Una persona ha muerto y al menos otras nueve han resultado heridas este viernes tras una explosión en un edificio del distrito madrileño de Carabanchel, lo que ha provocado el colapso del forjado de la cubierta sobre la cuarta planta del inmueble, ha informado Emergencias Madrid.

La persona fallecida es una mujer de avanzada edad, según ha informado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, quien ha avanzado, con toda la precaución necesaria, que no hay personas atrapadas en el lugar.

Sanz se ha desplazado hasta el número 36 de la calle Azcoitia, donde en torno a las 16:15 horas una explosión, casi con toda probabilidad de gas, ha hecho colapsar el forjado del tejado del edificio y derrumbarse sobre la cuarta planta del inmueble. Bomberos, el Samur-Protección Civil, la Policía Nacional y la Policía Municipal han desplazado efectivos al lugar. 

Hasta el momento, según Emergencias Madrid, entre el Samur y el Summa han atendido a ocho personas heridas leves y el Samur a otra más de carácter menos grave y que será evacuada a un hospital.

La explosión ha causado una afectación importante al edificio y se está comprobando si también al aledaño, al número 38, si bien solo ha sido desalojado el inmueble donde se ha producido la explosión. Aunque tiene aún que valorarse, el suceso ha provocado daños estructurales que, según la vicealcaldesa, podrían obligar a realojar a los vecinos si fuera necesario, por lo que el Samur social se ha desplazado también a la zona. "En estos momentos, con toda la cautela, no hay ninguna persona a la que se eche de menos", ha precisado Sanz.

El edificio estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, según consta en un aviso a los vecinos de la finca colindante. Los bomberos evalúan la gravedad de los daños estructurales causados en el edificio y tratan de averiguar las causas de la explosión y si tienen que ver con la presencia de un andamio en la fachada.

Los vecinos del número 34 recibieron este jueves un aviso en el que se les comunicaba el corte temporal del suministro de gas por una obra para la separación de los tubos del gas que se iba a acometer este viernes a partir de las 9 de la mañana en el número 36. Para ello, se solicitaba a los vecinos el cierre de todas las llaves de gas de las viviendas o locales hasta que se les avisase de la reanudación del servicio. 

La autopsia definitiva de Abderrahim El Akkouh, el vecino de Torrejón de Ardoz que murió mientras era inmovilizado por un policía municipal de Madrid el pasado 17 de junio, confirma su muerte por asfixia por compresión torácica y/o presa cervical con etiología homicida, según informa EFE.

Eso es lo que afirma el documento firmado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, donde se muestran las conclusiones tras el análisis de los pulmones, el corazón y la laringe de este varón de origen magrebí que murió tras sufrir la técnica conocida como 'mataleón'.

La autopsia certifica como única causa posible de la muerte la asfixia por compresión torácica, es decir, la imposibilidad de que Abderrahim respirara al comprimirle el pecho y no poderse expandir los pulmones.

Asimismo, recoge la posibilidad de que fuera víctima de una presa cervical, es decir, una maniobra de estrangulamiento del cuello que impide la entrada de aire y circulación sanguínea hacia el cerebro.

Por último, la autopsia especifica que el cuerpo presentaba etiología homicida, en referencia a que la causa de la muerte no fue accidental ni natural.

Según Rubén Vaquero, uno de los abogados de la familia El Akkouh, esto certifica que "lo que ocurrió aquella noche hay que tratarlo como un asesinato y no como un homicidio imprudente".

El letrado ha asegurado a EFE que intentarán que el agente policial ingrese en prisión preventiva, un extremo que sí apoya la Fiscalía.

Sin embargo, el Ministerio Público se opone a que el agente jubilado que ayudó al primero a retener a Abderrahim pase a estar investigado en la causa, donde ahora figura como testigo, aunque así lo demande el equipo legal de la familia El Akkouh.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este viernes que la Policía Municipal ha interpuesto una sanción a la Taberna Garibaldi, abierta por el exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos Pablo Iglesias junto a otros socios en 2024, por exceso de aforo, según recoge EFE.

“Pablo Iglesias no está al margen de la ley. Pablo Iglesias tiene que cumplir las normas como todo hijo de vecino, y, por tanto, si la Taberna Garibaldi tenía 55 personas, creo, cuando tiene un aforo permitido de 45, como cualquier establecimiento que incumpla la normativa de aforo, Garibaldi es sancionada”, ha dicho Almeida a preguntas de los periodistas.

Tras ello, y aludiendo al “ridículo” crowdfunding con el que el fundador de Podemos busca financiación para abrir un establecimiento más grande, Almeida ha dicho a Iglesias que “pague la multa”, que “posiblemente tendrá pronto pago”, con esa campaña de micromecenazgo.

Fuentes de Policía Municipal explican a EFE que han realizado ocho inspecciones en la Taberna Garibaldi en el último año, dos de ellas de oficio, programadas previamente, y el resto por demanda vecinal. En una de esas inspecciones, acometida el pasado mes de enero, se registró exceso de aforo, y es esa visita de Policía Municipal la que ha causado el expediente sancionador, añaden las mismas fuentes.

La actriz María León ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal 12 de Sevilla al pago de una multa total de 5.700 euros por delitos de resistencia y otro leve de lesiones a raíz de un incidente con la Policía Local ocurrido en octubre de 2022 en Sevilla, informa EFE.

León ha sido absuelta en cambio del delito de desobediencia por el que fue enjuiciada el pasado día 14 de marzo, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, notificada este viernes y de la que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.

En la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, el juzgado condena a la acusada al pago de una multa de 4.800 euros por un delito de resistencia y al abono de una multa de 900 euros por un delito leve de lesiones, con la circunstancia atenuante de reparación del daño.

La actriz tendrá también que indemnizar a la agente lesionada en la cantidad de 100 euros, para lo que se destinará la cantidad de 150 euros consignada por la propia acusada antes de la celebración del juicio, con devolución en su caso del sobrante. El juzgado absuelve a los otros dos acusados que fueron enjuiciados junto a la actriz por los delitos de atentado, resistencia y desobediencia.

En el juicio, la Fiscalía pidió para la acusada un año y nueve meses de cárcel por un delito de atentado y el pago de una multa de 720 euros por un delito leve de lesiones, así como que indemnizara a la policía lesionada con cien euros.

Asimismo, solicitó para un segundo investigado un año de prisión por un delito de atentado, mientras que para el tercero reclamó nueve meses de cárcel por un delito de resistencia.

La magistrada considera probado que los hechos tuvieron lugar sobre las 04:45 de la madrugada del 1 de octubre de 2022, cuando los tres acusados paseaban por la avenida de María Luisa de Sevilla junto con otros acompañantes, uno de ellos en bicicleta, procedentes de una cena y en busca de un local abierto.

Dos agentes de la Policía Local que se encontraban de servicio en coche patrulla y debidamente uniformados, exhibiendo su placa, dieron el alto al ciclista y le requirieron que se sometiese a pruebas de alcoholemia.

Para ello solicitaron la presencia del vehículo policial que portaba el test y, tras su realización y a la vista del resultado, pidieron la presencia de furgón policial para la práctica de una prueba adicional.

Durante esta actuación, según la sentencia, María León fue requerida por los agentes para identificarse, mientras que, posteriormente, la informaron de que iba a ser conducida a dependencias policiales para su identificación en forma, motivo por el que la acusada se introdujo por su propio pie en el vehículo policial.

Una vez iniciada la marcha por el vehículo policial, uno de los acusados se situó delante del mismo e impidió que continuase avanzando, mientras los agentes desde el interior hacían indicaciones con gestos para que se apartara hasta que, finalmente, descendieron del vehículo para poder reanudar la marcha.

En ese momento, una persona no identificada abrió la puerta trasera del vehículo policial, y la actriz aprovechó para salir del mismo en dirección a la valla de un edificio cercano.

Los dos agentes del vehículo policial fueron tras ella y trataron de sujetarla cada uno por un brazo, momento en el que la acusada, "movida por el ánimo de oponerse a la actuación policial y asumiendo causar con ello un menoscabo físico a la agente", forcejeó y lanzó un puñetazo con el brazo izquierdo a la agente en la mejilla derecha.

Perdió el equilibrio y cayó al suelo, desde donde le lanzó también una patada al tiempo que se dirigía profiriendo insultos como "hija de puta, zorra".

En este punto, la magistrada considera igualmente probado que, nuevamente desde el suelo, la acusada "trató de eludir a los agentes, intentando huir de los mismos, hasta que le dieron alcance y la retuvieron contra una valla.

Allí la agente trató de ponerle los grilletes, para lo que precisó la ayuda de dos compañeros mientras que la condenada gritaba "que no la tocaran".

La sentencia recoge que, mientras la agente trataba de proceder a la detención de la investigada, otra persona, "con total desprecio por el principio de autoridad y asumiendo la posible causación de menoscabo físico a la agente", la sujetó del chaleco protector que llevaba y la zarandeó con intensidad para impedir que pudiera esposar a la acusada, una actitud que solo cesó cuando fue separada por otro agente.

El juez instrucción número 31 de Madrid ha acordado la apertura de diligencias para investigar presuntas irregularidades en las oposiciones de inspector e intendente de la Policía Municipal al apreciar la posible existencia de delito.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press en el que el juez Marcelino Sexmero acuerda incoar diligencias por la presunta comisión de un delito de Organizaciones criminales: creación, dirección, integración.

El magistrado entiende que los hechos expuestos en una denuncia de la asociación AMPU contra la cúpula de la Policía Municipal presentan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Por tanto, considera procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado.

De este modo, el juez solicita que se deduzca testimonio de los presentes autos a fin de remitirlos a la Brigada de Policía Judicial Adscrita a fin de que investiguen los hechos denunciados.

La Fiscalía de Madrid investiga igualmente una denuncia de Más Madrid para que se investigarás las supuestas anomalías en las oposiciones a intendente e inspector de la Policía Municipal, así como en las de promoción interna de Agentes de Movilidad en su salto al Cuerpo.

El grupo municipal solicitaba investigar si hubo tratos de favor por parte de miembros de los tribunales calificadores con algunos opositores. También la investigación de la academia Cronos y/o sus responsables en la preparación de las tres oposiciones, así como las posibles responsabilidades por culpa in vigilando, es decir, los responsables o autoridades del Ayuntamiento que deberían vigilar el correcto y legal funcionamiento de los procesos selectivos.

Más Madrid ya pidió al Gobierno municipal la paralización de manera inmediata de las oposiciones y ya en su momento impugnaron las bases.

Sevilla, primer sábado de octubre. El reloj no alcanza a marcar las cinco de la madrugada cuando una patrulla de la Policía Local intercepta a un hombre circulando en bicicleta en una céntrica avenida de la ciudad, a escasos minutos caminando de la catedral. Con el Guadalquivir de fondo, y ante las sospechas de que estuviese ebrio, los agentes deciden darle el alto para someterle a una prueba de alcoholemia. De pronto, un grupo de personas comienzan a reprocharles su actuación. Y en apenas unos minutos, la situación se tensa tanto que una joven termina metida en un coche patrulla camino de la comisaría. La escena, probablemente, no difiera tanto de cualquier otra de las que se registran una noche cualquiera de fin de semana en las grandes ciudades del país. Pero en este caso, la protagonista es un rostro conocido. Quien acaba camino de las dependencias policiales es la actriz María León.

La intérprete pasó la noche custodiada. Y, de ahí, fue trasladada al Juzgado de Instrucción nº18 de la capital hispalense, que terminó acordando su libertad provisional. León se encuentra en estos momentos siendo investigada por un presunto delito de atentado a la autoridad. Se la acusa de haber agredido a una agente al grito de "hija de puta, eres una zorra". A preguntas de infoLibre, sus abogados prefieren, por el momento, guardar silencio mientras estudian el caso y preparan la defensa. Sobre la mesa, sólo el escueto mensaje que ella misma difundió tras salir de sede judicial, donde se acogió, según fuentes jurídicas, a su derecho a no declarar. "Niego haber agredido a nadie", afirmó León vía redes sociales, al tiempo que mostró su "confianza en la justicia" y denunció haber sido "víctima" de un "abuso policial" por parte de los agentes, aunque sin dar ningún detalle más al respecto.

Mientras que los sindicatos policiales han cargado con dureza contra el silencio del gobierno local, que dicen que crea "una situación de desconfianza y desinterés" hacia lo que les "pueda ocurrir", la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo por las "irregularidades" en la detención. Porque, como apuntan diferentes juristas, el caso León presenta varias aristas que es necesario analizar. Primero, es necesario poner el foco en los motivos que llevaron a los agentes a intentar identificar a la actriz en pleno altercado. Luego, en todo lo que rodea la decisión de trasladarla a comisaría para poder culminar una identificación que no pudo hacerse a través del documento nacional de identidad. Y, por último, en todo lo que tiene que ver con el atentado a la autoridad.

El detonante del altercado fue el alto que los agentes dieron al hombre que circulaba en bicicleta y a quien vieron "bastante ebrio". "[Por la acera] venía un grupo de unas diez o doce personas que lo acompañaban, que comenzaron a increpar a los agentes, afeando la actuación de éstos, vociferando que no era un delincuente, que había muchos delitos por ahí, que era desproporcionado, que solo era una bicicleta", se recoge en el atestado policial, por el momento única versión amplia ofrecida por una de las partes sobre lo sucedido. A pesar de ello, los policías procedieron a realizar la prueba de alcoholemia. Y es en ese momento cuando la actriz comenzó a grabar toda la actuación. "Tonto, ¿tú qué eres, el sheriff?", asegura el atestado que profirió al agente. Tras esto, se le pidió la identificación.

El artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden identificar a alguien "cuando existan indicios" de que ha podido "participar en la comisión de una infracción" o cuando, en base a determinadas circunstancias, "se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito". "Eso sí, en este último caso los agentes tienen que justificarlo", explica el experto en Derecho Constitucional Joaquín Urías. Por ejemplo, alegando que iba mirando el interior de todos los coches y que existía riesgo de que llevara a cabo un robo. O, incluso, por la vestimenta, pudiendo proceder a la identificación de las personas "cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra".

Volviendo al caso de la actriz, los juristas consultados explican que la motivación para solicitar la documentación no podría ser en ningún caso la grabación. "Captar imágenes de una actuación policial no es ilegal. De hecho, en muchos casos esas grabaciones pueden servir a un ciudadano para probar su inocencia", explica al otro lado del teléfono Teresa Julia Martín, abogada penalista y socia del despacho Presunto Inocente. En definitiva, no hay norma que impida grabar a un agente desempeñando sus funciones. Otra cosa es, sin embargo, es el uso que se dé a esas imágenes. La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, impide su difusión, algo que ha avalado el Tribunal Constitucional: "Sólo será sancionable, por tanto, el acto de publicar o difundir de algún modo, sea por medios tradicionales o a través de los cauces que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación".

Y si no es la grabación, ¿qué podrían poner sobre la mesa los agentes para justificar la identificación? Los insultos. Hasta ese momento, siempre según el atestado, la actriz habría llamado "tonto" en dos ocasiones a uno de los agentes. En este sentido, el artículo 37 de la llamada ley mordaza califica como "infracción leve" las "faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad".

Aquella madrugada, y siempre según los agentes, León no llevaba el documento de identidad. Sin embargo, eso no supone, en principio, un problema. "Ninguna norma indica que tengas que llevar siempre encima el DNI", explican las fuentes jurídicas consultadas. El artículo 9 de la Ley de Seguridad Ciudadana solo obliga al titular del documento a mantenerlo en vigor y a "conservarlo y custodiarlo con la debida diligencia". Ahora bien, también recuerda a los ciudadanos que tienen que exhibirlo en cuanto se lo requieran los agentes de la autoridad. ¿Y si, como le ocurrió a la actriz, no lo tuviesen? En ese caso, la identificación debería realizarse por otras vías. Incluido, por supuesto, el traslado a dependencias policiales. Eso fue, justamente, lo que alegaron los agentes para pedir a la intérprete en un primer momento que les acompañase a comisaría. En ese instante, el altercado no pasaba de algunas palabras subidas de tono.

Ahora bien, el traslado a comisaría debe ser el último recurso. Y, tal y como recoge la Ley de Seguridad Ciudadana, solo se puede recurrir a él cuando "no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o telefónica" y únicamente por el tiempo "estrictamente necesario", que nunca rebasará las seis horas. Es decir, que los agentes no podían haber llevado a León a dependencias policiales para identificarla solo por no tener el DNI. Antes, debían haber intentado la identificación por otras vías –ya fuera a través de la emisora de radio o con cualquier otro tipo de documentación–. Preguntada la defensa de la actriz por si se intentó esa verificación previa al traslado a comisaría, insisten en seguir guardando silencio.

La visita a las dependencias policiales se deja como última opción por la relevancia jurídica que tiene. "Cualquier privación de libertad es una detención", dice Urías. Es algo, además, que ha dejado claro también el propio Constitucional. "La situación de una persona que se ve obligada a acompañar a los agentes policiales a una dependencia oficial no puede considerarse sino como 'detención", recogía el tribunal de garantías en una sentencia de 1993, en la que se especificaba que si se habla de "detención" es "exigible todo el régimen de garantías de la Constitución" en esos casos.

Por tanto, reflexiona el constitucionalista, cualquier traslado a comisaría para identificar a una persona antes de agotar otras vías o sin que se den los requisitos necesarios para esa identificación podría considerarse una "detención ilegal". No obstante, este delito apenas suele afectar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la última década, según los datos recopilados por La Marea, solo constan ocho condenas a agentes por detención ilegal. Y en 2021, el Defensor del Pueblo únicamente recoge una denuncia interpuesta contra agentes por dicho tipo delictivo. En 2021, el Defensor del Pueblo solo recoge en su informe como Mecanismo Nacional de Prevención una denuncia interpuesta contra agentes por dicho tipo delictivo.

La actriz no opuso resistencia a la hora de montar en el coche patrulla que la llevaría a comisaría para proceder a la identificación. En un momento dado, sin embargo, los acompañantes rodearon el vehículo policial y abrieron una de sus puertas. Es entonces cuando, y siempre según la versión policial, León abandonó la patrulla y huyó. En ese momento es cuando comenzó una persecución que terminó, una vez que la intérprete fue alcanzada por una de las agentes, con la supuesta agresión sobre la que pivota ahora mismo la investigación judicial. "Le lanza un golpe con el puño que impacta en su mejilla derecha, pierde el equilibrio y en su caída propina una patada alcanzando la pierna izquierda, a la vez que gritaba 'hija de puta, eres una zorra", se apunta en el atestado.

Por estos hechos, León está acusada de un delito de atentado contra la autoridad. La aplicación de este tipo delictivo, que contempla penas de prisión que van de los seis meses a los cuatro años, es mucho más frecuente de lo que puede parecer. Solo en 2021 fueron condenadas 7.257 personas por este motivo, de los cuales 5.948 fueron hombres y 1.309 mujeres. Es el caso de la exportavoz de Podemos Isa Serra o del exdiputado Alberto Rodríguez, cuyo caso puso en evidencia el plus de credibilidad que se otorga a los testimonios de los policías en este tipo de procedimientos. "No son pocos los casos en los que no está claro y, a pesar de ello, se condena con el testimonio del policía", explica Martín. "Jurídicamente, ninguna ley dice que haya que otorgar ese plus de credibilidad. Pero en la vida real, los jueces tienden a creer antes el testimonio de un agente que el del ciudadano", coincide Urías.

Más allá de esto, el constitucionalista también pone el foco en la información dada en su momento por la policía. "Nada más llevarla a comisaría salen dando todos los detalles de la detenida", apunta Urías. Una arista a la que presta atención, del mismo modo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). "Las declaraciones emitidas por las autoridades públicas tras la detención de la actriz vulneran la normativa europea en materia de presunción de inocencia", sostiene el colectivo. Y lo hacen, dicen, "en tanto que se refieren a la actriz como autora de un delito de atentado contra un agente de la autoridad". "Además, ofrece información sobre su estado de salud, amparada por el derecho a la intimidad de toda persona", concluye la APDHA en la queja remitida al Defensor del Pueblo.

El Grupo Municipal de Más Madrid pondrá este miércoles sobre la mesa de la Fiscalía los nuevos datos conocidos sobre la marcha neonazi que discurrió por el barrio de Chueca, epicentro del movimiento LGTBI en la capital, el pasado mes de septiembre. En concreto, la formación que dirige Rita Maestre pondrá en conocimiento del Ministerio Público la existencia de un informe elaborado por la Policía Municipal con carácter previo a la manifestación en el que se alertaba de la existencia de un "alto riesgo" de la comisión de delitos de odio durante la misma. Consentida por la Delegación del Gobierno, la marcha saltó a la palestra por los gritos homófobos de sus asistentes –"¡Fuera sidosos de Madrid!" o "¡Fuera maricas de nuestros barrios!"–.

La formación política pone la cuestión en manos del Ministerio Público, al que solicitan que practique "las diligencias que estime pertinentes" para la "comprobación de los hechos" y la "posible responsabilidad de sus partícipes". "Pudieran resultar los hechos constitutivos de una colaboración por omisión en el caso de concluirse la existencia de delito de odio en los manifestantes, o incluso un tipo penal propio en virtud de la actuación de los responsables", señalan desde el grupo municipal.

En Más Madrid consideran que "tal vez, los delitos de odio que pudieran derivarse de la manifestación" no se "habría producido" si se hubiera "dado diligente traslado del informe" a la Delegación del Gobierno. Algo que, según explicaron en su día a infoLibre desde el departamento que lidera Mercedes González, no se hizo: "La relación con el Ayuntamiento de Madrid por el tema de las manifestaciones es continua y la colaboración extrema, pero no se trasladó nada de ese asunto".

Antes de la marcha, la Unidad de Gestión de la Diversidad (UGD), creada durante la etapa de Manuela Carmena al frente del consistorio, elaboró un informe en el que exponía los datos relativos al perfil de los manifestantes recopilados por el Grupo de Racismo y Xenofobia. Esa información, según consta en respuesta oficial a una petición de información realizada desde Más Madrid y adelantada por infoLibre, se obtuvo a través del monitoreo de redes sociales en abierto, antecedentes e informes existentes en la unidad. ¿Y cuál fue la conclusión? Que existía un "alto riesgo" de que "se cometieran delitos de odio por parte de los participantes a la manifestación", según se especifica en la contestación recibida por el grupo municipal.

Con "objeto de informar para su prevención e intervención", la unidad trasladó todo a la Comisaría de Policía Judicial. Y, de ahí, fue hasta la Sección de Análisis de la Información (SAI), algo así como el área de inteligencia de la Policía Municipal. "Una vez analizado el contenido del informe, se comprueba que concuerda con la información que conocía dicha sección y que había sido corroborada con el Cuerpo de Policía Nacional, manifestando dicho Cuerpo que existía permiso de la Delegación del Gobierno", sostienen en la respuesta. Horas antes de la manifestación, la SAI alerta a las unidades que van a intervenir en la marcha –Centro Norte y Sur– de que "los promotores son colectivos de extrema derecha" y de que existe una "alerta antifascista" convocada por "redes sociales".

Desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que dirige la conservadora Inmaculada Sanz, no aclararon a preguntas de este periódico si todos esos datos llegaron a los responsables políticos. Y, en caso afirmativo, si se pusieron en contacto con el departamento que pilota Mercedes González para trasladarle esta información antes de la marcha o pedir, en base a estos informes, que se reconsiderase el caso o se estudiasen otros recorridos. "Las manifestaciones las autoriza, o no, la Delegación del Gobierno. Y la seguridad depende de la Policía Nacional", se limitaron a responder.

El juez de lo Penal número 20 de Madrid ha absuelto al portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye, del delito de injurias a la Policía Municipal de Madrid del que había sido acusado por la Fiscalía de Madrid y los sindicatos policiales a raíz de las manifestaciones vertidas contra la Policía Municipal de Madrid el 15 de marzo de 2018 tras la muerte del mantero Mame Mbaye en Lavapiés, informa Europa Press.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez condena solo a Alfonso L. P., uno de los tres acusados en el procedimiento penal. Se le pena al pago de una multa de 2.100 euros por un delito de injurias graves a la Policía Municipal.

En cambio, se absuelve a Asunción G. R. y a Malick G. del delito de injurias. En el primero de los casos por unos comentarios aparecidos en Facebook y en el segundo, por unas declaraciones a un medio de comunicación, al diario '20minutos' efectuadas en su condición de portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid.

En el juicio, Malick defendió legitimidad de la crítica y la denuncia frente al "racismo institucional", algo que desde este colectivo llevan haciendo los últimos años debido a "las persecuciones policiales" que sufren en las calles de la capital. "Mi labor es denunciar el racismo institucional", aseveró.

La muerte del mantero por un infarto sobrevino tras una persecución policial que se produjo después de un control contra el 'top manta', lo que provocó fuertes disturbios en Lavapiés. La autopsia confirmó que sufrió un infarto de miocardio que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

En los informes finales, el fiscal rebajó su solicitud de condena respecto a Gueye para que pagara una multa de 1.920 euros frente a los 5.800 euros que pedía por un delito de injurias a la Policía. La rebaja se produjo ante la carencia de medios económicos del acusado debido a que la multa debe ser proporcional a sus posibilidades.

En la sentencia, el juez señala que la entrevista que concedió Malick la hizo en calidad de portavoz de los manteros y en unos momentos en los que había versiones diferentes sobre lo ocurrido que discrepaban sobre "si el fallecido escapaba o no de una intervención policial represiva de la venta ambulante".

En dicha entrevista, según consta en la sentencia, se denunciaba "la situación en la que se encuentra el colectivo de inmigrantes en situación irregular en el barrio de Lavapiés".

Ante ello, el juez concluye que "no puede afirmarse su intencionalidad vejatoria hacia la Policía Municipal, prevalente sobre la de criticar la política de extranjería en la medida en la que da lugar o permite situaciones de marginalidad, generadora de violencia social, cuando no de actividades delictivas".

El magistrado recalca que la entrevisto la dio en calidad de portavoz de "un colectivo que entiende conducido a la marginalidad" y que "denuncia dicha situación". "Desde luego la situación de los extranjeros irregulares en nuestro país puede ser objeto de crítica. La propia denominación de 'ilegales' atenta contra la dignidad de estas personas", subraya el juez.

Encaja lo dicho en su ejercicio de libertad de expresión y por tanto asevera que cabe admitir su crítica de que se prive "a tales personas de los derechos que les son inherentes a su dignidad, especialmente de la posibilidad de obtener medios para su subsistencia, lo que les condena a la marginalidad, a la explotación de terceras personas y en algunas ocasiones a la actividad delictiva".

Concluye que sus manifestaciones hay que encuadrarlas en "un contexto de mensaje de denuncia de la realidad social de un grupo de personas, que entiende se les condena a la marginalidad siendo el objeto de su crítica el comportamiento de las autoridades y su insensibilidad ante dicha situación".

Añade que dicha crítica puede o no ser compartida pero se ejerce en el marco de su libertad de expresión, "suponiendo su sanción penal una injerencia en dicho derecho que vulneraría su contenido a la vista de los cánones interpretativos de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional.

No es opinión 

En cambio, el juez considera a Alfonso L.P. responsable del delito de injurias graves porque lo expresado en el tuit no es una opinión, sino un hecho, "al informarse, supuestamente, de un asesinato y de su autoría".

Además, llama la atención en que el acusado es un periodista "y su cuenta en la red social era seguida, un mes después de los hechos, por 56.800 seguidores, siendo perfectamente conocedor de las exigencias de veracidad de la información".

El juez cita las alusiones que hizo a la comisión de un asesinato por parte de la policía, lo que considera algo objetivamente "injurioso o vejatorio, incluso calumnioso de identificarse un autor concreto, a salvo de que tal información resulte veraz", lo que no es el caso".

También señala que "la información no es veraz y se expresa con temerario desprecio hacia la verdad, lo que pone de manifiesto su gravedad". "El propio contenido de las expresiones y la ausencia de cualquier actividad para verificar la información que se facilita, revela un ánimo de injuriar a la Policía que prevalece sobre el de criticar o denunciar la situación de los manteros", recoge el fallo judicial.

"Los mensajes vertidos no encuentran amparo en el ejercicio de la libertad de expresión. Se ha producido un exceso en dicho ejercicio, en cuanto se atenta contra la dignidad, crédito, fama o prestigio de la Policía Municipal de Madrid, a la que se alude en general, pero con referencias específicas a los agentes que hipotéticamente pudieron perseguir al acusado, considerándola autora de un asesinato", agrega.

"Incitación al odio"

En la causa penal estuvo imputada Rommy Arce por incitación al odio en relación a unos mensajes escritos el mismo día en el que murió el ciudadano senegalés. La causa arrancó a instancias de dos querellas interpuestas por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y la Unión de Policías Municipales.

En abril de 2018, el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid acordó imputar por injurias a Rommy Arce, al portavoz del sindicato de manteros y a otras dos personas anónimas por los tuits contra la Policía Municipal. En cambio, archivó la denuncia por delito de odio contra ella, contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ycontra el Partido Comunista e Izquierda Unida como solicitó el sindicato Unión de Policía Municipal (UPM).

En octubre de 2019, la Audiencia de Madrid acordó archivar las actuaciones penales respecto a la entonces edil madrileña al estimar un recurso de apelación presentado por su defensa. La impugnación se dirigía contra el auto dictado por la juez María Dolores Baeza que daba el último paso para sentar en el banquillo a Arce; a Malick Gueye; a Alfonso L.; y a Asunción G. R.

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido, durante este fin de semana, en un total de 414 fiestas o reuniones ilegales en domicilio celebradas por incumplimientos de la normativa antiCovid (114 el viernes, 153 el sábado y 147 el domingo).

De ellas, en el total del fin de semana, 38 han sido en apartamentos turísticos. En algunas de ellas había un número de personas superior al permitido y no se usaban mascarillas ni otras medidas de seguridad. El resto fueron en pisos particulares pero sobre todo en locales, por lo que vemos un descenso de eventos en casas y un aumento en establecimientos respecto a fines de semana precedentes.

Una de las intervenciones más destacadas fue la inspección y precinto de la actividad a un local que contaba en su interior con 142 (casi el triple de su aforo permitido en licencia, siendo este de 48 personas) en el distrito de Usera. Los agentes precintaron el local y solicitaron la clausura de actividad. En su interior no se guardaba la distancia de seguridad ni las personas estaban de cuatro en cuatro. Además, tenían todas las puertas y ventanas cerradas.

Otra intervención destacada ha ocurrido en un local Yambú, en la calle Illescas número 98, en el barrio de Aluche. Es una sala con 215 personas de aforo y había 115. Aunque cumplían el aforo, mantenían una actividad diferente a la autorizada, ya que ejercía de discoteca sin poder hacerlo. La salida de emergencia estaba bloqueada. Además, en su interior bailaban y no llevaban mascarilla. Se trata de un establecimiento con reiteradas denuncias e incumplimientos, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

Además, los agentes han intervenido en naves industriales. Además, este fin de semana se han realizado un total de 452 propuestas de sanción por botellones (consumo de alcohol en vía pública) y se ha multado a 1.175 personas por estar en la calle pasada la hora permitida.

La Policía Municipal de Madrid ha interpuesto desde el inicio del estado de alarma el 15 de marzo hasta ayer domingo incluido un total de 4.580 denuncias a ciudadanos que no cumplen las restricciones decretadas por la alerta sanitaria ante el coronavirus, con 30 detenidos en total.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, el día 22 se registraron 664 propuestas de sanción, siendo Puente de Vallecas el distrito donde más propuestas ha habido, seguido de Centro y Tetuán que están a la par. Además, detuvieron a una persona en Moncloa por resistirse a las indicaciones policiales e interceptaron a cinco vehículos.

Entre las anécdotas más curiosas, la multa interpuesta a un hombre de 77 años en una calle del distrito de Latina ayer a las 13.30 horas. Según el parte que se ha publicado en redes sociales y que ha confirmado a Europa Press una portavoz de la Policía Municipal, el hombre manifestó a los agentes que permanecía en la calle porque "estaba cazando pokémons", principal actividad de un conocido juego virtual.

Para sancionar estos comportamientos, los policías pueden recurrir al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que regula las infracciones graves, con multas de entre 601 y 30.000 euros, y en su punto sexto contempla sanciones por: "La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación".

El Código Penal también fija en su artículo 556 penas de prisión de tres meses a un año o de seis a 18 meses de multa a los que "se resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

El citado artículo del Código Penal remite igualmente al artículo 550, que regula el delito de atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia.

La defensa de los detenidos en la convocatoria de Rodea al Congreso de diciembre de 2013 ha solicitado este miércoles la absolución de los jóvenes que se sentarán en el banquillo de los acusados y ha cuestionado las identificaciones realizadas por la Policía, única prueba que sustentaría la acusación.

Un total de doce jóvenes serán juzgados a lo largo de la mañana por el Juzgado de lo penal número 11 de Madrid. Nueve de ellos se enfrentan a una solicitud fiscal de seis años de prisión por delitos de atentado, resistencia a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones.

El abogado Erlantz Ibarrondo, que defiende a varios de los acusados, ha cuestionado a su entrada a las dependencias judiciales de la calle Albarracín las identificaciones realizadas por los agentes con motivo de la convocatoria de protesta contra la Ley Mordaza.

"Las identificaciones no se corresponden con los vídeos aportados, que han sido cogidos de Internet u habrá que ver la cadena de custodia. Ahora veremos en el juicio si se esclarecen estas cuestiones", ha reseñado.

Concentración no autorizada Según el relato del fiscal, los encausados participaban en una concentración no autorizada bajo el lema Rodea el Congreso, que se desarrolló por el calles del centro de Madrid desde Neptuno hasta Sol, "donde se inició un lanzamiento de petardos y botellas".

Se acusa a una de las procesadas de dar una patada a un agente, a otros dos de "patear" un coche de la Policía Municipal. Cuando los agentes de la Policía Nacional fueron en su auxilio, otros de los luego detenidos "les arrojaron botellas de vídrio y piedras para evitar la intervención". Otro de ellos "propinó fuertes empujones a los agentes", mientras el resto les insultaban y desobedecían a la autoridad.

Como consecuencia de todo ello, 14 agentes resultaron heridos de diversa consideración, por lo además de la responsabilidad penal se pide responsabilidad civil con diversas cantidades para cada agente lesionado.

La Policía Municipal de Madrid ha desalojado y procedido a ejecutar sin incidentes la recuperación del inmueble situado en el Paseo del Prado, 30 (esquina con calle Gobernador), conocido como La Ingobernable, okupado desde hace dos años y medio, informa Europa Press.

Según han explicado fuentes municipales, la recuperación de este edificio que pertenece al patrimonio municipal fue autorizada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid el 7 de octubre de 2019.

El desalojo ha transcurrido sin incidentes y los servicios técnicos del Consistorio se han hecho cargo del inmueble. El operativo ha estado formado por más de 130 efectivos (mandos incluidos) y 32 vehículos. Han participado las Unidades de Apoyo a la Seguridad (UAS) y personal de diferentes Unidades de Distrito (Centro Norte y Sur, Arganzuela, Salamanca y Chamberi).

Tras el desalojo, el Área de Obras y Equipamientos ha iniciado los trabajos para reforzar la carpintería exterior del edificio que garantice la integridad del mismo.

El desalojo de La Ingobernable había sido anunciado por el equipo de Gobierno municipal y se suma también al efectuado en recientes fechas de La Dragona, otro inmueble okupado durante varios años.

Desde el colectivo de La Ingobernable señalaron ante la decisión del Ayuntamiento de desalojarlos que seguiría "lleno de actividades", pese a la notificación de desalojo que fue entregada en el mes de agosto por parte del Ayuntamiento, y aseguraron que se defenderían con movilizaciones ante la "amenaza" de sacarles de edificio. El Consistorio acudió a la vía judicial después de que el pasado agosto no pudiera desalojar el centro social de la calle Gobernador de forma voluntaria tras la notificación oficial entregada.

El colectivo La Ingobernable llegó al número 39 de la calle Gobernador hace dos años y medio, en mayo de 2017. A lo largo de la campaña electoral de las municipales, una de los mensajes más repetidos por el actual alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, fue que sería inflexible contra la okupación, especialmente contra el colectivo de la calle Gobernador, a cuyos miembros llegó a tildar de "desgarramantas". Los populares avanzaban meses atrás que querían destinar el inmueble a equipamientos necesarios para el distrito Centro, aún por determinar.

Concentración de repulsa

Ecologistas en Acción de Madrid ha condenado este miércoles el desalojo del edificio okupado La Ingobernable por parte de la Policía Municipal y ha lamentado el Ayuntamiento de Madrid tenga por todo objetivo crear un tipo de ciudad escaparate para aquellos que gobiernan para la élite financiera mientras "expulsa a la vecindad". También ha llamado a la ciudadanía madrileña a acudir a la concentración de repulsa por el desalojo que tendrá lugar hoy miércoles a las 19:00 frente al edificio.

Para la organización, La Ingobernable ha sido un espacio donde se ha fomentado la participación ciudadana y se ha acercado la politica a la sociedad madrileña a través de la interactuación con otros colectivos. Entre sus paredes, de manera autogestionada y voluntaria, se han realizado talleres, charlas, exposiciones y jornadas, y también ha servido de alojamiento en momentos de emergencias para personas desplazadas o sin hogar que no han recibido atención institucional. Las grandes movilizaciones feministas y ecologistas de estos últimos años se han gestado ahí. 

El grupo ecologista ha afeado al alcalde del Partido Popular –partido que regaló el edificio vacío y sin uso a sus amigos– que, en un momento en el que es más necesario que nunca una sociedad organizada para afrontar la crisis socioecológica, haya desalojado este miercoles este edificio. Y le ha enviado dos advertencia: "La vida siempre gana, se regenera, busca sus huecos, resurge. Usted no puede ganar" y "La Ingobernable es también indesalojable. Usted ha desalojado un edificio, que probablemente volverá a estar vacío y sin uso, pero su gente y sus iniciativas, sus ideas e ilusiones siguen vivas. Y se las va a seguir encontrando".

La Jefatura Superior de la Policía de Madrid ha redactado un "informe ampliado" que valida el relato de los incidentes tras la participación de dirigentes de Ciudadanos (Cs) en la manifestación del Orgullo LGTBI celebrada el pasado sábado en la capital, según han informado a Europa Press fuentes policiales oficiales.

Según estas fuentes, este "informe ampliado incluye bastante información, sin modificar en lo sustancial" lo expuesto en otro documento, con fecha de 8 de julio, que fue publicado de forma íntegra este martes en la versión digital del diario El País.

Este primer informe, que acusa a Ciudadanos de "maniobrar para catalizar la acción mediática y publicitaria" de la manifestación estatal del Orgullo del día 6, ha sido criticado por este partido político y algunos sindicatos policiales por su tono valorativo, poniendo en duda su autenticidad por la falta de firma y sello oficial o por los errores en los logotipos del Ministerio del Interior y de la Policía.

En declaraciones a los medios frente a la Fiscalía General del Estado, donde Ciudadanos ha presentado este miércoles una denuncia por las "vejaciones y agresiones" que sufrieron en la manifestación, la portavoz del partido naranja, Inés Arrimadas, ha señalado que el documento no está firmado porque parece que "nadie se atreve a firmarlo". "Yo creo que es un informe Marlaska", ha dicho en referencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien pide que dimita.

Las fuentes policiales consultadas por Europa Press subrayan que el informe ampliado ya está redactado y que, en cualquier caso, ambos documentos están escritos por policías de la Jefatura Superior de Madrid, "de acuerdo a criterios profesionales". "No se puede poner en duda la autenticidad", insisten estas fuentes oficiales.

El primer informe de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid sobre los incidentes del sábado cuestiona la actuación de Ciudadanos en la manifestación al concluir que "maniobró para catalizar la acción mediática y publicitaria". También sostiene que "no hay constancia de que se produjeran agresiones físicas" y acusa a los representantes del partido de "no seguir en ningún momento las instrucciones policiales".

El pasado lunes, la vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, acusó a la Policía Nacional de "tardar mucho en llegar" y actuar "de forma muy ineficiente cuando podía haber pasado cualquier cosa" durante la manifestación del Orgullo.

Ese mismo día, fuentes policiales apuntaron que la Policía Nacional desplegó 20 agentes de paisano en la comitiva de Ciudadanos durante la manifestación estatal del Orgullo para garantizar su seguridad y que se planteó en tres ocasiones su evacuación ante los ataques e insultos que estaban sufriendo.

"El dispositivo fue totalmente adecuado a las circunstancias y la Policía Nacional estuvo garantizando su seguridad en todo momento y sin retraso. Además, había furgonetas de la Unidad de Intervención Policial por si los incidentes iban a mayores", explicaron estas fuentes el pasado lunes.

La Fiscalía de Madrid ha pedido una multa de 5.760 euros para, la aún concejala matritense, Rommy Arce, y para el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye, por un delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debido a unas declaraciones tras la muerte del mantero Mame Mbaye, el 15 de marzo de 2018, según informa Euroa Press.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal ha remarcado que, tanto el informe del Samur que atendió a Mbaye ese día, como el informe del levantamiento del cadáver realizado por el médico forense, indican que la causa de la muerte fue natural, debida a una parada cardiorrespiratoria, "sin que se apreciaran lesiones traumáticas". En la misma línea, el informe forense determinó que la muerte del mantero fue natural, sin intervención de terceras personas, siendo la causa meditada del fallecimiento, la arritmia cardiaca ventricular con fibrilación auricular refractaria al tratamiento; y, la causa fundamental de la muerte, una miocardiopatía arritmogénica.

La edil publicó diversos mensajes en su cuenta personal de Twitter sobre esta muerte. El primero, el mismo día, decía: "Lucrecia Pérez, Sanba Martine... hoy Mame Mbaye. Los 'nadie' víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mame ser negro pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo". Y otros dos el día 17 de marzo: "Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a Mame Mbaye y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a las migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios" y "El portavoz de @manteroslateros @ghetto82 en L6Nvozpensionistas señala a la Ley de Extranjería que persigue, acorrala, discrimina y estigmatiza a los manteros. Es la causa de la muerte de Mame Mbaye. Exigen el fin del hostigamiento policial".

Por su parte, Malick Gueye concedió una entrevista al diario 20minutos en la que afirmó que llevaban tres años "denunciando la persecución, el acoso y explicándole al Ayuntamiento lo que está pasando; esto no es algo nuevo que llegan y matan a Mame". "Estaba un amigo con él y cuando intenta ayudarle, metiéndole los dedos en la boca para que no se mordiera la lengua, la Policía lo empujó y lo apartó. Los mismos policías se bajaron de la moto y lo empujaron y ahí se murió", dijo, entre otras cuestiones.

El Ministerio fiscal recalca que los mensajes de los acusados, conocedores de su perfil público y de la repercusión de sus palabras, trasladaron "el mensaje inequívoco de que el fallecimiento del ciudadano senegalés era consecuencia de la actuación policial, lo que dio lugar a una inmediata reacción en la red, que se vio inundada de múltiples mensajes en los que se reiteraba el carácter xenófobo de la Policía Local de Madrid, con imputaciones directas de ser los responsables de la muerte del ciudadano senegalés y con evidente desprecio a lo realmente sucedido".

Por todo ello, pide al juez imponer a los dos acusados la pena de 16 meses de multa a razón de 12 euros diarios, con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. No obstante, solicita el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento contra tres personas anónimas por sus declaraciones al respecto en redes sociales.

Investigación judicial concluida

El juez de Instrucción número 12 de Madrid concluyó en febrero la investigación sobre este caso, que lleva la magistrada María Dolores Baeza. Entonces, dio traslado al fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formularan escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa. Sobre Arce, la jueza determinó que "concurren bastantes indicios para acordar la continuación del procedimiento y que, por tanto, sea en el juicio oral, donde se debatan las consideraciones planteadas por la defensa en este trámite, sin que procede adelantar dicho juicio a este momento procesal".

La conclusión de la causa se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalase la investigación, tras rechazar los recursos de la edil madrileña y del portavoz de manteros. Ambos impugnaron el auto en el que la juez admitía las querellas interpuestas por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y la Unión de Policía Municipal.

La juez narra que, tras la muerte del mantero y con conocimiento de la causa natural del fallecimiento, "se divulgaron a través de Internet números comentarios que relacionaban dicho fallecimiento con una acción provocada por agentes pertenecientes al Cuerpo de Policía Municipal".Para la magistrada, la calificación penal de los hechos como constitutivos de un delito de injurias graves "no supone una limitación del derecho a la libertad de expresión".

"En la presente investigación, y en relación a los mensajes citados, los mismos no contienen una censura o critica a la política de inmigración y a la situación en la que viven los inmigrantes que carecen de documentación, sino que el contenido de los mismos vincula una muerte natural a una actuación dolosa de unos agentes de la Policía Municipal", reseñó. "En algunos de los mensajes se incluyen consideraciones de censura a la política migratoria y la repercusión que tal política genera en la vida de los inmigrantes. Sin embargo, la mezcla de ambas intenciones en la divulgación de los mensajes, no excluye la atribución directa de dicho muerte a agentes de Policía Municipal, ni, por tanto, el grave contenido ofensivo de las mismas hacia dicho cuerpo", zanjó.

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la investigación penal que sigue el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid contra la edil de Ahora Madrid Rommy Arce por los tuits que colgó tras la muerte el pasado marzo de un mantero senegalés, que falleció por un ictus que sufrió en Lavapiés.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados rechazan el recurso de la concejala-presidente del distrito de Arganzuela contra el auto en el que la juez admitía las querellas interpuestas por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y la de la Unión de Policía Municipal.

De igual modo, se tumba la impugnación contra dicha admisión contra el portavoz del sindicato de manteros, Malick Gueye. Por tanto, se confirma la decisión del instructor de investigar a la edil y al portavoz de los manteros.

En su recurso, la edil madrileña entendía que teniendo en cuenta los artículos 269 y 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los hechos que se le imputan en la querella de las asociaciones "no son los mismos constitutivos de la infracción penal de la injuria y de la calumnia".

Los magistrados señalan, por su parte, que tras el "trágico" fallecimiento, varias personas, entre ellas Rommy Arce, "públicamente a través de internet y con manifiesto desprecio hacia la verdad" se encargaron de "imputar a la Policía la responsabilidad por la muerte de Mame Mbaye".

Conforme a los hechos, el tribunal expone que las expresiones vertidas a través de los mensajes colgados vienen "enmarcadas para la apreciación de un sentido gravemente peyorativo en menoscabo de la estima del servicio que se presta por el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid por las concretas dos actuaciones de agentes de la policía municipal", entre las que estuvo prestar auxilio a la víctima.

"Los hechos pudieren indiciariamente ser constitutivos de un delito de injurias inicialmente a reputar de graves contra el Cuerpo y Fuerza de Seguridad que también integra el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 c) de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de seguridad", recalca.

"Naturalmente lo anterior lo es sin perjuicio de lo que en definitiva pudiera resultar del curso de la diligencias de investigación a practicar en el curso de la instrucción", agrega.

La protesta de los taxistas, que han cortado un tramo que enlaza la M-11 con M-14, está generando fuertes retenciones en las cercanías del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Los taxistas llevan aproximadamente media hora concentrados en esta vía y tanto la Policía Municipal de Madrid como la Guardia Civil reordenan el tráfico.

Sobre las 11 horas, una multitudinaria manifestación de taxistas ataviados con chalecos amarillos, y al grito de "Sí se puede", se ha desplazado desde Ifema, pasando por el parque Juan Carlos I y cortando también la avenida de Logroño a su paso.

A las 11.45 horas la marcha ha entrado en la M-11, dirigiéndose al aeropuerto de Barajas, cortando el tramo que va a la T-1 a su paso, así como la M-14.

Sobre las 12.15 horas, los taxistas han cortado la M-14 en ambos sentidos y permanecían en la zona. Estamos hasta los huevos, El taxi no se vende, el taxi se defiende y Guerra, guerra, guerra son algunas de las consignas que profieren. Los manifestantes también gritan "el taxi unido jamás será vencido", junto a pitos y bocinazos.

El corte ha sorprendido a un vehículo VTC, que ha podido pasar sin incidentes. "Ya verás luego en Ifema, lo vamos a cortar, no tenemos miedo", apuntaba un grupo de taxistas. No obstante, sí ha habido algún momento de tensión con otros VTC y algún golpe esporádico.

Cortes en la M40Medio millar de manifestantes

han provocado cortes a primera hora de este martes en la autopista de circunvalación M40 de Madrid a la altura de los accesos al recinto ferial de Ifema, en una protesta en medio del conflicto que vive el sector del taxi por la regulación del VTC.

Según han confirmado fuentes de la DGT a Europa Press, los cortes ocasionados por manifestantes han provocado fuertes retenciones en la M40 en la zona de Canillejas, en ambos sentidos.

A primera hora de este martes, agentes de la Guardia Civil han acudido hasta la M40 para retirar barricadas que habían formado taxistas. En ese momento se han vivido momentos de tensión con miembros del colectivo llamando a la calma para evitar episodios violentos como los vividos en Barcelona este lunes.

Hasta los accesos al recinto ferial, donde este martes se inaugura la feria de turismo FITUR, se han desplazado efectivos de la Policía Municipal, la Guardia Civil y Policía Nacional. Tras restablecerse el tráfico en esa zona, la manifestación de taxistas discurre por la Avenida de los Andes.

En el contexto madrileño, las asociaciones dieron por rotas las negociaciones con la Comunidad de Madrid respecto a la reforma exprés de la VTC al negarse el Gobierno regional a entrar en sus exigencias sobre la precontratación, según indicaron los portavoces del colectivo de taxistas.

Marcha hacia la Conselleria de Territorio

Unos 1.000 taxistas han iniciado pasadas las 12 horas en plaza Catalunya una marcha para recorrer la ciudad de Barcelona hasta el departamento de Territorio, donde se reunirán con el conseller Damià Calvet a partir de las 16.

Así lo han decidido en la asamblea celebrada en la mañana de este martes, en la que han defendido que si no están de acuerdo con la propuesta del Govern optarán por "medidas más contundentes" de movilización.

Antes de comenzar la marcha, sobre las 11 horas, un grupo de taxistas han cortado la calle Aragó con Roger de Llúria y han impedido el paso de los coches.

Han empezado a recorrer la calle Aragó hasta Balmes, desde donde han vuelto a plaza Catalunya para la marcha prevista para las 12.

Este martes es el quinto día de huelga indefinida del sector del taxi en Barcelona, protesta que fue convocada el viernes tras rechazar la propuesta de Calvet de obligar a precontratar a los vehículos VTC con una antelación mínima de 15 minutos.

En España, en el año 2005, constaban alrededor de 1.700 municipios con Policía Local propia frente al total de los 8.100 que existen en España. En el año 2016 se estimó la existencia de cerca de 69.000 agentes de Policía Local, frente a los 249.000 que existían en otras administraciones, lo que supone que cerca del 28% de los agentes en todo el territorio nacional pertenecen a corporaciones locales. Esto demuestra una formidable potencia de trabajo y cohesión social que debe ser tratada de la forma adecuada y merecida.

En realidad existen tantos modelos de seguridad en las Administraciones Locales como municipios con Policías Locales o Municipales, todos dependientes de las políticas de seguridad que se estimen oportunas a nivel municipal y en los que la colaboración entre los diferentes actores en la emergencia depende más de los intereses personales de los responsables (ya sean políticos, policiales o ambos) que de una necesaria homogeneización de protocolos, procedimientos, colaboración o coordinación entre ellos. En un modelo policial con diferentes cuerpos policiales que comparten territorio y algunas competencias, la cooperación real, la interoperabilidad entre las diferentes organizaciones, la solidaridad, la lealtad y la confianza entre todas las fuerzas policiales es vital y debe ser el Estado, a través del nuevo modelo policial, el garante de todo ello.

En mi opinión, las Policías Locales son el cimiento de la seguridad local y representan una serie de virtudes altamente valoradas por los ciudadanos como son la cercanía, un mejor conocimiento del territorio y de las cuestiones sociales del mismo, una apuesta decidida por la prevención y una alta especialización en temáticas locales entre otras muchas cosas, que han dirigido el enfoque del servicio a solventar una gran cantidad de necesidades vecinales que se han convertido en problemas de seguridad y que no son competencia de los cuerpos estatales.

No todo es Seguridad Ciudadana, objetivo prioritario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, competencia exclusiva del mismo (que no excluyente) y que las Policías Locales también realizan con mucha profesionalidad desde hace años. Las necesidades de Seguridad Ciudadana se han diversificado, lo que ha propiciado que muchos de los problemas de convivencia se hayan “securitizado” con el paso de los años y representen un elevado número de los requerimientos ordinarios que los ciudadanos plantean de forma abrumadora a las diferentes Policías Locales en todo el territorio nacional. Esta necesidad de prestar el servicio y solventar los problemas de la ciudadanía, objetivo final de cualquier política de seguridad ya sea nacional o local, necesita de una inversión y apuesta decidida en la potenciación de este tipo de servicios de seguridad locales, que no debería ser soportada exclusivamente por las diferentes corporaciones locales. Necesita de la apuesta decidida de la Administración nacional y el nuevo modelo policial del siglo XXI es la ocasión perfecta para ello.

Este es un punto vital, ya que la falta de homogeneización y apuesta a nivel nacional por las Policías Locales como herramientas operativas de trabajo, determina en muchas ocasiones que diferentes municipios presten diferentes servicios de seguridad, lo que hace que algunos de ellos (por la evidente falta de medios humanos y materiales fruto de los recortes en la época de crisis) no puedan prestar la totalidad de todos aquellos servicios que les vienen impuestos de forma legal o que desearía asumir. Esta situación hace que existan ciudadanos y ciudadanas con mayor grado de protección, rapidez de respuesta, grado de prevención o preparación, etc, en función del municipio que estemos valorando. Es decir, ciudadanos y ciudadanas de primera o de segunda en función de la cantidad y calidad del servicio de seguridad recibido, lo que puede determinar desigualdades en el disfrute de los derechos fundamentales.

Esta razón es determinante para expresar la necesidad de un modelo policial realmente integrado, coordinado y específicamente dirigido a las necesidades de la ciudadanía,  en el que se aborden las realidades sociales para las que son requeridas día a día las Policías Locales del Estado español. Reformar un modelo por el tejado y olvidar los cimientos, solo hará que se acrecienten las desigualdades de la ciudadanía y determinará la falta de éxito en un muy corto espacio de tiempo.

A todo ello hay que sumar que en la realidad del servicio ordinario trabajamos con una multitud de servicios como bomberos, sanitarios, Protección Civil, Policías Autonómicas, Policías Locales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de un largo etcétera, todos ellos con sus competencias propias, que necesitan ser coordinados y poseer protocolos conjuntos, ya que muchos ejercen sus funciones en otras Administraciones en las que la colaboración y coordinación (desgraciadamente mediatizada por intereses políticos en muchas ocasiones) brilla por su ausencia, y en la que los protocolos de trabajo propios de cada uno de ellos son en muchas ocasiones incompatibles o no han sido integrados adecuadamente. Por estas razones, siendo importante un modelo policial creo aún más necesario un modelo coherente de Seguridad Pública que garantice la adecuada organización, competencias y coordinación entre todos los actuantes y que piense de forma prioritaria en las necesidades de la ciudadanía antes que en interés personales. _________________

Carlos Carretero es policía municipal de Alcorcón y miembro de Ganar Alcorcón.

El Ayuntamiento de Pamplona pondrá en marcha en enero la prueba piloto de un novedoso dispositivo gratuito, asociado a la aplicación móvil AgreStop/EraStop, que no necesita poner en marcha el móvil para denunciar que se está sufriendo cualquier tipo de agresión o violencia sexista.

El dispositivo se asemeja a un llavero con forma de botón. Para ponerlo en marcha, la mujer necesitará llevar el teléfono móvil y haberse descargado la aplicación AgreStop/EraStop pero bastará con que apriete el 'botón' con una doble pulsación para que el aviso de alarma sea recibido de forma inmediata en Policía Municipal, que recibirá además la geolocalización de la mujer.

Con la implantación de este dispositivo, Pamplona será una de las primeras ciudades de España con el 'botón de aviso', que se facilitará en primer lugar, y de manera voluntaria y gratuita, a mujeres incluidas en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), un programa estatal en el que están englobadas mujeres que han sufrido este tipo de violencia. El coste de la puesta en marcha del sistema es de 5.000 euros.

La idea de esta experiencia piloto es evaluar el sistema y "en caso de que los resultados sean positivos, extenderla al resto de Navarra", ha explicado la concejala delegada de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Itziar Gómez, que ha presentado este viernes este dispositivo acompañada del director del Área, Xabier Ibáñez, y el gerente de MRSystem, Mikel Goñi.

La aplicación AgreStop/EraStop a la que se asocia el nuevo dispositivo permitirá que la mujer sea geolocalizada sin que tenga que hablar ni dar la ubicación espacial en la que se encuentra en ese momento. Policía Municipal visualizará la información detallada de la alerta con los datos suministrados por la persona usuaria al crear la cuenta con lo que sabrá quién está activando la alarma y desde donde. En ese mismo momento se pondrán en marcha los medios necesarios para acudir en auxilio de la víctima.

Itziar Gómez ha destacado que este nuevo dispositivo "ofrece la inmediatez de no tener que depender del teléfono para hacer saltar la alarma" de la app AgreStop. La edil ha señalado que "no es casualidad que Pamplona sea una ciudad pionera en ponerlo en marcha porque es una ciudad" que "tiene una postura clara y firme en contra de las agresiones sexistas, en la defensa de las políticas de igualdad y nos parece que esto es un deber y un compromiso del Ayuntamiento con la ciudad".

Por su parte, Mikel Goñi, gerente de MRSystem, empresa que ha desarrollado la app y el sistema, ha destacado que el nuevo dispositivo es "técnicamente muy sencillo e inmediato" y "cumple una funcionalidad muy importante".

El Ayuntamiento de Pamplona va a adquirir 200 unidades del nuevo dispositivo que permitirá la protección de forma rápida y efectiva de las mujeres frente a la violencia de género. En primer lugar, se ofrecerá de forma gratuita y voluntaria a las 150 mujeres de Pamplona que están incluidas en el Sistema VioGén y que cuentan con una protección policial especial por parte de Policía Municipal. Son mujeres que han sufrido violencia de género o han sido amenazadas y han presentado denuncia de su situación.

También se les ofrecerá a aquellas para las que el Juzgado de Violencia contra la Mujer de la Audiencia Provincial de Navarra lo solicite a Policía Municipal, siempre teniendo en cuenta el permiso favorable de la mujer. En tercer lugar, en una fase temporal posterior, se prevé que puedan solicitar el dispositivo los hijos e hijas de mujeres que han sufrido violencia de género y que se sienten bajo amenaza.

Por último, tras la prueba piloto, el Consistorio pamplonés estudia la posibilidad de entregar el dispositivo a todas las mujeres interesadas. En este caso ya no sería de forma gratuita sino que se establecería una tasa.

Más de 1.800 descargas de la app 'AgreStop' en Pamplona

El nuevo dispositivo está asociado a la aplicación AgreStop/EraStop que facilita la comunicación de la ciudadanía con la Policía Municipal, de una forma sencilla e intuitiva, para denunciar cualquier tipo de agresión o violencia sexista que se pueda sufrir o presenciar en la ciudad.

Requiere que la persona usuaria cree una cuenta en la que introduzca su número de teléfono y una serie de datos para su identificación y ubicación. Desde su puesta en marcha, la aplicación ha sido descargadas por 1.875 personas con domicilio en Pamplona y 14.265 de su área de influencia.

La aplicación consta de tres funciones, que exponen otras tantas posibles situaciones: Estoy sufriendo una agresión, Denuncia una agresión y Acompáñame. La primera opción envía una señal inmediata que advierte a la Policía Municipal de su geolocalización y pondrá en marcha el dispositivo de ayuda.

Con Denuncia una agresión cualquier persona que presencie o sea testigo de un acto de violencia sexista puede denunciarlo. A través de ese botón, se comunica directamente con la Policía Municipal para que pueda conocer la incidencia y actuar.

Por último, en Acompáñame, la persona usuaria elige a alguien de su agenda de contactos y le pide que le acompañe virtualmente a casa. Tras aceptarlo, esa persona 'acompañante' verá el mapa y la geolocalización para comprobar cómo la persona que ha requerido su compañía llega a su destino. En caso de ver algo extraño, la persona 'acompañante' podrá avisar a la Policía Municipal. Asimismo, la persona que ha solicitado el acompañamiento tendrá abierta la aplicación y podrá pulsar el botón Estoy sufriendo una agresión en caso de necesidad.

Mikel Goñi, gerente de MRSystem, ha destacado que la aplicación ha conseguido hasta el momento evitar dos agresiones que han tenido lugar fuera de Pamplona.

La edil de Ahora Madrid Rommy Arce se reafirmó este viernes ante el juez de Instrucción número 12 de Madrid en los tuits que colgó contra la Policía Municipal de Madrid tras la muerte de un mantero en Lavapiés, denunciando las políticas migratorias "racistas" que practica, según ella, el Estado español, y asegurando que es una víctima de "un ataque político", informó Europa Press.

La concejala presidenta del distrito de Arganzuela compareció en calidad de investigada por un delito de injurias y calumnias cometido supuestamente contra la Policía Municipal de Madrid. También declararon el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye, así como dos de los autores anónimos que difundieron mensajes injuriosos contra la Policía Municipal.

Tras agradecer el apoyo recibido por las decenas de personas que se congregaron a las puertas de los juzgados, la concejal madrileña manifestó que la presencia de todos ellos refleja que se goza de libertad de expresión para reivindicar y denunciar políticas migratorias "xenófobas" y "racistas" como "las que practica el Estado español y la Unión Europea".

"Me reafirmo en las declaraciones que hice en el tuit del 15 de marzo por el cual se nos acusa de injurias y calumnias. Vamos a seguir denunciando esas políticas migratorias", subrayó, expresando a continuación su solidaridad hacia "las personas sin papeles de la ciudad de Madrid que lamentablemente se encuentran en una situación de exclusión social y carentes de derechos".

Además, Arce afirmó que se siente totalmente respaldada por el Equipo de Gobierno de Manuela Carmena. De hecho, la acompañaron los ediles de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato, Pablo César Carmona y Monserrat Galcelán.

"Somos conscientes de que es un ataque político. Y dejarles claros a nuestros adversarios políticos que no nos van a callar, que no tenemos miedo ante este uso de la vía judicial para acallar cualquier voz crítica. No nos van a silenciar", apostilló.

El juzgado de instrucción número 42 de Madrid archivó la causa que seguía contra tres agentes de Policía Municipal de Madrid por presunto delito de odio e injurias en un chat con otros agentes en los que se vertieron comentarios contra la regidora de la capital, Manuela Carmena, los inmigrantes y algunos periodistas.

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, el juez expone que "no se aprecian indicios racionales suficientes que permitan imputar" delitos a estos agentes, ni tampoco conducta amenazante contra el compañero, también integrante del chat, que llevó a la Justicia estos mensajes.

Entre los comentarios analizados había mensajes como "Hay que comenzar con las cacerías de guarros, panda hijos de puta, los moros y los que los defienden" mientras que sobre la alcaldesa había expresiones como "Qué vejestorio más despreciable".

El procedimiento se inició en base al atestado instruido por la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, en base a la denuncia presentada por otro agente el día 13 de noviembre de 2017, que también solicitaba una orden de alejamiento porque aseguraba que había recibido amenazas.

El juzgado relata que se proporcionaron comentarios a la causa a fecha del 4 de diciembre del año pasado en los siguientes términos: "Hay que comenzar con las cacerías de guarros, panda hijos de puta, los moros y los que los defienden", "Yo los tiraba al mar, comida para peces", "¿El napal no lo inventaron para basura así?" u "Otra opción puede ser incrustarles casquillos vacíos en la nuca a martillazos".

También se aludía a la publicación de dos fotos de Adolf Hitler con el contenido "Este señor si que sabía como hacer las cosas, Este señor es Dios!!!!", "Esto es un señor de los pies a la cabeza", "Ya estarían echando humo las chimeneas sin parar si estuviera al mando", "No tienen para comer y parecen ratas pariendo", "Que se vayan todos a tomar por culo a sus países con todos los progres de mierda de Podemos y con la escoria antisistema", "Yo abría la llave de gas y los despiojaba" o "Las ratas tienen que tener derechos de ratas".

Igualmente, dicho chat común, y en relación con la alcaldesa de Madrid contiene comentarios tales como "hija de la gran puta roja de mierda mal parida", o "Que se muera la vieja zorra ya", con otros mensajes de descalificación contra la periodista Ana Pastor.

El juzgado detalla que en lo relativo al delito de odio el Código Penal establece que comenten este tipo penal quienes "públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo" o personas, como pueden ser por motivos racistas.

Para ello, se requiere en dicho delito que tales conductas se realicen "públicamente", por tal cabe entender la utilización de medios que permitan la puesta en conocimiento general de lo que es objeto de opinión o juicios de valor.

"Y tal requisito, a la vista de lo expuesto por los testigos que depusieron en la tramitación de la causa, no concurre en el caso de autos. Los comentarios ciertamente xenófobos, e incitadores al odio y violencia contra un grupo de personas por motivos de su raza, vertidos en el referido chat por parte de dichos dos investigados, tuvieron como únicos receptores a las personas agregadas a dicho chat, sin que por las características técnicas de dicho grupo fuera posible su publicitación a terceros ajenos o extraños al mismo, que no podían acceder a su contenido", recoge el auto.

También establece que en los comentarios vertidos en este chat contra la alcaldesa de Madrid no cabe tampoco "apreciar la presunta comisión de un delito de injurias a la autoridad tipificado en el artículo 208 del Código Penal".

Además, aborda los cuatro mensajes del tercer agente vertidos al otro policía que les recriminó su actitud que podrían ser constitutivo de amenazas, como "Cuidadito conmigo (...) que no llegas ni a la jubilación anticipada que tanto añoras".

En relación a ello, el juzgado asegura que "no cabe apreciar conducta o comportamiento amenazante alguno" respecto de dicho denunciante, siendo "lo cierto que más bien dicho temor surgió en dicho denunciante a raíz de la trascendencia que tuvo la denuncia interpuesta, y ante la posible reacción del resto de componentes del Cuerpo de Policía Local".