La precariedad en el campo andaluz

Madres jóvenes y pobres del Marruecos rural: así se seleccionan freseras dóciles para el campo andaluz

Un campamento de chabolas en el que vivían inmigrantes en Lepe (Huelva), arrasado por el fuego.

"Putas, os vamos a mandar a Marruecos, cojones, que en vuestro país estáis muertas de hambre, hijas de puta, tontas, inútiles". Los tres hombres se habían puesto de acuerdo para hostigar, humillar y abusar de 24 temporeras extranjeras que trabajaban en la finca onubense de uno de ellos recogiendo fresas. Con un fin: explotarlas. Las insultaban. Las obligaban a hacer sus necesidades en el campo. Impedían que se relacionasen con trabajadores de otras fincas. Sólo podían salir con permiso y acompañadas. Si insistían en contravenir las órdenes, venían las amenazas y los golpes. Uno de los manijeros le dijo a una de ellas: "Si quieres trabajar, te tienes que acostar conmigo". Ella se negó. En otra ocasión una trabajadora quiso ayudar a una compañera desmayada echándole agua. Fue golpeada en la cabeza y en las piernas. Ni enfermas se les permitía no ir a trabajar. Se dio el caso de una temporera golpeada con una barra de hierro en las piernas. Cualquier excusa era buena. A veces mediaban armas. En una ocasión un manijero hizo dos disparos el aire y encañonó a una trabajadora, al parecer con ánimo jocoso. La mujer salió corriendo y logró refugiarse.

Los hechos, ocurridos entre 2008 y 2009, están considerados probados en una sentencia de un juzgado de lo penal de Huelva y refrendados por otra de la Audiencia Provincial, en abril de 2014, que condenó a los acusados por delitos de acoso sexual y contra la integridad moral de 24 trabajadoras y un trabajador, de nacionalidades diversas pero con algo en común: una situación laboral de notable desamparo y dependencia. En el borde mismo de la esclavitud. El caso se destapó cuando el trabajador fue expulsado de la finca –"chulo, tú te vas a Rumanía"–, lo que precipitó una crisis que llevó a las mujeres a encerrarse en las viviendas donde residían, atemorizadas. Allí las encontró la Guardia Civil, en tal situación de nervios que las trabajadoras los agarraban por las solapas rogando que no las dejaran solas con el dueño de la finca.

¿Cómo se funda un clima de terror más propio de una película de negreros sureños del XIX que del Estado de derecho de un país contemporáneo de la Unión Europea? La explicación se encuentra –además de en la responsabilidad personal e intransferible de los tres individuos condenados– en un mecanismo de funcionamiento agrícola que, al mismo tiempo que sienta la base de un lucrativo sector económico, genera una evidente indefensión de sus trabajadores, sobre todo mujeres. Ninguno de los agentes implicados en el sector desde un punto de vista crítico, como sindicatos y ONG, afirman que tales abusos sean mayoritarios, pero sí coinciden en que los desequilibrios laborales son un factor de riesgo.

El problema tiene un ingrediente esencial en la fresa: la inofensiva y roja y sabrosa fresa, con su evocadora forma de corazón. El 95% de la fresa sale de Huelva. Es un producto altamente perecedero, que recorre miles de kilómetros antes de llegar a los paladares del norte de Europa. Su cultivo tecnificado emplea un elevado volumen de pesticidas, fertilizantes, plásticos de invernaderos y variedades patentadas. Dicho de otro modo, su producción es cara. A ello se añade que el campo onubense ocupa una posición periférica en los circuitos comerciales agroalimentarios, cuyas reglas vienen marcadas por un puñado de corporaciones dominantes y por las grandes superficies comerciales. Privados de decisión en los precios y condiciones de venta, los empresarios freseros onubenses, que en la temporada 2016-2017 facturaron 395 millones de euros, sólo pueden jugar con un margen para asegurar la rentabilidad: la reducción de costes.

La fresa requiere además de mano de obra intensiva. Siempre abundante y disponible para asegurar la recolección. Y, preferiblemente para los empresarios, que no chiste. En los 90 las familias jornaleras andaluzas fueron gradualmente sustituidas por temporeros extranjeros, sobre todo magrebíes y subsaharianos. "Las movilizaciones protagonizadas por estos trabajadores tuvieron como consecuencia su sustitución por jornaleras extranjeras traídas exclusivamente para la temporada a través de un programa de contratación en origen. Desde el principio, los empleadores privilegiaron el reclutamiento de mano de obra femenina, en un primer momento en países de Europa del Este como Rumanía o Polonia; a partir de 2006-2007, con la entrada de estos países en la Unión Europea, los contratos se redirigieron hacia Marruecos", explican Juana Moreno Nieto y Emmanuelle Hellio en su estudio Las jornaleras de la fresa en Andalucía y Marruecos (2017).

16.000 mujeres marroquíes

Miles de mujeres del paupérrimo Marruecos rural, a menudo analfabetas, hacen cola cada año en ciudades como Marrakech, Uxda y Agadir para lograr unos meses de trabajo en España, reunir dinero y regresar con sus familias en una posición algo mejor. El sistema se basa en un acuerdo entre los empresarios y las autoridades laborales marroquíes, con el beneplácito del Gobierno central español, que autoriza la entrada del contingente. Hay un requisito enormemente controvertido para trabajar: ser mujer, joven, preferiblemente con hijos a cargo. Como mucho, las freseras tienen 45 años. Las marroquíes son unas 16.000 de los más 70.000 trabajadores de la fresa y los frutos rojos en Huelva, según la Subdelegación del Gobierno.

Huelva, la tierra del boom de la fresa y los frutos rojos, tan costera como Cádiz, no tiene la consideración de frontera sur, dado que, por la ubicación de su literal, los inmigrantes no suelen llegar directamente. Por eso no hay ningún CIE que atraiga la atención de la opinión pública. El despliegue de activistas, medios y ONG es allí mucho menor que en Canarias, Málaga o Almería. Es una zona más opaca y silenciosa, donde los cambios macropolíticos han incidido con tanta tenacidad como discreción. La entrada de Rumanía en la UE, en 2007, supuso una drástica reducción de los contratos en origen, limitados a cupos de reserva.

Con Marruecos se ha impuesto una fórmula de colaboración basada en la delimitación estricta de los requisitos. "Ser mujer, gozar de buena salud, tener entre 18 y 40 años, residir en el mundo rural, haber trabajado previamente en la agricultura, estar casada, divorciada o ser viuda y tener hijos/as menores de 14 años a su cargo", enumeran Cáritas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Huelva Acoge, Mujeres en Conflicto y otras ONG integradas en la Mesa de la Integración en su informe de 2017 Realidad de los asentamientos en la provincia de Huelva.

"Delicadeza" y "sensibilidad"

Su informe se basa en un trabajo de campo, sobre el terreno. Añaden las ONG, con un tenor ya más valorativo: "Estas características se basan en los estereotipos que se tienen sobre las mujeres: delicadeza, sensibilidad, carácter más apacible, trabajadoras y la mayor posibilidad de retorno debido a las cargas familiares o la presión social. Estos requisitos son refrendados por las instituciones públicas y privadas de ambos países. Requisitos que, según nuestra opinión, rozan la inconstitucionalidad".

Asaja niega a través de un portavoz que los empresarios criben candidatas según los estados civiles. Según la explicación de la principal organización agraria, el perfil demandado se comunica a la Comisión de Flujos Migratorios, donde están el Gobierno, la Junta, los sindicatos CCOO y UGT y las asociaciones empresariales Asaja, Freshuelva y UPA. La preferencia por mujeres se explica, según Asaja, por su mayor delicadeza para la manipulación de un producto de gran fragilidad. Que la demanda sea de mujeres jóvenes responde a la obviedad de la exigencia física del trabajo. Si la inmensa mayoría tienen hijos, añade la asociación, es porque son las madres con hijos las que tienen más necesidades laborales. "La preselección la hace Marruecos a partir de las necesidades que hay aquí", aclara Asaja. Y a partir de ahí, los empresarios contratan buscando el perfil que más les interesa.

No es fácil encontrar aclaraciones de las autoridades sobre el controvertido diseño del perfil. La Subdelegación del Gobierno remite al Ministerio de Trabajo, donde –a la espera de detalles sobre la forma en que se concretan los requisitos– informan de que existe un "acuerdo" con Marruecos que da cobertura a las contrataciones. La Consejería de Justicia de la Junta señala que las contrataciones se basan en un acuerdo entre los empresarios y la autoridad laboral marroquí autorizado por el Gobierno. El papel de la Junta, añade dicha consejería, se circunscribe a la asistencia una vez en Huelva, por lo que el Gobierno andaluz no tendría parte en la definición de los requisitos.

La responsable de Mujer e Igualdad de CCOO Huelva, Carmen Arenas, recuerda que su sindicato ha denunciado el establecimiento de estos requisitos, pero subraya que están fijados de una manera "poco formalizada", facilitada por el encaje perfecto entre las necesidades de los empresarios y de las autoridades marroquíes. "Desde aquí se pide un número [de temporeras]. Marruecos hace una primera selección y luego los empresarios van y eligen", describe Arenas, que afirma que un proceso así sería difícil de defender si tuviera lugar enteramente entre autoridades españolas. A los gobiernos tanto de España como de Marruecos les interesa este perfil. El país magrebí promociona el empleo en sus áreas más deprimidas. España minimiza el riesgo de que tras la campaña las mujeres se queden como irregulares, porque sus hijos esperan en casa.

Mano de obra "reenviable"

El estudio Las jornaleras de la fresa en Andalucía y Marruecos describe así el modelo: "La identificación de las mujeres como principales proveedoras del trabajo de cuidados en el hogar llevó a empleadores e instituciones a considerarlas como la mano de obra idónea, es decir, disponible cuando se la necesita y reenviable a sus responsabilidades familiares cuando no es el caso". Las madres solteras, a menudo estigmatizadas en Marruecos, suelen quedarse fuera.

"La posibilidad de dar prioridad a mujeres casadas y viudas sobre las divorciadas, y a excluir a las madres solteras, responde a la asunción por parte de los poderes públicos marroquíes de una lógica patriarcal en la que una supuesta rectitud moral de las mujeres y el grado de adhesión a la norma social es percibida como garantía de docilidad y, por tanto, recompensada [...] Los empresarios intentan justificar [los requisitos] por la supuesta agilidad y delicadeza de las manos de las mujeres, en comparación con la de los hombres; el mayor grado de responsabilidad de una mujer trabajadora o que, simplemente, las mujeres ocasionan menos problemas", señala el informe.

40,39 euros brutos

La fresa es un trabajo con escaso tirón para los españoles. En respuesta a la demanda de las asociaciones agrarias, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ofertó en noviembre del pasado año 11.990 puestos de recolección. 40,39 euros brutos al día. Dos meses. Se valoraba experiencia y capacidad de trabajo en equipo. Los solicitantes no llegaron a 900. El empleo no escasea en la zona. Si la tasa de paro en Andalucía roza el 25%, en Moguer es del 7,21% y en Lepe del 11,78. Además el turismo ofrece mejores alicientes laborales, más aún metidos ya en primavera y a las puertas de verano. Sobre todo porque, como explicitaba la oferta del SAE, las empresas no se comprometen a facilitar alojamiento ni desplazamiento, salvo el estipulado en el convenio.

Este marco es el que ha hecho proliferar asentamientos chabolistas donde se hacinan inmigrantes sin acceso a mínimas garantías de higiene, seguridad y salubridad, otra de las caras sangrantes del poliedro agrario de Huelva. "La dilatación de las campañas, la escasez de viviendas de alquiler, la reticencia de los onubenses a alquilar a personas de diferentes orígenes, la ausencia de alojamiento ofrecido por el empresariado para los contratado en Huelva y la inexistencia de dispositivos de acogida son las principales causas por las cuales los trabajadores foráneos recurren a los asentamientos de infraviviendas", señala el informe de las ONG.

Las trabajadoras marroquíes, según dicho estudio, pasan en los campos onubenses entre tres y ocho meses. "Desarrollan principalmente tareas de recolección y plantación por un jornal de alrededor de 35 euros brutos, durante 6.30 horas al día, lo que constituye casi siete veces más que el Salario Mínimo Agrario Garantizado marroquí", añade. Eso sí, su nivel de protección es ínfimo. El permiso de residencia está condicionado a la vigencia del contrato. Su renovación para la temporada siguiente depende exclusivamente de la voluntad del empleador. No tienen poder para negociar sus condiciones, ni se pueden desplazar en el mercado. Generalmente residen en la misma explotación en la que trabajan, lo cual borra la línea entre la vida laboral y la personal. Para maximizar los ahorros, es frecuente que las mujeres salgan lo mínimo posible del alojamiento facilitado por el temporero, que no tiene por qué ser gratuito. El transporte público no abunda. No conocen el idioma, ni tienen opción de relacionarse para hacerlo. Vienen marcadas por un código patriarcal que las obliga a exhibir permanentemente discreción y proyectar rectitud. Es decir, todo son incentivos para no salir, no destacarse, no protestar. Es cierto que formalmente son libres y pueden dejarlo en cualquier momento, pero las propias ONG llaman a su situación "estatus cautivo". Y subrayan cómo ha hecho fortuna el término "fugadas" para designar a aquéllas que lo dejan y se quedan en España irregularmente.

Las recientes denuncias por abuso sexual, que han provocado ya tres detenciones, han suscitado una alerta social sobre las condiciones de trabajo en el campo onubense de dimensiones inéditas. El domingo hay convocada una nueva manifestación en Huelva. Carmen Arenas (CCOO Huelva) teme que la sociedad, cegada por el relato "morboso" de los aspectos sexuales del problema, ignore la fotografía completa del problema. Los supuestos abusos son "un problema grave, y por supuesto que hay casos", dice, sin quitarles hierro. Pero, a su juicio, hay que mirar la luna, y no el dedo. Y la luna es "la situación de precariedad y vulnerabilidad extremas de las trabajadoras", así como las carencias de inspección laboral y de presencia de agentes de seguridad. Asaja discrepa: "La autoridad laboral marroquí ha estado aquí hace tres semanas para comprobar que está todo bien. Hay una unidad de la Guardia Civil dedicada expresamente a vigilar los campos. Están las inspecciones de la Junta. Hay más control que en otros sectores".

Romper un tabú

Las denuncias de mujeres marroquíes, que cuentan que alzar la voz les supone una experiencia de vergüenza y de miedo a represalias en su país, han dado lugar a un reacción a la defensiva de las asociaciones y de la interprofesional agraria, Interfresa, que han interpretado que el eco de las mismas suponía una criminalización del sector. Lo cierto es que ni administraciones ni sindicatos ni Fiscalía ni Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado denuncian que la violencia sexual sea un fenómeno mayoritario, ni siquiera extendido. Lo que sí ponen de relieve los estudios sobre el terreno es la fragilidad de la posición de los trabajadores de la fresa, especialmente si son mujeres pobres y de escaso nivel sociocultural, a menudo analfabetas, pendientes de si hay o no jornal.

La abogada Pastora Filigrana, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), afirma que las situaciones de abuso en el campo, abuso de todo tipo, son mucho más frecuentes de lo que se refleja en las denuncias. Y confía en que esta crisis haya roto un tabú. "Muchas veces no se denuncian los abusos por miedo", alerta.

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