El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia ha emitido un auto en el que decide la apertura de juicio oral en el caso de las prejubilaciones y planes de pensiones aprobados por el consejo de administración de Caja Segovia para los que fueron sus últimos directivos.

Así lo han indicado desde Izquierda Unida, que está personada como acusación popular en el proceso, junto a la Condeferación Intersindical de Cajas (CIC), mientras que la Fundación Caja Segovia ejerce como acusación particular. En esta causa, la Fiscalía renunció a formular acusación alguna, sino que solicitó el sobreseimiento y archivo.

Las acusaciones solicitan penas de prisión que oscilan entre los tres y los ocho años y las fianzas impuestas suman un total que supera los 50 millones de euros y el auto abre la puerta a que se sienten en el banquillo el que fuera presidente de la entidad, Atilano Soto, así como los exconsejeros Manuel Agudíez, Elena García Gil, Manuel Escribano, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla, por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

La titular del Juzgado también sitúa como responsable civil directo a la aseguradora Caser, con la que Caja Segovia suscribió las pólizas relacionadas con las retribuciones aprobadas. Asimismo, considera partícipes a título lucrativo a Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Javier Varas, Juan Bautista Magaña, Malaquías Folgado y Juan Antonio Folgado.

En los momentos iniciales del proceso también estuvo personada UPyD, que inició la investigación con una denuncia, aunque tras la disolución del partido en Segovia, la asociación heredera de la formación magenta, Centrados en Segovia, se vio obligada a retirarse de esa función.

Indemnizaciones de 17 millones de euros

Los integrantes del consejo de administración y del comité de retribuciones de la caja segoviana avalaron las sucesivas modificaciones de los planes de prejubilación, que poco a poco fueron elevando su importe, convirtiéndose en millonarias, "aumentando la cuantía del fondo creado en 2006 hasta los 17,19 millones de euros".

"Blindaron su percepción mediante unas novedosas pólizas de seguros", explicaba UPyD, que especificaba que los integrantes del consejo "pervirtieron" el sistema de prejubilaciones "con la finalidad de que sus directivos se embolsaran todo el dinero posible con carácter previo a su integración en Bankia".

El jefe de la misión en España de la Comisión Europea durante los años del programa de asistencia financiera, Servaas Deroose, ha asegurado que la aplicación del rescate financiero en España ha sido un "éxito", pues ha resultado en un sistema bancario "más solvente, rentable y resiliente".

Deroose se ha pronunciado así durante su intervención en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro más de cinco años después de que el Gobierno anunciase que solicitaba a Bruselas una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros, de la que finalmente se tomaron 41.300 millones a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), y de los que el Banco de España ha asegurado que el Estado sólo recuperará el 19%.

"La aplicación del programa ha sido un éxito", ha señalado el dirigente comunitario, que ha resaltado la velocidad de aplicación del rescate lograda, según ha explicado, gracias al "claro compromiso" del Gobierno y otras instituciones españolas. "La economía española está de nuevo en pie y en mejor forma que hace cinco años", ha subrayado, según informe Europa Press.

En este sentido, Deroose entiende que la situación de la economía española sería "mucho peor" sin la aplicación del rescate financiero, "con un mayor coste para la economía y para los contribuyentes". En este punto, ha precisado que las medidas de recapitalización interna aplicadas durante el rescate español permitieron ahorrar unos 13.000 millones de euros de la cantidad que finalmente se solicitó al MEDE.

"La salida de España de la crisis y su crecimiento actual se deben a las soluciones que se ofrecieron al sector bancario y a las reformas estructurales que se adoptaron durante el programa (de asistencia financiera)", ha manifestado Deroose.

En esta línea, Deroose ha asegurado que el régimen de supervisión financiera español de aquella época "no estaba preparado" para superar la crisis y ha defendido que el Ejecutivo comunitario hizo "lo que pudo" para subrayar los riesgos que afectaban a la economía española.

Elude responsabilidad de la Comisión

Así, ha recordado que la Comisión Europea, por aquel entonces, no desempeñaba "papel alguno" en la supervisión bancaria, pues su papel era "muy limitado". "La supervisión bancaria era una prerrogativa nacional en el marco gubernamental de aquella época", ha apuntado.

El hombre de negro ha señalado que las medidas que se adoptaron antes de la crisis para reforzar el marco prudencial, entre las que se encuentran las provisiones contracíclicas del Banco de España, resultaron "insuficientes" para evitar que el sector bancario sufriera las perturbaciones combinadas del colapso del mercado de la vivienda y de la deuda soberana en la zona euro.

No obstante, Deroose ha reconocido que el Banco de España estaba limitado, pues carecía de capacidades correctoras y de sanción "suficientes" en aquel momento.

"El régimen de supervisión del sector financiero no estaba totalmente preparado para abordar una crisis de esta magnitud. Las autoridades carecían de un marco adecuado para la resolución bancaria y no había un marco macroprudencial adecuado", ha dicho.

En cuanto al papel de las agencias de calificación, el economista ha reconocido que son "importantes", pero ha sugerido que no deberían tener "tanta importancia", puesto que pueden "incluso" desembocar crisis financieras.

Insta a retomar la privatización de Bankia

Deroose también ha instado a consolidar las reformas estructurales emprendidas en los años de la crisis, así como a finalizar la privatización Bankia y BMN, los únicos bancos españoles que disponen en la actualidad de capital público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El economista entiende que entre los temas por abordar del sistema financiero se encuentra la "necesidad" de privatizar los bancos de titularidad estatal, los activos inmobiliarios latentes y la tasa de morosidad, así como mejorar la rentabilidad de los bancos.

Además, el primer compareciente internacional que participa en la comisión que investiga el rescate financiero ha recomendado reanudar esfuerzos para instaurar políticas más activas en el mercado laboral y acabar con su dualidad, así como mejorar el apoyo a la investigación y al desarrollo.

En menos de dos años, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tenido tres asesores económicos: Manuel de la Rocha, Jordi Sevilla y Manuel Escudero. El primero era el responsable económico de su anterior dirección federal, el segundo le acompañó durante las negociaciones para formar Gobierno en 2016 y cerró el pacto con Ciudadanos, y el tercero ha sido uno de los responsables de coordinar el documento con el que el líder socialista se presentó a las primarias para recuperar las riendas del partido.

Ahora, muchas de esas propuestas se han incorporado a las resoluciones del 39º Congreso Federal, donde el sanchismo se hizo con el control y el número uno compuso una dirección de fieles. Escudero, sin ir más lejos, pilota el área de Política Económica y Empleo de la ejecutiva socialista –en la que también se ha integrado el ex número dos de UGT Toni Ferrer–, y sus planteamientos representan, en muchos casos, un giro a la izquierda con respecto al anterior programa del PSOE y, muy especialmente, con respecto al acuerdo con Cs. De hecho, en la reunión que mantuvieron la semana pasada Sánchez y Rivera no abordaron cuestiones económicas, porque a ojos del partido naranja los socialistas se han "podemizado" y porque ya no hay un espacio compartido.

El propio Escudero abogó, en un encuentro con la prensa a mediados de mayo –cuando Sánchez aún no había ganado las primarias–, por enviar "señales inequívocas al mercado" de que "los salarios bajos se han acabado", crear una banca pública, tasar las transacciones financieras, derogar la reforma laboral del PP... Un planteamiento, resumió, que "marca cierta distancia con la actuación de la socialdemocracia en los últimos veinte años".

infoLibre analiza en qué medida han cambiado las propuestas económicas del PSOE en estos dos años:

Reforma laboral

Que al PSOE nunca le ha gustado la reforma laboral del PP parece claro, pero que ha cambiado su discurso con respecto a ella en múltiples ocasiones no lo es menos: derogación, derogación por partes, sustitución por un nuevo Estatuto de los Trabajadores, demolición de sus elementos centrales... son sólo algunas de las fórmulas que los socialistas han empleado en los últimos años para explicar qué pretendían hacer con respecto a la norma aprobada por el Gobierno conservador.

En la resolución del 39º Congreso Federal se establece con claridad que "la prioridad a corto plazo no puede ser otra que derogarla", porque "ha aumentado la precariedad, los bajos salarios, las desigualdades y el riesgo de pobreza". El nuevo PSOE de Sánchez, por tanto, recupera el planteamiento del PSOE que se presentó a las elecciones generales de 2016, en cuyo programa electoral podía leerse literalmente: "Los y las socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP".

En febrero de 2016, en cambio, Sánchez pactó con Rivera un acuerdo de Gobierno que no hablaba expresamente de derogar la reforma. Esa fue, de hecho, una de las principales críticas que Podemos le hizo a aquel texto, aunque los socialistas argumentaron que en el espíritu del pacto con Cs sí estaba acabar con la legislación laboral del PP. Aquel pacto, además de por el propio secretario general, fue negociado por un equipo donde estaba Jordi Sevilla, un hombre más cercano a los postulados del partido naranja que Rocha o Escudero.

Salario mínimo

El salario mínimo también ha dado quebraderos de cabeza a la dirección del PSOE: en su programa hablaba de subir el SMI para que en dos legislaturas llegara el 60% del salario medio neto, lo que supondría elevarlo hasta unos 1.000 euros. Después, el equipo negociador socialista pactó con Cs una exigua subida de "al menos el 1%" para 2016, lo que lo habría dejado en 655 euros. Ya sin Sánchez, la gestora del PSOE decidió apoyar el techo de gasto para 2017 a cambio de que el Gobierno lo incrementara un 8% para este año, hasta los 707 euros. Y ahora, el PSOE de Sánchez habla de llevar el SMI a los 1.000 euros pero no en ocho años, sino para 2020.

Jornada laboral

En las resoluciones del congreso del PSOE celebrado el pasado junio también se habla, por primera vez, de reducir la jornada laboral de 40 a 35 horas semanales: "Nuestra propuesta es avanzar, como un primer paso, a la jornada de 35 horas antes de 2020", se puede leer en ese documento. En el programa electoral de 2016 no aparecía nada similar: se hablaba de limitar las horas extraordinarias y de garantizar la conciliación, pero en ningún caso de una rebaja generalizada del tiempo de trabajo. Tampoco, por supuesto, en el pacto con Ciudadanos, donde las menciones a la conciliación eran incluso más genéricas.

Renta básica

El PSOE también se ha abierto en esta nueva etapa al estudio de una renta básica, partiendo de su propuesta de ingreso mínimo vital, que figuraba ya en su programa electoral. ¿En qué consistiría esa prestación? En una nueva prestación de entre 426 y 708 euros dirigida a hogares sin ingresos o en situación de necesidad –con rentas inferiores a 7.100 euros anuales– y, al mismo tiempo, en el incremento de la cobertura y la cuantía de las prestaciones por hijo para familias que ingresaran hasta 17.000 euros al año. Los socialistas calcularon que podría beneficiarse a 730.000 hogares. La medida se incluyó en el pacto con Cs.

Ahora, los socialistas consideran que el ingreso mínimo vital debe ser únicamente el punto de partida y que es "inevitable valorar la pertinencia de fórmulas viables relacionadas con una renta básica universal", que podrían pasar por un sistema de transferencias fiscales, también conocidas como impuesto negativo sobre la renta. En la práctica, el Estado fijaría cada año un objetivo de renta mínima anual y los ciudadanos que no llegasen a ese listón tendrían "derecho a percibir de la Hacienda Pública una transferencia" equivalente a la diferencia entre ambas cifras, según refleja la resolución del congreso socialista.

Banca pública

El texto resultante del último cónclave del PSOE también va un paso más allá al referirse explícitamente a la necesidad de crear "un sector de Banca Pública para garantizar el crédito para inversiones a largo plazo, y otro de Banca Cooperativa y Social". Hasta ahora, los socialistas habían apostado por redefinir organismos ya existentes –fundamentalmente el ICO– para lograr que funcionasen como un banco público de inversiones. En el acuerdo con Cs se modificó esa fórmula y se apostó por "crear fondos de inversión público-privados" dirigidos a "sectores de alta tecnología" en "etapas iniciales".

Transacciones financieras

Igualmente se ha concretado la apuesta por poner en marcha un impuesto a las transacciones financieras. En el programa electoral, esa intención se resumía en una apuesta imprecisa por la "puesta en marcha definitiva" de un gravamen de estas características. En el acuerdo entre Sánchez y Rivera, el líder socialista aceptó aparcar esa reivindicación, que desapareció por completo del texto. Ahora, en cambio, se ha recuperado y precisado: el PSOE quiere introducir un impuesto que, como mínimo, grave con un 0,1% la compraventa de acciones y bonos y con un 0,01% las operaciones con productos derivados.

Pensiones

En materia de pensiones, los socialistas han recuperado en los textos de su congreso federal la promesa de derogar la reforma de las pensiones del PP, que ya incluyeron en su programa electoral y que, sin embargo, abandonaron en el pacto con Cs. Además, y aunque en los tres textos se habla de preservar el poder adquisitivo de esas prestaciones, es ahora la primera ocasión en la que, específicamente, hablan de "volver a vincular la subida de las pensiones al IPC" como "media prioritaria".

IRPF

Igualmente se ha ahondado en la idea de reforma fiscal y, en concreto, se han precisado qué cambios habría que introducir en el IRPF: el PSOE quiere ahora "recuperar el tramo del impuesto a rentas altas" que el Gobierno del PP eliminó en 2015 para "redistribuir la carga tributaria" y lograr que el gravamen sea "más progresivo". En su programa electoral, en cambio, planteaba dejar en manos de una subcomisión de expertos el rediseño del impuesto de la renta, y en el acuerdo con Ciudadanos sólo se hablaba de "reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita". 

Entre analistas y espías están más de moda hoy términos como "loan to own" (préstamo para comprar), "cramdown" (imponer acuerdo) o "scheme of arrangement" (plan de reconstrucción de deuda) que otros más tradicionales del oficio como espera, seguimiento, escucha o intercepción. Los términos los han puesto de moda los fondos que han entrado a saco en el tejido empresarial español aprovechando el estrangulamiento del crédito bancario a las empresas. En los últimos años, pero especialmente desde el año 2012, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha advertido de los riesgos de pérdida de soberanía e inestabilidad que conllevan la entrada de inversión extranjera en empresas cotizadas.

La inquietud, explican fuentes cercanas a los trabajos de análisis y seguimiento que realiza el CNI, viene de atrás, pero ha aumentado en los dos últimos años. En 2011, explican, se elaboró y se aprobó por el Gobierno de Rodríguez Zapatero la primera estrategia de seguridad española. La coordinó el ex secretario general de la OTAN Javier Solana y advertía ya entonces como amenazas para la estabilidad del país la inseguridad económica y financiera y la dependencia energética.

Desde entonces, señalan a infoLibre fuentes conocedoras de los trabajos del CNI, los riesgos han aumentado. Y el interés del CNI por los riesgos a analizar también. Especialistas y antiguos miembros del centro han participado en la elaboración de documentos en los que se identifican los riesgos y se proponen mecanismos de protección.

Documentos

En 2012 se elaboraron y enviaron documentos al CNI en los que se advertía de riesgos que se han confirmado. Desde entonces se han sucedido las operaciones en el sector inmobiliario (banco malo incluido) y el mercado financiero.

La lista es larga: fondos como Cerberus, HIG, Apollo, Davidson Kempner, Lone Star, Oaktree, Fortress Investment Group, Centerbridge Partner, Colony Capital, KKR, Anchorange o Brookfield han hecho de España su campo de operaciones ideal.

Los fondos han comprado desde créditos para adquirir automóviles. o créditos morosos de Banco Santander, Liberbank o Bankia, a pisos del banco malo Sareb pasando por financieras (Finanmadrid), empresas de alimentación (Panrico), de juego (Codere) o de ocio (Port Aventura). Por no hablar de la entrada de fondos soberanos (IPC, CEPSA) o Quatar (Iberdrola) o empresas públicas (Pemex, Repsol) en el sector de la energía.

Las operaciones de los fondos, en muchos casos, tienen como marco una legislación (la anglosajona), muy diferente a la española, lo que plantea muchos problemas. Sucede, por ejemplo, con la compra de una parte de la deuda de una determinada empresa para transformarla en acciones, pero sin consentimiento de los accionistas.

Inteligencia económica

El CNI siempre se ha ocupado de cuestiones relacionadas con la economía y las empresas. Pero el área especializada en la tarea ha pasado por diferentes momentos de actividad y de parálisis en los últimos años. Ahora, coincidiendo con los peores efectos de la crisis, trabaja en la reactivación del área de inteligencia económica.inteligencia económica.

Como parte de esa reactivación, el Centro está detrás, como impulsor y garante de su operatividad, del denominado Sistema de Inteligencia Económica (SIE). Se trata de un "órgano de geometría variable" (con más o menos miembros según necesidades) cuyo núcleo estará formado por el propio CNI y representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Economía y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La responsabilidad última del SIE será del jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal.

"Se trata", asegura una fuente conocedora del proyecto, "de poner a disposición de expertos los recursos excepcionales y tutelados legalmente de que dispone el CNI". El SIE ya estaba recogido, junto con la ciberseguridad, como uno de los elementos centrales de la estrategia de seguridad que elaboró el Gobierno Zapatero.

En la nueva versión de la estrategia de seguridad, el peso del SIE es menor, aunque lo que no ha disminuido es la precupación del Centro que dirige Félix Sanz Roldán por los huecos que presenta el sistema financiero y empresarial del país.

 primera junta de accionistas en la que se debían aprobar las cuentas de 2012 y la remuneración de sus consejeros. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca había convocado una protesta ante la sede de la entidad con el lema Sareb es nuestra:

La detención de uno de los participantes en la concentración se ha vivido así en Twitter:

Esta es una de las imágenes del arrestado:

Así explicaba lo ocurrido, ante las cámaras de La Sexta, un testigo presencial de los hechos:

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) negocia realizar una inyección de capital adicional en Banco Gallego para culminar la venta de la entidad a Banco Sabadell, con el fin de cubrir el riesgo inmobiliario y un eventual deterioro de la cartera de pymes, según han informado a Europa Press fuentes financieras.

El FROB controla actualmente el 99,95% de Banco Gallego, a través de NCG Banco, tras efectuar una operación acordeón en la entidad, que finalmente se saldó con la aportación de 80 millones de euros del organismo dependiente del Ministerio de Economía.

La subasta de Banco Gallego no incluye, como ya ocurrió con Catalunya Banc, un esquema de protección de activos (EPA). El saneamiento adicional pendiente para cerrar la adjudicación de la entidad gallega se deriva de la pérdidas esperadas por el crédito destinado a pymes para los próximos dos o tres años, así como por la parte de activos que no han sido transferidos al banco malo (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb). 

Aún queda riesgo inmobiliario

"Con el traspaso a Sareb no se limpió el 100% del riesgo inmobiliario", han recordado las fuentes, que en cualquier caso han limitado la nueva inyección de capital en Banco Gallego a una cantidad "no muy importante". Sabadell habría ofrecido un euro como precio simbólico para cerrar la adquisición de Banco Gallego.

El FROB anunció este miércoles que ultima con Banco Sabadell la "previsible e inminente" adjudicación de Banco Gallego, al considerar que la oferta de la entidad catalana es la "más adecuada", frente a las presentadas por el portugués Banco Espirito Santo y la venezolana Banesco.

Banco Gallego acumulaba unas pérdidas de 275 millones de euros hasta octubre del año pasado. En diciembre de 2012 transfirió a la Sareb activos por 1.025 millones de euros y en febrero de este año el propio FROB cifró en 150 millones de euros el desfase patrimonial de Banco Gallego.

117 sucursales y 370 trabajadores en Galicia

El proceso para la venta de Banco Gallego arrancó a finales del mes de febrero, cuando el FROB distribuyó el cuaderno de venta entre varias entidades y abrió el plazo hasta el pasado día 5 para presentar propuestas en firme, con la intención de tomar una decisión de adjudicación antes de mayo.

Con la integración de Banco Gallego, Banco Sabadell tendrá una cuota de mercado del 7% en número de oficinas en Galicia, ya que sumará las 117 oficinas de la entidad adquirida. Respecto a posibles duplicidades, se darán en Madrid, donde Banco Gallego tiene los servicios centrales y 29 oficinas.

Banco Gallego emplea a unas 370 personas en Galicia y 180 en la región de Madrid, según datos sindicales, y a este personal se debe sumar el resto repartido en sucursales en el resto de España –en todas las comunidades excepto Extremadura y Canarias, así como tampoco Ceuta y Melilla–.