ClientEarth y Oceana han presentado una demanda ante la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Dirección General del Pesca del Ministerio de Agricultura por no investigar ni sancionar ni supervisar "eficazmente" a barcos de pesca que desactivan su Sistema de Identificación Automática (AIS) en Guinea Bissau y Senegal. Ambas organizaciones ecologistas ponen el foco tanto en embarcaciones españolas como en empresarios españoles beneficiarios de barcos con banderas de terceros países que apagan el radar durante periodos prolongados ante el grave riesgo de pesca ilegal en África Occidental.

"Lo que nos desconcierta es por qué estos barcos apagan sus señales públicas de identificación, quedándose a oscuras durante periodos tan largos. Esta falta de transparencia podría estar relacionada con el fraude", explica el abogado Nils Courcy de ClientEarth que apunta que han pedido a las autoridades españolas que investiguen más a fondo estos barcos aunque "se han negado a hacerlo": "Ahora vamos a acudir a los tribunales para exigir que cumplan sus obligaciones legales".

Las autoridades españolas, según detallan desde ambas ONG, se aferran a un "supuesto varío legal" para eludir sus obligaciones ya que alegan que carecen de jurisdicción para investigar y sancionar a sus ciudadanos y empresas potencialmente involucrados en pesca ilegal fuera de las aguas de la UE, a menos que figuren en listados oficiales de buques implicados en actividades de pesca ilegal.

Un análisis de Global Fishing Watch muestra que varias embarcaciones con bandera española que operan en Senegal y Guinea Bissau parecen desactivar su AIS durante periodos de tiempo significativos, lo que supondría una clara infracción de la normativa pesquera de la Unión Europea (UE). Las mismas prácticas también se han detectado en barcos galos pero, por ahora, no se plantean acciones legales contra Francia.

Los buques de propiedad extranjera, incluidos los españoles, representan el 73% de la flota industrial de África Occidental y preocupa que la falta de control en el mar y en los puertos pueda estar permitiendo la pesca ilegal. Según detallan ClientEarth y Oceana, las comunidades locales de la región se enfrentan a consecuencias desastrosas derivadas de la reducción de los stocks pesqueros, como riesgos para la seguridad alimentaria, pérdida de empleo y migración forzosa.

En mayo de 2024, la Comisión Europea ya amonestó a Senegal con una "tarjeta amarilla" como muestra de su preocupación por la falta de capacidad del país para prevenir la pesca ilegal. Pero no es solo responsabilidad de Senegal evitar esta práctica: los países europeos también tienen la obligación legal de supervisar sus flotas y operadores que faenan en aguas de terceros países, detallan ambas ONG.

Es martes en Brazuelo y la Guardia Civil llega para identificar al que hace tres meses era vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Lo sabemos porque el propio Juan García-Gallardo publicó un vídeo en X frente a un hotel que funge como centro de acogida de inmigrantes de la organización humanitaria Accem en este pueblo de apenas 300 habitantes. Dice que ha ido, con otros miembros de Vox, a “pedir información de cómo se gastan millones y millones de euros de los contribuyentes a fomentar el efecto llamada y a colaborar con las mafias del tráfico ilegal de personas”. A menos de una hora de allí, en Villaquilambre, hubo en junio un frontal movimiento ciudadano de rechazo por la llegada de 180 refugiados de Mali y Senegal a un centro gestionado por la Fundación San Juan de Dios. En la España que necesita nuevos pobladores para seguir existiendo también se agita el discurso antiinmigrante.

En la misma provincia, Valencia de Don Juan alberga un centro de Accem donde ahora hay 35 migrantes, pero han llegado a haber casi 100. Allí es donde Fassougou Samaka y Mamadou Sissoko, dos jóvenes malienses, aprendieron español y consolidaron los oficios de los que ahora trabajan y que les han permitido vivir ya de manera independiente en un piso de alquiler. Se conocieron en Mauritania, en su largo camino hasta España, pasaron juntos la llegada a Canarias, una primera estancia en otro centro de Accem en Media del campo (Valladolid) y sus primeros meses en este pueblo leonés de 5.000 habitantes al que ya llaman casa.

“La llegada sin hablar español es muy difícil, pero al final te sientes bien aquí”, relata Samaka junto a María José Alonso, directora del centro. Los primeros siete meses estudió la lengua, recibió clases de la ESO y un curso de soldador en León, el oficio en el que ya tenía formación y experiencia en su país. Es el camino de todos hasta que van recibiendo sus autorizaciones de trabajo. A Sissoko ya le concedieron la protección internacional , el asilo, y él está a la espera, pero confía en obtener la misma resolución. Cuando superaron los ingresos máximos para poder estar en el centro, tuvieron que buscar un piso de alquiler compartido con un tercer amigo y nunca es fácil. “Los acompañamos también en ese proceso, seguimos siendo su punto de referencia cuando salen del centro, para cualquier tipo de consulta. Hacemos mucho trabajo con la gente del pueblo para poder facilitar su acceso a la vivienda, aquí funciona mucho el tú a tú, generar esa confianza”, explica la directora. Valencia de Don Juan no escapa al drama de la vivienda en España: en verano triplica población y cada vez más propietarios prefieren alquilar sus viviendas sólo en ese periodo, con altos precios. Profesores y sanitarios destinados en el pueblo también tienen dificultades para encontrar dónde alojarse.

Samaka trabaja a media jornada en un supermercado como reponedor y la otra media de soldador en una empresa de construcciones metálicas. Sissoko es empleado de una fábrica de ladrillos. Hasta que Samaka se lesionó, jugaron juntos en un equipo de fútbol del pueblo, con chicos de su misma edad, veintipocos. “Buscamos que se impliquen en todas las actividades que haya, esa es la manera de que se integren. En las fiestas intentamos que entren en las peñas, porque es la forma de que hagan amigos aquí, además de conocer personas en el trabajo o en los cursos”, indica Alonso. Samaka echa de menos a su familia, pero gracias al móvil siente que siguen compartiendo de alguna manera. Para Sissoko, cuyo proceso migratorio fue más largo, está siendo muy duro no ver a su madre hace ya siete años. Pero no pueden volver a su país.

En otro centro de Accem en Sigüenza (Guadalajara), uno de larga trayectoria, la senegalesa Mame Faguy Fall, a la que todos llaman Fa, cuenta que su gran factor de integración fue su hijo. “Yo vine por reagrupación familiar, mi marido llevaba años aquí trabajando en la construcción y mi hijo nació aquí. Entonces yo era casi la única chica negrita por aquí y, cuando íbamos al parque, se me acercaban a decirme ¡qué niño tan guapo! Así se relaciona una más, también con las excursiones del cole y todo eso”, explica. Su hijo, que ahora estudia Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Alcalá, siempre se ha sentido seguntino. “Él siempre ha ido con los niños de aquí, porque no hay niños africanos de su edad. Ahora sí se ven niños pequeños, pero cuando él lo era no había”, anota.

La primera dificultad que relata, como Samaka, es la de llegar sin la herramienta de la lengua. “Cuando vienes sin saber el idioma, cuesta, cuesta, cuesta. Yo todas las tardes venía al Accem a estudiar español”, dice. Ahora es ella la que ayuda a otras personas migrantes a comunicarse: trabaja como intérprete de wólof y francés en ese mismo centro. También lleva 15 años empleada en una residencia de mayores, tras estudiar un módulo de atención sociosanitaria. “Fa es un ejemplo. Ha sido intérprete en muchas ocasiones y en situaciones muy complicadas, nos ayuda muchísimo con su experiencia y su trabajo”, cuenta, a su lado, Sofía Lope García, técnica de apoyo de acogida en el centro que Accem tiene hace tres décadas en ese municipio manchego que no alcanza los 5.000 habitantes.

Cuando se le pregunta por el episodio de García-Gallardo en Brazuelo, un portavoz de la organización humanitaria recuerda enseguida “las experiencias exitosas en pueblos como Sigüenza o Burbabuena, en Teruel”. “El centro de Sigüenza, por ejemplo, lleva unos 30 años dinamizando la localidad y las de alrededor. Lo que nosotros vemos es que se quedan en estos pueblos por elección propia, ven oportunidades de puestos de trabajo sin cubrir,  y también es necesario para estos pueblos, se dinamizan, cuando la tendencia demográfica es la contraria”, añade. Todos los entrevistados reconocen que el discurso político antinmigrante permea en la sociedad, pero destacan que las experiencias reales, del día a día, más allá de la desconfianza o ignorancia inicial, suelen ser positivas. El trabajo de organizaciones como Accem en los lugares pequeños se adapta a un entorno donde también la integración migratoria se forja más en las relaciones personales que en los discursos masivos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles desde Dakar (Senegal) que la expulsión de migrantes irregulares traslada un "mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos", a la vez que ha asegurado que la seguridad es "una prioridad máxima". El jefe del Ejecutivo también ha reiterado su defensa de la migración circular, un esfuerzo compartido, según ha dicho, entre empresas y administraciones públicas —ha citado el Gobierno español y canario— que sirve para generar oportunidades laborales.

Así se ha pronunciado Sánchez durante la clausura de la presentación de la Alianza África Avanza según recoge Europa Press, que se ha celebrado en la sede del Instituto Cervantes, donde ha indicado que con el modelo de migración circular una vez que los migrantes "adquieran esa experiencia y conocimiento" regresan "para sumar su bagaje profesional al propio desarrollo de su país de origen".

Sánchez también ha subrayado que la migración regular "abre caminos para la prosperidad y para el desarrollo económico y cultural". "Es buena tanto para el país de origen como para el país de acogida", ha indicado.

Por otra parte, Sánchez ha reivindicado que España apoya a Senegal en la seguridad —"Es una prioridad máxima", ha apostillado— y, en particular, en el ámbito de la migración. "Vivimos un contexto complejo, todos somos conscientes de ello, marcado por la presión creciente de los flujos de salida en la ruta atlántica", ha afirmado el presidente, quien ha insistido en la continuidad y el refuerzo de las relaciones bilaterales, a la vez que ha lamentado que "desgraciadamente las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer".

"Estas organizaciones no solamente juegan con las vidas de nuestros compatriotas, quebrando el futuro de muchos jóvenes que son engañados y las esperanzas de las familias que confían en ellas, sino que también se asocian y se extienden otros delitos como tráficos ilícitos de toda clase", ha dicho. Así, ha mencionado el terrorismo, una amenaza que hay que combatir y "que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades".

A este respecto, Sánchez ha señalado que para combatir estas amenazas "es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente". "Principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos", ha zanjado, para apuntar después que es una cuestión a la que obliga la legislación europea y española.

Desde el Gobierno han señalado estos días que existen acuerdos de devolución con los tres países a los que Sánchez ha acudido en su gira africana, pero admiten que hay dificultades para su aplicación y ven margen de mejora.

Al inicio de su intervención, Sánchez ha puesto en valor la segunda visita que realiza a Senegal, un "país amigo" y "un referente en el África occidental" porque es "un ejemplo de democracia y de estabilidad en todo el continente africano".

El jefe del Ejecutivo se ha referido a la nueva Estrategia de España sobre África que presentará en septiembre y con la que el Gobierno quiere "ayudar a la transformación económica y social de los países africanos", poniendo el foco en la juventud y donde destacará como regiones prioritarias el Sahel y el África Occidental".

Sánchez ha explicado que la Alianza África Avanza es "una iniciativa centrada en la inversión generadora de empleo" y también en la formación de tejido productivo en los "sectores del futuro" como las telecomunicaciones, donde España "tiene una voz muy presente". "Es, en definitiva, una iniciativa cuyo objetivo es que miles de jóvenes africanos vean cumplido su sueño de formarse y de acceder a empleos dignos", ha revelado, poniendo en valor además el apoyo de las empresas españolas.

En 2023, según datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), creada para gestionar y coordinar la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea en materia de control de fronteras externas, la ruta migratoria del Mediterráneo central, la que lleva directamente a Italia, contabilizó 157.479 llegadas, un 49% más que el año anterior. Una cifra muy superior a la de la ruta de África occidental (la que parte, sobre todo, de Mauritania) y a la del Mediterráneo Occidental (la que lleva a España desde el Magreb, en particular a través de Marruecos), con 40.403 y 16.915 llegadas, respectivamente.

La estrategia de la primera ministra italiana, la neofascista Giorgia Meloni, ha dado la vuelta a esas cifras, que se nutren sobre todo de los cientos de miles de personas desplazadas por los diferentes conflictos que asolan el Sahel, entre los cuales ha cobrado especial protagonismo en los últimos años el de Malí. En lo que va de año, las llegadas a través de la ruta del Mediterráneo central se han desplomado. Apenas se han contabilizado 7.576 migrantes entre enero y julio (3.236 argelinos, 2.980 marroquíes, 772 de nacionalidad desconocida, apenas 210 malienses y 157 guineanos). 

¿Cómo lo ha conseguido? Poniendo en marcha un generoso programa de cooperación con los países de los que parten las embarcaciones (Túnez, Argelia y Libia) por valor de 5.500 millones de euros, casi el doble de todo lo que España dedica a cooperación en el mundo. El Gobierno no ha facilitado a infoLibre cifras sobre lo que destina a África en materia de migraciones (seguridad, formación, cooperación y promoción empresarial).

Meloni presentó su estrategia en enero en formato “plan de desarrollo para África” en una cumbre de líderes del continente celebrada en Roma. Formalmente, busca crear empleos y oportunidades en origen en África y disuadir a sus jóvenes de realizar migraciones peligrosas a través del mar Mediterráneo, a partir de proyectos piloto en áreas como educación, atención médica, agua, saneamiento, agricultura e infraestructura energética. A cambio, los países receptores se comprometieron a impedir el paso a los migrantes, en su mayoría originarios del Sahel.

En mayo, Meloni convocó a los gobiernos de Túnez, Argelia y Libia para reducir la llegada de migrantes irregulares a través del Mediterráneo central. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, acogió en la capital italiana a sus homólogos de estos tres países con el objetivo de conseguir “una reducción de los flujos ilegales” de migrantes. La “prioridad estratégica”, señaló abiertamente Piantedosi, “debe ser trabajar para reforzar la estabilidad de las fronteras terrestres, empezando por la zona del Sahel”. Una forma de expresar lo que no deja de ser una externalización de fronteras para impedir el paso a los migrantes a cambio de recursos económicos.

El país del norte de África con el que las autoridades italianas han estrechado más sus relaciones en el ámbito migratorio este último año es Túnez. Meloni lo ha visitado hasta en cuatro ocasiones en menos de un año, siempre con la cuestión migratoria en el centro de las conversaciones. La última tuvo lugar en abril.

Los migrantes que ahora ya no pueden viajar a través de esa ruta —Túnez, Argelia y Libia lo impiden— buscan ahora alcanzar Europa partiendo de las costas de África Occidental y llegando hasta las Islas Canarias, la travesía más peligrosa del mundo. El resultado ha sido un incremento sin precedentes de la llegada de cayucos, con 21.620 personas solo entre los meses de enero a julio, siempre según datos de Frontex. La mayoría vienen de Malí (9.319), huyendo de la guerra. Les siguen los migrantes de Senegal (4.302), Marruecos (2.001) y Mauritania (1.815), a los que hay que sumar 1.452 cuya nacionalidad se desconoce.

Los 5.500 millones que Italia ha puesto a disposición de Túnez, Argelia y Libia a cambio de que estos países impidan el tránsito de migrantes hacia sus costas dan una idea de lo limitado del esfuerzo económico del Gobierno español con el mismo objetivo. Pedro Sánchez anunció 300 millones para Mauritania el pasado mes de febrero, a la vista de que los migrantes que ya no pueden viajar a través del Mediterráneo central lo intentan ahora a través del Atlántico. Una suma sustancialmente menor que la italiana.

El problema no tiene, de momento, un horizonte de solución. Las medidas que Pedro Sánchez impulsa estos días en su gira por la zona (este martes en Mauritania y miércoles y jueves en Gambia y Senegal) solo pueden dar resultados, si lo consiguen, muy a largo plazo, reconocen fuentes del Ejecutivo.

La más importante de ellas, la llamada migración circular (programas de migración legal a demanda de empresas españolas con formación y compromiso de retorno), apenas alcanza, de momento, a 17.400 migrantes de Marruecos, Colombia, Honduras, Ecuador, Senegal, Argentina y Uruguay. Por poner un ejemplo (el Gobierno no ofrece más datos), de la zona que está visitando Sánchez, apenas 141 senegaleses han tenido la oportunidad de beneficiarse del programa.

En cualquier caso, no es útil para la situación actual, porque este programa ha sido diseñado para migrantes económicos y no para los refugiados malienses que huyen de la violencia en su país. Ellos son ahora mismo el grueso de los que se suben a los cayucos, rumbo a Canarias: no tienen alternativa para buscar refugio.

La llegada de migrantes al archipiélago se ha ido desacelerando, pero todo el mundo da por hecho que volverá a dispararse en otoño, cuando las condiciones en el Atlántico favorezcan la travesía. Mientras tanto, el Gobierno continúa sin resolver la reubicación de casi 6.000 niños y niñas llegados a Canarias cuyo traslado a la Península está bloqueando el Partido Popular.

Para complicar más las cosas, en los últimos días ha aumentado significativamente la presión migratoria sobre Ceuta, un suceso que el Gobierno se esfuerza en desvincular de la voluntad de Marruecos, a pesar de que todo indica que no sería posible sin la colaboración —por omisión— de las autoridades del país.

La ciudad autónoma ha experimentado en los últimos días la llegada de cientos de migrantes a nado, en una situación que recuerda el caos vivido en mayo de 2021, cuando Rabat presionó al Gobierno español para que cambiara de postura sobre el Sáhara, facilitando la llegada de más de 8.000 personas de forma irregular.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, reconoció este lunes que la ciudad vive una situación de presión migratoria “extrema”, con una media de intentos de entrada de 500 personas diarias procedentes de Marruecos y Argelia. Tan solo este pasado domingo lo intentaron 1.500 personas. La media de devoluciones al día, según Pérez, oscila entre las 150 y las 200 personas, en virtud del convenio que permite a las autoridades españolas trasladar de regreso a su país a los varones marroquíes que llegan de forma irregular a Ceuta.

La posición del Gobierno no ha variado. Reivindica como propio el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, así como el apoyo a “políticas de integración” que pongan en valor la contribución de los extranjeros a la riqueza de España. “Si hoy tenemos más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social”, recordó este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, “también es gracias a esos trabajadores que vienen de fuera de nuestro país”. “Dentro de esos más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social, el 13,5% son personas que han venido de fuera”.

Con todo, explicó Alegría, la política de inmigración del Gobierno incluye “claramente una política de cooperación” con los países de origen y tránsito que, por diversos medios, policiales y de promoción económica, tratan de desincentivar la migración irregular. “Muchas veces ese desafío se fragua a miles de kilómetros de nuestras costas. Y es fundamental incrementar esas políticas”.

La precariedad de la posición del Ejecutivo en esta materia volvió a quedar de manifiesto este martes en el Congreso. Sánchez salvó in extremis tener que explicar, en sesión extraordinaria en la Cámara Baja, su política migratoria, tras un triple empate en la Diputación Permanente. La petición del PP contó con el apoyo de Vox y Junts y la abstención de Podemos.

Conocer cuánto dinero público ha dedicado, dedica y planea España dedicar a África, en iniciativas directa o indirectamente relacionadas con el objetivo de frenar la salida de cayucos rumbo a las costas españolas, se ha convertido en una tarea imposible. El Gobierno o no responde a las demandas de información o simplemente afirma no disponer de esos datos. Así que tampoco es posible conocer si esas cantidades de dinero se supervisa de algún modo, para que no acaben en manos de personas o intereses a los que no estaban destinadas. De igual modo, no hay modo de saber si el Ejecutivo dispone de algún mecanismo para evaluar el éxito o el fracaso de estas políticas. Y hay motivos para la sospecha, como denuncian las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno.

No deben ser cantidades menores. Hace ahora seis meses, en pleno pico de llegadas de migrantes a las costas de Canarias, el presidente Pedro Sánchez anunció más de 300 millones de euros solamente para Mauritania en los próximos años, con el objetivo de frenar el repunte de migración irregular desde sus costas. De esta cifra total, 200 millones se anunciaron para fomentar la inversión de empresas españolas en aquel país durante los próximos cinco años, a través de instrumentos como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). De aquel anuncio nada se ha concretado desde entonces.

En aquel viaje, en el que el jefe de Gobierno español estuvo acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Sánchez anunció 60 millones de euros adicionales para proyectos de desarrollo durante los próximos cuatro años y otros 50 millones de euros de cooperación financiera para este país africano. 

El presidente aterrizará de nuevo este martes en Mauritania, primera escala de la gira africana que le llevará también a Gambia y a Senegal y que su Gobierno trata de presentar como un esfuerzo adicional para frenar la migración que parte de las costas de África Occidental y se dirige al archipiélago canario.

Sin embargo, el Ejecutivo apenas ofrece información con la que poder evaluar el alcance y el supuesto éxito de estas políticas más allá de sus propias análisis, siempre positivos. Esta vez, la versión oficial anticipa la firma de nuevos acuerdos de migración circular con Mauritania y Gambia, que se añadirán a los que ya existen en Senegal, en Marruecos o en varios países de América Latina, con el objetivo de regular la llegada ordenada y temporal de trabajadores de estos países.

La idea es simple: hacer coincidir la demanda que hay en España de trabajo, sobre todo de temporada en sectores tales como la agricultura o el textil, con la oferta de trabajadores de otros países que reciben formación antes de viajar y, después, regresan a sus lugares de origen. 

El Gobierno considera un éxito estas iniciativas, pero las pocas cifras conocidas demuestran lo limitado del esfuerzo. Solamente 141 senegaleses han tenido la oportunidad de beneficiarse del programa de migración circular, del que la Administración Sánchez únicamente ofrece la cifra global: apenas 17.400 migrantes procedentes de Marruecos, Colombia, Honduras, Ecuador, Senegal, Argentina y Uruguay. Y no detalla el dato por cada uno de estos países.

Aunque el Gobierno asegura que transformar el fenómeno de la migración africana hacia Europa va a requerir esfuerzo y tiempo, no duda en relacionar la última visita de hace seis meses del presidente la zona, a la que acudió acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, con una “ralentización” de la llegada de migrantes procedentes de África Occidental. 

Fuentes del Ejecutivo admiten la posibilidad de que la llegada de migrantes empeore en los próximos meses, favorecida por las condiciones de la travesía, pero a pesar de ello esperan que la visita de Sánchez contribuya a mejorar la cooperación con los tres países de los que parten la mayoría de los cayucos que llegan a Canarias en estos momentos.

En Mauritania, Gambia y Senegal ya hay presencia de efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo nacional de Policía colaborando con las autoridades locales en la lucha contra el crimen organizado, la prevención del terrorismo islamista y la persecución de los grupos que se lucran organizando los viajes en cayuco. En el primer caso, el país vive la presión de tener aquel atender a más de 200.000 refugiados de Mali que huyen del conflicto que asola el país desde hace más de una década y que se ha recrudecido con la retirada de las tropas francesas y la llegada de mercenarios rusos del Grupo Wagner. Casi todo el Sahel, una vasta región que se extiende a lo largo de una franja de unos 5.400 kilómetros de este a oeste del continente, desde el océano Atlántico hasta el mar Rojo, vive bajo la presión de la violencia de grupos armados, muchos de ellos yihadistas.

Muchos de estos malienses acaban abandonando los campos de refugiados, al este del país, cruzan el desierto y buscan la costa para embarcarse hacia Canarias. De ahí que España trata de promover en Mauritania políticas que dificulten ese tránsito.

Durante su visita, Sánchez firmará varios documentos con el objetivo reforzar la cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado y las mafias de tráfico de personas. También ha previsto suscribir declaraciones conjuntas detallando los ámbitos de cooperación en los que se desarrollarán acciones conjuntas en los próximos meses. El Gobierno, sin embargo, no ha revelado sus contenidos y, en particular, si implican nuevos fondos y el desplazamiento de más policías y guardias civiles a la zona. Se sabe, eso sí, que el presidente viajará acompañado para la ocasión por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, a la que se unirá en Senegal el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

La gira, durante la cual no está prevista la celebración de ninguna rueda de prensa, comenzará en Nuakchot el martes por la tarde, donde Sánchez se reunirá con el presidente mauritano, Mohamed Uld Ghazuani, y está prevista constitución de un comité empresarial hispano-mauritano al que asistirán representantes del Gobierno canario y empresarios canarios.

El miércoles por la mañana, el presidente se trasladará a Banjul en la que será la primera visita oficial de un mandatario español al país más pequeño del continente. Aquí, además de reunirse con su presidente, Adama Barrow, y firmar con él un acuerdo de migración circular, tendrá ocasión de conocer de primera mano la labor que llevan a cabo los efectivos de la Guardia Civil y la Policía en colaboración con las fuerzas gambianas.

Tras ello, se desplazará a Dakar, donde el Instituto Cervantes, el primero en el África Subsahariana y cuya primera piedra puso Sánchez, acogerá una jornada durante la que se presentará la Estrategia África Avanza elaborada por el Ministerio de Economía y que tiene por objetivo financiar proyectos que permitan fomentar el desarrollo y la inversión en sectores emergentes en estos países para impulsar la capacitación y aprovechar el capital humano existente.

Ya el jueves por la mañana, Sánchez tiene previsto un desayuno con empresarios españoles con intereses en Senegal para conocer de primera mano su situación e inquietudes. A continuación, tendrán lugar los contactos con la nueva administración del presidente Bassirou Diomaye Faye, elegido el pasado marzo.

Además de reunirse con el presidente, con quien firmará acuerdos, el presidente del Gobierno también se reunirá con el primer ministro, Ousmane Sonko. Las fuentes han resaltado que la relación con el nuevo mandatario senegalés sigue siendo igual de buena que con el anterior, Macky Sall, con quien Sánchez forjó una estrecha colaboración, y las nuevas autoridades ven con buenos ojos.

Sobre proyectos concretos, el Gobierno no ofrece detalles y mucho menos cuantías económicas. Apenas algunas pinceladas, como una iniciativa para llevar Internet, telefonía móvil y conectividad a áreas rurales de Senegal a través de Hispasat, la empresa operadora de telecomunicaciones por satélite controlada por el Estado. Oficialmente, no hay nada en el programa sobre acuerdos de devolución de migrantes irregulares a los tres países que visitará Sánchez, pero el Gobierno tampoco ofrece datos sobre cuántos han sido trasladados de vuelta en los últimos años.

Dakar se despertó el martes 13 de febrero con un entramado de calles sitiadas por las fuerzas de seguridad, sin Internet móvil (que representa casi todo el tráfico en Senegal), y una ralentización debida al paro en bancos, escuelas y servicios de transporte, y sin ninguno de sus legendarios atascos. 

La capital también se despertó a la espera de una manifestación masiva convocada por más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil. Pero la marcha preparada por el colectivo Aar Sunu Election ("Protejamos nuestra elección" en lengua wolof), que debía partir de la rotonda Jet-d'Eau para protestar contra el aplazamiento de las elecciones presidenciales, fue también aplazada. 

La decisión la tomó el colectivo menos de dos horas antes de la salida, después de que la manifestación fuera prohibida por el prefecto, que pidió a los organizadores que propusieran un recorrido alternativo y en otra fecha. Ésta podría ser el sábado 17 de febrero, si para entonces no ha cambiado la inestable situación de Senegal, que está a la espera de una decisión del Consejo Constitucional, ante el que se han presentado varios recursos contra el aplazamiento de las elecciones. 

Tras esta pausa en la movilización, ¿es la relativa calma de los últimos días, que siguió a los numerosos y mortíferos enfrentamientos del viernes 9 y el sábado 10 de febrero en varias ciudades del país, la que precede a la tormenta? ¿O es una señal de que los principales actores exploran todas las vías posibles para resolver sin más derramamiento de sangre la crisis política sin precedentes en la que se encuentra Senegal? 

¿O es el juego de sombras, o incluso las componendas entre amigos, de un régimen senegalés en el que, como hizo el presidente Macky Sall, se puede formar parte de los manifestantes contra la toma del poder en 2012 y reprimirlos violentamente una década después? 

En otras palabras, ¿el aplazamiento de las elecciones presidenciales de Senegal constituye un golpe sin precedentes para un buen alumno de democracia de África, el descubrimiento de un sistema oligárquico en el que "poder" y "oposición" intercambian fácilmente sus papeles en detrimento del pueblo senegalés, o ambas cosas? 

En un momento de vacilación y recrudecimiento para Senegal, algunos intentos de apaciguamiento parecen más destinados a preservar intereses creados que a sacar al país del atolladero. 

Tal es el caso del llamamiento del presidente Macky Sall a un nuevo "diálogo" nacional, justo después de llevar a cabo, en palabras de sus opositores, un "golpe de Estado constitucional", en un intento de repetir lo conseguido tras los mortíferos enfrentamientos de junio de 2023, tras enviar a la cárcel al principal opositor, Ousmane Sonko. 

Lo mismo ocurre con la carta recién publicada de los dos presidentes anteriores, Abdou Diouf y Abdoulaye Wade. Sacados de la naftalina para la ocasión, estos dos hombres, de 89 y 97 años respectivamente, como "padres, junto con Léopold Sédar Senghor, de la democracia senegalesa duramente conquistada", hacen un llamamiento a los jóvenes para "detener inmediatamente la violencia". 

La carta causó un gran revuelo en Senegal, porque cuando Abdou Diouf dejó la presidencia en 2000, prometió no comentar los asuntos del país, y hasta ahora lo había cumplido. Y porque Abdoulaye Wade no puede considerarse un actor neutral, ya que su hijo, Karim Wade, es uno de los principales beneficiarios de la decisión de aplazar las elecciones. Éste fue eliminado de la carrera presidencial por el Consejo Constitucional por poseer la doble nacionalidad francesa y senegalesa en el momento de presentar su candidatura, y espera que las cartas se barajen suficientemente para poder presentarse el próximo diciembre.

Frente a este viejo mundo, Alexandre Gubert Lette, de 37 años, se ha impuesto la misión de "hackear la democracia senegalesa" porque "el país está secuestrado por una casta de políticos". Para ello, co-fundó en 2018, en vísperas de las anteriores elecciones presidenciales, la plataforma www.senegalvote.org, que ahora forma parte del colectivo Aar Sunu Election. 

La plataforma ha creado aplicaciones e impresionantes herramientas digitales de código abierto para facilitar la comparación de los programas de los candidatos, garantizar una repunte fiable de la participación y los resultados y, sobre todo, animar a los jóvenes a participar en las elecciones, dirigiéndose, en sus formatos y vocabulario, a una población que vota muy poco. 

"Sólo hay 7 millones de votantes registrados en una población de 17 millones. Incluso si no consideramos a los que no están en edad de votar, la edad media de los votantes es de 42 años, cuando más del 65% de la población tiene menos de 25 años. Y si queremos que la democracia funcione, no se trata sólo del día de la votación, hay que construirla antes", prosigue Alexandre Gubert Lette. 

Fadel Barro, cofundador del colectivo ciudadano Y'en a marre (Estamos hartos), que irrumpió en la escena política senegalesa en 2012 para impedir un tercer mandato de Abdoulaye Wade, también quiere acabar con una "casta política perversa". 

A su juicio, "si el pueblo senegalés no sale hoy en masa a la calle es porque sabe que tiene todas las de perder, incluso la vida, por los enfrentamientos entre un Gobierno cada vez más armado que busca acentuar la idea de que el país arde y una oposición que pretende hacer de lo viejo algo nuevo". 

"Cuando se creó Y'en a marre en 2012, quiso poner fin al juego de sillas entre políticos y optó por la no violencia, porque el Gobierno tiene todo el interés en reducir la oposición a alborotadores. En 2012, limpiamos las calles tras las manifestaciones. Somos "jamistas". Jam significa "paz" en wolof, pero en realidad es más fuerte que la connotación de la misma palabra paz, poniendo el acento en la realización del individuo en armonía con todo el entorno. Nuestro objetivo hoy es evitar tanto un tercer mandato como otro baño de sangre.” 

El hombre que aportó un soplo de aire fresco a la política senegalesa, antes de fracasar en su intento de ser elegido alcalde de la ciudad de Kaolack en las elecciones municipales de hace dos años, teme que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo sobre un proyecto de amnistía que permitiría sin duda la liberación de los activistas políticos encarcelados, incluidos los dirigentes del principal partido de la oposición, Pastef (Patriotas africanos del Sénégal por el trabajo, la ética y la fraternidad), pero que también ofrecería impunidad a los responsables de la muerte de más de sesenta jóvenes en marzo de 2021, junio de 2023 y ahora en febrero de 2024. 

Fadel Barro desconfía tanto de Macky Sall como de "una oposición que tiende a admitir en su seno a ciertos miembros del régimen". Su desaprobación incluye a Ousmane Sonko, que se presenta como el candidato anti-sistema, y a Pastef, cuyo candidato parecía bien situado para ganar si las elecciones se hubieran celebrado como estaba previsto el 25 de febrero.

 "Por supuesto que cristaliza esperanzas, pero eso no basta si no cambiamos las prácticas políticas. ¿Es que aliarse con Aminata Touré, ex primera ministra de Macky Sall, como ha hecho Sonko, va a permitir cambiar las prácticas políticas?", se pregunta retóricamente el joven. 

Alexandre Gubert Lette es más comedido. "Aquí, los altos funcionarios son inmensamente ricos. Un ministro senegalés es mucho más rico que un ministro francés. Aunque Sonko, que trabajó durante quince años en el departamento de Hacienda, lugar predilecto de la élite depredadora que encarna el candidato al poder Amadou Ba, no se ha aprovechado de su posición.” 

En su opinión, "muchos intelectuales de izquierdas soñaban con que uno de los suyos aglutinara a las multitudes y ahora sienten una especie de resentimiento por la popularidad de Sonko, al que ven como un populista. Y también les cuesta tener en cuenta el hecho de que, en comparación con 2012, se ha reducido el espacio cívico y se han recortado nuestras libertades." 

¿Puede ocurrir que la voluntad de acabar con la "casta política" denunciada por los dos hombres, ya sea por nuevos medios digitales o por estrategias que Fadel Barro "prefiere no mostrar públicamente en un momento de tanta represión", se convierta en una oposición maniquea entre el buen pueblo y los malos gobernantes? 

"Hay que tener en cuenta la especificidad de nuestra historia”, responde Barro. “Cuando los colonos llegaron aquí, no escogieron a los mejores de nosotros, sino a los que estaban dispuestos a colaborar con ellos. Heredamos este sistema colonial, que introdujo una profunda desconexión entre las necesidades y deseos de la sociedad y las acciones de quienes la gobiernan. El caos actual es una forma de mantener los intereses de unos privilegiados que se han apropiado de la democracia senegalesa para su beneficio, mientras ignoran las aspiraciones democráticas reales y bien arraigadas de la población". 

En ese contexto, la declaración del portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores francés, Christophe Lemoine, el martes 13 de febrero, de que "Francia anima a todos los actores senegaleses a apostar por la vía del diálogo y a preservar la larga tradición democrática de Senegal", ha suscitado una sonrisa forzada.

El economista senegalés Ndongo Samba Sylla acaba de co-escribir un libro recién publicado por La Découverte, titulado “De la democracia en Francáfrica. Historia del imperialismo electoral”. El capítulo titulado "Detrás del 'escaparate democrático' senegalés: la eugenesia electoral", muestra, con cifras, cómo el partido en el poder ha elaborado durante años un censo electoral a medida, aumentando masivamente el número de votantes en las zonas que le son favorables, aprovechándose de la "ceguera de los observadores internacionales" y construyendo una "gerontocracia electoral" que excluye del voto a la mayoría de los jóvenes. 

“Si lo vemos desde lejos", explica el investigador, "nos sorprende menos lo que está ocurriendo hoy. Detrás del escaparate de una democracia ejemplar, podemos ver, a nivel de Senegal y de la subregión, que las elecciones no sirven a la democracia, sino que sirven para poner y mantener en el poder a una élite que a su vez sirve a los intereses de Francáfrica y a su legado neocolonial". 

En Senegal, prosigue, "la ejemplaridad democrática se confunde bastante con la estabilidad. Pero esa estabilidad se debe sobre todo a que Senegal no ha tenido dirigentes −o fueron eliminados muy pronto− que se opusieran frontalmente a la dominación colonial. Senghor no quería realmente la independencia". 

Con la instauración del pluripartidismo en 1976, Senegal se presentó como prueba de que era posible una independencia armoniosa "y Francia invirtió en su estabilidad", añade Ndongo Samba Sylla. "Pero la perspectiva de una victoria del Pastef y de sus dirigentes, muy críticos con el neocolonialismo y con Francia, ha hecho estallar la vitrina del escaparate democrático con la decisión del aplazamiento. El hecho de que las estructuras estén viciadas no es incompatible con que el pueblo senegalés crea en la democracia. Los senegaleses no se dejan dividir por conflictos religiosos o de clanes, que pueden explotarse en otros lugares, y siempre están dispuestos a salir a la calle para proteger el bien común". 

Está muy extendida por un amplio espectro de la sociedad esa doble idea de que Senegal no es una democracia "excepcional" en África, sino que este supuesto modelo ha tenido efectos performativos que hacen que la población del país sea especialmente resistente a los abusos de poder. 

El cantante y rapero Didier Awadi, que acaba de publicar un clip contra el "tercer tiempo" exigido por un mal jugador de fútbol que quiere quedarse con el balón, opina que "los países de nuestro entorno no tienen el monopolio de la estupidez y la inestabilidad. Pero los senegaleses son un pueblo extremadamente politizado, y no se les puede obligar a tragarse cualquier cosa. Sigo confiado, porque el sentido de la historia nos obliga a todos y ninguna represión puede retener a un pueblo durante mucho tiempo. Miren a Blaise Compaoré en Burkina Faso: tenía un cuerpo de élite de tropas muy represivas y muy armadas, y eso no le impidió caer.”

El opositor Guy Marius Sagna también cree que la excepcionalidad democrática de Senegal "siempre ha sido un mito, una medalla de chocolate. Era teoría sin práctica. Costa de Marfil era el escaparate económico de Francáfrica. Senegal era el escaparate democrático de la misma Francáfrica". 

Incluso Thierno Lô, varias veces ministro de Macky Sall y ahora jefe de campaña de un ex primer ministro candidato a la presidencia, cree que "Senegal no es una excepción democrática. Hoy, nuestro país parece una república bananera. Pero los senegaleses van por delante de quienes les gobiernan". 

George Lamine Diop, de 33 años, que creó varias de las herramientas digitales de la plataforma Senegalvote.org y se ha tomado una excedencia en su empresa durante al menos tres semanas para centrarse en la situación actual, también cree que la población "ya está aplicando nuevas prácticas políticas. En la ciudad de Rufisque, por ejemplo, se han organizado las comunidades para pavimentar los barrios" sin esperar nada del sistema clientelista e ineficaz del Estado. En otras ciudades, "los vecinos han puesto en común sus recursos para construir una red de alcantarillado que, de otro modo, habría tenido que esperar años".

 Para Alexandre Gubert Lette, "Senegal sigue siendo un modelo de democracia en el sentido de que su pueblo busca siempre prevenir y superar los conflictos. Los senegaleses están orgullosos de sus elecciones, orgullosos de no tener que esperar varios días como en los países vecinos para conocer los resultados, que se anuncian a las 20h en punto. Para ellos, las elecciones presidenciales son una fiesta de la democracia, y su aplazamiento es una verdadera puñalada por la espalda". 

Pero, añade, "si la democracia es un alfabeto, no podemos contentarnos con la letra E de Elecciones. En la práctica nos faltan muchas letras. Es cierto que nuestra asamblea nacional tiene una paridad 50/50, que no existe en Francia. Pero en la realidad, las mujeres siguen relegadas a un segundo plano. Otro ejemplo: en Touba, la principal ciudad religiosa del país, sólo se somete a votación una lista, elaborada por los morabitos, en las elecciones legislativas o municipales.

 Mientras muchos apuestan aquí por una intervención discreta de los líderes de las poderosas hermandades del país para resolver la crisis, Alexandre Gubert Lette destaca "el silencio de las autoridades religiosas, que contrasta con la declaración del arzobispo de Dakar, que se pronunció contra el aplazamiento de las elecciones". 

En este contexto, ¿por qué la movilización parece estancarse a pesar de todo, aunque la oposición anuncie y prepare otras acciones? Para George Lamine Diop, la respuesta es desgraciadamente sencilla: "Si tomamos un grupo de diez jóvenes que, como yo, se manifestaron contra el tercer mandato de Abdoulaye Wade en 2012, y vemos que tres están en la cárcel, dos resultaron heridos o incluso muertos, y tres huyeron en patera de un país que no tenía nada que ofrecerles, sólo quedan dos.”

Traducción de Miguel López

2023 ha sido el año más mortífero en las aguas españolas en más de una década. Cada día, de media, dieciocho personas han perdido la vida intentando llegar a nuestras costas por vía marítima. En total han sido 6.618 los fallecidos, una cifra que prácticamente triplica a la que se registró en 2022, cuando se contabilizaron 2390.

Son datos del informe Monitoreo Derecho a la Vida, que ha presentado este martes Caminando Fronteras. La gran mayoría de las muertes, 6007, se produjeron en la ruta canaria, que vuelve a ser la más letal del mundo. Otras 434 personas lo hicieron en el Mediterráneo Occidental, 147 en el Estrecho de Gibraltar y una treintena en la ruta del mar de  Alborán. Es alarmante, además, el número de mujeres y niños que han perdido la vida en estos trayectos: 365 y 384 respectivamente. “Son las víctimas de una necropolítica cada vez más cruel y agresiva con los Derechos Humanos”, afirman los autores. 

Los meses en los que más víctimas mortales se registraron fueron junio y octubre, con 1997 y 2370 fallecidos. Son meses que coinciden con el aumento de la inestabilidad sociopolítica en Senegal y unas condiciones más favorables en el mar. La ONG también ha podido confirmar la desaparición de hasta 84 embarcaciones “sin que nadie sobreviviera para contarlo”, algunas de ellas con hasta 300 migrantes a bordo. 

A diferencia de otros años, las políticas de control migratorio marroquíes han provocado un aumento de las salidas de cayucos procedentes de territorios más alejados del archipiélago canario, como Senegal, Mauritania y Gambia, sobre todo en el último trimestre del año. Se han registrado más de un millar de fallecidos procedentes de cayucos de este último territorio, el más alejado de todos. Los puntos de llegada también han cambiado y El Hierro, que hasta ahora apenas tenía que socorrer cayucos y neumáticas, se ha convertido en el destino de muchas de estas embarcaciones que tratan de huir de los controles marítimos saliendo lo antes posible a mar abierto. 

El Observatorio de Derechos Humanos de Caminando Fronteras ha enumerado las causas más graves que están detrás de estas cifras devastadoras. Sus voluntarios constatan una “priorización del control de fronteras frente al deber de socorro”, “la no activación de los medios de búsqueda y rescate con la urgencia necesaria”, “el impacto de la externalización de las fronteras” y  “una reducción de los medios destinados al rescate”, especialmente en el Mediterráneo. Destaca, entre otras cuestiones, la “invisibilización” por parte de las autoridades españolas de las víctimas de la ruta argelina, cuyas familias, además de organizaciones humanitarias, denuncian “una falta de transparencia sistemática". 

“Los jóvenes que mueren en el mar son considerados opositores por el gobierno senegalés, que invisibiliza sus muertes. Y la Unión Europea no está protegiendo a estos chicos en riesgo, que salen por el conflicto político. Sus familias tienen miedo a represalias”, comenta Pape Sarr, un activista senegalés que ha participado en la presentación. 

Gracias al trabajo que realizan “pueblo por pueblo”, los trabajadores del colectivo consiguen tener una estadística de desaparecidos y fallecidos. Para ellos es fundamental contar con las familias y comunidades locales, pero este año ha aumentado el hostigamiento y las persecuciones a quienes denuncian estos casos. “Este verano alertamos de la desaparición de 500 personas en el mar. El gobierno de Senegal emitió un comunicado negándolo y asegurando que no se estaban produciendo muertes”, explica Helena Maleno, directora de Caminando Fronteras: “Luego fueron a por las familias y varias personas fueron detenidas. Desde entonces hay un cambio de actitud. Ahora nos contactan a través de la diáspora por miedo a las represalias.” 

La periodista explica que las autoridades de este país tienen intereses en ocultar la verdad por sus “buenos acuerdos económicos” con España y Francia. En aquellos días aún se podía haber iniciado una búsqueda activa de los cayucos desaparecidos y se habrían evitado muertes, de hecho, como recuerda Maleno, algunos de ellos fueron localizados poco después: “Esta es la política de externalización de fronteras”

Además de las hostilidades en sus propios países, estas familias ven cómo sus hijos, hermanos, primos… que desaparecen en el mar, se encuentran con la pasividad de Europa en la búsqueda e identificación de los cuerpos y una constante falta de transparencia por parte de las autoridades. El informe recoge varios casos fechados, entre ellos un naufragio que ocurrió el dos de octubre en la zona de Tan Tan. Ese día recibieron una alerta y pudieron contrastar que la embarcación había naufragado y ocho personas habían fallecido. En todo momento se les negó información a los familiares, que desconocen si se activaron mecanismos de rescate de los cuerpos, asegura el informe.

El Observatorio ha trabajado junto a otros proyectos que se encargan de ayudar en el proceso de duelo de estas personas. La mayoría de estos grupos están formados por mujeres locales, que están abriendo espacios donde “hablar públicamente de estas pérdidas” y del dolor que produce “la falta de información” y el abandono institucional. “Los datos que hoy publicamos son para las familias de las víctimas que  las recuerdan, para las comunidades migrantes que las tienen en su memoria", afirma Maleno que lamenta que todas estas muertes “son evitables”. 

“Da igual el gobierno que esté al mando en los países europeos, si es más o menos progresista. En la frontera nada cambia. Y este no es un trabajo solo de Interior, todos son responsables: Exteriores cuando niega a las familias tomar muestras de ADN en las embajadas, Sanidad con la deficitaria atención sanitaria en las fronteras, o Presidencia por el abandono de cadáveres en el mar”, concluye.

Sarr también ha querido destacar durante su intervención la dificultad de sus compatriotas para conseguir el derecho de asilo y la importancia de poner el foco en los que llegan y la situación que se encuentran. “La identificación de los menores llegados a Canarias está fallando. Somos las organizaciones quienes tenemos que luchar para que se les reconozca como menores cuando llegan a ciudades como Almería. Hay muchos adolescentes viviendo en la calle”, asegura. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concedió en 2022 un total de 18.565 autorizaciones a extranjeros contratados en sus países de origen, una cifra que casi iguala la de 2019, antes de la pandemia –18.987–. Se han recuperado así las contrataciones del conocido como Programa Gecco (Gestión colectiva de contrataciones en origen) desde los mínimos en que se hundió durante los años posteriores a la crisis financiera, cuando no se superaron, por ejemplo, las 2.767 de 2015, de acuerdo con las cifras facilitadas a infoLibre por el departamento de José Luis Escrivá. Aun así, este mecanismo proporciona apenas el 8,7% de los trabajadores agrícolas extranjeros del sector, que en el último trimestre de 2022 sumaban 212.300 activos, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

Para las organizaciones agrarias, se trata a todas luces de un porcentaje insuficiente. “Hay mucho trabajo en el campo”, resume Juan José Álvarez, director de Relaciones Institucionales de Asaja. El 50% de las empresas agrícolas declara que tienen problemas para encontrar mano de obra, según la última encuesta del Banco de España, publicada el pasado mes de junio. Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG y él mismo empresario agrícola almeriense, precisa que en provincias como Almería y Granada ya se está empezando a notar la escasez de mano de obra. “Aún no es alarmante, no es que se vayan a dejar de recoger cosechas por falta de trabajadores, todavía no estamos en ese límite”, matiza, “pero sí que es cierto que cuesta trabajo encontrar personal”.

A su juicio, la contratación en origen es un sistema “modélico” que habría que impulsar: “Supone una puerta para venir a Europa de forma legal y segura”. Él mismo ha viajado a algunos países africanos a contratar contingentes de cientos de trabajadores y lo considera “casi una cuestión humanitaria, así no tienen que venir en patera o colarse en los bajos de un camión”.

Sin embargo, el mecanismo, que desde hace muchos años está limitado a los temporeros agrícolas –en un principio incluía también a trabajadores de la industria y los servicios–, está copado de hecho por las recolectoras marroquíes de fresas y frutos de rojos de Huelva. Según las cifras del Ministerio de Seguridad Social, de los 18.565 permisos Gecco concedidos en 2022, 16.786 correspondían a trabajadores procedentes de Marruecos. Y son 16.881 los otorgados a trabajadores enviados a Huelva, el 91%. La segunda nacionalidad por número de autorizaciones es, a considerable distancia, la colombiana, con sólo 862. La segunda provincia con más contratados en origen es Albacete, y sólo ha traído a 384.

En realidad, sólo vienen trabajadores contratados en origen desde cinco países: Marruecos, Colombia, Ecuador –sólo 142 en 2022–, Honduras –633– y Senegal –141–. Pese a que España ha suscrito acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios también con Mauritania, Ucrania, República y Dominicana, además de contar con instrumentos de colaboración en esta materia con Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Malí, Níger, México, El Salvador, Filipinas, Paraguay y Argentina.

Este año, el ministerio ha modificado la orden que regula estas contrataciones en origen, para facilitar los trámites y obligar a las empresas a ofrecer contratos fijos discontinuos a los migrantes, en cumplimiento de la reforma laboral. Ahora la autorización se otorga para cuatro años, que permiten al migrante trabajar durante nueve meses en cada uno de ellos. En ese momento deben volver a su país y el empresario está obligado a llamarlos para que regresen en la siguiente campaña o temporada. Es lo que se llama “migración circular”. Al cabo de esos cuatro años, no obstante, el jornalero puede solicitar una autorización de residencia y trabajo de dos años, tanto para trabajar como asalariado o por cuenta propia.

Está por ver si estos cambios impulsan un mecanismo que llegó a ser casi residual en los años de la anterior crisis. En lo que ha transcurrido de 2023, ya se ha contratado en origen a 16.000 marroquíes, 1.000 colombianos, 500 hondureños y 117 senegaleses, asegura el ministerio.

Pero, más allá de la reciente flexibilización aprobada en la nueva orden, el mecanismo se enfrenta al bloqueo que, según destaca Andrés Góngora, mantienen desde la crisis financiera las Comisiones Provinciales de Flujos Migratorios, encargadas de autorizar las nuevas contrataciones. Integradas por empresarios, sindicatos, los servicios públicos de empleo y la Inspección de Trabajo, llevan años aprobando permisos sólo a los “repetidores”, pero denegando nuevas contrataciones, con la excepción de Huelva y alguna otra provincia más, explica el responsable de COAG. Porque tanto los servicios de empleo como los sindicatos priorizan desde hace más de una década la contratación de desempleados españoles o de migrantes ya residentes en España también en paro.

Con cifras de desempleados que rozaron el 26% en 2012 y que aún hoy se mantienen en el 11,6%, duplicando la media europea, tanto los servicios de empleo como CCOO y UGT no dudan en expresar sus recelos ante las medidas de José Luis Escrivá para incorporar más extranjeros al mercado de trabajo. Los sindicatos repiten que no hay un problema de vacantes pese a las quejas de los empresarios, sino de malas condiciones laborales, y reclaman que se prime la formación de los desempleados, ya sean españoles o extranjeros.

Tanto Juan José Álvarez como Andrés Góngora niegan que las condiciones laborales en la agricultura española sean precarias. Se paga el salario mínimo –1.080 euros al mes– o por encima del salario mínimo, detalla el dirigente de COAG, y, si se hacen horas extras, lo que es habitual, un temporero puede ganar entre 1.300 y 1.400 euros netos. Pero admite que el trabajo es duro, además de inevitablemente temporal o estacional por la naturaleza de la actividad, y a veces obliga a hacer viajes en coche de decenas de kilómetros cada día. “Es perfectamente legítimo que determinados perfiles laborales no quieran trabajar en el campo”, resume. Y descarta que la reforma laboral, que ha obligado a reconvertir los contratos temporales en fijos discontinuos, suponga “un problema”. “Yo, de hecho, los prefiero”, zanja.

Como explican Ana María López-Sala y Elena Sánchez-Montijano en un artículo publicado en la revista Cidob d'Afers Internacionals, el primer convenio que reguló las migraciones en las campañas agrícolas data de 1997. Lo firmaron CCOO, UGT, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Trabajo. En 2001 se aprobó el Plan Greco, que permitía el asentamiento del migrante. Ese año se suscribieron acuerdos bilaterales con Colombia, Ecuador, Marruecos y República Dominicana; en 2002, con Polonia y Rumanía, y con Bulgaria en 2003. Con la crisis, la reforma de la Ley de Extranjería en 2009 ya estableció la necesidad del retorno obligatorio de los temporeros.

Al tiempo, el número de trabajadores agrícolas extranjeros se multiplicaba exponencialmente. En 1987, según la EPA, no había más que 2.400. Llegaron a 10.000 en 1995. En 2000 ya eran 45.000. En el segundo trimestre de este año, las últimas cifras disponibles, los activos extranjeros en el sector agrícola alcanzan los 211.500. Es decir, su número se ha quintuplicado en 23 años. Según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, son más aún: cotizando en el régimen especial agrario hay registrados 238.380 extranjeros, que representan el 33,3% de los trabajadores de este sector productivo. De ellos, el 75,5% procede de países extracomunitarios.

El pasado mayo, llegaron a Albacete 123 trabajadores senegaleses. En Lleida y Balears son colombianos los empleados este verano en la recogida de fruta. En 2022, los empresarios de Lleida contrataron en origen a 377 extranjeros, la cifra más alta desde 2013, pero aún por debajo de los 1.390 de 2011. En Almería, por el contrario, y pese a la importancia de la actividad agrícola, el año pasado sólo se empleó a 10 extranjeros utilizando este mecanismo, lejos de los 615 de 2010. La provincia, explica Andrés Góngora, cuenta con un gran número de trabajadores extranjeros residentes, por lo que apenas recurre a las contrataciones en origen.

La Escola Pia de Catalunya han lamentado los presuntos abusos sexuales cometidos por parte de un antiguo escolapio y misionero a varios alumnos de los escolapios de Senegal entre 1980 y 2005, y ha afirmado que han denunciado "los hechos ante fiscalía y las autoridades eclesiásticas", según informa Europa Press.

En un comunicado de este jueves con la Comissió de Defensa dels Menors Abusats Sexualment a l'Església al Senegal, han asumido los hechos presuntamente sucedidos en Senegal y han expresado su "absoluta indignación y rechazo" hacia ellos, han asegurado que no representan a la orden y que no tienen cabida en ella.

En el documento se explica que este escolapio presuntamente abusó sexualmente de un importante número de menores y que, "según testigos, engañaba a los menores y se aprovechaba de su condición de misionero y de la ascendencia y autoridad que tenía".

Este escolapio, tras una denuncia en 2005 de un grupo de catalanes vinculados a Senegal, fue trasladado a Catalunya apartado de actividades con menores y bajo tratamiento psiquiátrico, y en 2018, según la escuela, a través de otra denuncia, pidieron explicaciones al misionero --que reconoció los hechos-- y le expulsaron de la orden y del sacerdocio en 2019.

La Escola Pia ha pedido disculpas a todas las víctimas, sus familias y comunidades senegalesas "por los daños ocasionados por este antiguo miembro de la comunidad y los responsables de los escolapios que no denunciaron los abusos en Senegal y Catalunya", y ha expresado su vergüenza ante estos hechos, textualmente.

Además, ha pedido perdón a las personas y entidades que confiaron en este escolapio y su tarea en Senegal, así como a las personas que "en algún momento del pasado se acercaron a la institución y no fueron atendidas correctamente por los responsables de los escolapios en Senegal y en Catalunya".

La escuela ha afirmado que ha pedido apoyo a entidades relacionadas con el tratamiento de abusos a menores, y ha asegurado que ha colaborado con el Defensor del Pueblo.

Asimismo, la Escola Pia ha afirmado que el provincial de la orden, acompañado de un representante en Roma, viajó de urgencia a Senegal del 5 al 16 de junio para "intentar contactar con las víctimas que se conocen para pedirles perdón en nombre de la orden y ponerse a su disposición".

También con este viaje se pretendía poner estos hechos en conocimiento de las autoridades senegalesas, ponerse a disposición de la orden en Senegal para ayudarles a asumir esta situación, crear una comisión de expertos independiente para atender a víctimas y familias e iniciar el trabajo de formación y prevención en Senegal para "evitar que hechos como estos se vuelvan a producir".

La Comissió de Defensa dels Menors Abusats Sexualment a l'Església al Senegal han habilitado un correo electrónico (protecciodelmenor@escolapia.cat) para cualquier persona que "quiera compartir información relativa al caso" y se ha facilitado también un contacto en Senegal para acompañar a las que se sientan víctimas.

La Corporación municipal de A Coruña ha aprobado, con el respaldo de todos los grupos con representación municipal -PSdeG, PP, Marea Atlántica, BNG y la concejala no adscrita Isabel Faraldo (Podemos)- una moción de los nacionalistas para la concesión del título de hijos adoptivos de A Coruña a Ibrahima y Magatte, los dos senegaleses que trataron de auxiliar a Samuel Luiz, informa Europa Press.

La moción fue defendida por el portavoz del grupo municipal del BNG, Francisco Jorquera, quien incidió en que los comportamientos que concurrieron "en ese acto de brutalidad", ha dicho sobre la agresión a Samuel, "no representan a la ciudad".

Mientras, ha destacado la intervención de Ibrahima y Magatte, de los que ha remarcado su intervención para intentar ayudar a Samuel Luiz pese a que estaban en una situación irregular en España y de los que ha subrayado que pusieron en riesgo "sus vidas".

En la misma línea, han intervenido los demás representantes de los grupos municipales, que han destacado el "coraje" de ambos y han condenado los hechos que provocaron la muerte de Samuel.

Lo han hecho en una sesión plenaria en la que también se aprobó una moción demandando al gobierno local para que se refuercen los programas de apoyo al colectivo LGBTQI+ y se han demandado políticas públicas a este respecto.

Los representantes en España de diversos colectivos senegaleses pro-democracia en dicho país africano han convocado una concentración para las 16 horas de ese sábado en la Puerta Sol de Madrid, para denunciar la "deriva antidemocrática y las violaciones de derechos humanos" del Gobierno senegalés del presidente Macky Sall.

La protesta ha sido comunicada convenientemente a la Delegación del Gobierno en Madrid, que la ha autorizado. Tiene una previsión de 60 personas respetando separación, mascarilla y el resto de medidas anticovid-19, han informado a Europa Press fuentes del organismo institucional.

Amina Kane Ba, portavoz en Madrid del partido Patriotas de Senegal por la Ética, el Trabajo y la Fraternidad (Pastef), ha pedido apoyo a la ciudadanía y las entidades españolas defensoras de derechos humanos, para "exigir que se levante la represión judicial contra el diputado y líder opositor Ousmane Sonko" y rechazar "la atribución falsa de delitos" a dicho dirigente.

El objetivo del acto también es "condenar los asesinatos y exigir que liberen a los senegaleses que han acabado entre rejas por manifestarse a favor de Sonko y de la democracia y en contra de la violación de derechos humanos", añade Birane Wane, del movimiento social Y'en a Marre (Estamos hartos), integrado en el colectivo civil M2D.

Los convocantes coinciden en la necesidad de visibilizar ante la opinión pública española "el grave ataque a la democracia que está sufriendo Senegal", sobre el que, según Wane, "hay un apagón informativo en España que explica, en gran medida, el aumento de migración a Canarias y el Estrecho".

Así, se busca que el Gobierno español, que mantiene con el de Senegal "pactos directos" como miembro de la UE, exija a Macky Sall que respete al opositor Ousmane Sonko y excarcele a los activistas detenidos por ejercer su libertad de expresión.

Thionck Essyl es un pequeño pueblo senegalés ubicado en el departamento de Bignona, en la región de Ziguinchor, la tercera menos poblada del país. A pesar de sus más de 8.000 habitantes y de su consideración como zona urbana, según los últimos datos de la Agence Nationale de la Statistique et la Démographie, en este pueblo del suroeste senegalés, a medio camino entre Gambia y Guinea-Bissau, es la tierra, y no el asfalto, la que se abre paso. La electricidad y el agua corriente son un lujo. Y la educación de los más pequeños, en una localidad dedicada casi por completo a la pesca y el cultivo de arroz, choca de lleno con las carencias en infraestructura.

Thionck Essyl cuenta actualmente con cuatro colegios y un instituto. Sin embargo, ante la sobresaturación de alumnos en todos ellos, alrededor de 500 chavales de enseñanza secundaria necesitan con urgencia otro centro educativo más. Un problema al que se quiere poner remedio desde Foundawtion, una organización sin ánimo de lucro creada en 2014 por el estudio de arquitectura Dawoffice y que busca "llevar a cabo proyectos que cubran necesidades arquitectónicas en zonas económicamente desfavorecidas", a través de 'Hagamos escuela', una iniciativa que esperan culminar en 2018.

16 nuevas aulas en un solar cedido

"Cuando en 2014 se desplazaron a la zona para ver cómo podían ayudar, se dieron cuenta de que había cuatro escuelas y un instituto, por lo que tres cuartas partes de los chavales que pasaban de primaria a secundaria se quedaban tirados", cuenta en conversación con infoLibre Lluís Morón, uno de los patronos de Fundawtion, a la que se incorporó junto a su mujer el año pasado. Fue entonces cuando empezaron a mantener contactos con el alcalde, los líderes locales y los diferentes responsables barriales para poner en marcha la construcción del centro. Después de las reuniones, cuenta Morón, el ayuntamiento decidió ceder a Fundawtion un solar de dos hectáreas.

Un terreno que albergará, según el dossier del proyecto, un total de 16 aulas, un módulo de lavabos con red de saneamiento y suministro de agua, un edificio principal de administración de la escuela, plazas de juego y pistas deportivas. Antes de la temporada de lluvias de 2016 –que se prolonga entre junio y septiembre y que obliga a parar la obra–, el centro educativo ya contaba con el aula prototipo. En octubre de ese año, después de comprobar que el primer módulo había resistido a la perfección las inclemencias meteorológicas de los tres meses húmedos, reanudaron los trabajos.

"Antes de los meses de verano queremos terminar otras 9 aulas, con lo que tendremos ya 10. Con todo esto afrontaremos, a partir de septiembre u octubre de este año, la construcción del resto de aulas, zona de profesores, lavabos... Ese es el calendario", detalla Morón a este diario. En la construcción, cuenta, "trabajan unas cuarenta personas locales", remuneradas y supervisadas por las arquitectas voluntarias. La instrucción de cara al futuro, añade, es la segunda intención de 'Hagamos escuela': "Además de construir un centro educativo, hemos ido a hacer escuela en el sentido de enseñarles a levantar, con sus materiales, otro tipo de construcciones de cara al futuro", detalla.

Un proyecto valorado en 200.000 euros

Con un coste por aula de 7.661 euros, desde Foundawtion han calculado un gasto final para la nueva escuela de 202.500 euros. Sin ayudas oficiales, el proyecto avanza a través de donaciones. "Vamos sacando el dinero de aquí y de allá", asevera Morón, que se encarga justamente de conseguir los fondos. "Igual que hay gente que aporta lo que puede, hay personas con dinero que quieren echar un cable con donaciones considerables", detalla a este diario. Unos ingresos que, añade, se completan con lo recaudado por otras vías: "Hacemos conciertos, regatas, cenas solidarias...". A pesar del coste del proyecto, Morón cree que "no habrá problema para conseguir el dinero".

Niños en el módulo prototipo. | FOUNDAWTION

Además, dice que cada euro donado va íntegramente a la construcción. Ni un sólo céntimo se destina ni a viajes, que asegura que se los pagan ellos mismos, ni a la manutención durante su estancia. De hecho, tal y como se explica en el dossier, "las familias que acogen a los voluntarios desplazados al terreno reciben una remuneración directa de la alcaldía para cubrir sus gastos de manutención". Tampoco hay intermediarios: "Nosotros mandamos el dinero por transferencia desde aquí. Nuestros voluntarios sobre el terreno lo van sacando y utilizando con total transparencia", cuenta Morón.

Senegal, país de contrastes

Desde el año 2000 la economía senegalesa ha ido experimentando un crecimiento constante. En 2015, últimos datos ofrecidos por el Banco Mundial, el PIB del país se situó en unos 13.000 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de ser uno de los países más estables de la zona, la pobreza afecta a más de un 46% de la población –unos 15 millones de personas en 2015–. Una lacra que golpea, sobre todo, a la región sur, donde se encuentra Thionck Essyl. Senegal es, en este sentido, un país con disparidades geográficas muy pronunciadas: "Dos de cada tres personas son pobres en las zonas rurales, sobre todo del sur, frente a uno de cada cuatro en Dakar, la capital", señala el Banco Mundial.

Además, a pesar de haberse producido un progreso en educación, elevando la tasa de alfabetización en la última década en más de 15 puntos –mientras que en 2002 era del 39%, en 2015 se situó en el 55%–, casi un 70% de los jóvenes entre 15 y 24 años están fuera de la escuela, según las cifras recogidas por el Banco Mundial. En este sentido, Morón se pregunta: "¿Hacemos la escuela y luego qué? La calidad de la educación será la que pueda proporcionar aquí el Ministerio. Es en este sentido donde encontramos un déficit". "Nosotros no creo que podamos llegar a más", lamenta el miembro de Foundawtion.

El 30 de mayo de 2016 un tribunal especial creado por la Unión Africana (UA) declaró al exdictador de Chad Hissène Habré culpable de crímenes contra la humanidad, violación, esclavitud sexual forzada, homicidio voluntario, práctica masiva y sistemática de ejecuciones sumarias, secuestro de personas, torturas y actos inhumanos, por los cuales cumplirá cadena perpetua.

infoLibre entrevista al magistrado de Senegal Demba Kandji (Thiés, 1955), que en febrero de 2000 fue el primero en ordenar la detención del sátrapa africano, considerado culpable de la muerte de alrededor de 40.000 personas, y que según la investigación judicial habría participado él mismo en los delitos. El dictador Habré vivía en Senegal desde 1992, año en el que fue desplazado del poder por un golpe de Estado en su país. Pero el 26 de enero de 2000 la querella de siete víctimas permitió que el expresidente de Chad abandonara su retiro dorado.

Las acciones legales, interpuestas en Dakar, la capital de Senegal, recayeron ante el juez Demba Kandji, que apenas unos días después, el 3 de febrero, ordenó la detención de Habré. "La historia me puso frente al dictador y yo estaba obligado a acusarle de crímenes contra la humanidad", asegura el magistrado en Madrid, ciudad en la que ha hecho escala tras participar junto al exjuez Baltasar Garzón y la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado (en un vídeo grabado) en unas jornadas sobre justicia universal en la sede de Nueva York de las Naciones Unidas.

Kandji, que ahora es presidente de la Corte de Apelación de Senegal, tuvo que sufrir las consecuencias de una decisión sin precedentes en África, pero que sí se había adoptado en España, y en concreto por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra el dictador de Chile Augusto Pinochet. Quizá por ello, en el mundo de derecho internacional se conoce al magistrado Kandji como el Garzón africano.

Pregunta. ¿Qué opina del papel que ha desempeñado la justicia universal en España?

Respuesta. "España está en el origen de la lucha contra la impunidad por la vía del mecanismo de la justicia universal. Ese fue el caso del dictador Pinochet y de otros dictadores de América del Sur que han sufrido la persecución de la justicia española por medio de la justicia universal.

El juez de Senegal Demba Kandji. 

P. ¿Entonces la decisión de España fue importante para que usted arrestara al dictador de Chad?

R. "El papel de España fue importante, pero no hay que olvidar que los Estados son sujetos de derecho internacional y normalmente estas decisiones no tienen su origen en una decisión de los jueces, sino que España tiene detrás una convención contra la tortura, y Senegal tiene la misma convención contra la tortura de 1984.

P. Pero esa convención no se cumplía...

R. "Hoy en día está bien visto hablar de jurisdicción universal, pero todo tiene su origen ahí, en la convención de la ONU de 1984 contra la tortura, que obliga a los Estados firmantes a buscar a los torturadores y juzgarles, y eso fue lo que obligó a Senegal [a detenar al dictador] y es lo que ha obligado finalmente a juzgar a Hissène Habré".

"En este caso concreto Bélgica, que también forma parte de la convención, vino a exigir que se juzgara a Hissène Habré y Senegal lo ha juzgado, y nosotros hemos abierto un proceso con Bélgica y delante de la Corte Internacional de Justicia, es la Ley, es nuestra obligación".

P. ¿Pero quién fue el primer juez que hizo eso?

R. "Fue España el primer país que lo hizo y Baltasar Garzón el primer juez".

P. Pero en África fue usted…

R. "Sí. Senegal lo ha hecho, porque las víctimas siguieron a Habré hasta territorio senegalés. Y le llevaron delante de los jueces y el caso recayó en mí. Y la historia me puso frente a esa persona y había que acusar a Hissène Habré".

P. Al final fue un juez concreto el que lo ha hecho. Había que ser valiente…

R. "Yo creo que es algo más que el valor. Habría que hacerlo desde un punto de vista moral. No era importante que Senegal no tuviera siquiera una legislación interna al respecto. Senegal estaba obligado por el derecho internacional a perseguir a esa persona".

P. Esa decisión ha supuesto un aviso a todas las dictaduras africanas.

R. "Lo que está claro es que con las detenciones de estas personas la comunidad internacional está lanzando un mensaje a los dictadores del mundo: que es que pueden acabar como Pinochet o Habré. Estos dos procesos han hecho recular la impunidad. Hoy en día cualquier presidente que tome el poder en contra de la voluntad popular puede pensar que la Corte Penal Internacional puede perseguirle en cualquier parte. La historia ha hecho una filigrana con Pinochet y con Habré, y por eso la impunidad ha reculado con fuerza por la repercusión de esas tentativas de perseguirles".

P. Tanto el caso de Pinochet como el de Habré han sufrido importante interferencias, por lo que ha costado varios años llevar a los dictadores ante los tribunales.

R. "Si uno se sitúa en la época en la que se adoptaron esas decisiones judiciales, lo importante fue el acto de perseguirles, porque eran unas decisiones bastante fuertes para esas fechas, que constituían una advertencia contra todas esas personas que se creían por encima de la ley. Todavía hoy en África hay tensión, porque los dirigentes están bajo la amenaza de ser sancionados por la vía internacional".

P. No era normal que una persona acusada de matar a unas 40.000 personas en Chad se paseara por las calles de forma impune.

R. "Habré no podía escapar de la justicia cuando había evidencias de sus crímenes. Una prueba de ello es el proceso penal que se ha seguido en Senegal, y que ha finalizado con la condenado máxima: la cadena perpetua. Y eso demuestra que sí debía ser juzgado por sus responsabilidades. Y otra cosa, África debe reflexionar sobre los medios que se dedican a luchar contra la impunidad. Los tribunales deberían dotarse de medios, porque no veo bien estar pendiente de la magnanimidad de los otros para llevar adelante un proceso judicial. Los países africanos deberían haber aportado un presupuesto suficiente. Pero esto no fue lo que pasó en este proceso, porque hemos juzgado a Habré después de haber recibido fondos de varias partes. ¿Lo podríamos haber hecho si hubiera un caso simultaneo como el de Habré en Malí o en Costa de Marfil? Yo creo que no". 

P. ¿Se puede luchar contra el yihadismo desde la jurisdicción internacional?

R. "No es para nada difícil luchar desde el derecho contra el terrorismo, porque el yihadismo es terrorismo. Es un crimen contra la humanidad porque se trata de un ataque sistematizado contra la población civil. En realidad el yihadismo corresponde con toda la definición de crimen contra la humanidad. Pese a que los Estados suelen ver esos crímenes como un problema doméstico, yo creo que la Corte Penal debería investigarlos. No hay que olvidar que en muchos casos los criminales se trasladan por los territorios de los estados fallidos. Los países afectados no son sólo los que han sufrido el ataque. Además, si una víctima o un terrorista está relacionada con un estado fallido, la Corte Penal Internacional puede declararse competente". 

P. Pero en Europa hay quien dice que la solución sólo puede venir de una intervención militar...

R. "Las intervenciones militares no tienen la misma repercusión de un proceso legal y público. La justicia es lo contrario a las actividades militares, que tienen que llevarse a cabo de forma confidencial. Yo pienso que la Ley es mucho más pedagógica para la población. Y eso permite educar en el sentido del respeto a la Ley y de la promoción de los derechos del hombre".

P. Usted asegura que España es un referente internacional en la lucha contra los crímenes contra la humnidad, pero todavía hay miles de muertes sin investigar de la dictadura franquista.

R. "Yo creo que los que han muerto de forma injusta por causas políticas no descansarán jamás en paz si no hay una discusión real que lleve a la reconciliación. Es un deber para las sociedades, que como España han vivido eso, organizar no un proceso estandar y convencional, sino que podría ser un comite de la verdad y la reconciliación sobre las circunstancias que causaron la muerte de estas personas. Todo con la intención de reconciliar a los españoles, porque no se puede lograr la paz en una colectividad si no se pasa por la justicia. La justicia es la que crea la paz".

El juez Demba Kandji. 

"Pero hay que destacar el rol terrible que tiene que jugar la justicia en relación a los crímenes cometidos en el pasado por las dictaduras. Ese rol  siempre había sido llevado por los historiadores. Se decía, te dejo delante del tribunal de la historia, y de eso se encargaban los historiadores, que testimoniaban los crímenes. Pero ahora es la justicia la que realiza esa función y eso es terrible para ella, ya que hay que buscar pruebas sobre hechos que se han cometido hace 40 o 50 años. Este es uno de los principales motivos por los que yo abogo por los comités de reconciliación".

P. Precisamente ahora la justicia universal se ha convertido en una especie de boomerang que ha vuelto a España desde Argentina, ya que una jueza de este país es la que investiga los crímenes cometidos por el franquismo.

"Está claro que cuando se inicia un proceso se debe continuar hasta el final. Pero no conozco bien el tema de Argentina, aunque está claro que este país ha sido emblemático por los crímenes innombrables que se cometieron allí, como por ejemplo las personas que fueron lanzadas desde los aviones. Esas cosas son las que han hecho que en los años 70 y 80 las ONG y los activistas de los derechos humanos se movilizaran, lo que fue muy importante en la lucha contra la impunidad.

P. ¿Sabe que el Gobierno ha limitado la justicia universal de los tribunales españoles a los casos relacionados con España y sus ciudadanos?

R. "Pero sin embargo sí se puede utilizar la competencia universal personal pasiva y activa, es decir, los casos en los que hay ciudadanos españoles. Por ejemplo Bélgica, país que estuvo en el origen de la detención del dictador de Chad, tuvo la misma dificultad que España. El Gobierno de Bruselas promovió la competencia universal integral de sus tribunales, y eso provocó un aluvión de denuncias de todo el mundo. Pero ahora los jueces de este país son solo competentes cuando se trata de un ciudadano belga que es víctima en el extranjero, o que ha cometido el crimen. Esto pasó por las presiones de EEUU e Israel. Eso prueba de que este problema no es exclusivo de España, que tiene unos intereses económicos y comerciales".

"Pero es un combate que se ha comenzado y hay que continuarlo. Esta ley contra la delincuencia y la criminalidad internacional no se abandonará jamás. No se hablará más de impunidad. Las cosas ya no serán jamás como antes. No habrá más dictadores sanguinarios que provoquen masacres y se libren de forma impune de haberlas cometido. Hoy en día hay una justicia convencional encarnada por la Corte Penal Internacional, y hay que ser ambicioso y optimisma de que veremos una justicia universal total".

P. ¿Usted está aquí en Madrid, pero viene de Nueva York, qué ha hecho allí?

R. He estado en la ONU gracias a una invitación de la Fundación Internacional de Baltasar Garzón (Fibgar). Participé junto a Baltasar Garzón en un encuentro denominado La jurisdicción universal: de Núremberg a nuestros días, que se ha desarrolladoa iniciativa de un grupo de trabajo encabezado por la Misión Permanente de Costa Rica, y en la que ha participado también el Instituto Auschwitz. Allí hemos hablado de este tema en relación a África y del mecanismo de la Corte Penal Internacional.

El pescado es la principal fuente nutritiva de los senegaleses. No obstante, cada año este recurso se ve más amenazado. Durante décadas, la flota española estuvo explotando la zona, conocida como FAO34. Tras la ruptura de los acuerdos con Senegal en 2006, las empresas españolas buscaron otras fórmulas para continuar faenando en estos caladeros, un sistema de banderas de conveniencia.

Senegal huele a brisa de mar y pescado. Las playas están repletas de piraguas de vivos colores, pequeñas lonjas animadas y chozas donde se reúnen los pescadores. Pero no es una cuestión estética, por mucho que le pueda gustar a un tubab ―turista blanco―, sino social: Senegal vive de cara al mar.

Gaoussou Gueye, secretario general de la Caopa (Confederación Africana de Organizaciones de Pesca Artesanal), explica que "el 80% de los desembarques en Senegal son de pesca artesanal. Genera más de 600.000 puestos de trabajos directos y más de un millón y medio indirectos, en una población de 13 millones, además de ser un sector importantísimo para el PIB". Gaoussou añade que “no sólo es importante para el país, también para toda la zona del norte de África, especialmente para los países que no tienen costa”, ya que se exporta y supone un gran aporte alimenticio para la región.

En el caso de Senegal, la UE estuvo firmando acuerdos hasta 2006, de los cuales España fue uno de los principales beneficiarios. Pero el recurso empezó a disminuir drásticamente y los pescadores se manifestaron en contra de los barcos extranjeros. Incluso, hubo algunos episodios violentos contra buques industriales, durante los cuales los pescadores artesanales obligaron por la fuerza a algunos barcos a dejar de faenar. A partir de entonces, el Estado se sentó a dialogar y fue el inicio de la ruptura de acuerdos. Raoul Monsembula, responsable de campañas de pesca de Greenpeace África, relata que "por un lado, el sector artesanal no quería que los extranjeros siguieran pescando en sus aguas. Por el otro, al gobierno senegalés no le parecía suficiente la contrapartida económica a cambio de la explotación de sus recursos. Sin embargo, cuando Senegal paró el acuerdo con la UE, algunos barcos europeos encontraron la manera de venir a Senegal". A partir de entonces se desarrolló una relación puramente privada, las sociedades mixtas. Se trata de empresas con un 51% de capital supuestamente senegalés y un 49% extranjero. Aunque, los más de 20 expertos consultados aseguran que ese protocolo no se produce así. Incluso desde Gaipes (Armadores de Senegal) ―la asociación que agrupa a este tipo de empresarios― reconocen que “el capital local es simbólico, en realidad no hay fondos. La parte senegalesa sólo aporta la mano de obra, incluso es el socio europeo el que aporta el barco”. De esta forma, la empresa queda exenta de pagar los impuestos que debería aportar como empresa extranjera. “La compañía puede ser en un 99% española […], pero al no pagar impuestos es todavía peor para Senegal que cuando había los acuerdos con la UE, no hay beneficio”, considera Monsembula; quien añade que “incluso hay quien viene y se casa con una senegalesa y pone la compañía y el barco a nombre de su mujer”. Además del beneficio fiscal, financiero y económico, estas empresas también salen ganando respecto a las normativas, ya que estos países tienen leyes laborales y ambientales más laxas.

El clúster español es el que más se aprovecha de estas sociedades mixtas. Según Lamine Niasse, miembro del Colectivo Internacional de Apoyo a los Pescadores (ICSF), esto se debe a que "España tiene mucha industria de pesca y necesita deslocalizarla. Pero hay una gran opacidad que envuelve a estas sociedades". Estas empresas están obligadas a desembarcar una parte de la captura en el país, que genere un beneficio en la industria de transformación. Muchos pescadores entrevistados aseguran que estos barcos realizan transbordos en alta mar para exportar sin pasar los controles, una práctica prohibida internacionalmente. Lamine cuenta que incluso hay buques factoría que "llegan al puerto con el pescado ya procesado y embalado, se mete directamente en cargueros y se exporta".

En cuanto al desarrollo en el país, uno de los argumentos en defensa de las sociedades mixtas que esgrime Gaipes es que genera empleo. "Más del 90% de los trabajadores son senegaleses", asegura Fatu Niang, vicepresidenta de Gaipes y directora de Senevisa, filial senegalesa del grupo gallego Vieira, S.A. En una de nuestras visitas al puerto de Dakar, conseguimos una entrevista con ella y un recorrido por sus oficinas, así como permiso para ir a uno de sus barcos. Fuera de la mirada de la administradora, algunos pescadores nos comentan que las condiciones son pésimas. Unos meses antes, nos habíamos puesto en contacto con el Grupo Vieira, solicitando una entrevista. No obtuvimos respuesta. Incluso nos desplazamos a sus oficinas en Vigo para intentar localizar a Eduardo Vieira, pero había salido hacia Argentina, ya que habían sido retenidos varios de sus buques. El Grupo Vieira ha sido acusado en varias ocasiones por prácticas pesqueras ilegales.

El sector artesanal no sólo se queja del agotamiento de los caladeros y del escaso beneficio que supone para Senegal este tipo de flota, sino también de las técnicas utilizadas ―especialmente, el arrastre― y de las actividades ilegales que se llevan a bordo. "Por ejemplo, usan la técnica del 'calcetín'. Dentro de la red reglamentaria, introducen una malla muy fina, que permite atrapar todo […], después seleccionan lo que les interesa y el resto lo descartan", explica Lamine; quien añade que "los españoles lo usan mucho". Lamine, al igual que muchos pescadores, asegura que estos barcos descartan grandes cantidades de pescado al mar y nadie se entera, porque no hay observadores en el interior.

Babacar Kourouma, secretario general del Sindicato de Observadores de Pesca de Senegal, se pregunta "¿Por qué hay merluza senegalesa en los mercados europeos? ―y responde― Porque se pesca de forma clandestina por las sociedades mixtas, sin control". Babacar asevera que “no es obligatorio llevar observadores porque Gaipes escribió al entonces ministro diciendo que no iban a aceptarlos a bordo, y el ministro lo acató”. Posteriormente, tuvimos acceso a esa carta y, efectivamente, reza que los barcos con bandera de conveniencia "no llevarán observadores a bordo, ya que ocupan la plaza de un marinero". Fatu Niang, unas semanas más tarde, nos confirmó que no están dispuestos a que les controlen y que "ellos ya tienen sus propios sistemas de control, como la baliza Argos ―un sistema de detección satelital―". Babacar replica que "cuando quieren desconectan la baliza y dicen que se ha estropeado. Así que un europeo que no quiera aceptar un observador puede venir, pasar por 'la mafia', cuelga una bandera senegalesa y ya está". Babacar añade que "todo este sistema mafioso de sociedades pantalla, ficticias, sirve a los criminales financieros para blanquear dinero. Y comenten muchas infracciones que quedan impunes. Con darle algo de dinero a un funcionario…". Días más tarde, accedemos a los documentos sobre barcos amonestados, no sin dificultades, y corroboramos lo que Babacar nos había contado. El 96% de las infracciones estaban cometidas por barcos senegalizados de Gaipes; entre ellas: pesca prohibida, técnicas sin licencia, pesca en zonas de exclusión, falta de documentación, y un largo etcétera. En la mayoría de infracciones la guardia se limitó a una amonestación verbal o, en el mejor de los casos, a multas que no llegaron a pagarse.

Nos acercamos a uno de esos puntos de radar, que controla más de 40 kilómetros de costa. Se trata de una pequeña garita de madera. En la puerta, un hombre sentado, con las piernas por encima del muro. Es el jefe de control, que se presta orgulloso a enseñarnos las instalaciones. El polvo y las telarañas delatan la regularidad de uso del equipo de radar, que está arrinconado en una mesa, para dejar espacio en la garita a una cama ¿…? El radar no está enchufado a la corriente. Pero nos confiesa que, aunque lo estuviera, necesitaría cobertura para funcionar y para eso necesita una instalación. No obstante, insiste en que es un buen equipo y que funciona ―más bien recuerda a un sistema de radioaficionados amateur―. "Los radares no funcionan y estos barcos hacen lo que quieren, sin control", dice Karim Sall, pescador y secretario de la Asociación de Jóvenes Pescadores de Joal-Fadiouth. Karim cuenta que se ha encontrado muchas veces a estos barcos que "entran en las zonas de pesca reservadas al sector artesanal, provocan accidentes, rompen los aparejos de los pescadores artesanales,… Esta situación sólo nos deja dos opciones, defendernos aunque nos llamen piratas o emigrar". En ocasiones, se producen graves accidentes que provocan heridos, incluso muertos. Muchos pescadores relatan casos en los que barcos industriales han chocado, especialmente por la noche, hundiendo las piraguas. Karim describe que ha tenido que hacer innumerables batidas marítimas para localizar los cuerpos desaparecidos de vecinos que han muerto por esos choques; y asegura que "te sientes desesperado cuando ves que un barco de estos ha arrasado tu material de pesca". Desde la ONG gallega Ecodesarrollo Gaia, quienes han trabajado con infinidad de inmigrantes senegaleses, comparten que “muchos de estos pescadores han perdido familiares debido a los accidentes que se producen con esos buques”.

A medida que estos pescadores se fueron quedando sin recursos, tenían que hacer mareas más largas y pasar varios días en el mar para conseguir una captura decente. Muchos de estos pescadores optaban por subir a Mauritania o bajar a Guinea a faenar, lo que provocaba tensiones con los pescadores de los países vecinos. Según Raoul Monsembula, “ha habido muertos y heridos, terrible. Ha habido tiroteos entre países por el recurso. Si esto continúa, con los años puede explotar la zona. La situación de la pesca puede hacer explotar a los Estados”.

Karim Sall, cree que “en Senegal, hace 30 años, había mucho pescado y se pensó que los recursos eran inagotables […]. Y 20 años más tarde se dieron cuenta que empezaban a desaparecer y que los barcos extranjeros habían comenzado a transformar nuestras aguas en desierto líquido”. Karim añade que “las consecuencias pueden llegar desde el plano de la seguridad alimentaria. Incluso, si no hubiera inmigración, si toda esa gente que va a España se quedara en Senegal, con la situación que estos barcos españoles provocan en nuestras aguas, sería una catástrofe a nivel de Senegal. Se podría incluso llegar a una guerra civil”.

Afortunadamente, la disminución del recurso no ha provocado grandes conflictos que hayan llegado hasta los medios de comunicación españoles. Desgraciadamente, lo que sí ha llegado es un sinfín de pateras cargadas de eco-refugiados que vienen buscando un mejor futuro, huyendo de la escasez de sus recursos. Seguro que existen fórmulas para saciar la sed de pescado, española y europea, sin necesidad de aumentar el hambre en África.

De esta guisa se ha dejado ver el presidente este lunes por Dakar (Senegal):

El resto es aportación tuitera:

Mariano, ¿en España sales a correr por nuestros jardines?

Si se trata de un cambio en la estrategia de comunicación del partido, alguien debería revisar los términos del giro porque la imagen no está lo que se dice muy cuidada:

Las parodias marianas:

El rey Juan Carlos pasará a la situación de capitán general de las Fuerzas Armadas en la reserva, como cualquier otro militar que cesa en sus funciones, una vez firme mañana su abdicación en su hijo Felipe de Borbón y este pase a ser, el jueves, el nuevo jefe supremo de los Ejércitos.

Así lo confirmó este martes el ministro de Defensa, Pedro Morenés, en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al destacamento Marfil del Ejército del Aire en Dakar (Senegal) como apoyo a la misión francesa Serval para detener la ofensiva terrorista en el norte de Mali. Según explicó Morenés a preguntas de los periodistas, el todavía monarca "mantendrá el empleo de militar en la reserva durante toda su vida", de modo que "no será retirado". Y además, indicó que "como cualquier militar que pasa a la reserva", podrá seguir vistiendo el uniforme.

El ministro hizo estos comentarios en la base militar de Dakar cuyo uso comparten los Ejércitos de Senegal, Francia y España y en la que están destinados 48 militares de nuestro país, todos ellos pertenecientes al Ejército del Aire, que operan un avión C-295 para sobre todo el transporte de material y efectivos franceses por todo el Sahel.

Último mensaje a las tropas como rey

Como ya hizo en las visitas que ha venido realizando estos días en la gira por las misiones en África en la que participan tropas españolas, Morenés trasladó a los 48 militares del destacamento Marfil el "afecto y reconocimiento lleno de cariño" del rey, de forma "muy especial" ahora que va a dejar de ser el jefe del Estado. El ministro recordó que el monarca ha sido "el primer soldado y primer marino de España"el primer soldado y primer marino de España y que a lo largo de los 39 años que ha durado su reinado "ha demostrado en todo momento su cercanía a las Fuerzas Armadas".

Morenés ya había lanzado este mismo mensaje en todas las misiones que ha visitado en esta gira, concretamente en República Centroafricana, Gabón y Mali, si bien en esta ocasión se trata del último pronunciamiento a las tropas en nombre de Juan Carlos, quien mañana firmará la Ley de Abdicación y, por lo tanto, dejará de ser rey de España.

510 misiones de apoyo a Francia

El destacamento Marfil en Dakar se pudo en marcha en enero de 2013 como respuesta a una petición de Francia, que había lanzado a su vez la operación Serval con los objetivos fundamentales de detener la ofensiva terrorista procedente del norte de Mali así como favorecer las condiciones para recuperar la normalidad política en este país. Los 48 militares que conforman el destacamento español –de los que hoy en día cuatro son mujeres– han realizado en casi año y medio de operaciones un total de 510 misiones, han hecho 1.650 horas de vuelo y han transportado 4.000 pasajeros y 700 toneladas de material.

El radio de acción de este destacamento va desde la costa de Senegal, Mauritania y otros países del oeste de África hasta el este de Chad. Un área que en Europa equivaldría al territorio concerniente entre Portugal y la península de Crimea, en Ucrania. Eso sí, el C-295 no realiza misiones en el norte de Mali, todavía una zona "muy problemática" por la presencia de grupos yihadistas, según ha explicado el teniente coronel Miguel Ángel Barroso, jefe del destacamento Marfil.

En sus 1.650 horas de vuelo que llevan realizadas, los militares españoles no han sufrido ningún ataque, aunque, por si acaso, en cada misión los miembros del destacamento, que no participa en operaciones de combate sino sólo logísticas, van acompañados de una fuerza de protección para hacer frente a cualquier incidente.

Cooperación entre países 

Previamente a su visita al destacamento, el ministro de Defensa se reunió con el presidente de Senegal, Macky Sall, con quien repasó los ámbitos de cooperación entre ambos países, como son la seguridad marítima o la de fronteras.

"Yo creo que tanto la labor de las Fuerzas Armadas como de la Guardia Civil, en lo que es la vigilancia de las fronteras del este del país, es fundamental para que un país estable como es Senegal pueda irradiar esa estabilidad a países de su entorno que no la tienen", explicó Morenés.

Por ello, considera "muy importante que la relación entre Senegal y España se consolide" y atender así a las "necesidades" de ambos, sobre todo teniendo en cuenta que "para las organizaciones yihadistas o de tráfico de drogas o de personas no existen las fronteras y los países tienen que cooperar muchísimo a la hora de compartir información de inteligencia a la hora de luchar contra esas redes".

Fueron tres largos años de viaje. De miedos, de noches sin dormir, de miseria y peligros. De recordar a la familia, más lejana a cada paso dado. De aquel tiempo, en que la mitad lo pasó a las puertas de la meta, España, lo primero que le viene a la cabeza a Mahmud Traoré es “sobre todo, el día del salto a la valla, para el que antes habíamos estado tres días organizándonos. También la segunda noche en el desierto, cuando fuimos de Agadez a Libia pasando por Djanet (en Argelia). Y la tercera, estando ya en Libia, cuando pegaron a un chaval maliense y le rompieron la cabeza”.

Hoy asentado en Sevilla, este senegalés de 31 años, de profesión carpintero, ha recopilado las experiencias de su particular odisea en el libro Partir para contar (Pepitas de Calabaza), que antes que en español fue publicado por Éditions Lignes en francés. Ayudado por el escritor Bruno Le Dantec, que redactó el texto a partir de su testimonio oral, Traoré se ha convertido así en uno de los primeros subsaharianos que –frente a elucubraciones de gobiernos, de servicios de inmigración y de medios de comunicación- ha dejado constancia pormenorizada y en primera persona de lo que se ve, se siente y se sufre en este periplo en pos de una vida mejor.

El pillaje, como cuenta Traoré en su libro, está a la orden del día en el camino: no son pocos los que se aprovechan de la indefensión de los inmigrantes y tanto de manera oficial como extraoficial se montan peajes a cada jalón para sacarles dinero. “La mayoría de la inmigración es rural”, explica el senegalés, con un deje sevillano. “Hay gente que no sabe ni leer, que no sabe ni dónde está geográficamente Europa”. Él, que tenía estudios de francés, ejerció muchas veces de intérprete y enlace para sus compatriotas. De muchos de ellos, así como de africanos de otras nacionalidades, también recibió ayuda frente a las adversidades, y con algunos forjó amistades que continúa manteniendo. 

Aprovechados, sí. Mafias no.

De entre las muchas vicisitudes, anécdotas, personajes y conflictos que presenta en el libro, Traoré subraya vehementemente una idea: la de que los africanos que parten hacia Europa no lo hacen secuestrados por ninguna mafia de tráfico de humanos, sino que –al contrario- emprenden su viaje libremente. La afirmación tiene mucho que ver con la actualidad, teniendo en cuenta que hace solo unos días -y con la muerte de 15 subsaharianos a los que la Guardia Civil disparó balas de goma en las playas ceutíes y los presagios en tono apocalíptico de la próxima venida de hordas de africanos a las fronteras españolas aún recientes-, Interior fulminó al jefe de la policía de la ciudad autónoma por mantener la misma tesis que Traoré. 

“Me da coraje cuando los medios dan esa información de que 40.000 [80.000 según mantiene el ministerio de Interior] inmigrantes están esperando a asaltar la valla, como diciendo que 'si les dejamos, esto se va a llenar de negros”, se lamenta Traoré. “Y también me da coraje porque Marruecos hace comercio con los africanos: son los marroquíes lo que bloquean la frontera y luego piden dinero a Europa para repatriarlos. En la valla tratan a los subsaharianos como animales”. De su arriesgado periplo a través del Sahel, el Sáhara, Libia y el Magreb, Traoré asegura haber vivido los peores trances precisamente allí. “Cuanto más cerca de la valla estás, más peligroso se vuelve. Mucha gente muere allí, y no entran periodistas para contarlo”.

Atascado durante cerca de un año y medio, Traoré dio el salto a España el 29 de septiembre de 2005, en el que fuera uno de los primeros intentos de cruzar masivamente la infame valla. Organizados en asambleas que se prolongaron tres días -y según asegura Traoré sin mafias de por medio- unas 500 personas decidieron probar suerte colectivamente, una iniciativa que se saldó con cinco muertos y un centenar de heridos para los que no hubo ninguna posterior investigación independiente. “Estoy entre los primeros en dar la gran voltereta”, recoge Traoré en el libro. “En la pista que serpentea entre las dos vallas, los españoles gritan y disparan pelotas de goma al aire. Cuando se les agotan los cartuchos, empuñan sus armas reglamentarias, cargadas con balas de verdad. Corren por ahí en todas direcciones repartiendo porrazos y culatazos a diestro y siniestro. Les oigo insultarnos entre jadeos: ¡Putos negros! ¡Putos negros!”.

¿Por qué dejarlo todo y venirse a Europa?

En su Temanto natal, un pueblo de la región de Casamance muy cerca de las fronteras con Guinea Bisáu y Guinea Conakry, el joven Mahmud creció escuchando historias de género cercano al fantástico sobre la vida en Europa. “No solo se escuchan, sobre todo te llega a través de las imágenes”, matiza él. “Desde pequeño, en la publicidad de la televisión veía a los europeos en la playa, en la piscina, disfrutando, siempre con una imagen positiva”. Para él, sin embargo, la primera opción fue la de marchar a Costa de Marfil, aunque por circunstancias acabó cambiando aquel destino por la dorada Europa. A su leyenda catódica, suma el Viejo Continente en África el relato muchas veces falaz de quienes lo han visitado, que prefieren decantarse por la mentira frente a la humillación de reconocer el fracaso.

“La gente que había ido siempre transmitían que vivían de lujo, que la cosa está superbién. Hay muy pocos que son sinceros”, explica el carpintero. “Cuando yo llegué a España, les conté mi historia a mis hermanos, pero no me creyeron. Por eso escribí el libro, para que la gente sepa lo que te puede ocurrir”. Una vez lanzado el mensaje, a él le queda por delante su segunda vida, la que ha emprendido en Sevilla. “De momento me quedo, no pienso volver a Senegal, aunque siempre será lo mío”, dice. “Pero ahora estoy intentado construir algo aquí, estoy instalándome, formándome, cada vez tengo más amigos. La vida es donde te sale bien, lo que no significa que me vaya a morir aquí”.

El Tribunal Supremo revisará este miércoles a puerta cerrada la primera sentencia condenatoria impuesta por un tribunal español por un delito de lesiones a la madre de una niña de tres años que sufrió un caso de ablación cometido fuera del territorio nacional.

La resolución, dictada el pasado mes de abril por la Audiencia Nacional, impuso una pena de dos años de cárcel a Fatoumata Dubo, ciudadana nacida en la localidad senegalesa de Bantantinity, por permitir la mutilación genital de su hija, que se produjo en su aldea natal.

La mutilación, por la que la Fiscalía llegó a pedir una pena de siete años de cárcel, fue descubierta en el centro de atención primaria de Premiá de Mar (Barcelona) en el curso de una exploración a la que la menor fue sometida en cumplimiento del protocolo de actuación de niños inmigrantes.

El tribunal señaló igualmente que el consentimiento es suficiente para justificar la condena de la madre, aunque considera como atenuante que "ignoraba que la mutilación genital de su hija constituía un delito no sólo dentro de España, sino incluso fuera de ella". El padre fue absuelto porque no se probó que estuviera en Senegal en el momento de los hechos.

Los padres no se sorprendieron

Uno de los enfermeros del centro asistencial catalán declaró durante el juicio oral que los padres no mostraron una "especial sorpresa" cuando se les comunicó la existencia de la mutilación y que incluso defendieron esta práctica como "un hecho cultural en África", hasta el punto de hablar de ella "con normalidad".

Los peritos médicos que comparecieron durante la vista también señalaron que la ablación, que pudo ser cometida por "un profano de la medicina en una aldea de Senegal, según la Fiscalía, suele "necesitar muchos días de curación, incluso meses, pudiendo producirse durante ese periodo infinidad de infecciones, algunas de ellas mortales".

La acusada, sin embargo, aseguró en su lengua natal, el mandinga, que tuvo conocimiento de la mutilación en el propio centro médico y que le causó "una profunda tristeza", ya que ella "nunca" habría permitido esta práctica. El enfermero, sin embargo, apuntó que la propia madre le reconoció que ella misma había sufrido esta lesión por tratarse de "las costumbres imperantes en ese aspecto en las zonas rurales de su país".

De Senegal a Guinea Ecuatorial, pasando por el Sáhara. De la música tradicional africana al hip-hop, la salsa, el reggae o el rock. Numerosos músicos del vecino continente han elegido España como lugar donde desarrollar sus carreras. Hablamos con tres de ellos, todos con nuevos discos o conciertos en ciernes. 

Seydina Ndiaye

Poco residente en el centro de Madrid habrá a quien, cuando menos, no le suene el nombre de Seydina Ndiaye. Este senegalés afincado en la capital desde hace 14 años, es un clásico en las paredes de barrios como Lavapiés o Embajadores, donde su cara, plasmada en vistosos carteles promocionales de sus conciertos, es casi parte inseparable del entramado urbano. Defiende que con su pertinaz trabajo de promoción, que también extiende a la Red, especialmente Myspace (donde, se jacta, es el músico senegalés con más seguidores en España), amén de su arte, ha conseguido ser habitual de algunas de las mejores salas de la ciudad, como Caracol, Galileo, Clamores o La Boca del Lobo, donde toca este mismo sábado 7 a las 21.30.

“Cada músico debe tener su estrategia: la mía es mucha dedicación y esfuerzo”, señala el cantante, cuyo estilo define como una fusión de ritmos africanos con pop, rock, reggae o salsa. “Cada país africano tiene su cultura musical, y en Senegal tenemos el Mbalax, muy basado en la percusión”. Dado que como estilo es “muy difícil de exportar”, él lo mezcla con otras influencias para dar lugar a canciones festivas y coloristas que hablan –en francés, en español y en wólof- “de la vida, de la política, del amor”. Este último, dice, es el tema que más peso adquiere en su trabajo, “porque es algo que la gente vive día a día”. De la política, sin embargo, no tiene mucho bueno que decir: “Los políticos son malos, estafadores, mentirosos en general: engañan al pueblo y luego no pasa nada”.

Aunque lleva casi tres lustros en España, Ndiaye (Dakar, 1965) se considera primero senegalés y luego ciudadano del mundo: “No quiero negar mis raíces, no quiero cambiar”.  También productor musical, (de grupos como Africa Lisanga) no puede asegurar que vaya a quedarse aquí para siempre. “Ahora tengo intención de escribir en inglés para intentar tocar a personas que hablan otros idiomas”, señala este músico que dice tener por único objetivo hacer lo que siente: “Siempre intento tocar con el corazón, hacer música con armonía y ritmo”.

Negro Bey

Como muchos otros compatriotas, el ecuatoguineano Negro Bey (Bata, 1984) llegó a España para estudiar. Él se está especializando en finanzas, aunque su pasión y su dedicación se concentran en el hip-hop. “Empecé con el rap en Guinea, donde tengo un grupo, Verso Roto”, explica. “Pero me vine a estudiar porque vivir de la música en mi país es casi imposible”. En dos semanas sacará su tercer disco, Reliquia, que además de en España, saldrá a la venta en varios países de África. “Crecí en un entorno de rap”, dice sobre su vinculación a este estilo. “En España viví en el barrio de Entrevías (en Madrid), donde se canta mucho flamenco, así que siempre he dicho que si hubiera crecido allí, ahora haría flamenco”.

Con sus compañeros de banda -en distintas partes del mundo también por motivo de estudios- crea melodías que fusionan el rap con el folclore guineano. “Utilizamos instrumentos como los tambores y el arpa tradicional mezclados con el rapeo”, explica sobre el grupo, con el que de vez en cuando se reúne para tocar “si nos invitan a festivales”. Las letras de sus canciones -en español y fang- hablan de lo que “vivo en el día a día, porque no me gusta la ficción. Hablo de la investigación criminal, de los tribunales, de juicios… También de temas como que en España hay racismo, que no quieren a los emigrantes cuando han sido toda la vida emigrantes”.

Para su nuevo disco, ha contado con la colaboración de Solange Belén Ayingono Sima, poeta igualmente ecuatoguineana (Niefang, 1985) volcada desde su llegada a España hace dos años en el slam, una modalidad de poesía urbana. Con sus composiciones, tanto las realizadas con Negro Bey como por su cuenta, también intenta comprender su realidad personal a través de las palabras: “Para cambiar la imagen que la sociedad quiere imponernos, porque no nos dejan mostrarnos como somos y como nos sentimos, personas de valor. Y es algo con lo que tienes que lidiar vayas donde vayas”.

Aziza Brahim

Nacida en Tinduf, el campo de refugiados saharauis perdido en la infinitud del desierto argelino, Aziza Brahim (1976) no podía dejar de recordar a su pueblo a través de su música. Tras pasar varios años estudiando en Cuba, llegó a España con un contrato con la discográfica Nube Negra tras haber ganado el Concurso Nacional de Canción de la República Árabe Saharaui Democrática en 1995. Lleva todo el verano en la carretera, de concierto en concierto (el próximo, este sábado 7 en Oleiros, A Coruña), una tónica que se expande a los años y las décadas. Pero se muestra encantada con su vida nómada porque, dice, “siempre tenemos buena respuesta de la gente”.

Su inspiración, explica, es la música tradicional de su país, el Haul, que conjuga con otros ritmos africanos y con estilos como el blues, el reggae o el funky y que canta en español y hasanía. En unos meses publicará su tercer disco, que sonará “más africano, más acústico, con otras connotaciones”. Las del último, Mabruk, editado en 2012, están muy centradas en el largamente irresoluto conflicto saharaui, contado a través de las palabras de su abuela, una mujer analfabeta conocida como la Poeta del fusil. “En España”, asegura la cantante, que también ha hecho sus pinitos como actriz en la película de Pedro Pérez Rosado WilayaWilaya, un papel por el que recibió la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga, “he recibido mucha complicidad y apoyo e interés por este disco”.