Los trabajadores del periódico Abc están llamados a la huelga los próximos 26 y 27 de este mes, los días en que se celebrará el debate y la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, en demanda de una subida salarial del 4% para este año que la empresa se niega a conceder. La plantilla del periódico del grupo Vocento se suma así a las protestas que este año han llevado a cabo los periodistas de El País, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya, entre los de mayor tirada, para poner fin a más de una década de congelación e incluso recortes salariales.

El pasado mes de julio el comité de empresa del Abc reclamó al grupo Vocento una subida del 4% para toda la plantilla con carácter retroactivo –aplicable desde el 1 de enero–, y del 3% tanto en 2024 como en 2025. También pedía un día de teletrabajo a la semana para toda la redacción y sin vetos, según explican fuentes sindicales. Sin embargo, la respuesta de la empresa fue, tras 14 años de congelación salarial –excepto una subida lineal en 2018 sólo para los sueldos más bajos–, que la negociación de cualquier mejora quedaba postergada a 2024. “Una mera declaración de intenciones”, lo califican las citadas fuentes. Y sin hacer ninguna contraoferta sobre el teletrabajo.

Ante la perspectiva de quedarse sin periodistas para cubrir la investidura, la empresa ya ha convocado al comité antes de esa fecha.

La inflación ha sido la gota que ha rebosado el vaso de la congelación salarial en las redacciones de los principales periódicos españoles. En El Mundo llevaban 15 años sin subir los sueldos, en La Vanguardia y Cinco Días 10 años y en el Diario Sur –también de Vocento–, 12 años. Fue la resaca de los múltiples ERE con que los grupos de comunicación intentaron solventar sus malos resultados durante la crisis financiera.

En abril los periodistas de El Mundo comenzaron a protestar un día a la semana en unas convocatorias que llamaron los Miércoles Negros, copiando los Viernes Negros con los que llevan más de cinco años denunciando la manipulación informativa los trabajadores de la Radio y Televisión de Galicia (CRTVG). Y de la que responsabilizan a Alberto Núñez Feijóo. No llegaron a convocar una huelga, pero sí consiguieron que Unidad Editorial, su grupo editor, les concediese el pasado mes de julio una gratificación de 550 euros este año para los salarios brutos inferiores a 40.000 euros anuales y de 500 para los que superen esa cifra. En 2024 los que cobran menos de 40.000 euros consolidarán 400 euros de esa subida y los que exceden ese sueldo anual consolidarán esa misma cantidad cuando la empresa entre en beneficios. También han conseguido un día de teletrabajo semanal, “siempre que sea posible”. El convenio colectivo, que llevaba años caducado y con la negociación para renovarlo bloqueada, se ha prorrogado hasta 2025.

Un acuerdo parecido han conseguido sus compañeros de Expansión, pero en su caso la gratificación es de 700 euros. También en el deportivo Marca se han pactado subidas lineales del mismo tipo.

Las plantillas de El País y Cinco Días llegaron a convocar dos días de huelga el 7 y 10 de julio, pero la empresa se apresuró a negociar para evitarla. La subida salarial conseguida es de un 4% este año para quienes gana entre 24.000 y 41.000 euros, y del 2% en 2024 y 2025 para todos los niveles salariales. Lo que no significa que la vida en los medios del grupo Prisa sea pacífica. Este mismo mes, Cinco Días ha despedido a dos de sus 44 trabajadores. Según ha denunciado el comité de empresa en su cuenta de X –antes Twitter– la dirección de recursos humanos de Prisa ha dicho que la plantilla está “muy mal acostumbrada” y que deben “acostumbrarse a la cultura del despido”. El comité lo interpreta como una advertencia de que puede haber nuevos despidos en el futuro.

Los periodistas de La Vanguardia también convocaron una huelga, en su caso coincidiendo con las pasadas elecciones generales del 23 de julio, después de nueve meses de negociaciones infructuosas con la empresa. El acuerdo llegó dos días antes de las votaciones: subidas de hasta el 15% para las categorías inferiores y aumentos de 1.700 euros para los sueldos por debajo de 40.000 euros anuales o 1.300 para quienes cobren hasta 50.000. El teletrabajo será voluntario los fines de semana.

Por el contrario, siguen con los Miércoles Negros los trabajadores del Diario Sur de Málaga, que calculan en casi un 25% el poder adquisitivo perdido en 12 años de congelación salarial mientras la plantilla se ha recortado en 50 personas. La batalla también continúa para los redactores de El Periódico de Catalunya, que añaden a las reivindicaciones salariales otras profesionales: que se corrija la falta de periodistas en algunas áreas básicas de la redacción y que se garantice “un plan de futuro digno para la edición digital en catalán”.

Tampoco tiene buenas perspectivas la negociación del convenio colectivo de prensa diaria, el que se aplica a los medios más pequeños y precarios. El próximo día 28 está prevista una nueva reunión entre la patronal del sector, AMI, y los sindicatos. El convenio lleva caducado dos años. Las empresas ofrecen una subida salarial de sólo el 1% que los sindicatos rechazan de plano. El Acuerdo de Negociación Colectiva firmado este año por la CEOE, CCOO y UGT establece un alza para este año del 4%. Y la inflación hasta agosto –2,6%– más que dobla la cifra ofrecida por la patronal. El salario anual de un redactor está fijado en ese convenio en 21.683 euros.

Este ha sido un año salpicado de protestas en los medios de comunicación no sólo españoles. En realidad, comenzó la plantilla de The New York Times en diciembre de 2022, que convocaron la primera huelga en 40 años, para reclamar subidas salariales con que afrontar la inflación. En junio fueron los periodistas de Gannet, el mayor grupo de prensa de EEUU, que publica entre otros USA Today y posee más de 200 cabeceras en todo el país. Los trabajadores denunciaban bajadas salariales del 20% sólo en el último año, el último de los cuatro en que se han sucedido recortes de plantilla que, según explican, han “vaciado las redacciones”.

En Francia, en cambio, los motivos de los periodistas del Journal du dimanche, están lejos de la economía. El dominical no se publicó durante cinco semanas este verano por la huelga de sus redactores, que protestaban así por el nombramiento como director de Geoffroy Lejeune, hasta entonces a la cabeza de una publicación de la derecha radical, Valuers Actuelles, que fue condenada por injurias racistas. Es partidario del político ultra Eric Zemmour.

Pero, en este caso, la batalla se perdió. Los periodistas votaron en agosto por poner fin a la huelga y abandonar el dominical. La mayor parte de su centenar de redactores lo ha hecho ya. La fecha límite para comunicar si se quedan o continúan trabajado para Lejeune es el próximo 15 de octubre.

Los periódicos no han esperado a que acabe el año para despedir a parte de sus plantillas. El grupo Vocento ha despedido ya a 39 trabajadores en lo que va de mes de diciembre. Unidad Editorial ha firmado ya el despido de 18 periodistas en sus delegaciones autonómicas. En Prensa Ibérica la cifra ha llegado a los 60. Los ERTE aplicados en estos grupos no han servido para salvar a los empleados de estos periódicos.

Las secciones sindicales de UGT y CCOO en Vocento han denunciado, además, que varios delegados se encuentran entre los despedidos, todos ellos en las cabeceras regionales del grupo, en lo que consideran “una clara intención de amedrantar a las plantillas”. Además, ambos sindicatos creen que esa elección de nombres no es casual cuando el próximo año los comités de estas empresas deben negociar la renovación de sus convenios colectivos. De hecho, aunque de momento los despidos no han afectado a la principal cabecera del grupo, Abc, los trabajadores de este periódico avanzan que en 2021 la empresa prevé recortes. “Dicen que intentarán evitar los despidos, pero ya sabemos que eso significa que quieren bajarnos de nuevo los salarios”, explican a infoLibre.

Vocento, protestan CCOO y UGT, ha justificado los despidos por la pandemia, un argumento que tachan de oportunista, puesto que aprovecha una “circunstancia puntual que, gracias a la vacunación, irá remitiendo”, destacan.

Tanto en Vocento como en Unidad Editorial y en Prensa Ibérica las plantillas han estado sometidas a ERTE durante los últimos meses. Una merma de salarios, subrayan las secciones sindicales del editor de Abc, que se ha traducido en un ahorro para el grupo, pero en un aumento del volumen de trabajo y de la jornada laboral de los periodistas, “aún más con el teletrabajo”.

'El Mundo' se queda sin delegaciones

En El Mundo, la empresa había anunciado 24 despidos en sus delegaciones territoriales, de una plantilla total que ya sólo integraban 31 personas tras recortes sucesivos en estas redacciones durante los últimos años. Finalmente, se han quedado en 18. Las indemnizaciones en el periódico que dirige Francisco Rosell no superan los 28 días por año, por debajo de los 35 y 38 días que se pactaron en los cuatro ERE que ha ejecutado Unidad Editorial desde 2009. En los planes de bajas voluntarias aplicados en estos años, las indemnizaciones alcanzaron los 45 días.

En otro grupo de periódicos regionales, Prensa Ibérica, los despidos ya suman 60. En Levante los afectados han sido 22, la misma cifra que en Información de Alicante. En Diario de Ibiza ocho personas se han quedado sin trabajo. En El Periódico de Catalunya fueron despedidos cuatro trabajadores el pasado mes de octubre. En El Periódico de Aragón, el grupo ha negociado un ERE, que se ha cerrado con la marcha de ocho personas, indemnizados con 26 días por año. Este verano ya cerró las revistas Cuore y Stilo.

Soledad Gallego-Díaz deja la dirección de El País cuando se cumplen los dos años que estipulaba su contrato. Ya antes de la pandemia había comunicado a los responsables del Grupo Prisa que no había cambiado el compromiso firmado en junio de 2018 de permanecer ese tiempo en el cargo y ni un día más. Con ella deja su puesto como adjunto a la dirección Joaquín Estefanía. También la escritora Maruja Torres ha anunciado ya en Twitter que no seguirá escribiendo las columnas que reanudó el pasado mes de marzo. A Gallego-Díaz la sustituirá Javier Moreno, quien ya dirigió el periódico entre mayo de 2006 y febrero de 2014.

En principio, más que la salida de Gallego-Díaz las incógnitas rodean la elección de Moreno para timonear un periódico que no se salva de la caída de los ingresos de la publicidad y ventas en quiosco que azota a la prensa española y mundial, mientras se decide con mucha timidez a ponerle precio a las noticias de su página web y duda sobre cómo adaptarse a los cambios de hábito de lectura de los ciudadanos. De hecho, en los dos últimos años El País ha perdido casi un 20% de su difusión ordinaria, un recorte que se eleva hasta el 32% si la mirada incluye los tres primeros meses de 2020. Que fueron terribles para las principales cabeceras españolas. Según los datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), El País ha dejado de vender una media de 27.167 ejemplares diarios entre enero de 2018 y diciembre de 2019. En 2018 tenía una difusión media diaria de 120.940 ejemplares, que un año después había descendido a 110.385. Pero entre enero y marzo de este año esa cifra cayó por primera vez por debajo de 100.000: sólo 93.502 ejemplares en promedio.

El descalabro procede de todos los tipos de venta de periódicos de papel, pero ha sido muy acusado en las suscripciones individuales, que eran 58.347 en mayo de 2018, pero que sólo un mes más tarde quedaron reducidas a 20.110. La caída ha sido constante desde entonces, hasta llegar al mínimo de 9.779 el pasado mes de marzo. Es decir, el periódico de papel ha perdido 48.568 suscriptores en dos años, el 83% de los que tenía.

Y si en los quioscos colocaba en 2018 una media diaria de 85.594 ejemplares, el pasado mes de enero se quedó en su mínimo, sólo 71.347. Aunque subió algo en marzo, no superó los 76.223 periódicos. Por tanto, ha perdido 11.800 ejemplares, un 13,4%. En estos dos años y medio, El País ha reducido su tirada según iban menguando sus ventas: ha pasado de imprimir una media de 188.065 periódicos en 2018 a apenas 133.800 el pasado marzo, casi un 26% menos de papel.

Apuesta por la experiencia

Aun así, Prisa anunció un Ebitda (resultado bruto de explotación) de su unidad de prensa de 12,1 millones de euros en 2019, casi el doble que el ejercicio anterior. El grupo en su conjunto, no obstante, perdió 182,3 millones de euros, una mejora del 32,3% respecto a los números rojos de 2018, 269,3 millones. Según explica la empresa, frente al declive del papel, la publicidad digital aumentó un 9% y ya representa el 31% de los ingresos de la división de prensa, y un 57% de los ingresos publicitarios del grupo. Eso sí, la pandemia ha recortado sus ingresos en 25,5 millones, con una caída en la publicidad en prensa de 4,1 millones de euros y de otros 8,4 millones en la radio.

De forma que ha puesto en marcha un plan de reducción de costes de 40 millones de euros. Que se ha concretado en un ERTE en El PaísEl País con un recorte de jornada del 11% y un compromiso por parte de la empresa de no despedir a nadie en el periódico sólo hasta diciembre. Y ahí es donde se centra parte de la preocupación con que ha sido acogido el nombramiento de Javier Moreno en la redacción. Moreno fue quien ejecutó el primer y único ERE que ha sufrido El País en su historia y que se llevó por delante a 129 trabajadores en 2012El País .

Algunas de las fuentes de la actual dirección consultadas por infoLibre precisan, no obstante, que al menos antes de la pandemia la intención de la empresa era “contratar, tanto aquí como en América”. También aseguran que con Javier Moreno, actualmente director de El País América, Prisa ha “apostado por la experiencia”, un perfil “económico” y “de confianza” para encarar un momento muy complicado para el periódico. Precisamente, en plena crisis sanitaria y económica y después de muchas vacilaciones y continuos retrasos, El País acaba de poner en marcha su sistema de suscripción digital. Las mismas fuentes destacan que está siendo todo un éxito e incluso mencionan la cifra de 50.000 suscripciones desde el 1 de mayo.

Niega el ERE y el cambio de línea editorial

El otro motivo de preocupación de la plantilla de El País, advierten las fuentes consultadas, se refiere al cambio que pueda operar Javier Moreno en la línea editorial del periódico. En concreto, mencionan su temor a que su regreso se traduzca en una pérdida de “todo lo ganado estos dos años en la recuperación de la credibilidad” del diario tras la salida de Antonio Caño. Su miedo es que el periódico vuelva a la línea que ya han apuntado en algunos artículos tanto el propio Caño como el presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián, y el expresidente del Gobierno Felipe González, cuyo ascendiente en el diario no dudan en calificar de “preocupante”. González es miembro del consejo editorial del periódico. En un reciente artículo, Caño apoyaba la creación de un Gobierno de PSOE, PP y Ciudadanos, que no llegaba a llamar “de concentración”, pero que dejaba fuera a Unidas Podemos.

En cualquier caso, las fuentes precisan que Javier Moreno no es un nombramiento que venga de la mano de Cebrián, alejado de toda decisión ejecutiva en el grupo Prisa desde abril de 2018. Por el contrario, fue Juan Luis Cebrián quien encargó en 2014 un informe a Antonio Caño, entonces corresponsal en Washington, sobre los cambios que debía poner en marcha el periódico para salir de la crisis de audiencia e ingresos en la que estaba sumido y que proponía directamente la sustitución de Javier Moreno.

Su segunda designación ya ha sido comunicada al comité de redacción, tal y y como estipula el Estatuto de Redacción del periódico, y se someterá este miércoles a votación en la plantilla. Soledad Gallego-Díaz y Joaquín Estefanía seguirán en El País, escribiendo sus columnas, según confirman las fuentes consultadas. Convocados por la empresa, los trabajadores de El País asistieron la tarde del lunes a la despedida de Soledad Gallego-Díaz y a la presentación de Javier Moreno. Éste negó a los redactores que regrese para ejecutar otro ERE, tampoco para poner en marcha un cambio editorial en la línea del ejecutado por Antonio Caño. Por el contrario, aseguró que su intención es conservar el capital de Gallego-Díaz e incluso culpó de su cese en 2014 al Partido Popular, explican a infoLibre fuentes de la redacción.

Los movimientos de Amber Capital

El movimiento en la cabecera del primer periódico español se produce también cuando el fondo Amber Capital, el principal accionista de Prisa, se ha hecho con el 29,84% de las acciones, lo que le acerca al porcentaje a partir del cual la ley le obliga a lanzar una OPA si quiere seguir adquiriendo títulos del grupo. Amber Capital ha pugnado estos últimos años para hacer caer a Juan Luis Cebrián y puso en duda la idoneidad de Javier Monzón para presidir la compañía, puesto que terminó imputado en el caso Púnicacaso Púnica. El anterior presidente de Indra fue finalmente exonerado por la Audiencia Nacional el pasado mes de enero.

El accionariado de Prisa se lo reparten, además de Amber Capital, el Banco Santander –4,14%–, el HSBC –9,1%–, Telefónica –9,4%–, la familia Polanco –7,6%–, el Grupo Herradura Occidente –5%–, el jeque catarí Al Thani –5,1%–, el empresario mexicano Carlos Slim –4,3%– y el inversor Carlos Fernández -4%–, entre otros. La acción de Prisa cotiza a apenas 60 céntimos –ha llegado a estar a 52 céntimos durante lo peor de la pandemia–, cuando en 2015 valía hasta cinco euros. Este mismo mes de mayo Prisa consiguió vender un 30,22% de Media Capital, la firma de medios que posee en Portugal, a un empresario portugués por 10,5 millones de euros, lo que supone valorar la compañía en 130 millones de euros. En septiembre de 2019, el grupo cifraba en 255 millones el valor de Media Capital. Esa cantidad debía ayudar al grupo a reducir su elevada deuda, 1.067 millones de euros, que ha aumentado seis millones sólo en los tres primeros meses de este año.

En cualquier caso, las caídas de difusión y publicidad de El País no distan mucho de las que sufren el resto de las grandes cabeceras españolas. Según los registros de OJD, El Mundo El Mundoha pasado de una difusión de 89.580 ejemplares diarios de media en 2018 a sólo 69.466 entre enero y marzo, un descenso del 22,5%. En quiosco sólo vendió en promedio en el trimestre 45.186 ejemplares. Tiene 12.881 suscriptores, un 26% menos que en 2018. Abc ha perdido un 12,8%Abc de su difusión desde 2018 hasta ahora. Entre enero y marzo su media de ventas no superó los 64.788 ejemplares. Tiene 11.560 suscriptores. La Razón La Razónno fue capaz de colocar a través del quiosco más que 40.062 periódicos, nada menos que un 38,5% menos que en 2018, cuando aún vendía 65.098 ejemplares. Pero con las suscripciones la debacle es aún peor: sólo cuenta con 763 suscriptores, un 73,6% menos que hace dos años. La Vanguardia aún tiene una difusión de 85.236 en el primer trimestre, pero es un 11,5% menor que en 2018. Eso sí, posee 50.158 suscriptores, un 8,7% menos que hace dos años. Finalmente, El Periódico se quedó en marzo por debajo de los 50.000 ejemplaresEl Periódico, que a duras penas mantuvo en enero y febrero. La caída es del 18,5% desde 2018. Y sólo cuenta con 5.704 suscriptores.

La delegada de Europa Press de Catalunya, Anna Cristeto, será nombrada en los próximos días directora de El Periódico de CatalunyaEl Periódico de Catalunya, según un comunicado de Prensa Ibérica, según informa Europa Press.

La periodista gerundense, que sustituirá a Enric Hernández al frente del diario catalán, es la delegada de la agencia de noticias en Cataluña desde 2011, donde había sido también redactora jefe de Economía, Tribunales y Sucesos. Especialista en información económica y empresarial, Cristeto ha desarrollado también su labor profesional en La Vanguardia y en las delegaciones en Barcelona de los diarios Expansión y Gaceta de los Negocios.

Es licenciada en periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), tiene un curso de posgrado en comunicación empresarial por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y cursó en 2014 el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) del Iese Business School.

Ninguno de los 10 principales periódicos españoles vende en quiosco más de 90.000 ejemplares al día. Lo certifica la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) con los datos de 2018. La continuada e imparable caída de la prensa escrita en la última década permite a El Paísmantenerse como diario más vendido en la calle con un promedio de sólo 85.594 ejemplares el año pasado. Es el único, además, que supera los 60.000 ejemplares. Porque los tres siguientes vendieron de media en quiosco sólo 56.091 periódicos –El Mundo–, 54.950 –La Vanguardia– y 52.161 –Abc–. El resto no llega ni a 50.000 ejemplares diarios.

Aunque todos bajaron el año pasado en su difusión total con respecto a 2017, con una pérdida conjunta de 91.161 ejemplares, el 11,2%, el que más ha acusado la caída ha sido El País, que casi duplica esa media con un desplome del 21,4%. Le sigue en el retroceso El Periódico, con un recorte en su difusión total del 16,3%El Periódico. La bajada de los ocho restantes no llega a los dos dígitos, pero aun así es considerable: un 8,9% La Vanguardia y un 7,8% El Mundo, como más destacados. La difusión total incluye la venta en quiosco, las suscripciones, las ventas especiales (por ejemplo, suscripciones colectivas) y las entregas gratuitas.

Si se pone el punto de mira sólo en la venta en quiosco, la pérdida de los 10 principales periódicos es de 48.755 ejemplares en conjunto, un 10,1%. En este caso la cabecera que más cae es La Vanguardia, La Vanguardiacon unas ventas medias en 2018 un 16,1% por debajo del año anterior. El Periódico retrocede en quiosco un 12,5% y El País, un 12,4%. El Mundo pierde un 10,8%. Los diez principales periódicos bajaron las ventas en el quiosco: el que sufrió la menor pérdida fue El Diario Vasco, con una bajada dle 6,5%.

Esas caídas de venta en la calle, traducidas en ejemplares, suponen que El País dejó de colocar una media de 12.180 periódicos diarios el año pasadoEl País, el que más, seguido de El Mundo, con 6.860El Mundo. El Abc perdió 4.748 ventas en promedio y El Periódico, 4.726.

Por lo que a las suscripciones se refiere, es El Periódico el más perjudicadoEl Periódico, con un importante descenso del 38,1%. El País le sigue de cerca con una caída del 36,6%. El resto de los diarios pierden también suscriptores, pero en porcentajes muy alejados: La Razón retrocede un 6,37% y La Vanguardia un 5,92%. El único que crece en suscripciones es El Diario Vasco, pero sólo un 0,52%.

  EL PAÍS

La espectacular caída del diario del grupo Prisa se explica por la supresión de su edición impresa en Latinoamérica a partir del mes de junio del año pasado. En suscripciones El País ha perdido 23.190 copias de media en 2018.

A la vista de los datos de OJD, el cambio de dirección en el periódico, también ocurrido en junio del año pasado, no ha revitalizado las ventas en el quiosco, aunque se mantienen sin grandes oscilaciones mes a mes. En cualquier caso, El País terminó diciembre con una media de ventas en la calle de 84.420 ejemplares, tras alcanzar un mínimo del año de sólo 80.705 en noviembre. Había terminado diciembre de 2017 con 93.585 periódicos vendidos en quiosco.

El País es el único periódico que en difusión total –la suma de la venta en quiosco, las suscripciones individuales y colectivas, los ejemplares gratuitos y otros canales especiales– superó en 2018 la barrera de los 100.000 ejemplares, al situarse en 137.552.

  LA VANGUARDIA

La cabecera catalana es la que más suscriptores individuales tiene, más incluso que El País, una media de 54.950. La cifra, además, duplica el número de ejemplares que vende en quiosco –sólo 22.070–. Sólo La Vanguardia y La Voz de Galicia colocan más periódicos mediante suscripciones que en la calle, pero las del diario gallego apenas superan en 3.300 a sus ventas en quiosco. Ambos son periódicos con difusión autonómica y, pese a que la población de Cataluña casi triplica la gallega, La Voz de Galicia vende en quiosco más que La Vanguardia. De hecho, es el diario catalán el que vende menos en la calle de las 10 primeras cabeceras.

En 2018, su difusión total se situó en 96.345 ejemplares.

  EL MUNDO

El periódico de Unidad Editorial apenas pierde suscripciones en 2018, sólo 277, un 1,56%, pero es el segundo que más retrocede en ventas en quiosco, con una media de 6.860 ejemplares. De ahí que, con 56.091 diarios colocados en la calle, y sólo 17.417 suscriptores individuales, su difusión total no llegue a los 90.000 ejemplares en promedio –89.580–.

  ABC

En quiosco la cabecera de Vocento vende 52.161 ejemplares, tras perder un 8,34% el año pasado. Las suscripciones han bajado un 5,3%, por lo que se quedan en 12.227. En total, su difusión media el año pasado fue de 74.271 diarios.

  LA RAZÓN

El periódico que diige Francisco Marhuenda es la cabecera nacional con menos suscriptores individuales, sólo 2.895. Tan sólo cuentan con menos entre los 10 primeros de la clasificación de OJD dos diarios regionales, El Diario Vasco y La Nueva España. También es el que más oscilaciones experimenta en su venta en quiosco según el mes. El motivo son las promociones. Así, pasa de colocar un máximo de 60.938 ejemplares de media en septiembre de 2018 a un mínimo de 25.531 el mes anterior. Pese a ese esfuerzo comercial, La Razón ha perdido un 7,6% de sus ventas en la calle.

Este periódico logra, además, un 30% de su difusión por la vía de lo que OJD califica como de "pago especial", aquella en la que el diario se vende conjuntamente con otra publicación por menos del 50% del precio de portada.

Su difusión total se situó el año pasado en 65.135 copias.

  LA VOZ DE GALICIA

De las cabeceras de difusión autonómica, el diario de A Coruña es el segundo del ránking, con 61.868 ejemplares. Pero sólo vende en el quiosco 25.049, menos que por suscripción –28.443–. Y la caída en las ventas en la calle ha sido considerable, un 10,8% en 2018.

  EL PERIÓDICO

El diario del grupo Zeta atraviesa horas bajas, con un desplome de las suscripciones del 38,0% que le ha dejado con sólo 6.570 abonados individuales. En la calle se ha dejado otro 12,6% y consigue colocar 32.818 ejemplares.

Al igual que ocurre con La Razón, el 30% de la difusión del periódico catalán es de "pago especial".

Con una difusión total de 60.870 diarios, es la segunda cabecera con mayor pérdida de ejemplares en términos absolutos, 11.917 ejemplares.

  EL CORREO

El periódico vasco de Vocento también tiene un número pequeño de suscriptores, 6.556. En quiosco coloca 48.153 ejemplares, más que La Razón, pese a haber perdido un 7,2% de esas ventas en el último año. Su difusión total es de 57.547 diarios.

  EL DIARIO VASCO

Es la cabecera con menor número de suscriptores, 1.732 de media en 2018, pero también la única que los ha aumentado en el último año, aunque con una cifra mínima: nueve, un 0,52% de mejora. En quiosco vende 40.814 ejemplares, tras haberse dejado un 6,5%. Su difusión total ascendió a 43.652 copias diarias.

  LA NUEVA ESPAÑA

El periódico asturiano del grupo Prensa Ibérica tiene una difusión total de 34.877 ejemplares, de los que 31.793 los vende en quioscos. La cifra es un 8,6% inferior a la de 2017. Suscriptores individuales posee 1.828 en promedio, más que El Diario Vasco.

Un informe de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Cataluña asegura que los Mossos d'Esquadra crearon un "servicio ilegal de espionaje" para realizar seguimientos sobre políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas, según publica este jueves El Periódico de Catalunya.

El informe de la Brigada de Información de Barcelona analiza todos los documentos que intervinieron cuando agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra iban a destruir el pasado 26 de octubre en la incineradora de San Adrià del Besós. De ello se ha dado cuenta a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que investiga la implicación de la policía que liderada el mayor Josep Lluís Trapero.

Según este informe, la Generalitat de Cataluña "quería tener perfectamente controlados" a un grupo de personas contrarias a la independencia, urdiendo un plan en el que se emplearon fondos reservados. En concreto, 161.101,22 euros sólo en el año 2015, según dos correos electrónicos que iban a ser destruidos.

La Policía concluye que los Mossos controlaban a políticos del PP, Ciudadanos, del PSC e incluso de la antigua CiU y hoy PDeCAT. En definitiva, "partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista".

Entre las notas y grabaciones que iban a ser quemados por los mossos, la policía recuperó cuatro folios escritos a lápiz sobre la denominada Operación Catalunya. En esos folios, se hace referencia a una "boda en Madrid de la familia Fuster Fabra", en referencia al abogado José María Fuster, uno de los presuntamente espiados por ese grupo de mossos.

Las anotaciones recogen que en el banquete estuvieron "Blas, Pino (dos comisarios de policía), Cierco (uno de los accionistas del banco de Andorra donde la familia Pujol ocultaba dinero), Fuster Fabra y sus mujeres, en la mesa estaba también Albert Rivera", el líder de Ciudadanos. Fuster Fabra fue "controlado" por ese grupo de mossos, que le siguieron, fotografiaron y elaboraron un informe de tres folios sobre su visita a Barcelona el 6 y 7 de junio.

Los Mossos, según El Periódico, iban a quemar también unos "papeles rotos" que llevaban en la caja número 4 dentro de un coche Dacia cuando fueron interceptados por la policía. Entre esos papeles reconstruidos estaba la "comunicación del desplazamiento y dispositivo de seguridad del mes de mayo de actos en Cataluña de la vicepresidenta del Gobierno, Doña Soraya Sáenz de Santamaría".

En esta misma caja figura información sobre posible amenaza terrorista en Barcelona, con fecha 2 de junio de 2017, en referencia a "ataques terroristas no especificados durante el verano contra lugares turísticos de Barcelona, concretamente las Ramblas". En la caja 12 se recogen apuntes de dispositivos de seguridad de la Casa Real, señalando que son "sin interés".

Caso Pujol, Arran y la CUPPujol

El departamento de los Mossos también trató de destruir el listado completo de los 53.000 socios de la ANC con nombres y apellidos, su correo electrónico y DNI, documentos sobre el caso Pujol, varios informes sobre la organización independentista juvenil Arran y un dossier sobre la CUP.

Los Mossos también pretendían eliminar varios informes de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra sobre actos convocados por Sociedad Civil Catalana en los que se había "identificado a miembros del PP, Ciudadanos, periodistas, etc", con especial atención a manifestaciones como la convocada en Barcelona el 19 de marzo.

Los agentes de la policía catalana observaban que el apoyo a Ciudadanos había aumentado en los últimos años: "han sabido movilizar personas mediáticas relacionadas con medios de comunicación como políticos en activo de partidos de centro derecha". También recogían información sobre periodistas de El Confidencial o de Antena 3TV.

En una carpeta denominada audios, también se recuperó una "grabación con sistema oculto" donde se identifica al eurodiputado de Convergencia Democrática de Cataluña, Ramón Tremosa i Balcells, que habla de descabezar la cúpula de este partido, Esquerra Republicana y la Assemblea Nacional Catalana porque, según cita, "están tots podrits" (están todos podridos).

En su oficio remitido a la juez Lamela, la Policía concluye que "no se trata de un simple informe del seguimiento de una manifestación, sino más bien del seguimiento que desde la CGINF de Mossos d'Esquadra, siguiendo presumiblemente órdenes políticas, se ha venido realizando de partidos políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas entre otros colectivos en Catalunya, que son contrarios al proceso independentista desarrollado por el gobierno de la Generalitat desde sus diferentes consejerías".

Los Mossos d'Esquadra intentaron destruir la alerta emitida en mayo de 2017 por Estados Unidos sobre un posible atentado en La Rambla de Barcelona, pocos meses antes del ataque yihadista, aunque la Policía Nacional decomisó esta documentación el 26 de octubre, antes de que fuera incinerada. Es lo que sostiene este lunes El Periódico, que publica que entre la documentación que los Mossos d'Esquadra trasladaban para su destrucción a una incineradora el pasado 26 de octubre, la víspera de que el Parlament votara la declaración de independencia y el Gobierno destituyera al Govern en aplicación del artículo 155, figura el original en inglés de la alerta y un informe interno elaborado sobre esta nota.

Los Mossos, señala el rotativo catalán, han evitado hacer ningún comentario sobre el intento de destrucción de la nota de alerta, que la Policía Nacional ha comunicado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que fue quien les ordenó decomisar la documentación que la policía catalana iba a destruir.

Como se recordará, horas después del atentado del pasado 17 de agosto, El Periódico publicó que los Mossos habían recibido meses antes un aviso procedente de la CIA alertando sobre un posible ataque en La Rambla, lo que fue desmentido por el entonces president Carles Puigdemont, el entonces conseller de Interior Joaquim Forn y el mayor de la policía catalana, Josep Lluis Trapero.

El País da la victoria a Ciudadanos, con 35-36 escaños y un 25,2% de votos. El sondeo, realizado por Metroscopia, es el único que da una victoria clara al partido de Inés Arrimadas, al que sigue la ERC de Oriol Junqueras con 33 escaños y un 23,1% de los votos. JxCat y PSC empatan en votos con un 14,3%, aunque la candidatura de Carles Puigdemont aventaja en dos escaños —22— a la formación de Miquel Iceta, que se queda en 20.  En quinta posición si sitúa CatECP, la lista de Xavier Doménech, con 11 escaños y un 9,3% de los sufragios, seguida de la CUP, con un 6,4% y 8 escaños, y el PP que se desploma a los 5-6 asientos y un 5,4%. El bloque independentista quedaría así con 63 diputados, y el denominado bloque constitucionalista (Cs-PSC-PP) llegaría a los 60-62, lejos ambas opciones de la mayoría de 68, con los comuns como llave para formar gobierno.

El Mundo, por su parte, recoge una victoria de ERC con 34 diputados y un 22,5% de los votos, frente a los 31-33 y el 22,8% de Ciudadanos. Tras ellos, la lista de Puigdemont, con 23-26 diputados y un 16,6% de los votos, y el PSC como cuarta fuerza con 19-20 escaños y un 15,4%. La lista la cierran CatECP, con 9-10 asientos y un 7,7% de los sufragios, la CUP de Carlos Riera, con el 6,4% y 7-9 escaños, y el PP de Xavier García Albiol, con 7-8 y un 5,8%

La encuesta de Abc se acerca a la tesis de El País, otorgando la victoria a la formación de Arrimadas, con 31-32 escaños y un 23,2% de los votos, seguida por el partido de Junqueras, que se sitúa como segunda fuerza con 29-31 diputados y un 20,3% de los sufragios. JxCat y PSC repiten posiciones: la candidatura del expresident alcanza los 29-30 diputados y el 19,5%, muy cerca de ERC; mientras que Iceta se queda en los 22-23 escaños y un 16,3% de los votos. Doménech también aparece como quinta fuerza, con un 7,5% de los votos que se traducen en 8 diputados, seguido por Albiol, 7-8 asientos y un 6,2% y la CUP, con un 5,6% y 6 parlamentarios.

La Razón coincide con El Mundo, y otorga la victoria a ERC con 34 diputados y un 22,4% de los votos. En segunda posición se sitúa Arrimadas, con 31 escaños y un 21,8%, con JxCat en tercera posición con 25 y un 21,8% de los votos. El PSC repite como cuarta fuerza con 21 diputados y el 15,9%; seguido por los comuns con 9 escaños y el 7,6%. Cierran el Parlament el PP con 8 diputados y un 7,3% y la CUP de Riera, con 7 asientos y el 5,8%.

Por su parte, El Periódico da la victoria más abultada a ERC, con 34-35 escaños y un 22,2% de los votos. Arrimadas consigue 27-28 diputados y un 21,2%, seguida muy de cerca por la formación del cesado president, con 26-27 escaños y un 17,9% de los votos. El PSC de Miquel Iceta se queda con el 16,9% de los votos y 23-24 escaños, mientras que los comuns se sitúan en 10-11 asientos y el 8,9% de votos. Por último, el PP y la CUP empatan en 6-7 escaños, aunque la formación de Albiol aventaja ligeramente a los de Riera, con un 5,6% y un 5,5%, respectivamente.

La cadena Ser también otorga la victoria a la candidatura de Junqueras y Marta Rovira, con 34-36 escaños y un 24,3% de los votos, y Ciudadanos se sitúa en segunda posición con el 22,4% y 30-31 diputados. JxCat repite como tercera fuerza con 27-29 escaños y el 17,9%, seguido por el PSC con 20-22 diputados y el 15,1%. CatECP se consolida como quinta fuerza con 10 escaños y el 9%, y la CUP queda en sexta posición con 5 escaños y un 5,1%. La lista de Albiol se queda en el 4,8%, aunque opta a 5-6 diputados.

El  Barómetro Especial de laSexta sobre intención de voto del 21-D laSexta hecho público este viernes en Al Rojo Vivo anticipa también una lucha ajustada entre los independentistas y los constitucionalistas. Ciudadanos sigue creciendo y podría ser la fuerza más votada por encima de ERC. Los 10 escaños de los comúns podrían ser claves para formar Gobierno. Ciudadanos sería el partido más votado, con un 22,3% de los votos. Se adelantaría a ERC, segunda fuerza con un 21,6% de los votos. La lista de Puigdemont sería la tercera más votada (18,4%) y el PSC la cuarta con un 15%. Los comunes rozarían el 8% de los votos mientras que la CUP bajaría hasta el 6,1%. Los de Albiol, el PP, sería la última formación votada.

El reparto quedaría así: Ciudadanos alcanzaría los 33, dos más que ERC, mientras que JxCat se haría con 27, seis por encima del PSC. Los comunes de Domènech arañarían 10 escaños, el doble que el PP y dos más que la CUP que se quedaría en 8.

El Nacional se suma a la tesis de la victoria de Ciudadanos, otorgándole 31-32 diputados t un 23% de los votos, frente a los 30-32 escaños y el 21% de votos de ERC. Les sigue muy de cerca la candidatura del expresident, con  28-30 asientos y un 19,6% de los votos. El PSC, en cambio, cae hasta el 14,9% de los votos, que se traducen en 19-21 escaños. La mayor sorpresa la da la CUP, con un 7,6% y 9-10 escaños, situándose por delante de los comuns, que se queda en el 7,2% y 8-10 diputados, y el PP, que cae hasta los 6-7 diputados y el 6% de los votos. 

Alguno de los sondeos apunta a una mayoría absoluta de la opción soberanista, que no obstante consigue mayoría de escaños en todos ellos. El País sitúa al bloque independentista en 63 diputados, frente a 60-62 de los constitucionalistas. El Mundo otorga a los soberanistas entre 64 y 69 asientos, frente a los 57-61 asientos de los constucionalistas. El sondeo de Abc otorga 64-67 diputados al grupo por la independencia, y la suma de Cs-PSC-PP se queda en 60-63 diputados. La Razón sitúa al conjunto de ERC, JxCat y CUP en los 66 asientos, frente a los 60 de los constitucionalistas. Con 66-69 asientos se colocan los independentistas, en contraposición con el bloque unionista, con 56-59 diputados, según El Periódico. El Nacional, en cambio, sí que prevé una mayoría absoluta independentista con 67-72 escaños, frente a los 56-60 diputados unionistas. Por último, la Ser otorga la mayoría a los independentistas con 70 diputados, frente a los 59 del bloque constitucionalista. 

Un grupo de miles de profesionales, intelectuales, políticos y activistas publica este jueves un manifiesto en El Periódico en el que exige que se retire la declaración unilateral de independencia (DUI) y se convoquen elecciones en Cataluña.

En el manifiesto, titulado Retirar la Declaración Unilateral de Independencia. Convocar elecciones se exige "la retirada de todos los actos, leyes y declaraciones que puedan conducir a una DUI, que la mayoría rechaza" porque "sólo así podrá conseguirse una solución" de consenso, y le piden al Govern que convoque "elecciones en Cataluña", y que dedique una legislatura a la "reflexión sosegada y el debate".

El texto cuenta con la firma de personalidades como los escritores Juan Marsé, Luis Goytisolo y Javier Marías, el miembro de la RAE, Francisco Rico, la Creu de Sant Jordi, Antonina Rodrigo, la directora Isabel Coixet, el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el dibujante Nazario o el director José Luis Guerín, entre otros.

También se encuentra figuras como el Premio Nacional de Poesía, Antonio Hernández, los escritores Juan José Millás, Javier Reverte y Fernando Schwartz, el músico Miguel Ríos, el periodista Miguel Ángel Aguilar, el Premio Nacional Juan de la Cierva, Antonio Hernando, el economista Juan Torres, el excoordinador federal de IU, Cayo Lara, entre otros.

La mayoría absoluta independentista en el Parlament estaría blindada, en una horquilla de 70 a 73 escaños, aunque en votos apenas sumarían una décima más que en las elecciones del 27S: del 47,8% al 47,9%. Es lo que sostiene un sondeo publicado este lunes por El Periódico elaborado por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) y que se realizó antes de que el Gobierno anunciara el pasado sábado las medidas para ejecutar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

ERC no tendría rival pero pierde terreno respecto al barómetro anterior, de diciembre pasado. Los de Oriol Junqueras obtendrían el 28,1% de los votos y entres 43 y 44 escaños, cuando hace 10 meses lograba 2,6 puntos más y entre 48 y 50 diputados. La mayoría independentista se mantiene por la recuperación del PDECat y la CUP. La antigua CDC se colocaría como cuarta con 18-19 parlamentarios y el 12% de los sufragios. PDECat se vería superado por Ciudadanos y el PSC. Los primeros pasarían de los 25 escaños actuales a 21-22, pero crece 3,3 puntos desde el sondeo anterior. El PSC conseguiría entre 20 y 21 diputados (hoy tiene 16).

La CUP podría conservar sus 10 parlamentarios o perder uno. Catalunya en Comú, el relevo de Sí que es Pot en 2015, lograría entre 11 y 12 diputados. Sí que es Pot tiene ahora 11.

La Razón publica este lunes un segundo sondeo en el que da a ERC una victoria en unas elecciones autonómicas con un 24,6 por ciento de votos, que le proporcionarían 41 escaños. En este caso, la encuesta sostiene que el bloque soberanista perdería la mayoría absoluta, situada en 68 diputados.

El segundo partido sería Ciudadanos con el 19,2 por ciento de votos, lo que supondrían 26 escaños. El PDeCat con el 12,1 por ciento de votos (18 escaños), el PSC con el 13,1 por ciento (17 escaños), CSQP con 11,4 por ciento (14 escaños), PP con 10,5 por ciento (13 escaños) y la CUP con 5,6 por ciento (6 escaños) serían las siguientes formaciones en intención de voto. La encuesta se hizo entre los pasados 16 y 21 de octubre. 

Seis medios de comunicación denunciaron este lunes haber sido vetados en un encuentro informativo celebrado este lunes en la sede de Podemos en Madrid. Se trata de El País, la cadena Ser, El Periódico de Cataluña, El Independiente, VozPópuli y Ok diario.

La formación que lidera Pablo Iglesias invitó a un desayuno en off –sin micrófonos– a los periodistas que siguen habitualmente la información de Podemos para presentar, según la convocatoria, a sus nuevos portavoces estatales: "La idea es que les conozcáis un poquito más mientras compartimos un café. Juanma del Olmo, como secretario de Comunicación, también nos acompañará", se leía en el mensaje difundido en Telegram. Según El País, Podemos no dio explicación de los motivos de su decisión a los periodistas de los medios que no estaban invitados a la convocatoria. En el desayuno, siempre según el diario de Prisa, informadores asistentes al acto mostraron su malestar por esta convocatoria selectiva,  a lo que los representantes de Podemos respondieron que su objetivo era generar “espacios de confianza”.

El Periódico señala en su web que "la decisión de excluir a medios de encuentros informativos, en off o en abierto, no tiene precedentes en la cobertura informativa de partidos políticos en España". Y recuerda que el incidente "se produce después de que en marzo los informadores pidiesen amparo a la Asociación de la Prensa de Madrid por el 'acoso sistemático' y las 'presiones' de la dirección morada para que se sometiesen a sus indicaciones para elaborar las noticias".

El diario del grupo Zeta añade que la secretaria de participación de Podemos, Noelia Vera, dijo en una rueda de prensa posterior que el acto de esta mañana "no era un desayuno público", sino un acto "privado" y animó a los periodistas vetados a preguntar en los "pasillos" y la "cafetería" del Congreso. 

Este lunes, el proceso independentista catalán sumó un nuevo capítulo con la condena al expresident de la Generalitat, Artur Mas, y a dos de sus exconsejeras, Irene Rigau y Joana Ortega, por desobedecer la resolución en la que el Tribunal Constitucional prohibía celebrar la consulta del 9 de noviembre de 2014, en la que se preguntó por la independencia de Cataluña. Mas fue condenado a dos años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, mientras la inhabilitación de Ortega es de un año y nueve meses y la de Rigau, de año y medio. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les impuso multas que van desde los 24.000 euros que tendrá que pagar Rigau hasta los 36.500 a los que ha sido condenado Mas.

La sentencia no es firme, puesto que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que la inhabilitación no se aplicará por el momento a Rigau, la única que en la actualidad ejerce un cargo público –es diputada de Junts pel Sí en el Parlament catalán–. El expresident Mas, de hecho, ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, aunque en su caso sí que podría tener efectos en el medio plazo, ya que le inhabilita para presentar una eventual candidatura a las elecciones catalanas, una posibilidad que se ha barajado en los últimos meses. Y es que la ley electoral establece que son inelegibles "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado", y la desobediencia está recogida en el Código Penal como un delito contra la administración.

Por el contrario, Mas, Rigau y Ortega han sido absueltos del segundo delito al que se enfrentaban, el que les exponía a penas más graves: el de prevaricación, que pedían tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por organizaciones como el Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía, la asociación Arca Ibérica o el pseudosindicato Manos Limpias. Por este delito, el Ministerio Público pedía ocho años de inhabilitación para Mas y siete años y medio para Ortega y Rigau, mientras la acusación popular pidió diez años de inhabilitación para los tres acusados.

  La desobediencia

De esta manera, el TSJC ha determinado que Mas, Ortega y Rigau cometieron sendos delitos de desobediencia y que decidieron no cumplir conscientemente la resolución del TC en la que se prohibía la celebración del referéndum del 9N. La sentencia hace especial hincapié en que la decisión "no se proyecta sobre la convocatoria del 14 de octubre, ni tampoco sobre la colocación de urnas, como interesadamente se ha querido hacer ver", pese a lo que Mas afirmó horas después de conocerse la resolución que "España es una democracia amputada que persigue a la gente por sus ideas".

De Mas, especialmente, la sentencia afirma que "omitió toda decisión o actividad encaminada a suspender o paralizar las actuaciones que conocía ya emprendidas", es decir, que "nada hizo" para paralizar los preparativos de la consulta pese al "conocimiento profundo" que tenía de la prohibición del TC, que a juicio del tribunal queda probada por el hecho de que el Gobierno catalán decidiera recurrirla porque sabía que "impedía que pudiera celebrarse el proceso participativo convocado". Además, apunta la sentencia, en ningún momento la Generalitat planteó al TC que la consulta "estuviera entonces en las exclusivas manos de los llamados 'voluntarios'", sino que sus servicios jurídicos plantearon en un escrito al Constitucional que "no pueden 'suspenderse' aquellas disposiciones, actos o actuaciones que todavía no se han adoptado o llevado a cabo".

Además de desestimar la alegación de Mas de que la resolución del TC era poco clara, la sentencia tampoco tiene en cuenta las alegaciones de los acusados con respecto a la supuesta no intervención de las autoridades catalanas en la celebración de la consulta, que según ellos se dejó en manos de voluntarios. Para llegar a la conclusión de que Mas, Ortega y Rigau no dieron las órdenes pertinentes para que la administración catalana no participase en esta consulta y, a su vez, para descartar su argumento de que el referéndum fue llevado a cabo únicamente por voluntarios, el tribunal ha tenido en cuenta ocho claves:

La web participa2014.catparticipa2014.cat

"Con ser cierto que los voluntarios tuvieron una participación decisiva en el desarrollo de la jornada de votación, no lo es menos que esos voluntarios estuvieron siempre bajo el control organizativo del Govern de la Generalitat, más concretamente del Departament de Governació, quien les cursó la convocatoria y les hizo asignación de mesas electorales a efectos colaborativos a través de la página web oficial institucional participa2014.cat, dominio creado, registrado y administrado por el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat", plantea la sentencia.

Pese a la resolución del TC, sostiene el tribunal, el Ejecutivo catalán no hizo nada por desactivar esta página web pese a que "se habría podido eliminar en todo caso", según apunta la sentencia citando la declaración como testigo de Jordi Escalé, director gerente del Centre de Telecomunicaciones i Tecnologies de la Informació, un organismo público dependiente de la Generalitat que fue el encargado de "la construcción y elaboración de los aplicativos llevados a la página web institucional".

La campaña de publicidad institucional

Tal y como hizo con la web, la Generalitat mantuvo activa la campaña de publicidad institucional dedicada a difundir la convocatoria de la consulta. Mas, Rigau y Ortega "diseñaron y ejecutaron una campaña de publicidad institucional, que resultó contratada el 24 de octubre por el Departament de Presidència de la Generalitat", sostiene la sentencia, que señala que "esta campaña continuó desarrollándose durante el mes de noviembre y hasta el mismo día 9 de noviembre de 2014, día de la votación [...] como si entre medias no hubiere mediado una resolución suspensiva del proceso participativo emanada del TC".

La campaña de correspondencia oficial

De la misma manera que ocurrió con la campaña de publicidad en medios de comunicación, el TSJC considera como prueba de que el Gobierno autonómico no hizo nada por cumplir la prohibición del TC el hecho de que mantuviese "el reparto masivo a domicilio de correspondencia oficial con información de la convocatoria". El reparto, señala la sentencia, fue iniciado el 3 de noviembre y se mantuvo "al menos hasta el día 8 del mismo mes de noviembre [...], sin que conste que la EADOP [la Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, el organismo público que encargó el reparto] hubiere determinado nada que viniera a interferir en ese marco temporal de la actividad propagandística en la que aparecía el membrete oficial de la Generalitat".

Los sobres, las papeletas y las urnas

El material para votar fue fabricado y suministrado por el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE, la empresa pública que se encarga de proveer de ciertos empleos a personas condenadas a prisión) "a encargo del Departament de Governació i Relacions Institucionals", recuerda la sentencia. El escrito cita la declaración como testigo de Elisabeth Abad, entonces directora de CIRE, que afirmó que recibió el encargo de fabricar sobres, papeletas y urnas "el día 14 de octubre de 2014". También se cita a Cristina Fernández en representación de Sertrans, la empresa de distribución que repartió el material, que afirmó haber realizado su trabajo "entre los días 7 y 8 de noviembre", ya después de la prohibición del TC.

Las herramientas informáticas y el apoyo técnico

Para el TSJC, también está probado que Mas, Ortega y Rigau decidieron mantener la prestación de los servicios informáticos necesarios para desarrollar la votación. El encargo de 7.000 ordenadores "se realizó en fecha 23 de octubre" y todo el material informático quedó entregado "el 4 de noviembre", mientras que los programas necesarios para llevar a cabo la consulta fueron distribuidos y entregados hasta el día inmediatamente anterior al referéndum. "Asimismo, y como se ha anticipado ya, durante todo el día de la votación los contratistas T-Systems y FUJITSU ofrecieron servicios de apoyo remoto y presencial para garantizar que toda la logística relacionada con las tecnologías de la comunicación y la información funcionara adecuadamente", y por ellos "se giraron las correspondientes facturas atendidas por la Generalitat", señala la sentencia.

El seguro

Además de las herramientas logísticas, la Generalitat también contrató un seguro para proteger a los voluntarios que desarrollaron la consulta. La sentencia afirma, en este sentido, que "el mismo día 4 de noviembre" –la fecha en la que el TC hizo pública su resolución–, Ortega "concertó con la compañía aseguradora Axa un suplemento a la póliza de seguro de accidentes que tenía contratada respecto del personal de la Generalitat, para incluir entre la cobertura a 1.317 voluntarios del proceso participativo 'con funciones asignadas los días 9 y 10 de noviembre', y a otros 25.800 funcionarios con cobertura para el día 9 de noviembre". Ese seguro, señala el TSJC, continuó en vigor tras la providencia del TC.

Los puntos de votación en colegios e institutos públicos

"Del total de los 1.317 centros de votación que abrieron sus puertas en la jornada del 9 de noviembre para recibir a los votantes, un número relevante de ellos, inferior en todo caso a los 556 institutos de enseñanza superior de titularidad pública de la Generalitat de Catalunya (según resulta de la relación aportada en la fase previa al juicio oral por la defensa de la acusada Sra. Rigau) se correspondían precisamente con esos centros públicos de enseñanza, cuya cesión y puesta a disposición del proceso participativo fue decidida por los acusados y hecha efectiva" por Rigau, apunta la sentencia.

De igual forma, el tribunal considera probado que Rigau "se sirvió de los directores de los servicios territoriales de su departamento para conseguir que los directores de cada uno de los centros cediesen el uso e hiciesen entrega a terceros particulares (voluntarios) de las llaves de acceso a sus dependencias" durante el día de la consulta y los dos días anteriores.

La instalación de un centro de prensa

Por último, el TSJC considera una prueba más de la implicación de la Generalitat en la celebración de la consulta la instalación de un centro de prensa "a través del Departament de Presidència de la Generalitat". "Las evidencias aportadas a la causa apuntan a que toda la instalación del centro de prensa hubo de hacerse a partir del día 7 de noviembre", tres días después de la prohibición del TC, señala la sentencia.

  La prevaricación

A diferencia de la acusación de desobediencia, el tribunal no ha considerado probado que Mas, Rigau y Ortega hubieran cometido un delito de prevaricación, la infracción más grave a la que se enfrentaban. El razonamiento del TSJC para tomar esta decisión se apoya, fundamentalmente, en el hecho de que ya se pena como desobediencia que la conducta de los tres acusados demuestre que no tuvieron intención de frenar la celebración de la consulta. Según la sentencia, si se condenase a Mas, Rigau y Ortega por prevaricación con los mismos argumentos que se les condena por desobediencia, se incurriría "en la prohibición del bis in idem"bis in idem, el precepto que impide que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez.

Tanto la Fiscalía como la acusación popular sostenían que los tres acusados habían incurrido en un delito de prevaricación por "haber omitido consciente y deliberadamente las acciones que les incumbían y que les eran exigidas" para hacer efectiva la prohibición de la consulta, según señala la sentencia. En este sentido, la sentencia reconoce que existe "una determinación firme de inobservancia de lo resuelto por el Tribunal Constitucional", es decir, que Mas, Ortega y Rigau decidieron conscientemente ignorar la orden del TC.

Pero, sin embargo, el tribunal no advierte que exista "arbitrariedad" –el segundo requisito de la prevaricación– en la conducta de los tres dirigentes. Y es que el TSJC no cree que se cumpla ninguno de los dos criterios de análisis que sirven para determinar si existe arbitrariedad: a su juicio, las decisiones de Mas, Rigau y Ortega no fueron "esperpénticas" ni cayeron en "la ilegalidad grosera y clamorosa, visible a cualquier observador externo", y los dirigentes tampoco actuaron a su antojo ignorando cualquier tipo de interpretación o previsión legal y convirtiendo "su voluntad en irrazonable fuente de normatividad". 

A juicio del tribunal, "no puede descartarse un juicio interpretativo" de la ley por parte de Mas, Ortega y Rigau que, a su juicio, hubiera amparado su conducta. Aunque esta interpretación fuera "en todo caso errónea", señala el TSJC, "en la conducta de los aquí acusados no podemos afirmar una arbitrariedad que desborde la inherente al hecho desobediente".

El pederasta confeso del colegio de los Maristas Sants-Les Corts, el exprofesor de educación física Joaquín Benítez, sostuvo que la dirección del colegio era consciente de los casos de abusos en los que había participado.

En una entrevista en El Periódico publicada este domingo recogida por Europa Press, Benítez aseguró que el centro era conocedor de los hechos a raíz de la denuncia de la familia de un niño que había sido víctima de tocamientos en el despacho del profesor en 1990: "Los Maristas sí que conocían mi debilidad. Si me hubieran echado entonces, yo lo hubiera agradecido".

Benítez añadió que las personas que conocían los hechos eran el director del colegio y el director de la comunidad de los Maristas, que negaron las acusaciones en el diario El Periódico.

"Estoy deseando que venga el juicio y pagar para restituir lo que he hecho", manifestó. También se mostró preocupado por las insinuaciones que vinculan a su hermano con los hechos.

Sobre la reacción de la dirección del colegio a los casos de abusos, Benítez destacó que desde el centro creían que se trataba "de hechos pasajeros" porque Benítez había roto recientemente con su actual pareja.

"El director de la comunidad me dijo que no podía volver a pasar más. Me dieron un toque de atención muy importante", y añadió que desconoce el total de casos en los que presuntamente habría participado.

Joaquim Benítez se encuentra a la espera de juicio por cuatro casos de abusos en diferentes años, después de que el juez haya decidido archivar otras 13 denuncias por considerar que ya estaban prescritas.

"Verte y no reconocerte, descubrir que tu imagen está en manos de personas que tienen un sentido de la belleza absolutamente irreal", así comienza la denuncia que hizo la actriz Inma Cuesta en la red social Instagram el sábado por una fotografía retocada que lleva en portada Dominical, la revista de los domingos de El Periódico.

La actriz de Águila Roja ha publicado una fotografía realizada de la imagen original y la imagen publicada, en la que se aprecia como le han disminuido el brazo, la cadera y han alargado su cuello "hasta convertirme en una muñeca sin expresión", como ella misma denuncia.

Es la primera actriz española que denuncia públicamente retoques, alegando que la Inma publicada es "una invención, es eso que se supone que debería ser... los "cánones" de belleza que "deberíamos" seguir, no me acompleja, no lo entiendo como una señal de lo que lo debería ser, sencillamente me indigna como mujer y me hace reflexionar muy seriamente hacía dónde vamos". Sin embargo, por redes sociales, ya ha recibido el apoyo de otras actrices que dicen haber sufrido el mismo problema y no tener el valor de decirlo públicamente.

El juez y el fiscal de la Audiencia Nacional que en 2008 actuaron contra 11 inmigrantes del Raval acusados de querer atentar en el metro de Barcelona a partir del falso testimonio de un confidente policial, como ya publicó infoLibre, acusaron ese mismo año a un empresario sirio-español de financiar a Al Qaeda a partir de pruebas manipuladas por la policía.

En abril de ese año, el juez Ismael Moreno dictó auto de procesamiento contra el empresario acusándolo de ser el testaferro de Abu Dadá, condenado y encarcelado como líder de Al Qaeda en España. Días después, el jefe de gabinete de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior explicó a la Embajada americana en Madrid que el caso era un montaje, según varios cables diplomáticos.

“El jefe de Al Qaeda en España financió células desde la cárcel”, tituló El País en portada el 28 de abril de 2008, basándose en el auto del juez Moreno. El subtítulo afirmaba que la trama había movido “2,4 millones de euros”. La portada causó preocupación en la Embajada americana, dado que Abu Dadá había sido condenado precisamente en relación a los atentados del 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos. Sin embargo, el entonces jefe de gabinete de Rubalcaba y actual gerente del PSOE, Gregorio Martínez, explicó a un diplomático que “el artículo probablemente era un montaje” –“a fabrication”–. Martínez le transmitió que “entendía que el artículo, publicado por el habitualmente progubernamental El País, suscitara preguntas” en la Embajada y se comprometió a aclarar “los hechos”, cosa que hizo días después.

El viernes 9 de mayo Martínez llamó por teléfono a la embajada y confirmó “que no había nada detrás de la historia de El País y que era totalmente falsa”El País, según un cable secreto revelado por WikiLeaks, aunque sin entrar en detalles.

Meses después, todo el caso se vino abajo. Tres jueces de la Audiencia Nacional dictaminaron que la supuesta trama de financiación de Abu Dadá había sido “policialmente fabulada”. En su auto, el tribunal diseccionó la manipulación y ocultación de algunas pruebas y criticaron duramente la instrucción de Moreno y el papel del fiscal Vicente González Mota. En febrero de 2009, El País recogió el archivo de la causa sin mencionar que el montaje había llegado a su portada.

Tras el triunfo del Partido Socialista en las elecciones generales de 2008, Gregorio Martínez había tomado posesión como jefe de gabinete de Rubalcaba en el Ministerio del Interior dos días antes de que el juez Moreno dictara el auto de procesamiento el 16 de abril de 2008.

En uno de los cables secretos enviados a Washington, el diplomático Hugo Llorens describía a Martínez como “un buen contacto de la embajada desde hacía años” y recordaba que había sido también antiguo “visitante en Estados Unidos”. El actual gerente del PSOE y su antiguo jefe en el Ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han declinado comentar esta información. La versión original en inglés de los cables puede leerse en la web de WikiLeaks.

El fiscal González Mota había presentado su querella contra el empresario a partir de un informe policial de 2007, dando origen a la causa. Mota recogía así la hipótesis policial de que los 2,4 millones de euros que Bassim Dati había transferido desde una promotora inmobiliaria mediante cheques nominativos, habían ido a parar a células yihadistas conectadas con Abu Dadá. Los jueces criticaron luego que Mota y Moreno no hubieran especificado, “ni por aproximación, la identidad de tales grupos ni su ubicación”, salvo una “somera referencia” a que el dinero había pasado por las manos de Abu Dadá para financiar a tales grupos, “cosa absolutamente desprovista de todo apoyo fáctico”.

En realidad, el empresario sirio se había limitado a cumplir un mandato judicial previo de la misma Audiencia Nacional: la sentencia en la que Abu Dadá había sido condenado en 2005 por integración en banda terrorista. En tanto que “administrador social designado y mantenido por la Sección Tercera”, Bassim Dati había liquidado una promotora inmobiliaria, Paradais, desprendiéndose de toda relación con un antiguo socio, condenado junto a Abu Dadá como miembro de la rama española de Al Qaeda. En total, 33 cheques nominativos por valor de 2,4 millones, “todo ello a través de La Caixa y ante notario”, según el auto de archivo de la causa. Como inversor inicial, Ilmad Eddin Barakat Yarkas, alias Abú Dadá, tenía derecho a parte de esos fondos. Abu Dadá salió en libertad en 2013.

Las pruebas propuestas por los abogados defensores, según el tribunal, “hubieran esclarecido definitivamente los hechos de no haber sido sistemáticamente denegadas por el Instructor”, Ismael Moreno, titular del juzgado central número dos de la Audiencia.

Pero la acusación había sido posible no sólo por omisión del instructor y el fiscal, sino que la policía había directamente manipulado pruebas de descargo. En concreto, un informe con la fotocopia de varios cheques y una nota en la que un empleado de Barclays había manuscrito: “Pedidos informes a La Caixa, nos confirma que el dinero procede de asuntos totalmente legales”. La policía ocultó la nota manuscrita colocando una tira de papel blanco sobre la fotocopia.

“Parece que tal clamoroso dato pasó desapercibido al M. Fiscal y al Instructor”, afirma el auto del tribunal. “Y a tal respecto la Sala va abstenerse de deducir testimonio de tal divergencia por considerar, en una benevolente hermenéutica, que su incorporación a autos pudo deberse a un error”. El juez Ismael Moreno, que está de vacaciones, “nunca atiende a periodistas sobre casos en los que ha intervenido”, según la oficina de prensa de la Audiencia Nacional. El fiscal González Mota “prefiere no hacer comentarios” y se ha remitido, a través de un portavoz, al contenido del auto de procesamiento y a la decisión de archivo y sobreseimiento libre de la Audiencia.

En el caso de los 11 del Raval, procesado también en aquellos meses de 2008, un falso testigo y en verdad confidente de los servicios secretos, había descrito una red europea de financiación de Al Qaeda de la que él mismo juró formar parte, pero que nunca existió. Entre los supuestos miembros de la red, el confidente, que es uno de los traficantes de personas más buscados de Pakistán, señaló a algunas de sus víctimas como conseguidor de papeles. Uno de los supuestos tesoreros de Al Qaeda señalados es un marroquí residente en Italia que, tal y como adelantaron InfoLibre y El Periódico hace semanas, resulta ser un discapacitado mental y físico al que el gobierno italiano ha concedido un permiso de residencia por motivos humanitarios. Al igual que en el caso del empresario sirio, Ismael Moreno y González Mota se opusieron a la práctica de pruebas propuestas por los abogados defensores. Los 11 del Raval fueron condenados. Uno de ellos, Maroof Ahmed Mirza, sigue en prisión.

En este auto emitido por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se expresa el sobreseimiento libre y el desvanecimiento de una trama terrorista policialmente fabulada.

Facebook es la red social por excelencia. El 90,5% de los internautas españoles la usan, según el barómetro del CIS de septiembre de 2014. Y los usuarios utilizan cada vez más las redes para informarse. Ello se refleja en el importante crecimiento que están experimentando las páginas de los medios en Facebook: en España ya hay 14 periódicos digitales que tienen más de 100.000 seguidores en dicha red.

La clasificación la lidera con claridad El País, que el pasado viernes 3 de julio tenía más de 1,73 millones de seguidores. Otros dos periódicos superan la barrera del millón: El Mundo (1,17 millones)  y Público(1,0 millones). Y a continuación se sitúan 20 Minutos y Abc, ambos con más de medio millón de seguidores.

En los siguientes puestos aparecen El Confidencial (372.000), El Huffington Post (294.000), El Periódico (287.000) y La Información (254.000).

infoLibre cuenta con más de 230.000 seguidores en Facebook y se sitúa así entre los diez periódicos digitales más populares en esa red social.

La clasificación de los periódicos con más de cien mil seguidores la completan eldiario (224.000), La Vanguardia (192.000), El Plural (177.000) y La Razón (165.000).

Cambio radical en dos años

El panorama de los periódicos en Facebook ha cambiado de forma muy notable en dos años. El 4 de octubre de 2013, el periódico con más seguidores en la red social era Público, que tenía 424.000, y el segundo puesto lo ocupaba El País, con 321.000.

Entonces sólo había otros cuatro medios digitales con más de cien mil seguidores en Facebook: La Información (229.000), El Mundo (170.000), Abc (143.000) y eldiario (108.000).

infoLibre tenía en aquel momento pocos meses de vida –este periódico nació el 7 de marzo de 2013– y contaba con 20.000 seguidores en la red social. En los escasos dos años transcurridos desde entonces se han multiplicado por once.

Según un sondeo elaboradao por el Gesop para El Periódico, España se convertiría a partir del próximo noviembre en un país con cuatro fuerzas políticas prácticamente empatadas en el Congreso. 

El sondeo, publicado este lunes, otorga al PP un 23,5% de los votos, que se traduce en entre 102 y 107 escaños, frente a los 186 que consiguió en las elecciones generales de 2011. Descendería así hasta casi la mitad de los escaños que consiguió hace cuatro años. Seguido de los conservadores se encuentra la irrupción de Podemos, a tan solo 3 puntos del PP, con el 20,1% de los votos, que vendría a ser entre 78 y 82 escaños

Pero la formación que dirige el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no es la única que se encuentra con un fuerte hundimiento. Y es que el PSOE, que queda relegado a la tercera posición, obtendría el 19,1% de los votos, esto es, entre unos 75 y 78 escaños, frente a los 110 que logró en 2011. 

La otra gran novedad, Ciudadanos, irrumpiría en el Congreso con 55 o 59 escaños, aproximadamente, tras llevarse el 17,7% de las papeletas. En quinto lugar se encontraría CiU, habiendo recibido un 2,9% de los votos, lo que se traduciría en la obtención de entre 10 y 12 escaños, seguido de ERC, con entre 8 y 9 escaños.

El desplome de IU y UPyD

Tanto IU como UPyD quedarían relegadas a una posición de fuerzas minoritarias. El primero recibiría un apoyo de apenas el 3,7%, obteniendo así entre dos y cuatro escaños, de los 11 con los que cuenta actualmente.

UPyD, por su parte, se encontraría al borde de la desaparición en cuanto a representación en la Cámara baja, puesto que lograría entre uno y dos escaños, tras recibir un 1,4% de apoyo en las urnas.

El PP seguirá siendo el más votado en las CCAA, según La RazónLa Razón

Asimismo, el diario La Razón ha publicado un sondeo, elaborado por la encuesta de NC Report, sobre cómo quedarían repartidas las fuerzas políticas a nivel autonómicas tras celebrarse las próximas elecciones del 24 de mayo. Así, según el diario, el PP sería la fuerza más votada, pero "necesitaría a Ciudadanos para mantenerse" en sus feudos tradicionales como Madrid y Valencia.

De este modo, siguiendo la encuesta de La Razón, el PP gobernaría en las autonomías de Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares, Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Por su parte, según el sondeo, el PSOE sólo lograria un gobierno autonómico en Asturias y Extremadura. Cabe señalar que el diario no especifica qué fuerza política gobernaría en Navarra. Las autonomías de Galicia, País Vasco y Cataluña quedan fuera de la encuentra del diario al celebrarse las autonómicas en fechas diferentes a la del 24 de mayo. 

El objetivo de la entidad al hacerse con las portadas de la prensa española es dar a conocer su programa de becas en pymes para jóvenes matriculados todavía en la universidad.

Según ha confirmado el departamento de prensa de Banco Santander a infoLibre, se trata de una "campaña puntual" y, de momento, no han previsto repetirla en futuras ocasiones.

Los responsables de Banco Santander no ha querido revelar cuánto les ha costado la compra de las portadas de este martes.

Es la primera vez en la historia de la prensa española que los siete diarios de mayor tirada salen a la calle con la portada ocupada completamente por un anuncio. 

La Fiscalía Anticorrupción archivó a finales de noviembre la investigación abierta contra el alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), sobre una supuesta cuenta de dinero en Suiza por falta de indicios para seguir investigando. Así lo adelantó este 24 de diciembre El Periódico de Catalunya.

Todo comenzó en octubre, poco antes de la consulta soberanista del 9-N. El Mundo El Mundopublicó entonces que Trias ocultaba una suma millonaria en Andorra. Según contó entonces el diario de Unidad Editorial, el regidor era propietario de un depósito en la Union de Banques Suisses (UBS) de Ginebra. Desde esa cuenta trasvasó, en febrero de 2013, una importante transferencia de dinero a Andorra, 12.986.730,80 euros. El movimiento coincidía con la judicialización en la Audiencia Nacional del caso Pujol. Una vez que el montante fue transferido, la cuenta helvética fue cancelada. Tal fortuna procedía del cobro de comisiones ilegales, a tenor del relato del rotativo. 

Trias negó los hechos desde el primer minuto. El Mundo contraatacó publicando incluso el número de la supuesta cuenta de UBS. Número que figuraba en poder de la Policía. Pero el alcalde no se dobló y siguió negando que tuviera cuenta alguna en Suiza, en Andorra o en cualquier otro país. 

El titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció el pasado 19 de noviembre en el Congreso que la UDEF de la Policía investigó la presunta cuenta de Trias a partir de una información recibida y que, tras realizar varias diligencias, le remitió sus pesquisas a la Fiscalía Anticorrupción. "Estaremos a lo que determine", dijo el ministro, quien a su vez negó filtraciones de su departamento. 

Demostrará que no tiene cuenta en Andorra

La Fiscalía, según avanzó este miércoles El Periódico, archivó la denuncia tras estudiar esas diligencias al entender que no había suficientes elementos como para seguir adelante con la investigación. Ahora bien, la Polícia podría continuar sus pesquisas y, si hallara nuevos indicios, tendría que remitírselos de nuevo al Ministerio Público. 

Trias, en declaraciones a los medios, se mostró "satisfecho" al conocer el archivo. Una vez probado, dijo, que no tiene ninguna cuenta en Suiza, espera "poder demostrar que tampoco hay ninguna cuenta en Andorra". El regidor no quiso pronunciarse sobre la actuación de Fernández Díaz, de quien ya había pedido su dimisión cuando saltó el caso. Sí señaló que le gustaría saber "quién hace estos informes, cómo los hacen, cómo puede ser que se filtren y cómo puede ser que sea el último en enterarse".

El ministro, por su parte, subrayó que la investigación de la UDEF ha sido archivada "provisionalmente" mientras no aparezcan nuevos datos. "Hoy me he enterado de que la Fiscalía lo ha archivado, supongo que provisionalmente. Todo forma parte de la actividad normal", aseguró en Ràdio 4.