La Comunidad de Madrid paga a los colegios concertados más de 1,7 millones de euros al año de media en concepto de un plus que otorga automáticamente por cada cura o monja que imparte docencia en dichos centros. El plus sale del reconocimiento a cada uno de estos docentes, por su condición de religiosos, de ocho trienios de antigüedad, 24 años, independientemente del tiempo que lleven prestando servicio.

Se benefician todos los centros concertados que cuentan para su docencia con curas y monjas que, sin contrato laboral, dan clases en la educación privada católica financiada con fondos públicos. La fórmula está blindada por un acuerdo firmado en 2013 por la Consejería de Educación (PP) y la patronal de la concertada.

No se trata de los profesores de la asignatura de Religión, sino de los profesores religiosos, es decir, curas y monjas, que pueden impartir cualquier asignatura, por ejemplo Matemáticas o Lengua. Lo hacen sin contrato laboral, como aportación a la orden a la que pertenezcan: escolapios, jesuitas, concepcionistas...

Pago a los centros

Ha sido una práctica histórica de la escuela católica en España. En democracia el Estado le ha ido dando un encaje legal, desde el real decreto de 1985, que regula los conciertos, hasta la Ley Orgánica de Educación de 2006, que reconoce su "singularidad". Dicha "singularidad" ya había llevado en 1989 a la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE). El acuerdo fijaba las retribuciones (salario y trienios) por el trabajo de los religiosos en los centros.

Al caso se le aplican varias particularidades. La fundamental es que el sueldo es equivalente al del docente con contrato, pero se le paga no al religioso, sino al centro, que recibe el dinero mensualmente. Si un profesor contratado tiene un sueldo equis, el colegio le paga equis con cargo al dinero del concierto. Pero los profesores religiosos, sin relación laboral, no tienen sueldo. Lo cual no significa que su trabajo no tenga un valor. Lo tiene y está reconocido. Lo que ocurre es que no se le paga al docente, sino al centro. Y el centro se lo queda y lo emplea para los fines que considere oportunos.

Trienios estimados

La segunda particularidad es que, al no haber relación laboral –y por lo tanto no poderse establecer desde cuándo trabaja el religioso–, los trienios se estiman. El acuerdo de 1989 estableció inicialmente un complemento de antigüedad de tres trienios para todo el personal religioso, que fue subiendo, primero a cuatro trienios en 1990 y a cinco en 1993.

Las transferencias competenciales a las comunidades han dado margen a cada una para alcanzar acuerdos con las organizaciones representativas de la escuela concertada católica. En Andalucía, el acuerdo actual es de cinco trienios, reconocidos automáticamente, a raíz de un acuerdo entre la Consejería de Educación y la FERE de 2002. En el País Vasco también son cinco trienios. Cataluña tiene un sistema distinto, regulado en una resolución en 1989. La Generalitat va reconociendo los trienios que efectivamente trabaja el religioso, siempre que sea en Cataluña y en la orden a la que pertenece. Es decir, no contaría que un jesuita trabaje en un colegio de los escolapios en Vic, ni en uno de su propia compañía en Valladolid.

Un acuerdo de 2013 en Madrid

La Comunidad de Madrid, bajo el gobierno del PP, reconoce ocho trienios a los profesores religiosos. Lo hace en función de un acuerdo de 27 de diciembre de 2013 de la Consejería de Educación y la patronal de la concertada. Lo firmaron la entonces consejera, Lucía Figar, y Concepción Viviente, presidenta de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos de la Comunidad de Madrid (FERE-CECA Madrid).

El acuerdo establece que, por cada profesor religioso sin contrato, la Comunidad de Madrid le pagará al colegio de turno lo equivalente al sueldo de un docente contratado. También dice que "se computará, a todos los profesores religiosos, el equivalente a ocho trienios de antigüedad en el ejercicio profesional".

El convenio tiene efectos económicos desde 1 de enero de 2014. Su firma recogía la creación de una comisión de seguimiento, que "se reunirá, al menos, una vez al año y siempre que alguna de las partes lo considere necesario". Esta comisión jamás se ha reunido, admite la Consejería de Educación. "No se ha observado la necesidad por ninguna de las partes", indica dicho departamento.

El acuerdo también beneficia a los religiosos que prestan servicios en centros que no son de su institución. Para que la Administración conozca qué profesores tienen la condición de religiosos sin relación laboral, el requisito es que el centro lo haga constar ante la autoridad educativa con la conformidad del religioso. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid empieza a pagar al centro, que no tiene que pagarle al profesor religioso. La Consejería de Educación se hace cargo de las cuotas de la Seguridad Social, así como del resto de prestaciones.

1,73 millones al año

Sobre el convenio se ha interesado Enrique García, profesor de secundaria en un instituto público madrileño y autor de un blog sobre educación. Desde octubre de 2018 ha tratado de conocer detalles sobre el funcionamiento del acuerdo, solicitándolos a la Consejería de Educación. Sólo lo ha conseguido cuando ha intervenido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en una resolución de 6 de marzo de 2019 instó a la Consejería de Educación a informar a García sobre el número de profesores religiosos con reconocimiento de ocho trienios y su coste, así como a entregar copia de las actas de de las reuniones de seguimiento del acuerdo –actas que no existen, porque no ha habido reuniones–.

La información de la Consejería de Educación llegó finalmente en diciembre de 2019. El departamento que actualmente dirige Enrique Ossorio, concretamente la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, detalló el número de profesores religiosos –curas y monjas– y el coste de los ocho trienios que se les reconoce a cada uno. Lo hizo "utilizando como dato más fiable el del promedio anual del número de profesores religiosos, dadas las constantes variaciones a causa de las altas y bajas de profesorado en la nómina de pago delegado".

Estos son los datos:

– 2014: 604 profesores, con un coste de 2,09 millones.

– 2015: 544 profesores, 1,88 millones.

– 2016: 491 profesores, 1,72 millones.

– 2017: 450 profesores, 1,57 millones.

– 2018: 408 profesores, 1,43 millones.

La suma alcanza los 8,69 millones, un promedio de 1,73 millones al año.

El cuadro facilitado por Educación incluye 2019, pero sólo hasta agosto. El coste en los trienios de 390 profesores superó los 900.000 euros.

La información no incluye el coste en salarios, ni por ningún otro concepto, como pagas extraordinarias.

La asignación por cada trienio, de acuerdo con la tabla actualizada a enero de 2020, es de 39,97 euros al mes en Infantil y Primaria y de 50,39 euros al mes en Secundaria, Ciclos Formativos y Bachillerato.

Existe otro colectivo que también presta servicios sin relación contractual laboral con el titular del centro, explica la Consejería de Educación a preguntas de infoLibre. Son los profesores socios cooperativistas, que tienen "una relación societaria extra-laboral", detalla este departamento.Para fijar su retribución, al comienzo del régimen de los conciertos se tuvo en cuenta una media de cuatro trienios, "cuantía que desde entonces se ha ido actualizando hasta cinco trienios", explica Educación. Son tres trienios menos que los reconocidos a los profesores religiosos.

Escuelas Católicas

El funcionamiento de las retribuciones públicas a los curas y monjas que dan clases en la concertada es poco conocido, incluso en el ámbito educativo. Emilio Díaz, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Escuelas Católica de Madrid, lo considera una fórmula absolutamente justificada. "No sería lógico que los jesuitas, como titulares de un colegio, contraten laboralmente a un religioso de su propia congregación", explica.

Díaz recuerda que hay religiosos con "voto de pobreza" y "de obediencia", por lo que el vínculo con la congregación no puede equipararse al de un trabajador con contrato laboral. "No perciben renta, no tienen salario, ni nómina. Pero su trabajo supone un coste, que es ingresado por la administración. Si el trabajo del religioso supone 100, la titularidad del centro percibe 100", explica. El centro decide a qué dedica el dinero.

Cualquier religioso sin contrato laboral que imparta docencia, tenga la edad que tenga, tiene ocho trienios reconocidos, incluso si acaba de empezar a trabajar. Díaz afirma que "se puede dar el caso" de un profesor joven que se beneficie de este reconocimiento automático pero dice que, con carácter general, este cálculo "se queda corto". "La mayoría [de los profesores] tienen 60, 65 años", asegura.

Una de las anotaciones de la agenda manuscrita que la Guardia Civil intervino en el domicilio de Francisco Granados durante los registros de la Operación Púnica apunta a que el exsecretario general del PP madrileño encargó en el otoño de 2010 investigar las actividades del entonces líder del PSOE madrileño, Tomás Gómez. La página 10 del dietario, al que ha tenido acceso infoLibre, incluye la siguiente anotación: "Enterarse bien de labor docente de T.G. (Germán Alcaide + Lucía F.)". 

Aunque el apunte carece de fecha, las que le preceden y las que le siguen lo sitúan en octubre o noviembre de 2010, cuando los partidos ya preparaban sus estrategias en Madrid para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011. Para entonces, y desde enero de 2010, Tomás Gómez, jurista, impartía clases en la Universidad Carlos III. El PP convirtió esa faceta en uno de los leitmotiv de su campañaleitmotiv contra quien en ese momento lideraba el PSM y optaba a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Los conservadores acusaron al también exalcalde de Parla de haber alcanzado la plaza en la Carlos III "por enchufe" con su rector, el ahora ya fallecido Gregorio Peces Barba. El ataque de mayor virulencia partió en plena campaña de quien desde 2007 ostentaba el cargo de consejera de Educación del Gobierno regional, Lucía Figar. 

El círculo de Tomás Gómez no alberga la menor duda de que el "T.G." de la anotación se refiere a él. Wilfredo Jurado, abogado del exdirigente socialista madrileño, lo recuerda así: "Durante meses el PP no paró de machacar con la idea de que Tomás había conseguido el contrato por enchufe, hubo un momento en que en la Asamblea de Madrid y a cada cosa que se les preguntaba contestaban con lo mismo, que si la ruina de Parla y que si el 'enchufe' de la Carlos III".

Figar -cuyo nombre coincide con el de la anotación de Granados, así como la inicial de su primer apellido- y ahora también imputada en la Operación Púnica, cargó duramente contra Gómez en una rueda de prensa celebrada el 13 de mayo de 2011, es decir, 12 días antes de la jornada electoral. La entonces consejera de Educación desgranó datos detallados sobre el número de aspirantes que, según su versión, habían optado a las siete plazas docentes convocadas por la Carlos III. Lo hizo antes de afirmar lo siguiente: que el dirigente socialista superó a "decenas de candidatos que tenían mayor preparación y más alta cualificación" "pero que probablemente no tenían contacto con Peces-Barba". Este martes y este miércoles, infoLibre que Figar o su entorno confirmasen si llegó a hacer averiguaciones sobre el perfil docente de Tomás Gómez. No hubo respuesta.

Otras fuentes conocedoras del funcionamiento de la Consejería de Educación indicaron no obstante que, con las herramientas que como titular de ese departamento tenía a su alcance, Figar no podía acceder a ninguna  información sobre el contrato universitario de Gómez ni a su génesis. Pero lo cierto es que ninguna de las personas consultadas entre los allegados a la exdirigente del PP madrileño explicó por qué vía conoció los datos que presentó como ciertos en su rueda de prensa: que a las siete plazas convocadas habían optado 69 profesionales y que todos ellos, a excepción de Gómez,  cumplían las siguientes condiciones: "Todos los que fueron admitidos tenían estudios de Máster o eran doctores y tenían experiencia docente, algunos en sitios muy prestigiosos, salvo Gómez, que no tiene nada".

Las palabras de la consejera enfurecieron a Peces Barba, que tachó a Figar de lanzar calumnias contra Gómez y de ser "uno de los elementos más mentirosos y falaces que acompañan a la señora [Esperanza] Aguirre". 

Germán Alcayde: "No lo recuerdo pero pudiera ser"

En el momento en que Granados escribió la nota sobre "T.G." en su dietario, Germán Alcayde -el apunte transcribe el apellido con i latina- era secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) en Madrid. En la campaña para los comicios de 2011, NNGG lanzó en su web un ciberjuego bautizado como el Tomasómetro, consistente en encontrar "diez mentiras" de Tomás Gómez, a quien la organización juvenil del PP tildaba de "mentiroso compulsivo". Una de las preguntas hacía referencia expresa a su plaza como profesor de la Carlos III. Y en la panoplia de respuestas aparecía de nuevo esta: "Por enchufe".

Alcayde, que obtuvo un acta de diputado autonómico y quien tras la renovada victoria de Esperanza Aguirre en mayo de 2011 fue nombrado director general de Formación de la Consejería de Educación, habló con infoLibre desde EEUU, donde ahora reside. "No recuerdo esa conversación pero pudiera ser, puede ser que sí", respondió a la pregunta sobre si Granados le hizo algún encargo para efectuar averiguaciones sobre las actividades docentes de Tomás Gómez. El exdirigente juvenil del PP argumenta que, dado que Granados era el número dos del partido en Madrid y él mismo ocupaba esa posición en NNGG, resultaba habitual que charlasen de asuntos políticos. Y que era Nuevas Generaciones la que poseía implantación en las universidades madrileñas.

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pagó en enero de 2011 un total de 21.240 euros a una empresa vinculada al presunto "conseguidor" de la red corrupta Púnica, Alejandro de Pedro, por un informe de 33 páginas y con faltas de ortografía sobre la presencia de este departamento en Internet, según ha informado Europa Press.

El trabajo, titulado Informe situación actual en la red, figura en el sumario del caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y tenía como objetivo analizar la presencia en las redes del departamento dirigido entonces por Lucía Figar.

La factura por este trabajo, que se incluye igualmente entre la documentación aportada al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, fue girada por la empresa Redytel Ingeniería de Telecomunicaciones, perteneciente a la red de sociedades de De Pedro. Cada página del informe le costó a las arcas públicas 643 euros.

"Un Consejeria"

El estudio, plagado de fotografías y gráficos, comienza con la siguiente afirmación: "Un Consejeria (sic) que se decide a transformarse para ser abierta (o-Gov) es aquella que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan".

Esta consideración se completa con otras parecidas como cuando los autores del informe señalan que Educación debía convertirse en "una Consejeria (sic) de doble dirección", que "escucha primero y habla después". "Incluso diríamos más, es un Organismo (sic) que escucha más que habla", añade.

Los autores del informe explican la importancia de los resultados que se encuentran en Google cuando se realizan búsquedas de términos como "Consejería Educación Comunidad de Madrid" o "Educación Madrid". Después informan de lo que son los blogs ("espacios de conversación e intercambio de ideas") y se exponen en detalle los resultados de las búsquedas de esos mismo términos en las redes sociales Twitter y Facebook: "ningún resultado" en la primera y "varios grupos no oficiales y sin actividad" en la segunda.

Tras hacer el mismo proceso de búsqueda en Youtube, Flickr y espacios de dinamización de los contenidos como Menéame o Wikipedia, la empresa adjudicataria del proyecto señala textualmente que Eico, una de las compañías de De Pedro, "a (sic) producido este informe sobre el interés y clima en Internet para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid" y que su información "podrá ser usada para analizar los atributos más destacados así como comprobar las distintas evoluciones".

El informe termina con tres conclusiones resumidas, cada una de ellas, en un párrafo. En el primero se incide en que "la Consejería de Educación tiene presencia en la red Internet (*) prevaleciendo, generalmente, percepciones negativas sobre su actividad".

En el segundo se apunta que "no hay términos registrados en las redes sociales y esto no ayudan (sic) a trabajar y mejorar el posicionamiento de la Consejería" y en el tercero se añade que "la experiencia apunta que la gestión de la entidad digital conlleva un trabajo sostenido en el tiempo, suficiente para consolidar los atributos deseados y consecuentemente fortalecer la reputación digital".

La posición de la exconsejera madrileña de Educación Lucía Figar, en tiempos considerada una de las figuras ascendentes del PP madrileño y ahora imputada (investigada), empeora a medida que se conocen nuevos datos sobre la trama Púnica. En septiembre, un testigo reconoció ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que una de sus empresas, Redytel, cobró a comienzos de 2011 más de 21.000 euros del departamento que dirigía Figar por servicios que "en ningún caso" prestó, lo que significa que la factura era falsa.

Ese trabajo que Redytel jamás hizo fue un "estudio sobre posicionamiento de noticias de la consejería de educación en internet". En realidad -sostuvo su dueño ante la Guardia Civil- lo habría elaborado el conseguidor Alejandro de Pedro. Pero el mismo testigo sostiene que ni su contenido le servía de nada a la Consejería de Educación ni merecía los 21.240 euros que el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó por el "estudio" en cuestión. 

El testigo, Ananías G., ya poseía empresas especializadas en Internet cuando se asoció con Alejandro de Pedro en Eico, buque insignia del supuesto conseguidor experto en trabajos de "reputación online": es decir, en la tarea de resaltar en internet la faceta positiva de sus clientes, incluso con la entrada en acción de tuiteros pagados, y de ocultar la negativa. Y Lucía Figar, como demuestran los correos electrónicos que ambos se cruzaron y que ya han sido incorporados a la causa, era una de las clientas estelares de Alejandro de Pedro. La investigación apunta a que De Pedro cobró fondos públicos no por potenciar en las redes sociales la acción institucional de la Consejería de Educación sino el perfil político de Figar. Sobre ese punto, Ananías G. se pronunció sin ambages: la reputación personal de un político "no se puede pagar con dinero público".

Siempre según su testimonio, cuando se percató de que De Pedro  había entrado "en un mundo muy politizado" y de que su actividad "no le daba un buen pálpito", Ananías G. dice que optó por abandonar Eico. Y como había invertido 66.000 euros en ella, De Pedro le propuso pagarle "con clientes". En otras palabras, con una modalidad de facturas falsas según la cual Redytel y alguna otra empresa de Ananías G. serían las que cobrasen de distintas administraciones por servicios que supuestamente había efectuado Alejandro de Pedro. El Registro Mercantil confirma que Ananías G. salió en marzo de 2012 de los órganos de administración de Eico.

La mecánica según la cual De Pedro daba un servicio -el testigo dice que cree que lo daba- finalmente cobrado por una tercera empresa se repitió en otras administraciones del PP. Según este mismo declarante, los pagos a alguna de sus empresas por servicios que nunca prestó se libraron también en el madrileño ayuntamiento de Arganda del Rey, cuyo nombre tiene reservado un espacio propio en el caso Gürtel porque de allí salió presuntamente la mayor comisión ilegal que se repartieron Francisco Correa y todavía no se sabe bien quiénes más; y los valencianos de Silla y Benissa.

La Guardia Civil le preguntó a Ananías G. si consideraba que el trabajo por el que Redytel había cobrado 21.240 euros de la Consejería madrileña de Educación era "acorde a lo facturado". Y a renglón seguido le exhibió la documentación aportada por el Gobierno de Madrid. Con los papeles por delante, el testigo ofreció una respuesta inequívoca: "Que no le parece atractivo como producto para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que no le parece una visión clara, que no tiene un enfoque útil para la consejería y es una mera recopilación de datos". El atestado de la UCO muestra cómo remató el empresario: "Que este trabajo no puede tener mucho futuro ni por su contenido ni por su precio". Que su empresa Redytel cobrase por algo que no había hecho fue, admitió en otro momento, "una chapuza administrativa".

Sobre los testigos cuyo grado de involucración con los delitos investigados no está claro pende siempre una doble espada de Damocles: aquella cuya divisa es la obligación inexcusable de decir la verdad y aquella otra que amenaza con desplomarse sobre el declarante en forma de imputación. La transcripción de lo declarado por Ananías G. ante la UCO parece indicar que el empresario era consciente de ambas amenazas. En ese contexto podría explicarse por qué dijo lo siguiente: "Que no sabe cómo ha podido ocurrir esto, que supone que fue una alternativa expuesta por Alejandro de Pedro pero que en ningún caso Redytel ha realizado trabajos para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, requirió entre los años 2011 y 2014 los trabajos de reputación del empresario investigado en la trama Púnica, Alejandro de Pedro, para beneficiar su figura pública y añade que para ello utilizó dinero público.

Así lo dice en un informe en el que explica que la entonces consejera requirió de los servicios de De Pedro a través de la empresa Eico Online, SL para que con las redes sociales y medios digitales, vinculados en Madiva Ediorial y Publicidad, contrarrestasen las informaciones "desfavorables" a Figar y, por el contrario, dar visibilidad a las noticias que favoreciesen su imagen. La empresa realizaba informes mensuales que eran entregados directamente al jefe del Gabinete de Prensa de la Consejería Pablo Balbín, tal y como constata la Guardia Civil.

El equipo de investigación del Instituto Armado afirma que Figar "no era ajena" al contenido de estos informes, ya que se encontraron correos electrónicos en los que De Pedro "ponía al corriente" de algunas de las acciones que su empresa llevaba a cabo, incluso le remitía dichos documentos. Además, dice que se puede "afirmar" que la exconsejera era consciente de la contratación de los servicios de Eico porque estaba al corriente de la implicación de altos cargos y funcionarios de la consejería madrileña y por "la prolongación en el tiempo" de este acuerdo.

"Queda patente que se estaba pagando con dinero público trabajos que benefician a la imagen personal y carrera política de la consejera, destinado a usos a la función pública caudales de su Consejería para promocionar su figura política", subraya la UCO. La facturación de dichos servicios se realizaba mediante "el recurso permanente de contratación menor", indica, además de seis empresas distintas para facturar estos trabajos.

Usuarios falsos contra la oposición política

Según precisa el informe de la UCO, los empleados de las empresas de De Pedro utilizaban usuarios falsos en las redes sociales como "arma de ataque contra la oposición política y social", lanzando mensajes contrarios a estos.

Por todo ello, la UCO propone tanto al juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como a la Fiscalía que considere a De Pedro responsable de los delitos de fraude en contratación pública, de falsedad en documento mercantil y de tráfico de influencias. Estos mismos delitos son reclamados para Figar, ya que, a su juicio, "habría dado su conformidad a la contratación directa y reiterada" de los servicios de De Pedro, "era sabedora del cariz" de los mismos y "habría beneficiado" al empresario con otros contratos públicos.

Asimismo, incluye a Agustín Alonso Conesa, socio y consejero de Eico, al considerar que era conocedor de estos trabajos y a dos personas en las empresas de De Pedro, Abel Linares Palacios y Víctor Daniel Steinberg, y solicita que se les investigue por los delitos de fraude en contratación pública y falsedad en documento mercantil.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco conformó el pasado lunes la pieza de la trama Púnica, denominada Pieza 2 León, relacionada con la Diputación de León en la que acusa a De Pedro y a Alonso Conesa de un delito de fraude por hacer una "concertación privilegiada" en la adjudicación de diversos contratos públicos vinculados a la estación de esquí de San Isidro (León).

También les investiga por los delitos de cohecho y de aprovechamiento de información reservada por realizar trabajos de reputación y asesoramiento al expresidente de la Diputación de León, Martín Marcos, y por el delito de malversación de caudales públicos por ser cooperadores necesarios en la distracción de dinero de la institución para realizar las labores encomendadas.

El Comité Ejecutivo Nacional del PP se celebró este miércoles con la ausencia entre otros de Rita Barberá, Vicente Martínez-Pujalte, Lucía Figar e Ignacio González, que no participarán en el debate sobre las medidas de regeneración y lucha contra la corrupción que Ciudadanos exige al PP para poder negociar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, informa Europa Press. 

La exalcaldesa de Valencia ha fallado a las últimas reuniones del equipo de dirección de los conservadores. A la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre su futuro judicial, su continuidad mientras tanto como senadora ha sido muy criticada por la oposición pero también por algunos miembros de su propio partido, que hubieran preferido ver su retirada ya en la pasada legislatura.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la imputación de Barberá en el caso Taula, en el que se investiga un caso de blanqueo en relación con presunta financiación irregular del partido en la capital del Turia.

Tampoco se encontró este miércoles en la reunión Martínez-Pujalte, denunciado por Fiscalía por falsedad y cohecho presuntamente cometidos cuando era diputado al simular pagos de diferentes empresas por trabajos inexistentes.

Estuvieron igualmente ausentes los madrileños Lucía Figar e Ignacio González; la primera, exconsejera madrileña imputada en el caso Púnica; en cuanto al ex presidente de la Comunidad de Madrid, hace también meses que no participa en el Comité Ejecutivo Nacional. Está siendo investigado en un sumario para esclarecer cómo adquirió el ático que posee en Estepona.

Ana Mato, que también está imputada y pendiente de juicio como responsable a título lucrativo de la trama Gürtel por los posibles delitos de su exmarido –el que fuera alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda–, pidió a principios de julio la baja en este órgano de dirección del Partido Popular alegando posibles "incompatibilidades" con su tarea profesional y la semana pasada su fotografía fue retirada de la web del PP.

En cuanto a los presidentes autonómicos y del partido en las comunidades autónomas, este miércoles estuvieron presentes todos ellos salvo el gallego Alberto Núñez Feijóo, según confirmó a Europa Press en el PP. Tampoco asistió el expresidente del Gobierno y presidente de honor del PP, José María Aznar.

El Comité Ejecutivo Nacional del PP, que el día 17 de agosto decidirá si acepta las condiciones que exige Ciudadanos para apoyar la investidura de Mariano Rajoy, está compuesto por casi un centenar de dirigentes del partido, entre los que figuran la cúpula de Génova, los barones territoriales y militantes destacados como Soraya Sáenz de Santamaría, José María Aznar, Rita Barberá e incluso algunos imputados o procesados.

–El órgano está presidido por el líder del PP, Mariano Rajoy. La número dos del partido es la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el presidente de honor es el exjefe del Ejecutivo José María Aznar.

–Como cúpula del partido se añaden los cinco vicesecretarios generales: Javier Arenas (Autonomías y Ayuntamientos), Fernando Martínez-Maíllo (Organización), Javier Maroto (Sectorial), Pablo Casado (Comunicación) y Andrea Levy (Estudios y Programas).

–Los coordinadores de Organización, Juan Carlos Vera, y de Relaciones Internacionales, José María Beneyto, así como los presidentes del Comité Electoral, Alicia Sánchez-Camacho, y de Derechos y Garantías, Alfonso Fernández Mañueco.

–El resto de miembros de la dirección ejecutiva, entre los que figuran secretarios de Estado como Susana Camarero (Asuntos Sociales), José María Lassalle (Cultura) y Álvaro Nadal (Oficina Económica de Moncloa), así como la tesorera Carmen Navarro, procesada en el caso de la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas.

- Los portavoces parlamentarios: Rafael Hernando (Congreso), José Manuel Barreiro (Senado) y Esteban González Pons (Parlamento Europeo).

–Los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García-Escudero, así como el secretario general del PP Europeo, Antonio López-Istúriz.

–La presidenta y el secretario general de Nuevas Generaciones, Beatriz Jurado y Javier Dorado.

–Los presidentes de comunidades autónomas y líderes regionales del partido, como Cristina Cifuentes (Madrid), Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Alfonso Alonso (País Vasco), Luisa Fernanda Rudi (Aragón), Juanma Moreno (Andalucía) y José Antonio Monago (Extremadura).

–Como vocales figuran miembros del Gobierno como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y varios ministros como Jorge Fernández Díaz (Interior), Cristóbal Montoro (Hacienda), José Manuel García-Margallo (Asuntos Exteriores) y Fátima Báñez (Empleo), así como el jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, y el comisario europeo Miguel Arias Cañete, pendiente de dar explicaciones en Bruselas por el caso Acuamed.

–Alcaldes o excargos municipales destacados como Íñigo De la Serna (Santander), Teófila Martínez (Cádiz), Juan Ignacio Zoido (Sevilla), Ángeles Muñoz (Marbella), Ana Botella (Madrid) y Celia Villalobos (Málaga y exvicepresidenta del Congreso).

–También como vocales hay figuras destacadas del partido como el embajador y exministro Federico Trillo; la exministra Ana Mato, pendiente de juicio como responsable a título lucrativo de la trama Gürtel; la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, cuya imputación pide la Fiscalía por la financiación del PP municipal; el expresidente madrileño Ignacio González, imputado en el caso del ático de Marbella; la exconsejera madrileña Lucía Figar, imputada en la investigación de la trama Púnica; y el exdiputado Vicente Martínez Pujalte, implicado en el caso de las comisiones que cobraban Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna.

En rueda de prensa tras reunirse en el Congreso con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, Rajoy no ha querido valorar que Rita Barberá, que está imputada y es uno de los miembros del órgano del PP , vaya a votar las propuestas de regeneración y lucha contra la corrupción impulsadas por Ciudadanos. "¿Alguna otra pregunta importante?", se ha limitado a decir cambiando de tema.

Esperanza Aguirre no se mueve. Sigue defendiendo su gestión al frente de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid y señala que su política de 'fichajes' sólo ha fallado en un par de ocasiones. Una vez más, en esta ocasión en el marco de su comparecencia en la comisión sobre corrupción de la Asamblea regional, la presidenta de los conservadores madrileños defendió al grueso de los cargos públicos con los que ha trabajado. “He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana”, señaló. Se refería concretamente a los exconsejeros Francisco Granados y Alberto López Viejo.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre entró en la Asamblea regional apuntando a la formación liderada por Pablo Iglesias. "Hay partidos como es el caso de Podemos, que no ha tenido poder y ya tiene casos. Hay un integrante que ha cobrado sin ir a trabajar en la Universidad [por Íñigo Errejón], Monedero cobró de Venezuela y ahora se está investigando la financiación de Irán", aseguró la presidenta del PP regional.

La dirigente del Partido Popular explicó que no le han llamado desde la dirección nacional de su partido después de los registros que tuvieron lugar este jueves en la sede de la formación madrileña en el marco de la Operación Púnica y que se siente respaldada. "Hombre, cómo no", dijo.

En sus primeras declaraciones ya en el seno de la comisión de investigación, Aguirre puntualizó que el exconsejero Salvador Victoria no era el máximo responsable de la empresa de informática implicada en la Púnica: "No lo nombré yo, yo nombré a Engracia Hidalgo y a Ignacio González". Aguirre manifestó su confianza en Salvador Victoria y la exconsejera de Educación Lucía Figar, investigados en el caso Púnica.

Sin embargo, mostró su rechazo al supuesto comentario que Victoria hizo al considerado "conseguidor" de la Púnica, el empresario Alejandro de Pedro, al decirle que los pagos en negro se habían hecho "toda la vida" y "nunca" había pasado nada, según revelaron unas grabaciones.

"No escuché si el señor Victoria dijo eso, no sabía que se hiciera semejante cosa y me parece indignante. Yo no lo he visto jamás y espero no verlo", dijo en su comparecencia. Asimismo, explicó que tanto como Victoria como Figar "declinaron la posibilidad" de ir en la lista del PP para la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones regionales. Ambos presentaron su dimisión tras ser imputados en la Púnica para no ser un impedimento a que Cristina Cifuentes fuera investida presidenta con el apoyo de Ciudadanos.

Al contrario que a López Viejo y Granados, Aguirre sí defendió a su jefa de prensa, Isabel Gallego, y a la exconsejera Lucía Figar: "Hay imputaciones e imputaciones. pongo la mano en el fuego por la señora Figar y la señora Gallego". En concreto, Aguirre ha asegurado que Gallego, contratada por el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, "no ha cometido ningún ilícito penal".

La puesta en marcha de colegios privados concertados sirvió a la trama Púnica para hacer negocios por una doble vía. Por un lado, seis empresas que la Guardia Civil vincula con la red se embolsaron entre 2001 y 2011 al menos 222,8 millones de euros por la construcción de 12 centros concertados y uno totalmente privado, tal y como adelantó infoLibre este martes. Por otro, según consta en un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso este periódico, la compañía que promovía los centros se hizo con otros 19 millones de euros mediante el cobro a las cooperativas de profesores que son las que, en última instancia, gestionan los colegios. La trama garantizaba a los docentes, según se deduce de la investigación, que los municipios liberarían suelo para los centros y que la Administración les daría el concierto. 

Alfedel es el nombre de la empresa que promovió los veinte colegios que aparecen citados en el informe, de los que 19 son concertados, es decir, se sostienen con fondos públicos. El otro es totalmente privado. De los 20 centros, 12 fueron construidos por empresas vinculadas a la trama. En los otros, la Guardia Civil no ha encontrado por el momento vinculación entre la red corrupta y las compañías que los edificaron.

El administrador de Alfedel, Alfonso Ferrón del Río, está imputado en el caso y tanto la Guardia Civil como el juez instructor, Eloy Velasco, lo consideran "testaferro" de David Marjaliza, socio del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y uno de los principales cabecillas de la Púnica. Marjaliza es, a su vez, dueño de Obrum Urbanismo y Construcciones, la principal sociedad beneficiada con la edificación de colegios (ingresó 202 de los 222 millones cobrados por la trama por la construcción de los centros). Algunos de estos colegios están situados en la localidad de Valdemoro (Madrid) –considerada epicentro de la Púnica–, así como en otros ayuntamientos del área de influencia del exdirigente conservador. 

El informe, elaborado por la Unidad de Apoyo de Hacienda a la Fiscalía Anticorrupción y fechado el 25 de julio de 2014, recoge que de los citados veinte colegios sólo en uno, que coincide que no tiene licencia, no se han registrado pagos a Alfedel. De los otros 19 sí existen abonos a la compañía de Ferrón del Río por un valor total de 19.030.315 euros. Es decir, los cooperativistas tenían que pagar, de media, un millón de euros por colegio. Y lo hacían en contraprestación por supuestas labores de aseoría para la puesta en marcha del centro. Eso hacía que los cooperativistas iniciaran la actividad de colegio con deudas que, en algunos casos, han llegado a rozar el millón y medio de euros sólo por este concepto, tal y como ha podido confirmar este periódico.  

En su página web –ahora está borrada, pero algunos de sus contenidos están recogidos en el citado documento de la Agencia Tributaria–, Alfedel detallaba que entre sus funciones estaba la de "realizar todas las gestiones necesarias para la adquisición del terreno, la obtención de licencias municipales, la obtención de autorizaciones y la concesión de los conciertos educativos", así como la realización del proyecto de cada edificio.

Cooperativistas consultados por infoLibre aseguran que en las reuniones con ellos, el administrador de Alfedel "presumía de tener garantizado el concierto educativo". Según estas fuentes, atribuía esta capacidad a su "amistad y confianza con personas cercanas a Esperanza Aguirre". "De esa manera nos hacía ver lo importante que era al mismo tiempo que conseguía situarse en una posición de poder ante nosotros", añaden. Ferrón del Río, en conversación con este diario, niega que él diera por hecho en las reuniones con los cooperativistas que iba a conseguir los conciertos por sus buenas relaciones con el entorno de la expresidenta Aguirre. "Eso es mentira, eso es falso", subraya. 

Los pagos, tal y como consta en la documentación analizada por este diario, no se hacían de una vez. En algunos casos llegaron a extenderse a lo largo de seis años, aunque lo habitual es que la deuda con Alfedel se zanjara en dos ejercicios. No obstante, a preguntas de este periódico, Ferrón del Río aseguró no poder contestar con exactitud a la pregunta de cómo se hacían los pagos. "No se pagaba en tres años, yo creo que de una vez, pero no lo sé, tampoco puedo contestar", señaló.

Asimismo, Ferrón del Río señaló que él reclamaba a los cooperativistas el 7% de la inversión inicial aunque asegura que no ha cobrado "de la mayoría de los colegios". "Mi deuda es subordinada, cobraré dentro de 15 años, aunque yo ya sé que lo tengo perdido. Lo que yo cobro queda para cuando haya beneficios", señala. "No hay que olvidar que en el Colegio Villamadrid, que nadie quería hacer un colegio en la Colonia Marconi, nadie me daba un crédito y avalé hasta con los dientes un crédito de tres millones de euros. Realmente di el crédito para comenzar la obra, y todavía continúo de avalista", añade.

La realidad es que, según los datos de Hacienda, Alfedel ingresó más de 19 millones de euros procedentes de las cooperativas.

Una mordida de 1,14 millones 

¿Y cuál era la relación entre Ferrón del Río y la trama Púnica? La investigación judicial debe aclarar si el administrador de Alfedel era realmente un testaferro de Marjaliza. Pero de lo que no hay duda es de que, por cada colegio puesto en marcha, Marjaliza se llevaba una comisión de 1,14 millones de euros. Al menos desde 2007.

Entre los documentos presentes en la investigación de la trama Púnica está un contrato [consultar aquí en PDF] firmado dicho año, al que ha tenido acceso infoLibre, que viene a legalizar ese cobro de las mordidas por parte de Marjaliza, el socio del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados. En virtud de ese contrato, el presidente de Alfedel –a través de su sociedad cooperativa Magerit– acuerda con Marjaliza –que participa con su empresa Servicios Logísticos– que "le gestione la adquisición de suelo en la Comunidad de Madrid con el fin de construir un centro escolar".

El contrato estipula que en el caso de que se adjudicara a Magerit la parcela apta para la construcción del centro "se considerarán finalizados los servicios contratados" a la compañía de Marjaliza, recibiendo esta unos honorarios de 990.000 euros, a los que se añadía el IVA para sumar en total 1.148.400 euros. La comisión pactada, según recoge el contrato, se abonaría en dos plazos y mediante "un talón nominativo". 

Es decir, que por "buscar" el suelo para cada colegio Marjaliza ingresaba una comisión de casi un millón de euros.

Entre los documentos que están siendo analizados por el juez Velasco constan también sendos informes tanto de la Guardia Civil como de la Fiscalía Anticorrupción que ponen negro sobre blanco el papel que Granados y Marjaliza jugaban en la trama en relación al negocio creado en torno a la construcción de colegios concertados. Así, en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que tiene fecha del 24 de octubre de 2014, se detalla que Marjaliza "con el transcurso de los años ha ido ampliando su complejo entramado de sociedades", unas compañías que ha utilizado "para poder rentabilizar los contactos e influencias públicas y políticas en sectores diversos como el de los colegios".

La Fiscalía, en otro escrito, en este caso del 29 de enero de 2015, señala que Marjaliza "a raíz de la crisis del negocio inmobiliario se introdujo en otros sectores donde siguió utilizando sus influencias". Y la principal influencia política que tenía era su amigo y socio Granados. 

No obstante, la Guardia Civil advierte –en este caso en un escrito fechado el 22 de abril de 2015– que en el caso de los colegios de Alfedel "pese a que ya se han iniciado ciertas indagaciones no ha sido posible todavía ni siquiera comenzar el análisis", circunstancia que atribuyen a "la amplitud de la investigación y la limitación de medios". Por tanto, la cuestiones reveladas hasta el momento pueden ser sólo el principio. 

Denuncia de CCOO

Las revelaciones de infoLibre sobre los ingresos de la trama, gracias a la puesta en marcha de los colegios concertados han generado malestar en la comunidad educativa. La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid denuncia el "escándalo" que suponen estos ingresos, referidos exclusivamente a construcciones de colegios concertados y privados. Así, aseguran que para poner las cifras en contexto es importante ver la evolución de las cantidades destinadas a conciertos y subvenciones en la Comunidad de Madrid, que pasaron  de 399,6 millones de euros en 2001 a 913,6 millones en 2011. El incremento es, por tanto, del 129%. En el mismo período –según cifras aportadas por el sindicato– el resto de los capítulos del presupuesto de Educación sólo tuvieron un incremento del 53%.

El sindicato ha solicitado personarse en la causa que investiga el juez Eloy Velasco. Su secretaria general, Isabel Galvín, asegura que CCOO seguirá "hasta el final para exigir responsabilidades y que el dinero se recupere para la educación madrileña". 

En España tenemos decenas de ejemplos de no asunción de responsabilidades políticas, pero llama la atención el caso de Esperanza Aguirre, mujer de talento político, con ideología, aparentemente simple, que conecta con facilidad con ciertas capas de la ciudadanía, con gusto para hablar de liberalismo pero aplicarlo en clave de “amiguetes”, con una inmensa voluntad de poder y manejo del cinismo, fue quien, durante años, ha sido la persona más poderosa del PP en la Comunidad de Madrid y, sin embargo, no se siente nada responsable en ninguno de los escándalos producidos en su entorno más próximo, ni del estallido de sus manipulaciones en Caja Madrid y Bankia, hasta su quiebra, ni de la ocupación del poder en Telemadrid o el Canal de Isabel II, ni de las corruptelas en las que participaron sus más próximos colaboradores, en Gürtel y en Púnica.

Ella parece que no estaba, los culpables son los demás, aunque fueran nombrados por ella misma, la lista de imputados es interminable: Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Manuel Lamela, Jesús Sepulveda, Guillermo Ortega, etc… hasta el extremo de que quien fue su mano derecha, Francisco Granados, aparece como uno de los cabecillas de la trama Púnica, estando imputada la también cercana colaboradora a la lideresa popular, Lucía Figar.

Ella quiso dejar en herencia la presidencia de la Comunidad de Madrid a su protegido, Ignacio González, sin elecciones de por medio, a quien un ático le complicó su futuro político, hasta llegar a que el número dos de éste, Salvador Victoria, sea también imputado en relación a la Púnica como canalizador de pagos.

El juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, vincula a la trama corrupta con la financiación del PP de Madrid y Aguirre, perseverante en su forma de hacer y decir, manifiesta que es “alucinante” que el juez se atreva a tanto, declarando que nunca se podrían demostrar vínculos económicos entre dicha trama y el PP de Madrid. Pero solo unos días después ha aparecido una transferencia, dentro de la contabilidad oficial popular, enviada en su día al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional con motivo de los casos Bárcenas y Gürtel, que demuestra que el PP madrileño abonó el 21 de junio de 2011 a la empresa Eico Reputación Management, manejada por el “conseguidor” de la Púnica, Alejandro de Pedro, un total de 40.120 euros, todo ello mientras Esperanza Aguirre era presidenta del partido en Madrid y, aún, presidenta de la Comunidad.

Esperanza Aguirre siempre ha negado la mayor en relación a los temas de corrupción que han estallado a su alrededor, aunque sus más íntimos colaboradores estén imputados en ellos e, incluso, sean los organizadores de las tramas, presuntamente delictivas, pero ya, de momento, alguna de sus manifestaciones se ha revelado como no ajustada a la realidad. ¿Es creíble que durante sus años de poder omnímodo en la Comunidad de Madrid nunca supiera nada de las andanzas del Sr. Granados o del Sr. López Viejo? Su inocencia púnica hace tiempo que no es creíble para la ciudadanía, pero lo más llamativo es, a estas alturas, su falta de asunción de responsabilidades.

Nada hace más daño a la democracia que responsables políticos que actúan como irresponsables.

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Mario Martín Lucas es socio de infoLibre

La exconsejera de Educación madrileña, Lucía Figar, reconoció el pasado 26 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que conoció al presunto conseguidor de la trama Púnica, Alejandro De Pedro –que realizó trabajos de posicionamiento online para su departamento– en una reunión organizada en la sede del PP en 2010, a la que fue convocada por el entonces secretario general del partido en Madrid Francisco Granados.

"Le conozco en la sede del PP en Genóva en el contexto de una charla sobre redes sociales a la que fui convocada por el secretario general, a la que acudía en calidad de experto", señaló la exconsejera durante su declaración judicial, a cuya grabación ha tenido acceso Europa Press. Unas semanas después, De Pedro solicitó ser recibido en la Consejería de Educación para ofrecer sus servicios, que finalmente fueron contratados.

El juez investiga contratos por valor de 80.000 euros que Educación habría firmado con Madiva –una de las empresas de De Pedro– para trabajos de posicionamiento online, y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada Study In Madrid. Para la Fiscalía, los primeros trabajos buscaban mejorar la imagen personal de la Consejera, y ello se pagó con dinero público.

A lo largo de su declaración –que se extendió durante casi dos horas– Figar niega haber realizado un "contrato a medida" al empresario, tal y como sospecha el juez y se lo manifiesta de forma reiterada, y que este obedeciera al "pago de otra cosa". Niega tajantemente saber si De Pedro era afín a la ideología del partido o le recomendaran contratar con él.

"A mí nadie me ha encargado mimarle", asegura la exconsejera en un momento del interrogatorio, para añadir que su relación con él "no era ni habitual, ni de mimos". "Nadie, de nadie de nadie me dice que tengo que tratar bien a Alejandro de Pedro ¿Quién me lo iba a decir?", señala en otro momento, a lo que Eloy Velasco le responde: "Eso es lo que quiero yo saber".

El magistrado se muestra especialmente duro en su interrogatorio con la exconsejera desde el inicio, cuando anuncia a Figar que le preguntará "por el pago de favores a Alejandro de Pedro para la contratación para realizar trabajos reputacionales y de influencia en redes para su persona con cargo a dinero público". De igual modo sobre el "amaño de contratos" para la fundación Madrid+D.

"¿Yo? ¿alcaldesa de Madrid?"

En otro momento de la declaración, el juez le pregunta –al hilo de declaraciones intervenidas en la causa entre De Pedro y uno de sus socios– si ella pudo comentar al empresario que tenía previsto presentarse como alcaldesa de Madrid. "¿Yo? Es mentira y nunca ha estado en mi cabeza ni en mi intención", responde en este punto la exconsejera, a la que se le escapa incluso la risa.

En este contexto, tanto la fiscal como el magistrado inquirieron a la exresponsable de Educación en Madrid si podría haber utilizado su contrato con De Pedro para hacer promoción de su imagen personal, extremo que también negó. "A mí esta persona no me hacía nada de reputación, trabajaba para la Consejería", contestó Figar de forma tajante.

Figar explicó que contrató con la empresa de De Pedro porque su gabinete de prensa le venía reclamando la necesidad de hacer algo para contrarrestar los bulos e informaciones falsas en redes sociales.

También cuestiona el magistrado el formato de los contratos, todos ellos de carácter menor, por lo que no se sometían a concurso público. Figar insiste en que está "tranquila" porque se adaptan a la normativa vigente.

"Lo que me llama la atención por qué cuando se acaba el dinero de la contratación menor dejan de emitirse los informes sobre redes sociales", apunta el juez Velasco, que añade que "como son cosas hechas a la medida parece que importa más dar una cantidad a un señor que lo que el señor da a cambio (...) Era una cobertura de otra cosa?" Figar le responde: "Cómo van a ser cobertura de otra cosa señor juez, eran esenciales para el gabinete de prensa".

Por su parte, las fiscales Anticorrupción ponen en duda que el contrato de imagen online sea un tema institucional por un asunto que obligó a Figar a dar explicaciones públicas en relación con el cobro por su parte de un cheque guardería por tener familia numerosa. Figar afirma que lo que hizo su gabinete al respecto fue aclarar este asunto, para lo que se informó a todo tipo de medios de comunicación, sin ningún encargo especial a De Pedro al respecto.

Sobre el contrato de la fundación Madrid+D para la página dirigida a estudiantes extranjeros, Figar explicó al juez que alguien en la Consejería comentó que el hermano de Alejandro de Pedro ha hecho "un trabajo genial" para Erasmus en el mismo sentido y que por ello se le llamó, si bien desconocía los detalles de dicho contrato.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lleva imputadas desde octubre pasado a 90 personas y tres sociedades en la investigación de la trama de corrupción Púnica, que se adjudicó contratos en tres comunidades autónomas, una diputación y una decena de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Europa Press detalla quiénes son los encausados:

Los líderes

- Francisco Granados, exconsejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Exsecretario general del PP madrileño.

- David Marjaliza, constructor, amigo de la infancia de Granados y socio de este en varios negocios.

- Alejandro de Pedro, empresario informático experto en reputación online y presunto conseguidor de la trama.

Los miembros de la red

- José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena (PSOE) y socio de De Pedro.

- Ana María Ramírez, secretaria personal de Marjaliza y "mano derecha" del constructor.

- Antonio Cándido Ruiz, presunto testaferro de Marjaliza.

- Eduardo de la Peña, presunto testaferro de Marjaliza.

- Antonio Serrano, presunto testaferro de Marjaliza.

- José Luis Huerta, dueño de Waiter Music.

- Ramiro Cid, constructor y promotor inmobiliario vinculado a Granados y Marjaliza.

- José Manuel Rodríguez Talamino, guardia civil que advirtió a Granados de la existencia de la investigación judicial.

- Adela Cubas, esposa de Marjaliza.

- Ana María Marjaliza, hermana del constructor.

- Juan José Sánchez Barceló, joyero de Marjaliza.

- Olga Sánchez Barceló, joyera de Marjaliza.

- Nieves Alarcón, esposa de Granados.

- María del Carmen Arcas, secretaria de Granados.

Los cargos de la Comunidad de Madrid

- Lucía Figar, exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid.

- Salvador Victoria, exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid.

- Manuel Pérez Gómez, exconsejero y exviceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid.

- José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid.

- Isabel Gallego, ex directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid.

- Edelmiro Andrés Galván, exasesor de Granados en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro.

Los cargos de la Región de Murcia

- Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia.

- Mariola Martínez Robles, ex directora general de Turismo de la Región de Murcia.

- José Fidel Saura, ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria de la Región de Murcia.

- Reyes Samper, ex directora del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

- Jesús Norberto Galindo, secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

Los cargos de la Diputación de León

- Martín Marcos Martínez, expresidente de la Diputación de León.

- Manuel Jesús Sánchez, ex interventor general de la Diputación de León.

Los alcaldes

- Agustín Juárez, exalcalde de Collado Villalba (PP).

- Gonzalo Cubas, exalcalde de Torrejón de Velasco (PP) y cuñado de Marjaliza.

- David Rodríguez, exalcalde de Casarrubuelos (PP).

- José María Fraile, exalcalde de Parla (PSOE).

- José Carlos Boza, exalcalde de Valdemoro (PP).

- José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro (PP) y ex diputado regional.

- Antonio Sánchez, exalcalde de Serranillos del Valle (UDMA).

- Carlos Alberto Estrada, exalcalde de Moraleja de Enmedio (PP).

- Mario Utrilla, exalcalde de Sevilla La Nueva (PP).

Los concejales y los trabajadores municipales

- Alejandro Utrilla, concejal de Medio Ambiente de Móstoles (PP).

- Victoria Muñoz Agüera, exconcejal de Obras Públicas de Parla (PSOE).

- Antonio Borrego, exjefe de Gabinete del Ayuntamiento de Parla.

- Avelino Pérez, asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Parla (IU).

- Elena María Fernández Pérez, ingeniera municipal de Parla.

- José Javier Hernández Nieto, exconcejal de Hacienda de Valdemoro (PP).

- Juan Fernando Prado, exconcejal de Cultura de Valdemoro (PP).

- José Luis Navarro Soto, arquitecto municipal de Valdemoro.

- Alfredo Ovejero, exjefe de Gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro.

- Alberto Sánchez Caballero, segundo teniente de alcalde y concejal de Obras de Collado Villalba (PP).

- Teresa Martín, ingeniero municipal de Moraleja de Enmedio.

Los directivos de empresas

- Didier Roger Maurice, director general de Cofely.

- Constantino Álvarez, jefe comercial de Cofely.

- Pedro García Pérez, miembro del departamento comercial de Cofely.

- José Antonio Hernández, jefe de Operaciones de Cofely.

- Víctor Manuel Ortega, supuesto intermediario de los pagos a Cofely en Collado Villalba.

- Manuel Casado, supuesto intermediario de los pagos a Cofely en Collado Villalba.

- Javier Susan, director general de Servicios de Cofely.

- Javier de Andrés, consejero delegado de Indra.

- Santiago Roura, director general de Operaciones de Indra.

- Ana Mayoral, empresaria de Valdemoro.

- Alfonso Ferrón, dueño de Alfedel, promotora de colegios concertados.

- Francisco Colado, presidente de Normetal S.A.

- Julián Giménez de los Galanes, consejero de Normetal S.A.

- Alfonso Luna, empresario.

- Francisco Eduardo Ruiz, empresario adjudicatario de concursos de la Diputación de León.

Resto de imputados

Antonio Brosed, Juan Luis Aguilera, Ramón Serrano Morales, José Torres Torres, Eduardo Cubas Naranjo, María Magdalena Navarro Castillo, Carlota Amor Moreno, Elena Moreno Pascual, Juan José Amor Moreno, Luis Moreno Torres, Carla Sánchez Hernández, Esther Giménez Pastor, Francisco Javier Fernández Ayala, Benjamín Fernández Ayala, Alberto Francisco Sanjurjo Álvarez, José Ramón Carabante Aguilera, Miguel Ángel Díaz Baeza, Francisco Javier Díaz Baeza, Víctor Manuel Sobrino, Roberto de Francisco Garrido, José Antonio Hervías León, María Luis González del Olmo, Víctor Torres Martínez y Sergio Ortega Hernando.

Sociedad imputadas como personas jurídicas

- Cofely España Sociedad Unipersonal.

- Madiva Editorial Publicidad.

- EICO Online Reputación Management.

El auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha levantado este miércoles el secreto de la operación Púnica desvela que entre los imputados figura Javier de Andrés, consejero delegado de IndraIndra, la primera multinacional tecnológica española y donde el Estado posee una participación del 20% a través de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). Con 39.000 empleados, el gigante tecnológico facturó 2.914 millones de euros en 2013. 

Hasta ahora, se conocía la imputación del ya ex director general de la compañía, pero no la del consejero delegado, que mantuvo el cargo después de que el anterior presidente, Javier Monzón, fuese sustituido por Fernando Abril Martorell en enero. 

Además de De Andrés, también permanece imputado el director general de Operaciones de Indra, Santiago Roura, dato que ya trascendió al comienzo del caso.

Secreto de las rogatorias

La resolución del juez Velasco, al que ha tenido acceso infoLibre, confirma que el instructor ha decidido mantener todavía secreta una parte del caso, en concreto la relacionada con las comisiones rogatorias.

Sobre la presunta implicación de Javier de Andrés y Santiago Roura en la trama corrupta, la resolución del juez Velasco destaca cómo ambos, Javier de Andrés y Santiago Roura, participaron en el supuesto encubrimiento de pagos a la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), con la que los imputados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa prestaban a políticos de distintas administraciones, entre ellas la Comunidad de Madrid, servicios de mejora reputacional en internet.

“Respecto a la línea de investigación vinculada a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa en la Comunidad de Madrid –dice el auto–, se patentiza la realización de trabajos o encargos a Alejandro de Pedro por parte de altos funcionarios de dicha comunidad, no abonados ni justificados de manera contable y la articulación de formas de pago encubiertas, utilizando adjudicaciones de contratos en vigor como el de Indra, con la participación de los imputados Santiago Roura Lama y Javier de Andrés González, director general de Operaciones y consejero delegado de dicha empresa respectivamente”.

El sustituto provisional de Fígar, también imputado

El auto contiene una segunda imputación desconocida hasta la fecha: la de Manuel Pérez Gómez, quien sustituyó por poco más de tres semanas a Lucía Figar cuando la antaño poderosa consejera de Educación se vio forzada a dimitir por su implicación en el caso y para no entorpecer las negociaciones del PP con Ciudadanos para la investidura de Cristina Cifuentes.

Viceconsejero con Figar y consejero solo entre el 4 y el 27 de junio, cuando los integrantes del Gabinete de Cifuentes tomaron posesión de sus cargos, Pérez Gómez había ocupado distintos puestos de segundo nivel en distintos gobiernos de Esperanza Aguirre y, luego, de Ignacio González.

La inclusión de Pérez Gómez en la nómina de imputados empeora el panorama para el PP madrileño en una investigación que sitúa al hasta hace días número dos del Gobierno regional, Salvador Victoria, como uno de los ejes de la trama de cobro de comisiones a cambio de contratos en la Comunidad. Son los también imputados José Martínez Nicolás, exjefe de la Agencia de Informática de Madrid, y el empresario Alejandro de Pedro, quienes implican al exdirigente en la trama.

Según Nicolás, Victoria ordenó cobrar 120.000 euros en negro a la empresa Indra, y también habría entregado 10.000 euros en B a De Pedro. El ya exconsejero de Presidencia niega los hechos. Este lunes, el juez Velasco acordó prohibir la salida de Victoria de España.

La también ya exconsejera Lucía Figar, por su parte, contrató supuestamente servicios de las empresas Madiva y EICO –propiedad de De Pedro– por un coste total de 80.000 euros entre 2012 y 2014. Estos contratos tenían como objetivo mejorar el posicionamiento de las noticias que afectaran a la consejera en internet. También acordaron la creación de una página web que divulgase en el extranjero los estudios universitarios que pueden seguirse en Madrid.

Reputación de Aguirre

De la importancia de las relaciones de la trama con el Gobierno madrileño de Ignacio González habla el siguiente dato, adelantado en exclusiva por infoLibre este martes: la red generó decenas de noticias para mejorar la reputación en internet de Esperanza Aguirre, y así lo confirma un informe de EICO, cuyo propietario es el conseguidor de la red corrupta, Alejandro de Pedro, al que ha tenido acceso este diario.

El contrato entre EICO y la Comunidad de Madrid, que generó un mínimo de 120.000 euros de beneficio a la red Púnica, se firmó en abril de 2012. Y la responsable en el Gobierno madrileño era Isabel Gallego, la directora general de Medios en la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre y después de Ignacio González. Gallego, que aseguró al juez Eloy Velasco que no guardaba ninguno de estos informes, está imputada por el contrato.

Este periódico trató, sin éxito, de contactar con la empresa Indra para incluir su versión de los hechos en la información.

Sólo en esta semana, el Partido Popular ha visto cómo daban un paso atrás Lucía Figar y Salvador Victoria en Madrid, Alfonso Rus en Valencia y Francisco Javier León de la Riva en Valladolid. Todo en un contexto de intensas negociaciones del partido, sobre todo con Ciudadanos, para formar gobiernos municipales y autonómicos en los próximos días.

En el PP hablan de cambio de ciclo, de salto de una etapa en la que se era menos contundente con los escándalos de corrupción a una etapa en la que la respuesta es más rápida, aunque algunos de estos escándalos llevasen años coleando. Un giro cuyo mérito atribuyen "al compromiso del partido y del Gobierno contra la corrupción y a la asunción de responsabilidades por parte de los afectados".

Pero no pasa inadvertido que estos anuncios de renuncias o dimisiones se producen en medio de la demanda de Ciudadanos de que cualquier formación que quiera su apoyo debe cumplir una serie de condiciones en las que la asunción de responsabilidades políticas ante cualquier caso de corrupción es clave. Y tampoco pasa inadvertido que las dimisiones anunciadas anteriormente han estado precedidas en la mayor parte de los casos de presiones de las respectivas direcciones regionales para que diesen un paso atrás por el bien del partido.

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Alfonso Rus, alcalde en funciones de Xátiva (Valencia) y presidente de la Diputación en funciones. Antes del inicio de la campaña, el PP le suspendió de militancia después de que se filtrase la grabación de una conversación en la que supuestamente se le podía escuchar contando dinero en un coche. Pero él se aferró al cargo y continuó como cabeza de lista de su ciudad. Y aguantó hasta este miércoles, cuando renunció a ser candidato de la lista municipal del PP. Es decir, a recoger el acta.

Si en algún momento tuvo alguna duda sobre si los ciudadanos le iban a dar su apoyo cuando el escándalo que le afecta estaba en plena ebullición, el 24-M recibió un duro golpe de realidad: el PP de Xátiva, cuya lista fue encabezada por él, pasó de ser el favorito a ser la tercera fuerza tras PSPV y EUPV.

Con su marcha, el PP se ahorra las tensiones que iba a haber entre él y el resto de integrantes de la lista el próximo sábado, día en el que se constituirán los ayuntamientos. La dirección nacional del partido insistía en que en campaña no podía tomar ninguna medida contra él, sólo cruzar los dedos para que se marchara. Pero que la reacción llegaría en el momento de la constitución del consistorio. No va a hacer falta. El propio afectado ha dejado el camino despejado.

Las fuentes conservadoras consultadas por infoLibre admiten que les habría gustado que Rus diese un paso atrás antes del inicio de la campaña para evitar dar munición al adversario político, pero sostienen que hay que quedarse con lo "positivo" y que lo "positivo" es que la formación se va desprendiendo de determinados dirigentes que no encajan en lo que necesita el PP de cara a las elecciones generales. "Los escándalos ya no los podemos borrar", señala un dirigente provincial.

En este sentido, mantienen que estos ceses o dimisiones hay que entenderlos más en el contexto global, aunque luego tengan mayor repercusión en los territorios en los que ocurren. "A la hora de buscar las causas de nuestros resultados del 24-M no podemos pasar por alto los escándalos de corrupción que nos han afectado en los últimos años. Los ciudadanos tienen que percibir que algo ha cambiado, que nuestro compromiso por la regeneración va en serio", recuerda.

La caída de De la Riva

Un día después del anuncio de Rus fue el turno de Francisco Javier León de la Riva. El veterano alcalde de Valladolid y el hombre que volvió a encabezar la lista al consistorio castellanoleonés pese a que cuando la dirección nacional del partido le ratificó como candidato ya se conocía de su delicada situación, decía adiós este viernes y dejaba su puesto de alcalde en funciones en manos de la primera teniente de alcalde.

León de la Riva no estaba en disposición de recoger su acta de concejal porque está inhabilitado para el ejercicio del cargo de edil o regidor municipal por una sentencia que le condena por un delito de desobediencia al no adaptar a la legalidad un edificio.

La pelea por el Gobierno de Madrid

De todas las renuncias la que cobra mayor valor a día de hoy es la de Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, y Lucía Figar, consejera de Educación. Estas allanan el camino a Cristina Cifuentes, candidata del PP de Madrid a la Comunidad, para acceder a la presidencia del Gobierno regional.

La exdelegada del Gobierno en Madrid necesita del apoyo de Ciudadanos para ser investida y una de las condiciones de Rivera a la candidata del PP es que prescinda de imputados y rompa con la etapa de Esperanza Aguirre.

La situación del PP de Madrid preocupa mucho en el partido, sobre todo porque es de las pocas formaciones regionales que puede salir un Gobierno. El gesto de Figar y Victoria no ha sido todavía suficiente para que Ciudadanos dé el sí a Cifuentes. De hecho, desde la formación de Rivera sostienen que, de momento, pese a reconocer el avance, están ubicados en el no.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avisado este viernes al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de que si no puede apoyar al PP valenciano "con la misma lógica" tampoco puede apoyar al de Madrid, porque ambos "han estado sometidos a la misma correa, la de la Gürtel".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Sánchez ha redoblado así la presión a Ciudadanos, después de que dos consejeros madrileños imputados en la trama Púnica, Salvador Victoria y Lucía Figar, hayan renunciado a sus cargos para allanar las negociaciones de la candidata del PP a la Comunidad, Cristina Cifuentes, con el partido que lidera Rivera.

A la trama Púnica ha aludido también el líder socialista, recordando que su cabecilla, Francisco Granados, fue "una persona de la máxima confianza" de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. Por eso, preguntado si la marcha de Figar y Victoria facilita el camino a Cifuentes, ha respondido: "Ciudadanos dice que quiere regenerar la vida democrática en Madrid y la mejor forma es mandar al PP a la oposición".

Gabilondo, "irreprochable"

Además, ha recordado que Cifuentes tuvo responsabilidad en el PP de Madrid con Aguirre y también en la Asamblea madrileña, y por todo ello ha pedido a Ciudadanos que pase "de las palabras a los hechos" y elija entre el PP de Madrid y "una figura irreprochable como Ángel Gabilondo", el candidato socialista a la Comunidad.

Sánchez ha asegurado que no se alegra de que Gabilondo –su apuesta personal para la Comunidad– sacase mejor resultado en Madrid que el candidato a la alcaldía, Antonio Miguel Carmona, con quien ha dicho tener una buena relación personal y del que ha destacado que "conoce perfectamente la realidad de Madrid".

Eso sí, ha reconocido que el PSOE tiene un problema en las grandes urbes, empezando por Madrid, Barcelona y Valencia, que deben ser "objeto prioritario del nuevo PSOE".

Así, pese a que considera que el PSOE sale de estas elecciones habiendo demostrado que es la alternativa al PP, ha insistido en que su intención no es "gobernar a cualquier precio" ni "echar a nadie", de manera que allí donde es tercera fuerza le corresponderá a otros gobernar, como es el caso de la ciudad de Madrid. "No vamos a permitir que la señora Aguirre sea la alcaldesa de Madrid, por múltiples motivos", ha avisado.

Este es, a grandes rasgos, el PP en el que tiene que apoyarse Cifuentes para lograr ser investida presidenta y no sólo ella. También es el PP en el que tiene que apoyarse Mariano Rajoy en su carrera hacia revalidar otro mandado en la Moncloa. Tradicionalmente, para los conservadores, la movilización del partido en Madrid ha sido clave en escenarios de elecciones generales.

Con todos estos elementos en la coctelera, dirigentes nacionales, diputados regionales y miembros del Gobierno consultados en los últimos días por este diario consideran que el presidente del PP debería tomar el control del partido en Madrid mediante una gestora hasta principios de 2016, cuando la dirección nacional tiene previsto dar luz verde a las direcciones regionales para sus respectivos congresos. "Un partido presidido por Aguirre y González son todo lo contrario a la refundación prometida por la propia Aguirre en la primera rueda de prensa que dio tras las autonómicas. La necesidad de cambio es un clamor", mantiene un diputado nacional.

A nivel regional, el PP sólo ha dado luz verde a una gestora recientemente. Hace un años puso Pablo Zalba al frente de la creada en Navarra tras la marcha del que fuera presidente del PP de la comunidad foral, Enrique Martín de Marcos.

El eterno debate de la gestora en Madrid

En las filas del PP de Madrid, y especialmente a su presidenta, la palabra "gestora" les suena mucho. Y la temen. En los últimos años, la dirección nacional del partido ha barajado esta posibilidad en, al menos, dos ocasiones.

La primera vez tuvo lugar en septiembre de 2012. Esperanza Aguirre anunció que se retiraba de la primera línea de la política y que dejaba el Gobierno en manos de su mano derecha, Ignacio González. Fuentes conocedoras de lo que pasó puertas adentro del partido por estas fechas aseguran que horas después del anuncio,María Dolores de Cospedal, secretaria general llamó a la lideresa para exigirle un paso atrás en el partido. La idea que Génova intentó trasladar a Aguirre fue la de que era ilógico que ella siguiera al frente del partido cuando la tradición del PP marca que los presidentes regionales sean los presidentes o los candidatos a la presidencia de las comunidades autónomas.

Aguirre dijo no. Y se anotó un tanto.

Este mismo argumento fue resucitado por Cospedal hace unos meses, cuando, por orden de Rajoy, ofreció a Aguirre la candidatura al Ayuntamiento de Madrid. El acuerdo era el siguiente: si era cabeza de lista, tenía que dejar el partido en manos de una gestora. Y otra vez ganó Aguirre: fue candidata y no hubo gestora de por medio. Tan sólo un pacto consistente en que si llegaba a la Alcaldía de Madrid daría el paso atrás en el siguiente congreso del partido. 

Transcurridas las elecciones, Aguirre ha ganado, pero las cuentas no le salen para ser alcaldesa. A priori esto no tendría que ser un problema. En circunstancias normales, el PP de Madrid podría aguardar hasta 2016 para su congreso. Pero los escándalos de corrupción, unidos al permanente papel desafiante de Aguirre hacia a Génova hacen pensar a un nutrido grupo de dirigentes y cargos públicos que ahora ya no hay excusas para la gestora.

Génova no quiere conflictos de cara a las generales

Otra cosa piensa la dirección nacional del partido. Salvo cambios de última hora, en Génova, sede del partido, impulsar una gestora en Madrid no pasa por ser una de las prioridades.

Para el entorno de Rajoy sería "complicado" actuar para sustituir a Aguirre y no hacer nada para relevar a los presidentes regionales del PP a Aragón (Luisa Fernanda Rudi), Baleares (José Ramón Bauzá) y Comunidad Valenciana (Alberto Fabra). Días después del 24-M, los tres anunciaron su intención de dejar sus respectivas presidencias regionales en la formación. Bauzá, de hecho, mantuvo que lo haría antes de las vacaciones de verano y la dirección nacional del partido ya le ha frenado más de una vez asegurando que ni él ni nungún otro compañero tendrá permiso para convocar un congreso regional hasta 2016, cuando Rajoy ya se haya examinado ante las urnas.

En el partido explican que es natural que este tipo de procesos se vean envueltos en polémicas o agitados por partidarios de uno u otro candidato –en los casos en los que hay más de uno– y que estos ambientes no son los idóneos para un partido que tiene mucho que trabajar de cara a las generales dado que este 24-M ha perdido todas las mayorías absolutas en las comunidades y 2,4 millones de votos en las municipales.

A este respecto, la secretaria general del PP se reunió el pasado martes en la sede del partido con responsables regionales y provinciales del partido. Además de pedirles responsabilidad y no hacerse "daño" entre ellos, aprovechó para recordarles que ahora toca formas gobiernos regionales y ayuntamientos. 

Otra cosa sería que la propia Aguirre dé un paso atrás y deje el partido. Se trata, no obstante, de un escenario que no encaja en ella según quienes la conocen. Y que, por el contrario, si encajaría en la forma de Rajoy de abordar los conflictos. Es lo que los que conocen llaman el 'método Rajoy'. "Consiste en acabar con sus problemas y rivales a base de indiferencia", relata un dirigente regional. En los últimos años hay muchos ejemplos de ello: Jaime Mayor Oreja, Ana Botella o Alberto Ruiz-Gallardón anunciaron su retirada al no sentirse apoyados por el presidente del Gobierno y del PP.

¿Qué haría Aguirre si fuera Rajoy?

Los cada vez menos apoyos con los que cuenta Aguirre aborrecen la idea de una gestora. Prefieren un congreso en el que medir sus fuerzas. Mientras, fuentes de la dirección nacional del PP reclaman a Aguirre que se ponga en el lugar de Rajoy y reflexione sobre qué haría ella si fuera presidenta nacional del partido y tuviese una formación regional como la de Madrid, tan agitada por la corrupción y con miembros de su dirección en el punto de mira de la Justicia. Desde 2009, cuando estalló la Gürtel a día de hoy, han sido muchos los excargos de confianza de la presidenta que se han tenido que apartar por su implicación en este tipo de escándalos. Nombres como los de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch Tejedor, Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega, Francisco Granados... han estado ligados al PP de Madrid.

La situación del PP de Madrid preocupa mucho en el partido, sobre todo porque es de las pocas formaciones regionales que puede salir un Gobierno, el de Cristina Cifuentes en este caso. Algunas de las fuentes consultadas tienen miedo de que nuevas imputaciones en la Púnica o poca contundencia con la corrupción echen por los suelos las conversaciones con Ciudadanos, el partido presidido por Albert Rivera. Por eso, en la mañana de este jueves, cuando Victoria y Figar anunciaron que se marchaban por el bien de los pactos, más de uno en el PP sintió un alivio.

Pese a que ambos vincularon su decisión al hecho de no hacer daño al partido en un momento tan delicado, en el partido recuerdan que ambos estaban cumpliendo con la exigencia de Aguirre en la primera fase de la Púnica: político imputado, cargo que renuncia. 

Sin pistas sobre la decisión que Rajoy tomará sobre Madrid y el momento en el que lo hará, en el partido sí tienen claro que el relevo de Aguirre en el PP de Madrid es Cristina Cifuentes. 

Quién le iba a decir a Figar, que lloró por la marcha de su mentora Esperanza Aguirre, terminaría saliendo de la política antes que la lideresa:

A quien corresponda, todo el PP está en el punto de mira de la Justicia:

¿Dónde se ha metido la candidata a alcaldesa?

Dimisiones escalonadas en el seno del Gobierno saliente en la Comunidad de Madrid, en manos del Partido Popular. El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, presentó este jueves su renuncia a Ignacio González. Su marcha se produce dos días después de ser llamado a declarar por el juez Eloy Velasco en la segunda fase de la Operación Púnica y en un momento en el que se agota el plazo para que la candidata del PP a la Comunidad en las pasadas elecciones, Cristina Cifuentes, logre una mayoría suficiente para gobernar. Ciudadanos, la formación de la que espera conseguir apoyos, ha puesto como condición a Cifuentes un claro compromiso contra la corrupción y la ruptura con el PP de Esperanza Aguirre.

Minutos después, la consejera de Educación, Lucía Figar, siguió sus pasos. Al igual que Victoria, esta misma semana fue llamada a declarar en calidad de imputada.

Según informó en un comunicado, Salvador Victoria presentó igualmente su dimisión en los cargos del PP de Madrid que ostenta.

El hasta ahora consejero de Presidencia reitera su honestidad política en todos los aspectos de su gestión como cargo público de la Comunidad de Madrid, negando cualquier hecho del que se le acusa. Así figura en el comunicado.

Al margen de estas circunstancias, Salvador Victoria ya anunció el pasado 9 de abril su intención de abandonar de manera temporal la política por motivos estrictamente familiares y personales, tras más de doce años vinculado al gobierno de la Comunidad de Madrid. En estos momentos ya se había visto salpicado es este escándalo de corrupción, concretamente en la investigación abierta para dilucidar si cargos del PP de Madrid o del Gobierno regional habían utilizado medios públicos para mejorar su imagen personal en internet.

Por su parte, Figar, que también había anunciado que dejaba la primera línea de la política, señaló que no tiene "ningún apego" a su cargo y que no quiere beneficiarse "ni un segundo de su aforamiento".

"Quiero ir a declarar cuanto antes", dijo al tiempo que aseguró que aún no sabe de que le acusa el juez. También avanzó que estaría dispuesta a dejar también sus cargos en el PP de Madrid.

Miedo en el PP de Madrid

Las imputaciones de Victoria y Figar eran temidas en el PP de Madrid. Pero no eran las únicas esperadas. Los conservadores madrileños, en manos de Esperanza Aguirre, tienen miedo de que la segunda fase de la Operación Púnica se lleve por delante, además, a otros alcaldes de la Comunidad de Madrid que, a diferencia de Figar y Victoria, sí figuraban en la lista de Cifuentes.Reacción de Ciudadanos. "Están cambiando las cosas"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, valoró con "satifacción" las dimisiones de los consejeros madrileños. "Es evidente que el PP y el PSOE están cambiando las cosas, no porque les guste ni porque les apetezca enfrentarse a los suyos, sino porque si no se gobierna", dijo.

No osbtante, señaló que "no hay negociación" y su grupo "está de momento en el no a esa investidura" de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, quien para convencer a su partido debe "romper con el pasado, tomar medidas económicas y sociales" y pronunciarse sobre las propuestas anticorrupción formuladas por C`s.