El 'zar' de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, anunció este jueves el fin del despligue masivo de agentes de inmigración en el estado de Minnesota, en el que dos estadounidenses perdieron la vida a manos de esos efectivos, informa EFE.

"Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin", explicó Homan sobre el fin de la denominada Operación Metro Surge en una rueda de prensa en Minneapolis.

Noticia en ampliación

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos podría entrar en cierre administrativo a partir del viernes si continúa en el Congreso el bloqueo demócrata a su financiación, que amenaza con poner en vilo el futuro de los operativos migratorios que dependen de esta cartera.

El Partido Demócrata exige mayor transparencia en las redadas migratorias que el presidente, Donald Trump, ha puesto en marcha desde su regreso al poder para detener y deportar a migrantes indocumentados, y que ya se han saldado con dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis.

Pero la oposición de los demócratas no es el único obstáculo para extender o aprobar la financiación del DHS; la bancada republicana también vive un cisma entre su línea más dura y el ala moderada que amenaza el futuro del acuerdo.

De momento, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, respalda un proyecto de ley de financiamiento anual, mientras el líder de la mayoría en el Senado, el también conservador John Thune, planea avanzar con una medida provisional.

El DHS ha asignado en los últimos años unos 10.000 millones de dólares (unos 8.400 millones de euros) anuales al ICE para su funcionamiento. Esta es la partida que el Congreso está bloqueando actualmente.

Sin embargo, el ICE posee un cojín complementario gracias a la ley One Big Beautiful Bill (Gran y hermosa ley) aprobada el año pasado, que otorgó a la agencia migratoria un fondo suplementario de 75.000 millones de dólares (unos 63.000 millones de euros).

En caso de cierre del DHS, las acciones del ICE no se detendrían por completo, sino que podrían mantenerse gracias al dinero que contempla esa ley hasta que se agotase el fondo.

El voto favorable de los demócratas, o al menos de algunos de sus miembros, es necesario para aprobar la financiación del DHS. Los republicanos ostentan una mayoría en ambas cámaras, pero requieren 60 votos para que este tipo de medidas salgan adelante y tan solo poseen 53 asientos en el Senado.

Para dar luz verde a los presupuestos del DHS, el Partido Demócrata pide que se prohíba a los agentes del ICE entrar en hogares sin una orden judicial, exigirles que estén claramente identificados, que utilicen cámaras corporales para que sus actos queden registrados y no usen máscaras durante las redadas.

Además, reclaman el fin del perfilado racial, deteniendo a personas únicamente por su apariencia física o raza, y limitar los arrestos en la vía pública o en lugares sensibles como escuelas o iglesias.

La representante demócrata Rosa DeLauro presentó este miércoles un proyecto de ley para financiar completamente todas las agencias del DHS, excepto el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina del Secretario.

El ala moderada del Partido Republicano se ha mostrado abierta a algunas reformas propuestas por los demócratas, como el uso de las cámaras personales, pero la parte más radical de la formación las ha tachado de "poco realistas y poco serias".

Thune insiste en avanzar con una medida provisional para garantizar las operaciones migratorias, mientras que Johnson sostiene que esa postura es una concesión a los demócratas y aboga en su lugar por seguir adelante con una propuesta de financiación anual para el DHS que ya ha sido aprobada en la Cámara de Representantes.

En caso de que se imponga la propuesta provisional, varios republicanos han expresado su deseo de que dure hasta el final del año fiscal, el 30 de septiembre.

El Congreso aprobó la semana pasada la ley presupuestaria que permitió la reactivación del Gobierno Federal tras un fin de semana de cierre, pero solo encontró consenso en extender los fondos del DHS hasta este viernes.

En caso de que el bloqueo se mantenga pasada esa fecha, el departamento entraría en un cierre indefinido hasta que se alcanzara un acuerdo.

No obstante, los servicios esenciales, como el personal de la Patrulla Fronteriza, agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte en aeropuertos y servicios de emergencia seguirían en activo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también suele permanecer abierto puesto que opera con las tarifas que los usuarios pagan por sus trámites. 

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace más de un año, la policía de inmigración (ICE, Immigration and Customs Enforcement) se ha convertido en una milicia paramilitar con poderes sin igual, sembrando el terror en las ciudades estadounidenses, como actualmente en Mineápolis. Todo ello al servicio de la promesa electoral del presidente de expulsar a un millón de personas al año.

Dotada de un presupuesto considerable —menos de 6.000 millones hace diez años, frente a los 85.000 millones de dólares (más de 71.000 millones de euros) actuales, lo que la convierte en la agencia federal mejor dotada—, opera con total impunidad en nombre de la lucha contra la inmigración ilegal. También gestiona de forma totalmente opaca una red de prisiones en las que se encuentran recluidas más de 70.000 personas, una cifra récord desde su creación hace más de veinte años, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre.

El ICE también ha contratado a 10.000 personas en menos de un año, lo que ha supuesto más que doblar su plantilla, hasta alcanzar los 22.000 agentes. “Con estos nuevos patriotas en el equipo, podremos lograr lo que muchos decían que era imposible y cumplir la promesa del presidente Trump de devolver la seguridad a Estados Unidos”, se jactó la agencia en un comunicado.

Para reclutar personal, las publicaciones de la ICE en las redes sociales utilizan los memes habituales de los grupos de extrema derecha y supremacistas blancos. Un documento interno revelado por The Washington Post muestra que se busca a personas que hayan asistido a combates de MMA (artes marciales mixtas), hayan mostrado interés por las armas de fuego o hayan escuchado “podcasts patrióticos”.

Desde hace varios meses, la ciudad de Mineápolis es objeto de redadas por parte de agentes de la ICE, que se desplazan enmascarados y armados, a bordo de vehículos camuflados. Llevan a cabo redadas en plena calle, sin dudar en matar a quienes se atreven a interponerse en su camino, como Renee Good, una mujer de 37 años asesinada a principios de enero en esa gran ciudad del estado de Minesota. Justo después de su muerte, el Wall Street Journal calculó que los agentes federales habían abierto fuego contra vehículos civiles en trece ocasiones, causando al menos ocho heridos y dos muertos.

El sábado 24 de enero, un agente de otra fuerza federal del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, por sus siglas en inglés), mató a Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en una unidad de cuidados intensivos.

El lunes 26, Donald Trump anunció que enviaría a su asesor de inmigración, Tom Homan, apodado el “zar de las fronteras”. “No ha estado implicado en esta zona, pero conoce y aprecia a mucha gente allí. Tom es severo pero justo y me informará directamente”, escribió el presidente en su red Truth Social.

Según los medios de comunicación estadounidenses, sustituye al jefe de la policía fronteriza, Gregory Bovino, una figura controvertida que, antes de Mineápolis, había dirigido operaciones en Chicago.

Trump también se reunió con Tim Walz, gobernador demócrata de Minesota, y Jacob Frey, alcalde de Mineápolis, lo que podría significar una voluntad de apaciguamiento por parte del Gobierno federal.

Desde el regreso de Donald Trump a principios de 2025, el ICE ha utilizado armas al menos setenta veces en sus redadas, matando a cinco personas e hiriendo a otras diez

La mayoría de estas redadas violentas (49) se concentran en tres estados gobernados por el Partido Demócrata: Illinois (22), California (15) y Minesota (12).

Fuente: The Trace. Creado con Datawrapper. © Infografía Mediapart

El ICE ha contado con la indulgencia de la Administración Trump, que justifica todas sus acciones, a pesar de que pueden violar varias enmiendas de la Constitución, la primera (libertad de expresión), la segunda (derecho a portar armas) y la cuarta (prohibición de registros sin orden judicial). Incluso cuando los vídeos demuestran lo contrario, el presidente americano y sus fieles, entre ellos la ministra de Seguridad Interior, Kristi Noem, culpan a las víctimas, acusándolas de ser peligrosos “terroristas internos” o “agitadores profesionales”.

“No me gusta que haya tiros, de verdad”, declaró Donald Trump, entrevistado el domingo por The Wall Street Journal. “Pero tampoco me gusta que alguien participe en una manifestación con un arma muy potente, cargada al máximo y con dos cargadores llenos. Eso tampoco da buena impresión”.

Como puso de manifiesto en agosto una investigación de la web The Trace, junto con Business Insider y Type Investigations, los agentes del ICE gozaron de total impunidad ya durante su primer mandato. Los periodistas de The Trace trabajaron en el periodo comprendido entre 2015 y 2021. El título del artículo resume bien la situación: “Armados e intocables: la historia del uso de la fuerza letal por parte del ICE”. Según su investigación, murieron 23 personas en 59 tiroteos provocados por agentes, sin que se iniciaran acciones judiciales.

Al comienzo del segundo mandato de Donald Trump, el ICE disponía de un presupuesto de 3.400 millones de dólares para alojar a los detenidos en 41.500 camas, mientras que la Casa Blanca preveía detener a decenas de miles de personas al mes. El decreto presidencial del 20 de enero, "Proteger al pueblo estadounidense de la invasión", ordenaba al ICE asignar “todos los recursos legalmente disponibles” para ampliar la red de centros de retención y detención.

Debido al aumento exponencial del número de encarcelamientos y a la falta de fondos del ICE, el Congreso aprobó en julio de 2025 un presupuesto de 45.000 millones de dólares hasta 2029 para que la policía de inmigración gestione sus prisiones. El sistema ha crecido “a un ritmo sin precedentes”, según destaca una investigación publicada este mes de enero por el American Immigration Council, una organización de apoyo a los migrantes.

El sistema de detención gestionado por el ICE podría incluso llegar a superar la red de prisiones federales al final del segundo mandato de Trump, en 2028. Entre enero y noviembre de 2025, el número de centros pasó de 114 a 208, lo que supone un aumento del 91%, y la mayoría de ellos albergan a una media de hasta 100 personas al día.

En los centros de detención del ICE murieron 32 personas en 2025, el peor balance en más de dos décadas

Gráfico: Mediapart. Fuente: The Guardian. Creado con Datawrapper

“Esas nuevas estructuras van desde pequeñas cárceles del condado con unas pocas camas hasta prisiones estatales anteriormente cerradas, con capacidad para más de 2.000 personas, pasando por campamentos de tiendas de campaña recién construidos en bases militares, con capacidad para hasta 5.000 personas”, escribe el American Immigration Council. “Esa capacidad también se ha incrementado con nuevos centros de detención gestionados por el Estado, entre ellos el tristemente célebre centro ‘Alligator Alcatraz’, el primer centro de detención de inmigrantes de un estado que no funciona bajo contrato con el ICE”.

El ICE contrata a empresas privadas. En marzo, firmó un contrato con GEO Group para que reabriera una prisión que había sido cerrada en la zona rural de Michigan. Se ha acuñado un término para todos estos lugares abandonados que vuelven a abrir debido a la demanda de plazas: las "prisiones zombis". A finales de agosto, el grupo CoreCivic abrió un “centro de tratamiento” en California, en un lugar que hasta 2023 albergaba una prisión de ese estado. Tiene una capacidad de 2.560 camas, lo que lo convierte en el mayor centro de detención del ICE.

De 40.000 detenidos a la llegada de Trump en enero de 2025, ha pasado a una cifra récord de 73.000 a mediados de enero de 2026.

Debido a la ofensiva antiinmigración, caracterizada por la multiplicación de redadas y operaciones, se observan cada vez más detenciones, incluso de personas que no han cometido ningún delito y que tienen la nacionalidad estadounidense. El objetivo, contrariamente a lo que se proclama, no es combatir la delincuencia, sino presionar a los migrantes que han iniciado los trámites de asilo para que renuncien a ellos y abandonen el país voluntariamente, instaurando un clima de terror.

Este sistema se ha vuelto aún más opaco después de que la Administración Trump limitara toda supervisión interna y externa. En primer lugar, cargando contra los organismos de control interno cuya tarea era velar por que los detenidos fueran tratados con dignidad. Ante el escándalo provocado en marzo de 2025 en el Congreso por el anuncio de la supresión de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Interior y de la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes (OIDO), Trump dio marcha atrás. Pero recortó el personal: el primer organismo pasó de 150 empleados a 22, y el segundo, de 110 a 10, impidiéndoles trabajar con eficacia. A continuación, se imposibilitó a los congresistas realizar visitas sorpresa a las instalaciones gestionadas por el ICE.

En un artículo publicado el 13 de enero, especialistas en políticas de inmigración señalan que, en un año, la Administración Trump ha “puesto en marcha algunas de las reformas migratorias más profundas de la historia moderna, y la Administración dispone de tres años para amplificar su impacto”. “Queda por ver si estos cambios serán solo un paréntesis o una transformación radical del futuro del país”, concluyen.

En 2025 murieron 32 personas en los centros de detención del ICE, lo que lo convierte en el año más mortífero desde 2004. Otro triste récord batido por la Administración Trump.

No obstante, los objetivos presidenciales no se han cumplido. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en diciembre que se había deportado a 622.000 personas indocumentadas, muy lejos del millón prometido por Trump. Durante el último año del mandato de Joe Biden, su predecesor, fueron repatriadas a sus países 778.000 personas.

Traducción de Miguel López

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, afirmó este jueves que el agente de inmigración que mató en la víspera a una mujer en la ciudad de Mineápolis "está protegido por inmunidad absoluta" y acusó a la fallecida de ser una activista "víctima de la ideología de izquierda" que trató de atropellar al funcionario con su vehículo, informa EFE.

"Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El número dos del presidente, Donald Trump, cargó contra el gobernador de Minnesota y excandidato demócrata a la Vicepresidencia, Tim Walz, al que acusó de "perseguir" al agente y "a hacerle la vida imposible por haber hecho el trabajo que se le encomendó".

También acusó a la prensa de tergiversar los hechos. "Nunca he visto un caso tan mal representado y tan mal informado", indicó en consonancia con los ataques previos de la Administración a los medios. "Ese mismo agente de ICE casi pierde la vida hace seis meses, arrastrado por un coche, y recibió 33 puntos de sutura en la pierna. Así que, ¿creen que quizás esté un poco sensible ante la idea de que alguien lo embista con un automóvil?", agregó.

Vance también repitió las acusaciones de Trump contra la fallecida, una estadounidense de 37 años identificada como Renee Good, a la que el presidente calificó de "agitadora profesional".

Miembros del Gobierno republicano como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han acusado a Good de "terrorismo interno" porque, según ellos, iba a atropellar a los agentes con su auto, pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, negó esta versión al sostener que los oficiales la mataron de forma injustificada.

"Tenemos el caso de una mujer que dirigió su coche hacia un agente de policía y pisó el acelerador. Nadie lo discute. Puedo considerar que su muerte es una tragedia y, al mismo tiempo, reconocer que es una tragedia provocada por ella misma", dijo este jueves Vance, a pesar de que la investigación sobre el incidente aún está en curso.

Good falleció este miércoles tras ser disparada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras maniobraba con su auto en medio de una redada migratoria, enmarcada en la campaña ordenada por Trump en ese estado de medio oeste estadounidense.

El hecho ha elevado las ya existentes protestas contra ICE en Mineápolis, donde al menos ocho personas quedaron detenidas este jueves al inicio de la segunda jornada de manifestaciones por la muerte de la mujer, según confirmaron varios testigos a EFE.

El gobernador Walz declaró este miércoles una emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse para responder a las manifestaciones, mientras las escuelas públicas de la ciudad han cancelado las clases lo que queda de semana por seguridad.

Una mujer fue asesinada este miércoles tras ser disparada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota, en una manifestación por las crecientes redadas racistas en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El hecho ocurrió mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde el DHS reportó la detención de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria en lo que va del año. Residentes de Minnesota protestaban este miércoles contra las redadas, que se llevan a cabo sin juicio y sin garantizar los derechos humanos, tal y como indican organismos como Amnistía Internacional.

El asesinato, grabado en vídeo, muestra como la víctima intentaba huir en su coche a poca velocidad, y un agente del ICE introduce su arma por la ventana disparando directamente en la cabeza a la mujer.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunció tras el tiroteo de ahora que "la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad". "Estamos demandando que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas", señaló el demócrata en X. Frey, acusó este miércoles al ICE de "estar matando gente", además de exigirles que "se vayan al carajo" ("get the fuck out").

El alcalde, del Partido Demócrata, tachó de "mierda" el argumento del DHS de que los agentes dispararon a la mujer de 37 años, aún no identificada, como un acto de defensa propia durante la protesta. "No están aquí para causar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente", denunció en una rueda de prensa.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, señaló que la mujer, aún no identificada, era "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos", lo que calificó de un "acto de terrorismo interno", por lo que un agente de ICE que "temía por su vida" realizó "disparos defensivos". "La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo", indicó en sus redes sociales la funcionaria, quien no reveló la identidad ni la nacionalidad de la víctima. La subsecretaria del DHS denunció que "los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE". La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, del partido republicano, también defendió que los agentes dispararon a matar "en defensa propia".

El incidente recuerda a uno similar que sucedió en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que "intentó conducir su vehículo" contra ellos, mientras que en octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

Los hechos ocurren en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato demócrata a la vicepresidencia de EE.UU. en 2024, Tim Walz, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

Ante este escándalo, la cadena CNN adelantó el lunes que la Administración del presidente Donald Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.

El Tren de Aragua, la organización criminal más violenta de Sudamérica, ha desembarcado en España. Así lo constata la operación que acaba de desarrollar el Cuerpo Nacional de Policía, que, en conexión con la policía de Colombia en el marco del proyecto Ameripol, consiguió desmantelar una célula que se había extendido por todo el país para traficar con su droga favorita: la cocaína rosa, también llamada tusi. La acción policial partió de la caída en marzo de 2024 de Cheison Guerrero, hermano del máximo exponente de la organización, alias Niño Guerrero.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a trece personas que, presuntamente, conformaban la célula del Tren de Aragua en España. Ocho de los arrestos han sido realizados en Barcelona, dos en Madrid y los restantes en Girona, A Coruña y Valencia. Además, se han llevado a cabo cinco registros en Barcelona, dos en Madrid y uno en A Coruña y Girona, donde se han intervenido diversas cantidades de drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor. También se han desmantelado dos laboratorios de la sustancia conocida como tusi, muy habitual en el desarrollo criminal de esta organización.

La desarticulación responde a la segunda fase de la operación Interciti, realizada a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano de Niño Guerrero –líder de la organización a nivel mundial y por el que Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares– en virtud de una Orden Internacional de Detención en vigor interpuesta por las autoridades venezolanas por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Tras su localización y detención, los investigadores se centraron en determinar si el arrestado, que se había instalado en España, intentaba implantar y expandir su estructura en nuestro país, con el fin de operar a semejanza de cómo lo hace en los países del continente americano de donde es originaria. Fruto de la investigación, los agentes detectaron un entramado de personas ubicadas en diferentes partes del territorio nacional que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína.

La célula tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional. Los arrestados se dedicaban al 'cocinado' de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

Los investigadores continúan las pesquisas encaminadas a detectar otros miembros del entramado, analizando todos los efectos intervenidos en los registros y, muy especialmente, las ramificaciones internacionales de esta organización, que se caracteriza por su componente de actividad transnacional. Ello se enmarca dentro del grupo de trabajo creado en la Policía Nacional para combatir este fenómeno delincuencial, en cuyo seno se llevan a cabo este tipo de investigaciones.

La investigación se encuentra bajo la dirección de titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, quien ha decretado el ingreso en prisión para cuatro de los arrestados.

El Tren de Aragua es un grupo criminal originario de Venezuela considerada la banda criminal más poderosa del país. Hasta hace unos meses tenía su centro de operaciones en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), sito en la región centro de ese país iberoamericano.

Esta organización lleva a cabo asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas, entre otros delitos. Se considera que tuvo su génesis en el sindicato de obreros que trabajaban en la construcción del tramo del Ferrocarril de Venezuela que recorría los estados Aragua y Carabobo, de ahí su autodenominación como Tren de Aragua. Tras el inicio del proyecto en 2005, el sindicato cobraba por la asignación de puestos de trabajo y extorsionaba a los contratistas. El grupo fue ampliando sus actividades criminales y cuando la construcción se paralizó en 2011, el sindicato ya actuaba como una banda criminal.

Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos introduciéndose con el tráfico de migrantes en las áreas fronterizas de varios países. Asimismo, presuntos miembros del grupo se han asentado en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países. Sin embargo, el Tren de Aragua, como se le conoce hoy en día, no se consolidó hasta 2013, cuando Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias Niño guerrero, fue encarcelado en la Prisión de Tocorón y estableció alianzas con miembros del sindicato. Allí escaló rápidamente en la jerarquía penitenciaria hasta convertirse en 'Pran', como se les conoce a los líderes carcelarios en Venezuela.

Diversos factores ayudaron a que el grupo criminal se fortaleciera. Por una parte las reformas penitenciarias que dictó en 2013 la entonces ministra de prisiones pero que nunca fueron aplicadas en Tocorón. Así, Guerrero empezó a cobrar la «causa» o impuesto mensual que los presos debían pagar al 'pranato' y cuyos ingresos permitieron la construcción de gimnasios, piscinas, parques infantiles, restaurantes, discotecas y otras obras dentro de la prisión.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha dado cuenta este miércoles de todos los detalles alrededor de la investigación que acabó con la detención en una lujosa vivienda de Ibiza de Pablo Prada, alias Black Jack, hombre fuerte del Clan del Golfo en España, además de cuatro de sus personas de máxima confianza, dos de ellas en Madrid y dos más en Colombia.

La investigación se inició en el año 2022, cuando se logró identificar a varios narcos invisibles, también llamados de cuarta generación, responsables de coordinar y organizar la mayor parte de la cocaína que cada año inunda los puertos europeos. Se calcula que tenían capacidad para introducir 120.000 kilos al año. Junto a Prada, entre otros, se centraron pesquisas sobre Carlos Zuloaga, que también operaba desde España.

Los llamados narcos invisibles se caracterizan por evitar cualquier exposición pública y operan detrás de estructuras empresariales aparentemente legales. No aparecen en investigaciones tradicionales ni participan directamente en la infraestructura logística, utilizando intermediarios y testaferros para evitar ser detectados. Su perfil bajo y su movilidad internacional les ha permitido permanecer años sin ser identificados por las autoridades.

Se estima que esta red era responsable de transportar anualmente unas 120 toneladas de cocaína a Europa desde Colombia, utilizando los principales puertos de Holanda, Bélgica y España. Además, habían establecido alianzas estratégicas con organizaciones criminales locales en Panamá, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, empleando estos países como plataformas de tránsito para ofrecer envíos a la carta a sus clientes europeos.

Tenían contacto directo, como se ha informado, con la cúpula del Clan del Golfo, considerado una de las mayores organizaciones criminales del mundo. De esta manera, se garantizaban el abastecimiento de cocaína en grandes cantidades.

Los principales líderes de la organización desempeñaban su actividad entre Dubái, España y Colombia, y habían constituido distintas empresas en territorio español con el objetivo de asentarse e impulsar sus operaciones logísticas y financieras desde el país ibérico.

La investigación se ha visto reforzada por las comunicaciones interceptadas en la aplicación encriptada conocida como Sky-ECC. Esto ha permitido acreditar la estructura de la organización criminal, sus capacidades operativas, además de atribuirles múltiples incautaciones de cocaína, todo ello con un nivel de detalle sin precedentes.

"Cinco narcotraficantes que exportaron más de 20 toneladas [de cocaína] a Europa fueron capturados, tres en España y dos en Colombia, en operación conjunta de la policía colombiana con la española. Entre ellos, Juan Pablo Prada, alias Black Jack, del Clan del Golfo". Así anunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el saldo definitivo de una operación internacional bautizada 'Gulupa' y que tenía como objetivo principal la detención de Pablo Felipe Prada Moriones, conocido por los alias de Black Jack o La Firma, que se encontraba en la isla de Ibiza, el mismo enclave del Mediterráneo en el que fueron detenidos varios capos de la 'Ndrangheta este mismo verano.

El operativo se desarrolló en el marco de la colaboración entre la Policía Nacional de Colombia y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, todo ello bajo el amparo de Europol y de Interpol. Alias Black Jack, según fuentes oficiales, sería no solo cabecilla de narcotráfico, sino también de blanqueo de capitales, al servicio del clan con base en el Golfo de Urabá. Se encargaría, además, de cerrar los tratos para el envío de cocaína con la principales redes criminales que operan entre Sudamérica y Europa, tales como la 'Ndrangheta, la Mocro Mafia o el Cártel de Los Balcanes, así como con las organizaciones mexicanas.

En España, además del citado líder de la organización, fueron capturados otros dos miembros de la misma, a saber, Santiago Prada y Carlos Zuloaga. De interés especial resultó el arresto de este último, que pudo ser localizado en Madrid tras hacer uso de una tarjeta de crédito, según cuentan varios medios de comunicación colombianos. Un error poco común por parte de los narcos en la actualidad. Cayó detenido en el barrio de Lavapiés.

En cuanto a Black Jack, recibe ese apodo por su capacidad para convertir el dinero físico en moneda virtual. Así, le fueron intervenidos 44 monederos de criptomoneda y le atribuyen el movimiento de al menos 700 millones de dólares por esta vía, blanqueando así ingentes beneficios del narcotráfico internacional.

En Colombia, por otra parte, fueron detenidas otras dos personas. La primera de ellas responde al nombre de Jimmy García, y fue arrestada en Pereira. Se encargaría de realizar pagos por orden del detenido en Ibiza. La segunda, una mujer, es Brenda Pineda, arrestada en el aeropuerto de Medellín, colaboradora en el sistema financiero, según la Policía.

Los informes del caso apuntan a que alias Black Jack tendría contacto directo con el máximo cabecilla del Clan del Golfo, alias Chiquito Malo, del que apenas se tienen noticias en los últimos meses por hallarse bien protegido en su refugio colombiano.

Las ramificaciones de la organización desmantelada se extendían por todo el mundo, desde el origen, en Colombia, pasando por España, lugar por el que entraba la cocaína –también por Holanda– y donde se encontraban algunas empresas vinculadas con la red criminal, y acabando en Dubái, donde, como se sabe, sigue afincada la cúpula de buena parte de los grandes clanes de la droga a nivel global.

El inspector jefe de la UDEF de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Óscar Sánchez Gil, famoso por ocultar cerca de 20 millones de euros en efectivo en su domicilio y en una pequeña parte, en su despacho, intentó 'figurar' y personarse entre las autoridades que presentaron los 13.064 kilos de cocaína. Así lo ha podido saber en exclusiva este periódico. Su aparición, pensaba él, podría ser lógica, pues había iniciado una investigación sobre el contenedor en el que se hallaba la droga, aunque, supuestamente, con el objetivo contrario: dejarlo pasar. Sin embargo, el jefe de la Udyco Central, Antonio Duarte, y el de la Brigada Central, Alberto Morales, en coordinación con Asuntos Internos, tenían asegurada la incautación.

La Comisaría General de Policía Judicial, responsable de la presentación del alijo en el puerto de Algeciras, impidió la presencia de Óscar en el evento, al tiempo que le hizo creer que la situación entraba dentro de la normalidad y que la Udyco Central solo quería apuntarse el tanto del mayor cargamento de cocaína de la historia de España en exclusiva. Eso pensó el policía, nada más lejos de la realidad, pues el objetivo de los especialistas antidroga no era otro que intentar que su auténtico objetivo, el inspector jefe de la UDEF de Madrid, se relajase y hablase. Y eso es lo que sucedió.

Así, en distintas conversaciones interceptadas por los investigadores quedó claro, primero, en enfado de Sánchez Gil por no haber tenido conocimiento de que el contenedor de las 13 toneladas de cocaína había sido propuesto para una inspección en profundidad sin su conocimiento. La maniobra corrió a cargo de la Udyco Central con el visto y place de la Fiscalía Antidroga, tanto de la jefa, Rosa Ana Morán, como de la delegada de Algeciras, lugar en el que estaba el contenedor, Macarena Arroyo.

El inspector jefe criticó el modus operandi de la Udyco al tiempo que iba recopilando la información que le pedían sus socios, entre la que destacó la búsqueda de una prueba que acreditase que el envío venía marcado de origen desde Ecuador, de forma que podría justificarse ante la organización. Sus socios incluso indicaron que "ganaría prestigio" al estar dentro de la investigación de la incautación. Ni ellos ni él sabían que estaban siendo escuchados en todo momento.

Transcurridas varias semanas de la llegada del contenedor fue cuando trascendió la noticia del hallazgo. Narcodiario publicó en exclusiva la primera imagen del cargamento, recubierto de plásticos verdes y con distintos logotipos, con Marlboro como el más visible. El contenedor se seleccionó el 11 de octubre de 2024 y la droga se localizó tres días más tarde, pero no fue hasta noviembre cuando se hizo oficial la noticia, se convocó la rueda de prensa y se acabó deteniendo a Óscar Sánchez Gil. La Udyco y Asuntos Internos consiguieron engañarle y, de ese modo, atar todos los cabos para incriminarle.

Los medios de comunicación de Países Bajos informaban este viernes de una noticia que ya no sorprende demasiado, dados los antecedentes: la puesta en libertad de un presunto miembro de la Mocro Mafia. Su apellido no puede ser más ilustre, Taghi. Firass, de 24 años, es sobrino de Ridouan, máximo cabecilla de la organización criminal, fue detenido en Tarifa cuando entraba en España desde Marruecos. Cayó en virtud de una orden europea a solicitud del país neerlandés, que le atribuía su participación en un gran alijo de cocaína. Sin embargo, un error en el proceso de extradición le deja en libertad.

La puesta en libertad del sobrino de Taghi se produjo tras el recurso presentado por el mismo abogado que, en su momento, consiguió la salida de prisión de otro de los hombres fuertes de la Mocro Mafia, Karim Bouyakhrichan, que permanece prófugo de la Justicia desde hace más de un año.

La Fiscalía Antidroga, que se opuso a la decisión, llevó a cabo todos los pasos precisos para hacer avanzar el proceso y entregar al presunto narco a Holanda. El Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional acordó en un primer momento la prisión provisional de Firass. Sin embargo, no se materializó la entrega en los plazos establecidos para ello, lo que propició que el letrado que representa sus intereses presentase un recurso de apelación.

Dicho recurso encontró amparo en la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, admitiendo que el plazo de entrega de diez días prorrogable por otros diez días más no se habían cumplido, por lo que entendió que correspondía poner en libertad al sobrino de Ridouan Taghi.

Lo ocurrido vuelve a poner en entredicho el funcionamiento del sistema judicial en España, que en los últimos tiempos ha causado la puesta en libertad de numerosos presuntos criminales. Otro ejemplo de ello es Fikri Amellah, cuya historia detalló en su día Narcodiario.

La luz verde del Tribunal Supremo de Estados Unidos a la reactivación de redadas justificadas por motivos de raza, idioma o trabajo en California reavivó temores de "perfilamiento racial", advertidos en su disenso por la jueza Sonia Sotomayor y compartidos por el gobernador Gavin Newsom, según informa EFE.

"No deberíamos vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y trabaje en un empleo mal remunerado", advirtió la jueza Sonia Sotomayor en su voto disidente, luego de que el Tribunal Supremo decidiera este lunes por 5 votos a favor y 4 en contra reactivar redadas migratorias en California a petición del presidente Donald Trump.

Las redadas habían sido suspendidas el 11 de julio por la jueza Maame E. Frimpong, quien consideró inconstitucional detener a personas basándose solo en raza, idioma, ubicación o empleo. Entre el 6 de junio y el 2 de julio se realizaron 2.792 arrestos, cifra que cayó por debajo de los 1.400 en julio y principios de agosto, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

Las operaciones iniciales provocaron grandes protestas en Los Ángeles, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía local. Trump respondió desplegando hasta 2.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines. En ese periodo se contabilizaron alrededor de 2.800 arrestos, según cifras oficiales y reportes de medios.

Desde entonces, el Departamento de Seguridad Nacional informó que las redadas en Los Ángeles han superado ya los 5.000 arrestos, cifra utilizada por el Gobierno para justificar la continuidad de los operativos federales.

Tras el fallo del Supremo, el gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la decisión como una amenaza para las comunidades latinas y las familias inocentes. En un comunicado, advirtió que las autoridades judiciales se están convirtiendo en "el gran mariscal de un desfile de terror racial".

Newsom mantiene un historial de choques con Trump que incluye el despliegue federal de la Guardia Nacional en California, demandas judiciales y una escalada de ataques mediáticos mutuos. En junio, acusó al expresidente de militarizar las calles y de aplicar una mano dura contra los migrantes, lo que consolidó su papel como uno de los principales críticos demócratas de Trump.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, respaldó las críticas del gobernador y aseguró que el fallo "abre la puerta a la discriminación abierta en nuestras comunidades". Bass afirmó que la ciudad "no será cómplice de políticas que persiguen a la gente por el color de su piel o el idioma que hablan".

Organizaciones civiles como la ACLU y Human Rights Watch denunciaron que la decisión del Supremo "normaliza el perfilamiento racial" y expone a millones de inmigrantes y ciudadanos de origen latino a ser detenidos sin garantías. También advirtieron que las redadas de ICE socavan la confianza en las instituciones y generan un clima de miedo en los barrios más vulnerables.

Los operativos antimigrantes impulsados por el Gobierno de Donald Trump se están expandiendo a nuevas ciudades, con Chicago y Boston en el centro de las acciones más recientes. El mandatario ha prometido "tomar el control federal de la seguridad" incluso en contra del rechazo de autoridades locales. Esta semana, agentes de ICE desplegaron redadas masivas en barrios de mayoría latina en ambas ciudades, desatando protestas y denuncias de perfilamiento racial.

El propio Trump celebró el inicio de estos operativos con un mensaje en su red social Truth, donde escribió el 6 de septiembre: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”. La frase generó críticas de organizaciones civiles, que acusaron al presidente de normalizar la persecución de comunidades enteras por su origen étnico o idioma.

California, epicentro histórico de la disputa migratoria, mantiene un papel clave en este pulso. En 2019, durante la primera Administración Trump, ICE reportó más de 18.000 detenciones en el estado, con Los Ángeles como el distrito con más arrestos de inmigrantes sin antecedentes criminales. Varias resoluciones judiciales habían limitado los operativos, pero el reciente fallo del Supremo reactivó la ofensiva en ese territorio.

Entre 2017 y 2020, la confrontación alcanzó su punto álgido cuando Trump convirtió la mano dura migratoria en bandera de campaña, mientras California encabezaba más de 100 demandas federales contra sus medidas. Con la nueva luz verde judicial, el choque se reaviva, aunque ahora en paralelo con una expansión de las redadas hacia otras grandes urbes.

Apenas unas semanas después de que la Guardia Civil localizase hasta nueve invernaderos para la producción de marihuana a gran escala en la provincia de Teruel, todos ellos controlados por la Mafia Albanesa, este viernes se ha producido una nueva redada contra idéntica actividad y en la misma provincia que, en vista de su desplobación y que está alejada de los focos mediáticos, está siendo empleada por los narcos para asentarse.

Así, el Instituto Armado, que volvió a precisar de drones dado el difícil acceso al punto que era objeto de investigación, localizaron otras tres grandes plantaciones con un total de 2.771 pies de marihuana en distintos estados de crecimiento, además de todo el material preciso para el buen crecimiento de las especies.

Por otra parte, en las inmediaciones había dos puntos 'residenciales' donde las personas responsables de cuidar las plantaciones descansaban y almacenaban víveres y otros enseres, así como una gran zona de secadero que da cuenta de la capacidad de la red criminal investigada.

Los puntos en los que se encontraron las plantaciones, en las que fueron detenidas in fraganti dos personas, se localizaban en los términos municipales de  Puertomingalvo y Linares de Mora, en zonas boscosas próximas al límite de la provincia turolense con la de València, más que probable punto de procedencia inicial de los traficantes.

Así, y a pesar de los intentos de las redes criminales de instalar sus centros de producción de drogas en puntos apartados de la citada provincia, el trabajo conjunto de unidades de la Guardia Civil de Zaragoza, València y Teruel consiguió poner freno a sus intenciones.

Un juez federal de Florida ha pedido al Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos que prepare la declaración jurada del FBI que justificaría la orden de registro de la mansión Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, ya que es probable que ordene una publicación parcial de la misma.

El magistrado Bruce Reinhart, que ordenó la redada en Mar-a-Lag ha ordenado al DOJ preparar redacciones del documento (propuestas censuradas) antes del mediodía del próximo jueves. "Me inclino a no sellar toda la declaración jurada", ha dicho Reinhart.

EL DOJ se había opuesto este lunes a la publicación total de la declaración jurada, tras presentar un expediente en el que negaban cualquier esfuerzo por revelar el documento porque "pondría en peligro una investigación en curso".

"La declaración jurada que respalda la orden de registro presenta un conjunto muy diferente de consideraciones", reza el documento. Así, señalaban que "quedan razones convincentes, incluso para proteger la integridad de una investigación policial en curso que implica la seguridad nacional, que respaldan el mantenimiento de la declaración jurada sellada".

Por su parte, Trump dijo en su red social Truth Social que Reinhart debería publicar la declaración jurada completa y sin editar.

Xena, la perra de la Unidad Cinológica Central de la Guardia Civil que halló el cuerpo sin vida de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, o Juper, de la unidad de Granada que descubrió casi 800 kilos de hachís entre la carga congelada de un camión, han sido alguno de los primeros canes condecorados por el Instituto Armado en un acto presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informa Europa Press.

Entre los cinco canes condecorados por prestar algún servicio relevante y por su trayectoria figuran también Tietar, primer perro de cebos envenenados que ha realizado importantes servicios y obtenido varios premios; Henco, de la unidad de Barcelona, perro detector de papel moneda que ha participado en numerosos servicios relevantes; y Shulo, de la unidad de Cádiz, detector de drogas que a lo largo de su vida operativa ha contribuido a numerosas incautaciones de droga.

En un acto celebrado en las instalaciones de su Servicio Cinológico en El Pardo (Madrid), la Guardia Civil ha destacado la importancia que ha adquirido el uso operativo de los canes al adaptarse a las nuevas formas de criminalidad.

"Hoy ponemos en el lugar que merece el trabajo y la dedicación de cientos de canes al servicio de la Guardia Civil; al servicio, al fin y al cabo, de los ciudadanos y de la sociedad", ha señalado Grande-Marlaska durante la ceremonia de imposición de medallas, que podrán lucir en sus arnés.

Salvan vidas

Tras la imposición de las condecoraciones, el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, han inaugurado un memorial en recuerdo a los perros que han prestado un servicio destacado a lo largo de la historia de la especialidad cinológica.

De esta forma, se ha recordado a Rocco, que murió en 1953 al salvar la vida de su guía y de los tres guardias civiles de la patrulla; Irrintzi, fallecida en 1983 al localizar una bomba trampa, con lo que salvó la vida de su guía y de otros cuatros guardias civiles; Ajax, que murió en 2013 tras detectar un segundo coche bomba después del atentado contra el cuartel de Palmanova (Mallorca); Elton, fallecido en 2020, y que encontró el cuerpo de Diana Quer; y Marley, fallecido en 2019 por un infarto, también pieza clave en las búsquedas de Diana Quer, Laura Luelmo y el pequeño Gabriel.

La Mención de Honor del Mérito Canino ha sido concebida para premiar tanto trayectorias destacadas como servicios extraordinarios protagonizados por perros de la Guardia Civil, y excepcionalmente de otros organismos, cuya actuación haya resultado fundamental para salvar vidas o proteger bienes relevantes en el marco de las actuaciones realizadas durante los operativos en los que participe el cuerpo.

En el acto se ha recordado que desde el 6 de abril de 1948, momento en que se iniciaron los servicios con perros en la Guardia Civil, su empleo ha evolucionado para adaptarse a las nuevas formas de criminalidad, para lo que el cuerpo ha potenciado la innovación e investigación de nuevos criterios de búsqueda y detección con canes.

Gracias a ello, los campos de actuación del Servicio Cinológico se han ampliado sobre los tradicionales (detección de explosivos, drogas y búsqueda y rescate de personas) a una multiplicidad de nuevas modalidades de detección relacionadas con objetos y sustancias entre las que se encuentran el dinero, las armas, los restos biológicos o los acelerantes, entre otros.

En su discurso, Grande-Marlaska, que ha reconocido su "pasión" por los perros, ha puesto de relevancia que el Servicio Cinológico de la Guardia Civil colabore con FRONTEX o la Gendarmería Francesa en cuestiones como la detección de explosivos utilizados por el terrorismo yihadista, así como con Mali, Mauritania o Ucrania.

Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) han denunciado al Estado Español ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por vulneración de derechos fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión, de asociación y a la tutela judicial efectiva, ha informado el colectivo.

La denuncia se presenta ante la identificación de personas extranjeras en lugares públicos en base a criterios "racistas, xenófobos y clasistas", algo que es "una constante desde hace años en las criminales políticas de inmigración".

El colectivo ha denunciado que los controles ordenados por el Ministerio del Interior "no guardan ninguna relación" con la actividad que realizan las personas a las que se identifica sino que vienen determinados por su aspecto físico, por lo que, a su juicio, son "discriminatorias, ilegitimas, racistas e injustas".

Así, ha insistido en que estas redadas están prohibidas por la ley y las consecuencias para quienes no tienen autorización de residencia son muy graves, ya que "limitan su capacidad de movimiento y pueden derivar en detención, multa, orden de expulsión, ingreso en un Centro de Internamiento o en expulsión del país".

Luchas contra identificaciones

Este movimiento es un colectivo de denuncia de los controles de identidad por perfil étnico realizados por la policía. Un total de 16 miembros de estas brigadas han recibido boletines policiales de denuncia, en base a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

La Delegación de Gobierno de Madrid ratificó multas que sumaban un total de 3.500 euros. Las sanciones se recurrieron por vía judicial y al carecer de base legal en todos los casos en que se celebraron juicios, fueron anuladas. También el procedimiento penal concluyó en absolución, según ha informado Europa Press.

Para el colectivo, estas sanciones son "una vulneración de los derechos y libertades", entendiendo "necesario hacer frente a estas políticas tanto en las calles como en los tribunales". "No es admisible que se intente silenciar a quienes legítimamente defienden los derechos humanos. Hemos recurrido ante los tribunales para que se anule la sanción, mientras el acoso continúa y se invisibilizan las voces críticas intentando coartar la denuncia social", ha señalado.

Según han explicado, presentaron por la vía del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales una demanda contra la Delegación de Gobierno de Madrid por vulneración de derechos fundamentales.

Tras un largo procedimiento el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), señalan las Brigadas Vecinales, no admitió la demanda, "sin atender al contexto alegando que no afectaba a derechos fundamentales".

Por ello, ahora han recurrido a instancias internacionales y denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado español castiga y criminaliza la defensa de los Derechos Humanos, y las diferentes formas de protesta social, como es el cuestionamiento público de una práctica discriminatoria como los controles de identidad por perfil racial.

BVODH solicita que el Comité de Derechos Humanos de la ONU declare la vulneración de los artículos 2.1, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos y reclaman la devolución de la multa, de las costas legales y la "rectificación pública de las acusaciones vertidas por los poderes públicos contra el colectivo".

También piden que formule recomendaciones al Estado Español en cuanto al cese "inmediato" de las identificaciones por perfil étnico, la constitución de mecanismos que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos.

Apoyan la denuncia otros 34 colectivos sociales: asambleas populares del 15M, asociaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de los migrantes y refugiados, asociaciones de juristas, colectivos de cristianos de base y ecologistas.

La organización de denuncia de los controles de identidad por perfil étnico efectuados por la policía, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (Bvodh), ha denunciado la actuación de los agentes ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por las sanciones recibidas al "observar y documentar" una redada "racista" en Madrid. La organización ha recibido desde finales de 2010 y principios de 2011 tres tandas de multas, cada una interpuesta a tres o cuatro miembros, por un total de 3.500 euros. "Consideramos que esta sanción vulnera los derechos y libertades fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión y de asociación", afirman. 

Las multas fueron impuestas, según relata a infoLibre Nerea García, una miembro de la organización, por documentar este tipo de redadas, en las que la policía utiliza un criterio étnico para decidir a quién interroga. Las brigadas se sitúan a una distancia prudencial de los controles policiales y, como cuenta la portavoz, registran a quién detienen, el sexo y la etnia de los interrogados y otro tipo de datos estadísticos. Las sanciones son, según el expediente, "por emitir comentarios que pudieron haber generado reacciones en el público", alterando así el orden, explican desde el colectivo. La asociación niega esa versión, insiste en que simplemente los sancionados estaban haciendo su labor y desvela que los agentes, a la hora de pedirles los datos a los brigadistas, no les notificaron que iba a haber multa. 

Las brigadas vecinales consideran que la policía está ejerciendo "una persecución del colectivo", que les atacan con multas por documentar y denunciar las redadas por perfil étnico y no por los hipotéticos incidentes registrados durante la observación de las labores policiales. De las cuatro sanciones impuestas, Una fue por la vía penal –"archivada el mismo día de la vista, porque no tenía sentido", explica García– y tres fueron por la vía administrativa, dos de ellas desestimadas por falta de pruebas, relatan desde la organización. En la tercera, las brigadas vecinales consideran que la delegación de Gobierno del Ministerio del Interior les "está haciendo un ataque directo", así que el recurso de la sanción fue planteado desde la óptica de los derechos fundamentales. 

Un juzgado de primera instancia de Madrid estimó parcialmente el recurso, entendiendo que se había vulnerado la presunción de inocencia, pero el abogado del Estado recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y este órgano dictaminó que estos derechos fundamentales presuntamente vulnerados –libertad de expresión y de reunión– no eran procedentes en el caso y no cabían en el recurso del colectivo. Es por ello que Bvodh acude a la ONU, para denunciar "el mecanismo de burorrepresión institucional que viola derechos humanos fundamentales para coartar la denuncia social y que debe ser respondido en diferentes ámbitos". Critican en un comunicado que el Estado español "castiga y criminaliza la defensa de los Derechos Humanos, y las diferentes formas de protesta social, como es el cuestionamiento público de una práctica discriminatoria como los controles de identidad por perfil racial que forman parte de políticas migratorias criminales". La policía española no solo hace redadas racistas sino que ataca a quien cuestiona dichas redadas, dirán ante Naciones Unidas. 

Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, cuyo lema es "vigilando a los vigilantes", se dedican a observar, documentar y visibilizar los controles policiales "apostados en puntos estratégicos y de uso cotidiano" que piden papeles y detienen a ciudadanos "en función de su apariencia", estableciendo criterios étnicos para decidir si intervienen o no. Estos controles "criminalizan la libertad de movimiento de las personas" e imponen con sus maniobras "segregación, persecución, encierro y expulsión". "Extienden el miedo, el racismo y la desconfianza en nuestros barrios: son los controles los que generan una inseguridad de la que ninguna cámara de vigilancia puede protegernos", critican. 

La Policía Metropolitana ha confirmado ha elevado a ocho los detenidos por su supuesta relación con el atentado perpetrado el miércoles cerca de la sede del Parlamento británico en Londres, al tiempo que ha recalcado que el autor del ataque actuó en solitario.

"Tenemos un total de ocho arrestos en el marco de la operación antiterrorista en curso en relación con el ataque de Westminster", ha indicado la Policía Metropolitana en su cuenta de Twitter.

"Un centenar de detectives han estado trabajando toda la noche y, en ese periodo, hemos registrado seis domicilios y hemos realizado siete arrestos", ha asegurado el comisionado adjunto de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, en una comparecencia ante la prensa este jueves.

Rowley ha asegurado que los investigadores creen que el autor del atentado actuó solo. "Nuestra creencia es que el atacante actuó solo durante el atentado de Westminster de ayer y que estaba inspirado por el terrorismo internacional", ha afirmado, según ha informado Europa Press.

El alto mando policial ha confirmado que entre los fallecidos figuran el policía Keith Palmer, que estaba trabajando en labores de protección del Parlamento británico, y dos personas que paseaban por la zona.

Rowley ha confirmado también que se mantiene el balance de víctimas.

La cadena de televisión Sky News ha informado a primera hora de este jueves de que la policía había arrestado a varias personas durante un redada en una vivienda en la localidad de Birmingham por su supuesta relación con el atentado de Londres.

La cadena británica BBC ha indicado que existen pruebas de que el vehículo que se utilizó en el ataque ejecutado frente al Parlamento había sido alquilado en Birmingham, si bien no se ha confirmado todavía este extremo.

Al menos cuatro personas murieron, incluido el autor del atentado, y 40 resultaron heridas después de que un hombre atropellara con su coche a varias personas en el puente de Westminster para acabar empotrándolo contra la valla del recinto parlamentario.

Una vez allí, intentó entrar a pie armado con un cuchillo, pero fue abatido a tiros por la policía.

Un total de 26 personas han sido detenidas este martes después de una nueva jornada de protestas contra un agente de policía acusado de violar a un joven de 22 años y contra sus tres compañeros por agresiones al mismo joven durante un registro la semana pasada al noroeste de París.

La noche del lunes al martes estallaron nuevos enfrentamientos en la comuna de Aulnay-sous-Bois, ubicada en Isla de Francia, donde el jueves pasado un joven identificado como Théo fue agredido por varios agentes de Policía, tal y como ha informado el diario galo Le Parisien.

El joven había denunciado previamente que mientras estaba detenido, de espaldas, uno de los agentes le introdujo su porra en el ano. "Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero", explicó, según las declaraciones a las que ha tenido acceso la cadena de televisión BMFTV.

Los 26 detenidos han sido acusados de daños a propiedades privadas. La prefectura ha denunciado un total de 23 contenedores incendiados, así como once vehículos, y un local de comida rápida dañado.

Théo, el joven que sufrió las agresiones el pasado jueves, continúa ingresado con heridas graves en el recto.

La policía de Turquía detuvo este lunes a otro parlamentario del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), según anunció el viceprimer ministro Numan Kurtulmus y recogió Europa Press.

En sus declaraciones, apuntó que tres parlamentarios "estaban fugados", agregando que Nihat Akdagon ha sido detenido en la ciudad de Hakkari, en el sureste del país.

Kurtulmus defendió el arresto de los parlamentarios, asegurando que "tanto su captura como proceso de arresto es 100% legal", según informó el diario local Hurriyet.

"Esto es constitucional. Es más, es una necesidad constitucional", manifestó, al tiempo que señaló que "los tribunales están a cargo del caso, y los políticos no deben intervenir".

Por otra parte, rechazó que el Gobierno vaya a convocar elecciones anticipadas por la decisión del HDP de boicotear el Parlamento, a pesar de que la legislación del país contempla que así debería ser.

Según la legislación turca, se tienen que convocar elecciones si un 5% de los 550 escaños del Parlamento –es decir, 28– están vacíos. El HDP cuenta con 59 escaños.

"No creo que vaya a haber elecciones anticipadas. Es decisión de los parlamentarios del HDP si comparecen en el Parlamento o no. Los que llegaron al Parlamento a través de la voluntad popular deberían respetarla", dijo, expresando su deseo de que vuelvan a sus escaños.

Las detenciones

Hasta la fecha, las autoridades han detenido a los dos colíderes del HDP, Figen Yuksedag y Selahattin Demirtas, y otros diez parlamentarios de la formación, todos ellos por negarse a testificar por presuntos crímenes relacionados con "propaganda terrorista".

Los parlamentarios del HDP hacen frente a una investigación bajo la legislación terrorista por sus presuntos lazos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) después de que el Parlamento aprobara poner fin a la inmunidad parlamentaria.

El partido, la tercera fuerza parlamentaria de Turquía, advirtió en mayo de que retirar la inmunidad a los diputados para poder lanzar pesquisas judiciales en su contra sólo traerá "más violencia".

El HDP expresó su temor de que fueran expulsados los 59 diputados que tiene en el Parlamento, 50 de los cuales tienen un expediente abierto por difundir propaganda terrorista. Este expediente era el primer paso para, una vez retirada la inmunidad, lanzar un proceso judicial.

Human Rights Watch (HRW) criticó este jueves los excesos llevados a cabo por Bélgica en su respuesta antiterrorista tras los ataques de noviembre de 2015 en París y de marzo de este año en Bruselas, que dejaron un total de 160 muertos, recoge Europa Press.

Desde entonces, Bruselas promulgó una serie de problemáticas leyes antiterroristas y la policía del país ha llevado a cabo operaciones muy duras en el último año, tras conocerse que los responsables de sendos ataques estaban relacionados con Bélgica.

En un informe publicado este jueves, titulado Razones para la preocupación: la respuesta antiterrorista de Bélgica a los ataques de París y Bruselas, HRW detalla las medidas que han permitido que algunos de los detenidos acusados de terrorismo se enfrenten a aislamiento, y que han dado vía libre al Gobierno para retirar pasaportes y revisar las comunicaciones electrónicas y telefónicas de los presuntos terroristas sin autorización judicial.

Asimismo, la organización en defensa de los derechos humanos denuncia que otras normativas aprobadas por el Gobierno belga permitan retirar la ciudadanía nacional y criminalicen comentarios que están lejos de ser una incitación directa al terrorismo. El grupo también detalla la "abusiva respuesta policial" durante detenciones y redadas antiterroristas.

"Bélgica ha trabajado duro este año para evitar nuevos ataques, pero sus leyes y su respuesta policial se han visto socavadas por su excesiva y, a veces, abusiva naturaleza", denunció la investigadora en terrorismo y autora del informe, Letta Tayler.

"Compartimos la indignación y la pena de Bélgica y Francia y queremos que los responsables sean llevados ante la justicia. Pero las redadas policiales excesivas podrían alejar a las comunidades cuya cooperación sí puede ayudar a abordar esta amenaza", señaló.

HRW ha realizado entrevistas a 23 personas que aseguran haber sido víctimas de abusos, físicos o verbales, y a diez familiares o abogados de otros que denuncian abusos por parte de la Policía, de los soldados en patrulla o de las autoridades de prisión.

Investigando algunos "incidentes"

En un comunicado escrito, el Gobierno federal señaló a HRW que está "firmemente determinado a proteger" los derechos humanos durante la respuesta antiterrorista, y añadió que se están investigando varios "incidentes" de presunta "violencia física o verbal" llevada a cabo por agentes de la policía. "Pero se trata de casos aislados, y sin ningún fundamento para acabar diciendo que se trata de una política deliberada", aseguró.

Omar, uno de los que en algún momento han sido detenidos por la policía belga, denuncia agresiones físicas y verbales. "Nos ataca Estado Islámico, que nos considera infieles cuando no tenemos nada que ver con ellos. Y nos ataca el Estado, que dice que estamos involucrados en Estado Islámico", añade, antes de señalar a las autoridades de haberle golpeado y de haberle llamado "sucio árabe", antes de liberarlo sin cargos.

Una de las medidas antiterroristas que Bélgica aprobó en 2015, explica HRW, ordena a las autoridades penitenciarias a poner a todos los detenidos acusados o condenados por delitos vinculados al terrorismo en confinamiento hasta 23 horas diarias. Algunos siguen en aislamiento hasta diez meses.

La organización documentó dos casos en los que las autoridades de prisión han continuado con estrictas medidas de aislamiento durante meses después de que un preso intentara suicidarse, y de que otro dijera al psicólogo de la prisión que estaba "hablando a las paredes".

Al menos 35 presos están actualmente en régimen de aislamiento, indicó HRW. Al menos otros 18 que lo han estado se encuentran ahora en un estado que permite una interacción limitada entre detenidos segregados.

Si bien HRW reconoció que son necesarias "medidas especiales" para evitar la radicalización violenta en las prisiones, exigió que las medidas llevadas a cabo por Bruselas sean proporcionadas y estén sujetas a una revisión efectiva. "El confinamiento en solitario de forma prolongada es cruel, inhumano y degradante y puede llegar a ser tortura", denunció.

Responsabilidad de protección

Otra de las medidas, continúa el organismo, permite condenar a sentencias de cinco a diez años de prisión por los delitos de incitación indirecta del terrorismo a través de un mensaje diseminado, "independientemente de que éste genere o no un riesgo de que el acto (terrorista) pueda ser cometido".

HRW también criticó que Bruselas revoque la ciudadanía de aquellos que tengan doble nacionalidad y estén condenados por terrorismo, ya que se puede provocar una percepción de que existen "ciudadanos de segunda clase" en base a su etnia o religión.

Desde el ataque contra un museo judío en Bruselas en mayo de 2014, las autoridades han condenado a 43 personas por terrorismo y han imputado a otras 72, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Justicia a HRW. Sin embargo, no ha suministrado datos sobre las condenas e imputaciones desde los ataques de París.

En este contexto, HRW pidió a las autoridades que supervisen y enmienden este tipo de leyes, y que refuercen la postura de tolerancia cero a los abusos policiales.

"El Gobierno tiene la responsabilidad de proteger a la gente de ataques y de que los responsables rindan cuentas. Pero la respuesta desproporcionada debilita el estado de derecho, genera desconfianza en las autoridades entre las comunidades musulmanas y divide a la sociedad, cuando lo que se necesita es la unidad contra grupos como Estado Islámico", señaló Tayler.