo político.

Esta distinción es fundamental. Las transiciones democráticas no se construyen en torno a la visibilidad personal ni a la continuidad dinástica. Se articulan mediante movimientos organizados y compromisos institucionales. Confundir claridad mediática con profundidad política puede conducir a diagnósticos erróneos.

El panorama opositor iraní no carece de plataformas organizadas. Entre ellas, el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, impulsor de la concentración de Berlín, ha articulado un marco transitorio centrado en la movilización interna más que en la intervención extranjera, defendiendo la separación entre religión y Estado, la igualdad de género y la abolición de la pena de muerte. Tales propuestas merecen ser evaluadas por su programa y su profundidad organizativa, no por su visibilidad mediática.

Para Europa, las implicaciones son claras. El compromiso diplomático, la política de sanciones y cualquier eventual apoyo a una transición dependen de una evaluación rigurosa de qué actores cuentan con capacidad real dentro de Irán. Confundir el espectáculo exterior con legitimidad interna puede distorsionar decisiones políticas y reforzar involuntariamente la narrativa del régimen de que la oposición es un producto fabricado desde fuera.

El levantamiento iraní de 2026 no es una disputa sobre quién hereda el poder, sino sobre si el poder será responsable ante la ciudadanía. Las consignas que resuenan en las calles rechazan tanto la teocracia como la monarquía porque, en Irán, ambas representan el autoritarismo. 

El futuro de Irán no lo decidirán títulos heredados ni ópticas amplificadas desde la diáspora, sino fuerzas pluralistas capaces de transformar la protesta en una república democrática.

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Firouz Mahvi es analista especializado en asuntos de Irán, derechos humanos y política europea.

“En España el poder ni se crea ni se destruye: se transmite, se negocia y se protege”, o eso considera el economista y sociólogo Andrés Villena (Elche, 45 años), que acaba de publicar el libro Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939 (Libros del KO, 2026). El texto de Villena está lleno de nombres y de senderos que conectan núcleos de poder, pero se vertebra sobre la hipótesis de la continuidad, de un sistema que no depura, sino que integra, los intereses de aquellos que tienen poder para hacerlos valer. Durante la dictadura primero, por la fuerza; después, mediante el poder del dinero; y, finalmente, apoyándose en el discurso. 

“Se hace también necesario el consenso, convencer y persuadir a los dominados”, lanza en la introducción, donde advierte al tiempo del papel que juega aquí “el ruido” de las redes sociales y, cómo no, el de los medios tradicionales como la prensa escrita y la televisión, a cuya “guerra de licencias” y filiaciones políticas dedica un capítulo al final del libro. 

Villena explica a infoLibre que la complejidad para abordar una reforma que corte con estas dinámicas endogámicas requiere de “un debate regeneracionista” sostenido en el tiempo. “El libro es un intento de mostrar la importancia de un debate que parta de lo que tenemos y que muestre lo difícil que es cambiarlo”.

Como anécdota, el libro iba a ser publicado por la editorial Ariel, perteneciente al Grupo Planeta, pero un cambio de opinión de última hora hizo que acabara siendo editado en Libros de KO. “La experiencia con la editorial fue muy buena porque trabajé con un corrector y una editora que estaban entusiasmados con el proyecto, pero de la noche a la mañana se acabó todo y la editorial nos hizo saber que el libro no podía publicarse durante 2026”, señala Villena. “Iba a ser uno de los lanzamientos estrella de la editorial Ariel y estaba respaldado por un informe legal que decía que los datos y nombres que se ofrecen no suponían ningún riesgo de vulneración del derecho al honor”.

Aún así, afirma el autor, la publicación se canceló “de manera unilateral”, incluso tras haber eliminado fragmentos en los que se citaba al grupo. “Se me ofreció la posibilidad de firmar una indemnización de 2.000 euros, siempre sujeta a una cláusula de confidencialidad que hubiera hecho imposible esta conversación”, remata. Finalmente, el trabajo terminó cambiando de editorial con la plena colaboración de Planeta, que cedió todo el trabajo de edición que habían hecho. “La razón de fondo la desconozco y aventurar algo sería especular”, sentencia.

En el libro se tocan cuatro estamentos: el capital, con apellidos recurrentes en la banca española; las empresas, repasando la genealogía de las grandes compañías del Ibex; la Iglesia y el Estado. Esos son los cuatro escenarios en los que se mueve este trabajo que discurre por el último medio siglo. “Del aperturismo tecnócrata del franquismo a la reconversión industrial; de las privatizaciones del PP y del PSOE a las crisis de la burbuja inmobiliaria. Cambian los contextos, no los que mandan”.

Dice al comienzo del libro que “nos queda poco tiempo para olvidar a nuestros enemigos y preguntarnos por qué la democracia parece fracasada”. ¿Qué diagnóstico hace de la democracia en el marco de estas relaciones de poder? 

Conectándolo con la actualidad más inmediata, ha habido un acto reciente de Rufián y Emilio Delgado en el que se preguntan qué nos pasa o qué puede hacer la izquierda para evitar que crezca Vox. Es un plan ambicioso, pero que al mismo tiempo lucha en un ámbito estrecho como es el de conseguir ese escaño que sobra. Mi aportación, lo que intento mostrar, es cómo opera una estructura de poder que funciona de manera dinámica desde 1939 y cómo dificulta los cambios.

En el texto explica que desde el franquismo hay apellidos que se repiten en el poder. ¿Por qué ese poder es tan impermeable a los cambios? 

Si articulas el poder como una malla más densa, con distintas dimensiones —ya hemos visto lo que está pasando con los jueces, con las tramas del ministerio del Interior o con el poder bancario— ves que es una cultura mucho más compleja, que tiene mucha capacidad de adaptarse a los cambios. No estamos hablando de un poder aislado, estamos hablando de un Estado complejo relacionado con las grandes empresas y que lleva siglos funcionando.

Existe además un mecanismo de promoción mediante el cual personas que quieren desafiar al sistema, a medida que van subiendo, también van contribuyendo a mantenerlo, de manera que ese sistema va realimentando su legitimidad y se mantiene como una estructura muy rígida y muy difícil de modificar. Sin necesidad de planificar o de conspirar activamente, todas esas dinámicas de cambio son absorbidas.

Esa estructura de poder compleja de la que habla está llena de pequeños detalles: amistades, padrinos de bodas, compañeros de clase… ¿Qué señalan estos matices y anécdotas personales que tendemos a desdeñar?

El papel de las relaciones personales en el estudio de las relaciones de poder parece, a priori, que debería ser secundario, pero yo no he dejado de ver en mi investigación historias que me han parecido relevantes. Por ejemplo, todas estas reuniones que se producen en los años 60 y 70 en la finca la Dehesilla, donde se crean conexiones y amistades que luego influirán en la realidad política, como la relación de la UCD y el PSOE.

¿Es un capital que va más allá del color político?

Estas relaciones personales llevaban a que las carreras de muchas personas corrieran paralelas. El testigo de la boda de Miguel Boyer (ministro de Economía con Felipe González) e Isabel Preysler era José María Amusátegui, que fue un hombre del franquismo que acabó presidiendo el Banco Central Hispano. Son amistades que se convierten en un capital social, que se cimentan sobre posiciones sociales y aspiracionales parecidas.

Claudio Boada, por ejemplo, fue presidente del Instituto Nacional de Industria; luego Felipe González lo recupera para el Instituto Nacional de Hidrocarburos —que terminará llamándose Repsol— y después la élite socialista lo pone al frente del Banco Hispano Americano. Pues bien, hoy el hijo de Claudio Boada es el presidente de Blackstone. La capacidad de adaptarse y de persistir es enorme y, si tú eres diplomático o tienes un puesto de poder y puedes dar a tus hijos una educación, ellos luego pueden aspirar a un puesto de ese rango. Es el capital social.

Termina el libro con una llamada a la respuesta ciudadana cívica y responsable, pero en este marco de relaciones de poder, ¿qué margen hay para el cambio?

Había un diputado de Podemos que decía algo así como que los miembros del sistema saben muchísimo y tendríamos que estudiar 12 o 14 horas para enfrentarnos a ellos si queremos cambiar algo. Es una pelea con la maquinaria del Estado, que es milenaria, pero eso no quiere decir que el intento sea inútil; es un primer paso para cambiar las cosas.

La inspectora que ha denunciado haber sufrido una agresión sexual por parte del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha aceptado protección policial tras el ofrecimiento realizado por la actual número dos del Cuerpo en funciones, Gemma Barroso, según recoge EFE. 

Fuentes del Ministerio del Interior informan a EFE de que la comisaria Barroso, subdirectora de Recursos Humanos y que ha asumido temporalmente el puesto de DAO tras la salida de González, ha hablado en la mañana de este jueves con la inspectora para hacerle este ofrecimiento.

Esta agente se querelló a principios de enero contra quien fuese número dos de la Policía desde 2018 por presunta agresión sexual en abril de 2025, a la que siguieron, según denuncia, coacciones para que ella no acudiese a la Justicia. 

Según la querella, que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Madrid, en julio y tras sufrir "acoso telefónico" y recibir llamadas y mensajes "intimidatorios y culpabilizadores", la inspectora comunicó a la comisaria Barroso, en calidad de subdirectora de Recursos Humanos, que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental.

Se puso a su disposición un equipo de apoyo psicosocial, que le está prestando asistencia mientras se encuentra de baja laboral con el armamento retirado.

González está citado el próximo 17 de marzo en calidad de querellado ante el juzgado que lleva el caso.

Precisamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está recibiendo presiones para que dimita por parte de la oposición. Algo que él no piensa hacer a no ser que la víctima denunciante no se haya sentido protegida o entienda que él ha fallado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska tras la salida del número dos de la Policía Nacional, idea que ha rechazado el propio ministro asegurando que solo renunciará si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

El PP sostiene que el ministro encubrió la agresión para proteger al ex DAO. "Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", apuntó Tellado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Hay una indecencia especialmente cómoda: la que no necesita esconderse. No falsifica, no fuerza cerraduras; solo se ampara en el “es legal” y convierte una ayuda social en un cupón. Esa frase —legal— funciona como detergente moral: blanquea el gesto de quien, pudiendo pagar, decide cargar parte de su factura a un instrumento creado para que otros no vivan a oscuras.

Se ha sabido que el Gobierno prevé introducir un criterio de renta para limitar el acceso al bono social eléctrico de familias numerosas con rentas altas, dentro de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que se aprobará en los próximos días. 

La cifra explica el bochorno. Según la información publicada, hasta 337.000 familias numerosas podrían verse afectadas porque hasta ahora accedían al descuento por el mero hecho de acreditar esa condición, sin filtro económico; de un total de 454.382 familias numerosas que a finales de 2025 tuvieron acceso al bono social, esas 337.000 lo hacían sin que mediara criterio de renta. Y el descuento no es simbólico: hoy se habla de 42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos. 

Aquí hay dos vergüenzas. La primera es institucional. La puerta no la abrió un ciudadano “listo”; la dejó entornada el propio diseño normativo. El Real Decreto 897/2017 define al consumidor vulnerable y, entre las vías de acceso, incluye explícitamente “estar en posesión del título de familia numerosa” como requisito suficiente (letra b) del artículo 3.2). Si el sistema permite entrar sin mirar renta, no nos sorprendamos de que entre quien no debería. 

La segunda vergüenza es humana. Porque una cosa es poder solicitar algo y otra muy distinta es tener derecho moral a hacerlo. Hay personas que confunden lo público con un bufé de restaurante: “si está ahí, me lo llevo”. Esa mentalidad —la del “si cuela, cuela”— no es picardía simpática, es corrosión. Sobre todo, cuando se aplica a una ayuda concebida para la vulnerabilidad.

Y mientras discutimos el oportunismo, ocurre lo verdaderamente obsceno: quienes sí lo necesitan se quedan fuera. Un análisis de EsadeEcPol señala que en 2022 la tasa de cobertura del bono social fue del 24,5%: casi 8 de cada 10 hogares que podrían recibirlo no lo recibían. Y el patrón es aún más revelador: la cobertura subía al 45,5% en familias numerosas, pero era solo del 20% en la categoría de renta baja y de apenas 9,2% entre jubilados con pensión mínima. Esto no describe una ayuda bien dirigida; describe una ayuda capturable por quien tiene más capacidad de tramitar, insistir y entender el circuito. 

La propia noticia lo formula sin rodeos: el 60% de las familias numerosas con ingresos medios-altos se beneficiaban, y uno de cada tres hogares que disfruta de la ayuda tiene ingresos medios-altos; el principal freno para los más necesitados era la burocracia, mientras que a hogares con más ingresos y formación les resultaba más fácil pedirla. Si una política social llega mejor al que mejor navega la Administración, esa política se ha dado la vuelta: deja de ser red y se convierte en atajo. 

Por eso no necesitamos cacerías ni “listas” de nombres. Necesitamos cirugía y madurez cívica: cerrar el agujero, sí, pero también cambiar la lógica para que la ayuda no dependa del músculo administrativo del solicitante. Criterio de renta claro; acceso lo más automático posible cuando el Estado ya dispone de datos; y menos fricción para quien llega tarde, cansado y sin tiempo. 

Quizá quien se aprovecha no lea estas líneas. Da igual: este tipo de artículos no se escriben para convertir al oportunista; se escriben para que el resto dejemos de llamarlo “espabilado” y empecemos a llamarlo por su nombre. Porque una sociedad decente no pregunta primero “¿puedo?”, sino “¿lo necesito?”. 

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Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad Integral.

Junts ha anunciado que no apoyará la propuesta de Vox que debate este martes el Congreso para prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos porque, aunque rechaza el uso del velo en estos lugares, según recoge EFE. Por ello, la formación catalana ha registrado un proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y solicitar la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas, señala en su comunicado.

“Ni burka, ni VOX. Junts per Catalunya registra un proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y la delegación a Catalunya de competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas. Una ley rigurosa y que sí cumple los estándares europeos”, explican en el documento.

El no de Junts impedirá que la iniciativa de Vox salga adelante, pese a que el PP ha anunciado su apoyo. "Decimos no al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocian. Decimos no al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", asegura la formación catalana.

Subraya Junts que "nunca ha votado ninguna propuesta de Vox" en el Congreso y asegura que la formación que lidera Santiago Abascal "es un partido político anticatalán, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Catalunya".

El Congreso debate este martes la toma en consideración de la proposición de Vox para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka al considerar que el uso de estas prendas tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón".

La iniciativa parlamentaria propone también castigar con hasta tres años de prisión a los que impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso del velo, así como la expulsión del territorio español de los extranjeros cuando cometan alguna infracción grave.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que votarán a favor del proyecto de ley de Junts para prohibir el burka si es "igual" al que han presentado ellos mismos en el Congreso de los Diputados y que Junts rechaza. Después de que Junts haya anunciado que no votarán en el Congreso de los Diputados la propuesta de Vox para prohibir el burka y el nicab en espacios públicos para presentar una propia, Garriga ha abierto la puerta a apoyarla.

"Si la propuesta es literal, igual a la de Vox, la votaremos a favor porque hemos venido a mejorar la vida de la gente. Y si sólo incluye el nicab haremos enmiendas para que incorpore el burka", ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio. Para Garriga, es "evidente" que Junts no quiere apoyar una propuesta de Vox por tacharlos de "fascistas y homófobos, las cuatro tonterías que nadie se cree pero que rentan mucho a ciertos partidos".

El PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la última reforma del Reglamento del Senado porque, entre otros motivos, habilitó los conflictos de atribuciones por demoras legislativas del Congreso, sin que este supuesto lo contemple la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), según informa EFE.

El PSOE ha anunciado este lunes en un comunicado la presentación de este recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la ley reglamentaria aprobada el pasado noviembre por el pleno del Senado, en el que el PP tiene mayoría absoluta. Uno de los cuatro motivos del recurso es que introdujo la demora legislativa del Congreso como supuesto habilitante para presentar conflictos de atribuciones, mediante el nuevo artículo 108.6. Según los socialistas, supuso ampliar los supuestos previstos en la LOTC, ley de rango superior, y además invadir la autonomía de la Cámara Baja.

Un segundo motivo para el recurso se basa en el procedimiento de aprobación de la reforma del Reglamento, ya que durante la fase de ponencia se aceptaron correcciones técnicas que, según el PSOE, supusieron quince auténticas enmiendas fuera de plazo, las cuales, por tanto, no contaron con el preceptivo debate previo en el pleno.

El tercer motivo del PSOE para recurrir ante el TC es la nueva posibilidad desde noviembre de que una comisión del Senado pueda convertir en ley un texto procedente del Congreso que no ha sido votado por el pleno, porque se rechazaron las enmiendas o vetos y ningún grupo solicitó su elevación. Según el PSOE, eso contradice el artículo 75.2 de la Constitución e incluso el propio Reglamento del Senado en otros puntos.

El cuarto motivo del recurso, según explican los socialistas, tiene que ver con el denominado "veto presunto", por el cual el Reglamento desde noviembre equipara el rechazo de un texto legislativo por mayoría absoluta del pleno a la aprobación formal de un veto, como establece la Constitución en su artículo 90 y ha consolidado la doctrina del TC, que limita las discrepancias entre las dos cámaras.

Los preceptos recurridos del Reglamento vigente son sus artículos 107.3, 108.6, 116.3, 122, 126 ter.1, 129.5, 143.2 y 143.5. Este es el tercer recurso de inconstitucionalidad interpuesto en esta legislatura por los socialistas ante el TC por reformas del Reglamento del Senado. El primero de ellos, presentado en 2023, contra la reforma que permitió demorar hasta los dos meses la tramitación de la ley de amnistía, concluyó en una sentencia de inconstitucionalidad del TC en marzo de 2025. El segundo fue contra una reforma posterior del Reglamento también referida a la tramitación de leyes que proceden con el carácter de urgentes desde el Congreso, el cual fue admitido a trámite por el TC el pasado noviembre.

En una sociedad de libre mercado, los Gobiernos tienen la obligación de equilibrar intereses, partiendo siempre de una base irrenunciable: la protección efectiva del derecho a la vivienda, reconocido en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la ley de vivienda, aunque todavía no como derecho subjetivo, una asignatura pendiente salvo excepciones como el País Vasco.

La ausencia de ese equilibrio está generando un escenario insostenible: familias vulnerables sin protección real y pequeños arrendadores convertidos, de facto, en sustitutos del Estado. Este modelo no es justo ni viable.

Lo razonable sería aplicar mecanismos transitorios de garantía, como el cheque vivienda u otros sistemas equivalentes que aseguren mediante aval público y pago efectivo el acceso a la vivienda de las familias vulnerables, sin trasladar la carga a los arrendadores. Ello permitiría, además, reformar la normativa para impedir situaciones de ocupación irregular y devolver seguridad al mercado.

A esta medida debería sumarse una reforma urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), prorrogando automáticamente durante al menos dos años los más de 600.000 contratos que vencen este año, con actualización según el índice IRAV, ganando tiempo para construir garantías estables.

La vivienda exige un pacto racional, donde la protección de la ciudadanía y sus derechos esté por delante del interés político inmediato.

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José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre.

El comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama ha declarado este jueves que la actual presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez le entregó en 2020 un sobre relacionado con la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA que estaría vinculado a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, que lidera hace unos años Pedro Sánchez, según informa EFE.

De Aldama ha hecho esta afirmación ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que le investiga en el caso por el fraude millonario en el IVA de hidrocarburos de la empresa Villafuel por la que estuvo un mes en prisión antes de decidirse a colaborar con la Justicia en el caso Koldo, han informado a EFE fuentes jurídicas.

La mención a este sobre que custodiaba su socio Luis Alberto Escolano y al que ha aludido en numerosas ocasiones De Aldama la ha hecho el fiscal anticorrupción Luis Pastor, que le ha preguntado directamente si se lo había entregado Delcy Rodríguez, a lo que el comisionista del caso Koldo ha respondido afirmativamente. En ese momento De Aldama le ha recordado que este asunto ya lo estaban hablando en Fiscalía, no sin antes vincularlo a una presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista a través de PDVSA.

En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso de hidrocarburos se hacía referencia a "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. 

Lo custodiaba Escolano, quien guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama, según señaló entonces la UCO. Tras pedirle este último que le enviase "lo solicitado" por un medio de comunicación, Escolano le remitió fotos del documento dos meses antes de ser detenido en el caso hidrocarburos, el 7 de octubre de 2024.

Los investigadores no pudieron determinar entonces el contenido del sobre, si bien sospechaban que esa documentación estaba vinculada al sector de hidrocarburos. Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó a Aldama el 4 de febrero de 2020. También consideró "significativo" que Aldama recibiese ese sobre en "una fecha muy cercana" a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero.