El pasado abril, cientos de agricultores rumanos bloquearon con tractores el paso fronterizo de Halmeu con Ucrania, en protesta por la avalancha de grano barato procedente de su vecino devastado por la guerra. "Queremos ayudar, pero no a cualquier precio", coreaban. "Las importaciones de Ucrania son una gran pérdida para nosotros", afirma David Gheorghe, un agricultor que también es alcalde de la cercana ciudad de Moftin. "Han llenado el país de grano ucraniano, para nosotros esto es competencia desleal". Con los puertos de Ucrania bloqueados desde la invasión de Rusia el año pasado, el número de camiones de grano que cruzan Halmeu se ha disparado: de apenas diez al mes en los primeros días de la guerra a 1.600 en otoño. En respuesta a las protestas de los agricultores, Rumanía y otros países prohibieron temporalmente las importaciones de grano ucraniano. Una decisión que ha provocado la reacción del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que criticado las restricciones por considerarlas una amenaza para la economía de su país.

Pero lo cierto es que el sector agrícola ucraniano también se ha visto perjudicado por la propia corrupción del país.

Así lo revela esta investigación del OCCRP y el RISE Project. Los datos comerciales obtenidos por los periodistas muestran que, en los primeros siete meses de la invasión a gran escala de Rusia, gran parte del grano que pasaba por Halmeu y otros pasos fronterizos era exportado por dudosas empresas ucranianas acusadas de evasión fiscal y otros delitos. Estas empresas figuran entre las más de 300 investigadas por las autoridades ucranianas desde septiembre. Según la fiscalía, sólo el año pasado defraudaron al Estado al menos 140 millones de dólares, algo más de 127,5 millones de euros. En el marco de la investigación, las autoridades se han incautado de decenas de miles de toneladas de grano de algunas de las empresas, según consta en documentos judiciales consultados por los periodistas. Algunas han impugnado estas incautaciones y los procesos judiciales siguen su curso. Varios altos funcionarios están acusados de abusar de sus cargos para ayudar a establecer el sistema de evasión fiscal, entre ellos altos responsables de aduanas que trabajan en los puertos de la región de Odesa.

Para comprender mejor cuánto maíz, cebada, trigo y otros cereales exportan estas empresas a la Unión Europea –y quién los compra–, los periodistas cruzaron sus nombres con datos aduaneros del agregador de datos comerciales ImportGenius e información de la Dirección de Seguridad Alimentaria de Rumanía. Los datos disponibles, que abarcan los siete primeros meses de la guerra, incluyen 80 empresas ucranianas sospechosas. Entregaron al menos 1,7 millones de toneladas de grano, por valor de 495 millones de dólares –451 millones de euros–, a empresas de Rumanía, Hungría y Chequia durante ese periodo. En comparación, Ucrania exportó a Rumanía algo más del doble de esa cantidad de grano, por valor de unos 1.000 millones de dólares, durante el mismo periodo. "La mayor parte de las exportaciones de grano que se realizan actualmente ni siquiera están cerca de reportar a Ucrania los beneficios que deberían", afirma Maryan Zablotskyy, legisladora ucraniana que emprendió su propia investigación sobre el mercado del grano hace cuatro años.

Los periodistas descubrieron que entre los compradores del grano había empresas offshore, empresas húngaras que habían sido disueltas por no presentar la documentación, empresas apoderadas en Hungría y la República Checa, empresas con un historial de evasión fiscal, empresas propiedad de personalidades con conexiones políticas, así como grandes comerciantes internacionales, como COFCO International, Bunge, Viterra y Ameropa Holding. Un hombre que aparecía en la documentación como propietario de una de estas importadoras declaró a los periodistas que había estado internado en un hospital psiquiátrico y que alguien le había pagado para que pusiera su nombre a la empresa. Señaló a otros pacientes que habían sido usados de la misma manera.

No fue posible recabar respuesta de ninguna de las empresas ucranianas sospechosas con las que el OCCRP y sus socios intentaron ponerse en contacto a través de sus números de teléfono registrados. COFCO International declaró que no tenía constancia de transacciones con las empresas ucranianas sospechosas que figuraban en los datos. Viterra dijo que no tenía constancia de "relaciones comerciales directas" con ninguna de ellas. Bunge y Ameropa no respondieron.

La investigación ucraniana comenzó cuando los agentes se percataron de que un gran número de empresas, muchas de ellas de reciente creación, evadían impuestos mientras comerciaban con cereales. Los documentos presentados por los fiscales muestran que cientos de empresas están siendo investigadas por estar supuestamente registradas por "personas no identificadas", mostrar signos de "comportamiento ficticio" y eludir el pago de impuestos. Las personas que estaban detrás de la trama "transferían productos de una empresa fantasma a otra [...] para confundir las cadenas comerciales y evitar los pagos obligatorios al presupuesto", declaró en enero el Servicio de Seguridad de Ucrania.

La Oficina de Seguridad Económica del país dijo a los periodistas que no podía facilitar más información sobre la investigación, ya que seguía en curso. Pero en un informe publicado en abril por una comisión parlamentaria se ofrecen más detalles. Según el informe, el servicio no comprobó adecuadamente más de 600 empresas exportadoras de grano sospechosas de las que había sido informado por la agencia tributaria. Estas empresas "presentaban riesgos de evasión fiscal, de no devolver sus ingresos en divisas a Ucrania como exige la ley de blanqueo de dinero".

Estos son los factores que hacían que el grano ucraniano "negro" fuera tan barato en el mercado europeo, declaró el jefe de la comisión y diputado Yaroslav Zhelezniak. Estos delitos también provocan enormes pérdidas al presupuesto ucraniano, añadió. "Hay cero, cero, cero impuestos", dijo Zhelezniak, nombrando varias agencias policiales que, según él, tienen presencia en los puestos aduaneros ucranianos. "¿Para qué están ahí esos cuerpos de seguridad de mierda, si no lo ven?".

Según el informe de la comisión, las empresas no fueron inspeccionadas sistemáticamente. En algunos casos, dijo, los funcionarios de aduanas entrevistaron a sus directores sólo por teléfono o videochat y no verificaron sus identidades. La comisión descubrió que más de la mitad de los exportadores no habían presentado ninguna declaración de aduanas, y que la mayoría de las que se presentaron se tramitaron en los 90 minutos siguientes a su recepción. Una declaración tardó sólo nueve minutos.

Para saber quién importa "grano negro" de Ucrania y en qué cantidad, los periodistas cotejaron los datos aduaneros con la lista de empresas ucranianas acusadas de infracciones, los nombres de varios conocidos importadores rumanos, checos y húngaros de grano ucraniano y varias empresas offshore que importan grano ucraniano.

El exportador ucraniano más prolífico de la lista es Talstaktiv, una empresa que, según los fiscales, "legalizó ingresos obtenidos por medios delictivos", no pagó el impuesto sobre la renta y no devolvió sus ganancias en moneda extranjera.

La empresa se fundó en febrero de 2021, un año antes de la invasión a gran escala de Rusia. En algún momento de este año, mientras estaba siendo investigada, Talstaktiv cambió su dirección y adoptó el nuevo nombre de Technotrade Supply. A lo largo de su corta existencia, los propietarios registrados de la empresa cambiaron tres veces. Según los datos de aduanas, la empresa exportó grano en 2021 y 2022 por valor de más de 150 millones de dólares, cerca de 137 millones de euros, a dos empresas húngaras a las que un tribunal húngaro ordenó liquidar por no presentar documentos financieros ni información de contacto precisa.

El tribunal también prohibió a estos importadores húngaros –llamados The Mark Global y Borko Trade– realizar cualquier otra actividad. A pesar de ello, The Mark Global siguió comerciando. Entre sus tratos con Talstaktiv y otras empresas, la compañía importó entre 2021 y 2022 283 cargamentos de grano por valor de 157 millones de dólares, algo más de 143 millones de euros.

De las ventas de grano realizadas sólo a Borko Trade –que importó grano por valor de unos 336 millones de dólares entre 2020 y 2022–, el Estado ucraniano perdió unos 20 millones de dólares –más de 18 millones de euros– en impuestos no pagados, según los documentos de los fiscales. Las autoridades húngaras se mostraron incapaces de establecer quién estaba realmente detrás de la empresa. Según la dirección de impuestos y aduanas del país, tanto el sucesor legal de Borko Trade como la información de contacto del contribuyente eran desconocidos. El correo enviado a la empresa fue devuelto debido a un código postal falso.

Cuando los periodistas investigaron quién estaba detrás de The Mark Global, Borko y otras dos empresas asociadas, encontraron a varios jóvenes que figuraban como accionistas o directores actuales o anteriores y que parecían ser apoderados, entre ellos un aspirante a influencer en TikTok. Uno de ellos dijo a los periodistas que él y otros habían sido contactados para poner su nombre en la empresa mientras recibían tratamiento en una institución psiquiátrica. El rastro hasta estos hombres conducía, a través del director de The Mark Global en el momento de su disolución, a un lituano llamado Sergiejus Kolobovas. Kolobovas no tiene constancia de propiedades ni negocios en su país de origen.

También fue director general de otro importador húngaro, Supstan, que compró aceite de girasol a Ucrania por valor de más de 56 millones de euros en 2020 y 2021 antes de que las autoridades ordenaran su disolución en 2022. El hombre que figura como propietario de la empresa antes que Kolobovas –mientras se realizaban estas transacciones– es Ondrej Stana, un ciudadano checo de 27 años que hace vídeos de desarrollo personal en TikTok. Stana dijo a los periodistas que estaba recibiendo tratamiento para el trastorno bipolar en la ciudad checa de Brno hace varios años cuando un hombre llamado Albert se acercó a él y a otros pacientes y les pidió que se "unieran" a las empresas. "Todo esto por 400 euros al mes, que recibí unas siete veces a lo largo de dos años, como mucho", cuenta. "Muy pronto me di cuenta de que era un error, pero no sabía qué hacer. Les pedí que eliminaran mi nombre".

Un ucraniano llamado Albert Yanishevskiy, que apenas tenía 23 años cuando se crearon estas empresas en 2019, parece estar detrás de la dirección de correo electrónico utilizada por The Mark Global en el registro mercantil húngaro. Contactado por la prensa, Yanishevskiy declaró que anteriormente dirigía un bufete de abogados en la República Checa que abría empresas a cambio de una comisión. Afirmó que The Mark Global era una de esas empresas, pero dijo que él no tenía ningún papel en ella. Negó haberse puesto en contacto con nadie en una clínica psiquiátrica para abrir una empresa. En cambio, dijo que se había puesto en contacto con ciertas personas para que firmaran formularios después de que quienes creaban las empresas le dijeran que "esta persona será el director de esta empresa."

El director general de The Mark Global era Matej Bartík, un ciudadano eslovaco de 30 años. Según Stana, él también había estado en el hospital psiquiátrico y Yanishevskiy se había puesto en contacto con él. Pero cuando los periodistas se pusieron en contacto con Bartik, este negó que The Mark Global fuera su empresa y dejó de responder. Los periodistas descubrieron que el rastro de Bartik se remontaba a supuestas actividades delictivas en Ucrania. En varios momentos, fue director general y accionista de una empresa checa de servicios informáticos y tecnológicos que anteriormente había sido propiedad de un ucraniano llamado Viktor Holovchyk.

Desde 2019, las empresas de Holovchyk han sido investigadas en varios casos de presunto blanqueo de capitales, uno de los cuales contó con la ayuda de funcionarios del Banco Nacional de Ucrania. En uno de estos casos, los fiscales dijeron que una empresa de Holovchyk blanqueó dinero de origen ilícito. En su defensa, un abogado de la empresa dijo que el dinero representaba anticipos de la venta de grano. El caso sigue abierto. Los periodistas no pudieron ponerse en contacto con Holovchyk para hacer comentarios.

Un tercer hombre mencionado por Stana como paciente psiquiátrico al que se había pedido que pusiera su nombre a una empresa era Lukáš Neradílek. Stana envió a los periodistas una foto suya con Neradílek; otra foto de Neradílek parece mostrarle en el hospital psiquiátrico. Su nombre aparece en dos empresas que compraron grano a Ucrania: Resale Consult, en Eslovaquia, y GD Delivery Consult, en Hungría.

Resale Consult importó grano de la región ucraniana de Mykolaiv por valor de casi 40 millones de euros entre 2019 y 2021, y GD Delivery Consult compró soja por valor de 1,8 millones en 2019. Entre todas, estas cinco empresas –The Mark Global, Borko, Resale Consult, GD Delivery Consult y Supstan– compraron a Ucrania grano y aceite de girasol por unos 550 millones de euros entre 2019 y 2022. Luego vendieron estos productos a empresas de Turquía, Corea, Bélgica, Rumanía y varios países africanos.

El diputado ucraniano Zablotskyy, que emprendió su propia investigación sobre el mercado de cereales hace cuatro años, declaró a los periodistas que los grandes comerciantes internacionales estaban detrás de los actuales negocios clandestinos, y que la mejor forma de detenerlos era intentar que se les impusieran multas fuera de Ucrania. "Como ha demostrado la práctica, es muy difícil perseguir esto en Ucrania con el sistema de aplicación de la ley que tenemos y la corrupción que hay", afirmó.

Los periodistas descubrieron que COFCO International Romania, filial de la multinacional agrícola china COFCO International, era una de las empresas que había importado grano a través de empresas ucranianas investigadas. La filial rumana de COFCO importó a Rumanía semillas de girasol por valor de 2,1 millones de euros a través de Talstaktiv, pagando sólo 0,36 euros por kilogramo en mayo de 2022, cuando el precio en las bolsas internacionales de cereales era de 0,61 euros por kilogramo. En total, COFCO International Rumanía importó en el país grano por valor de más de 132 millones de euros en los siete meses comprendidos entre febrero y septiembre de los que se dispone de datos. De esta cantidad, unas 145.500 toneladas de grano, por valor de más de 33 millones de euros, llegaron a través de empresas ucranianas ahora investigadas.

De ellos, el mayor de los proveedores de COFCO International Romania, que le exportó grano por valor de unos 11 millones de euros, es Greenprime, con sede en Odesa. Al menos en algunos envíos, el precio de compra fue mucho más bajo de lo normal: en agosto y septiembre de 2022, Greenprime exportó colza a COFCO International Rumanía por 0,35 euros el kilo, frente a los 0,58 euros del mercado internacional. Greenprime, fundada en mayo de 2021, también suministró a una empresa rumana llamada Hércules, controlada por el hijo de Gheorghe Bunea Stancu, antiguo jefe del consejo del condado de Braila. Bunea Stancu fue condenado a tres años de cárcel por abuso de poder y por su implicación en la financiación indebida de una campaña política. Greenprime también exportaba grano a Bunge Rumanía, filial local del gigante estadounidense del agronegocio.

COFCO International Romania no respondió a las solicitudes de comentarios. Su empresa matriz, COFCO International, declaró que la filial rumana "no tiene constancia de ninguna transacción con las empresas que usted ha mencionado, ni la ha realizado". "Le recomendamos encarecidamente que cuestione las fuentes y registros que ha utilizado para determinar las afirmaciones que hace en su carta, que no son correctas", declaró.

Cuando los periodistas enviaron un correo electrónico de seguimiento explicando que sus conclusiones procedían de datos aduaneros agregados y proporcionando ejemplos, la empresa escribió que su declaración anterior "sigue siendo válida" y cuestionó si los datos se referían a "vendedores" o "expedidores", sin dar más detalles [los datos de ImportGenius utilizados por los periodistas indican el exportador o "expedidor" de cada envío de grano, pero esto no implica necesariamente una relación comercial directa con el destinatario].

Las filiales rumanas de otros dos grandes comerciantes internacionales –Viterra (antes conocida como Glencore Agriculture) y Ameropa Holding– también importaban grano a través de dudosas empresas ucranianas. Tres filiales de Viterra importaron grano por valor de 8,47 millones de euros a través de empresas ucranianas dudosas. En 2022, Viterra Rotterdam importó soja y aceite de girasol a través de Тalskativ por valor de 3,19 millones de euros. Viterra Rumanía importó grano y semillas de girasol por valor de algo más de 4 millones de euros a través de las empresas ucranianas durante el mismo período. Y Viterra Hungría importó semillas de girasol por valor de 1,28 millones de euros a través de otra sociedad ucraniana ahora investigada.

En respuesta a las preguntas, Viterra dijo que había "llevado a cabo una revisión interna exhaustiva y puede confirmar que, a nuestro leal saber y entender, no tenemos constancia de ninguna relación comercial directa con ninguno de los terceros mencionados en su consulta". La firma añadió que "tiene una política de tolerancia cero para las prácticas comerciales ilegales o corruptas de cualquier tipo". "En todo nuestro negocio, Viterra cuenta con amplias políticas y procedimientos para garantizar que todas las contrapartes con las que trabajamos no tienen ningún historial de actividades corruptas, incluyendo pero no limitado a la evasión de impuestos", dijo la firma. No respondió a tiempo para su publicación a un correo electrónico de seguimiento de los periodistas que explicaba el origen de los datos.

Mientras tanto, de julio a septiembre de 2022, Bunge Rumanía importó cereales por valor de 5,1 millones de euros a través de las dudosas empresas ucranianas, incluida Greenprime, según documentos aduaneros vistos por los periodistas. Alrededor de 1,37 millones de euros se importaron a través de Pretset, una empresa cuyo certificado de IVA ha sido revocado por las autoridades ucranianas. Bunge no respondió a las peticiones de comentarios.

Una filial rumana de Ameropa Holding importó cereales por valor de 1,55 millones de euros a través de empresas acusadas de infracciones. La empresa no respondió a las solicitudes de comentarios.

Un comprador rumano de granos, relacionado con un exministro moldavo caído en desgracia, parece haber comenzado un comercio dinámico de granos ucranianos después de la invasión de 2022. La mayoría de sus importaciones durante el periodo del que los reporteros tienen datos provinieron de empresas ucranianas bajo investigación. La empresa, Damalio RO, no tuvo actividad comercial en 2021 pero facturó 12,75 millones de euros al año siguiente. Según el sitio web de Damalio RO, la seguridad de la empresa corre a cargo de Alexandru Pînzari, exministro de Defensa de Moldavia y exjefe de la Policía Nacional. Hace dos años, Pînzari fue arrestado por abuso de autoridad y otros cargos.

El dueño de Damalio es un hombre rumano-moldavo sin perfil público y que además es copropietario de otra empresa con el hijo de Pînzari. Entre junio y septiembre de 2022, Damalio importó 971 envíos de cereales valorados en 3,1 millones de euros desde Ucrania. De estos, 785 envíos, consistentes en 19.556 toneladas y por un valor de 2,55 millones de euros, procedían de empresas investigadas.

El mayor de los proveedores de Damalio es Podillya Agroservis, una empresa fundada en enero de 2022 que también está siendo investigada, en otro caso, por presuntamente violar las normas aduaneras al intentar ocultar el origen de las semillas de girasol. Sólo en agosto y septiembre de 2022, Podillya Agroservis realizó 692 envíos de granos por un total de más de 3,6 millones de euros. Muchos de estos envíos fueron a Damalio.

El proveedor más barato de Damalio, a uno de los precios más bajos vistos por los reporteros en esta investigación, fue Raikomia. En julio de 2022, Damalio importó maíz de Raikomia a solo 0,0764 euros el kilogramo, cinco veces menos que el precio internacional. Raikomia comparte un número de teléfono con otra empresa, creada en octubre de 2022, de la que los fiscales ucranianos incautaron unas 65.000 toneladas de trigo y maíz en la región de Odesa como parte de su investigación por evasión fiscal. Posteriormente, un tribunal ordenó la devolución del grano. Mihai Pătraș, director comercial de Damalio, confirmó que la facturación de la empresa consiste en transacciones de granos de Ucrania. Dijo que compró granos de "intermediarios" que habían sido sugeridos por los granjeros, pero no dio más detalles.

En el mundo son ya más de 90 millones de personas infectadas por el covid-19 y más de 2 millones de personas fallecidas. Cifras abrumadoras sobre todo cuando tomamos conciencia (o no) de que en todas las latitudes del planeta no pueden afrontar esta crisis sanitaria de la misma manera y sobre todo, con los mismos recursos.

Lo sabemos. Nos enfrentamos al mayor reto que ha afrontado la comunidad internacional desde la Segunda Guerra Mundial y por eso se requiere una respuesta concertada a escala global. Es una cuestión de salud pública global, pero también de solidaridad.

Por eso hace ya muchos meses que la acción de solidaridad internacional de la sociedad española se puso en marcha. Se establecieron tres prioridades desde la Cooperación Española: salvar vidas, reforzando la salud; proteger y recuperar derechos y capacidades humanas –muy especialmente a la alimentación, educación e igualdad de género–; y preservar los medios de vida, la protección social y los sistemas socioeconómicos.

Pero no cabe duda. Esa primera cuestión, la de la crisis en su vertiente sanitaria, solo se podrá dar por finalizada cuando se rompa la cadena de transmisión, cuando un porcentaje suficiente de la población mundial esté inmunizada. Es el momento de desplegar todas las capacidades y recursos para asegurar y extender la inmunización a nivel global.

El objetivo inicial marcado por la Organización Mundial de la Salud es lograr la vacunación prioritaria de todo el personal sanitario y de la población vulnerable que hay como media en todos los países del mundo, lo que se corresponde con al menos el 20% de la población mundial, equivalente a vacunar a más de 1.500 millones de personas: más de 260 millones estarían en África y 130 millones en América Latina y Caribe.

Pero por ahora las cifras son tozudas: de los 39 millones de dosis de la vacuna anti-covid que se han administrado ya en el planeta, solamente 25 unidades (es decir, un 0,00006%) han sido inoculadas a personas en países empobrecidos.

Lo decía el director de la OMS: “Es un fracaso moral catastrófico y el precio de ese fracaso se pagará con vidas y empleos en los países más pobres".

Y es cierto. Conforme ha evolucionado la situación de la pandemia y se han ido dando progresos científicos en el desarrollo de las vacunas, el equilibrio entre el aseguramiento del suministro por parte de cada país y el acceso equitativo global según los criterios epidemiológicos ha ido ajustándose progresivamente. Y como resultado, tal y como se lamenta el director de la OMS, nos encontramos con un aseguramiento del suministro de la vacuna desigual en el mundo. Algunos países –entre los que se encuentran España y los demás estados miembros de la Unión Europea– han podido asegurar la compra suficiente y con rápida disponibilidad para alcanzar la inmunidad de grupo, mientras muchos otros países enfrentan un escenario de más difícil acceso.

Es evidente. Desde un punto de vista ético y también práctico, esta situación requiere asegurar la disponibilidad de vacunas para la población propia, al tiempo que parte del volumen inicial se dedique a terceros países.

Ya lo establece la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis del covid-19 como una de sus prioridades fundamentales: “Asegurar el acceso universal y equitativo a la vacuna de covid-19, y a todas las vacunas, y preparar a los sistemas de salud para su distribución a toda la población, incluyendo los lugares más remotos con especial atención a los colectivos que sufren discriminación o exclusión social y aquellos colectivos con discapacidad, garantizando el acceso a la misma de todas las mujeres y niñas”.

Hace unos días el presidente del Gobierno, junto con la ministra González-Laya, presentaban el Plan de Acceso Universal: Compartiendo las Vacunas contra el covid-19, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Sanidad. Y sinceramente, me pareció todo un acierto. España debe estar ahí: en la defensa de la vacunación como un bien público global y garantizando que su acceso sea equitativo, universal y asequible. El objetivo general es el de contribuir a la vacunación de este significativo porcentaje de la población mundial mediante el apoyo al acceso rápido a la vacuna de los países y las personas con mayor dificultad de hacerlo, utilizando también para ello dosis provenientes de la dotación de vacunas adquiridas por España, sin perjuicio del proceso de vacunación del conjunto de la población española.

Reforzando los sistemas de salud para que tengan un suficiente nivel de preparación para adquirir y gestionar vacunas, el Plan pone especial foco en los países prioritarios de la Cooperación Española. Además refuerza el multilateralismo en la respuesta. En la medida de lo posible, la implementación debe articularse a través de mecanismos multilaterales ya establecidos, así se podrá asegurar la máxima eficacia y coordinación internacional.

Y por supuesto. Debe ser crucial el liderazgo, el protagonismo, de los países más vulnerables en la evaluación de sus necesidades y en la implementación de las políticas de vacunación. La distribución y administración de las vacunas deberá ser como regla general responsabilidad de las autoridades sanitarias locales, teniendo en cuenta el papel de las agencias de Naciones Unidas y otras entidades multilaterales sobre el terreno en los contextos en que haya población que no esté al cargo de ninguna autoridad estatal. Y todo ello con transparencia, seguimiento y rendición de cuentas mutua. Es necesario que los mecanismos utilizados para la distribución de las vacunas cuenten con la máxima transparencia y permitan dar seguimiento de la correcta distribución de las mismas.

Ahí debe estar España. Impulsando respuestas multilaterales y comprometiéndose con la Cooperación y la Solidaridad. Haciendo de esa Política de Cooperación una verdadera Política de Estado. Porque si algo nos ha enseñado una pandemia como la que nos está tocando vivir y sufrir es que el mundo está interconectado, que somos una única comunidad global. Por ética, y también por eficacia práctica, todos los países de este planeta roto deberíamos ser solidarios unos con otros. Nos necesitamos fuertes, todos, los más privilegiados y los que sufren las consecuencias de este mundo tan desigual. Ningún país puede salir por sí solo de esta crisis, es un ejercicio de responsabilidad apoyarnos en lo comunitario desde el concepto del bien común. El sufrimiento es universal y el miedo compartido; por eso, en una pandemia global las soluciones y la solidaridad deben ser globales. Necesitamos solidaridad, no indiferencia.

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María Guijarro es Portavoz de Cooperación Internacional del Grupo Socialista en el Congreso 

El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, ha dicho este viernes que los migrantes que ocupan un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) están "en peores condiciones" que en un centro penitenciario, más aún cuando no han cometido ningún delito.

"No es justo que sigan muriendo personas en el mar por buscar un mundo mejor, para sí y su familia, por buscar la felicidad. Ellos no han elegido el mundo en el que les ha tocado vivir, un mundo de pobreza, de discriminación o de violencia", ha indicado en un discurso pronunciado en la apertura del año judicial, recogido por Europa Press, en el que ha invitado a las autoridades políticas a visitar las instalaciones.

El magistrado ha recordado la tragedia del buque Valbanera hace 100 años, que partió de las islas hacia América con canarios "que buscaban una vida mejor" y naufragó en las costas de Cuba, dejando 488 muertos. En este sentido, se ha preguntado si se puede "hacer algo" para ayudar a los migrantes que llegan desde África en "cayucos miserables", por lo que ha pedido redoblar los esfuerzos en ayuda al desarrollo pues no es un "iluso" y tiene claro que la llegada masiva de migrantes genera un "efecto desestabilizador" en las sociedades de acogida.

El presidente de la Audiencia ha reivindicado en su discurso el derecho que tienen los ciudadanos "a la felicidad", lo mismo que la libertad, la dignidad, la igualdad, la justicia o la seguridad, reclamando a los poderes públicos que "remuevan los obstáculos" para garantizarla. "Todos esos valores son los que conducen a la felicidad y de entre ellos la justicia que es la que permite alcanzar los demás", ha indicado.

Asimismo, ha incidido en que "no es justo" que sigan muriendo mujeres "por el mero hecho de serlas", lo mismo que ocurre con su "discriminación" en ámbitos laborales o privados, en el mismo hogar y en la mente del hombre.

Los derechos de la mujer no pueden "arrasar" la presunción de la inocencia

"Cuando desde algunos sectores se pretende ignorar esta triste realidad, 46 mujeres han sido víctimas de homicidios por su pareja en lo que va de año y 1021 desde 2003 –a fecha 24 de septiembre de 2019–, siendo nuestra Comunidad la que tiene el macabro honor de ser la segunda en número de fallecimientos, tras una Comunidad mucho mayor", ha comentado.

No obstante, ha precisado que "tampoco es justo que se confunda justicia con venganza" y se pretenda lograr "penas desproporcionadas" que convertirían a la agresión sexual en un delito de mayor gravedad que el propio asesinato, "poniendo de esa forma en mayor peligro la vida de la mujer agredida". "No es tampoco justo que la defensa de los derechos de la mujer arrase con el derecho a la presunción de inocencia que asiste a todos los ciudadanos", ha explicado.

Asimismo, ha apuntado que la defensa de la igualdad y la no discriminación de la mujer no se pueden "pretender depositar" en el poder judicial, que actúa siempre en última instancia y conforme a sus tiempos. Según Astor Landete, "la violencia de género no es fácilmente detectable, la mayoría de las veces el agresor carece de antecedentes penales y actúa escondido en el hogar familiar".

Sobre el cambio climático, ha lamentado que se esté "destrozando" el planeta con una "devastadora política consumista" que mata al "único mundo" que hay para vivir e hipoteca el futuro de los hijos. "Estamos traicionando su esperanza", ha apuntado.

Fiscalía: "Abrir las ventanas y que entre la luz"

La Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, Carmen Almendral, ha destacado el "trabajo imprescindible" de su departamento en defensa de los derechos de los ciudadanos, y ha aprovechado su intervención para pedir una reforma procesal sobre el ámbito penal en línea con las de los principales países de la Unión Europea.

Además, ha criticado la congelación de las plantillas y el aumento del volumen de trabajo –hay 55 fiscales en la provincia– y alertado de que la "crisis continuada" en la administración de justicia y su "escasez de recursos" generan un "distanciamiento" de la sociedad de los poderes públicos.

En esa línea, ha dicho que es "nocivo" que la justicia se vea "cuestionada", y por ello, ha pedido una "reflexión global" para modernizarla y "abrir las ventanas y que entre la luz", y con el fin de acercarla a los ciudadanos.

Los países en desarrollo y sus habitantes podrían quedarse sin pescado en 2050, según WWF, que reclama a la Unión Europea que insista en las medidas para luchar contra la sobrepesca, combatir la pesca ilegal y mejorar la gestión de las pesquerías, informa Europa Press.

WWF pide a los responsables de tomar decisiones que den prioridad a la mejora de la gestión de la pesca en sus planes de acción para asegurar una distribución justa y equitativa de este recurso en el futuro.

La ONG ha publicado el informe Pescando proteínas: el impacto de la pesca marina sobre la seguridad alimentaria mundial de 2050, en el marco del proyecto Fish Forward, en el alerta de que millones de personas de países en desarrollo pueden quedarse sin acceso al pescado a mitad del siglo y esa es una fuente básica de alimentos y proteínas para estas poblaciones.

El estudio ha sido realizado por científicos de la Universidad de Kiel (Alemania) y analiza la cantidad de pescado que puede extraerse de manera sostenible en 2050. El documento argumenta que muchas personas que viven en la pobreza preferirán exportar el pescado a comerlo y no podrán sustituir de manera adecuada esta fuente esencial de proteínas.

El responsable del programa marino de WWF, José Luis García Varas, celebra, sin embargo, la "buena noticia" de que si la comunidad internacional toma "la dirección correcta", los océanos seguirán abasteciendo al mundo con suficiente pescado. Mientras, la "mala" es que "lo más probable" es que el pescado no terminará en los platos de las personas que lo necesitan para sobrevivir.

El trabajo señala el impacto del consumo de pescado en el hemisferio norte sobre los países en desarrollo, que desempeñan un papel cada vez más importante en el abastecimiento del mercado mundial de pescado, ya que cerca del 61% de las exportaciones mundiales de pescado proceden de países del hemisferio sur.

De acuerdo con los pronósticos de los científicos, la creciente demanda mundial de pescado solo puede satisfacerse si se mejora significativamente la gestión pesquera mundial.

García Varas considera que un requisito previo para aumentar de forma sostenible el volumen de las capturas es "una visión holística del ecosistema marino, así como una gestión de la pesca mejorada, eficaz y estrictamente aplicada con miras a poblaciones de peces sanos".

En este contexto, ante el crecimiento de la población mundial y de la demanda de pescado, advierte de que tener menos peces será "una catástrofe" para los 800 millones de personas que dependen del pescado como fuente fundamental de alimentos e ingresos.

Finalmente, WWF anima también a los consumidores europeos a comprar pescado y marisco de manera responsable para lo que ha creado una aplicación móvil como herramienta para ayudar en la adquisición de estos productos.

El comercio justo pelea por su reconocimiento y valoración. El movimiento, de origen incierto, nació para garantizar que los productos que consumimos en Occidente bajo su abrigo se trabajen por artesanos, agricultores y manufactureros del Sur con condiciones saludables, democráticas, dignas y, en resumen, justas. El pasado 14 de mayo fue su Día Mundial y, pese al esfuerzo de las asociaciones que lo difundieron, pasó desapercibido para muchos españoles, cuyo escaso conocimiento de causa es sorprende en el contexto europeo.

El ritmo de crecimiento del fenómeno, preocupada por los que hacen tu café y cosen tus deportivas, ha sido constante durante la crisis económica, al menos en España. En 2005 el español medio gastaba 37,8 céntimos al año en comercio justo, y en 2014 gastó 71,3 céntimos. El dato, además de exiguo, ofrece sus claroscuros: no se explica tanto por el aumento de la popularidad sino por la inclusión de las multinacionales en el juego. Se enfrenta a un desconocimiento casi total por parte de los consumidores y a varios debates éticos sobre cómo debería dirigirse su expansión para no perder la esencia. El principal certificado solo cubre la producción, no la distribución, denuncian algunos activistas. Del segundo paso se encargan grandes superficies cuyas reglas, a su juicio, no son demasiado justas.

¿Qué es el comercio justo?

El comercio justo pretende hacer llegar al comprador occidental productos solidarios, que son de igual o mejor calidad y que solo son un poco más caros. Las organizaciones que integran el sistema y los certificados que lo sustentan aseguran que el jersey o el paquete de cereales vendido bajo la etiqueta del comercio justo ha sido elaborado con una serie de criterios que engloban lo que conocemos como justos. Busca crear oportunidades en ambientes de pobreza en países desfavorecidos, establecer relaciones comerciales adecuadas, pagar salarios dignos en relación al contexto socioeconómico de la producción, rechazar la explotación laboral, respetar el medio ambiente y marginar la discriminación. En un mundo globalizado, persigue que los bienes materiales que disfrutamos en el Norte no sean a costa del sufrimiento del Sur, y que los clientes europeos o norteamericanos puedan elegir no ser cómplices de ciertas situaciones de expolio o vulneración de los derechos humanos.

¿Qué tipo de productos incluye y dónde los encuentro?

El café es el producto estrella del comercio justo y uno de los primeros que se incluyeron en los mecanismos de consumo sostenible. En 2014, según la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, representaba el 42,1% de todas las ventas de esta corriente. Le siguen a mucha distancia el azúcar (29,3%), el cacao (5,5%) y el té (3%). En los últimos años ha vivido un proceso de diversificación y ahora incluye productos artesanos: ropa, complementos, juguetes o artículos de decoración, que constituyen el 7,4% de las ventas. 

El canal de distribución clásico siempre ha sido el pequeño negocio: tiendas específicas de comercio justo o de oenegés, herboristerías y otros minoristas, cuyo público era fiel y muy activista. En los últimos años, los canales del comercio justo han alcanzado los llamados canales mayoritarios: supermercados, hipermercados y Horeca (acrónimo de hoteles, restaurantes y catering), que también incluyen en su carta cafés y bollos con el sello certificador. 

No todas las grandes superficies están igual de comprometidas con la causa. El principal sello que supuestamente garantiza la procedencia justa de los artículos es el que otorga la Organización del Sello de Comercio Justo (FLO, por sus siglas en inglés), y en su página web incluyen una lista de supermercados e hipermercados "aliados". Destacan Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés y sus marcas asociadas o Caprabo, del grupo Eroski. 

Las cifras

Las ventas de productos de comercio justo, o al menos los certificados con el principal sello, alcanzaron la cifra de 5,9 billones de euros en 2014, un incremento del 10% con respecto al 2013 –aún no se han publicado los datos del pasado año–. Depende del país, pero en España fuentes de las asociaciones indican que representaría menos el 1% del consumo total. Además, se calcula que su impacto se produce en un millón y medio de productores en todo el mundo. 

Las organizaciones que pretenden mejorar estos números centran su esfuerzo en dos vías: una, en el mercado productor, apoyando las cooperativas, salvaguardando la dignidad de las relaciones comerciales y aumentando la masa de agricultores y manufactureros que se suman a la red. Otra, en el mercado receptor, sensibilizando al comprador acerca de los muchísimos pros y las escasas contras, aseguran, de los artículos solidarios.

¿Cómo sé que un producto es de comercio justo? ¿Me puedo fiar?

La etiqueta del principal sello se puede identificar fácilmente: un monigote negro levanta un brazo sobre un fondo verde y azul. OxfamIntermón reconoce la credibilidad de la marca. El responsable de comercio justo de la asociación, Juanjo Martínez, niega que los criterios en los que se sustenta se hayan relajado: al revés, se han multiplicado para abarcar los procesos de producción de múltiples artículos. FLO está trabajando para incluir las minas de oro de África en el proceso, cuando al principio se trataba solo de café.

El activista se congratula de que los productos solidarios se puedan adquirir en cada vez más puntos de venta en nuestro país. Grandes superficies, cafeterías, hipermercados. Más allá del goteo continuo de concienciación, la disponibilidad ayuda bajo su prisma. "El sector privado va cobrando interés en estos productos", explica Martínez. "Tenemos que lograr que el volumen de negocio sea significativo para llamar su atención".

Sin embargo, asociaciones como Sodepaz rechazan esta vía de crecimiento y niegan legitimidad al sello. Su vicepresidente, Paco Calderón, considera que solo se ocupa de la producción, pero no de la distribución de los productos, donde también pueden lesionarse los derechos de los trabajadores. Critica con contundencia que "algunas asociaciones" vean con buenos ojos la entrada de las grandes superficies en el sistema, que cree vinculado indisolublemente a los movimientos sociales. "Igual que le pedimos a los trabajadores (de los países productores) que sean democráticos, cuando hablamos de la distribución miran hacia otro lado. No se preocupan de que las grandes multinacionales paguen bien a sus trabajadores (…). La venta en estos lugares no es comercio justo". Hay que garantizar la justicia en la cadena de producción completa, sentencia.

Un artículo de la miembro de Sodepaz Federica Carraro recuerda cómo a finales de los 90 se discutió en el seno de algunas organizaciones si aprobar los canales mayoritarios como vía legítima de distribución. En su asociación concluyeron que no, por varios motivos. No podían garantizar, explica, que la cadena siguiera siendo justa. Consideran que las grandes superficies desprotegen a su trabajador, ejercen competencia desleal con los horarios, promocionan un consumismo dañino y condiciones "leoninas" de pago a las empresas, por lo que no están capacitados para hablar de consumo solidario. 

Carrefour

está incluido en la lista de puntos de venta y consumo de FLO y, en 2014, el Tribunal Supremo le dio la razón a sus trabajadores en el conflicto colectivo que mantenían con la empresa por la liberalización de horarios. El Corte Inglés, también señalado positivamente por el sello, fue acusado por Inspección de Trabajo el año pasado por el trato "abusivo y autoritario" a un empleado, y en 2014 denegó el traslado a un empleado cuya mujer padecía un cáncer. 

Calderón desprecia las campañas de marketing de grandes firmas, que alardean de comercio justo cuando las cifras son ridículas. Pone el ejemplo de marcas como Nestlé, que optienen el 99% de su materia prima en plantaciones "injustas" y el 1% de explotaciones solidarias y se ponen la medalla en sus declaraciones de Responsabilidad Social Corporativa.

Todo ello amparado por el sello de la FLO. Garantiza la idoneidad de la producción, pero no garantiza la de la distribución y la venta, por lo que corresponde al consumidor informarse y decidir cuál va a ser su nivel de compromiso con la causa. 

¿Qué tal está el comercio justo en España?

La situación del comercio justo en España es calificada por el integrante de Oxfam Juanjo Martínez como "desesperante". En el país se da una curiosa paradoja. Según un Eurobarómetro publicado en febrero de 2016 sobre cooperación internacional y ayuda al desarrollo, el 93% de los españoles consideran "muy importante" asistir a países más desfavorecidos. Líderes de la Unión Europea en el apoyo total contestando una encuesta por teléfono. Cuando la solidaridad se dirige al bolsillo, somos más prudentes. El mismo cuestionario muestra que el 52% de los encuestados de nuestro país rechaza pagar más por un producto, como los de comercio justo, que ayude al desarrollo de otro lugar. Y del 45% que sí lo aceptaría, solo un 8% consentiría un incremento en el ticket de compra de más de un 5%. Porcentajes muy inferiores a los de nuestros vecinos europeos.

El último informe de la coordinadora es referente a los datos de 2014 y se entiende la desesperación. Reseña que en el citado año el gasto anual por habitante en España fue de 71,3 céntimos de euro en tanto que el consumo per cápita en la Unión Europea es de 10,74 euros. El principal factor que influye es que la mayoría de españoles desconoce qué es el comercio justo. "Cuando le preguntamos a la gente nos hace referencia a El Precio Justo, el concurso de televisión" ríe resignado Calderón. En países europeos como Reino Unido o Países Bajos el grado de conocimiento supera el 70%.

No se compra porque no se conoce, ¿y por qué no se conoce? Martínez apunta a razones culturales. "En el centro y el norte de Europa cuentan con un tejido social que lo propaga fácilmente. Aquí ha sido más complicado". Además, mientras que en el Reino Unido el comercio justo apareció en los 50, en España solo se empezó a hablar de él a partir de los 80.

El activista de Oxfam Intermón celebra que el sector privado y las grandes empresas multipliquen los puntos de venta. El vicepresidente de Sodepaz, sin embargo, suma a su pena por lo minoritario del mercado la desaparición de pequeñas y genuinas tiendas de comercio justo, absorbidas por la crisis económica y por la competencia de los hipermercados.

La lucha está lejos de agotarse, pero hay un deje de lamento en las palabras de estos responsables, porque saben que tienen entre manos un producto muy atractivo que no termina de despegar. "La gran mayoría de las personas que consumen café por la mañana", opina Martínez, "no tendrían ningún problema en tomar un café natural y molido, de igual o mayor calidad, y tener la certeza de que promueven un modo de vida justo, sostenible y digno para personas del Sur. Solo pagando un poco más". Los agentes en favor del comercio justo no piden colas enormes en los negocios ecologistas. Solo que la gente pueda elegir ser partícipe o no de la injusticia, porque el conocimiento es libertad. Y ya de paso, que escojan el camino correcto.

El cambio climático causará, entre 2030 y 2050, alrededor de 250.000 muertes adicionales al año, por el aumento de la desnutrición, la malaria, la diarrea y el aumento de las temperaturas, según se desprende de un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y recogido por Europa Press, que alerta que los niños mayores y enfermos crónicos serán los más vulnerables.

El informe, que ha sido actualizado en su página web, señala que en esos años podrían morir 38.000 personas de edad avanzada debido a la exposición al calor; un total de 48.000 personas podrían fallecer por diarrea; 60.000 por culpa de la malaria, y 95.000 niños por desnutrición.

"Todas las poblaciones se verán afectadas por el cambio climático, pero algunos son más vulnerables que otras", advierten desde la OMS, que también alerta del peligro que pueden sufrir los pequeños Estados en desarrollo, las regiones costeras, y regiones montañosas y polares. Del mismo modo, las áreas con infraestructura sanitaria deficiente serán las menos capaces de hacer frente a las crisis sanitarias que podrían producirse.

La OMS recuerda que, durante los últimos 50 años, el hombre con el desarrollo ha liberado a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que atrapan el calor adicional en la atmósfera inferior y afectan el clima global. Los niveles del mar están subiendo, los glaciares se están derritiendo y los patrones de precipitación están cambiando.

"Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más intensos y frecuentes", señala la organización sanitaria, que recuerda que estos cambios afectarán en un futuro a la posibilidad de disponer de aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y refugios seguros.

Además, las elevadas temperaturas atmosféricas contribuyen directamente a las muertes por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas de edad avanzada. En la ola de calor del verano de 2003 en Europa, por ejemplo, se registraron más de 70.000 muertes.

Las altas temperaturas aumentan los niveles de ozono y otros contaminantes en el aire que exacerban las enfermedades cardiovasculares y respiratorias; además, el polen y otros niveles de aeroalérgenos son también más altos en el calor extremo, lo que supone un aumento de asmáticos.

Por otra parte, el número de informes de los desastres naturales relacionados con el clima se ha triplicado desde la década de 1960. Cada año, estos desastres son el resultado de más de 60.000 muertes, principalmente en los países en desarrollo. Entre los mayores desastres, la OMS destaca el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, que destruyen y destruirán hogares, centros médicos y otros servicios esenciales.

"La falta de agua potable puede comprometer la higiene y aumentar el riesgo de enfermedades diarreicas, que mata a aproximadamente 760.000 niños menores de 5 años, todos los años. En casos extremos, la escasez de agua conduce a la sequía y la hambruna. A finales del siglo XXI, el cambio climático es probable que aumente la frecuencia y la intensidad de la sequía a escala regional y global", añaden.

Mientras las inundaciones están aumentando en frecuencia e intensidad con consecuencias devastadoras, las precipitaciones disminuyen la producción de alimentos básicos en las regiones más pobres. "Esto aumentará la prevalencia de la malnutrición y la desnutrición, que en la actualidad causan 3,1 millones de muertes cada año", afirma.

Desde la OMS se urge a los Estados miembros a tomar un nuevo rumbo con políticas enfocadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar sistemas de energía más limpios. En 2015, el Consejo Ejecutivo de la OMS aprobó un nuevo plan de trabajo sobre el cambio climático y la salud que incluye ayudar a los países a desarrollar su capacidad para reducir la vulnerabilidad al cambio climático de la salud, y reducir las emisiones de carbono.

El número de personas desplazadas a la fuerza por las guerras, la violencia, la persecución y las violaciones de los derechos humanos alcanzó en 2015 la cifra récord del 65,3 millones de personas, 5,8 millones de personas más que las registradas en 2014, según el último informe Tendencias Globales del Desplazamiento Forzado 2015 publicado este lunes por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

De dicho total, 21,3 millones son refugiados y 40,8 millones son desplazadosson desplazados, mientras que 3,2 millones son solicitantes de asilo. Según Acnur, en 2015 hubo 12,4 millones de nuevos desplazados tanto dentro de sus países (1,8 millones) como en el extranjero (8,6 millones). Además, se registraron dos millones de nuevas solicitudes de asilo.

En concreto, hubo un aumento en el número de nuevos refugiados, 1,8 millones frente a 1,2 millones de 2014, pero un descenso en el número de desplazados internos, 8,6 millones frente a 11 millones del año anterior.

Según subraya Acnur en su informe, aunque la tasa de aumento se ha ralentizado en comparación a los dos años anteriores, la cifra actual es "la más alta desde la Segunda Guerra Mundial" y supone un "incremento de más del 50% en los últimos cinco años". En 2011, había 42,5 millones de desplazados forzosos.

Si los datos se comparan con los de 1996, cuando había 37,3 millones de desplazados internos y refugiados en el mundo, el incremento es del 75%, según resalta el informe.

24 desplazados en el mundo

Estas cifras suponen que cada minuto 24 personas en todo el mundo se vieron obligadas a abandonar sus hogares en 2015, una cifra algo inferior a las 30 personas por minuto registradas en 2014, que sigue siendo hasta ahora el récord.

Si los 65,3 millones de desplazados en el mundo fueran un país se situaría en el puesto 21 entre los más grandes por población, más grande que Reino Unido. Además, nueve de cada 1.000 personas en el mundo eran desplazadas forzosas, es decir, una de cada 113.

En el caso de los refugiados, Acnur subrayó que de los 21,3 millones que hay en el mundo, el 51% son menores de 18 años, igual que en 2014 pero un fuerte aumento con respecto al 41% que representaban en 2009. A esto se suma el hecho de que 98.400 menores no acompañados solicitaron asilo en 2015, en comparación con los 34.300 de 2014, por lo que la cifra se ha multiplicado por tres.

Un 55% más de refugiados que en 2011

La cifra de refugiados supone un nuevo récord y un incremento del 55% con respecto a 2011, cuando había 10,4 millones. Para finales de 2015, el 55%, unos 8,8 millones, de los refugiados residían en Europa o el África Subsahariana.

Esta última región es la que más refugiados acoge, con 4,4 millones. El 80% de ellos (3,5 millones) proceden de cinco países: Somalia, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Sudán y República Centroafricana (RCA). En el caso de Europa, acoge a algo menos de 4,4 millones, el 58% de los cuales están en Turquía.

Acnur ha denunciado que los países en vías de desarrollo siguen acogiendo a refugiados de "forma desproporcionada" en comparación con otros países, ya que dan cobijo al 86% de los refugiados bajo el mandato de la agencia de la ONU (16,1 millones). Así, a finales de 2015 estos países acogían a 13,9 millones de refugiados, frente a los 2,2 millones en los países desarrollados.

Diez principales países de origen

Siria, que lleva ya más de cinco años de guerra civil, sigue siendo el principal país emisor de desplazados y refugiados. Actualmente, según Acnur, hay cinco millones de refugiados sirios en el mundo, un millón más que un año antes, cuando había 3,9 millones (en 2013 eran solo 2,5 millones).

A continuación se sitúa Afganistán, con 2,7 millones de refugiados, unos 100.000 más que el año anterior. El tercer país en la lista es Somalia, con 1,12 millones, seguido por Sudán del Sur, con 777.700, donde se produce un aumento de más de 150.000, y Sudán, con 628.800, donde hay una ligera reducción de algo menos de 50.000.

En sexta posición está República Democrática del Congo, con 541.500, y le siguen República Centroafricana (471.100), Birmania (451.800), Eritrea (411.300) y Colombia (340.200).

Diez principales países de acogida

Como en 2014, Turquía es el país que más refugiados acoge a nivel mundial, con 2,54 millones, en su mayoría sirios, frente a los 1,6 millones del año anterior. Le sigue Pakistán, con 1,6 millones, un ligero aumento frente a los 1,5 millones anteriores. A continuación se sitúan Líbano, con 1,1 millones, una cifra algo inferior, e Irán, con algo menos de un millón de refugiados.

En quinto lugar se encuentra Etiopía, con 736.100 refugiados, seguida de Jordania (664.100), Kenia (553.900), Uganda (477.200), República Democrática del Congo (383.100) y Chad (369.500).

Desplazados internos

La cifra de desplazados internos a finales de 2015 era de 40,8 millones, un nuevo récord, después de que otras 2,6 millones de personas se vieran obligadas a abandonar sus hogares por la violencia o la persecución.

En este caso, Yemen es el país donde hubo más nuevos desplazados internos en 2015 por el estallido del conflicto entre el Gobierno yemení y los rebeldes huthis, que provocó 2,5 millones de desplazados, es decir, casi el 10% de su población.

Además, hubo un gran número de desplazados en Irak (808.700), Ucrania (800.000), Sudán (639.500), República Democrática del Congo (637.900) y Afganistán (492.600). Entre estos seis países sumaron el 84% de los nuevos desplazados durante 2015.

Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos, con 6,9 millones, frente a los 6 millones con que cerró 2014. En el caso de Siria, el número de desplazados se ha reducido, pasando de 7,6 millones en 2014 a 6,6 millones, mientras que en Irak ha aumentado hasta situarse en 4,4 millones, frente a los 3,6 millones anteriores.

Solicitudes de asilo

Durante el año 2015 se produjo un aumento del 48% en el número de solicitudes de asilo, con 2,45 millones presentadas en 174 países, en comparación de los 1,66 millones de un año antes. Unos dos millones de estas solicitudes fueron en primera instancia.

En este caso, Alemania es el país que más solicitudes recibió, con 441.900 registradas durante 2015, más del doble que el año anterior (173.100), siendo los sirios el grupo más numeroso. En segunda posición se sitúa Estados Unidos, con 172.700, un 42 % más, mientras que el podio lo cierra Suecia, con 156.400 solicitudes, más del doble que en 2014.

Alrededor de 795 millones de personas no cuentan con suficiente comida para alimentarse, en gran parte a causa de la gran cantidad de situaciones de conflicto en el mundo, según ha advertido este lunes el Índice Global contra el Hambre (GHI, según sus siglas en inglés).

"A pesar de los esfuerzos para reducir el hambre en el mundo, los niveles de hambre en 52 de los 117 países estudiados siguen siendo graves (44 países) o alarmantes (ocho países)", indica el informe, con República Centroafricana (RCA), Chad y Zambia en las peores posiciones.

"Los conflictos pueden ser asociados con la inanición. Los países con los peores índices tienden a ser los que están o han estado recientemente en guerra. Por contra, en Angola, Etiopía y Ruanda, los niveles de hambre han disminuido de forma sustancial desde el final de sus guerras civiles", agrega.

El informe recoge algunos avances, destacando que el hambre en los países en desarrollo ha disminuido en un 27 por ciento desde el año 2000, con 17 países reduciendo sus índices hasta la mitad desde entonces. Entre estos países figuran Azerbaiyán, Brasil, Croacia, Mongolia, Perú y Venezuela.

Sin embargo, alerta de que la situación "podría ser peor", ya que algunos de los países más pobres del mundo no han sido incluidos en el estudio debido a la falta de datos. Entre ellos figuran República Democrática del Congo (RDC), Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Siria.

"El hambre es un desafío constante y una de cada nueve personas sufre malnutrición, al tiempo que más del 25 por ciento de los niños son demasiado pequeños para su edad debido a deficiencias nutricionales", explica.

Respecto al impacto de los conflictos, cifra en trece millones el número de personas desplazadas por la violencia en 2014, principalmente a causa de los conflictos en Siria, Afganistán y Somalia.

Así, apunta que 59,5 millones de personas se han visto desplazadas por los conflictos a nivel mundial y advierte de que, "pese a que los refugiados son más visibles, el 87 por ciento de los afectados por los conflictos no abandona sus casas y suele estar en situación mucho peor que los desplazados".

"Pese a que las respuestas humanitarias son más rápidas y eficientes que en el pasado, seguimos necesitando prestar atención a los peligros del conflicto armado y las políticas inhumanas que generan hambre", ha dicho el director ejecutivo de la Fundación por la Paz Mundial, Alex de Waal.

"El mundo tiene suficiente comida, suficiente logística, suficiente conocimiento, para poner fin a la inanición: lograrlo es únicamente un asunto de voluntad política", ha manifestado.

El director general del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), Shenggen Fan, ha recalcado que "se debe seguir presionando, seguir innovando hasta que los alimentos ricos en nutrientes sean accesibles de forma sostenible y usados por todo el mundo para lograr su máximo potencial".

Por último, el presidente de Welthungerhilfe, Barbel Dieckmann, ha apuntado que "se debe hacer más para apoyar a la gente (que sufre situaciones de conflicto)", explicando que "a menos que se haga frente a las causas de los mismos, los progresos hechos para reducir el hambre no perdurarán".

Reducir en un 25% la comida que perdemos o desperdiciamos salvaría las vidas de los 795 millones de personas que corren peligro de muerte por desnutrición, e incluso bastaría para cubrir las necesidades de los más de 870 millones que padecen hambre, según un informe de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO).

Naciones Unidas es incapaz de extraer aspecto positivo alguno del desperdicio de comida, que no sólo es uno de los principales factores de inseguridad alimentaria. También es responsable de generar graves efectos contra el cambio climático y es consecuencia y símbolo de la ineficacia de los sistemas de distribución y consumición en el primer y tercer mundos.

Los países industrializados tiran anualmente 670 millones de toneladas de comida por 630 de los países en desarrollo. Tiramos casi la mitad de las frutas y los vegetales (50%), por delante del pescado (35%), los cereales (30%) o la carne (un 20%).

Ello no quita para que los países ricos sigan desperdiciando casi tanta comida (222 millones de toneladas) como la producción entera del África Subsahariana (230 millones de toneladas), por no mencionar la diferencia existente en el comportamiento individual. Un residente de un país rico puede tirar entre 95 y 115 kilos de comida al año. En el África subsahariana y en el sureste de asia, esa cantidad es sólo de entre 6 y 11 kilos.

El futuro no ofrece más que alarmas. Las estimaciones indican que la producción alimentaria en 2050 deberá ser un 60% mayor que la de 2005 para cubrir las necesidades de los 9.600 millones de personas que vivirán en el planeta para ese año, y la complejidad de los sistemas de distribución de alimentos, en lugar de aliviar el problema, sólo han conseguido que se manifieste de formas tan variadas como difíciles de combatir.

Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda son los países más negligentes a la hora de desperdiciar comida. Entre todos ellos tiran el 39% de la comida que compran, seguidos de Europa, que arroja al vertedero el 31 por ciento de los alimentos adquiridos.

Diferencia entre "pérdida" y "desperdicio"

La "pérdida de comida" no es intencionada y es un fenómeno característico de los países en desarrollo. Se debe a deficiencias de equipamiento, transporte e infraestructura. Sin embargo, el "desperdicio" de comida, voluntario, es mínimo.

La situación es exactamente la contraria en los países ricos, donde entran en juego otros factores, orientados a, o procedentes del consumidor. "Grandes cantidades de comida", apunta la FAO, se desperdician debido a unos estándares de calidad que sobreenfatizan la apariencia de los alimentos".

A ello hay que añadir el consumo excesivo, que nos lleva a comprar más comida de la que necesitamos, y que después tiramos cuando expira su fecha de caducidad.

Daño medioambiental

El impacto medioambiental tanto de la pérdida como del desperdicio de alimentos es muy elevado. El total de CO2 producido por la comida eliminada es de 3,3 gigatoneladas. Para hacerse una idea, si la comida desperdiciada o eliminada fuera un país, sería el tercero en emisión de gases contaminantes del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China.

Más aún: el ser humano usa cerca de 1.400 millones de hectáreas (un 30% del terreno agrícola existente es empleado para cultivar alimentos que nunca llegan a consumirse). La cifra se dispara en el uso de agua potable: desperdiciamos más agua para cultivar alimentos que nunca comemos que la que pueden usar en todo un año gigantes como India o China.

"El cambio climático tiene que ver, por encima de todo, con el desequilibrio entre nuestra economía de producción y consumo y la capacidad de sustentación que ofrece el planeta", explica a The Guardian Robert van Otterdijk, coordinador del programa para el ahorro de alimentos de la FAO.

"La producción de comida es uno de los mayores sectores productivos del mundo, y si un tercio de todo esto se produce en vano, imaginen el efecto que puede tener en los recursos naturales, en la tierra, en el agua, en la energía y en los gases que provocan el efecto invernadero".

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, António Guterres, criticó este sábado que los países "en mejor posición de ayudar" estén "cerrando sus puertas" a los solicitantes de asilo, en un momento en el que el mundo asiste a "una estela de desplazamiento de proporciones nunca vistas".

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, Guterres repasó en una carta abierta un contexto en el que "la violencia generalizada se ha propagado", hasta el punto de que 60 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares víctimas de los conflictos. De ellas, cerca de 20 millones son refugiados.

"Estas cifras están aumentando y a un ritmo más rápido cada día", advirtió el máximo responsable de Acnur, que apuntó niveles de desplazamiento cuatro veces superiores a los de 2010. "Estas personas confían en nosotros para sobrevivir y tener esperanzas. Ellos recordarán lo que hagamos", añadió.

Por este motivo, dijo no comprender cómo "algunos de los países en mejor posición de ayudar están cerrando sus puertas", habida cuenta de que comunidades con menos recursos y que acogen al 86% de los refugiados del mundo "están al límite". Guterres llamó a "asumir colectivamente la responsabilidad de la carga".

"Las alternativas legales para huir están desapareciendo y las organizaciones humanitarias como la mía, están operando con unos presupuestos muy limitados, sin poder satisfacer las crecientes necesidades de un número de víctimas tan enorme", apuntó.

Para Guterres, "éste es el momento de la verdad". En este sentido, recalcó en su carta que "la estabilidad mundial se está rompiendo en pedazos" mientras "los poderes mundiales se han convertido en observadores pasivos o en participantes en la distancia de los conflictos que están empujando a tantos civiles inocentes fuera de sus hogares".

No son terroristas

"Desde los inicios de la civilización, hemos tratado a los refugiados como merecedores de nuestra protección. Sean cual sean nuestras diferencias, hemos reconocido la obligación humanitaria fundamental de dar cobijo a quienes huyen de la guerra y la persecución", resaltó Guterres.

Sin embargo, ahora, "algunos de los más ricos entre nosotros están desafiando este antiguo principio, presentando a los refugiados como intrusos, desempleados o terroristas". Según Guterres, se trata de una visión "corta de miras", "moralmente incorrecta" e incluso contraria a las "obligaciones internacionales".

"Las naciones más ricas deben reconocer a los refugiados como las víctimas que son, huyendo de las guerras que estos estados fueron incapaces de prevenir o detener", remachó el jefe de Acnur, que ve como únicas opciones "permitir que el cáncer del desplazamiento forzado se extienda" o "manejar esta crisis todos juntos".

La Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) tiene información sobre cuál es la edad media en cada lugar del mundo, con datos actualizados a 2014. Según estas cifras, en los países del norte las personas son más longevas, mientras que en los del sur, especialmente en África, la media de edad es mucho menor.

El país con la edad más alta es Mónaco: la media de su población tiene 51,1 años. En el lado contrario se encuentra Níger: su edad media era de tan sólo 15 años. Por su parte, la edad media de la mayoría de los países se sitúa en torno a la treintena, como se puede observar en este mapa. En España, la edad media se sitúa en 41,1 años.

De acuerdo a esta información, los 10 países "más viejos", es decir, con una media de edad mayor, son

- Mónaco (51,1 años)

- Japón (46,1 años)

- Alemania (46,1 años)

- Italia (44,5 años)

- Austria (44,3 años)

- San Marino (43,6 años)

- Grecia (43,5 años)

- Eslovenia (43,5)

- Hong Kong (43,2)

- Finlandia (43,2)

En el lado contrario, estos son los 10 países con una edad media más joven, todos africanos:

- Níger (15,10 años)

- Uganda (15, 50 años)

- Mali (16 años)

- Malaui (16,3)

- Zambia (16,7)

- Sudán del Sur (16,8)

- Mozambique (16,9)

- Burkina Faso (17)

- Burundi (17 años)

- Chad (17,2)

El trabajo infantil es una realidad. 168 millones de niños “trabajan hasta el cansancio en fábricas clandestinas, minas, en el sector de la construcción y en la agricultura”, denuncian desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con motivo del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. 168 millones de niños “que no han alcanzado la edad mínima legal de admisión al empleo” trabajan para ayudar a satisfacer sus necesidades más básicas y las de sus familias; 85 millones de ellos realizan trabajos peligrosos.

Miles de pequeños en el mundo “se ven involucrados en conflictos armados o en el tráfico de drogas, otros son explotados sexualmente”, advierte la OIT. Atrapados en esta situación, “estos niños nunca podrán tomar sus propias decisiones y salir adelante”. El trabajo infantil es un lastre para su futuro. Desde el año 2000, el número de niños en esta situación ha disminuido un tercio, señalan desde la organización, pasando de 246 a 168 millones. Sin embargo, “no se logrará la meta fijada por la comunidad internacional de eliminar sus peores formas para 2016”, lamentan. 

Acabar con el trabajo infantil requiere "profundizar más en la sociedad", explica Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT para España. En declaraciones a infoLibre recalca que existen dos puntos fundamentales en torno al problema del empleo infantil: "por un lado hay que sacar a los niños del trabajo infantil, pero también es imprescindible evitar que nuevos niños entren en esta dinámica". Esta última cuestión es, a su parecer, "lo más difícil, pero crucial para avanzar". 

Las cifras demuestran que "el trabajo infantil se puede reducir" a través de la promoción de "políticas de protección social", apunta Nieto. "El desafío de combatir la pobreza y el shock económico no es algo excepcional, es una realidad cada vez más común" a la que los Estados deben hacer frente, añade. En este sentido, el director de la OIT en España aplaude "las políticas dirigidas estrictamente al trabajo infantil, las políticas sociales de carácter general y los Objetivos del Milenio" que han ayudado a disminuir el trabajo infantil a nivel mundial. 

El trabajo infantil: una cuestión internacional

Asia y el Pacífico registran el mayor número de casos de trabajo infantil. África Subsahariana cuenta con la tasa más alta de incidencia. Las cifras en América Latina, a pesar de no ser muy elevadas, son persistentes en lo que se refiere a trabajos peligrosos. Cerca de 9,2 millones de niños trabajan en Oriente Medio y África del Norte. “Los países más pobres registran la más alta incidencia de trabajo infantil –explica la OIT–, el 23% de los niños de países de bajos ingresos están en situación de trabajo infantil, en comparación con el 9% en los países de ingresos medios-bajos y el 6% en los países de ingresos medios-altos”.

Sin embargo, “las estimaciones revelan que los países de medianos ingresos exhiben el mayor número de niños en situación de trabajo infantil”, apuntan desde la organización. 93,6 millones de niños trabajan en países con ingresos medios, frente a los 74,4 millones que lo hacen en países de bajos ingresos. Esto se debe, explica Joaquín Nieto, "a que en los países de ingresos medios, en desarrollo, como China e India, hay más población". 

La lucha contra el trabajo infantil no es, por tanto, una causa que se limita a los países más pobres. “La exposición a situaciones que engendran una pérdida de ingresos de la familia como la pérdida de empleo de un miembro adulto de la familia, las situaciones imprevistas relacionadas con la salud y otras situaciones adversas pueden reducir drásticamente los ingresos de los hogares e impulsar a los niños a abandonar la escuela y a ponerse a trabajar para contribuir al ingreso familiar”, señala la Organización Internacional del Trabajo.

"Las sequías, las inundaciones o el cambio climático son circunstancias que provocan la caída de los ingresos y un shock económico para las familias", relata el responsable de la OIT en España. El trabajo infantil no es, subraya Nieto, "resultado de la pobreza extrema, sino de circunstancias que traen consigo la reducción de los ingresos familiares". 

En España "existe pobreza infantil, pero no trabajo infantil", asegura el miembro de la OIT. "No hay incentivos para que los niños trabajen y abandonen la escuela; además, el sistema de protección social en nuestro país, a pesar de que ha quedado tocado con los recortes y ha sufrido importantes embestidas, sigue siendo robusto", sentencia Nieto. 

El impacto de la crisis económica

Las cifras ofrecidas por la OIT muestran que, entre el año 2008 y 2012, la tasa de descenso del empleo infantil fue más rápida. Pese a lo que se temía, “en apariencia, la crisis económica mundial no ha tenido ningún efecto negativo sobre la situación del trabajo infantil”, afirman. Se barajan dos razones para explicar este hecho: a pesar de que las “economías en desarrollo no pudieron escapar a la crisis, se recuperaron más rápido de sus efectos”; en segundo lugar, “el lento crecimiento económico posterior a la crisis ha reducido la demanda de mano de obra, incluida la demanda de niños”.

En este mismo sentido, cabe señalar que entre 2000 y 2012 el trabajo infantil entre los más pequeños –de 5 a 14 años– descendió de manera especial. Sin embargo, el informe de la Oficina Internacional del Trabajo recuerda que “los niños en situación de trabajo infantil del grupo de edad de 5 a 11 años, en edad de escuela primaria, seguían representando 73 millones en 2012, o un 44% del total de niños en situación de trabajo infantil”. Lo que, sin duda, “es objeto de una especial preocupación”.

El trabajo infantil afecta de manera diferente a los niños y a las niñas. Desde el año 2000, el número de niñas englobadas en el concepto trabajo infantil ha disminuido un 40%, cifra que contrasta con un descenso del 25% en lo que respecta los niños. “Estos progresos específicos entre las niñas se deben probablemente al énfasis en la educación de las niñas en todo el sistema de las Naciones Unidas durante ese período, y otros progresos respecto a la igualdad de género”, explica la OIT.

¿Cómo se consigue reducir el trabajo infantil?

Si bien las cifras continúan siendo alarmantes, en los últimos años se ha conseguido reducir de manera importante el número de menores sometidos al trabajo infantil. Desde la OIT aplauden la “estrategia general trazada en los planes de acción” de la organización, entre los que se encuentra la Hoja de Ruta de la Haya. La promoción de la educación, la protección social, el fomento de oportunidades de trabajo decente, y acciones conjuntas en cuestiones legislativas, son algunas de las medidas que han conseguido mejorar la dramática situación de millones de niños.

177 de los 185 miembros de la OIT han ratificado el Convenio número 182 –Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil–. 166 Estados miembros han firmado el Convenio 138 de 1973, que regula la edad mínima de admisión al empleo. Sin embargo, la ratificación de estos tratados no asegura su cumplimiento, por lo que es imprescindible “el seguimiento de la ratificación mediante medidas prácticas de aplicación”, explican desde el organismo.

Las cifras revelan “un panorama alentador” fruto del “aumento general en el número de medidas adoptadas y comunicadas”. La mejora de las políticas nacionales y la implementación de medidas legislativas, junto con una “especial atención a los niños en situación de riesgo”, han contribuido a disminuir el número de pequeños que trabajan para sobrevivir.

"Se ha conseguido reducir el trabajo infantil –afirma Joaquín Nieto–, pero en los últimos cuatro años el ritmo de reducción ha declinado". Es posible que esto se deba a que "cuanto más reduces, más difícil es continuar mejorando", valora el director de la Oficina de la OIT para España. 

“Tarjeta roja al trabajo infantil”

A pesar de las mejoras de los últimos años, aún hay 168 millones de razones para continuar trabajando por extinguir el trabajo infantil. El informe mundial de 2013 sobre el empleo de menores, titulado Vulnerabilidad económica, protección social y lucha contra el trabajo infantil, hace especial hincapié en la necesidad de “ampliar la protección social” que garantice “por lo menos, la atención de salud esencial y la seguridad básica del ingreso a lo largo de la vida de las personas".

Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el próximo 12 de junio, la OIT emprende una campaña bajo el lema Tarjeta roja al trabajo infantil. La iniciativa será lanzada con una canción inédita, Til Everyone Can See, interpretada por el guitarrista Mike Einziger del grupo Incubus, y la violinista Ann Marie Simpson, acompañados por artistas como Pharrell Williams, Hans Zimmer, Dominic Lewis, Travis Barker, Minh Dang y LIZ. Todos los participantes de la campaña podrán descargar la canción el 12 de junio. Con este proyecto, la organización hace un llamamiento internacional para abordar un problema que acaba con la infancia de millones de niños en el mundo.

A pesar de que fue encontrada por un agente de la policía después del asalto y trasladada a la comisaría, la mujer no pudo presentar una denuncia porque "era festivo", según ha denunciado la organización en un comunicado.

Inicialmente, la Fiscalía sudanesa presentó cargos contra la joven, actualmente embarazada de nueve meses, por adulterio, un delito que podría ser castigado con la lapidación. Bajo el Código Penal del país africano, toda persona que mantenga relaciones sexuales extramatrimoniales está cometiendo un delito capital.

Sin embargo, el tribunal finalmente retiró estos cargos tras reconocer que la mujer estaba divorciada, por lo que no podía aplicársele la sentencia por adulterio. Asimismo, el Fiscal General no permitió a la etíope que presentara una denuncia formal por la violación dado que estaba siendo investigada por un delito penal.

La joven fue declarada culpable por cometer "actos indecentes" y condenada a un mes de prisión, sentencia que ha sido suspendida, y deberá pagar una multa por valor de 5.000 libras sudaneses, unos 640 euros.

Asimismo, la Fiscalía ha amenazado con sancionarla por "entrar de forma ilegal" en el país, un delito que, según la legislación sobre inmigración de Sudán, podría ser castigado con penas de entre uno y dos años de prisión, sanciones económicas y la extradición.

Violadores en libertad

Por otra parte, los violadores, que habían grabado el asalto y distribuido la grabación seis meses después a través de las redes sociales, fueron detenidos y juzgados. No obstante, Amnistía ha denunciado el doble rasero entre las sentencias de la víctima y de los agresores.

Tres de ellos fueron condenados por adulterio y sentenciados a 100 latigazos; otros dos, por "actos indecentes", fueron sancionados a recibir 40 latigazos y a pagar una multa. El asaltante que se encargó de la distribución del material recibió 40 latigazos y se le ha impuesto una "grave multa", según la organización. El séptimo violador ni siquiera fue condenado porque no existían suficientes pruebas en su contra.

Los siete recibieron los latigazos inmediatamente después de que tuviera lugar el juicio a puerta cerrada.

Cultura de impunidad

Amnistía Internacional ha denunciado que presentar cargos relacionados con inmigración y declarar culpable a los supervivientes de agresiones sexuales es una manera de disuadir a las víctimas para que no hablen de ello y busquen ayuda. Esto fomenta que se mantenga la "cultura de impunidad" entre los agresores.

En este sentido, la organización no gubernamental ha instado a los gobiernos de todo el mundo a proteger los derechos humanos y la seguridad de las personas que viven dentro de sus fronteras, y a que tomen represalias contra aquellos que violen estos derechos.

Amnistía Internacional ha asegurado que presionar al Congreso de Estados Unidos para que apruebe una legislación que convierta esta cuestión en una "prioridad diplomática" podría "ayudar a romper el círculo de violencia contra las mujeres" en todo el mundo.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) alcanzó este sábado el primer acuerdo de reforma comercial de alcance mundial después de que Cuba retirara su veto al pacto, lo que se traduce la mayor reforma del tráfico mercantil global que se ha hecho hasta ahora y que podría significar una inyección de hasta un billón de dólares –729.630 millones de euros– en la economía mundial.

Es el primer acuerdo que se firma desde 1995 y pone fin a 12 años de negociaciones infructuosas de la llamada Ronda de Doha entre los 159 países miembros de la OMC, que recobra la confianza en su tarea de hacer disminuir las barreras comerciales a nivel global.

"Por primera vez en nuestra historia, la OMC se ha entregado verdaderamente", proclamó entre lágrimas el presidente de la OMC, el brasileño Roberto Azevêdo, en la isla indonesia de Bali, donde se ha celebrado la cumbre. "Esta vez todos los miembros han aunado sus esfuerzos. Hemos traído de vuelta la palabra mundial a la Organización Mundial de Comercio", afirmó Azevêdo, quien parafraseó al difunto expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, para ensalzar el acuerdo diciendo que "siempre parece imposible hasta que está hecho".

El presidente de la conferencia ministerial y titular de la cartera de Comercio de Indonesia, país anfitrión de la cumbre, Gita Wirjawan, certificó que la declaración aprueba el "paquete Bali al completo", según informó la agencia estatal de noticias china, Xinhua. "Bali ha dado un nuevo mañana a la OMC", apostilló. La misión de la Unión Europea ante la OMC confirmó el acuerdo en la red social Twitter: "El paquete Bali es formalmente adoptado". Suscrito el acuerdo, las delegaciones han abierto una gran ovación.

Cuba y la redacción del veto de EEUU

Cuba alcanzó un acuerdo sobre la redacción del pacto referente al embargo económico impuesto por Estados Unidos sobre la isla para que contribuya a su levantamiento, tras posponer un día la firma del pacto en el tramo final de las negociaciones. Otros tres países latinoamericanos –Venezuela, Bolivia y Nicaragua– también se habían opuesto a la firma del acuerdo, alineándose con Cuba.

La frase que ha desbloqueado el acuerdo está incluida en un apartado que alude a la "facilitación del comercio" mundial. "Al respecto", señala el pacto, "reafirmamos que el principio no discriminación del artículo 5 del GATT 1994 (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994) sigue siendo válido". La Habana reclamaba que el acuerdo de la OMC cuestionara el embargo económico establecido por Estados Unidos, en vigencia desde hace medio siglo y que ha sido condenado en 22 ocasiones por Naciones Unidas. Esta demanda histórica del régimen castrista se había convertido en el principal obstáculo para el acuerdo.

Desde hace días, los representantes de las 159 naciones que integran la OMC negocian en la isla de Bali este acuerdo que permitirá reducir las barreras comerciales, acelerando el tráfico de bienes y generando, según varias estimaciones, más de 20 millones de empleos.

Este acuerdo, asimismo, brinda a las economías en desarrollo un mayor margen de maniobra para recurrir a los subsidios para garantizar el suministro de alimentos, uno de los asuntos más debatidos durante la cumbre. El refuerzo de la seguridad alimentaria era una de las principales demandas de países como India –plasmado en una cláusula especial sobre los derechos de las naciones para el almacenamiento de productos agrícolas–, si bien Estados Unidos y la Unión Europea veían con reticencias dicha cláusula debido al posible efecto distorsionador que podría ejercer en el comercio internacional.

Los países menos desarrollados, por su parte, ganarán un acceso preferencial a los mercados libres de impuestos y libres de cuotas de las economías desarrolladas para promover el desarrollo económico.

"Doha sale del estancamiento"

"No me gusta utilizar la palabra histórico, pero este es un acuerdo histórico", celebró el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, en declaraciones a la prensa. Por su parte, el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, manifestó que las negociaciones "no han sido fáciles pero críticamente importantes para sostener a una OMC creíble a la hora de afrontar las preocupaciones del comercio del siglo XXI", según su portavoz.

El Gobierno de Mariano Rajoy abrazó el acuerdo alcanzado en Bali al considerar que impulsará las exportaciones españolas y con ello la salida de la crisis. En un comunicado conjunto de los ministerios de Economía y de Agricultura, la delegación española, encabezada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, se congratuló del "histórico" acuerdo alcanzado por los 159 países de la OMC.

El Ejecutivo ha puesto en valor que el acuerdo garantiza el futuro del sistema multilateral de comercio, relanza las negociaciones de la Ronda de Doha y simplifica los trámites aduaneros. "El acuerdo refuerza el papel de la propia OMC y va a suponer un revulsivo para la Ronda de Doha y un pilar fundamental para impulsar el comercio internacional", explicaron los departamentos.

Para el Gobierno, el concierto alcanzado relanzará las negociaciones de la Agenda de Desarrollo de Doha, configurada como la ronda de negociaciones para la liberalización del comercio más ambiciosa de cuantas han existido hasta el momento. "La Ronda de Doha, iniciada en 2001, sale así de la situación de estancamiento en la que se encontraba en estos últimos años. Es previsible que a lo largo de 2014 se puedan retomar todos los capítulos de la negociación que hasta ahora estaban bloqueados".

Celebraciones en todo el globo

En esta misma línea se ha pronunciado la Embajada de Reino Unido en Ginebra para la OMC, calificando este acuerdo de "histórico". "Reino Unido da la bienvenida a este histórico acuerdo de comercio de la OMC para reducir la burocracia y aumentar las oportunidades de desarrollo. El primer acuerdo de este estilo en 20 años", resalta en Twitter.

El ministro de Exteriores y Comercio Exterior de Finlandia, Alexander Stubb, también aplaudió el acuerdo vía Twitter y ha enfatizado el "impresionante aguante" y el "buen trabajo" de los equipos negociadores. El director de la delegación del Parlamento Europeo en las negociaciones, Vital Moreira, subrayó que "el primer ganador del acuerdo es la propia OMC" y que este pacto marca un "punto de inflexión en el renacimiento" de este organismo internacional.

El acuerdo, que tendrá que ser refrendado por el Europarlamento, "aliviará" los procedimientos aduaneros para los exportadores de la UE para hacer el comercio mundial "más fluido, menos costoso y más transparente", según explicó Moreira en un comunicado.

Desde Estados Unidos, su representante en política comercial, Michael Froman, ha urgido a los miembros de la OMC a dejar atrás las diferencias del pasado que podrían haber frustrado un acuerdo y propinado "un golpe debilitante a la OMC". Si esto hubiera ocurrido, diijo Froman, "la desafortunada verdad sería que la pérdida sería sentida más fuertemente por aquellos miembros que menos pueden permitírselo", según informó la cadena BBC.

En un comunicado, el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Ed Fast, incidió en que este pacto contribuye a "reflejar las realidades y retos" que afrontan los negocios y clientes en el siglo XXI. "Nuestro Gobierno entiende que no hay mejor creador de trabajo que un comercio más libre y más abierto. Por eso estamos emprendiendo el plan de comercio libre más ambicioso y exhaustivo de la historia canadiense", agregó.

A la OMC le queda a partir de esta novena conferencia ministerial que los gobiernos de los países miembros ratifiquen los acuerdos alcanzados en Bali, lo que podría requerir varios años, y completar la Ronda de Doha. "Encomendamos al Comité de Negociaciones Comerciales que prepare, en los próximos 12 meses, un programa de trabajo claramente definido sobre las cuestiones restantes del Programa de Doha para el Desarrollo", dice la declaración de la conferencia.

El anuncio, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha pillado por sorpresa a las ONG: a partir de ahora, sólo las que demuestren no haber registrado pérdidas económicas en los dos últimos ejercicios podrán acceder a las subvenciones para realizar proyectos en el extranjero. No es la única condición que se endurece. Las organizaciones también deberán acreditar que sus fondos propios no se han reducido en más de un 40% en los últimos ocho años.

Hasta ahora, la situación era bien diferente. Los requisitos se reducían a exigir a las organizaciones estar legalmente constituidas, registradas, carecer de fines de lucro y gozar de capacidad jurídica para actuar en España. Además, en las resoluciones de años anteriores también figuraban requerimientos económicos que ahora se mantienen, como haber contado con un mínimo de 16 millones de euros en los últimos ocho años.

La cuestión presupuestaria no es el único cambio introducido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Desde ahora también se exigirá un mínimo de 300 socios que realicen aportaciones periódicas (las donaciones puntuales no se contabilizarán) y se eleva de 24 a 30 el mímino de proyectos que deben acreditarse en los últimos ocho años. Actualmente hay 51 organizaciones calificadas por AECID. Si no superan las nuevas exigencias, perderán esa condición y la posibilidad de optar a ayudas.

Endurecimiento arbitrario

"Considero que el nuevo criterio es arbitrario, muchas organizaciones están en pérdidas o las van a registrar por la crisis y los importantes recortes", explica Alejandro Echegaray, coordinador de comunicación de AMREF Flying Doctors. Echegaray añade que la idea de exigir a las ONG equilibrio presupuestario es "chocante", y resalta que este tipo de entidades no persiguen obtener beneficios, ni tienen accionistas, sino que buscan únicamente el cumplimiento de sus fines.

"Las cuentas de una ONG no son como las de una empresa", se quejan desde Médicos del Mundo. Fuentes de esta organización apuntan además que, en un alto número de ocasiones, el déficit que registran las ONG se debe a los propios impagos de la Administración, que retrasa el abono de las subvenciones.

Otras organizaciones, por el momento, han preferido no realizar valoraciones del anuncio de AECID. La sensación generalizada es de estupor por las nuevas condiciones. Muchas pedían este viernes tiempo para leer la "letra pequeña" y para negociar con AECID. "Es un endurecimiento que va a suponer un serio problema a muchas organizaciones del mundo de la cooperación –resume Echegaray– un cambio que sitúa en una situación delicada a muchas ONG. La Administración ha decidido que sólo las más grandes puedan optar a las grandes ayudas".

Ayudar no es una proridad

Este cambio en las reglas de juego, que muchos interpretan como un intento del Gobierno por reducir al máximo las ayudas que entrega a ONG, se une a otras restricciones ya puestas en marcha por el Ejecutivo del PP. El pasado mes de abril, la OCDE reclamó un cambio de tendencia ante el continuado descenso en las partidas destinadas a la cooperación internacional. "Insto a los países a nicrementar los niveles de ayuda", dijo entonces Erik Solheim, presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo.

Al tiempo, se conoció que el dinero consignado en los Presupuestos Generales del Estado para la ayuda humanitaria descendió un 49,7% en 2013 con respecto al ejercicio anterior, y que el recorte acumulado desde 2008 alcanza prácticamente el 70%. De esta forma, el español fue el Gobierno que aplicó mayores recortes en este terreno, y convirtió a España en uno de los países que menor porcentaje de su Producto Nacional Bruto (PNB) dedica a la cooperación. Con un 0,15%, la aportación española supone la mitad que la media de la OCDE (0,29%), la tercera parte que la media europea (0,42%) y casi cuatro veces menos que lo destinado por países como Reino Unido (0,56%).

Tras el accidente de una fábrica textil de Bangladesh que se saldó con 1.127 fallecidos y 2.437 heridos, Yolanda Domínguez, una artista madrileña, ha representado esta semana en el centro de Madrid una performance con la que pretende visibilizar la realidad de las personas que trabajan en lugares como Daccaperformance . Este martes, los viandantes que transitaban por Gran Vía se encontraron con personas sepultadas bajo escombros, que dejaban entrever algunas extremidades engalanadas con lujosos complementos. Las escenas recordaban a las imágenes difundidas tras la tragedia de Bangladesh en las que se veían brazos y piernas de las víctimas bajo los restos del edificio.

El acto tuvo lugar enfrente de tiendas de ropa como Mango, H&M y Zara (que producen directa o indirectamente prendas en el país sudasiático) con el fin de que los consumidores vean con sus propios ojos las consecuencias del actual modelo productivo de estas compañías. Según la promotora de este proyecto que lleva por nombre “Fashion victims”, la mayoría de las personas que pasaron por la céntrica calle madrileña se percataron que era un acto de denuncia por el accidente de Dacca de hace algo más de un mes. De hecho, según relata la artista, incluso personas de seguridad de los locales o la Policía entendieron la reivindicación y no pusieron trabas para la representación.

Al ver la campaña, los viandantes quedaron sorprendidos. Mientras que algunos fotografiaron inmediatamente la escena, otros observaban a los actores desde la incredulidad pensando que se trataba de maniquíes. Incluso algunos miraban hacia las alturas, puesto que pensaban que se trataba de un suicidio. Entre el impacto y la estética, la promotora de la iniciativa considera que existe un espacio para que la ciudadanía reflexione sobre el consumo responsable y la producción en países en vías de desarrollo.

Domínguez opina que las ideas artísticas de este tipo es una de las mejores formas de visibilizar la otra cara de la moda. “De este modo, traemos a este primer mundo los trabajadores esclavizados, la explotación infantil y los millones de perjudicados por la contaminación”, afirma. A su juicio, en España debería haber más personas del mundo del arte que realmente se comprometan con las injusticias mediante este tipo de iniciativas directas. Mientras que en otros países han proliferado referentes artísticos que promueven campañas de concienciación social como Ai Weiwei en China o Banksy en Reino Unido, en nuestro país sigue siendo un campo minoritario en el que sólo destacan personas como Santiago Sierra o Alicia Framis o la propia Domínguez.

La madrileña, que estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y ahora imparte talleres de creatividad en la escuela de fotografía EFTI, no es la primera vez que usa el arte para activar las mentes de la población. Especialmente importantes han sido sus trabajos en lugares urbanos sobre temas de igualdad género. En 2008, llenó las calles de Madrid con carteles en los que una mujer se ofrecía a hacer todo lo que se espera de una esposa tradicional a cambio de una ayuda económica.

Un año después, organizó un acto en el que una actriz vestida de Louis Vuitton pedía un producto de Chanel. Y su trabajo que más difusión ha tenido hasta el momento fue Poses, realizado en 2010. En esta performance, Domínguez retrataba la diferencia que existe entre las campañas que muestran las compañías de moda con modelos profesionales y las mujeres cotidianas.

Para la artista urbana, cualquier obra de arte presenta conceptos sobre los que es interesante reflexionar (ya sea una imagen, un guión de teatro o de una obra musical, etc.) y cree que la parte más importante de su trabajo son las reacciones que provoca y los sentimientos que genera entre la población.

La Campaña Ropa Limpia, una red internacional activa en 14 países europeos y que reúne a ONG, sindicatos y organizaciones de consumidores, ya señala en su página que la adopción de un código de conducta es importante, sí, pero apenas "sólo un primer paso". Porque el verdadero reto es "ponerlo en práctica" y, a largo plazo, "mejorar las condiciones laborales de la compañía". Objetivos que también señala Labour behind the Label. En líneas generales, se pide que el código sea exhaustivo, creíble, transparente y haga referencia a los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, debe exigirse que se garanticen los derechos sindicales (incluido el derecho a un convenio colectivo), que no haya trabajo forzado ni infantil, que se prohíba la discriminación, que se establezca un máximo de horas de trabajo, unas condiciones de higiene y seguridad, un salario mínimo y estabilidad laboral.  

Si uno echa un vistazo a los informes anuales y memorias de RSC de cuatro grandes de la industria textil española –Inditex, Mango, El Corte Inglés y Cortefiel–, todos ellos cuentan con referencias a códigos de conducta. Uno de los más prolijos es el de la empresa fundada por Amancio Ortega y de la que Zara es el buque insignia. Señala que Inditex "no permitirá ninguna forma de trabajo forzado ni involuntario en sus fabricantes"; que sus proveedores no contratarán a menores de 16 años; que garantizará a sus trabajadores, "sin excepción", los derechos de asociación, afiliación y negociación colectiva, sin que quepan "represalias"; que se asegurarán unas mínimas condiciones de "luz, ventilación, higiene, protección contra el fuego, medidas de seguridad y acceso al agua potable"; que en caso de conflicto entre las leyes locales y los estándares internacionales, prevalecerá la norma "más favorable" para los obreros, que estos trabajarán un máximo de 48 horas semanales y no más de 12 horas extra (pagadas mejor) o que se reconoce a los trabajadores un salario que deberá cubrir, "al menos, las necesidades básicas" de sus familias. La empresa alega que es la responsable de la implementación de su código de conducta. 

Cuando la libertad sindical no está garantizada

Ropa Limpia, sin embargo, subraya que Inditex no obliga a garantizar un sueldo mínimo vital durante el horario normal de trabajo (sin extras) y que no se hace referencia a todos los convenios fundamentales de la OIT. La plataforma también le recrimina que parte de su producción se fabrica en zonas y países donde la libertad de asociación no está garantizada por ley, una deficiencia que se hace aún más grave si se tiene en cuenta que la compañía no dispone de un canal para vehicular las quejas de sus trabajadores. Y no publica, incide Ropa Limpia, "la lista de proveedores, los resultados detallados de las auditorías realizadas y de las acciones correctivas acordadas con los proveedores en caso de resultados irregulares", según su veredicto de 2010. No se tasan las sanciones, por tanto, ni se explica a fondo cómo se vigilará que todas sus normas se cumplen al cien por cien. 

Con Mango las cosas no son muy diferentes. Sus preceptos son semejantes (aunque mucho más genéricos), y los fallos que detecta la red internacional, también: que no se obliga a un salario mínimo vital, que no prevé condiciones especiales para los trabajadores menores de 18 años o que no toma medidas para "fomentar el trabajo decente" en los países donde la libertad de asociación y la negociación colectiva están limitadas. Tampoco divulga su lista de proveedores, aunque sí la facilita cada año a Ropa Limpia "y a otros actores sociales". El Grupo Cortefiel –que agrupa marcas como Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, Antonio Miró o Women' Secret– dispone de un código bastante vago. Como Mango, no especifica el máximo de horas semanales. Y sobre las retribuciones, afirma que "serán como mínimo las establecidas por la legislación vigente o, en su caso, los acuerdos colectivos que sean de aplicación". 

El Corte Inglés, por su parte, exige a sus proveedores que acaten el compromiso ético que supone el código de conducta del BSCI (Business Social Compliance Initiative), organización internacional a la que pertenece el grupo desde marzo de 2008. El texto es más exigente que los dos últimos: se precisa que los jóvenes no pueden trabajar en horario nocturno o que la jornada no puede superar las 48 horas semanales y las 12 extras, remuneradas a una tasa más alta. 

Mayor producción asiática... menos en Cortefiel

Ninguna de las cuatro compañías facilita un listado pormenorizado de proveedores en sus memorias anuales colgadas en sus webs. Como mucho, indican la procedencia geográfica de quienes les suministran la mercancía. Así, El Corte Inglés asegura que, de sus fabricantes auditados, el 45% es de China; el 17%, de India; el 13%, de Bangladesh –el grupo de Isidoro Álvarez reconoció que había producido "un número reducido de prendas" en el complejo siniestrado de Savar–; el 9% de Turquía y, de otros países, el 16%.

En el caso de Inditex, según su memoria de 2011, un 44,70% de su ropa es fabricada en Asia. Le siguen la Unión Europea (32,7%), la Europa no comunitaria (9,3%), África (8,77%) y América (4,58%). La matriz de Zara fabricó en el taller bangladesí arrasado por un incendio hace unos días. Mango produce, sobre todo, en China (40%), Vietnam (17%), Marruecos y Turquía (11%), India (7%) o Bangladesh (4%). La marca catalana tuvo que aclarar en su perfil de Facebook que aunque Phantom, uno de los dueños del Rana Plaza, no trabajaba para ella, sí tenía previsto realizar unas "muestras", que aún no había iniciado. Cortefiel se abastece de talleres, sobre todo, en España (44,59%), Francia (8,39%) y Bélgica (6,73%). 

Las empresas textiles encargan la vigilancia de sus códigos éticos a auditorías externas. Pero tampoco todos los datos son transparentes. El gigante de la moda española, Inditex, es de nuevo, la que proporciona una información más completa, pero no íntegra. Así, indica que de sus 1.398 proveedores, 573 (el 40,99%) cumplieron con el compromiso ético, otros 501 (35,84%) no acataban "algún aspecto no relevante", 183 (el 13,09%) no respetaban "algún aspecto sensible) y 107 (el 7,65%) desobedecían alguna cuestión "crítica". La empresa forma parte de la iniciativa multi-stakeholdermulti-stakeholderEthical Trading Initiative, que agrupa a empresas, sindicatos y ONG "en la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo a nivel mundial". Ropa Limpia recuerda, no obstante, que esta plataforma de diálogo "no lleva a cabo procesos de verificación independiente". La ONG agrega en su web que las iniciativas multi-stakeholder (MSI en inglés), si bien son "un paso adelante", "no significa que todas las prendas de ropa que la empresa comercialilza sean aceptables". Simplemente, quieren decir que la marca "se ha comprometido a cumplir un programa de trabajo determinado, y que los trabajadores y sus organizaciones tienen el derecho de presentar quejas a la iniciativa si piensan que la empresa miembro ha infringido el código". 

Mango admite, en su memoria de sostenibilidad de 2011, 23 "incumplimientos" (10 en Turquía) detectados "en las diferentes auditorías realizadas en fábricas". La firma catalana no se ha sumado a una MSI, pero sí agradece la red internacional que le proporcione los listados de suministradores. Cortefiel hizo 43 auditorías en 2011, y ninguna de ellas dio como resultado "desviaciones de gravedad sobre las que no se pudieran implantar medidas correctivas y que impliquen el rechazo del proveedor". El Corte Inglés no enseñó los resultados de su policía externo en su informe último, del ejercicio de 2011. Sin embargo, la compañía reconoció que BSCI no se puede encargar de controlar la seguridad de los edificios, tarea que recae, insistió, en las "autoridades locales". BSCI señaló en un comunicado que la tragedia del Rana Plaza no era un hecho aislado, ya que llegaba después de varios siniestros en Bangladesh, y añadía que las leyes del país sobre seguridad de las infraestructuras "no se aplican correctamente". 

"No a un programa publicitario de RSC"

Las auditorías sociales no son, desde luego, una panacea. La Federación Americana del Trabajo (AFL-CIO), la mayor central sindical de Estados Unidos, denunció en un reciente informe que debajo de la fachada de estas empresas de certificación subyace una "muy preocupante dejación de responsabilidades", tanto por parte de los gobiernos en su tarea de proteger los derechos humanos en el lugar de trabajo, como por parte de las compañías "a la hora de respetar estos derechos ejerciendo la diligencia debida". En resumen, que tapan los "abusos" laborales cotidianos en estos países y respaldan a la dirección de la empresa. "El mejor sistema para identificar y corregir los problemas en el lugar de trabajo, ya sea acerca de la seguridad de los trabajadores o del derecho de sindicalización, es a través de los propios trabajadores y sindicatos, no un programa publicitario de responsabilidad social corporativa”, afirmó AFL-CIO. "Los trabajadores y sus sindicatos casi nunca juegan un papel en los sistemas voluntarios que las corporaciones han elegido apoyar para asegurar el cumplimiento de los derechos del trabajador y los estándares del sitio de trabajo. Al igual que la mayoría de los programas de RSC, estos programas están formados por propuestas unilaterales por parte de las corporaciones para regular sus propias actividades sin papeles importantes para los gobiernos o los sindicatos", reza el documento.

Ahí reside parte del problema. Como dice Mónica Melle, de Economistas frente a la Crisis y profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, los códigos de conducta son "voluntarios, unilaterales", no son coercitivos ni contemplan sanciones. "Es una certificación carente de valor, porque no se contrasta sobre el terreno, no es una auditoría en condiciones como los exámenes financieros que pasan obligatoriamente las compañías. Todo es un poco márketing, imagen, reputación, queda bien tener un programa de RSC. Pero en el fondo es una pantomima". La docente pone el ejemplo de la petrolera BP: mucho dinero había invertido en aparecer como una firma verde y solidaria, "modélica desde el punto de vista medioambiental". En cambio, no fue capaz de evitar en 2010 el mayor vertido de crudo de la historia de EEUU. Ahora, prevé que las marcas afectadas por el derrumbe de Bangladesh desplieguen nuevas campañas para lavar su imagen: "No es que estén más sensibilizadas. Es que están preocupadas por su cuenta de resultados. Si a un consumo anémico le sumas este siniestro...". 

La responsabilidad también es del consumidor

Melle indica que en muchos de estos países los sindicatos no son potentes, los trabajadores no denuncian, y es difícil "seguir la pista" a los abusos. Además, la deslocalización de las empresas occidentales, que buscan una tupida red de suministradores baratos en distintos países, hace que la fiscalización sea "inmanejable". "Las empresas no tienen ningún interés en ser más transparentes. Ahí están sus domicilios en paraísos fiscales, su condiciones de trabajo precarias... Lo que les interesa es engordar su cuenta de resultados. Ellos saben qué ocurre en sus fábricas, si no sería dejación de responsabilidades. Pero buscan el máximo beneficio, no son almas cándidas". Por eso la profesora de la UCM cree fundamental que los gobiernos actúen, que obliguen a las marcas a una auditoría externa "independiente". Lo mismo sostiene Ropa Limpia, que extiende la culpa a los organismos multilaterales: "Las limitaciones a los abusos de las empresas transnacionales no pueden venir sólo de sus medidas de responsabilidad social voluntarias. Hace falta una regulación internacional y organismos que puedan imponer su cumplimiento y que tengan capacidad sancionadora". 

La deslocalización, el afán por producir barato aunque sea atropellando los derechos de los trabajadores, se ha expandido como una fiebre en todo tipo de empresas, "incluso las medianas". Pero Melle también mira hacia los consumidores: "También somos responsables. Queremos mucha ropa y muy barata". Confía en que poco a poco se camine hacia una mayor transparencia y exhaustividad en los datos financieros y no financieros–la llamada información integrada, integrated reporting–, hacia un mayor control de los gobiernos y hacia una globalización más humana: "El crecimiento a toda costa ya no sirve. Hace falta bienestar social. Crecer para vivir mejor". 

Según indica la compañía, aunque todavía se desconece cuál será la cantidad que se aportará, ya se lleva trabajando en este tipo de tareas desde hace unos años. Actualmente, está en marcha un proyecto de coordinación internacional con otras empresas con el fin de dar soporte a largo plazo a las víctimas de este incidente. "Esta acción se enmarca dentro de los trabajos e iniciativas internacionales en los que El Corte Inglés participa desde hace tiempo y que tienen como objetivo mejorar las condiciones laborales de la industria textil en Bangladesh", subrayan.

La empresa española participó este lunes en una reunión en Frankfurt que ya había sido convocada previamente al lamentable accidente de Dacca. Bajo la coordinación de la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo, acudieron empresas de distribución y marcas internacionales, ONGs, plataformas de responsabilidad social y organizaciones sindicales internacionales. El objetivo de este congreso era establecer un programa de supervisión y mejora de infraestructuras industriales en Bangladesh que, coordinado con el Plan Tripartito de Acción Nacional para la Industria Textil, evite accidentes relacionados con las deficiencias en las edificaciones.

La tragedia acaecida en Bangladesh en la que cerca de 400 personas han fallecido por el derrumbamiento de un gran edificio – y en el que grandes empresas del sector textil confeccionaban sus productos– ha elevado a primera plana el debate moral acerca de la producción de ropa en países poco desarrollados. La cuestión ha llegado este lunes al Congreso de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Su portavoz, Joan Tardà, ha presentado una proposición no de ley sobre el cumplimiento de los derechos laborales por parte de las grandes compañías, especialmente las españolas.

En ella ERC exige al Gobierno una auditoría independiente sobre las empresas nacionales que puedan estar implicadas en la fabricación de productos en países que no respetan los derechos laborales de los treabajadores. Los independentistas catalanes proponen dar un plazo máximo de seis meses al Gobierno para que pongan en marcha las nuevas normativas y obligue a cumplir los derechos laborales reconocidos internacionalmente.

La propuesta firmada por Tardà requiere tambén la comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y de su homóloga de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato. ERC considera necesario sus declaraciones con el objetivo de que la ciudadanía obtenga una respuesta sobre las prácticas laborales ejercidas por compañías españolas en países como Bangladesh.

Desde el punto de vista exterior, ERC reclama también que los gobiernos de los países productores respeten los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que se realicen las modificaciones oportunas para introducir una cláusula social en las compras de los países importadores. Esquera también quiere que las empresas españolas que tenían talleres en las instalaciones de Dacca indemnicen a las víctimas y que introduzcan nuevos requisitos laborales que garanticen, en última instancia, la seguraidad de los trabajadores.