El Paseo de la Castellana, en Madrid, es escenario de dos imágenes expresivas de la trayectoria de Pablo Casado Blanco (Palencia, 1981). La primera es de 2007. El entonces presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, rebosante del entusiasmo propio de la militancia juvenil, corta junto a otros correligionarios la señorial avenida para protestar, frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, contra la absolución de Arnaldo Otegi. "Queremos un país libre, en el que no haya un gobierno que no deja actuar a la justicia", declara Casado, unas palabras –recogidas entonces por la crónica de El País– que nos recuerdan que en política el tiempo es circular.

La segunda imagen es reciente. Más de tres lustros después, Casado reaparece en la misma avenida. Pero esta vez no está en la calle, sino dentro de un edificio. Y no ha ido para corear consignas contra José Luis Rodríguez Zapatero y Cándido Conde-Pumpido, como en 2007, sino para sentarse en el despacho de una sociedad inversora. Ya no entra en escena el impetuoso cachorro aguirrista que era antes de los 30, ni el precoz presidente del PP, cargo al que llegó antes de los 40 y del que fue expulsado hace algo menos de dos años tras perder una guerra interna contra Isabel Díaz Ayuso.

Ahora estamos ante un nuevo Pablo Casado, renacido como conseguidor.

El expresidente el PP es hoy un inversor en busca de cantidades millonarias de dinero para meter en defensa, seguridad o inteligencia artificial, que se ha valido para arrancar su aventura empresarial de dos viejos amigos conocidos en su etapa política –un periodista que fue destacado responsable de prensa en el Gobierno de Mariano Rajoy y un antiguo compañero de las juventudes del PP–. Casado, al que su nueva faceta también vincula con el que fue abogado de Ángel Carromero, comparte ahora proyecto con un exlobista del negocio de las armas, un miembro del gabinete del exministro de Defensa Pedro Morenés (2011-2016) y un puntal de la jet set, el inversor Ricardo Gómez-Acebo Botín. Y hay más nombres...

infoLibre ha tratado de hablar por diversas vías con Casado para este artículo, sin éxito.

Una fecha que puede usarse para contar la transformación de Casado es el 30 de julio de 2020. Y no por lo que ese día hizo el presidente del PP, que tuvo un día gris como líder de la oposición con su asistencia a las jornadas Prensa y poder, en Aranda de Duero, donde denunció que Pedro Sánchez ganaba porque tiene "más medios" y "portadas".

No, lo importante no pasaba ahí, sino en una notaría de Madrid donde nacía Archery Capital SL, sociedad que –tiempo después– sería clave para el nacimiento del Casado inversor.

Con un capital de 3.000 euros, Archery veía la luz con el objeto social de canalizar operaciones "inmobiliarias" y de "inversión colectiva", como recoge la información mercantil consultada por este periódico. Eso en cuanto al qué. Pero lo que en esta empresa nos lleva a a Casado es el quién.

La empresa puso como administrador único a Diego Mazón, un periodista que tras salir de La Razón en 2011 entró en el aparato de prensa del Gobierno del PP. Primero, como director de comunicación del Ministerio de Defensa, dirigido por Pedro Morenés. Después, como director de gabinete de la Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente de la Presidencia del Gobierno.

Aquello acabó en junio de 2018, cuando Sánchez llegó a La Moncloa y tocó reinventarse. Desde noviembre de 2018 Mazón es director corporativo y de comunicación de una productora de series y concursos sin relación alguna con Archery. Eso sí, entre los fundadores de dicha productora hay otros tres impulsores de Archery, entre ellos el financiero Jaime Puchol y el empresario de medios Francisco Pou, con pasado en Intereconomía.

Ese es el origen de Archery, que fue una empresa perfectamente desconocida hasta que en febrero de 2023 El Mundo la citó en una pieza sobre la "nueva vida" de Casado. ¿Por qué? Porque el expresidente del PP, amigo de Mazón, estaba acudiendo a la sede de Archery –trasladada en octubre de 2022 de Príncipe de Vergara a La Castellana– para reactivar su agenda, ya no como político sino como buscador de fondos para inversiones.

Al fin había una prueba de vida de Casado tras su derrota frente a Ayuso, a la que había desafiado –midiendo mal sus fuerzas– al exigirle explicaciones por la comisión cobrada por un hermano suyo gracias a un contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid. Un error fatal en el PP, que supuso la muerte política de Casado y su relevo por Alberto Núñez Feijóo.

Desde entonces, abril de 2022, Casado no ha dicho ni mu. Ni una entrevista. Nada. Las "portadas" y la atención de los "medios" que tanto deseaba en julio de 2020, cuando aún era líder del PP, son justo lo que ha pasado a evitar. Y tiene su lógica. Porque en su nueva vida, la actual, la que retomó con Archery, la empresa de su amigo Mazón, Casado ya no va en busca del protagonismo que cada día necesita el político, sino de los contactos imprescindibles para el empresario, especialmente para el que no produce ni fabrica, sino que se dedica a conseguir dinero para invertirlo.

Archery no tardaría en ser para Casado mucho más que un despacho circunstancial en una zona noble. Como recoge la información del registro mercantil, el expresidente del PP formalizó su incorporación a la sociedad en mayo de 2023. Y no lo hizo solo. Entró a la vez que dos hombres clave en su aventura inversora: uno, José Antonio Bartrina, un empresario del sector de seguridad y defensa, que fue director general del lobby de las armas Tedae al menos hasta 2016; y dos, una figura de relumbrón, Ricardo María Gómez-Acebo Botín Sanz de Sautuola.

Sobrino de Ana Botín, presidenta del Santander, en Gómez-Acebo Botín el pedigrí financiero se suma el aristocrático. No en vano, su padre, Ricardo Gómez-Acebo Botín, es primo de Simoneta Gómez-Acebo, hija de la difunta infanta Pilar.

Las cosas empezaban a cambiar para Casado. Si su carrera política acabó con una imagen de casi absoluta soledad , en su faceta empresarial puede, al menos desde mayo de 2023, presumir de un aliado de postín. Y su red no iba a dejar ya de crecer.

Casado y Gómez-Acebo Botín se pusieron de inmediato al frente de Archery, empresa con la que ya ni Mazón ni ninguno de sus acompañantes en la productora audiovisual tienen relación, explica el propio periodista a infoLibre. El expolítico y su socio entraron como consejeros y recibieron extensos poderes para gestionar y actuar en nombre de la compañía. En cuanto a los cargos, Gómez-Acebo figura como secretario del consejo. La presidencia la ostenta una compañía, Atlantic Basin SL, en la que aparece como representante Casado, según la última nota registrada por Archery, de julio de 2023.

Así que, después de Archery, ya hemos llegado a una segunda sociedad: Atlantic Basin. Y al igual que en la primera Casado recibió la ayuda de un amigo, Mazón, en Atlantic Basin la recibió de otro, Germán Alcayde, al que conoce "desde hace veinte años" por su militancia compartida en Nuevas Generaciones, explica este a infoLibre.

Un año mayor que Casado, la trayectoria de Alcayde está ligada a José María Aznar, en cuya oficina de expresidente trabajó entre 2011 y 2019. Más tarde, en octubre del año pasado, se convirtió en director general del Instituto Atlántico de Gobierno, fundado y presidido por Aznar, que ofrece cursos de liderazgo.

A estas tareas Alcayde suma la de administrador único de Atlantic Basin. No por propia iniciativa. Se lo pidió Casado, que es "presidente" y "máximo accionista" de la compañía, afirma Alcayde, que se refiere a Atlantic Basin como "la empresa de Pablo". "Siempre lo he ayudado, en los buenos y en los malos momentos", dice Alcayde, que asegura que Casado está "bien", que tiene los cinco sentidos puestos en el mundo de la empresa y que ha abandonado "totalmente" la política.

El resultado de esa ayuda es la constitución, en diciembre de 2022, en Madrid, con 3.000 euros de capital, de la citada Atlantic Basin, de la que también fue fundador el abogado José María Viñals, conocido por haber defendido al que fuera dirigente de Nuevas Generaciones Ángel Carromero tras el accidente en el que murió el opositor cubano Oswaldo Payá.

¿Qué es Atlantic Basin? Podría hablarse casi de una empresa ómnibus. Su variopinto objeto social abarca desde la realización de informes, conferencias o seminarios hasta la "investigación" sobre "geoestrategia", "institucionalidad", "seguridad", "defensa" o "finanzas". También es objeto de la empresa la "consultoría" y el "asesoramiento legal" a instituciones y empresas, la "intermediación" en "operaciones corporativas" o la "inversión y gestión en startups, sociedades, fondos". En contraste con la prolijidad de su objeto social, Alcayde afirma que la compañía, hasta donde él sabe, limita su actividad al desarrollo de un "contrato" con Archery cuyo contenido afirma desconocer.

En cuanto al nombre de la empresa, tiene un sentido a la luz de la trayectoria de Casado, adscrito a la corriente "atlantista" de la derecha, defensora de un compromiso militante con la OTAN y, más aún, de la aceptación de los valores económicos y geostratégicos dominantes en el país norteamericano. Pensamiento FAES, se podría decir. Además, Casado figura como uno de los líderes de The Atlantic Basin Initiative, un think tank compartido por el Transatlantic Leadership Network, una organización atlantista con sede en Washington, y el Instituto de Política Exterior de la Johns Hopkins University. El Atlantic Basin think tank y la Atlantic Basin empresa no tienen relación más allá de la presencia de Casado. Lo que sí acredita la coincidencia es el interés de Casado por lo "atántico" tanto cuando piensa en valores como cuando lo hace en negocios.

El subrayado atlantista no se queda ahí. También está en los criterios de inversión de Hyperion, el proyecto que ha devuelto a Casado a la foto esta semana. ¿En qué consiste? En realidad, no se se trata de un proyecto nuevo, sino del siguiente paso en el camino abierto por Archery y Atlantic Basin. Hyperion es un fondo de inversión cuyos socios –entre los que está Casado– pretenden conseguir 150 millones de euros para participar en empresas de defensa, seguridad e inteligencia artificial. El plan es sencillo: conseguir el dinero, invertirlo, vender la participación tras un tiempo y repartir ganancias. La traza atlantista está en el compromiso de invertir sólo en países de la OTAN.

No es difícil entender por qué en un capital riesgo son tan importantes los apellidos y los contactos. Es razonable pensar que si a un empresario le piden dinero para invertir en empresas de drones, satélites, radares, baterías o robots, puede resultar tranquilizador que quien asegura saber dónde va a haber beneficio deje sobre la mesa una tarjeta con el apellido "Botín". En el caso de Hyperion, entre los encargados de convencer a los capitalistas de que las oportunidades son mayores que los riesgos sobresalen Casado, en calidad de experto en "geoestrategia y relaciones internacionales", y Gómez-Acebo Botín, experto en "finanzas e inversión".

A ellos se suman dos figuras con relación con el sector de la defensa. Uno es José Antonio Bartrina, cuyo nombre ya apareció como consejero en Archery, que fue director general al menos hasta 2016 de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) y ahora es empresario del sector. El otro es Joaquín Ortiz, que fue miembro del gabinete de Pedro Morenés, al igual que el periodista Diego Mazón.

El dinero que Casado y sus colaboradores consigan reunir será administrado por una gestora de activos, Singular Asset Management, perteneciente al banco español independiente Singular Bank, en el que sobresale la figura de Javier Marín, su consejero delegado, que antes ocupó el mismo cargo en el Santander y fue jefe de gabinete de Emilio Botín. Singular Bank tiene firmado un contrato con Archery, por el cual la empresa de Casado y Gómez-Acebo Botín asesora sobre dónde debe ir el dinero de Hyperion, según el folleto que el fondo ha entregado a la CNMV.

De modo que Archery ya ha echado a andar. Y el dinero, según Hyperion, va a correr. Los responsables del fondo, que prevén la utilización de "sociedades holding" para "minimizar" el pago de impuestos al hacer sus operaciones, aseguran que ya cuentan con un inversor, Nortia, la sociedad de gestión del patrimonio de Manuel Lao, el fundador de la empresa de juego Cirsa, que la vendió a Blackstone en 2018 y al que El Mundo coloca el 53º en su lista de los más ricos de España.

El fondo presume además de tener un "consejo asesor internacional" del que forma el ex secretario general de la OTAN, el danés Anders Fogh Rasmussen. A ellos se suman dos inversores en las llamadas empresas "unicornio", aquellas creadas hace menos de diez años que, sin cotizar en bolsa ni haber sido adquiridas por un tercero, logran un valor de 1.000 millones de dólares a nivel mundial. Una es la inversora alemana Nicole Junkermann, millonaria precoz, gurú del universo startup y viva imagen del éxito sonriente, capaz de atraer tanto la atención tanto de la prensa salmón como de Vogue.

El otro, el millonario argentino Martin Varsavsky, tiene un perfil con más aristas. Fundador de ocho empresas en treinta años, entre ellas Jazztel, causó polémica en 2020 cuando anunció que se marchaba de España –donde residía por entonces– por la gestión de la pandemia. Dos años después encontró otro motivo para criticar al Gobierno: el impuesto a las grandes fortunas, que otra vez lo hizo "repensar" si quería vivir en España, donde había regresado. Entusiasta de Ayuso y de Javier Milei, también ha mostrado sus simpatías por Casado. Ahora lo podrá asesorar en su faceta de inversor.

infoLibre preguntó a Hyperion y a Varsavsky en qué se traducía la aportación del consejo asesor. No hubo respuesta. Todo apunta a que en la comunicación pública del fondo hay un intento de subrayar la participación de nombres que son imanes para el dinero, de forma que este parezca más atractivo para potenciales inversores.

Pero, haya más o haya menos de marketing, algo está claro: Casado ya no está solo. El expresidente del PP aparece ahora como una figura bien rodeada y con perspectivas creíbles de enriquecimiento en el terreno de la inversión, allí donde la información y los contactos lo son todo.

En política su escalada tuvo un final espectacular. El tiempo dirá hasta dónde llega en el negocio de mover dinero.

Sería un folletín o un programa de televisión de serie B si no fuese porque se trata del principal partido de la oposición. El primero desde hace casi un año en intención de voto, según la mayoría de las encuestas.

La decisión de la dirección del PP de Pablo Casado de ir con todo contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, divulgada este miércoles a través de El Confidencial y El Mundo y confirmada después por fuentes de Génova, marca un camino sin retorno en la batalla interna entre ambos dirigentes por controlar el partido después de que la arrolladora victoria de la lideresa madrileña en las elecciones de mayo de 2021 sembrase la discordia entre quienes, hasta entonces, se presentaban en público como los mejores amigos.

El PP está roto, exhibe sin tapujos sus heridas y amenaza con implosionar. El cisma abierto en el partido fundado por Manuel Fraga no tiene precedentes. Diputados y altos de cargos del partido comenzaron este mismo jueves a tomar partido. Unos con Casado. Otros con Ayuso. Partidarios de la presidenta madrileña acudieron a la sede de Génova para exigir la dimisión del líder nacional. Y los barones, estupefactos, apenas podían disimular su incredulidad ante semejante confrontación sólo tres días después de que Vox haya desafiado la hegemonía del PP en el campo de la derecha y a apenas unos meses antes de que Juanma Moreno tenga que poner su gestión en juego en las elecciones andaluzas.

Fue Casado en persona quien eligió a Ayuso para liderar la candidatura del PP de Madrid en un momento crítico para su partido. Una oportunidad que ella aprovechó, con ayuda de un equipo liderado por Miguel Ángel Rodríguez, exdirector de comunicación de José María Aznar, para construir un discurso político propio, muy próximo a Vox y claramente inspirado en el trumpismo, así como para reivindicarse y exigir el control de la organización política conservadora en la Comunidad de Madrid.

La negativa de Génova a cederle el aparato madrileño, históricamente el más influyente de España y actualmente en manos de una gestora afín a Casado nombrada en los tiempos en que Cristina Cifuentes se vio obligada a dimitir tras la divulgación de un vídeo que la mostraba robando productos en una tienda, está en el origen de la pelea. 

En septiembre se hizo evidente que Ayuso no iba a ceder y que estaba dispuesta a dar la batalla hasta el final. Un final que algunos en Génova creen que puede incluir un combate a cara de perro por la dirección nacional y la candidatura del partido a la presidencia en 2023. Así que la dirección nacional, sabedora del tirón que la presidenta tienen entre los afiliados del partido, de los que depende en gran medida la elección del líder regional del PP, decidió poner toda la carne en el asador para acabar con ella.

Eso activó la llamada Operación Cremas, la búsqueda de información que pudiese ser utilizada en contra de Ayuso como en su día se hizo con Cifuentes —el vídeo que acabó con su carrera la mostraba sustrayendo productos de cosmética en un hipermercado—, a partir de varias informaciones sobre la adjudicación supuestamente irregular de contratos de suministro de mascarillas por valor de 1,5 millones de euros a una empresa administrada por Daniel Alcázar Barranco, residente en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), donde Ayuso y su hermano Tomás solían veranear. 

El pasado mes de noviembre este asunto provocó un serio enfrentamiento en la Asamblea de Madrid después de que su presidenta expulsase a una diputada de Más Madrid por pedir explicaciones.

Génova alimenta la idea de que Tomás Ayuso se embolsó una cuantiosa comisión ilegal por este contrato —algunos medios hablan de 280.000 euros— y encargó a Ángel Carromero, uno de los hombres de confianza de Teodoro García Egea, que hasta el jueves formaba parte del equipo de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, la búsqueda de pruebas. 

Carromero se hizo famoso en 2012 cuando fue condenado en Cuba por homicidio imprudente en el accidente de tráfico de Oswaldo Payá, dirigente de la oposición cubana. Las gestiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero consiguieron que La Habana aceptase que el cumplimiento de la condena se llevase a cabo en España, aunque en apenas unas semanas Carromero se benefició del tercer grado y desde entonces ha ido viviendo de diferentes cargos que dependen de su partido.

El PP pidió en octubre explicaciones a Ayuso y supuestamente amenazó con sacar a la luz pruebas sobre el caso que afectaría a su hermano. En ese momento el enfado de Génova con la presidente madrileña era enorme después de que la lideresa desbaratase la convención nacional del partido de València. 

Fue Pablo Casado en persona, según reconocieron este jueves Ayuso y García Egea, quien pidió a la presidenta madrileña explicaciones por este supuesto caso de corrupción.

Ayuso negó ya entonces las acusaciones, pero Génova siguió adelante. Carromero, por orden de la dirección del partido, según las informaciones publicadas en las últimas horas —que han sido desmentidas tajantemente por la dirección nacional del PP y el alcalde de Madrid, que es para quien trabajaba hasta ahora—, habría entrado en contacto con varias empresas de detectives para sondear su la posibilidad de obtener pruebas contra Ayuso. 

Buscaban, según el diario El Mundo, un extracto de cuenta bancaria del hermano de Ayuso y la declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria de la empresa Priviet Sportive SL a la que la Comunidad había otorgado en plena pandemia el contrato para la compra de mascarillas. Querían saber si esta compañía le había abonado alguna cantidad.

Una de las personas contactadas por Carromero fue, según su propio testimonio, Julio Gutiez, director de la agencia de detectives Mira, quien decidió revelar las intenciones de Génova. No está claro todavía —hay varias versiones— si avisó directamente al equipo de la presidenta o si se lo trasladó al exministro de Mariano Rajoy Rafael Catalá. 

Según una de las versiones difundidas, fue el también extitular de Justicia Alberto Ruiz Gallardón quien habló en diciembre con el alcalde de Madrid para avisarle de que Ayuso sabía que Génova había puesto en marcha una investigación para acabar políticamente con ella vinculándola al supuesto caso de corrupción de su hermano. Y que, lo que afectaba directamente a Almeida, para llevarla a cabo alguien de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) se había puesto a buscar detectives. La presidenta de Madrid asegura que fue ella misma la que puso los hechos en conocimiento del alcalde, cuya actuación en este asunto ha defendido públicamente.

Almeida, en una insólita rueda de prensa en la que se negó a responder preguntas que no tuviesen que ver con su corporación municipal pese a que es el portavoz nacional del PP, confirmó en la mañana de este jueves que “alguien”, con conocimiento de Ayuso, le avisó en diciembre de que un empleado de la EMVS del Ayuntamiento de Madrid se había reunido con un detective para encargarle la investigación contra la presidenta. 

No obstante, aseguró, las pesquisas llevadas a cabo para confirmar este hecho no dieron frutos. El detective, explicó, ha negado ese contacto y no hay constancia de que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo haya suscrito con él ningún contrato. “Una vez hechas estas averiguaciones concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión y que no hay ningún contrato”, zanjó.

Sus explicaciones no han convencido a casi nadie, y menos que a nadie a Ciudadanos, su socio de gobierno. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, anunció inmediatamente que no da ni mucho menos por terminado un asunto que considera gravísimo y que el alcalde le ocultó. Y que va a apoyar la creación de la comisión de investigación que ha propuesto la oposición, lo que abre un brecha de consecuencias impredecibles en el gobierno de la capital a año y medio de las elecciones municipales.

De hecho, la dimisión en la misma tarde del jueves de Ángel Carromero parece desmentir a Almeida y confirmar que el asesor del alcalde y estrecho colaborador de Casado y García Egea sí tuvo algo que ver con la Operación Cremas.

En Génova creen que Ayuso está detrás de la publicación de las informaciones que han revelado el supuesto espionaje y, sobre todo, han sacado a la luz el intento de la dirección nacional de acabar con ella echando mano de un supuesto caso de corrupción. Con ello, sospechan, la presidenta de Madrid estaría intentando obligar a Casado a cortar la cabeza de su mano derecha, Teodoro García Egea, aprovechando el momento delicado que vive el partido después del fracaso de su estrategia en las elecciones de Castilla y León.

En rueda de prensa, Ayuso aseguró que aunque el contrato que ha sido puesto en cuestión se materializó en abril de 2021, ella se enteró de su existencia meses después por boca de Pablo Casado cuando en septiembre fue “a su despacho para hablar de la situación del partido y del congreso”. “Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dosier se lo habían filtrado desde La Moncloa”.

La presidenta madrileña sostiene que preguntó a su hermano para saber si había cobrado una comisión ilegal y que este le “confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa” pero “que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado”. Ayuso no explicó si cobró y cuánto por ese contrato y se limitó a afirmar que ni ella ni su Gobierno intervinieron “para adjudicar ni ese, ni ningún otro contrato a nadie” de su “entorno”. “Nunca”, aseguró, ha “ayudado” a su hermano “para conseguir absolutamente nada en su vida laboral”.

Sin embargo, el número dos del PP, Teodoro García Egea, no da por buena la versión de Ayuso. También en rueda de prensa mantuvo que la presidenta madrileña sigue sin aclarar el “supuesto cobro de comisiones relativas a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid” en “beneficio de su entorno”.

El número dos de Casado confirmó que el PP decidió el pasado 20 de octubre abrir una “averiguación interna” mediante la cual Génova emplazó a la presidenta“ a “aportar más información con el propósito de aclarar definitivamente el asunto. Pero ha sido en vano. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna aclaración”. 

Garcia Egea, en nombre de Casado, relacionó el caso “con las diferencias entre la dirección nacional e Isabel Díaz Ayuso respecto al PP de Madrid”. Según él, Ayuso reaccionó a la petición de información con “una campaña masiva de ataques, infundios y calumnias” que “han hecho mucho, muchísimo daño a nuestra organización en estos últimos meses”.

El secretario general del PP acusó directamente a Ayuso de intentar utilizar “las siglas” del partido “para blindarse ante problemas en las que eventualmente pueda verse envuelta”. Algo que Génova no está dispuesta a permitir: “El honor del Partido Popular es ahora nuestro activo más valioso y todos nuestros cargos tienen el deber político y moral de colaborar en su preservación. Se puede tener un buen resultado electoral”, remachó aludiendo a la principal fortaleza de Ayuso, “pero eso no exime el deber de rectitud y lealtad”.

La presidenta madrileña, remarcó García Egea, reconoció “que han existido pagos” pero aun así “ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas”, contra Casado y la dirección del PP que tendrán consecuencias.

“Los servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder en derecho” y el partido va “a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones judiciales oportunas”.

La dureza de la respuesta de García Egea estuvo a la altura de la declaración sin preguntas de la propia Ayuso, pronunciada apenas una hora antes, en la que llegó a acusar a la dirección del PP de “fabricar corrupciones” contra ella y hasta de incumplir la ley de partidos: “Yo sólo quiero que de manera democrática se dé la voz a los afiliados y se actúe conforme a la ley, pues desde hace un año se está incumpliendo la Ley Orgánica de Partidos Políticos en numerosos puntos”.

“Ahora que ya se sabe públicamente, y que ellos lo admiten, pido que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional”, exigió la presidenta madrileña, que también defendió su lealtad al PP, puesta en cuestión por del equipo de Casado: “Si hubiera querido atacar a mi partido, habría contado todo lo que sabía hace meses. Pero no lo hice. Y así he participado en mítines, hasta en siete actos en la campaña de Castilla y León y en otras tantas entrevistas, intervenciones…”

Por primera vez, Ayuso fue directamente contra el líder del PP, hasta hace poco su mentor y figura de referencia dentro del partido: las acusaciones contra ella, “que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos”. Y no buscan desvelar la verdad sino desprestigiarla “personal y políticamente”.

Pero ella, en todo caso, siente que ya no le debe nada. “He devuelto mi compromiso con Pablo Casado pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019 a la mayoría absoluta que, estoy convencida, tenemos hoy. No cabe mayor ejemplo de lealtad a mi casa. Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí”.

El secretario general de Nuevas Generaciones del PP en Madrid, Ángel Carromero, viajó este jueves a Miami con la autorización del Gobierno para reunirse con congresistas y senadores estadounidenses, entre quienes buscará apoyo en el caso que le llevó a prisión en Cuba, informa Europa Press.

Carromero, que cumple condena en España con un tercer grado penitenciario, tiene una autorización gubernamental de siete días.

El caso Carromero

El dirigente juvenil del PP madrileño fue condenado a cuatro años de cárcel en Cuba por homicidio imprudente tras la muerte en un accidente de tráfico de los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero en julio de 2012. El gobierno cubano acusó al madrileño de haber causado el incidente por su "imprudencia" al volante del coche siniestrado.

Cinco meses después, en diciembre de 2012, Carromero regresó a España en virtud de un acuerdo de traslado de personas condenadas entre los gobiernos de Cuba y España. Actualmente se encuentra en libertad con restricciones y trabaja como consejero técnico del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid.

La sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo advierte de que "en los últimos años" se viene percibiendo un incremento de las peticiones de indulto por condenados por hechos de especial gravedad acompañadas de solicitud de suspensión de la ejecución de las condenas que, a juicio de estos fiscales, suponen un "injustificado retraso" en el cumplimiento estas sentencias.

Así se señala en la Memoria de la Fiscalía General del Estado dada a conocer este miércoles, relativa a 2013, en la que los fiscales de lo Penal del Supremo advierten de un "uso abusivo del derecho de gracia" en determinados casos en los que las que las posibilidades de prosperar del indulto "son más bien escasas".

Por ello proponen a la Fiscalía General del Estado que propugne una previsión legal específica para dotar a los informes que los fiscales tienen que emitir sobre si debe suspenderse o no la pena de un condenado que ha pedido el indulto "del deseable marco legal y de la necesaria seguridad jurídica".

Aunque la Memoria se refiere a 2013 y no señala ningún dato concreto, el problema que subrayan los fiscales del Supremo aparece recurrentemente en titulares periodísticos en relación con señalados casos de corrupción política.

El pasado 11 de julio, el Consejo de Ministros rechazo la concesión los indultos solicitados por el expresidente balear Jaume Matas, quien también había solicitado la suspensión de su condena a nueve meses de cárcel tras el primer juicio por el caso Palma Arena mientras se estudiaba su petición de indulto.

En la misma sesión, el Ejecutivo rechazó igualmente otros indultos como el solicitado por el que fuera de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, por las escuchas del caso Gürtel a abogados en prisión; así como la de gracia solicitada por el del dirigente de Nuevas Generaciones del PP madrileño Angel Carromero, condenado por el Tribunal Provincial Popular de Granma (Cuba) el a 4 años de privación de libertad por el homicidio en accidente de tráfico de los disidentes Oswaldo Paya y Harold Cepero.

Tampoco se dio luz verde a la medida de gracia solicitada el torero José María Ortega Cano, condenado a dos años, seis meses y un día de prisión por conducción temeraria y homicidio por imprudencia grave. En todos estos casos la Fiscalía había informado en contra de la concesión de la medida de gracia.

En la parte de la Memoria relativa a la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo se reconoce que si bien es cierto que en las penas cortas la ejecución inmediata de la condena puede frustrar los efectos de una eventual concesión de indulto "no sucede lo mismo cuando se trata de las penas graves".

En estos supuestos, la suspensión de la ejecución de la pena "carece de sentido", según los fiscales del alto tribunal, y si el indulto propuesto es parcial "por regla general la pena conmutada por otra menos grave será de efectivo cumplimiento".

También advierten del "fraude de ley" que supone la reiteración de solicitudes de indulto dirigidas a impedir el efectivo cumplimiento de la condena.

A este respecto consideran que "sería deseable" una previsión legal que contemple un determinado plazo para limitar "el uso abusivo del derecho de gracia por parte de los condenados que hayan visto desestimada una primera petición".

Precisamente este miércoles la sección primera de la Audiencia de Castellón ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión al expresidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, mientras se tramita la petición de indulto solicitada al Gobierno.

La sala entiende que se dan todos los requisitos exigidos en el artículo 4.4 del Código Penal, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en su cuenta de Twitter. El tribunal aplica la jurisprudencia que valora la inexistencia de antecedentes y la voluntad de pago de multa y responsabilidad civil expresada.

Carlos Fabra presentó ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenó a cuatro años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública al estafar más de 693.000 euros entre 1999 y 2003, en el conocido como caso Naranjax.

Ángel Carromero, actualmente asesor del Ayuntamiento del PP y que se dio a conocer tras sufrir un accidente de circulación en el que murió un disidente cubano, no ha tardado en darle su apoyo público a la expresidenta de la Comunidad en estos términos.

Aunque el protagonista involuntario de todo esto es el agente de movilidad que se atrevió a denunciar a la mismísima lideresa:

La foto de después de la huida:

La semana pasada la prensa informaba de la elección de Angel Carromero como nuevo Secretario General de Nuevas Generaciones del PP de Madrid.

¿Se acuerdan de Carromero? Saltó a la fama por el accidente de tráfico ocurrido en Cuba en el que murieron los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero. Carromero era el conductor. Fue detenido y condenado a cuatro años de prisión por homicidio imprudente. Gracias a un convenio firmado entre Cuba y España sobre ejecución de sentencias penales, el Gobierno de Rajoy consiguió que el reo regresara a España tras haber cumplido 159 días de prisión en Cuba. Aquí disfruta del tercer grado.

El aspecto más interesante de Carromero, sin embargo, no es su implicación en el accidente cubano, rodeado todavía hoy de confusión. Lo verdaderamente llamativo es lo que, a partir del accidente, hemos ido sabiendo sobre el personaje. Encarna de forma asombrosamente exacta los tópicos que circulan sobre el político español. Es como si reuniera en grado máximo todos los rasgos que han llevado al descrédito y la deslegitimación de la clase política.

Primero nos enteramos de que Carromero, antes de viajar a Cuba, se había quedado sin puntos y que la DGT había iniciado los trámites para retirarle el carné de conducir. Acumulaba 42 multas desde 2009, muchas por aparcamiento indebido, otras, más graves, por exceso de velocidad o por usar el móvil mientras conducía.

Los estudios no son el fuerte de Carromero. Como buen niño de derechas, se matriculó en ICADE en el doble título de derecho y administración de empresas, pero no pudo con ello y abandonó. Ya bien colocado en la política, el dirigente popular consiguió por fin un título en derecho, aunque haya tenido que ser por la Universidad Católica de Ávila y con casi 30 años.

Carromero trabajaba como asesor en el Ayuntamiento de Madrid, a las órdenes de la concejala de Moratalaz, Begoña Larrainzar, con un sueldo de 50.000 euros anuales a pesar de no tener estudios universitarios hasta fecha bien reciente. Una bicoca. Tras el escándalo de Cuba, se ha situado en un puesto más discreto como asesor del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento.

Intentó tener una actividad más allá de la política: en 2009 abrió un gimnasio en el barrio de Salamanca de Madrid, el Vanitas Fitness, pero no le salieron bien las cosas. Hoy está cerrado. Al parecer, la sociedad que creó para gestionar el gimnasio tiene deudas con Hacienda.

Resumiendo: Carromero es un joven de clase acomodada, del barrio de Salamanca, que fracasa en los estudios, entra en política con 23 años y consigue un sueldo muy considerable en el Ayuntamiento de la capital, más del doble del salario medio en España y por encima de lo que cobra, por ejemplo, la mayoría de profesores universitarios en nuestro país.

Ante la existencia de Carromero, la tentación natural consiste en despotricar contra los políticos profesionales. Puesto que, según una percepción muy extendida, los políticos, en lugar de actuar como servidores de lo público, son un conjunto de aprovechados, que disfrutan de privilegios, que se protegen unos a otros, y que viven estupendamente a costa de la ciudadanía, lo mejor que podemos hacer es desembarazarnos de los políticos profesionales. En la versión radical, la alternativa pasa por formas de democracia directa que hagan innecesaria la representación política. En la versión conservadora, la alternativa son los técnicos (el gobierno de la tecnocracia), ya sean empresarios, economistas o funcionarios europeos.

Hace unos días, en la sección de Luces Rojas de infoLibre, Braulio Gómez nos advertía sobre los riesgos que genera el político amateur, el independiente que un día decide entrar en política y descubre que todo es mucho más complicado de lo que pensaba y que carece de las habilidades necesarias para moverse en ese mundo. Estoy de acuerdo con la tesis del autor. No hay nada intrínsecamente negativo en que una persona dedique su vida a la política. El problema, en todo caso, es que haya tantos políticos que son malos “profesionales”.

En este sentido, lo que llama la atención es que los Carromeros estén sobreviviendo a la crisis económica. Que antes de la crisis la política estuviera plagada de Carromeros era, hasta cierto punto, comprensible, pues la gente estaba a otra cosa y hacía la vista gorda con la corrupción y el abuso de poder, muchas veces porque entendía que los tejemanejes de los partidos estaban ligados a la inacabable prosperidad. No se entiende, sin embargo, que después de cinco años de crisis, tras la irrupción del 15-M, las encuestas mostrando un rechazo generalizado de la ciudadanía a los dos grandes partidos y con elevados niveles de insatisfacción con la democracia, los Carromeros sigan en sus puestos. ¿Por qué no se produce una limpia? ¿Por qué los partidos no se deciden a librar lastre clientelar de una vez?

En nuestro país se tiende a enfocar el asunto de la corrupción, el clientelismo y la falta de eficiencia política por el lado de las leyes, los procedimientos y las instituciones. Las reformas que se proponen hablan de incentivos, de endurecer los controles, de aumentar el castigo, de introducir mayor transparencia, etc. No quiero decir que esta perspectiva no sea interesante y necesaria, pero creo que resulta ingenuo pensar que con este tipo de medidas vamos a resolver nuestros problemas. No debe olvidarse, en este sentido, que lo que mejor explica la presencia del mal gobierno, la corrupción y el clientelismo son sobre todo características sociales y no institucionales.

Hay algunos rasgos, como la desigualdad económica, el bajo nivel educativo y la ausencia de confianza social, que tienen una fuerte asociación con la corrupción y el mal gobierno. Algunos resultados curiosos de la investigación comparada muestran, por ejemplo, que los niveles de lectura de periódicos y los niveles bajos de educación tienen una relación muy estrecha con la corrupción (aquí y aquí).

Desde este punto de vista, España reúne todas las condiciones para tener malos indicadores en corrupción y calidad de gobierno. Nuestro país puntúa alto en desigualdad económica en el contexto europeo. Además, se lee muy poca prensa (ya sea en papel o en digital) en relación al resto de Europa occidental. Los niveles de confianza social son de los más reducidos de la OCDE. Y, fundamentalmente entre las generaciones mayores, los niveles educativos son muy bajos, según acaba de constatar el estudio PISA para adultos. Esta combinación de factores es letal y no se arregla únicamente mediante reformas institucionales, como dan a entender quienes defienden que cambiando la Ley de Partidos y reformando los procedimientos administrativos conseguiremos librarnos de la corrupción (por ejemplo, aquí).

La política española es un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos. Los Carromeros no caen del cielo. El problema de la combinación de factores que sufrimos en desigualdad, información política, confianza social y educación, es que la presión social no es lo suficientemente fuerte como para evitar comportamientos irregulares y abusos de poder. Los políticos se sienten impunes y no tienen suficiente temor al castigo electoral y la reprobación social. De ahí, según defendí en un artículo anterior, que la impunidad se haya transformado en el principio rector de la vida política española. Si estamos gobernados en estos momentos por una trama corrupta de intereses con apariencia de partido político, se debe a que la presión social no alcanza el nivel necesario. Puede que esto esté cambiando con la crisis, pues la irritación con la mala política ha aumentado considerablemente, pero ahí tienen a Carromero, recién elegido secretario general de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid. Y no pasa nada.

El pasado fin de semana, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid celebraron su congreso para elegir al sustituto de Pablo Casado como presidente. El método elegido fue el de primarias, una demanda clásica de la formación que a nivel regional preside Esperanza Aguirre y que abre las puertas, en teoría, a que los cónclaves de los mayores del partido adopten la misma fórmula. 

Transcurrida una semana, dirigentes del partido consultados por infoLibre hacen balance de la cita y coinciden en que el proceso, lejos de manifestarse como una forma de dotar de mayor democracia interna al partido, ha conseguido justo lo contrario: evidenciar la brecha abierta entre dos sectores de los jóvenes de Aguirre y lanzar un mensaje contrario a la regeneración política por la que apostaban los tres candidatos que concurrieron inicialmente a la cita. Las mismas fuentes consideran que ha faltado el "juego limpio" con continuas "filtraciones interesadas".

Antecedentes

Para enteder la apuesta de los conservadores madrileños por las primarias hay que remontarse unos años atrás. El PP celebró su XVI Congreso Nacional en el mes de junio de 2008. La cita, que coronó de nuevo a Mariano Rajoy como presidente nacional del partido, no había estado exenta de polémica. El ahora presidente del Gobierno llegaba a la Feria de Muestras de Valencia, sede del cónclave, fuertemente tocado y cuestionado internamente. De hecho, algunos de sus compañeros habían amagado con presentar candidaturas alternativas a la suya. Por el camino, también había visto cómo referentes para un sector de su electorado como la expresidenta del PP vasco, María San Gil, o José Antonio Ortega Lara, víctima de ETA, le daban la espalda.

Uno de los principales frentes de oposición interna tenía su sede a sólo seis plantas de su despacho en la madrileña calle de Génova. Concretamente, en la primera planta, cuartel general del PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre. La por entonces presidenta de la Comunidad y sus hombres de confianza, Ignacio González y Francisco Granados, aprovechaban sus apariciones públicas para exponer sus dudas sobre la capacidad de que Rajoy fuese el hombre adecuado para una nueva etapa en las filas conservadoras.

También de Madrid partió una de las enmiendas más polémicas que habría de debatirse en el Congreso: la de la elección de los candidatos por primarias. "Un militante, un voto", insistía por entonces Íñigo Henríquez de Luna. En 2008 era el presidente del PP del madrileño distrito de Salamanca; hoy es portavoz del partido en la Asamblea de Madrid. 

Aguirre siempre dijo ver con "simpatía" la propuesta de Henríquez de Luna. Un debate que ha agitado desde entonces en varias ocasiones, si bien es cierto que ha sido más insistente en el último año hasta el punto de que el último Congreso de las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Madrid se ha celebrado bajo este proceso con su visto bueno.

Estatutariamente, el partido que preside Mariano Rajoy no contempla este procedimiento, pero las normas internas dan cierta flexibilidad para permitirlo siempre y cuando no lo frene la dirección nacional. Y así ocurrió en esta ocasión como previamente había ocurrido en los cónclaves de NNGG de otras comunidades e incluso en el que eligió a José Ramón Bauzá como presidente del PP de Baleares en plena ebullición del caso Matas. 

¿Por qué Génova entonces optó por dar un perfil bajo a lo que ocurría en Madrid? La dirección nacional del partido consideraba que el resultado de esta cita podría servir para que Esperanza Aguirre demandara similares condiciones, es decir: primarias, para el próximo congreso regional. 

Hasta la fecha, Aguirre siempre ha jugado al despiste sobre sus planes. Pero no descarta nada, por lo que tampoco puede descartarse que quiera volver a repetir como presidenta del PP de Madrid. Ante la posibilidad de que el PP nacional quisiera apadrinar un candidato diferente a ella, siempre podría guardar el as en la manga de demandar primarias. Sus fieles siempre han creído que si la formación regional se decanta por el "un militante, un voto", ella gana de calle.

Pero ahora, lo que tampoco niegan sus fieles es que en el caso de la renovación de las NNGG de Madrid el proceso de primarias no ha servido para que sea reivindicado como ejemplo de lo que debe ser esta demanda clásica de un sector próximo a Aguirre.

¿Por qué? El pasado sábado, Ana Isabel Pérez, integrante del PP de Torrejón, era proclamada presidenta de NNGG de Madrid en sustitución de Pablo Casado tras vencer a Antonio José Mesa. En concreto, el 55,2% de los votos frente al 43,32% de las 715 votaciones. En un principio, fueron tres los candidatos. Pero David Álvaro –el tercero de ellos–, decidió renunciar horas antes y sumarse a la de Mesa. Precisamente este hecho incendió el Congreso, que transcurrió con cruces de acusaciones de pactos ocultos y falta de juego limpio entre las diferentes candidaturas.

Pero el broche a este congreso llegó el lunes, cuando Pérez presentó en la sede del partido a su nuevo Comité Ejecutivo y se confirmó lo que no pocos habían ya vaticinado. Ángel Carromero –que cumple tercer grado controlado por una pulsera telemática, tras ser condenado en Cuba por la muerte en accidente de tráfico de los disidentes Harold Cepeda y Oswaldo Payá– fue nombrado secretario general.

Los más críticos insisten en que Pérez no ha creado un equipo de integración y que tiene muy difícil quitarse la fama de ser "la tapada" de Carromero. "Va a tener que hacer muchos esfuerzos para crearse un perfil de presidenta", asegura un destacado dirigente regional.

El columnista Hermann Hertsch ha criticado a su manera la decisión.

Ironía tuitera:

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha informado hoy en contra de la concesión de un indulto al asesor del Ayuntamiento de Madrid Ángel Carromero, condenado en Cuba por un delito de homicidio involuntario por el accidente de tráfico en el que murió el opositor Oswaldo Payá, porque no encuentra razones de justicia, equidad o conveniencia.

En su informe los magistrados explican que Carromero desde su traslado a España se encuentra en tercer grado, sujeto a control telemático, desarrollando su vida profesional sin limitación alguna. La sala argumenta que los hechos objeto de condena en Cuba están penados en el ordenamiento español con análoga entidad.

Además, los jueces recuerdan que en el expediente de indulto figuran las distintas sanciones de tráfico que tuvo Carromero en España, relacionadas con la seguridad vial y que conllevaron la pérdida de la autorización administrativa para conducir; "conductas —señalan los jueces— íntimamente relacionadas con los hechos objeto de condena".

La familia de Oswaldo Payá, el líder opositor cubano que falleció el pasado 22 de julio en un accidente de tráfico provocado por el dirigente del PP Ángel Carromero, ha solicitado asilo político en Estados Unidos, según ha informado el Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) en un comunicado al que tuvo acceso Europa Press.

La viuda de Payá, Ofelia Acevedo, y varios familiares han tomado esta decisión, aseguran, debido a "las amenazas, el acoso y la constante vigilancia de la que son víctimas por parte de la dictadura de los hermano Castro". Los allegados al líder opositor sostienen que "les hacen temer por su seguridad y por sus vidas".

Acevedo y sus dos hijos, Rosa María y Reinaldo, llegaron a Miami el pasado 6 de junio, al parecer, con ese objetivo. "Desde dentro y fuera de la isla continuamos tomando acciones en función de la implementación de la investigación internacional independiente que esclarezca públicamente las muertes de Oswaldo Paya y Harold Cepero", ha dicho.

La familia asegura que Payá fue asesinado por el régimen cubano

El dirigente del Partido Popular, Ángel Carromero, fue condenado a cuatro años de cárcel el pasado mes de octubre por conducir el coche que se accidentó causando la muerte de Payá y Cepero. 

Tres meses después, Carromero fue enviado a Madrid con el fin de que cumpliera aquí la condena, pero se le concedió el tercer grado, lo que le ha permitido volver a su trabajo, aunque sus movimientos son controlados electrónicamente.

La familia de Payá ha denunciado en numerosas ocasiones que el líder opositor no murió en un accidente de tráfico, sino que fue asesinado por el régimen cubano, ya que la policía secreta ya lo había intentado otras veces de forma similar.

Además, el MCL ha insistido en la necesidad de una consulta ciudadana "que puede comenzar la transición verdadera" y ha apoyado la propuesta opositora conocida como El Camino del Pueblo, "que expresa los objetivos comunes del movimiento democrático cubano".

"'Es la hoja de ruta hacia los derechos que imposibilita se escamoteen los pasos auténticos que traigan la libertad y la prosperidad a nuestro país, con todos y para el bien de todos", ha indicado el Movimiento.

El dirigente de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Madrid, Ángel Carromero, ha dejado su puesto de asesor del distrito madrileño de Moratalaz –el que tenía antes del accidente en Cuba y conservó hasta ahora– para incorporarse como asesor al Grupo Parlamentario Popular del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Según confirmaron a infoLibre fuentes del Consistorio, Carromero –condenado por homicidio imprudente en Cuba después del accidente en el que fallecieron los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepera– seguirá cobrando la misma cantidad que ante de partir a Cuba: más de 50.000 euros.

Sobre los motivos del cambio, las mismas fuentes sostienen que la "presión mediática" y "social" desde su llegada a Madrid a finales de año han tenido mucho que ver. Según comentan, desde la Junta de Distrito de Moratalaz han llegado quejas al Ayuntamiento por haber mantenido el puesto a este dirigente de las Nuevas Generaciones. Se trata de algo que consideran incompatible con la política de recortes.

Perfil bajo. Esa era la intención que tenían tanto en el Gobierno de Mariano Rajoy como en el Partido Popular a la hora de enfrentarse al 'caso Carromero'. Máxime, una vez que el vicesecretario general de Nuevas Generaciones (NN GG) del PP de Madrid había sido trasladado a España desde Cuba y había logrado cumplir condena por homicidio imprudente en régimen abierto. Pero estos planes se trastocaron cuando el pasado día 6 de marzo, Exteriores se topó con una entrevista en The Washington Post en la que éste cambiaba su versión sobre el accidente de tráfico en el que fallecieron en Cuba los disidentes Oswlado Payá y Harold Cepero.

Según contó a este diario –al contrario de lo que sostuvo en su declaración en Cuba– el acccidente, que tuvo lugar el pasado 22 de julio, tuvo lugar cuando el coche que él conducía fue golpeado por otro que le venía siguiendo. Tanto Cepero como Payá, en base al relato de Carromero, le habían comentado en los momentos previos al siniestro que por la apariencia de la matrícula el vehículo que les perseguía éste podría ser de una brigada policial del Gobierno de Cuba. Igualmente, narró que estaba "muy drogado" y que firmó una declaración que distaba de lo ocurrido y que aceptó lo que dijeron los tribunales de la isla para salir de aquel "infierno". 

En el departamento que dirige José Manuel García Margallo están sorprendidos por la reacción del dirigente del PP de Madrid. E instan a que si quiere cambiar su versión sobre lo ocurrido debe dar este paso en los tribunales. Es justo lo que dijo el ministro un día después de que Carromero se confesara en el mencionado diario.

"Que vaya a los tribunales"

"El Gobierno ha trabajado con los telegramas que recibió de la Embajada y con el memorándum de entendimiento que firmó el cónsul de España con el consentimiento y la aceptación del señor Carromero, manifestación de aceptación que no hace sino reproducir lo que se dijo en el juicio y lo que dijeron sus abogados", señaló el ministro un día después de la entrevista. Además, animaba al joven a llevar su denuncia más allá de The Washington Post."Si tiene alguna evidencia, hará bien en ir a un tribunal", intentó zanjar la polémica.Aguirre pide una invstigación internacional

Pero lejos de zanjarla, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, volvió a ponerla sobre la mesa la semana pasada, el día 12. En un acto con las Damas de Blanco, la expresidenta de la Comunidad de Madrid calificó de "verosímil" la versión dada por Carromero e instó a la apertura de una investigación internacional. Cuentan en el partido que Aguirre ha sido clave a la hora de animar a Carromero a aceptar la entrevista y de "romper su silencio".

Según sostuvo Aguirre, Oswaldo Payá, era "constantemente acosado por la policía castrista". "¿Por qué Carromero no pudo ser embestido otra vez?", se preguntó.Relaciones diplomáticas"¿Por qué Carromero no pudo ser embestido otra vez?", se preguntó.

En Exteriores temen que reacciones de este tipo acaben perjudicando a las relaciones diplomáticas entre España y Cuba, principalmente al traslado de otros presos que, como Carromero en su día, están a la espera de juicio en la isla.

Familia de Payá

La nueva versión de Carromero es la que desde el primer momento pusieron sobre la mesa los famliares de Oswlado Payá. De hecho, él mismo ha contado que decidió romper su silencio después de tener algunos encuentros con los parientes del disidente fallecido.

Amenazas de muerte

Precisamente este lunes la familia del disidente ha subrayado que "los hechos confirman" que el coche conducido por el dirigente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid fue "embestido" por un segundo vehículo, al tiempo que ha denunciado que ha recibido amenazas de muerte "hace menos de una semana".

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, la hija de Oswaldo Payá, Rosa María Paya, ha insistido en que "no hubo un accidente" y ha subrayado que esa hipótesis está respaldada por "los mensajes de texto" que mandó Carromero.

Payá ha asegurado que Carromero y el resto de ocupantes de su vehículo, en el que viajaban los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero y el político sueco Aaron Modig, fueron "embestidos" por ese segundo vehículo y "sacados de la carretera".

Tras recordar que Oswaldo Payá había recibido "amenazas de muerte" de "funcionarios del Estado" cubano, Rosa María Payá ha relatado que, "hace menos de una semana", su familia recibió una llamada en la que les advirtieron de que sus vidas corrían peligro. "Te vamos a matar", les transmitieron.