En España tenemos una extraña afición por confundir el mapa con el territorio. Llevamos décadas diagnosticando el abismo que separa la academia del mercado laboral, ese valle de la muerte donde se pierden miles de vocaciones y puntos de PIB, pero a la hora de construir puentes, a menudo nos quedamos en la estética del gesto. Firmamos convenios marco que quedan muy bien en la foto y muy mal en la ejecución diaria. La realidad, esa que se mide en nóminas y en productividad, es tozuda: tenemos un desajuste crónico entre lo que las aulas producen y lo que el tejido productivo necesita. No es culpa exclusiva de la universidad, ni tampoco de la empresa. Es un fallo de diseño en la interfaz de conexión.

El debate sobre la Universidad Dual llega tarde, pero llega. Y no puede tratarse como una moda pasajera ni como un anglicismo más en el PowerPoint de un consultor. Se trata de fontanería institucional pura y dura. De eso trata precisamente el documento que hemos estado cocinando a fuego lento y que presentaremos en breve: el Policy Paper «El futuro del talento: Universidad dual como puente entre la formación y la empleabilidad». Un texto que huye de la poesía pedagógica para centrarse en la mecánica de fluidos del talento.

El problema de base es que hemos diseñado un sistema universitario que opera a menudo como un silo estanco. El estudiante pasa cuatro años en un entorno controlado, una simulación teórica de la realidad, y luego es arrojado al mercado esperando que sepa nadar. La Formación Dual, tal y como la analizamos en el informe, no es simplemente «hacer prácticas». Eso es turismo laboral. La verdadera mención dual implica una corresponsabilidad curricular. Significa que la empresa no es un mero receptor de becarios, sino un agente formativo que participa en el diseño de lo que se aprende.

Esto, que sobre el papel suena impecable, en la práctica española choca con dos muros de hormigón: la rigidez académica y la estructura de nuestro tejido empresarial. Como señalamos en el documento, no podemos copiar sin más el modelo alemán porque no tenemos a Volkswagen en cada esquina. España es un país de Pymes. Pedirle a una empresa de diez empleados que diseñe un plan formativo académico y asigne tutores cualificados es pedirle que haga malabarismos con motosierras. Por eso, el informe pone el foco en la necesidad de figuras intermedias, de organismos y clústeres que faciliten esa traducción entre el lenguaje del catedrático y el del jefe de taller.

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) abre la puerta, pero la ley es solo el marco del cuadro; la pintura la tenemos que poner nosotros. El riesgo sistémico que detectamos es que la Universidad Dual se convierta en una vía de doble velocidad que incremente la desigualdad, o peor aún, en una fuente de mano de obra barata subvencionada bajo la etiqueta de «formación». Para evitar estos efectos perversos, el Policy Paper propone mecanismos de control de calidad y, sobre todo, una financiación que no dependa de la voluntariedad heroica de los actores implicados.

No estamos hablando de mercantilizar la universidad, una crítica habitual de los sectores más inmovilistas, sino de dotarla de utilidad social. La universidad pública debe ser el ascensor social, y un ascensor que no te deja en la planta donde hay empleo es un ascensor estropeado. La integración de la formación en el centro de trabajo permite al estudiante adquirir ese «conocimiento tácito» que no está en los libros: la cultura corporativa, la resolución de problemas en tiempo real, la presión del cliente. Eso no se estudia, se vive.

En la Fundación Alternativas somos alérgicos a los diagnósticos de salón que no van acompañados de una hoja de ruta. Este documento no es un lamento, es un manual de instrucciones para intentar que las piezas encajen. Hemos analizado los casos de éxito en el País Vasco, las experiencias pioneras en algunas politécnicas y los frenos burocráticos que desincentivan a las empresas.

Para desgranar todo esto, no desde la teoría sino desde la práctica operativa, presentaremos oficialmente el Policy Paper el próximo lunes 27 de enero a las 11:00 horas. El lugar elegido es la Fundación Bertelsmann (Calle O'Donnell 10, Madrid), un espacio que conoce bien la importancia de estos puentes.

Allí no hablaremos de filosofía abstracta. Hablaremos de cómo se paga esto, cómo se evalúa y cómo conseguimos que un título universitario vuelva a ser una garantía de futuro y no solo un certificado de asistencia. Les esperamos para acarrear leña juntos.

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Isaac Pozo Ortego es Director de Proyectos de la Fundación Alternativas.

Las universidades de Madrid, que este miércoles empezaron una huelga de dos días por la falta de financiación pública y una nueva ley regional de universidades, sacaron las clases a la calle como una forma de protesta ante la falta de medios y la precarización de sus profesores. "La universidad pública está sometida a unos recortes económicos tremendos que hace que no podamos enseñar adecuadamente a nuestros estudiantes. Hemos salido a dar clase a la calle porque si no recibimos esta subvención y estos fondos, realmente vamos a tener que dar clase en la calle", dijo a EFE Miriam Portero, profesora de Veterinaria en la Universidad Complutense, la universidad pública más grande de España.

Portero -con bata blanca- y otro grupo de profesores de Veterinaria impartieron clase en la céntrica plaza Pedro Zerolo de Madrid de una forma muy práctica, examinando al perro de una de las personas que paseaba por la plaza, y ante un grupo pequeño de estudiantes y curiosos. "¿Cómo está Walda? ¿Cómo es la marcha de Walda?", preguntaba la profesora, mientras enseñaba las alertas de que esta perrita pudiera presentar alguna enfermedad o malestar. En clase, asegura, ya no pueden dar ciertos tipos de prácticas porque no tienen los materiales y el hospital veterinario que depende de ellos amenaza con cerrar: "Va a llegar en un momento, que por ejemplo ya pasó hace años, en el que en mayo no teníamos ni siquiera para comprar gasas ni jeringas", alerta esta docente.

A pocos metros, otra profesora explicaba lo que significa la relatoría gráfica y otra, en otra esquina, hacía entender a medio centenar de estudiantes que un folio no solo sirve para escribir, en una forma de explicación del pensamiento gráfico.

La "uni en la calle" es una de las protestas que las universidades públicas madrileñas están realizando este mes de noviembre. Los días centrales son este miércoles y jueves, con una convocatoria de huelga que los sindicatos han calificado de "éxito" con un seguimiento de entre el 85 y el 90% en la Universidad Complutense, y de más del 60% en los otros cinco centros públicos de la Comunidad de Madrid.

"Tenemos una financiación de la Comunidad de Madrid que sube sistemáticamente por debajo de la inflación, con lo cual en términos reales, perdemos; tenemos un presupuesto más o menos equivalente al del año 2009-2010. Y eso significa problemas de cobertura de plazas de profesores, sustituciones, equipos de laboratorio...", explicó a EFE el profesor de Sociología de la Complutense Luis García Tojar.

Así que una de las peticiones de las universidades es precisamente que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que este miércoles aseguró que ha aumentado el presupuesto por encima del 20% desde 2019 y ha señalado que para 2026 habrá "la mayor aportación de la historia" con 75 millones de euros de incremento, suba el presupuesto.

La otra petición es que no llegue a aprobarse la nueva ley de universidades de la Comunidad de Madrid que consideran que "institucionaliza el sometimiento de las universidades públicas a una institución llamada Consejo Social conformado, mayoritariamente, por las universidades privadas y el poder empresarial", explica García Tojar, que añade que la norma "institucionaliza esta situación de subordinación".

"La universidad pública no sirve para ganar dinero; sirve, como decía Ortega y Gasset, para elevar el nivel cultural de un país", explica este profesor de la Facultad de Periodismo, que critica, como gran parte de la comunidad universitaria, que el Gobierno regional beneficia a las universidades privadas por encima de las públicas, lo que fomenta la pérdida de conocimiento de la sociedad y de investigación.

"El año pasado, las 40 universidades privadas de España sacaron 770 tesis doctorales, a menos de veinte tesis por cada universidad privada. Solo la Complutense en ese mismo año sacó 777 tesis doctorales; eso es un centro orientado a la investigación frente a un centro orientado a la titulación", ejemplifica.

Los estudiantes también respaldan esta movilización y son conscientes de la "infrafinanciación", y de que la Comunidad de Madrid, pese a que es la región con las matrículas universitarias más costosas, es la que menos invierte en sus universidades, que en España dependen precisamente de los gobiernos regionales y no del central. "Estamos llegando a unos límites que no son sostenibles y al final, pone en riesgo no solo nuestra educación, sino la educación del resto de gente y de generaciones futuras", resume Irene, estudiante de Psicología de la Complutense.

Parece que el Gobierno ha tomado cartas en el asunto de las universidades españolas y ha provocado un revuelo, un estruendo, una algarada, no diría que inesperada. La universidad hace tiempo que había desaparecido de los grandes debates públicos, había acumulado tensiones y problemas y ha vuelto al candelero de la inestable, indefinible y efímera política nacional.

Merecería la pena fomentar algunos debates sobre la sociedad y la universidad que tenemos, la que necesitamos y la que estamos dispuestos a construir, antes de poner en marcha debates políticos que amenazan con no conducir a parte alguna. Ese juego puede parecer que aglutina fuerzas en torno a la izquierda pero, en realidad, alimenta los intereses de la derecha más cavernaria, reaccionaria y pesetera.

Vayamos pues por partes. Es cierto que la universidad sigue llevando en sus genes la herencia de un pasado en el que las instituciones universitarias eran constructoras del saber. Un saber que luego debía ser revertido en la sociedad en su conjunto a través de su aplicación a la vida cotidiana y a través de las élites políticas, económicas y sociales formadas en los centros universitarios.

Luego llegaron las universidades versión ultraliberal, cuya misión es dotar a sus estudiantes de competencias laborales inmediatamente aplicables a la empresa. Una universidad vinculada al tejido empresarial, financiada por grandes corporaciones, o sectores, hasta el punto de crearse un cierto número de universidades corporativas. 

Al Estado, en sus diferentes formas, autonómicas o centrales, le viene muy bien reducir las inversiones en universidad pública y entregarla en brazos de las empresas privadas que inyectan dinero a cambio de másteres, titulaciones de su interés, investigaciones a su servicio, cátedras cofinanciadas y formación de profesionales sumisos y a la carta. 

La Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, proyecta una ley de universidades que fijará obligaciones de buscar financiación privada a toda costa. Una universidad pública, pero al servicio de los intereses económicos privados y una universidad privada que asegura que las élites económicas y políticas pueden comprarse un título para sus hijos. 

El bagaje universitario no importa, ya aprenderán en la empresa de papá, con la cartera del trabajo de papá y con los compañeros y subalternos de papá. Quien no tenga papá, que hinque los codos en la pública y, aun así, no tendrá gran cosa que hacer con su vida profesional.

Además, no pocos profesionales, muy útiles para las empresas, se forjan mediante el famoso do it yourself (DIY) Tú mismo, en tu habitación, en tu garaje, puedes diseñar nuevos sistemas operativos, nuevos componentes, nuevas redes sociales. Tú mismo, conectado con unos pocos amigos, en un entorno inseguro y altamente competitivo, puedes convertirte en un gurú, un influencer, un nuevo rico. 

Tú mismo puedes diseñar los nuevos componentes que mejorarán tu cuerpo y hasta tus genes. Y estos milagros se producen al margen y fuera de las universidades. Ese es el modelo que los medios de comunicación y las redes sociales han alentado y puesto de moda. El éxito personal, económico, político, social, va por otros cauces que conducen a Andorra, cada vez menos vinculados al esfuerzo y la inversión en formación universitaria. 

Y sin embargo, pese a ello, o precisamente por ello, necesitamos una universidad de nueva planta y de nuevo tipo, respetuosa con el pasado y abierta al futuro. No toda universidad privada es mala. Deusto, Navarra, o Comillas así lo demuestran. No toda universidad pública es necesariamente buena y todos lo sabemos. 

La nueva universidad, la que necesitamos, deberá ser –como siempre– generadora de conocimiento, lugar para la investigación, la formación, la docencia. Deberá mancharse las manos bajando a aquellos lugares donde hay problemas y se exige compromiso para abordar transformaciones profundas. 

Una universidad que identifique los problemas en el horizonte, aun antes de que cualquiera pueda verlos. Que cuente con autonomía, asegurada por la financiación pública, sin por ello denigrar absolutamente la financiación privada que no busque el interés especulativo, para que esos recursos se inviertan en búsqueda de soluciones económicas y sociales que puedan ser compartidas y participadas con quienes padecen los problemas.

Una universidad que premie el esfuerzo personal y que promueva el trabajo colectivo, en equipo. Todo lo contrario de lo que se hace ahora en nuestras sociedades, donde se premia al vago, al especulador, al indolente comisionista y donde se fomenta el individualismo, el liderazgo brutalista. 

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que la educación en todos sus niveles y las propias universidades se sentían parte esencial del futuro democrático que se abría por delante. Sentíamos que no estábamos en el mundo para adaptarnos y aceptar la dictadura sin más. 

Quisimos transformar el país y reconstruir nuestras formas de vida, de trabajo y de convivencia, sobre nuevas bases. Nos pusimos a ello. Lo hicimos. Han pasado los años. Hemos conseguido muchos avances, hemos afrontado muchos problemas y no siempre acertamos. 

El mundo ha cambiado, pagamos errores, los problemas desbordan la capacidad humana para afrontarlos en solitario y las universidades deben volver a ser punta de lanza en el conocimiento del futuro y en el compromiso para afrontar los grandes y duros problemas que nos toca afrontar.  Si quieren hablamos de estas cosas y nos ponemos de acuerdo, antes de que sea demasiado tarde.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

Las redes de profesores por la Universidad pública de la Complutense (UCM), Autónoma (UAM), Carlos III, Politécnica, Alcalá y Rey Juan Carlos han convocado una jornada de huelga el lunes 28 de abril contra la futura ley del Gobierno de Díaz Ayuso que, aseguran, recortará la financiación y la autonomía universitarias, según recoge EFE.

Según las plataformas, la movilización responde a "dos motivos fundamentales: la asfixia económica que sufren las universidades y el ataque frontal" que supone la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está elaborando "con total opacidad", según un comunicado de UAM por la Pública.

Entre los puntos más polémicos del borrador filtrado, destacan la consideración de las universidades como Centros de Enseñanza Superior, la financiación externa y por objetivos, las facilidades a las privadas, y el peso de las empresas y de la Comunidad de Madrid en las decisiones de los Consejos Sociales universitarios, destaca UCM por la Pública.

Se prevé una "mercantilización del conocimiento", que supondría la "redefinición y cierre de grados" y líneas de investigación por número de estudiantes y "criterios de mercado", y una "injerencia de la Comunidad de Madrid en la autonomía universitaria" tanto por su presencia en los órganos de coordinación como permitiendo la "intervención policial contra la legítima protesta" en los campus, señalan desde la UAM.

Tras indicar que la huelga ya ha sido comunicada a la Comunidad de Madrid y los rectorados, instan "a toda la comunidad universitaria, más allá de siglas o afinidades, a sumarse las movilizaciones. Frente a un ataque común, una respuesta colectiva", añaden.

Una treintena de universidades privadas, que forman parte del Foro Emilia Pardo Bazán, ve "inaceptable" el decreto de creación de nuevas universidades que plantea el Gobierno con nuevas exigencias y afirma que genera "una grave inseguridad jurídica" y puede vulnerar principios fundamentales al tener carácter retroactivo.

"Parte de un planteamiento erróneo y ofrece una visión distorsionada de las universidades privadas. Éstas, al igual que las de titularidad pública, contribuyen a la diversidad del sistema educativo y a garantizar el principio de igualdad de acceso a la Educación Superior", señalan en un comunicado en el que manifiestan de forma "unánime" su posición "crítica" al borrador del decreto.

El plazo de presentación de alegaciones a la norma finaliza este viernes y el Ministerio se ha reunido con los sindicatos y con la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS) para conocer sus aportaciones.

El secretario general de Universidades, Paco García, también ha mantenido un encuentro con los responsables del Foro Emilia Pardo Bazán que le han pedido "reconsiderar el contenido" del decreto porque las medidas "amenazan la estabilidad de las universidades y siembran incertidumbre sobre su futuro y el de todos los estudiantes universitarios".

"Genera una grave inseguridad jurídica y vulnera principios fundamentales como el de irretroactividad, al imponer nuevas obligaciones y requisitos sobrevenidos que afectan a derechos adquiridos por las instituciones, sin siquiera haber finalizado los plazos establecidos en el Real Decreto actualmente vigente", señalan en un comunicado.

El decreto de 2021 aprobado durante la etapa del ministro Manuel Castells y que ahora se ve reformado establecía un plazo de 5 años para que las nuevas universidades cumplieran con unos criterios académicos que según el borrador de la nueva norma cambiarían en algunos aspectos, como en el número de alumnos que debería alcanzar un centro en los primeros cinco años de actividad (4.500) o en el número de ramas de conocimiento que deben enseñar.

Además establece unos plazos de adaptación de hasta 3 años desde la entrada en vigor del nuevo texto.

Estas universidades privadas consideran de especial gravedad la pretensión de limitar el número de nuevos planes de estudios que se pueden presentar a verificación y modificación, "puesto que limita la capacidad de innovación y la adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad actual" y critican que el decreto "invade la autonomía de las universidades, tanto públicas como privadas, imponiendo normas que limitan su capacidad de autogobierno".

Para el Foro Emilia Pardo Bazán las medidas planteadas "no son idóneas" para alcanzar los fines que manifiestan perseguir, "ya que establecen restricciones que dificultan el desarrollo de un sistema universitario plural, competitivo y de calidad".

Además lamentan "falta de debate" para elaborar la reforma de la ley, las privadas creen que el decreto "no responde adecuadamente a la realidad ni a las necesidades del sistema universitario en su conjunto"

El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha iniciado los trámites para que el Instituto de Empresa (IE) se convierta este año en la decimocuarta universidad privada de la región. Así lo anunció este jueves la propia presidenta en la primera jornada de su visita institucional a Ecuador, desde donde destacó que la nueva condición de universidad del IE le permitirá "ampliar plazas y titulaciones", según recoge EFE. Es un proyecto "que atrae a miles de alumnos de todo el mundo y hace de Madrid una región "cada vez más excelente y universal", destacó la presidenta.

La universidad privada ha centrado, en los últimos días, un nuevo choque entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, que ha emprendido una reforma legal para endurecer los requisitos aplicables a esos centros. Entre otras disposiciones, el Gobierno plantea revocar las autorizaciones otorgadas a las universidades que no cumplan con 4.500 alumnos en los cinco primeros años de ejercicio o no destinen un 5% de su presupuesto total a investigación.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, señaló expresamente a Andalucía y "muy destacadamente" a Madrid por dar el visto bueno a la creación de nuevas universidades privadas "que no cumplen con la calidad mínima exigible", al tiempo que "asfixian" a la universidad pública. Díaz Ayuso, por su parte, considera que las medidas promovidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez persiguen "insultar y difamar a la universidad madrileña".

Fuentes de la Comunidad de Madrid explican que ya está concluida la fase preliminar de estudio del proyecto para convertir el IE en universidad privada, en la que ha recabado los preceptivos informes de la Conferencia General de Política Universitaria, la Fundación madri+d, la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Infraestructuras, todos ellos positivos.

Ahora se inicia el periodo de audiencia e información pública y se solicitarán los informes de las demás consejerías y de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, entre otros organismos. Una vez completados todos estos trámites, la Consejería de Educación propondrá, en su caso, la aprobación del anteproyecto de ley por el Consejo de Gobierno. Será entonces cuando, ya como proyecto de ley, se remitirá a la Asamblea de Madrid para su discusión y convalidación definitiva por los grupos políticos de la Cámara.

Más de 200 estudiantes madrileños, tras participar en un encierro nocturno en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense (UCM), se han concentrado este martes frente al Rectorado donde han leído un manifiesto contra la futura ley de universidades del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso titulado Frente a la asfixia de la universidad pública, organización, según informa EFE.

El manifiesto, redactado durante el encierro secundado por más de 400 personas de varias universidades madrileñas, denuncia que "la universidad pública está en crisis", con asignaturas sin profesores y estos haciendo "docencia extra sin remuneración", mientras los precios de las matrículas son "los más caros de todo el Estado y la inversión por alumno es un 21% menor que la media estatal".

"Nuestras facultades se vienen abajo. Nada de esto es casualidad" sino el fruto de 14 años de infrafinanciación pública que ha llevado las universidades "a números rojos", en un "desmantelamiento" que remonta a la crisis económica durante la cual la Comunidad de Madrid ha "asfixiado" las universidades públicas mientras favorecía la "proliferación sistemática de universidades privadas".

El proyecto autonómico de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) pretende ampliar las competencias del Consejo Social, "aumentando el poder y control que las empresas privadas tienen en él, mermando la autonomía de las universidades" y obligándolas a "mendigar financiación privada, incluso creando fondos de inversión", reza el manifiesto. Todo ello "institucionalizando la infrafinanciación y sometiendo la capacidad económica de las universidades a los intereses empresariales", como parte de un proyecto "de privatización de la enseñanza, subordinación de la educación a intereses mercantiles y elitización del acceso a la universidad".

Tras criticar la "incapacidad de los partidos" políticos para solventar esta situación, llaman a trabajadores y estudiantes a organizarse en torno a cinco reivindicaciones, entre ellas, el "fin de la represión y la militarización de la universidad pública", derogando la ley estatal de Convivencia Universitaria y asegurando la libertad de reivindicación, organización y protesta en las universidades.

También exigen aumentar la financiación "como mínimo hasta cubrir el gasto mínimo y el déficit", asegurando unas condiciones laborales dignas y el "acceso de la clase trabajadora a la universidad en unas mejores condiciones". Reivindican, asimismo, "la paralización del proyecto de ley" de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de la Comunidad de Madrid y abrir "un proceso de negociación con el conjunto de la comunidad educativa organizada", además de "la expulsión de las empresas privadas de la universidad, tanto de su financiación como de sus órganos de gobierno y sus espacios".

Desde el colectivo UCM por la Pública tienen claro que los partidos parlamentarios "son cómplices y responsables" de esta situación: "No aceptamos sus migajas. Nuestra única alternativa para enfrentar esta coyuntura es la organización independiente de la comunidad universitaria", aseguran.

Durante el encierro, docentes y estudiantes de varias facultades madrileñas han acordado nuevas acciones contra la futura ley autonómica que recortará al 70 % la financiación universitaria, incluida una huelga general educativa el próximo día 28.

Miércoles 2 de abril. La localidad madrileña de Villanueva de la Cañada se viste de gala para recibir a Felipe VI. El rey, acompañado del secretario de Estado de Ciencia e Innovación, Juan Cruz, visita las instalaciones de la Universidad Alfonso X El Sabio para celebrar el 30 aniversario de la institución. Fue aprobada por las Cortes en 1993 y tan sólo un curso después, en el 94-95, abrió sus puertas para apenas 800 estudiantes. Era entonces la primera institución de educación superior privada aconfesional e independiente que abría sus puertas en España. Hasta entonces, tan sólo eran cuatro las universidades privadas y estaban todas, además, en manos de la Iglesia. Hoy, sin embargo, el mapa es muy diferente. Y precisamente 24 horas antes de esa visita del monarca el Consejo de Ministros aprobó tramitar de urgencia un decreto para evitar que así siga siendo. 

"Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", aseguró la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, en rueda de prensa. No era una declaración casual. El Ejecutivo lleva una semana tratando de identificar, claramente, sobre qué tipo de universidades quiere poner el foco. Quiénes son, en definitiva, los "chiringuitos universitarios" mencionados por el presidente Pedro Sánchez, que quiso también diferenciarlos de "aquellas instituciones privadas que sí funcionan bien, con rigor y calidad". 

El decreto que ahora el Gobierno somete a audiencia pública diagnostica que en los últimos años nuestro país asiste a una "expansión sin precedentes" de las iniciativas de universidades privadas, un hecho que está sucediendo "con un volumen y rapidez que no tiene comparación con ningún otro de los grandes países europeos". Se está "transformando", sentencia el texto, "el sistema universitario español". Ahora bien, ¿cómo ha ocurrido? ¿Qué factores han contribuido a que se llegue hasta aquí?

Entenderlo requiere echar la vista atrás. José María Hernández Díaz es catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Salamanca y se remonta para explicarlo al periodo prefranquista. "La expansión de la privada es una cuestión muy compleja y, a la vez, muy extensa en el tiempo", explica. Hasta la dictadura, España se encuadraba dentro de la "tradición europea" de únicamente permitir y facilitar la expansión de la universidad pública. "También pasaba en Alemania y Francia", detalla el experto. Tanto era así, que tan sólo había entonces dos instituciones privadas: Deusto y la Pontificia Comillas.

Todo cambió sin embargo con la llegada del franquismo. Y con el incremento exponencial del protagonismo católico de, sobre todo, la primera etapa de la dictadura. Así, en 1941 se creó la Universidad Pontificia de Salamanca y ya en 1964 la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei. "En aquella época no se aceptaban universidades privadas en España que estuvieran en manos distintas de las eclesiásticas", recuerda Hernández Díaz. Y así fue hasta la década de los 90, años después de la transición. "Ahí se produjo el cambio total de paradigma", afirma.

Llegó en forma de un decreto que permitió, por primera vez, la creación de universidades privadas siguiendo el "modelo anglosajón". "Se viró hacia el libre mercado, que afectó a la sanidad, afectó a la educación y afectó, también, al mundo universitario", continúa el historiador. Todas las normas aprobadas posteriormente ya estaban sujetas a ese marco. Hasta hoy. 

El Gobierno de José María Aznar aprobó en 2001 la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que afianzó la entrada de cualquier actor como creador de instituciones privadas, explica Marti Parellada, doctor en Ciencias Económicas y colaborador de la Fundación Alternativas. Sólo seis años después, a partir de 2007, los cambios normativos referentes a las titulaciones y sus registros hicieron el resto.

Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. El 12 de abril de aquel año se aprobó una normativa que en su preámbulo indicaba lo siguiente: "La Ley apuesta decididamente por la armonización de los sistemas educativos superiores en el marco del espacio europeo de educación superior y asume la necesidad de una profunda reforma en la estructura y organización de las enseñanzas". Se materializó básicamente en que la estructura clásica de los títulos cambiaba. La establecida en 1983 y que incluía títulos de tres años (diplomaturas, ingenierías técnicas y arquitectura técnica) y de cuatro (licenciaturas, ingenierías y arquitectura) se modificaba por un sistema de Grados y Máster. Se hizo, a juicio de Corominas, aludiendo como "excusa" a la Declaración de Bolonia. Es decir, a ese llamado "marco del espacio europeo".

Esa modificación ya introdujo ventajas para la privada. Según explica la profesora de Sociología de la Educación en la UCM María Fernández Mellizo-Soto, son estas las instituciones que pueden ofrecerlos con una mayor "agilidad". "Las públicas son más lentas y burocráticas, y fueron las privadas las universidades que más aprovecharon este cambio", explica en conversación con infoLibre. Se ve claramente en los datos: según los oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el 50,3% de los matriculados en estos estudios lo está en un centro privado.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Como explica Corominas, el decreto de 2007 también introdujo otra novedad que, vista hoy, explica muchas cosas. No fueron sólo los títulos, sino su acreditación. Hasta ese momento, explica el experto, todos formaban parte de un catálogo que, según un informe del ya desaparecido Observatori Universitari —del que Corominas formó parte— era "modificable, pero muy estable". Las universidades podían entonces "programar como títulos oficiales solo los que figuraban en el Catálogo", pero a partir de 2007 esa figura fue sustituida por la del registro. Y el cambio entonces no fue sólo la nomenclatura. "Se dio pie a que cada centro propusiera un título cualquiera que, si cumplía ciertos requisitos, era aprobado", explica el catedrático. ¿Cuál fue el resultado? Que se crearon "contenidos triviales que sólo tenían sentido dentro de la lógica del libre mercado". "La oferta de Grados empezó a ser una especie de salón del automóvil", critica Corominas.

Ese es el origen de que pueda haber universidades tan especializadas en estudios tan concretos. Por ejemplo, la Universidad de Diseño, Tecnología e Innovación (UDIT) abierta en Madrid con informe en contra del Ministerio se presenta en su propia web como "la atípica universidad". Y no miente. Oferta un Grado en Robótica, otro en Diseño de Moda, otro en Diseño de Interiores u otro en Datos e Inteligencia Artifical. Sus "áreas de conocimiento" quedan lejos de cualquier ciencia. Son seis: diseño de producto, diseño gráfico, interiores, moda, tecnología y videojuegos. "El Estado depositó con estos cambios toda su fe en el mercado. La idea era crear títulos porque era lo que el sistema pedía", lamenta Corominas.

Había pasado muy poco tiempo desde entonces cuando se produjo la que sería la estocada definitiva que provocó la expansión de la universidad privada. El 15 de septiembre de 2008 quebró el banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers y comenzó, con ello, una crisis económica de alcance mundial. No obstante, los servicios públicos tardaron en ese momento dos años más para notarlo. Fue en 2010 cuando los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy pusieron en jaque una sanidad y una educación públicas que, en el caso de la universidad, todavía no se ha recuperado. Algunos datos lo muestran de hecho de forma muy gráfica.

Por ejemplo, como publicó infoLibre, las comunidades autónomas —competentes en esta materia— tan sólo han incrementado un 4,9% la financiación de estas instituciones desde 2009, un periodo en el que la inflación ha escalado más de un 26%. Pero es que algunas como Canarias, Madrid o la Comunitat Valenciana destinan todavía menos que entonces: un 1,9%, un 5,1% y un 10,9%, respectivamente.

¿Cómo ha influido esto en la proliferación de la privada? Pues según los datos del Ministerio de Diana Morant, de las 28 universidades privadas que se crearon desde el año 2000, 20 lo hicieron a partir de 2010. Casi la mitad, además, en los últimos cinco años. Lo han hecho, además, gracias a actores mucho más diversos. Tanto, que una gran parte está ya controlada por fondos de inversión cuyo único objetivo se basa en obtener el máximo beneficio.

Ahora bien, ¿por qué ha ocurrido esto? Por varios motivos. Según Fernández Mellizo-Soto, la crisis económica incrementó también la demanda de educación superior. "La construcción dejó de dar empleo, el paro subió y mucha gente vio en la educación superior la única solución", explica la profesora. La pública, recortada, fue incapaz de absorber todo eso y fueron entonces las instituciones privadas las que se presentaron como salvadoras de la situación. "Se empezaron a crear muchas universidades para rellenar el vacío entre el hueco de personas que querían estudiar y la oferta de plazas públicas", apostilla Parellada.

Los datos oficiales dibujan un panorama que preocupa a los expertos y al Gobierno, que ya ha dado el primer paso para tomar medidas. Sin embargo, no muestran toda la dimensión de la problemática. El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el Ministerio facilita a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que los gobiernos regionales del PP decidan si dan luz ver o no a esos proyectos. Es decir, que hasta que se apruebe definitivamente el decreto ahora planteado por el Gobierno podrían proliferar muchos más centros. Y todos tendrán tres años para adaptarse a las nuevas exigencias. En caso de no hacerlo, según el borrador del texto, habría que revocar la autorización.

"Ahora mismo tal y como están las cosas es inevitable que existan este tipo de iniciativas, lo que ocurre es que son las autonomías las que deben ponerle coto", reclama Hernández Díaz, que pide que se garantice una oferta de calidad que respete los tres pilares de la universidad: docencia, investigación y transferencia. "No es sólo una cuestión de expedir títulos, sino de formar ciudadanos. Hay que garantizar para ello un mínimo de calidad que, ahora mismo, no cumplen todas las universidades. Ni algunas públicas ni la mayoría de las privadas", sentencia el catedrático.

El Gobierno plantea revocar las autorizaciones otorgadas a las universidades que no cumplan con 4.500 alumnos en los cinco primeros años de ejercicio o no destinen un 5% de su presupuesto total a investigación, según se desprende del nuevo decreto sobre creación de centros universitarios que este miércoles entra en consulta pública.

En el borrador del texto, al que ha tenido acceso EFE y que recibirá enmiendas de la comunidad educativa, el Ejecutivo avisa de que estas medidas "lógicamente afectan por igual a las nuevas propuestas para crear o reconocer una universidad y a las universidades que ya están en funcionamiento".

Además, recalca que serán vinculantes para la creación de un centro universitario los informes de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA), en el caso de una universidad de ámbito estatal, y de la agencia de evaluación autonómica en caso de ámbito regional. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitirá un segundo informe que solo tendrá carácter preceptivo y será elevado para la emisión de una resolución del de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) donde está presente el Ministerio y las comunidades autónomas.

El decreto pide al promotor de una universidad un aval bancario depositado en la Caja de Depósitos o instrumento legal similar y detallar si detrás de la universidad hay un fondo de inversión español o extranjero, una multinacional o forma parte de un grupo de universidades ya existente. La universidad también deberá garantizar en el tercer año de actividad académica el alojamiento a estudiantes equivalente al 10% de las plazas de enseñanzas de grado, y lo podrá hacer a través de convenios con fundaciones y empresas.

Por otra parte, deberá captar en convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I), incluidas las cátedras universitarias y la valorización de patentes, como mínimo el equivalente al 2% de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años y, en caso de incumplimiento y tras una moratoria de dos años más, "será motivo de revocación de la autorización de actividad de la universidad". "Buena parte de las universidades privadas reconocidas en los últimos años están demostrando un desarrollo muy limitado de las actividades de investigación y de transferencia", incide el Gobierno en la exposición de motivos del decreto.

Otras medidas que contempla el decreto ley que reforma el de 2021 y que apuesta por mayor transparencia en las universidades privadas son:

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves definitivamente la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), por 182 votos a favor (PSOE, Podemos, ERC, PNV, Más País y Compromis) 157 en contra (PP, Vox, Cs, BNG, UPN, CUP y Foro Asturias) y 8 abstenciones (EH Bildu y Junts). Además de aprobar todas las enmiendas incorporadas por el Senado, los diputados han votado el carácter orgánico de la norma, que debe salir con mayoría absoluta (176 votos), según ha informado Europa Press.

La nueva Ley de Universidades, que ha tenido que volver al Congreso tras ser modificada en el Senado y que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, plantea medidas para la reducción de la precariedad en la Universidad, derechos para los estudiantes como el paro académico o un compromiso de gasto del 1% del Producto Interior Bruto para 2030.

"Hemos asumido la demanda de muchas de las universidades que durante años han reclamado el contar con una nueva ley, 22 años después de la aprobación la LOU", ha manifestado el ministro de Universidades, Joan Subirats, durante su intervención en el Pleno, donde ha asegurado que han tramitado la ley "desde un talante inequívoco de diálogo y consenso".

La nueva ley, según ha señalado Subirats, "quiere acabar con un largo periodo de infrafinanciación de las universidades públicas". "Ya estamos trabajando con las comunidades y con la CRUE para que la financiación del 1% del PIB para 2030 pueda llegar a cumplirse", ha avanzado.

Igualmente, ha afirmado que las universidades "son y seguirán siendo pilares fundamentales para preservar el pluralismo ideológico, para el desarrollo de la investigación y su transferencia a la sociedad" y ha subrayado que en la ley "se habla de ciencia abierta, ciencia ciudadana y reconoce y propugna una universidad abierta al mundo, internacionalizada, plenamente integrada en el tejido universitario europeo y vinculada al espacio Iberoamericano de conocimiento".

Para el ministro de Universidades, que ha agradecido al exministro Manuel Castells su labor al iniciar el proceso, el Gobierno ha hecho "un esfuerzo importantísimo para ampliar la base económica de los universitarios, estableciendo un aumento sin precedentes en las becas universitarias". También, ha añadido que la nueva norma está destinada a las universidades "para asegurar su buena salud, pero también está destinada al conjunto de la sociedad".

Durante su intervención en el Pleno de la Cámara Baja, la diputada del Grupo Parlamentario Popular María Jesús Moro Almaraz ha advertido de que esta ley "no es la ley que necesitan las universidades españolas, tampoco la que esperaban": "No merecen esta ley, no resuelve nada, lo complica todo y lo encarece. No resuelve la precariedad. No contenta a nadie".

En concreto, ha hecho referencia a que los profesores asociados están en huelga; los postdoctorales, "muy preocupados"; y los que esperaban la promoción, "aterrados". También ha recordado que pidieron, pero les "ignoraron", que "no rompieran" el sistema de acreditación por la ANECA, ya que, a su juicio, la intervención de las agencias autonómicas "no garantiza la homogeneidad".

Respecto a la financiación de la LOSU, la diputada popular ha incidido en que "esta ley, sin memoria económica, no garantiza la financiación necesaria". "Es de nuevo una ley costosa con cargo a los demás, un yo invito tú pagas", ha precisado, al tiempo que ha comentado que las enmiendas incorporadas en el Senado "no resuelven los problemas, ponen algún parche, un plazo de transitoriedad que no resuelve apenas nada".

"Por responsabilidad tengo que pedirles que no sigan, que no cambien nada más a nuestros universitarios. Pero hay esperanza, porque el presidente del PP (Alberto Núñez Feijóo) lo hará mucho mejor", ha dicho Moro Almaraz.

Como respuesta a la intervención de la diputada popular, el socialista Roberto García Moris ha reprochado que durante el Gobierno del PP "se generaron bolsas de precariedad en la Universidad por sus políticas". "El PP, ejecutores de las políticas de recortes sobre el sistema científico universitario, sigue preguntándose por qué era necesaria una nueva Ley de Universidades", ha comentado.

En este punto, García Moris ha atacado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su política universitaria y la apertura de universidades privadas. "Ese es el modelo que promueven, el 'Modelo Ayuso' que ahora Moreno Bonilla está desplegando en Andalucía, aprobando dos proyectos de universidades privadas que no cumplen con el nuevo real decreto de creación de universidades", ha apuntado.

"La Ley de Universidades favorece la igualdad en el ámbito universitario, favorece la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y en la carrera científica", ha reivindicado el diputado del PSOE.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox ha relacionado la aprobación de la nueva Ley de Universidades con el 'caso Mediador'. "La izquierda se ha convertido en una izquierda de caricatura, se ha convertido en el 'Show de Berni Hill'. Se quejan los rectores, los estudiantes e incluso las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda, los profesores o los investigadores", ha asegurado el diputado Pedro Fernández Hernández.

Con la entrada en vigor de la LOSU, el diputado de Vox ha ironizado, en referencia al 'caso Mediador', con que en la Universidad a partir de ahora "no se enseñará que Ramses fue un faraón de Egipto, sino un restaurante de lujo; o puede que enseñen que la persona que intermedie en un conflicto ya no sea el mediador, sino que el mediador sea otra cosa".

Por otro lado, el diputado de Unidas Podemos-En Comú Podem Gerardo Pisarello, que ha celebrado que el Gobierno haya aprobado más de 100 leyes esta legislatura, ha recalcado que la LOSU "refuerza el carácter público de la Universidad y la hace más democrática y accesible" y ha reclamado aprender del movimiento feminista "que a pesar de tenerlo todo en contra ayer volvió a llenar las calles".

Desde el Grupo Parlamentario Republicano se han mostrado orgullosos por, a pesar de contar con trece diputados, haber conseguido "incorporar más de 150 enmiendas que han mejorado sensiblemente el texto". Así, la diputada de ERC Marta Rosique ha aplaudido que se consiga el derecho de huelga para el estudiantado, que las personas migrantes "puedan por fin homologar sus títulos" o que el Gobierno deba presentar en seis meses, en lugar de un año como estaba establecido en el documento inicial, el proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador.

Por el contrario, el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas ha lamentado que la ley haya vuelto del Senado con enmiendas de carácter transitorio "que no solucionan el problema y son un pequeño parche para un gran descosido que es la LOSU": "No hemos podido evitar que las universidades se conviertan en instrumentos partidistas".

En la misma línea, Unión del Pueblo Navarro ha señalado que esta norma es "una oportunidad perdida para regular mejor el funcionamiento de las universidades en España" y prevé que, con el apoyo que ha tenido, "no va a ser una Ley Universitaria para varios años". "No ha satisfecho a nadie, ni a rectores, ni a comunidades autónomas", ha afirmado el diputado Carlos García Adanero.

La Coordinadora de Representantes de estudiantes de universidades públicas (CREUP) ha criticado este martes que los acuerdos adoptados en 2020 por el Ministerio de Universidades se han hecho efectivos este curso académico, "dando lugar a una política de precios de matrícula desequilibrados en todo el territorio y con unos costes elevados para el estudiantado universitario, siendo uno de los mayores obstáculos de acceso a la universidad", según informa Europa Press.

A su juicio, los datos del Análisis de la situación final, el curso 2022-2023, tras los acuerdos sobre precios públicos de matrícula universitaria presentado por el Observatorio del Sistema Universitario, "evidencian que los problemas que las nuevas medidas pretendían resolver siguen siendo acuciantes para la mayoría de estudiantes".

Dicho estudio revela que el precio de la primera matrícula de un curso de grado varía entre 518 euros y 1.361 euros. Como ejemplo, indica que una misma carrera del ámbito de las Artes y Humanidades en la actualidad cuesta más del doble en Cataluña que en Asturias y una de las carreras sanitarias más caras cuesta 1,8 veces más en La Rioja que en Andalucía.

En este contexto, los estudiantes de universidades públicas han denunciado que "los problemas de la mayoría del estudiantado no se han visto resueltos tras las medidas adoptadas" y han lamentado que el coste de matrícula para los grados se mantiene alrededor de los 1.000 euros y sigue habiendo diferencias significativas entre titulaciones de diferentes ramas y comunidades autónomas que perjudica gravemente al estudiantado.

Además, la Coordinadora de Representantes de estudiantes de universidades públicas (CREUP) ha manifestado que las segundas matrículas "siguen costando el doble que las primeras y son especialmente esas matrículas sucesivas el principal castigo económico que sufre el estudiantado". "El perjuicio que significa el sobrecoste de la matrícula por los suspensos sólo supone un mayor impedimento para las personas con menores recursos económicos de acceder a la universidad", ha recalcado.

En relación con los estudios de máster, los alumnos han alertado de que "las dificultades aumentan, pues al alto coste de segundas matrículas y sucesivas se añade la falta de regulación en los precios públicos del 90% de este tipo de estudios, habiéndose dado el descenso solamente los habilitantes". "La medida resulta, pues, ineficaz para la gran mayoría de estudiantes", han subrayado.

Para el presidente de CREUP, Nicolás Hernández, esta medida es insuficiente: "El estudiantado sigue pagando graves penalizaciones por suspender, con segundas y sucesivas matrículas que llegan a cuadruplicar el coste. Un suspenso es mucho más que una nota para un estudiante que no tiene recursos, supone quedarse en la Universidad o no. La Universidad deja de ser pública cuando abandona a quienes más debe ayudar".

La CREUP ha recordado, en este sentido, que "el acceso a la universidad es un derecho subjetivo para todas las personas y, como tal, debe asegurarse con medidas concretas que supongan un cambio real en las condiciones del estudiantado". Así, ha advertido de que la introducción en la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario de "una vaga mención" a la reducción de precios públicos "con apenas posibilidades de aplicación ante un problema estructural no son la solución que el estudiantado lleva años esperando".

Por todo ello, ha reclamado unas "medidas eficaces que necesariamente deben pasar por la escucha activa y consciente de la voz de los y las estudiantes, teniendo en cuenta su situación socioeconómica y garantizando el acceso a la universidad a todas las personas" y ha demandado un acuerdo de todas las comunidades autónomas y el Estado para aplicar una efectiva bajada del precio de la matrícula hasta la gratuidad.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha anunciado este lunes que su Departamento prevé llevar el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) al Consejo de Ministros "en las próximas semanas", ya que la idea es que sea aprobada definitivamente en esta legislatura, según informa Europa Press.

Según ha recalcado el ministro, se trata de "una ley que quiere que las universidades estén más conectadas con la sociedad, que quiere internacionalizar el sistema", pero también se trata de una norma con un "enfoque firme de derechos" que, además, "revaloriza la función docente", "reduce la precariedad" del personal docente e investigador (PDI) y dota a las universidades de más financiación.

"Es una ley que es urgente, necesitamos tener un nuevo marco normativo para afrontar los retos que tiene la Universidad, que ofrece las herramientas para afrontar este cambio de época", ha añadido Subirats. "Una ley que aborde los problemas de hoy y prepare a la Universidad para el futuro".

En rueda de prensa, el ministro y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, han destacado las líneas principales del borrador del anteproyecto, que han dado a conocer este lunes a los medios.

La LOSU, según han afirmado ambos, pretende acabar con la precariedad laboral, estabilizar el sistema y rejuvenecer las plantillas, ya que la edad media de los Doctores es de 40 años y la de estabilización es de entre 45 y 46 años.

Para ello, se recoge que el profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 20% de la plantilla de personal docente e investigador (PDI). También se modifica la figura del profesor asociado, que ahora tendrá limitada la docencia a 120 horas, así como de la figura de profesor visitante, que se limitará la duración de su contrato a dos años. Asimismo, se crea una nueva figura de sustituto, que sustituirá al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo.

Además, la Ley, según ha indicado Pingarrón, diseña una carrera académica más estable y más corta. Según ha señalado Pingarrón, la idea es que en 10 años una persona que accede a profesor universitario se estabilice en el sistema: el candidato entra a la Universidad con contrato predoctoral de 4 años para hacer la tesis, y una vez acabada la tesis, podrá acceder a una de las plazas de contratado postdoctoral mediante un contrato de 6 años. Si al cabo de esos 10 años, el docente tiene acreditación para cualquier figura permanente, entonces pasarán a formar parte del sistema.

La Ley también recoge otros cambios. Así, recogerá una mejora de la financiación pública, con el fin de llegar al 1% del PIB, ya que, tal y como ha lamentado Subirats, en los últimos años la financiación ha bajado un 20% y la Universidad no ha recuperado el nivel de inversión que tenía en 2009.

El borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, establece que las universidades, además de impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales, podrán impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios, "incluidos los de formación a lo largo de la vida".

En este sentido, la LOSU recoge que "la formación a lo largo de la vida podrá desarrollarse mediante distintas modalidades de enseñanza, incluidas microcredenciales, microgrados u otros programas de corta duración". El texto no añade más al respecto, si bien Subirats ha precisado que estas microformaciones servirán para la actualización de contenidos.

Según ha explicado el ministro, estas microcredenciales están pensadas como "títulos propios, no oficiales", que pueden tener duraciones variadas, "entre 4 y 40 créditos ECTS" y también podrán pedir en los requisitos que se piden para cursarlas, de modo que en algunas no hará falta que una persona tenga un título específico previo. "Lo que es nuevo es la incorporación de esta perspectiva", ha dicho.

El nuevo borrador de la Ley vuelve a modificar el procedimiento para ser elegido rector, después de varios cambios en los sucesivos borradores que se han ido conociendo del proyecto normativo. El anterior borrador, con Manuel Castells como ministro, fijaba una serie de requisitos para los candidatos a rector, que ahora se eliminan y quedan en manos de las propias universidades.

Así, los candidatos deberán ser funcionarios Doctores de los cuerpos docentes universitarios, pero serán los Estatutos de cada universidad los que determinen qué requisitos deberán reunir para presentarse (méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal).

Además, el rector, cuyo mandato será de 6 años improrrogables y no renovables, será elegido mediante elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria y también serán las propias universidades las que fijarán el procedimiento para su elección y establecerán los porcentajes y procedimiento de ponderación de cada sector. En todo caso, tendrán que asegurar que la representatividad del PDI permanente no sea inferior al 51%.

Por otro lado, la futura Ley realiza un "despliegue significativo de derechos de los estudiantes". Así, el proyecto recoge hasta 17 derechos de los estudiantes en términos de la formación académica, entre los que se encuentran: conocer los planes docentes de las asignaturas en las que prevea matricularse y ser informado de la lengua de impartición de cada materia; ser informado con la debida antelación de las modalidades, presencial, virtual o híbrida, de la docencia y la evaluación; y acceso prioritario a los cursos de actualización de estudios y formación a lo largo de la vida que su universidad de origen realice.

El derecho académico más significativo que recoge el borrador es que los estudiantes tendrán derecho a paro académico, garantizando, en cualquier caso, el derecho a la educación del estudiantado. Las universidades desarrollarán las condiciones para el ejercicio de dicho derecho y el procedimiento de declaración del paro académico, que será efectuada por el órgano de representación del estudiantado. Según ha explicado Subirats, no se podrá ejercer este derecho en fechas señaladas para la evaluación.

Con respecto a los derechos de participación y representación, la LOSU dicta que las universidades "garantizarán" la participación del estudiantado en "la creación del conocimiento y su concreción en los planes de estudios y las guías docentes; la evaluación de los títulos universitarios y de la docencia; la gestión de los servicios vinculados a la vida universitaria; la promoción activa de la innovación docente; la vinculación con la sociedad y el entorno local e internacional; y la convivencia universitaria y la mediación y resolución alternativa de conflictos".

Estudiantes universitarios se han manifestado este jueves en varias ciudades del país para protestar contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en la que trabaja actualmente el Gobierno, y contra la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), en trámite parlamentario, informa Europa Press. 

Las movilizaciones, convocadas por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes, han tenido lugar este jueves en varias ciudades del país como Madrid, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Córdoba, Granada, Gran Canaria, León, Logroño, Málaga, Navarra, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza. En la capital, la protesta se ha desarrollado frente al Congreso, mientras que en la ciudad condal ha sido en la Plaça Universitat.

A las protestas se ha unido también el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), órgano colegiado adscrito al Ministerio de Universidades. Este órgano, que se reunió esta semana con el ministro Manuel Castells, trasladó su malestar al ministro por ambas reformas.

A juicio del CEUNE, la futura LOSU (en la que trabaja el Ministerio) no supone ningún avance con respecto a la Ley Orgánica de Universidades (LOE) vigente desde 2001, mientras que la Ley de Convivencia Universitaria (que fue aprobada esta semana en el Congreso con los cambios introducidos por PSOE, Unidas Podemos y ERC) "elimina el espíritu de mediación y resolución de conflictos que caracterizaba al proyecto de ley" original presentado por Castells.

"El estudiantado ha hablado y ha salido a la calle para reclamar que se les escuche y tengan en cuenta", ha señalado en declaraciones a Europa Press la vicesecretaria del CEUNE, Laura Alcaide. "Hoy nos hemos movilizado para mostrar nuestro rechazo al contenido de la LCU y la LOSU, porque sin el estudiantado no hay universidad". Según expone Alcaide, los estudiantes llevan "mucho tiempo" reclamando una "nueva perspectiva que no deje de lado a su estudiantado" en la futura Ley Orgánica de Sistema Universitario (LOSU).

Mientras que, en cuanto a la Ley de Convivencia Universitaria, que era un proyecto consensuado con los sectores de la comunidad universitaria, según recuerda Alcaide, ha sufrido "una gran modificación en el Congreso" que "repercute en los mecanismos de medicación comunes para las universidades españolas, posibilitando que puedan generarse desigualdades entre universidades y mermando los derechos del estudiantado".

La vicesecretaria del CEUNE espera que el poder legislativo decida "cambiar el rumbo" de ambas reformas. "De lo contrario, continuaremos reclamando y mostrando nuestro desacuerdo en todos los foros que nos sean posibles", advierte.

Además de las movilizaciones, que han sido también apoyadas por sindicatos como el CSIF, las asociaciones convocantes han llamado a realizar "paros académicos" para realzar la protesta. Estos paros han sido secundados en casi todas las provincias españolas, según ha indicado Alcaide. 

Parece que soplan vientos de cambios en nuestras normativas universitarias, tanto a nivel estatal como catalán. El Ministerio de Universidades anda enfrascado en la elaboración de una Ley Orgánica del Sistema Universitario, otra ley de convivencia universitaria y un proyecto de Real Decreto de organización de las enseñanzas universitarias, que plantean supuestas reformas de profundidad para la mejora del sistema universitario: se incrementa del 51 al 55% el porcentaje de funcionarios de las plantillas, se apunta la posibilidad de elegir Rector mediante un órgano específico, o se declara querer favorecer la internacionalización de nuestras universidades mediante alianzas con universidades extranjeras para la docencia y la investigación.

Primer espejismo (estatal): incrementar del 51 al 55% el porcentaje de funcionarios de las plantillas es, en realidad, funcionarizar aún más la universidad; elegir al Rector mediante un órgano que debe estar compuesto al menos en un 50% por miembros de la propia universidad es, en realidad, cultivar la endogamia; e imponer los grados de cuatro cursos de duración cuando en casi toda Europa son de tres es, en realidad, dificultar aún más la internacionalización de las universidades.

Si de verdad se pretende un cambio y no un mero maquillaje es preciso liberar a las universidades del corsé funcionarial en sus plantillas, tanto en la docencia y la investigación como en la administración, para que puedan en el futuro contratar libremente a su personal, sin perjuicio de que deban mantener por obligación legal el estatus de quienes ya están en esta situación. Es preciso también dotar a las universidades de un modelo de gobernanza que limite las peleas de gallinero y la endogamia al patio de recreo, para proyectar la estrategia de las universidades al futuro sin peajes de camarillas. Finalmente, si se quiere internacionalizar las universidades habrá que organizarse y trabajar como las de otros países: ¿cómo va a ser posible impartir estudios compartidos con universidades inglesas, alemanas, francesas, holandesas o italianas si en estos países duran tres años y aquí cuatro? Sólo vamos a poder compartir titulaciones con otras potencias de la educación superior. No estamos solos: Grecia, Chipre, Turquía, Rusia, Armenia, Georgia, Kazajstán o Ucrania también apuestan por carreras universitarias de cuatro años.

Segundo espejismo (catalán): cuando no es preciso legislar sobre universidades será que andamos muy bien. Según se ha publicado recientemente en su Plan normativo 2021-2023, la Generalitat de Catalunya prevé aprobar en este periodo 177 normas (50 leyes y 127 decretos), ninguna de ellas en materia de universidades. No es que cantidad y calidad normativa sean sinónimos, como bien sabemos quienes nos dedicamos a estas cosas. Tampoco son sinónimos cantidad y eficiencia: normas, las justas, claras, simples y fáciles de cumplir. Otra cosa, muy distinta, es no plantear ninguna actividad normativa en un ámbito como el de la educación superior, que se halla en una situación cuando menos desordenada, si no caótica.

Muy al contrario: a sabiendas de que cualquier iniciativa debería cuadrar con lo que acaben proponiendo en el Ministerio correspondiente bastaría solamente con que la Generalitat desplegara los abanicos normativos catalanes ya existentes. Podríamos poner muchos ejemplos. Entre otros, desarrollar un modelo de titulación autóctono paralelo al estatal que permita mantener la conexión con el modelo europeo del 3+2 (de modo complementario al modelo medieval del 4+1 años que se plantea en Madrid). También convendría ordenar la función pública universitaria en Catalunya, para que pase a la Generalitat con el fin de desburocratizarla progresivamente; o promover un estatuto del estudiante acorde a los tiempos actuales; o reordenar el mapa universitario y de centros de investigación catalán; o redefinir el papel de los consejos sociales de las universidades.

Sirva de ejemplo (más concreto y a la vez estatal y catalán) el concepto de “tercera misión de las universidades”, que conlleva un papel de la universidad más allá de la docencia y la investigación, y que incluye también las actividades universitarias dirigidas a la dinamización del territorio para la mejora del bienestar de los ciudadanos. El impacto de las universidades en su territorio se manifiesta en el urbanismo y la promoción de equipamientos tecnológicos, deportivos y culturales, pero también en un importante volumen de gasto directo de los estudiantes y del personal docente y de administración que tiene un efecto directo sobre las economías locales. También se generan otras externalidades (difusión de conocimiento y mejora de la producción en el entorno más inmediato, por ejemplo). Estas externalidades han hecho que las administraciones locales compitan por ubicar en su entorno territorial equipamientos universitarios, a veces incluso sin una lógica sistémica que justifique su implantación.

A pesar de ello, aunque parece incuestionable el impacto de los campus de las universidades en las ciudades y territorios donde se ubican, habría que considerar algunos detalles: la relación demanda-oferta, la utilidad, la empleabilidad o la sostenibilidad del modelo. Estos aspectos, con frecuencia olvidados, tienen que ver con un tema clave omnipresente: la financiación. El dinero tanto público como privado. Y es que no está tan claro que exista una relación directa entre el incremento del nivel educativo de un país y el incremento de su riqueza. Hay quien mantiene que son los países ricos los que disponen de mejores sistemas educativos, y que mejorar un sistema educativo no incrementa la riqueza. Veamos. Taiwán tenía en los años sesenta del siglo pasado un índice de alfabetización inferior a Filipinas y la mitad de su renta per cápita. Hoy, Taiwán supera diez veces la renta per cápita de Filipinas. Corea del Sur tenía un índice de alfabetización inferior a Argentina y una quinta parte de su renta per cápita, pero hoy la triplica. En el mismo período, la África subsahariana aumentó muchísimo el índice de alfabetización, pero el nivel de vida se redujo muy considerablemente. ¿Quién debe costear esta tercera misión de carácter territorial de las universidades? De momento, debe ser sostenida por ellas mismas porque el modelo de financiación no incluye este concepto. Sin embargo, aun siendo evidente que las universidades deben ser más eficientes en su gestión, también lo es que las demás administraciones y sujetos beneficiados por su actividad deberían hacer también su aportación. En el caso catalán éste era el objetivo que perseguía la Ley 3/2006, de 17 de marzo, de creación del Fondo de Acción Territorial de la Educación Superior, que fue el primer intento en el Estado español de reconocer la tercera misión de las universidades, por un lado, y de buscar fórmulas de financiación para esta actividad universitaria, por otro.

Sin embargo, a pesar de la aprobación de esta ley, la situación hoy, en Cataluña, continúa siendo de insuficiencia crónica de recursos, sumada a varios problemas añadidos: dispersión territorial de equipamientos que encarece su gestión; demanda insuficiente de algunas titulaciones frente a una oferta de estudios excesiva y repetida —con gran dispersión de recursos—; exagerada burocratización; dimensión organizativa poco gobernable; falta de autonomía de las universidades en el diseño de planes de estudios y en la selección de profesorado y alumnado (lo que genera poca diferenciación en la oferta), o precarización del profesorado asociado. La respuesta a esta problemática no puede consistir en unas “vacaciones normativas” hasta después de 2023. Para empezar, aplíquense las normas existentes (como la Ley 3/2006), de modo que las soluciones por plantear pasen por la racionalización de los recursos, que debería llevar a las universidades a ser más pequeñas y eficientes y a ampliar sus fuentes de ingresos más allá de la financiación pública, realizando otras actividades, de modo que se comprometan con el contexto local mediante acciones con los beneficiarios potenciales de transferencia tecnológica.

Para ello es preciso transformar las universidades fomentando su especialización bien en la docencia, bien en la investigación, vinculándolas con los centros de formación profesional de su entorno, dado que la educación superior es la suma de la educación universitaria y los ciclos formativos de grado superior (CFGS), desburocratizándolas para conectarlas mejor con su entorno socioeconómico, o, finalmente, generando una gran sinergia con el ámbito local, con fuerte impronta territorial y liderazgo municipal, que debiera pasar por una recomposición de los consejos sociales de las universidades. Todo ello abriría nuevas vías de colaboración con los poderes locales, que harían posible la captación de nuevos recursos públicos fuera del actual marco de financiación de las universidades públicas catalanas, como los fondos europeos. A la luz de ambos espejismos, parece que los vientos que soplan en nuestras normativas universitarias no son de cambios, son de gaitas.

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Ramon J. Moles Plaza es Profesor de Derecho Administrativo. Es autor del ensayo Derecho Administrativo en colores. Manual para decepcionados (Ed. Aranzadi)

El Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha sido aprobado este martes, 31 de agosto, en Consejo de Ministros en primera lectura, lo que constituye el primer paso del trámite para su aprobación, informa Europa Press.

La nueva Ley pone las bases para acabar con la precariedad del profesorado en la universidad, entre otras cuestiones, y forma parte de la reforma integral del sistema universitario que tiene pensado realizar el Gobierno para los próximos años, cuya implantación pretende que sea "gradual".

Esta reforma del sistema universitario se marca cuatro objetivos: promover el acceso a la educación superior; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador; y garantizar la calidad y la buena gobernanza de las instituciones universitarias.

La aprobación de la LOSU iría encaminada a lograr el objetivo número tres: garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador, según constaba en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español enviado a Bruselas a principios de mayo.

Un 55% de funcionarios y temporalidad del 20%

Con el objetivo de acabar con la "situación estructural de precariedad" en las universidades, se establecen tres niveles de progresión en la carrera académica (incorporación, consolidación y promoción), se reduce la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador de las universidades, pasando del 40% en la antigua Ley (LOU) al 20%, y se aumenta del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas.

Asimismo, se establece una reserva de plaza de mínimo el 15% para profesorado asociado con título de Doctor y con una relación contractual previa mínima de 5 años con la universidad, en los programas de promoción y estabilización en aquellas universidades que tengan más del 15% de su plantilla, contada en efectivos, de profesorado asociado.

También se crea la figura transitoria del Profesorado Contratado No Doctor, destinada a personas que hayan tenido una relación contractual como docente durante un mínimo de 5 cursos académicos con alguna universidad pública mediante alguna figura contractual de carácter temporal, con el objetivo de que obtenga el título de Doctor y se introduce en todos los concursos la equiparación entre los méritos de docencia y los de investigación.

La norma impulsa también los doctorados industriales, la formación permanente a lo largo de la vida, así como el reconocimiento y las pasarelas con los estudios de Formación Profesional Superior para "ayudar desde las universidades a nuestra sociedad y economía en la búsqueda de un empleo estable y de calidad".

Igualdad y equidad

Por otro lado, la LOSU otorga relevancia a la producción y transferencia del conocimiento estableciendo que todas las universidades dediquen como mínimo un 5% de su presupuesto a la investigación, asegurando una reserva de plaza del 15% de entre las plazas permanentes para investigadores, promocionando el liderazgo de los jóvenes investigadores, e impulsando la transferencia de conocimiento a entidades, instituciones y empresas.

Asimismo, con el ánimo de aumentar el grado de internacionalización del sistema universitario español, la LOSU insta a fomentar alianzas interuniversitarias para el desarrollo de títulos y programas conjuntos con universidades extranjeras así como doctorados de cotutela internacional, garantiza la movilidad nacional e internacional del profesorado universitario, del estudiantado y del personal de administración y servicios a través del refuerzo de programas como el Erasmus+, y modifica la figura actual del profesor visitante e introduce una nueva de profesorado distinguido para atraer talento a la universidad.

La Ley incorpora también diferentes medidas que ponen énfasis en esa equidad, tanto por razones de género como por otras razones. Entre estas medidas, se encuentran la paridad entre mujeres y hombres en los órganos colegiados, la incorporación de unidades de igualdad y de diversidad en las universidades con recursos suficientes, los planes de igualdad de política universitaria y de recursos humanos, los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo o un registro salarial que sirva para luchar contra la brecha de género en los salarios.

También incluye acciones positivas en concursos de selección, una composición equilibrada de todas las comisiones de selección y evaluación, medidas de conciliación, corrección de los usos del tiempo, impacto de género del presupuesto universitario, e impulso de proyectos científicos con perspectiva de género, así como la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales en las universidades.

Cambio en el proceso de elección del rector

La Ley establece también dos sistemas de elección de un rector. El primero de ellos es la elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria (en la forma en que se establezca en los Estatutos de la universidad), como ya establecía la LOU.

El segundo sistema es la elección mediante un órgano específico (que podrá determinar la universidad a través de sus Estatutos), órgano que estará formado por entre 20 y 30 miembros de los cuales el 50% corresponderá al personal docente e investigador de la universidad, el 10% a los estudiantes, otro 10% al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y el 30% restante a personas externas a la universidad de reconocido prestigio, según recoge el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Otra novedad es que ya no hará falta el requisito de ser funcionario en activo del Cuerpo de Catedráticos de Universidad para acceder al cargo de rector, sino simplemente ser funcionario y reunir los siguientes requisitos: tener reconocidos tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.

70 reuniones para elaborar la Ley

"Nuestras universidades todavía se rigen por una Ley Orgánica de hace 20 años; en estas dos décadas ha habido cambios profundos en el mundo, en nuestra sociedad, y dos graves crisis económicas que han golpeado extraordinariamente a las universidades públicas", ha comenzado afirmando el ministro de Universidades, Manuel Castells, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Tal y como ha destacado, la LOSU "respeta escrupulosamente las competencias autonómicas", así como "la autonomía de las universidades establecida en el art 27.10 de la Constitución Española".

El ministro ha resaltado también el proceso de consulta llevado a cabo durante el último año para elaborar la Ley. Según ha subrayado, este proceso de consulta ha supuesto la realización de 70 reuniones con órganos colegiados como la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo Estatal de Estudiantes, o el Consejo de Universidades, agentes sociales como los diferentes sindicatos mayoritarios y la CEOE y CEPIME, CRUE Universidades Españolas, los grupos parlamentarios y otros agentes de la comunidad universitaria.

Los universitarios se oponen

Los estudiantes universitarios denuncian que la LOSU "supondrá un grave retroceso en la democracia interna de las universidades, así como en los derechos estudiantiles".

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) rechaza que la Ley incorpore la posibilidad de que los rectores sean elegidos por un órgano externo a la comunidad universitaria, así como que los mandatos de los rectores se amplíen a seis años, pues considera que "perjudicaría gravemente la democracia interna de las universidades".

Además, rechaza la fórmula establecida para este nuevo sistema de elección a rector, en el que dicho órgano estará formado por entre 20 y 30 miembros, lo que supondrá una "devaluación del voto de los estudiantes".

Desde la Coordinadora consideran que una "verdadera democracia efectiva" es aquella en la cual cada persona representa un voto, algo que no se veía reflejado en la LOU, pero que se ha visto "empeorado" en la ya denominada Ley Castells, en honor al ministro de Universidades, Manuel Castells, promotor de la norma.

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Según afirma la CREUP, una vez aprobado el anteproyecto de Ley, la Coordinadora se reunirá con el Ministerio y los agentes sociales, con el objetivo de "presionar para lograr una universidad que respete los derechos de los estudiantes".

También el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) se ha manifestado en contra de la Ley Castells. "Al parecer, en el presente anteproyecto de ley han dejado atrás la participación del estudiantado a todos los niveles universitarios", lamentan desde el Consejo en declaraciones a Europa Press.

En opinión del CEUNE, en lo relativo a la gobernanza y la representación estudiantil, "se ha visto una merma significativa" respecto a la LOU, por lo que esperan que se les escuche y se puedan modificar dichos apartados en su totalidad para "acercar de verdad la universidad a la sociedad y no dejarla como un ente gobernado por unos pocos".

El ministro de Universidades, Manuel Castells, también se ha mostrado a favor de acabar con la memorística en la educación, al igual que su excolega Isabel Celaá, recientemente sustituida por Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación y FP.

"Por mi experiencia de décadas de enseñante, yo creo que el componente memorístico de la educación tiene cada vez menos sentido, entre otras cosas porque la información está toda en Internet", opina el ministro en una entrevista con Europa Press.

En este punto, asegura que "lo importante no es acumular información" ni "repetir como papagayos", ya que "la información es obsoleta al cabo de muy poco tiempo", sino "desarrollar la capacidad autónoma del estudiante de procesar información, innovar y aplicarla a aquellas tareas que quiere desarrollar por sí mismo", algo que "ni se discute en la inmensa mayoría de universidades de referencia del mundo". Y considera que los profesores, tanto de Secundaria como universitarios, han de convertirse en "guías intelectuales del procesamiento de información".

Con respecto a cuáles son las causas de que cada vez haya más aprobados en la EBAU (cada año ha ido subiendo el porcentaje de aptos hasta situarse este año por encima del 96%), Castells es cauto en su respuesta porque dice no haber visto estudios al respecto. "Yo prefiero pensar que es porque los alumnos están mejor preparados", contesta.

En cualquier caso, que haya cada vez más aprobados en estas pruebas es una buena noticia para el ministro, pues para él significa que "habrá cada vez más graduados universitarios". "Un graduado universitario tiene tres veces más probabilidad de encontrar empleo que uno que no lo tiene y dos veces más que uno que tiene Formación Profesional", justifica Castells, que insiste en que es "falso" que la Universidad sea actualmente una "fábrica de parados". "Prepararse para el mercado de trabajo quiere decir cada vez más tener un diploma universitario", agrega.

Para el ministro, la clave está en permitir que "todos" los que aprueban Selectividad puedan acceder a la Universidad, "independientemente de sus capacidades económicas". Sobre esta premisa trabaja el Ministerio, afirma el ministro, que recuerda que el Gobierno ha aumentado el número de becas en los últimos tres años y que bajará las tasas universitarias, ya que España tiene "los precios públicos más altos de Europa".

Sobre esto último, Castells opina que se puede llegar a la total gratuidad de los estudios universitarios, pero emplaza la responsabilidad a las administraciones autonómicas. "Que las comunidades autónomas empiecen a utilizar los presupuestos que tienen; Si hay que financiar la Universidad y no la financian los fondos públicos, lo financian las familias", advierte.

Bajada de precios en las universidades privadas

Con el ánimo de posibilitar el acceso igualitario a los estudios universitarios, el ministro se congratula de haber conseguido que todas las comunidades autónomas (a excepción de la Comunidad de Madrid) apoyasen la propuesta del Ministerio de igualar los precios de los másters habilitantes (aquellos obligatorios para ejercer de psicólogo, abogado o profesor, por ejemplo) al de los grados a partir del curso 2022-2023.

"La presidenta Ayuso declaró que iba, como gran concesión, a bajar los precios de los grados y los másters en 2022-2023, exactamente en la misma proporción que por Ley tiene que hacer, porque le obligamos nosotros", ha precisado el ministro sobre las intenciones del Ejecutivo madrileño.

Aunque esta medida sólo sería de aplicación a las universidades públicas –ya que el Gobierno no puede "meter mano" en las privadas–, el ministro cree que provocaría un descenso en los precios de estas últimas. "Si no, se quedarán sin estudiantes", vaticina.

El objetivo del departamento que dirige Castells es la gratuidad de la Universidad. "Si puede haber una sanidad gratuita pública, ¿por qué no puede haber una enseñanza pública (gratuita)? Si la enseñanza obligatoria es gratuita, y abierta todo el mundo, el que la universitaria no lo sea es la vieja idea de que la universitaria no hace tanta falta", lamenta.

La idea de que todo el mundo pueda acceder a la Universidad "no necesariamente" está reñida con el impulso que quiere dar el Gobierno, a través del Ministerio de Educación y FP, a la Formación Profesional, según el ministro. "No quiere decir que todo el mundo tenga que ir a la universidad, si no es su proyecto profesional... Ahora bien, todo el mundo debe poder tener derecho a ir a la universidad si eso es lo que le corresponde", matiza.

Estudiantes trabajadores

Preguntado sobre las dificultades que tienen las personas trabajadoras a la hora de poder cursar estudios universitarios, Castells reivindica el papel de la UNED, que "tiene más estudiantes en enseñanza online que varias de las mayores universidades privadas online en España", alegando además que no han sido las universidades privadas las que han "creado" la enseñanza online.

Según ha dicho, "muchas universidades privadas enseñan online para América Latina". "Lo que es más frecuente son las escuelas de negocio online, cursos específicos de formación para profesiones que te dan un diploma y te crees que puedes tener un trabajo; ahí hay un área gris", ha comentado.

De todos modos, aunque Castells siempre ha reivindicado la presencialidad de la universidad, es partidario de que las universidades públicas refuercen su docencia online. "Todo lo que sea aumentar la capacidad de la universidad y de las buenas universidades públicas, de desarrollar enseñanzas, que además de sus enseñanzas normales, sean online, con distintos programas, yo creo que es positivo", considera el ministro, que afirma que ya "hay toda una tendencia en este sentido que se va a reforzar".

No obstante, preguntado sobre la regulación de la dispensa académica (instrumento que los estudiantes pueden solicitar para no asistir a clase o presentarse a un examen por causas justificadas, como el estar trabajando), Castells es tajante: "Si una persona no puede asistir a clase de manera sistemática, no puede estudiar. Todo el mundo puede formarse, pero no puede formarse sin formarse".

El PSOE propone "poner restricciones" a la proliferación de universidades privadas en la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en la que está trabajando el Gobierno y cuya aprobación se prevé en el cuarto trimestre de 2021 en Consejo de Ministros, ha informado Europa Press.

Así lo ha asegurado este domingo la diputada y secretaria de Educación y Universidades del PSOE, Luz Martínez Seijo, en un acto sobre Educación, Universidad y Formación Profesional, dentro de los trabajos preparatorios de la Ponencia Marco del 40 Congreso del PSOE, que se celebrará en octubre, en el que también ha participado la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá.

"Queremos una universidad pública de calidad y tenemos el compromiso, sin ninguna duda, de poner restricciones a esa proliferación de universidades privadas que, lejos de perseguir una calidad en política educativa, lejos de buscar la investigación y la transferencia de conocimiento, lo único que pretenden es generar negocio en torno a la educación", ha asegurado.

Durante su intervención, la diputada también ha hablado de "eliminar la precariedad en las universidades", incluyendo en la Ley un modelo de Personal Docente e Investigador (PDI) "estable".

Asimismo, ha apostado por plantear un "avance" en la carrera del Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades, con el objetivo de "perfilar nuevos trabajos asociados a las distintas funciones que el PAS tiene que desarrollar en la nueva universidad", como son "perfiles asociados a la docencia, investigación y transferencia de conocimiento".

Además, Martínez Seijo ha hablado de llevar a cabo un proyecto basado en el que se respete el principio de autonomía universitaria con "transparencia y rendición de cuentas de actividad de gestión y de los recursos de la docencia de la investigación".

Por otro lado, el PSOE propone en la nueva ley "reforzar los principios de democratización en la gobernanza", en concreto, modificar el sistema de elección de rectores, permitiendo que los profesores titulares funcionarios puedan optan a este puesto, es decir, eliminar el requisito de ser catedrático para ser elegido rector.

El objetivo de esta medida, que la diputada socialista la ha calificado de "verdaderamente novedosa", es que haya igualdad de género en el acceso a la gobernanza universitaria, ya que "sólo un 20% de las mujeres en las universidades españolas tienen posibilidad de llegar a ser rectoras actualmente".

"Queremos reducir esa brecha de género y aumentar las posibilidades, no solo de las mujeres, sino de profesores titulares que, en algunas áreas de conocimiento en las que apenas hay catedráticos, no tienen ninguna opción de ser rectores", ha explicado.

Siguiendo con el proceso de democratización de la universidad española, Martínez Seijo ha comentado que el PSOE también busca "abrir los Consejos de Gobierno", esto es, que puedan participar en ellos "todos los representantes del sistema universitario" así como "expertos y personas de reconocido prestigio en todos los ámbitos de conocimiento". Esto va asociado a la reforma de los Consejos Sociales que también quiere el PSOE, con el fin de que sean "verdaderamente eficaces en su funcionamiento".

Además de estas medidas, la socialista recuerda la importancia de tener una financiación adecuada para el sistema universitario, de ahí su petición de que España invierta en torno al 1% del PIB en este ámbito, equiparándose así a los países de su entorno. "Sin recursos necesarios, no puede haber una docencia de calidad, ni investigación, ni se puede generar el conocimiento para poderlo transferir a nuestra sociedad", ha concluido su intervención.

La composición del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos admite ya pocas sorpresas, después de que la información haya llegado a cuentagotas a lo largo de la semana. Uno de esos nombres que desde un primer momento ha trascendido es el del sociólogo Manuel Castells, que dirigirá el Ministerio de Universidades. Una cartera que no contará con los apellidos de Ciencia e Innovación. ¿Qué consecuencias tiene aislar al Ministerio de Universidades?

Los actores implicados se muestran escépticos ante la nueva organización ministerial. La Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE) apostaba por concentrar en un mismo ministerio ambos extremos, manteniendo la estructura actual. "Estamos convencidos de que un interlocutor dedicado en exclusiva a esos ámbitos garantizaría una mejor coordinación con otros departamentos de cara a la elaboración de cualquier normativa que afecte al Sistema Universitario Español", relatan fuentes de la CRUE a preguntas de infoLibre.

Esta cuestión, la que atañe a la coordinación ministerial, es una de las principales aristas a la que apuntan también los sindicatos. "Va a ser necesaria una labor de coordinación importante", algo que no siempre es sencillo. Así lo entiende Encina González, secretaria de Universidad e Investigación de CCOO, quien tira de experiencias previas: "Cuantos más ministerios se tengan, más difícil es sacar adelante iniciativas", por lo que el sindicato no entiende la nueva dirección como positiva. "La Universidad debe ir con Ciencia e Innovación, también porque la mayor parte de la ciencia y de las figuras investigadoras están en las universidades", agrega.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2018 el 45,68% de los investigadores en equivalencia a jornada completa se dedicaban a la enseñanza superior, frente al 38,79% que estaba en las empresas, el 15,28% en la Administración Pública y el 0,23% que ostentó el sector Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL).

Manuel Ortega, responsable de FeSP-UGT, coincide en que la situación parece complicarse en relación a la pasada legislatura. "Parece un poco más complejo" que entonces, pero también "respecto a la etapa anterior, cuando estaba en el Ministerio de Educación". Sin embargo, rememora el portavoz sindical, "cuando se desgajó para unirse a investigación nos vino bien, porque se fraguó una sola interlocución para resolver juntos determinadas cuestiones". Aunque los sindicatos apuestan por congregar "todo el sistema educativo" –la universidad como una etapa formativa más–, "unirlo a ciencia fue positivo".

Ahora, reflexiona Ortega, nos encontramos ante un cambio de modelo "que está relacionado con las circunstancias especiales del Ejecutivo", pero lo cierto es que "va a ser más difícil coordinar calendarios".

Tampoco desde el sector científico están convencidos del cambio. Para Perla Wahnón, presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), resulta "absolutamente necesario mantener un ministerio propio con mayor peso político y unos objetivos más precisos y ambiciosos". El escenario que se fragua por parte del nuevo Gobierno de coalición "iría en sentido contrario al de los países de nuestro entorno" y complicaría la coordinación también a nivel internacional, especialmente en lo que respecta a la interlocución "con la nueva comisaría europea, que concentra investigación, innovación y educación". Por el contrario, defiende Wahnón, "debemos acordar una política de Estado que dé continuidad a las políticas científicas, desligue la ciencia de los ciclos políticos y garantice un crecimiento mantenido y sostenible de la inversión".

De "error" lo califica igualmente Fidel Rodríguez, secretario general de la Asociación Española para el Avance de la ciencia (AEAC). "Fundamentalmente porque el proceso de educación superior y de generación de conocimiento mediante la ciencia es único" y en esencia "todos los programas de investigación" brotan de las universidades. "A no ser que estén perfectamente coordinados, va a haber disfunciones", vaticina al otro lado del teléfono.

Además, recuerda Rodríguez, unir universidades con innovación ha sido hasta ahora "una forma de fomentar la transferencia de conocimiento y enganche con la sociedad". Retroceder en el sentido opuesto lastraría los avances cosechados. "La cadena de la educación superior fluye mejor cuando es una sola", remata.

Tiempo prudencial

Si bien los sindicatos no ocultan su escepticismo ante la medida, también tratan de expresar cautela. Todavía queda conocer muchos de los detalles que marcarán esta nueva organización ministerial, sostienen, por lo que es importante valorar el escenario con prudencia. Desde la CRUE resaltan que en cualquier caso, con la división, el Ministerio de Ciencia "debería contar también con personas procedentes de la universidad para agilizar la imprescindible comunicación entre ambos departamentos". Y advierten que lo contrario "sería ignorar al 70% del Sistema de Ciencia y Tecnología que representan las universidades".

Aunque es cierto que "podría quedar muy mermado", González sugiere esperar a "ver las competencias" que ostentará la cartera "para ver si es fuerte". También Ortega cree importante esperar a "las primeras reuniones", pero sí cavila sobre los posibles aspectos positivos que se podrían desgranar escarbando en una nueva estructura. "Da la impresión que se quiere afianzar la futura Ley de Universidades", porque la intención de un ministerio específico "podría apuntar" a un mayor esfuerzo en dicho propósito. Por otro lado, relata el sindicalista, "que el titular sea una persona que conoce bien la universidad es una ventaja".

Saturnino Martínez, investigador y profesor de Sociología en la Universidad de la Laguna (ULL), coincide en que un Ministerio de Universidades quedaría "bastante vaciado de competencias", especialmente porque las políticas económicas están transferidas a las comunidades, de manera que "los márgenes de actuación serían débiles". En ese sentido, recuerda Martínez, "no existe una mesa sectorial bien dotada y coordinada" con las comunidades autónomas "donde el ministerio participe", de manera que "no habría esa capacidad de impulsar políticas financieras". Sin embargo, un eventual Ministerio de Universidades "se quedaría con becas, capacidad regulatoria del profesorado y supervisión de títulos universitarios", esferas donde sí caben mejoras. Asimismo, repara, la cartera "se quedaría con la capacidad de hacer una ley orgánica" cuyo desarrollo y adaptación al sistema "llevaría mucho tiempo".

Entre todos los escenarios resultantes de la segregación ministerial, el docente sí entrevé un elemento claramente positivo: "Se lanza un mensaje de que a la política de universidad se le va a dar una prioridad y una fuerza".

Rodríguez también concede un margen: "Podría haber algún punto de interés que, de momento, no se nos ha explicado", sopesa. Y apunta igualmente a la nueva Ley de Universidades, cuya confección asumiría el nuevo ministerio independiente. La norma, puntualiza, "cuenta con varios puntos sobre la posición frente a los procesos de investigación", de manera que los lazos entre ambas esferas son difíciles de ignorar. "Una universidad que no es investigadora, no es universidad" y de hecho "el pasado" ya ha evidenciado que "la separación ha llevado a que la cadena se debilite o incluso se rompa".

Para evitarlo, Rodríguez cree fundamental "un gran pacto social por la ciencia" que quede suscrito "por los dos ministerios". El miedo de los científicos, añade, tiene que ver con que "los objetivos sean distintos", por lo que apremia a que "ambos ministerios trabajen para hacer de la ciencia un vector de crecimiento".

Primero fueron los plagios del antiguo rector Fernando Suárez; después, las contrataciones fraudulentas de profesores y, más tarde, "el falso máster de Cristina Cifuentes, el máster cursado con privilegios de Pablo Casado" y el posgrado "cursado con privilegios y plagiando el TFM de Carmen Montón". Los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) están hartos del desprestigio de su universidad y, sobre todo, de sus títulos. Por eso este jueves dijeron basta y convocaron una huelga que comenzó con encierros en los campus de Fuenlabrada y Aranjuez durante la noche del miércoles. La jornada de paro fue convocada por siete asociaciones de estudiantes del centro agrupadas bajo la denominación URJCrítica. El lema es el mismo que ya usaron en las movilizaciones que protagonizaron cuando saltó el escándalo del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid: "Fuera la mafia de la universidad".

Según informaron los estudiantes a infoLibre, el seguimiento de la huelga fue mayoritario. "En el campus de Fuenlabrada la asistencia a clase ha estado entre el 10 y 15%. En Vicálvaro, como mucho ha ido a clase un 20% de los alumnos", afirman fuentes de Res Pública, una de las asociaciones. 

Esta, junto a las demás, llama al paro ante la "pérdida de prestigio" de la universidad por el escándalo del caso máster en el que la Justicia mira con lupa las presuntas anomalías detectadas en los cursos de postgrados dirigidos por el catedrático Enrique Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público. "Son nuestros títulos los que son desprestigiados por la corrupción y nepotismo de los altos cargos de la URJC, y por ello nosotras y nosotros, que luchamos día a día por sacar nuestros estudios adelante, nos vemos en la obligación de defenderlos y dejar constancia del esfuerzo que en ellos depositamos", critican los estudiantes. Por eso, tienen claras sus exigencias: el inicio de una investigación externa a la universidad, la "limpieza completa" de la misma, la regeneración de sus órganos de gobierno y la dimisión del rector, Javier Ramos.

Ramos, de hecho, ha sido el foco de las protestas estudiantiles de la URJC de los últimos meses. "Nunca quiso hacer una verdadera limpieza de la institución. Nunca asumió que el problema de la URJC era estructural y no de 'manzanas podridas', pues entonces tendría que asumir su servidumbre y la de su equipo a estos sectores de la universidad hasta llegar a rector", critican los estudiantes en su manifiesto de convocatoria.

El propio Ramos les pidió perdón este miércoles por esos problemas "del pasado". Pero insistió en la idea que critican los estudiantes: esos conflictos estuvieron "focalizados en uno o dos caraduras". Aun con sus disculpas, criticó la huelga. "No creo que sea lo mejor para la comunidad universitaria. Mi intención es recuperar el prestigio que nunca debió perder la Universidad", dijo en declaraciones a la Cadena Ser, donde también negó cualquier vínculo político. "Mi obligación, como rector de la URJC, es defender el servicio público que damos, yo no tengo ninguna obligación en defender a ningún responsable político", afirmó.

Manifestación en el campus de Vicálvaro

Los estudiantes del campus de Vicálvaro de la URJC comenzaron pasadas las 10.30 horas a asentarse en la plaza Cervantes, donde se sitúa el aulario universitario, para asistir a todo lo que ocurra durante la jornada de huelga. El resto del campus está vacío, según informó Europa Press. Mónica, Fátima y Catalina están sentadas justo debajo de la estatua de Cervantes. Son estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas. Hoy quieren defender sus derechos. "No todos somos iguales y no tenemos la culpa de lo que está pasando", afirmó Mónica en declaraciones a la agencia. 

Por otro lado, algunos estudiantes han utilizado las redes sociales para manifestarse a favor de la universidad y bajo en el hashtag #YoSoyURJC han grabado vídeos y editado textos a favor de la institución y de su funcionamiento.

El Instituto Universitario de Derecho Público (IDP) adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en el que la presidenta de Comunidad de Madrid se matriculó del máster sobre derecho autonómico que la mantiene en la cuerda floja, imparte también otras formaciones que parecen tener poco que ver con el ámbito jurídico al que se refiere el nombre del centro. Su oferta docente ha incluido desde grados oficiales como el que cursó Cristina Cifuentes, que dejó de impartir en el curso 2012-2013, a títulos propios de Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica, Terapia Sexual y de Pareja, o Sexología y Género. 

El escándalo surgido en torno a las condiciones en las que la presidenta autonómica cursó un máster ha puesto el foco sobre cómo se organiza la amplia oferta de posgrados de los campus públicos españoles, en la que convergen los másteres oficiales, regulados y homologados en el entorno comunitario; los títulos propios, que son aprobados únicamente por las universidades con exigencias académicas menos rigurosas; y los títulos de especialista y experto universitario, con una dedicación lectiva menor y también procedimientos normativos más flexibles.

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el llamado Plan Bolonia que empezó a implantarse en España en 2007, contribuyó a la proliferación de este tipo de títulos porque en el ámbito de los estudios de posgrado se pasó de un sistema de licenciatura y doctorado a otro más secuencial de grado, máster y doctorado. "Prácticamente en tres años, de 2007 a 2010, se generaron alrededor de 1.800 másteres oficiales que ya existían como títulos propios. Mientras que otros propios permanecieron como tales por los menores requisitos exigidos", explica Juan Hernández Armenteros,profesor de la de la Universidad de Jaén experto en financiación universitaria. 

Los datos oficiales reflejan claramente este impulso. En el curso 2015/2016, el último del que hay datos disponibles, las universidades públicas ofertaron un total de 2.925 másteres oficiales con 108.423 alumnos matriculados. Siete años antes, en el 2008/2009, los títulos homologados ofertados eran menos de la mitad (1.414) y los estudiantes matriculados poco más de un tercio (40.961). Además, en el curso 2015/2016, los campus públicos ofertaron también 1.856 títulos propios, con 47.677 estudiantes; 1.019 de especialista y 1.121 de experto. Actualmente, de media, las universidades públicas registran en su oferta un 18% más de másteres que de títulos de grado. 

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en el informe La Universidad Española en Cifras 2015-2016 [consultar, aquí]​ del que el profesor Hernández Armenteros es codirector, alude a las "bajas cifras de matrícula" que se vienen contabilizando en un "número considerable" de títulos de máster e insta a hacer un "análisis" al respecto. Los responsables de los campus creen que habría que adecuar la oferta a una demanda suficiente y también creen que sería interesante hacer un "análisis objetivo de los resultados de formación de personal de investigación de dichas titulaciones en términos de lectura de tesis doctorales".

Hernández Armenteros explica que el incremento de la oferta responde al tradicional modelo de desarrollo de la Universidad española, que ha optado por la proximidad territorial creando al menos una titulación de máster por cada grado impartido para dar la posibilidad a los estudiantes de continuar su formación en el mismo centro en el que la iniciaron. No obstante, ese nivel de retención es muy divergente. Según la CRUE, hay más de sesenta puntos de diferencia entre la universidad que tiene más alumnos que continúan estudiando en el centro tras graduarse, que es la Pompeu Fabra, con el 65,4%; y la que menos, que es precisamente la Rey Juan Carlos, con el 5,5%.

¿Vía de negocio? 

¿Por qué ocurre esto? ¿Son los másteres una forma de atraer recursos para los campus? No lo cree así el profesor Hernández Armenteros, que asegura que en el caso de los oficiales los ingresos por los precios de matrícula, a pesar de que se han disparado en algunas comunidades en los últimos años, apenas cubren el 25% de los gastos de impartición. Los oficiales tienen tasas fijadas por las comunidades autónomas en base a unas horquillas que establece el Ministerio de Educación. Otra cosa son los títulos propios, cuya cuantía las fijan las universidades y se rigen bajo el principio de autofinanciación, lo que propicia que estén activos sólo mientras son útiles para el mercado. 

"Para la institución los másteres no suponen una fuente de ingresos adicional. Otra cosa son los títulos propios, que pueden poner en marcha ciertos profesores en el seno de sus departamentos y que sí les pueden reportar a ellos ciertos beneficios. Los departamentos son los que soportan tanto los gastos como los beneficios que estos puedan generar y con el dinero de las matrículas pagan las horas extra de los docentes. En caso de dar clase en un máster oficial, un profesor raso no tiene ningún suplemento salarial", subraya Hernández Armenteros. Por ejemplo, el IDP donde Cifuentes se matriculó del máster de la polémica goza de autonomía presupuestaria y financiera. 

Además, en ocasiones, los títulos propios se imparten directamente en centros privados con los que las universidades hacen convenios y con profesores ajenos a la propia institución. Lo que hacen los campus es ofrecer un paraguas legal y acreditar que cuenta con su sello de calidad. En su página web, la Universidad Complutense advierte de que la titulación que se obtiene con uno de estos estudios "no produce efectos académicos, por lo que no dan acceso a másteres oficiales ni al doctorado" y de que "su valor y reconocimiento dependen de su adaptación a la demanda social". Por ejemplo, el citado título de Terapia Sexual y de Pareja al que da cobertura el IDP de la Rey Juan Carlos, se imparte realmente en las instalaciones de una fundación llamada Sexpol y con sus profesionales. 

"La heterogeneidad de títulos provoca incertidumbre entre los estudiantes. Nos encontramos ante la situación de que parece que se llega a hacer negocio con algunos de ellos y eso es algo que hay que evitar en las universidades públicas. No obstante, sí hay títulos propios que son interesantes porque pueden estar más enfocados al mercado laboral, pero es importante dejar claro que no están reconocidos en el espacio europeo", señala Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae).

Aumento de las tasas 

Los alumnos de máster han sido, sin duda, los más perjudicados por el decreto de "racionalización del gasto educativo" que, en 2012, promovió un cambio en la forma de pago en los campus públicos al dar a las autonomías la posibilidad de establecer la parte del coste educativo que asume directamente el estudiante en base a unas horquillas. Desde entonces, en primera matrícula, el crédito de los estudios de posgrado se podía posicionar entre el 40 y el 50% del coste real que supone impartirlo.

Asfixiadas por el déficit, algunas autonomías llevaron esta norma hasta el extremo. Lo que supuso, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias, un aumento de los precios de más del 30%. Los principales incrementos se han registrado en Cataluña y Castilla y León, donde los másteres han llegado incluso a duplicar su precio en los últimos seis años. Hacer un máster oficial en una universidad pública catalana ha pasado de costar, como mínimo, de unos 1.660 euros a casi 4.000 euros. Las diferencias por autonomías son muy acusadas. En Andalucía o Castilla-La Mancha, las más baratas, se puede cursar uno de estos títulos por menos de mil euros. 

Las citadas horquillas de precios no operan para los títulos propios, cuyo precio lo fijan las universidades y suele ser bastante superior al de los oficiales. Por ejemplo, la URJC ofrece un título propio sobre Comercio Electrónico que realmente se imparte en la Cámara de Comercio de Madrid y que cuesta 6.900 euros. 

"El problema con los másteres no es tanto académico, que a veces también se da, como económico, pues se han vuelto convenientes para muchos y directamente imprescindibles para otros cuando su precio es mucho más alto que el de los grados", señala Carmen Romero, presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). Con imprescindibles se refiere a las 14 profesiones que necesitan la obtención de título de posgrado para poder ejercer, son los llamados másteres habilitantes que también llegaron con la implantación del Plan Bolonia.

Asimismo, Romero recuerda que las becas para estudiar másteres oficiales son muy reducidas y que, además, tienen unos requisitos de acceso muy exigentes, pues es necesario haber tenido al menos una media de siete puntos sobre diez en el grado para poder acceder al reparto por criterios económicos. "Algo complicado en general y, especialmente, para los que compatibilizan su formación con algún trabajo para poder mantenerse", dice Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes. De ahí que los estudiantes lleven tiempo reclamando la equiparación del precio de los másteres con el de los grados. 

Respecto al aumento de la demanda que han experimentado los másteres, el profesor Hernández Armenteros también alude a la realidad del mercado laboral español, donde cada vez se exigen más credenciales. Además, matricularse en un máster ha sido una vía de salida para quienes, en los últimos años, han sufrido la pérdida de su puesto de trabajo. Lo corroboran los portavoces de colectivos estudiantiles consultados, que aseguran que aunque en la ordenación académica que trajo la implantación del Plan Bolonia las titulaciones de máster aparecen como complementarias en el desarrollo curricular, en la práctica, se han convertido en obligatorios.

"Ahora parece que si no tienes un máster no has completado tu formación. Creemos que es una dinámica que responde a una voluntad de hacer negocio con la educación a pesar de que pueda ser inaccesible para buena parte de la población", se queja García. "Los estudiantes tienen que hacer grandes esfuerzos para poder pagar estos estudios, cada vez tenemos más casos de compañeros que no pueden acceder a este tipo de títulos por motivos económicos", sentencia López, de Canae.