La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Mas, ha trasladado a las comunidades autónomas y al Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de financiación singular similar a la del País Vasco y Navarra, confirmando que están en discusiones con el PSC, aunque la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que haya pactos bilaterales sobre este tema.

Al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes, que se ha prolongado más de cuatro horas, los consejeros autonómicos han detallado que la representante catalana ha desgranado la propuesta que hacen desde la Generalitat, aunque Montero se ha mostrado en contra de ella.

La consejera catalana también ha confirmado que el asunto de la financiación singular forma parte de las negociaciones con el PSC para la conformación del Gobierno en Cataluña y se ha mostrado esperanzada de poder conseguir recaudar el cien por cien de los impuestos.

Diversos consejeros autonómicos, tanto del PP como del PSOE, han explicado en declaraciones a los periodistas que la ministra Montero ha negado dentro de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que exista una negociación bilateral con Cataluña sobre un trato singular en materia de financiación.

Sin embargo, estás comunidades han denunciado que la negociación la está llevando a cabo el PSC y no desde el Gobierno central. Eso sí, han precisado que la ministra Montero ha expresado dentro de la reunión que ella no está de acuerdo con la propuesta realizada por la Generalitat similar al concierto económico vasco y navarro.

La consejera Mas ha proclamado que "Cataluña necesita hacer este paso hacia adelante" de soberanía fiscal, que, según ha explicado, funcionaría igual que el modelo que rige actualmente en el País Vasco y Navarra, con la recaudación del cien por cien de los impuestos y una cuota hacia el Estado.

Sin embargo, desde el Gobierno de Sánchez han admitido que en sus conversaciones con ERC está sobre la mesa la posibilidad de crear un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat al que se le encargaría la tarea de recaudar el cien por cien de los impuestos en Cataluña.

La consejera catalana ha defendido que su propuesta no va contra ninguna comunidad, ha incidido en la necesidad de reformar el actual sistema de financiación autonómica, aunque ha recalcado que la Generalitat lo hará desde la bilateralidad con el Gobierno central.

Eso sí, ha reclamado una solución para que las comunidades infrafinanciadas puedan defender una reforma de sistema y ha dicho entender la singularidad de otros territorios como los de Canarias o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Varios consejeros autonómicos del PP, como los de Murcia, Madrid o Comunidad Valenciana, han denunciado que el Gobierno no ha profundizado en la reforma del sistema de financiación autonómica pese a que, según ha dicho, este punto sí que estaba dentro del orden del día de la reunión.

"Volvemos a argumentos manidos, argumentos que hablan de diferencias entre comunidades autónomas. Las comunidades autónomas del PP lo negamos. Por lo tanto, no aceptamos ese argumento. Y lo que sí observamos es una falta absoluta de voluntad política por parte del Gobierno para reformar un sistema que penaliza a comunidades autónomas como la región de Murcia, que es la comunidad autónoma peor financiada de todo España. Esperábamos una actitud mucho más constructiva", ha denunciado el consejero murciano Luis Alberto Marín.

En parecidos términos se ha pronunciado la consejera madrileña Rocío Albert López-Ibor, que también ha desdeñado la propuesta de financiación singular presentada por Cataluña en esta reunión del Consejo de Política Fiscal.

Todos los consejeros autonómicos que han hecho declaraciones sí que se han puesto de acuerdo en poner en cuestión los objetivos de déficit de los que ha informado la ministra de Hacienda para el período 2025-2027.

La senda vigente hasta ahora contemplaba que las comunidades autónomas deberán registrar un superávit del 0,1% en 2025 y 2026. En cambio, la nueva senda de estabilidad comunicada hoy contempla un objetivo de déficit del -0,1% en 2025, 2026 y 2027. Ello implica que las comunidades autónomas contarán con dos décimas más de margen fiscal.

Las comunidades critican que la Admnistración General del Estado se reserva un 2,4% del déficit y deja a los Ejecutivos regionales el 0,1%. "Esto es un 96% del déficit, se lo reserva el Estado y deja a las comunidades autónomas que asumimos, por definición, más del 35% del total del gasto público, solamente con un 0,1 de déficit", ha denunciado el consejero murciano.

Del mismo modo, los diferentes consejeros autonómicos del PP han lamentado que el Gobierno no haya accedido a reformar el Reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera para otorgar más poder de voto a las comunidades autónomas.

Y es que actualmente el Gobierno tiene hasta el 50% de los votos en estos acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que solamente necesita el aval de una única comunidad para sacar adelante los temas, como puede ser el de la financiación autonómica.

En cualquier caso, los diversos gobiernos autonómicos sí que han destacado que la reunión se ha desarrollado con cordialidad y no descartan próximamente la celebración de un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Las comunidades del PP, coordinadas desde la calle Génova, acudieron este lunes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con un único objetivo: denunciar la supuesta supeditación del Gobierno a los deseos de financiación y necesidades presupuestarias de Cataluña. Salieron, sin embargo, defendiendo posiciones contradictorias. Y sin nada que alegar al planteamiento del Gobierno: un objetivo de déficit para las comunidades autónomas en 2024 del 0,1% del PIB y un incremento sustancial de recursos para todos, el mayor de la historia: 154.467 millones de euros, un 14,9% más respecto a 2023.

El propio Alberto Núñez Feijóo tuvo que insistir en el comodín catalán para, a falta de algo mejor, criticar la reunión. “¿Por qué Cataluña no acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera?”, se preguntó en una anotación en redes sociales. “Primero porque a Pedro Sánchez no le queda más remedio que aceptarlo. Segundo porque Puigdemont, Aragonès y Junqueras prefieren a un gobierno débil aceptando sus exigencias en Ginebra”, se respondió a sí mismo.

La verdad es que Cataluña sí estuvo en la reunión, aunque no envió a su consellera de Economía, Natàlia Mas, sino al secretario general del departamento, Josep Maria Vilarrúbia, y a la directora general de Presupuestos, Esther Pallarols. Una práctica que no es de ahora, sino que se viene produciendo desde hace años, también con gobiernos del PP.

El objetivo de déficit del 0,1% comunicado a las comunidades autónomas supone una décima más respecto al fijado en el Programa de Estabilidad de abril remitido a la Comisión Europea, pero es el mismo porcentaje que el recogido en el plan presupuestario de 2024, enviado a Bruselas en octubre. Esa décima de más de margen para las comunidades autónomas será asumida por la Administración Central el próximo año, un ejercicio marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas, suspendidas desde 2020 por la pandemia y posteriormente por el impacto de la guerra de Ucrania.

El Ministerio de Hacienda también ha comunicado a las comunidades autónomas que en 2024 recibirán los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 154.467 millones de euros. Es un incremento del 14,9% respecto a 2023, lo que supone que recibirán casi 20.000 millones de euros más que el año pasado para fortalecer sus políticas públicas. Esa cifra incluye los 134.658 millones de las entregas a cuenta, un 8,3% más que en 2023, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones, según fuentes del ministerio.

Comunicadas las cifras a las comunidades, el Consejo de Ministros aprobará este martes los objetivos de estabilidad y el techo de gasto, paso previo a la elaboración de los presupuestos para 2024.

Sobre la posibilidad de que el PP bloquee estas cifras en el Senado, Montero, reveló contar con un informe jurídico, elaborado por la Abogacía del Estado, que les permite sortear un hipotético bloqueo. El informe establece que el Gobierno podrá acudir, según la ley orgánica, en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años —no el techo de gasto, que no se vota—. El plazo máximo de intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda no puede superar el mes. En caso de que en dos ocasiones no se apruebe por alguna de las Cámaras esos objetivos de estabilidad, el proyecto de Presupuestos se basará en lo dispuesto en el plan que se remitió a Bruselas en el mes de abril, el Programa de Estabilidad.

Y es ahí donde las comunidades del PP se la juegan. Si Feijóo impide los objetivos de estabilidades planteados este lunes a las comunidades, estaría “tirándose piedras en su propio tejado porque tanto ayuntamientos como comunidades autónomas tendrían unos objetivos más exigentes”, advirtió.

La razón es que los objetivos de estabilidad propuestos por Hacienda y que van hoy al Consejo de Ministros fijan el déficit de las comunidades en el 0,1% del PIB y estipulan para los ayuntamientos un objetivo de estabilidad presupuestaria. Los anteriores, que se aplicarían si el PP rechaza en el Senado la senda del Gobierno, fijan la estabilidad presupuestaria para CCAA y un superávit del 0,2% para ayuntamientos, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.

Tras la reunión de este lunes, y con más dinero encima de la mesa, los consejeros del PP optaron por quejarse de lo que no era objeto de la reunión, entre otras cosas porque ni siquiera estaba en el orden del día: la discusión de un nuevo modelo de financiación autonómica. Siguiendo instrucciones de Génova, las comunidades gobernadas por el PP y por el PP y Vox intentaron utilizar la cita para denunciar que el Gobierno planea rehacer el modelo a la medida de los intereses de Cataluña y sin contar con el resto.

La ministra les respondió taxativamente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está negociando la financiación autonómica de manera bilateral con Cataluña. “La consejera (de Hacienda de Cataluña) habrá expresado su pretensión de que quiere que haya esas reuniones, pero desde luego no ha podido decir que haya habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda”, argumentó Montero.

La consejera madrileña de Hacienda, Rocío Albert López-Ibor, explicó al término de la reunión, que se prolongó durante más de cuatro horas, que varias comunidades habían pedido explicaciones sobre esta supuesta negociación bilateral y fue la ministra quien quiso que constara en acta “que no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña”. “Creo que podemos estar muy tranquilos”, admitió la representante de Isabel Díaz Ayuso en el CPFF, que no dudó en mostrarse “favorablemente sorprendida”.

En parecidos términos se ha pronunciado el consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, que, sin embargo, consideró “sorprendentes” las afirmaciones de la ministra. La consejera de Andalucía, Carolina España, fue aún más lejos, poniendo en duda la palabra de Montero: “La vicepresidenta ha dicho que eso no es cierto y yo no sé si es cierto o no, yo sé lo que veo en la prensa”. En cambio, el consejero de Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz-Molina, sí cree a la ministra.

La que más disgusto mostró fue la representante andaluza. “Nos vamos decepcionados” de este encuentro porque esperaba, dijo, que Hacienda se pronunciase sobre el fondo extraordinario de 1.000 millones que el presidente Juanma Moreno reclama para su comunidad.

La ministra sí anunció a las comunidades que las irá reuniendo de manera bilateral en el mes de enero para explicarles la metodología que se seguirá en la condonación de deuda pactada entre PSOE y ERC. No obstante, Montero ha evitado poner una fecha para el inicio de las negociaciones sobre la financiación autonómica, que el Gobierno quiere pactar entre partidos y el PP desea dejar en manos de las comunidades.

¿Aceptarán las comunidades del PP quitas de deuda? El consejero murciano declaró que “no hablarán de la condonación de deuda en tanto en cuanto no se reforme el sistema de financiación autonómica”. “Es una decisión clara, intuitiva, unívoca y en la que estamos todos absolutamente de acuerdo”, aseveró.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este viernes la nueva senda de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas, que marca una relajación del objetivo de déficit autonómico al 0,2% del PIB este año y al 0,1% en 2021, con once votos a favor del Ministerio de Hacienda, las regiones del PSOE y Melilla, frente a la oposición de las regiones gobernadas por el PP, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda.

En concreto, los once votos a favor han sido los de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria (en coalición con PRC), Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana), más el voto de Melilla (presidida por Cs) y del propio Ministerio de Hacienda. Por el contrario, han rechazado la nueva senda las cinco regiones del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia), más la ciudad autónoma de Ceuta.

De su lado, Navarra y País Vasco, que se acogen al régimen especial, no han votado, aunque sí ha acudido un representante de la comunidad navarra. Del País Vasco en cambio no se ha enviado a nadie. En el caso de Cataluña, tampoco ha participado en la votación, aunque ha acudido la secretaria de Economía, Natàlia Mass, en vez del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

La nueva senda trasladada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades autónomas establece un objetivo más flexible de déficit autonómico, fijándolo en el 0,2% del PIB este año, el 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde el ejercicio 2022.

Conforme a la nueva senda, el Gobierno otorga más margen a las comunidades, ya que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.

IVA Autónomico

En la reunión del CPFF, Montero ha trasladado también a los consejeros autonómicos que Hacienda no tendrá en cuenta la parte del déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017, unos 2.500 millones de euros en conjunto, a la hora de contabilizar el déficit de las comunidades autónomas de 2019, que estima que cerró en el 0,5% del PIB, si bien calcula que rondaría el 0,3% si se descuenta dicho efecto.

Además, ha flexibilizado los objetivos de déficit y pondrá en marcha un extra Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con un tipo del 0%. De esta forma, tras descontar el efecto del IVA, las comunidades que registren un déficit del 0,1% o inferior se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019.

No obstante, las comunidades no han dado una buena acogida a las medidas compensatorias de Hacienda al reclamar el pago y rechazar más endeudamiento, especialmente las regiones que ya presentan superávit. El rechazo ha sido mostrado por los consejeros de las autonomías del PP y por varias socialistas.

El Ministerio de Hacienda va a comunicar esta tarde a las comunidades autónomas la nueva senda de estabilidad para los próximos años, por la que establece un objetivo más flexible de déficit autonómico del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde el ejercicio 2022, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio.

Esta es la nueva senda presupuestaria para las comunidades autónomas que comunicará este mismo viernes por la tarde la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros de Economía y Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que no se reúne desde 2018, como paso previo a los trabajos preparatorios de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.

Conforme a la nueva senda, el Gobierno otorga más margen a las comunidades, ya que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.

Aunque por ahora se desconocen los objetivos de déficit y deuda para el resto de administraciones, esta tarde se conocerá la actualización de la senda también para el Estado, la Seguridad social y las corporaciones locales.

La actual y oficial, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018, fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas prácticamente inalcanzables, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez augura de hecho un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.

El Gobierno tiene asegurada la aprobación de la nueva senda al menos en el CPFF, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta en este órgano con el 50% de los votos, frente a la otra mitad correspondiente a las autonomías, por lo que logrará la mayoría con que una sola comunidad vote a favor.

Tras la aprobación de la senda en el CPFF este viernes, el Gobierno aprobará a posteriori en el Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para posteriormente presentarlo junto a la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda de las administraciones al Congreso de los Diputados y el Senado, en donde deberá conseguir el apoyo suficiente para su visto bueno.

La reunión de esta tarde, a la que asistirá también la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, estará marcada por las denuncias y quejas de las regiones por el IVA autonómico de 2017.

"La política fiscal debe estar guiada por el criterio de que el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos". La frase, todo un clásico del argumentario neoliberal, está incrustada en el programa marco del PP para las elecciones autonómicas y municipales. Y sirve de guía a toda la política impositiva del –al menos por el momento– principal partido de la derecha española. Expresado con otras palabras, el compromiso fiscal de Ciudadanos para el 26M es similar: bajar o suprimir impuestos sin excepción. Vox es aún más radical. Fracasado el asalto al Gobierno de España tras una campaña de las generales en las que hicieron una fortísima apuesta de bajada de impuestos, los tres partidos conservadores han trasladado ahora la subasta, en una versión aún más extrema, a las autonomías.

Las ofertas a la baja se radicalizan pese a que el modelo de financiación autonómica está en crisis y pendiente de reforma, pese a las tensiones entre comunidades a causa del dumping fiscal y también pese a que hay regiones que incumplen los objetivos de déficit y están en camino de volver a incumplirlos. Nada detiene la puja.

"España tiene un problema serio con el déficit público estructural. Es poco razonable decidir bajadas de impuestos o aumentos de gasto antes de encauzar el problema principal", señala el catedrático de Economía Aplicada Santiago Lago-Peñas, que fue miembro del comité de expertos que realizó una propuesta de reforma de la financiación autonómica. ¿No sería conveniente o necesario, antes de planificar y ejecutar fuertes bajadas de impuestos, cerrar la tantas veces pospuesta reforma de la financiación autonómica? Responde Lago-Peñas: "En el escalón autonómico, sin duda. Si vamos a alterar el espacio tributario autonómico (en imposición patrimonial o medioambiental, entre otros impuestos), lo lógico es esperar a ver cómo queda el escenario. Salvo, claro está, que la reforma se aplace sine die...".

  Fiscalidad de campaña

Los programas electorales de PP, Ciudadanos y Vox para las generales del 28 de abril ya anunciaban múltiples rebajas o eliminaciones de impuestos, combinadas con beneficios fiscales para "familias", empresas e inversores, así como para el ámbito rural y la llamada "España vacía". Es lógico que el énfasis de las promesas fiscales se sitúe ahí, en el nivel estatal, porque es el Estado el que acumula mayores competencias y recaudación. No obstante, las autonomías también tienen facultades fiscales. Las comunidades tienen margen legal para subir o bajar los impuestos en los tramos autonómicos. Gestionan Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones. Además recaudan parte del IVA, el IRPF e impuestos al alcohol, los hidrocarburos y la electricidad, entre otros. De ahí sale la mayoría de sus recaudación. El 37,16% sale del IRPF. El 32%, del IVA. Los impuestos especiales suponen el 13,82%. Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados suman el 10,28%, según detalla un reciente informe del Consejo General de Economistas. A esto se suman los llamados impuestos propios, de creación de las autonomías –al turismo, a la vivienda, a la banca, a la contaminación..–, cuyo desarrollo ha sufrido serias limitaciones y que suponen sólo un 2,1% de la recaudación de las comunidades.

No hay impuesto que las autonomías puedan tocar que escape a las promesas de bajadas y supresiones de PP, Ciudadanos y Vox. "Si ellos [el PSOE y Unidas Podemos, en caso de gobernar] suben impuestos, nosotros los bajaremos en los tramos autonómicos", ha afirmado Pablo Casado, presidente del PP. Su homólogo en Ciudadanos, Albert Rivera, casi ha calcado la idea: "Por cada euro de IRPF que suba [Pedro] Sánchez, nos comprometerlos a bajarlo donde gobernemos". Tanto el uno como el otro afirman que compensarán la rebaja de impuestos porque al haber "más empleo" se recaudará más.

  La "revolución fiscal" del PP

Ni Casado ni Rivera se han quedado en meras declaraciones. Sus promesas han aterrizado en los programas. "Bajando impuestos se recauda más", señala el programa marco del PP para las autonómicas y municipales, que promete una "revolución fiscal" en línea con la "bajada masiva de impuestos" que abanderó durante su campaña en Andalucía Juanma Moreno, a la postre presidente de la Junta de Andalucía. El partido de Casado se compromete a eliminar el Impuesto de Sucesiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendente, así como entre cónyuges, sea cual sea la cuantía. Es una medida que favorece a los herederos de más de 1 millón de euros, como ya ha ocurrido en Andalucía. A esto se suman "medidas fiscales en favor de las familias" e "incentivos fiscales" para empresas "innovadoras". El PP se compromete a no crear ningún impuesto propio nuevo allí donde gobierne, así como a reducir el IBI en los municipios "hasta el mínimo legal". La puja municipal es especialmente radical en Sevilla, donde el candidato del PP, Beltrán Pérez, ha prometido convertir la ciudad en una "isla fiscal".

Donde más contundentemente se expresa la "revolución fiscal" del PP es en las autonomías. El partido se explaya en promesas de rebajas en cada programa regional. El caso más extremo es el de Madrid. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, presume de que su comunidad es la que tiene "los impuestos más bajos", al mismo tiempo que anuncia "la mayor rebaja de impuestos de la historia de Madrid". La candidata del partido gobernante anuncia rebajas del 5,5% en el pago del IRPF, así como bajadas en Sucesiones y Donaciones, ayudas fiscales a "familias", "por nacimiento, adopción y acogimiento" y "para el acceso a la vivienda". El programa del PP en Madrid ya presume de que en la comunidad la tarifa de IRPF es 4,5 puntos inferior a la vigente en Cataluña y Andalucía y de que Sucesiones y Donaciones está "prácticamente eliminado", pero se compromete a nuevas bajadas en ambos tributos y en Transmisiones Patrimoniales. El PP mantendrá la exención total del Impuesto de Patrimonio, otro hito fiscal de la comunidad.

En Castilla y León anuncia una "ambiciosa bajada" del tramo del IRPF, la eliminación de Sucesiones y Donaciones y el "compromiso" de no crear nuevos impuestos a familias, pymes y autónomos. "El PP eliminará la injusta sobrecarga fiscal que soportan los aragoneses con una bajada generalizada de impuestos", señala el PP en su programa. Otra vez están en el punto de mira IRPF, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, Patrimonio... Un esquema similar se produce en el resto de comunidades. En ocasiones hay variaciones locales, como la supresión del "céntimo sanitario" en Asturias.

El PP presume en su programa de la Región de Murcia de que "ha llegado a ser la comunidad con más bajos impuestos de España" (afirmación que también hace de Madrid). "Hemos reducido el IRPF y hemos suprimido Sucesiones y Donaciones", añade, con el compromiso de no crear más tasas, de "disminuir significativamente la presión fiscal a pymes, autónomos y emprendedores" y de seguir con las "desgravaciones fiscales" para el I+D+i. "Haremos de la Región de Murcia el mayor espacio de libertad económica de España", añade el programa. Pero hay un problema. Murcia, con 421 millones de déficit, un -1,34%, es junto con la Comunitat Valenciana la única que se pasa del -0,4% de objetivo de Hacienda para 2018. La comunidad, presidida por el popular Fernando López Miras, es la que peor dato presenta. Además la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señala que es "muy improbable" que cumpla el objetivo de 2019.

Estos riesgos no detienen la subasta fiscal, que se produce independientemente de que se trate de comunidades con un "muy probable" cumplimiento de objetivo de déficit (Canarias, Navarra) o con uno "muy improbable" (Murcia) o "improbable" (Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura).

  El "salvavidas naranja" de Cs

Cs pormenoriza menos sus bajadas de impuestos que el PP, pero la idea general es la misma. Frente a la "revolución fiscal" de Casado y los suyos, Rivera y los candidatos del partido naranja prometen un "salvavidas naranja", expresión que figura incluso en los programas autonómicos. Ignacio Aguado se compromete a "bajar a los madrileños" en el tramo autonómico cada impuesto que suba Sánchez. También a la "supresión definitiva del Impuesto de Sucesiones y Donaciones". Cs promete una "reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas" e "incentivos fiscales" para la inversión.

En comunidades como Castilla La Mancha Cs se ofrece como "salvavidas naranja frente a los sablazos de Sánchez y Podemos a la clase media". Al mismo tiempo, el partido de Rivera "garantiza" superávit al final de la legislatura. El esquema es similar en todos los programas autonómicos. Hay casos en que también se fija el compromiso de reducir impuestos propios. En Aragón Ciudadanos promete bajar un 50% el impuesto sobre la Contaminación de las Aguas. También en Murcia, pese al déficit disparado, promete Ciudadanos nuevas bajadas de impuestos.

En Navarra, donde PP y Cs se presentan en coalición –junto a UPN–, la candidatura resultante, Navarra Suma, también defiende un programa de rebajas fiscales.

  Vox, aún más rotundo y menos detallado

Vox es aún más rotundo –y menos detallado– en las promesas fiscales de su programa marco para las autonómicas: suprimir Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Plusvalías Municipales; rebajar un 5% el IRPF para todas las rentas. Hay más. Vox se compromete a "animar" desde las autonomías a los entes locales para que apliquen una reducción mínima del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para "familias con hijos" y exención del pago del mismo a las "familias numerosas". También a "incentivar las mejorar salariales, ventajas fiscales y/o beneficios sociales al personal sanitario del mundo rural".

El partido de Santiago Abascal se compromete también a introducir medidas de apoyo fiscal a la maternidad. Al igual que el PP y Cs, Vox no cuantifica el posible impacto en las arcas autonómicas de estas medidas.

  Tras la "competitividad fiscal" de Madrid

La competitiva lógica fiscal de la la derecha en la Comunidad de Madrid, que tiene la ventaja de partida de la capitalidad política y económica, lo cual atrae la sede de mayor número de empresas, determina ahora el discurso fiscal de PP, Cs y Vox. Está por ver el resultado. De momento, el PP azuza esa carrera. "Nos están contactando empresas de Madrid y Cataluña para instalarse en Andalucía", ha declarado esta semana el presidente andaluz, Juanma Moreno, en Antena 3. Según dijo, la razón de los empresarios es el independentismo en Cataluña y el temor a un gobierno de la izquierda en Madrid. 

La "competitividad fiscal" entre autonomías es un concepto defendido por los valedores de las tesis más partidarias de la desregulación. Los economistas críticos con el neoliberalismo han alertado de los riesgos que supone para la financiación de los servicios públicos. Diversas comunidades, caso de Andalucía –cuando estaba gobernada por el PSOE–, Comunitat Valenciana, Extremadura y Castilla-La Mancha han acusado al PP de practicar el dumping fiscal. Es decir, de atraer empresas y capitales altos mediante rebajas fiscales. La acusación ha ido especialmente dirigida a Madrid, señalada por Podemos y Más Madrid como un "paraíso fiscal" para los "ricos".

El informe Movilidad de los contribuyentes de rentas altas en respuesta a las diferencias regionales en los impuestos personales (2017), elaborado por los economistas Julio López Laborda y Fernando Rodrigo Sauco, indica que Madrid se beneficia de esta competencia fiscal a costa del resto de autonomías. El 59,3% de las migraciones económicas de rentas altas tiene como destino la Comunidad de Madrid. Más concretamente, el 45,6% de las migraciones a Madrid tiene como lugar de origen dos comunidades que no limitan geográficamente con ella: Andalucía y Cataluña. ¿Ha habido cambios desde la publicación del informe? "Aunque habría que estudiarlo con más detalle, Madrid sigue siendo en la actualidad la comunidad más atractiva en IRPF, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio", señala ahora López Laborda. Santiago Lago-Peñas cree que es "evidente" que "existe un flujo de contribuyentes de alto patrimonio hacia la Comunidad de Madrid por sus claras ventajas en imposición de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones".

  Financiación autonómica

La puja fiscal se produce a pesar de seguir sin resolverse la crisis del modelo de financiación autonómica, implantado en 2010 y caducado en 2014. La inestabilidad política y el conflicto sobre Cataluña, entre otros factores, mantienen en suspenso su renovación. Pero no impiden detectar ya, como hace el Consejo General de Economistas en su informe de febrero, que el modelo no ha logrado que la "corresponsabilidad" se establezca como eje central del sistema.

Santiago Lago-Peñas cree que el informe de la comisión de expertos "dibuja el abanico de medidas y actuaciones pendientes y urgentes". Y añade: "Existe un amplio consenso técnico. Lo que falta es el acuerdo político sobre algunas decisiones clave (como el grado de nivelación del sistema de metabolización del fondo de liquidez autonómica, el reparto de fuentes tributarias y recursos entre los distintos niveles de la Administración), pero el camino está bien trazado".

No es en los puntos que señala Lago-Peñas donde se está centrando el debate fiscal, sino en las rebajas fiscales. Y ello a pesar de que el sistema de prestación público da síntomas de agotamiento, como ha puesto de relieve esta semana el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales en 2018, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que señala que los servicios sociales necesitarían 1.300 millones para devolver la inversión a los niveles previos a los recortes presupuestarios derivados de la crisis. El informe concluye que la Comunidad de Madrid es la que tiene unos servicios sociales peor valorados.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este jueves los objetivos de déficit para el conjunto de las comunidades para los próximos tres años. La propuesta del Gobierno ha conseguido el respaldo de siete comunidades, mientras que otras seis se han posicionado en contra y la Comunidad Valenciana se ha abstenido, según han informado a Europa Press fuentes de la reunión.

Junto al Gobierno se han posicionado las comunidades de Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, Baleares y Extremadura, todas gobernadas por el PSOE, y Cantabria, del Partido Regionalista de Cantabria.

En contra han votado la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, controladas por el PP, además de Canarias, de Coalición Canaria. La Comunidad Valenciana, en la que gobierna el socialista Ximo Puig, ha registrado la única abstención de la votación.

Este ha sido el resultado alcanzado en el encuentro del Consejo que reúne a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y a los consejeros autonómicos del ramo, excepto Euskadi y Navarra. La cita ha estado marcada por la ausencia de la Generalitat de Cataluña.

La propuesta del Gobierno supone rebajar dos décimas el objetivo de déficit de las comunidades autónomas de cara al próximo año, de forma que pasará del 0,1% del PIB previsto al 0,3%, lo que se traducirá en un incremento de los recursos autonómicos de alrededor de 2.400 millones de euros.

Montero indicó la semana pasada que la nueva senda de estabilidad presupuestaria acordada con Bruselas contempla un déficit del 1,8% para 2019, por encima del 1,3% estimado con anterioridad. Lo que ha permitido que el Ejecutivo reparta entre las administraciones un aumento de estos objetivos.

Abstención de Comunidad Valenciana

El consejero de Hacienda valenciano, Vicent Soler, ha explicado al término del encuentro que su abstención, saltándose el sentido del voto del resto de autonomías controladas por el PSOE, se ha debido a que la propuesta de aumento de los objetivos de déficit resulta "insuficiente" para un territorio que "es el peor financiado de España".

Según ha explicado Soler, la situación de partida de la Comunidad Valenciana es muy diferente a la de otras comunidades y ha puesto el acento no tanto en la propuesta del Gobierno, que aplaude, sino en el propio diseño autonómico, que "ha repartido bien las competencias pero no los recursos". "Eso estamos camino de que se resuelva", ha concluido.

Reforma de la financiación autonómica

La propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de crear un grupo político de trabajo para la reforma de financiación autonómica, que se reunirá a partir de septiembre, ha sido recibida de manera dispar por las comunidades autónomas. Mientras que las gobernadas por el PSOE celebran que es un avance respecto a la situación con el Gobierno anterior, comunidades con gobiernos del PP creen que supone "comenzar de nuevo" los trabajos para la reforma, sin que se vaya a culminar antes de acabar la legislatura.

Al término del encuentro, el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, ha afirmado salir "muy satisfecho" porque considera que el Gobierno ha demostrado tener una concepción "más autonomista" de la relación con las comunidades y por el próximo inicio del debate político sobre la reforma del sistema de financiación gracias al grupo político propuesto por Hacienda.

Por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, su consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha indicado que a todas las comunidades les "corre prisa" la modificación del modelo y por eso ha aplaudido que, a partir de los informes técnicos, se vaya a comenzar a trabajar en ello. También ha mostrado su satisfacción con los objetivos de déficit y ha aplaudido que el Gobierno haya hecho "reparto equitativo" entre las distintas Administraciones Públicas.

La vicepresidenta de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, también ha destacado el "cambio sustancial en la actitud del Gobierno" respecto al de Mariano Rajoy y ha afirmado que todas las comunidades están de acuerdo en "la necesidad de contar con más y mejor financiación". En este sentido, Blanco-Morales ha considerado "saludable" el reparto de los objetivos de déficit, y además ha puesto en valor que la propuesta haya llegado por parte del Gobierno.

En representación del Gobierno de Aragón, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha apuntado que lo que se pretende es "tener un sistema de financiación ya definido", aunque por el momento los recursos para las comunidades no estén disponibles, y ve positivo que, mientras tanto, se vayan a discutir los sistemas de reestructuración de la deuda.

Según ha explicado, ya hay mucha información disponible y se conoce con precisión, por ejemplo, cuál es el gasto de cada comunidad, y lo que plantea Aragón es que, a la hora de plantear el nuevo sistema de financiación, se decida qué criterios se tienen en cuenta, se calcule el coste de los servicios en cada región y se decida cuáles son los criterios de solidaridad.

Gobiernos del PP alteran del endeudamiento

Por contra, las comunidades gobernadas por el PP se han mostrado escépticas con el grupo anunciado por la ministra y lo han enmarcado en un paso atrás de los trabajos para la reforma del modelo de financiación. En esta línea, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha señalado que los trabajos van a "comenzar de nuevo" con la reunión en septiembre de los directores generales para analizar las insuficiencias que tienen las comunidades autónomas. Para la popular, la senda de estabilidad marcada por el Gobierno va a ahondar el problema de endeudamiento de las comunidades autónomas. "Tenemos mucho endeudamiento y no necesitamos más", ha apuntado.

En similares términos se ha manifestado el consejero de Murcia, Fernando de la Cierva, quien ha asegurado que en el grupo de trabajo "nuevamente" se van a volver a tratar los temas de la financiación y en todo caso no va a haber una reforma urgente del sistema. "Como el presidente Pedro Sánchez ha dicho que no va haber reforma, pues no va a haber reforma", ha lamentado. De la Cierva ha tachado de "preocupante" este planteamiento, ya que para las comunidades peor financiadas supondrá prorrogar la reforma dos años, y "es mucho tiempo", ha recalcado. "Debería intentar abordarse una reforma urgente que la ministra reclamaba no hace tanto, cuando era consejera del Gobierno andaluz", ha recordado, criticando que "cuando Sánchez dice no, es que no".

Sin negociación bilateral

Pese a la presencia del resto de comunidades, a excepción de Navarra y País Vasco, que tienen su propio régimen fiscal, el conseller de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha asistido a la reunión después de remitir una carta a Montero en la que alude a una Comisión Bilateral para tratar el tema de la financiación de Cataluña.

Varios consejeros han aplaudido que la ministra haya sido firme con respecto a que esta exigencia, al apuntar que toda negociación de la financiación pasará por el CPFF, reiterando que no va a haber negociaciones bilaterales en esta materia, como reclama la Generalitat de Cataluña. "No habrá ningún tipo de cuestión bilateral" entre el Ejecutivo español y el Govern. "El entorno en el que se discuten las cuestiones relativas a la mejora de la financiación o reestrucutración de la deuda es el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha sentenciado Montero.

La consejera de Extremadura ha puesto en valor que la reunión haya servido para reafirmar "la centralidad" del Consejo como "órgano de decisión". "No caben decisiones bilaterales en cosas que son de interés común", ha recalcado. Al tiempo, ha tachado de "lamentable" y "vergonzoso" que Cataluña no haya estado presente en la reunión y ha pedido que, respetando sus estatutos, las comunidades forales también asistan en el futuro al CPFF.

De la misma forma, el consejero castellano-manchego ha reiterado que toda negociación va a ser en el seno del Consejo y "no va haber otra vía de negociación". "El modelo afecta a todas las comunidades y se deben tratar en el Consejo", ha dicho, defendiendo que la negociación va a ser "con luz y taquígrafos".

El vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comunicado este jueves por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que Cataluña no participará en la próxima reunión del pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), como asegura que le avanzó en el encuentro que mantuvieron el día 12.

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, asegura que la decisión se ha tomado por el "profundo desacuerdo con el mecanismo fijado para la toma de decisiones", que, según él, no deja margen de maniobra a las comunidades.

Aragonès apunta a que el consejo es "poco más que una reunión de trámite donde se notifican y oficializan" las posiciones del Estado, y no se permite un debate productivo.

Critica que la posibilidad de cambiar las propuestas del Gobierno son "remotas", ya que el Ministerio de Hacienda puede vetar cualquier postura discrepante con el planteamiento inicial, señala.

"Es incomprensible que los territorios no tengan un voto decisorio a la hora de acordar aspectos que son fundamentales para su financiación y funcionamiento", alerta.

Además, ha añadido que tiene poco sentido participar, ya que se han iniciado los trámites para convocar las comisiones bilaterales entre Generalitat y Estado, entre ellas la de Asuntos Económicos y Fiscales, que no se reúne desde 2010, y se ha abierto a tratar "alguna cuestión personalmente".

La deuda del conjunto de las administraciones públicas se situó en 1,160 billones de euros en el primer trimestre de 2018, lo que supone un nuevo récord y un incremento del 1,4% respecto al cierre de 2017, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

La deuda pública representa ya el 98,8% del PIBdeuda pública, medio punto por encima del 98,3% del cierre del pasado año, pero nueve décimas menos que la tasa registrada en el mismo periodo del año anterior (99,7% del PIB). En tasa interanual repuntó un 1,6%.

Por administraciones, la deuda de la Administración Central se situó hasta marzo en 1,027 billones de euros, lo que supone un incremento del 1,6% respecto al trimestre anterior y un repunte del 4,15% en tasa interanual. En porcentaje del PIB, la deuda del Estado se situó en el 87,5%, seis décimas por encima del trimestre previo.

Las comunidades autónomas, por su parte, elevaron su deuda hasta los 289.675 millones entre enero y marzo, un 0,5% más que el trimestre anterior y un 3,6% superior al dato del mismo periodo del año anterior. En cambio, en porcentaje del PIB, la deuda regional se situó en el 24,7%, una décima menos que en diciembre de 2017.

Las corporaciones locales, por el contrario, redujeron su deuda en el primer trimestre del año, hasta los 28.975 millones, ligeramente por debajo de los 28.955 al cierre de 2017 y un 9% inferior a la del mismo periodo de 2017. La deuda de los ayuntamientos se sitúa ahora en el 2,5% del PIB, el mismo porcentaje que en el trimestre previo.

Dentro de las comunidades autónomas, Cataluña (77.478 millones de euros), Comunidad Valenciana (45.433 millones), Andalucía (34.140 millones) y Madrid (33.489 millones) siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos en el primer trimestre. De las cuatro más endeudadas, sólo Madrid aumentó su deuda en el primer trimestre en 706 millones, mientras que las otras tres la redujeron.

A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (14.444 millones), Galicia (11.750 millones), Castilla y León (12.114 millones), País Vasco (10.752 millones), Islas Baleares (8.862 millones) y Murcia (8.944 millones).

Cierran la tabla Aragón (8.230 millones), Canarias (6.984 millones), Asturias (4.320 millones), Extremadura (4.598 millones), Navarra (3.568 millones), Cantabria (2.996 millones) y La Rioja (1.574 millones).

En porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 41,4%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha, con el 35,7%, y Cataluña con el 34,4%. En cambio, País Vasco (14,8%), la Comunidad de Madrid (15,1% del PIB) y Canarias (15,7%) son las que menor deuda tienen respecto al PIB.

Menos deuda en Madrid y Barcelona

En cuanto a los ayuntamientos, entre los que cuentan con más de 300.000 habitantes, Madrid, con una deuda de 3.371 millones de euros, sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, cifra que contrasta con el endeudamiento del ayuntamiento de Barcelona, situado en 813 millones en el primer trimestre. Ambas corporaciones locales han reducido su endeudamiento respecto al trimestre anterior.

El exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro ha confesado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la presunta financiación irregular del PP, que la empresa Constructora Hispánica, en la que trabajó durante dos años y que apareció en los papeles de Bárcenas como donante del PP, contrataba a jóvenes del partido como "contraprestación".

En su declaración de este martes recogida por Europa Press, Moro ha ratificado también ante el juez De la Mata que existía una "guerra de tesorerías" entre la formación política a nivel nacional y la Comunidad de Madrid, ya que el extesorero Álvaro Lapuerta quería controlar todas las adjudicaciones públicas.

Moro, que ha declarado como testigo, ha vertido una versión similar a la que ya ofreció el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González el pasado mes de diciembre, cuando compareció en calidad de testigo. El exmandatario regional contó ante el juez que cuando llegó a la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid comenzaron las tiranteces con el extesorero popular Álvaro Lapuerta y que descubrió que tanto éste como Luis Bárcenas estaban detrás de las adjudicaciones de la región.

Ahora, según han indicado fuentes presentes en la declaración, el que fuera delegado del Gobierno en la ciudad autónoma ha señalado que fue el propio Ignacio González quien le dijo que las adjudicaciones de obras pública "las centraliza el PP", porque así se lo indicó Lapuerta.

Moro ha expresado ante el juez instructor de la Audiencia Nacional que había una "guerra de tesorerías", "de consejerías", porque el extesorero quería tener el control de los contratos que adjudicaba la Comunidad de Madrid, liderada entonces por Esperanza Aguirre.

Es más, las mismas fuentes han destacado que el testigo ha contado que en relación a esta pugna que el extesorero —cuya responsabilidad está archivada por "demencia sobrevenida"— amenazó a González enseñándole la placa de comisario honorario que posee y diciéndole que iba a ser detenido.

González informó a Aguirre

El exdelegado del Gobierno también ha dicho que supo que González informó de esta situación por el control de las adjudicaciones a la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre, para que ella mediase al respecto. Moro se encuentra investigado en el caso Lezo por el cobro de presuntas comisiones ilegales después de la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II.

Por otro lado, Luis Vicente Moro ha afirmado que tuvo constancia de que Constructora Hispánica, empresa para la que trabajó entre 2006 y 2008, generaba dinero negro que se utilizaba para financiar a los conservadores.

De hecho, ha destacado que el expresidente de la mercantil Alfonso García-Pozuelo —uno de los acusados en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) y que aparece en los papeles de Bárcenas— tenía una relación estrecha con Lapuerta y Bárcenas, así como con el exministro y exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos y que la empresa contrató a gente "joven" del Partido Popular como "favor" y "contraprestación" a la formación política.

El juez De la Mata también ha tomado declaración como testigo al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega quien se ha manifestado en la misma línea que Moro. Al igual que declaró en el juicio por la primera etapa de la Gürtel, este martes ha insistido en que desde la tesorería del PP nacional le indicaron que adjudicase contratos públicos a "gente que colaboraba con la casa".

"Echar una mano" a empresarios

Explicó que al inicio de su etapa como alcalde recibió una llamada del extesorero del PP para que "echase una mano" a Licuas y Coarsa, empresas de Joaquín Molpeceres, quien aparece anotado también en los papeles de Bárcenas. Es más, recalcó ante el tribunal que su salida del Ayuntamiento se debió a que el empresario se quejó al extesorero de que Ortega no le adjudicó ningún servicio municipal.

Según contó Ortega, se enteró del verdadero motivo de su cese como alcalde por la exdiputada Carmen Rodríguez Flores, a quien se encontró en un restaurante cuando comía con Lapuerta y le comentó que había perdido su puesto en el Ayuntamiento por no haber favorecido a ese empresario.

Por su parte, la exdiputada, que compareció como testigo en el juicio por los primeros años de la Gürtel, negó haber realizado esas manifestaciones porque sus amigos (Lapuerta y Molpeceres) no hablaban con ella de temas laborales.

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, María del Pilar del Olmo (PP), recalcó este viernes que le parece "poco serio" tener que repetir la reunión con el Consejo de Política Fiscal y Financiera en una semana "por una décima más", pues el objetivo de déficit a las comunidades autónomas se han ampliado del 0,3% al 0,4% del PIB. Del Olmo, que calificó este aumento de "migaja", señaló, no obstante, que "evidentemente" votará a favor de ese nuevo objetivo, informa Europa Press. 

En cualquier caso, manifestó su deseo por saber qué ingresos tendrá Castilla y León. "Lo que quiero es que me digan exactamente cuántos van a ser los ingresos que va a tener mi comunidad, teniendo en cuenta el techo de gasto que se va a presentar. Eso es lo que quiero", afirmó. "No queremos endeudarnos más, lo que me interesa no es que nos den un décima más de déficit", añadió.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera –que reune al Gobierno y a las comunidades autónomas– aprobó este viernes los nuevos objetivos de déficit para las comunidades autónomas que el Ministerio de Hacienda propondrá a las regiones y que supone pasar de un déficit del 0,3% al 0,4% en 2018, del 0% al 0,1% en 2019 y registrar equilibrio presupuestario ya en 2020. 

Los nuevos objetivos de déficit fueron aprobados con el voto a favor del Estado, las comunidades autónomas del PP, Canarias y Ceuta y Melilla, frente al voto en contra de todas las regiones socialistas –Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana–, salvo Extremadura, que se abstuvo; y Cantabria. El consejero de Hacienda catalán no acudió a la reunión.

Galicia, con Montoro

Por su parte, el consejero de Hacienda de Galicia, Valeriano Martínez, expresó a la entrada del Consejo su aprobación a la nueva apuesta de Montoro, porque esta ampliación del déficit "supone 60 millones de euros más" para la comunidad autónoma. Asimismo, dijo que "no es tanto una cuestión de décima arriba y décima abajo", sino que puede suponer una ayuda para el plan estratégico gallego. "Todo lo que sea facilidades para las comunidades autónomas lo veo más que correcto", añadió Martínez, quien espera poder "utilizar toda la capacidad de financiamiento", pero "siendo suficientemente prudentes" por la consolidación fiscal.

Por otro lado, la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, reiteró la voluntad de apoyo a los objetivos del déficit que Coalición Canaria acordó este jueves con Montoro, aunque señaló que, a Canarias, la décima no le afecta, porque la comunidad autónoma alcanzará también, en 2018, el objetivo de estabilidad presupuestaria. El cambio en el voto de Canarias se produce después de que este jueves Montoro se comprometiese a que el superávit que este año puedan conseguir las islas se destine a inversiones productivas.

Este miércoles, el ministerio de Hacienda reúne a las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera con un orden del día polémico: la fijación de los objetivos de déficit de las comunidades autónomas para 2013. Se trata de una cifra que globalmente no podrá sobrepasar el 1,3% del PIB, pero que el departamento que dirige Cristóbal Montoro intentará cuadrar de forma individualizada con cada una de las regiones. Es lo que comunmente se conoce como "déficit a la carta" o "asimétrico".

Hasta la fecha, todas las comunidades tenían que cumplir una misma cifra. Una cantidad que en 2012 fue del 1,5% del PIB y que, según los últimos datos del ministerio, cumplieron las comunidades de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco. Ahora, el Gobierno ha cambiado de opinión y opta que los criterios sean diferenciados.

La cita de este miércoles viene precedida de grandes tensiones de las comunidades con Hacienda, por una parte, y de las comunidades entre sí. Una batalla que, principalmente, ha tenido lugar en el seno del Partido Popular, la formación que gobierna. No en vano, los conservadores ostentan gran parte del poder autonómico. 

Las comunidades del PP que más se han opuesto al denominado déficit a la carta son Extremadura y Madrid. Mientras que el bando contrario lo lideran los presidentes de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, y Murcia, Ramón Luis Valcárcel.

Fuentes del departamento que preside Cristóbal Montoro aseguran que desde que hace tres meses el tema entró en ebullición, representantes del ministerio se han reunido con miembros de las diferentes comunidades autónomas. Reconocen que se han acercado posturas. Pero no ocultan que se trata de un asunto "muy delicado" y que va a ser imposible contentar a todos los barones. "De lo que sí partimos es de la garantía de que las comunidades cumplidoras no van a ser castigadas y de que el objetivo de déficit marcado no va a poder ser superior a la cifra del año anterior, es decir a la de 2012".

El principal problema estriba en los enfrentamientos entre las comunidades cumplidoras, que se oponen como norma general a objetivos de déficit individualizados, y las comunidades que más se desvían de esas cifras, que se quejan de haber salido peor paradas en materia de financiación autonómica y de ahí el desfase de cifras. Este es uno de los principales argumentos de Fabra y Valcárcel.

Los presidentes autonómicos han empezado ya a calentar la cita poniendo sobre la mesa las cifras que, a su juicio, deberían ser las establecidas por Hacienda para sus regiones en 2013. Es el caso, por ejemplo, de Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña. Este mismo lunes advirtió de que vería "insuficiente" que el déficit de Cataluña para el año en curso se situara entre el 1,5 y el 1,7%. advirtió de que vería "insuficiente" que el déficit de CataluñaAl respecto, mantuvo que lo idóneo sería que se situara en torno al 2% o incluso por encima, según informa Europa Press.

Esta petición sería irrealizable de cumplirse el precepto de Hacienda según el cual ninguna comunidad podrá superar la cifra de déficit del año anterior, que en el caso de la comunidad que preside Mas fue del 1,96% del PIB. Consciente de ello, Mas lanzó un órdago a Montoro. Según dijo, si el objetivo que se le marca desde Madrid no es el "razonable" el Govern mantendrá la prórroga presupuestaria durante todo el año.

Precisamente, los barones del PP contrarios a los objetivos de déficit diferenciados, una rebelión que en su día encabezó el extremeño José Antonio Monago, consideran que este nuevo sistema es una cesión del Gobierno a Cataluña a cambio de que la comunidad ceda en sus pretensiones soberanistas.

Premiar a quienes más recorten

Hace un mes, el Gobierno presentó el informe para la reforma de las administraciones públicas. En este informe, Hacienda hace una serie de recomendaciones a las comunidades autónomas para que supriman organismos y que las funciones las asuma el Gobierno central. Es el caso de los defensores del pueblo o los tribunales de cuentas autonómicos.

El departamento que preside Montoro es consciente de que las competencias autonómicas hacen que el informe de la Comisión para la Reforma de la Administración Autonómica (CORA) se convierta en meras recomendaciones o consejos. Pero ya ha avanzado que pretende premiar en lo que a cumplimientos de objetivo de déficit se refiere a las regiones que se sumen a estas medidas.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha advertido este lunes de que vería "insuficiente" que el déficit de Cataluña para este año se situará entre el 1,5 y el 1,7%, y ha reclamado que se acerque más al 2% o incluso supere esta cifra.

Lo ha dicho en la rueda de prensa en la que ha presentado el nuevo portal de transparencia de la Generalitat, y ha anunciado que el Govern se reunirá el martes 6 de agosto –"En lugar de estar de vacaciones", ha subrayado– para valorar y decidir si el déficit fijado le permite hacer presupuestos para este año o no.

El presidente catalán ha explicado que en esta cuestión existe plena sintonía con ERC, su socio parlamentario, ya que comparten que si el objetivo de déficit no es "razonable", el Govern mantendrá la prórroga presupuestaria todo el año y se dedicará a preparar los presupuestos de 2014.

Mas ha argumentado que si el objetivo de Cataluña no se sitúa finalmente en este 2% o es algo superior, se estaría obligando a la Generalitat a hacer "recortes muy duros" que afectarían muy negativamente a sus políticas sociales.

El presidente catalán ha explicado que la Generalitat ya contempla que de nuevo deberá hacer unas cuentas con recortes, pero ha añadido que su objetivo es tener un margen de déficit que no implique que estos recortes afecten "al esquema básico del Estado del bienestar".

El gobierno catalán fija así su posición dos días antes de que se reúna este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunión que debería servir para fijar el déficit público que las comunidades españolas deben cumplir para este año.

El presidente catalán ha asegurado que la posición de ERC en cuanto a los presupuestos no ha variado en todos estos meses, y que tanto él como el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, coinciden en que "es mejor" tener presupuesto que no tenerlo.

Sin embargo, ambos también coinciden, según Mas, en que no harán un presupuesto de 2013 a cualquier precio si no comparten el objetivo de déficit, por lo que, si no hay cuentas este año, las negociaciones presupuestarias entre ERC y el Gobierno catalán pasarían a ser sobre las cuentas de 2014 y no las de 2013.

En medio de la polémica entre barones del PP sobre los objetivos de déficit, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha salido este domingo a poner condiciones al denominado 'déficit a la carta'.

Hasta la fecha el presidente gallego, se había mostrado en contra de que las comunidades cumplieran objetivos diferenciados. Una estrategia que comparte con otros compañeros de partido como el madrileño Ignacio González, la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, o el extremeño José Antonio Monago.

Feijóo ha declarado en una entrevista concedida a Faro de Vigo, que ve “muy peligrosa la palabra asimétrico”, porque “el déficit asimétrico no puede ser el antecedente de una financiación asimétrica”. Asimismo, ha resaltado que considera “razonable” que “a algunas se les deje endeudar más, pero sin negociaciones bilaterales, en base a criterios económicos y con el mismo objetivo final de déficit y la misma fecha”.

Además, ha añadido que dichas ventajas para comunidades cumplidoras tienen que ser “por ejemplo, en materia de inversiones como infraestructuras hidráulicas o en partidas de innovación”. El líder conservador ha remarcado que las compensaciones nombradas fueron planteadas en una reunión de partido. Aun así, ha dejado claro que “se negocia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, puesto que “Génova no tiene legitimidad para llegar a acuerdos en nombre de comunidades que no están gobernadas por el PP”.

Hace una semana, el presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, convocó a los presidentes autonómicos de su partido a un almuerzo en la sede nacional. La intención era establecer unos criterios comunes en lo que el cumplimiento de los objetivos de déficit se refiere. Pero fue imposible. Las diferencias entre los barones del arco Mediterráneo (Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana), y el resto, hicieron que la reunión terminara sin acuerdo. En este escenario, el presidente del Gobierno, aplazó la decisión definitiva al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará a finales de junio o principios de julio.

Antes de esta fecha, existe el compromiso por parte del Ministerio de Hacienda, de reunirse con todos los presidentes autonómicos independientemente del color político a fin de pactar una postura consensuada. La advertencia del Gobierno, no obstante, es que, si no hay acuerdo, impondrá una solución. Esta se decanta por objetivos diferenciados.

Feijóo apunta que lo más importante es que en 2015 todas las comunidades tengan el mismo déficit. “Lo que se discute es la senda”. Por ello, el déficit que se fije debe “seguir siendo objetivo para todas, y pactado por todas las autonomías en el CPFF”. Por esta razón, ha señalado que el objetivo de la Xunta es “no agotar el 1,2 por ciento de déficit que se tiene para este año”.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se comprometió este jueves ante las Comunidades Autónomas a flexibilizar su objetivo de déficit para 2013 (0,7%) en cuanto Bruselas confirme que da más margen a España, así como a estudiar la fijación de objetivos individuales para cada región.

Montoro hizo estos anuncios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), insistió en la importancia de que Bruselas dé a conocer "cuanto antes" los nuevos objetivos de España para empezar a trabajar, informa Europa Press.

El ministro aseguró que el Gobierno está dispuesto a compartir este margen adicional, aunque no especificó qué proporción del margen adicional será para ellas.

Cuestionado por si este margen adicional requerirá nuevas medidas de ajuste, el ministro sostuvo que lo "importante" es la corrección del déficit en términos estructurales, algo que está garantizado en 2013 con las medidas ya aprobadas.

"Cumplir sobradamente"

"Vamos a cumplir sobradamente", dijo Montoro, quien resaltó además la necesidad de no agudizar la recesión económica y de seguir ajustando las cuentas sin provocar más crisis.

Por otro lado, el Consejo de Política Fiscal dio luz verde a la constitución de tres grupos de trabajo que estudiarán la fijación de los objetivos de déficit, el sistema de financiación autonómico y la reforma de la administración.

El primero de los grupos de trabajo, que tendrá que trabajar muy rápido porque España debe presentar su plan de estabilidad antes de acabe abril, analizará si es mejor que las comunidades cuenten con un objetivo común o que dispongan de un objetivo individual tras las diferencias observadas en 2012.

En este sentido, el ministro explicó que, a pesar de que todas las comunidades redujeron el saldo negativo de sus cuentas el año pasado, hubo una diferencia "amplísima" que no se había visto antes y que supone una "gran ocasión" para reflexionar sobre si se deben fijar los objetivos de otra forma o no sin prejuzgar ningún resultado.

Esta iniciativa goza del visto bueno de comunidades como Cataluña y la Comunitat Valenciana. Mientras, otras regiones que ya cumplen los objetivos acordados rechazan que se abra esta posibilidad. Es el caso de Madrid y Castilla y León.

Mejorar la liquidez

Preguntado por si el Gobierno estudia nuevas formas de mejorar la liquidez de las comunidades, Montoro respondió que tiene intención de facilitarla "al máximo" para lo que estudiará los resultados de los mecanismo puestos en marcha el año pasado, como el plan de proveedores.

"Una vez conseguido un avance en el objetivo de déficit la intención es que se pague cuanto antes lo que se debe", ha señalado el ministro, tras asegurar que trabajarán con las comunidades para desarrollar una propuesta "cuanto antes".

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha comprometido ante las Comunidades Autónomas a flexibilizar el objetivo de déficit establecido en el 0,7%en cuanto Bruselas confirme que da más margen a España.

El titular de Hacienda ha confirmado así este jueves ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera reunido en Madrid.lo que ya había venido anunciando en las últimas semanas, informa Europa Press.

Por otro lado, todas las Comunidades Autónomas han aceptado crear un grupo de trabajo que estudie cómo establecer objetivos de déficit diferentes para cada una de ellas, a pesar de las fuertes críticas manifestadas desde gobiernos como el de la Comunidad de Madrid y Castilla y León.

Por unanimidad

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha celebrado este jueves en Madrid una reunión en la que todos puntos del orden del día se han aprobado por unanimidad, incluido éste que supone el desarrollo del artículo 16 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, que abre la puerta a establecer objetivos de déficit diferentes.

La creación de este grupo de trabajo no presupone, sin embargo, que esa diversidad de objetivos se vaya finalmente a aprobar.