Decía que había que cambiar no solo los rostros, sino también la manera de hacer las cosas tanto dentro como fuera del partido. Ahora tiene la oportunidad de demostrar si su estrategia servirá para que el PSOE de Extremadura salga de su particular nube negra. Álvaro Sánchez Cotrina ya es el nuevo líder regional de la formación después de ganar las primarias de este sábado frente a su compañera Soraya Vega. Ha vencido con casi un 59% de los apoyos. No obstante, en todo momento ha querido mandar un mensaje de unidad e integración; de hecho, ya ha asegurado que quiere a Vega en su equipo.

Cotrina, alcalde de Salorino, un municipio de algo más 500 habitantes situado en la provincia de Cáceres, casi fronterizo con el territorio pacense y cercano a la Raya portuguesa, ha dejado claro en todo momento que su defensa de Extremadura va a estar por encima de las siglas del PSOE.

Tiene el bastón de mando en su pueblo, donde está muy bien considerado, desde 2011. Además, sin haber cumplido aún los 40, es consciente de los nuevos tiempos y la nueva política: sabe manejar el lenguaje y la imagen de las redes sociales para llegar al público más joven.

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura es graduado en Derecho por la UNED y diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Extremadura. Y ha sido padre durante la campaña de primarias.

Su victoria viene a romper la dinámica habitual de los anteriores líderes: es la primera vez que alguien de la provincia de Cáceres –con menos población– toma las riendas del partido (Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y Miguel Ángel Gallardo partían de territorio pacense). De hecho, Cotrina ha logrado vencer no solo en las ciudades de Cáceres o Plasencia, también ha sumado fuerzas en Mérida. En Badajoz, Vega se le ha adelantado, pero por la mínima.

En los resultados por provincias, en la cacereña se ha llevado el 83% de las papeletas; en la pacense ha vencido su rival con un 56% de los apoyos. Estaban llamados a las urnas 9.121 militantes y la participación ha sido del 72,38%.

Hasta llegar aquí, el PSOE de Extremadura ha transitado por unas primarias con récord de candidatos. La gestora que estaba al cargo del partido, presidida por José Luis Quintana, actual delegado del Gobierno, intentó de todas las maneras posibles que hubiera un nombre de consenso por el temor –compartido por todos los aspirantes– a una nueva guerra interna que hundiera aún más la formación. Hasta el expresidente Ibarra, que rechaza radicalmente las primarias, remó en contra de las mismas. 

Finalmente fueron hasta cinco personas quienes dieron un paso adelante y pusieron sobre la mesa su precandidatura. Todos apelando al citado consenso, pero cada cual con su propia idea. No obstante, el contexto cambió en pocos días. Dos de los participantes –el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade; y Blanca Martín, la expresidenta de la Asamblea de Extremadura– se unieron a Cotrina. El caso de Martín fue bastante significativo, pues contaba con el apoyo del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, una de las voces que más alto suenan.

Además, cuando llegó el momento de presentar los avales, otro de los aspirantes, el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, no sumó los suficientes y quedó fuera de la carrera.

En la batalla quedaron Cotrina y Vega. El primero ya partía con ventaja. La realidad es que ambos han mantenido un tono sereno y respetuoso durante toda la campaña. Sin enfrentamientos públicos y sin rifirrafes en redes sociales. 

La diferencia más notable era que el equipo de Cotrina fue crítico con Miguel Ángel Gallardo y el de Vega siempre ha mantenido su defensa pública.

No obstante, en el debate que ambos protagonizaron días antes de la votación mostraron más unión que distancia. Ni siquiera se transmitió que presentaran dos modelos diferentes de partido. Coincidieron, sobre todo, en la importancia de revivir las Casas del Pueblo para que la formación pueda dejar atrás su peor momento histórico.

El PSOE de Extremadura ha vivido tres procesos de primarias en dos años tras la marcha de Fernández Vara. Las grietas están ahí. Se votó primero en marzo de 2024, cuando se enfrentaron Lara Garlito (Cáceres) y Miguel Ángel Gallardo (Badajoz), quien obtuvo una ajustada victoria, con un 55% de los apoyos que procedían principalmente de la provincia pacense, donde la militancia es mayor.

Después, en enero de 2025, desde Ferraz se pidió a las federaciones que se celebraran nuevos congresos y ratificar así a los líderes regionales. Aunque Gallardo contaba con un sector del partido en contra, sorprendió a muchos que casi en el último minuto apareciese una rival: Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres y exconsejera de Educación y Empleo con Fernández Vara, levantó la mano. La guerra estaba servida.

El reproche de Gutiérrez a Gallardo era fomentar la desunión, alimentar las discrepancias, especialmente en la brecha histórica entre Badajoz y Cáceres.

Además, estas segundas primarias estaban marcadas por el caso David Sánchez. Gallardo ya había sido llamado por la jueza para declarar por su supuesta implicación en el contrato al hermano de Pedro Sánchez cuando era presidente de la Diputación de Badajoz. La acusación de ‘enchufismo’ fue noticia nacional (se sentará en el banquillo de los acusados el 28 de mayo, cuando empiece el juicio oral). 

Teniendo en cuenta los antecedentes, la de Cotrina no ha sido una victoria contundente como la que obtuvo Fernández Vara en 2019, que se llevó el 65% de las papeletas frente a otros dos rivales (Eva María Pérez y Enrique Pérez Romero); por ello el primer reto es, sin duda, "coser el partido", una expresión que no se ha dejado de pronunciar en ningún momento.

Las claves estarán en el XVI Congreso regional que se celebrará el 25 de abril, cuando el recién nombrado líder elija al equipo que le acompañará en la nueva etapa del PSOE extremeño.

Lo que sí tienen claro dentro de la formación es que cualquier enfrentamiento interno que se haga público volverá a dañar la imagen y pondría en peligro la próxima cita electoral. El primer examen de Cotrina serán las elecciones municipales de mayo de 2027, para las que apenas queda un año. En estos meses el PSOE deberá volver a activar su maquinaria. El objetivo es evidente: no perder las diputaciones de Badajoz y Cáceres, ambas ahora mismo en manos socialistas, lo que les permite mantener la fuerza en las zonas rurales.

En cuanto a las ciudades y municipios más importantes, si bien la capital pacense, la cacereña y Plasencia están gobernadas por el PP, el PSOE conserva Mérida, Almendralejo y Villanueva de la Serena (donde Gallardo obtuvo seis mayorías absolutas).

En este sentido, durante el debate de primarias entre Cotrina y Vega, esta última dio un dato significativo para evidenciar la pérdida de conexión con los ciudadanos. El 65% del voto perdido pertenece a mujeres, en gran parte por la abstención. De ahí la propuesta de Vega de crear un "consejo asesor feminista" para revertir esta realidad.

Lo cierto es que problemas como la vivienda o los bajos salarios alimentan la distancia de los electores con el PSOE, sobre todo entre la población más joven. 

Pero, además, el nuevo líder tiene por delante la misión de reforzar el papel de su partido en la Asamblea de Extremadura, más aún en un contexto de inestabilidad política por la tardanza de PP y Vox en cerrar un acuerdo de gobierno. La región sigue en parálisis.

Ninguno de los candidatos a las primarias socialistas era partidario de una abstención para que los populares no tuvieran que acudir a la ultraderecha. El principal argumento: que en ningún momento habían sido llamados para plantearse esta opción. Lo cierto es que tanto un partido como otro están marcados por las directrices a nivel nacional.

Así, a lo que aspira ahora el nuevo jefe del PSOE es a capitanear una oposición fuerte que fiscalice las políticas de María Guardiola cuando vuelva a ser presidenta (si finalmente se cierra el pacto con Vox). Cotrina cuenta con la ventaja de que es diputado en la Asamblea de Extremadura, de manera que tendrá altavoz propio. Pero en su contra está que Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha escalado posiciones en ese papel de líder de la oposición mientras que el PSOE ha estado descabezado.

Ahora el contexto político cambia. Cotrina ya ha manifestado que “hay que dejar de mirarse el ombligo” y “eliminar las tutelas de Madrid” para que la formación se haga fuerte y “recuperar” una comunidad que históricamente han dominado.

Extremadura está en el foco. Todas las miradas se dirigen a una comunidad a la que habitualmente apenas se observa. Las elecciones del 21D serán la primera pista de cómo respira la política nacional y la expectación es máxima. Por eso, los partidos miden sus fuerzas en una tierra que nunca había cobrado tanto protagonismo. Y toda la atención está puesta precisamente ahí, en la contienda electoral, en el cruce de reproches y acusaciones, en la batalla en redes sociales. Los retos y necesidades, los problemas y heridas que arrastra la autonomía quedan en un alejado segundo plano. “Si el contexto fuera otro, por aquí no pasan los líderes nacionales como lo están haciendo, porque Extremadura importa poco, tiene poco peso político. Somos algo más de un millón de habitantes y no contamos, no somos necesarios”, reflexiona, entre otros, Jesús Pérez Mayo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura (Uex).

La región comparte con el resto de autonomías riesgos para la ciudadanía como las debilidades del sistema sanitario y el crecimiento sin freno del precio de la vivienda. En el primer caso, las listas de espera y la falta de especialistas se ve acentuado en las zonas rurales, donde cuesta cubrir plazas. En el segundo caso, aunque la comunidad es de las más baratas, los sueldos son también más bajos, una ecuación desigual que dificulta igualmente el acceso a un hogar.

Pero más allá de estas cuestiones, hay grietas concretas directamente relacionadas con ese escenario demográfico del que habla Pérez Mayo. ¿Cuáles son los principales desafíos?

El servicio ferroviario ha mejorado en los últimos años. Existen más opciones y las averías con los pasajeros tirados durante horas en mitad de la nada quedaron atrás. No obstante, Extremadura, a pesar de su situación estratégica en la frontera, sigue siendo una isla y las conexiones internas resultan igualmente escasas.

Hay que ir a la hemeroteca para entender la situación actual del tren. La gran promesa de un AVE Madrid-Badajoz-Lisboa se puso oficialmente sobre la mesa en la cumbre hispano-lusa de 2003, con el entonces presidente del Gobierno José María Aznar y su homólogo portugués José Manuel Durão Barroso. Se fijó 2010 como el año en que se inauguraría esta infraestructura. Desde entonces se han ido acumulando retrasos. Todos los Gobiernos de España han incumplido sus compromisos con el tren extremeño.

¿Cuáles han sido los avances? En el verano de 2022 se inauguró la nueva plataforma entre Badajoz y Plasencia, pero hubo que esperar otro año más para que entrara en vigor la electrificación y empezar a hablar, por fin, de trenes de altas prestaciones.

Y hasta ahí. Desde Plasencia hasta el límite con Castilla-La Mancha los tramos siguen en obras, avanzados pero sin terminar. En la provincia de Toledo aún no hay un proyecto claro para la continuidad hasta Atocha. Y en la parte portuguesa, el recorrido desde Elvas (en la frontera) hasta Évora (a mitad de camino hacia Lisboa) es el único avanzado en alta velocidad. El plan permanece a medias.

Aun así, las mejoras son evidentes. Ajustando horarios, ya se puede ir y volver en el día a Madrid desde Badajoz en un viaje de unas cuatro horas y media para recorrer los 400 kilómetros de distancia. Antes la media era de más de seis horas.

No obstante, basta un ejemplo para la comparación. Entre Sevilla y Madrid hay 533 kilómetros; el AVE tarda menos de tres horas en unir ambas ciudades y con más opciones. Otro ejemplo: el tren Badajoz-Sevilla necesita cuatro horas y media para recorrer 210 kilómetros que en coche se completan en dos horas y 40 minutos.

El servicio regional también es deficiente para conectar pueblos y ciudades en una región amplia y dispersa. “Parece mentira que ahora estemos celebrando los nuevos trenes entre Badajoz y Cáceres”, dice Pérez Mayo. Se refiere a que este mes de diciembre han empezado a funcionar cuatro servicios diarios de Media Distancia que permiten completar el trayecto en 46 minutos (la distancia es de 90 kilómetros).

Otra de las peculiaridades de Extremadura es que las dos capitales de provincia no están unidas por autovía. También hace décadas que se proyectó, pero de momento solo hay pequeños tramos en marcha de la llamada A-58.

No es la única pendiente. La futura A-43 hacia el Levante avanza a ritmo muy lento y sin un diseño claro en la provincia de Ciudad Real. Y en cuanto a las autovías autonómicas, ahora se propone la colaboración público-privada para potenciar su construcción.

En relación al autobús, si bien la Junta ha aprobado que los viajes sigan siendo gratuitos dentro de la región, las rutas son escasas y no cubren de manera óptima las necesidades de sus posibles usuarios, especialmente en las zonas rurales.

“Los jóvenes se nos van porque no encuentran oportunidades laborales”. La frase la pronuncia Mari Cruz Lara, secretaria de Empleo y Formación de CCOO en Extremadura, pero es una reflexión constante. A pesar de los intentos por retener talento, las cifras hablan por sí solas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que a 1 de enero de 2025 había 109.964 residentes de entre 25 y 34 años en la comunidad; un año antes eran 111.899; y hace diez años, 140.073. Una pérdida del 21% en la última década.

Uno de los principales factores de esta bajada es el éxodo juvenil. Los pueblos se vacían y, como consecuencia, repunta el envejecimiento de la población. Esa falta de oportunidades hace, además, que la comunidad sea poco atractiva para los inmigrantes. De nuevo los números dibujan la realidad: los habitantes extranjeros suponen un 14,2% del total en el conjunto del país; en Extremadura representan solo el 4,6%.

No obstante, las últimas publicaciones del INE reflejan un ligero repunte de población gracias precisamente a la inmigración y una reducción del paro en comparación con otros territorios. Pero Extremadura, junto con Andalucía, suele liderar el ranking nacional de desempleo.

Al respecto, Mari Cruz Lara plantea: “No podemos olvidar que existen problemas estructurales sin resolver. Si bien hay determinados trabajos para los que no se encuentra gente, habrá que ver las condiciones que se ofrecen”. Ella pone el foco en lo rural y la mujer: “Hay una clave fundamental: las administraciones deben invertir en servicios públicos útiles y tener en cuenta a los pueblos para poder crear empleo. Por ejemplo, si en los pequeños municipios hay guardería, un centro de mayores y un autobús, las mujeres tendrían muchas más facilidades para cubrir puestos. Y además se crearían nuevas plazas en esos recursos públicos. Los pueblos tendrían más vida. Para eso hay que tener muy clara la apuesta por el mundo rural”.

También apunta a los jóvenes: “Es muy importante adaptar la formación a la demanda. Si hay determinadas industrias que se van a poner en marcha en Extremadura, que ellos puedan trabajar en ellas”.

Al hilo de lo anterior, una de las claves para analizar el mercado laboral es la escasa industrialización. De ahí que, sin alternativas reales, se peleé por la continuidad de la central nuclear de Almaraz al ofrecer sueldos y condiciones por encima de la media.

Hace apenas tres años, en Extremadura se habló de la ‘revolución industrial verde’. El expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara insistió en que había una oportunidad clave: “Esta comunidad llegó a la revolución industrial 150 años tarde, ahora llega antes que nadie”, expresó. Sobre la mesa, proyectos como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata (en la comarca de Campo Arañuelo, cerca de Almaraz), la fábrica de diamantes en Trujillo, la mina de litio de Cañaveral o la azucarera de Mérida. A ellos se sumaba Elysium City, el macroproyecto de ocio planteado en La Siberia, en el entorno de Castilblanco. Vara usó el término ‘verde’ porque casi todos los proyectos tirarían de energía renovable. Inversiones millonarias, miles de puestos de trabajos… 

Solo la fábrica de Trujillo está en marcha y ahora se ha anunciado una ampliación. El resto, en el aire. “Parece que la promotora de la gigafactoría va a comprar ya los terrenos… Lo importante es que las iniciativas salgan adelante, porque esa industrialización cambiará el perfil de empleo y salarios, que serían mucho mejores, y permitiría la creación de servicios con alto valor añadido”, evidencia Pérez Mayo. Y añade: “Pero resulta igualmente necesario que las conexiones mejoren, no solo para la movilidad de las personas, también para las mercancías”.

Más allá de la industrialización, Extremadura es una región agraria que necesita un impulso en el campo, que vive en continua asfixia por los bajos precios y, con frecuencia, en conflicto con las políticas que llegan desde Bruselas.

Lo cierto es que la agricultura y la ganadería suponen el 7,7% del PIB extremeño, de su riqueza (el dato nacional es del 2,7%) y de ahí la importancia de seguir potenciando la innovación, la producción y las exportaciones.

Para ello es fundamental poner en valor el escenario demográfico a la hora de plantear, por ejemplo, la financiación autonómica. De nuevo, una comparación: Extremadura tiene una densidad de población de unos 26 habitantes por kilómetro cuadrado; País Vasco, 300 (la media nacional está en los 98 habitantes). Aquí los expertos coinciden en que la organización de los servicios básicos ha de tener en cuenta la dispersión y el envejecimiento.

La radiografía de la comunidad constata los retos, carencias y las reivindicaciones históricas. Cuando pase el 21D y la atención política desaparezca, será el momento de comprobar si las necesidades de Extremadura están en el foco.

“Ahora los hijos de los parceleros, esos que se han ganado la tierra con el sudor de su frente, se arriman a la extrema derecha. ¿Por qué? Porque la gente joven ve en esos mensajes de los ultras una respuesta a sus carencias. No cuesta ningún trabajo decir lo que hace falta. Las respuestas que se dan desde esos discursos son anodinas, pero da igual, porque calan. Los jóvenes lo que buscan es un referente, y en la izquierda no lo encuentran. A la gente mayor no la convencen tanto, pero, en general, la tendencia es más conservadora, porque cuando se siente que hay inestabilidad, pérdida de credibilidad o las aguas se revuelven, lo que se quiere es conservar lo que se tiene, agarrarse bien a lo que hay para no perderlo”. Es el análisis de Cecilia Carrasco, secretaria de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) en Extremadura, que conoce en profundidad y de primera mano qué ambiente se respira en el campo.

Hace esta reflexión de cara a la campaña electoral del 21D, que acaba de empezar y cuyos resultados regionales marcarán el nuevo ciclo político a nivel nacional. La principal batalla está a la derecha del tablero: el PP quiere mayoría absoluta para no depender de Vox y Vox hacerse más fuerte para marcar el paso. Por eso ambos, más allá de disputarse a sus votantes naturales, pretenden ampliar su área de influencia. El objetivo es atraer a desencantados del PSOE. Y uno de los principales focos está puesto en el mundo rural, clave en Extremadura.

Carrasco explica lo de los parceleros: “Aquellos agricultores que en su momento tuvieron acceso a tierras en los pueblos de colonización. Ahora son propietarios de cuatro o cinco hectáreas. Son explotaciones familiares”. Y hace su radiografía de cómo funciona la ideología política en el campo: “El regadío siempre ha sido más progresista porque se necesita más novedad, más avance, más tecnología. Son cultivos más sociales. El secano es más conservador, y ahora más todavía”.

“¿Quién puede negar ya el cambio climático? Solo hay que ver cómo llueve”, expresa, por su parte, Juan Moreno, un histórico en Extremadura de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) en referencia a los discursos de Vox. “En el campo pasa lo que en todas partes, que el mensaje de la extrema derecha llega a los jóvenes sobre todo a través de las redes sociales”, asegura. “Y después esos ultras le dicen al agricultor lo que quiere escuchar, más teniendo en cuenta que las políticas de Bruselas no gustan nada”, añade.

Justo ahí Vox cree haber encontrado un caladero. Uno de los argumentos más repetidos en esta campaña será el rechazo al Pacto Verde europeo, resaltando que es un acuerdo apoyado por PSOE y PP. "Hay que eliminar las políticas verdes que machacan el campo extremeño", repiten una y otra vez.

En ese intento de dominio de lo rural se presentan también como el partido de las tradiciones defendiendo, por ejemplo, la caza y los toros. Pero la realidad es que en Extremadura el PSOE —al igual que el PP— siempre ha apoyado ambos sectores a sabiendas de que son, igualmente, votos.

Lo cierto es que en el intenso recorrido que ya están llevando a cabo por numerosos pueblos de Cáceres y Badajoz son ellos mismos los que insisten: “Habrá trasvase de votos desde el PSOE”.

La respuesta desde el otro lado la da, por ejemplo, el alcalde socialista de Hernán Pérez (en la provincia de Cáceres, 411 habitantes): “Abascal viene a Extremadura a conquistar el voto rural diciendo no a la inmigración en unos pueblos que necesitarían miles de inmigrantes para poder levantar miles de hectáreas abandonadas y llenar miles de casas vacías”, expresa.

La socióloga y profesora de la Uex (Universidad de Extremadura) Beatriz Muñoz da varias claves del contexto actual: “El campo siente abandono institucional. El mundo rural percibe que recibe pocos recursos. Esa sensación generalizada de desamparo se traduce en ‘zona de disputa’ para los partidos”. Al respecto, explica: “El PP ya ha identificado al campo como uno de los más descontentos y lo ha colocado como objetivo prioritario: primero la agricultura, después la transición ecológica”.

Del mismo modo, añade: “Además, hay desconfianza hacia las regulaciones de la Unión Europea y, en este caso, el mensaje de la ultraderecha es que se quiere ‘estrangular’ al pequeño agricultor, generando inseguridad y enfado. Si a eso se añade la incertidumbre por los bajos ingresos, los precios de mercado volátiles y la narrativa de ‘nosotros contra la burocracia’, pues el mensaje que queda es: estos sí nos van a defender”.

Habría que destacar, al respecto, que la extrema derecha ya ha ocupado en diversas autonomías consejerías relacionadas con el campo. En Extremadura fue la de Gestión Forestal y Mundo Rural, dos competencias que el PP sacó de Agricultura para crear esta nueva cartera.

Muñoz destaca también la ‘guerra cultural’ entre campo y ciudad teniendo en cuenta que en Extremadura casi la mitad de la población vive en localidades de menos de 10.000 habitantes: “Parte fundamental de los populismos es contraponer lo rural y lo cosmopolita; esto último lo identifican con ecologistas, feministas o urbanitas. Esa dicotomía simplista puede generar adhesión en quienes sienten que su forma de vida y su identidad están siendo denigradas desde las élites urbanas”.

Esta socióloga resalta, en este sentido, la “falta de alternativas”. “Si los partidos de izquierda no logran ofrecer políticas de rejuvenecimiento rural que incluyan servicios públicos, precios justos, inversión o dignidad laboral, la desilusión puede favorecer al mensaje de la derecha”.

No obstante, sí quiere hacer un matiz y destacar el papel de líderes como Irene de Miguel, de Unidas (la confluencia de Podemos, IU y Alianza Verde), “porque ha entendido que si no están ellos explicando las cosas, otros ocuparán su sitio”.

Expuestas las observaciones, Muñoz resume: “La estrategia de captar votos en el campo tiene muchas posibilidades de éxito, sobre todo si se logra conectar emocionalmente con el enfado, la identidad y las tensiones. Todo dependerá de la capacidad de estos partidos para transformar promesas en percepciones reales de protección, apoyo y mejora de vida”. No obstante, apostilla: “También hay límites al discurso de la derecha. No todo el mundo rural ve las cosas igual: hay generaciones nuevas e inquietudes diferentes que tienen en cuenta el cambio climático, la sostenibilidad o los derechos laborales”.

El concejal de Urbanismo de Cáceres, Tirso Leal, del PP, ha amenazado este viernes con querellarse por "calumnias" contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la ciudad, Belén Fernández, por traer a colación la información que ha publicado infoLibre en la que se relataba que el edil conservador oculta un conflicto de intereses en unos terrenos que pertenecen a su esposa y que el consistorio adquirirá para realizar un polígono industrial en la ciudad, después de un cambio de ubicación a lo anteriormente acordado.

Para Leal, este movimiento es perfectamente legal y, de hecho, invita a los socialistas a acudir a los tribunales si tienen sospechas de alguna práctica delictiva, además de descartar abandonar el cargo pese a encontrarse "a disposición del alcalde" desde el primer momento.

El concejal llevó al pleno este asunto y, según ha relatado Fernández, él mismo fue quien propuso el debate, pero se ausentó sin precisar los motivos que le llevaban a hacerlo. Posteriormente, los socialistas conocieron la supuesta incompatibilidad y que esta no había sido comunicada al alcalde hasta 24 horas antes y, por tanto, "en todo este tiempo oculta la información". Una situación que llevó a los socialistas a presentar una pregunta al pleno para que Leal explicara el asunto y que, según ha criticado Fernández, aún no ha sido respondida "después de más de un mes"

Por ese motivo, el PSOE ha advertido de la gravedad del conflicto y ha pedido al alcalde que, si el concejal no dimite, lo cese y lo aleje de toda responsabilidad relacionada con Urbanismo, impulsando una investigación en la Fiscalía para aclarar los hechos. "El grupo socialista ha estado, a pesar de la falta de explicaciones, apoyando este procedimiento, porque entendíamos que era fundamental para el desarrollo industrial de esta ciudad. Pero quien lo ha puesto en riesgo el propio concejal, anteponiendo el interés particular al general", ha señalado la portavoz del PSOE en la rueda de prensa.

Sin embargo, en su comparecencia, Leal no ha hecho referencia a ninguna dimisión y, de hecho, ha pasado al ataque, acusando a los socialistas de activar "la máquina del fango", en una estrategia que "forma parte del manual de estilo de Pedro Sánchez". "Me ataca a mí personalmente y lo que es más grave, a mi familia. Por eso estoy estudiando presentar una querella contra la portavoz del PSOE, Belén Fernández, por atentar contra mi honor y el de mi familia, con bulos y calumnias", ha amenazado el concejal.

A su vez, ha defendido que su cargo no le supone ningún conflicto de intereses y ha comunicado que, en el momento de su designación, pidió un informe detallado sobre las posibles incompatibilidades en las que pudiera caer. En su opinión, siempre y cuando mantuviera su abstención en asuntos como el de la finca durante las votaciones en el pleno, no habría ningún problema en desarrollar su labor.

Además, ha defendido que en el caso del que informó infoLibre no existe ese conflicto de intereses. "Mi mujer no tiene ni terrenos ni parcelas en propiedad, no es dueña de terreno, solo una participación minoritaria en una empresa familiar que a su vez tiene otra participación en otra empresa de más familias. Y ni la dirige ni tiene capacidad de decisión", se ha defendido el concejal. En línea con ello, argumenta que el cambio de ubicación de los terrenos a la que hace referencia la edil del PSOE solo se debió a criterios técnicos. "Volvemos a los bulos, a las mentiras y a los infundios", ha continuado Leal, que además ha asegurado que la negociación de los cambios no fue llevada a cabo por él sino por la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano.

Un ejemplo de minería sostenible o una amenaza existencial para la ciudad de Cáceres. Así de polarizadas están las posiciones entre Extremadura New Energies, la filial de la multinacional australiana que quiere cavar una mina de litio en Cáceres y la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña. En medio, la Junta, gobernada por el Partido Popular, que tiene que decidir si concede la licencia de explotación necesaria para que empiecen las obras y por ahora ha declarado la mina Proyecto Empresarial de Interés Autonómico.

“Si estuviese a 30 kilómetros no estaríamos aquí”, afirma contundente Isabel Perianes, portavoz de la plataforma que lidera la oposición a la mina, mientras recorre la sierra donde se ubicaría, a solo dos kilómetros de Cáceres. La cercanía al casco urbano de la ciudad, patrimonio de la Humanidad por su conjunto monumental, concentra las críticas de quienes se oponen a la mina, que también alertan sobre la contaminación atmosférica, el gasto de agua y el impacto que la instalación tendría en la Sierra de Valdeflores, una zona de bosque mediterráneo habitada por aves protegidas. “Tendrán que cambiar los filtros para bacterias del hospital, porque cambiará el PH del aire”, señala Perianes como ejemplo. El hospital, la universidad y la prisión están a solo unos cientos de metros del terreno donde se situarían la planta transformadora de mineral y las bocas de los túneles.

Juan Gil es hidrogeólogo y uno de los principales expertos en el Calerizo, un acuífero sobre el que se situarían buena parte de las infraestructuras de la mina. “Han elegido hacer la megaescombrera, la fábrica de procesado de litio y varias balsas de lodos tóxicos sobre las rocas calizas más vulnerables, que se disuelven con el agua de lluvia. Hay un riesgo alto de contaminación”, señala el experto. Si bien el agua del acuífero no se utiliza para el consumo humano, “es una reserva estratégica en caso de que hubiese una sequía prolongada”, advierte. En la misma línea se pronuncia Marco Hoya, vecino de la ciudad: “Cáceres es una ciudad con pocos recursos hídricos y no me parece sensato utilizarlos en una actividad minera”.

El CEO de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, salió al paso de las críticas, destacando los esfuerzos de la empresa para limitar el impacto ambiental. “Toda la maquinaria y la planta van a ser alimentadas por renovables, el agua será procedente de la depuradora de aguas residuales de Cáceres y no vamos a afectar al acuífero”, argumenta, citando la declaración de impacto ambiental entregada a la Junta. Rechaza también la acusación de que construirán un macrovertedero de escombros que se verá desde la ciudad o que habrá balsas con residuos tóxicos: “Las posibilidades de que pase algo como Aznalcóllar son nulas”, afirma.

Fuentes de la Dirección General de Industria, Energía y Minas del gobierno regional evitan pronunciarse por ahora sobre los argumentos de la empresa, a la espera de “una evaluación rigurosa del proyecto”, aunque esperan que “genere empleo y riqueza en la región”. Jiménez promete 1500 empleos directos durante los dos años de construcción (su intención es comenzar en 2025) y 700 durante los 26 años que la mina estaría operativa. Perianes, de la plataforma Salvemos la Montaña, desconfía de estas cifras y alerta de “la pérdida de 150 puestos de trabajo en la zona”, entre empleos agrícolas y turismo. La asociación Hispania Nostra de defensa del patrimonio ha iniciado una recogida de firmas contra el proyecto, por el riesgo de “la emisión de partículas tóxicas derivadas del proceso de tostación con azufre para la obtención del litio, caso del dióxido de azufre que podría provocar lluvia ácida” sobre el conjunto monumental, el principal atractivo turístico de la capital cacereña.

En 2022, la multinacional australiana renunció a su idea inicial de excavar una mina a cielo abierto. Desde entonces, el nuevo proyecto ha vivido una tramitación accidentada. En 2023, el Ayuntamiento presentó a la Junta un informe donde afirmaba la compatibilidad del proyecto con el plan urbanístico de Cáceres, pero se descubrió que el informe original de los técnicos municipales afirmaba lo contrario, que la mina estaba demasiado cerca del casco urbano para ser admisible. Aun así, la Junta dio por bueno el informe remitido por el consistorio y aceleró los trámites mediante la declaración de Proyecto de Interés Autonómico.

La portavoz de Salvemos la Montaña denuncia además la falta de transparencia de la empresa, que les envió un informe “con páginas en negro; han velado [tachado] el 95% de los datos”. La compañía y la Junta lo justifican por el derecho a proteger información empresarial sensible, que podría dar pistas a competidores que pusieran en peligro el proyecto, entre los que el CEO de Extremadura New Energy señala directamente a China.

Jiménez justifica el proyecto por la necesidad de reducir la dependencia de Europa respecto al país asiático en producción y procesado de litio: “en Europa se extrae el 0,5% del litio que consumimos; el 80% de la transformación mundial se hace en China”. El gobierno central, que anunció en 2021 que destinaría fondos públicos a la primera planta de baterías en España, también ha subvencionado con más de 18 millones de euros el proyecto minero de Valdeflores. Es un ejemplo del apoyo estatal a un sector considerado estratégico por la necesidad de materias primas críticas para la transición energética. Sin embargo, el boom de la minería también está atrayendo inversores cuestionables, como desveló una investigación publicada por Infolibre.

A miles de kilómetros de la bolsa australiana donde cotiza la multinacional minera y bajo el vuelo de las aves rapaces que pueblan la Sierra de Valdeflores, Perianes subraya que la plataforma Salvemos la Montaña no se opone a la extracción de litio, pero insiste en que la cercanía a la ciudad hace inviable el proyecto. “Está en la ciudad, delante del hospital, del centro de ancianos, es una zona de uso”, concluye.

Un varón de 80 años permanece en estado "muy grave" en la UCI del Hospital Universitario de Cáceres, después de que le cayera encima la descarga de agua de uno de los hidroaviones que operaban en la extinción del incendio originado en el término municipal de Alía (Cáceres), según ha podido confirmar Europa Press con fuentes del Servicio Extremeño de Salud. Algunos medios apuntan que estaría en muerte cerebral.

Concretamente, los hechos sucedieron este pasado sábado, después de que el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) declarase el nivel 1 de peligrosidad, dada la cercanía del fuego al casco urbano de la localidad.

Según detalla El Periódico de Extremadura, este hombre fue a la zona en la que se estaba produciendo el incendio forestal alarmado porque tenía parcelas en la zona. Junto a otros residentes del pueblo, trató de ayudar en las labores de extinción del fuego con cubos de agua y mangueras cuando le cayó encima la descarga del hidroavión.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alía, localidad que en estos días estaba en fiestas, ha publicado un decreto de suspensión de "todas las actividades programadas para los días 17 y 18 de agosto", debido a los "lamentables hechos ocurridos" este pasado sábado que "han ocasionado un incendio y el terrible suceso" al vecino hospitalizado.

Cabe señalar que la Junta de Extremadura ya ha desactivado la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), la cual fue activada a las 17.15 horas de este pasado sábado.

Extremadura da un giro político de ciento ochenta grados tras ocho años de dominio progresista. La candidata del PP, María Guardiola, fue finalmente investida este viernes como nueva presidenta de la Junta. El nombramiento se produjo con el respaldo de Vox. Un apoyo que lleva aparejada, por un lado, la entrada de los ultras en el Ejecutivo regional. Y, por otro, el compromiso de retroceder en materias de suma importancia a nivel social. La memoria histórica, fundamental en un territorio donde la represión franquista fue feroz, es una de ellas. Tanto conservadores como ultras tienen previsto arrasar con todo lo que tenga que ver con este asunto. Pero los colectivos memorialistas, sin embargo, no piensan dar ni un paso atrás: "El olvido no es una opción en una democracia".

El PP extremeño ni siquiera llevaba en su programa para los comicios del 28M la promesa de desmontar las políticas de memoria autonómicas. Pero en cuanto vio que no le daban los números para gobernar, Guardiola no dudó en usarlo como moneda de cambio para intentar granjearse los apoyos de la extrema derecha. Aquel fue uno de los quince puntos que ofreció a mediados de junio a Vox para que la invistiesen presidenta y la dejasen pilotar la región en solitario. Y es, a día de hoy, uno de los sesenta que componen el acuerdo final de gobierno: "Ambas formaciones se comprometen a impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real, y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura".

El cambio de postura del Gobierno regional llega en el peor momento. Es cierto que durante los últimos años se han dado pasos en la buena dirección. Pero también lo es que en la comunidad aún quedaba muchísimo trabajo por hacer. "Ha habido un enorme retraso con el desarrollo reglamentario de la normativa, que ahora no se llegará a culminar", explica al otro lado del teléfono José María Lama, secretario de la Asociación José González Barrero. Hablan, sobre todo, del procedimiento indemnizatorio a quienes sufrieron prisión por motivos políticos. "Eso ahora peligra. Y no importa por el dinero, sino por la reparación de las víctimas", apunta Guillermo León, de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera.

Lo mismo ocurre con la búsqueda de aquellos que aún hoy, casi medio siglo después de la muerte del dictador, continúan tirados en una cuneta. "En los últimos meses se ha avanzado, pero todavía queda un largo camino por recorrer", resalta a infoLibre José Manuel Corbacho, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex). En la actualidad, el mapa de fosas oficial de la Junta recoge 206 enterramientos. Y de ellos, figuran como excavados 44. Es decir, que casi ocho de cada diez todavía no han sido exhumados. "Y los trabajos de identificación de las víctimas, que durante años no se llevaron a cabo, aún se encuentran en una fase temprana de avances", apunta León.

La retirada de vestigios franquistas ha sido otro de los campos de batalla durante los últimos años. El primer paso lo dio la Diputación de Badajoz, que en 2018 elaboró un catálogo en el que se recogían más de dos centenares de calles, avenidas o monumentos de todo tipo que rendían homenaje al bando golpista. Y luego fue la Diputación de Cáceres la que se puso manos a la obra. A pesar de ello, aún perviven por la geografía extremeña algunos vestigios de este tipo. Uno de ellos es la enorme cruz de doce metros de altura que se alza sobre una de las arterias principales de Cáceres, inaugurada en mayo de 1938 bajo la atenta mirada de la jefa nacional de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, y del entonces líder de la Falange en Extremadura, el capitán José Luna Meléndez.

Es cierto que la ley aprobada en 2018 establece un marco perfecto para la construcción de políticas públicas de memoria. Y que su derogación, la misma que las derechas prometen para la normativa estatal si alcanzan La Moncloa tras los comicios del 23J, supondría un duro golpe para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, los colectivos dejan claro que no piensan dar ni un paso atrás aunque soplen de nuevo en la región vientos gélidos. "No vamos a retroceder aunque ahora el contexto sea adverso", señala León. "Por mucho que se carguen la ley no se van a cargar un movimiento memorialista que lleva décadas trabajando, no nos detendremos", asevera Lama. "El olvido no es una opción en una democracia", completa el presidente de la Armhex.

A pesar de la más que posible eliminación de la norma, desde algunos colectivos se agarran a la posibilidad de seguir avanzando a través del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Premhex), que nació a comienzos de siglo y que ha impulsado la exhumación de fosas o la investigación. En él, participan la Universidad de Extremadura, la Junta, la Diputación de Badajoz y la de Cáceres, si bien son las tres últimas las que funcionan como pilares económicos. "Nosotros queremos que el Premhex continúe aunque la Junta se descuelgue, es decir, que las diputaciones asuman la salida del Gobierno", explica Lama. Tras los comicios del 28M, tanto la de Cáceres como la de Badajoz están bajo control socialista.

Estos tres colectivos, y otros diecisiete más, han lanzado en las últimas horas un comunicado en el que rechazan la intención de conservadores y ultraderecha y muestran su "determinación rotunda" por "seguir impulsando desde la sociedad civil" todas aquellas iniciativas de recuperación de la memoria histórica. "Quizás cancelen la ley, pero no nuestro derecho a conocer y restituir la dignidad de las víctimas del franquismo", dejan claro. Manifiesto al que se han adherido historiadores de diferentes países –desde España hasta Brasil, Chile o Portugal–, antropólogos, arqueólogos, intelectuales, periodistas o artistas. Entre los nombres más reconocidos, Paul Preston, Ian Gibson, Luis Landero o Enrique Villarreal, El Drogas.

Una recuperación de la memoria que resulta especialmente importante en una tierra como la extremeña. "Este no es un escenario cualquiera, aquí la represión fue especialmente dura", resalta Lama. Bien lo sabe el historiador Francisco Espinosa, que lleva años estudiando las atrocidades cometidas en la región por las tropas golpistas en su avance hacia Madrid. Una columna de la muerte, encabezada por el general Juan Yagüe, que dejó tras de sí un reguero imborrable de sangre. "Quitando un conflicto en la zona sureste, Cáceres cae rápidamente. Sin embargo, las autoridades civiles y militares lograron controlar el golpe en Badajoz. Se tardaron tres años en ocupar toda la provincia. Y se produjo una matanza brutal pueblo a pueblo", explica Espinosa.

Para la posteridad quedan episodios tan oscuros como la masacre de la plaza de toros de Badajoz. "Claro que los fusilamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Cómo iba a llevarme a 4.000 rojos, cuando mi columna avanzaba a contrarreloj? ¿O habría debido dejarlos en libertad para que volvieran a convertir Badajoz en una capital roja?", le diría Yagüe al periodista John T. Whitaker, una respuesta que el historiador Paul Preston recoge en su obra El holocausto español (Debate, 2011). Según los últimos datos manejados por Espinosa, autor de La columna de la muerte (Crítica, 2003), en suelo extremeño perdieron la vida algo más de 11.500 personas como consecuencia de la represión franquista, frente a unas 1.500 que perecieron por la republicana.

"La derecha viene de donde viene, del franquismo, una continuidad que nunca se ha roto. Por eso odia la historia y la memoria. Y eso que esta ley ni siquiera entraba en la recuperación de los bienes robados por los golpistas, era algo mucho más humilde. Pero no puede soportar ni eso. Y ahora, con todo el impulso, todo apunta a que se va a dar un paso hacia atrás como nunca imaginamos", reflexiona Espinosa, quien durante años batalló sin descanso por arrojar luz sobre unos episodios de la historia extremeña que muchos preferían mantener en la oscuridad. Una sombra que ahora se cierne de nuevo sobre las víctimas del franquismo.

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido en su Pleno de este martes suspender de forma cautelar el derribo de la Isla de Valdecañas, el complejo urbanístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, hasta adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Pleno ha acordado la medida cautelar solicitada como parte de los recursos presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo norte, centro y sur de la Isla de Valdecañas.

Las mismas fuentes señalan que la votación se ha resuelto por seis votos a favor y cinco en contra, aprobando así la ponencia redactada por el magistrado Enrique Arnaldo.

Fue el pasado noviembre cuando la corte de garantías admitió a trámite los recursos planteados contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que dio la razón a Ecologistas en Acción-CODA, ordenando demoler el complejo urbanístico en su totalidad.

El punto de partida de este litigio se sitúa en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta a la Isla de Valdecañas y acordó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.

El TS confirmó las resoluciones del TSJ, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.

Sin embargo, en 2022, el alto tribunal, estimando el recurso de la ONG ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.

La dirección del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) ha ordenado en la madrugada de este viernes la evacuación preventiva de las localidades de Cadalso, Descargamaría y Robledillo de Gata por las complicaciones del incendio declarado en el término municipal de Pinofranqueado, en la provincia de Cáceres, ha informado Europa Press.

Las 550 personas que viven en las localidades afectadas serán realojadas en diversas instalaciones municipales de Moraleja, según ha informado el 112 de Extremadura.

Ya en la noche del jueves, el organismo había ordenado el alejamiento preventivo de los vecinos de las viviendas más cercanas a la masa forestal de Torrecilla de los Ángeles como medida preventiva, dada la cercanía del fuego.

Cabe recordar que el incendio en el término municipal de Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes, ha empeorado "notablemente" en las últimas horas y las llamas ya se encuentran en la comarca de Sierra de Gata, comarca a la que pertenece Torrecilla de los Ángeles.

El Tribunal Supremo (TS) ha absuelto a dos hombres de Cáceres condenados por matar a una vaca al considerar que su actuación conlleva una sanción administrativa, pero no penal, y avisa de que abusar del derecho penal "más allá de lo que serían sus límites naturales" genera una "colectiva sensación social de fracaso" toda vez que algunos casos, como este de Extremadura, se saldan con una absolución, según informa Europa Press.

Los magistrados explican que "es evidente" que el "reproche social" que provoca la muerte de un animal" —sin seguir las normas previstas para la ejecución en casos de padecimiento— justifica una sanción. Matizan, sin embargo, que "la intensidad y el significado de ese reproche obtienen un mejor tratamiento en el ámbito del derecho administrativo sancionador".

El tribunal se pronuncia sobre el caso de dos hombres que en abril de 2018 "de previo y mutuo acuerdo" mataron a una vaca de raza cruzada propiedad de uno de ellos. Ambos se subieron a un tractor y mientras uno conducía el otro disparó al animal con una escopeta que era propiedad de su padre y de la que no tenía licencia de armas.

Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el hombre "disparó una sola vez y la vaca cayó". No se ha acreditado que el animal muriera en ese instante o que sólo cayera al suelo malherido. Los hombres luego transportaron al animal en la misma pala del tractor, hasta un inmueble de la localidad, donde una empresa se encargó de recoger los restos.

La Audiencia de Cáceres condenó a ambos por un delito de maltrato animal agravado y les impuso una pena de 8 meses de prisión y 2 años de inhabilitación para el ejercicio de cualquier oficio relacionado con animales.

Los dos ganaderos llevaron el caso ante el Supremo al considerar que los hechos declarados probados no implican el maltrato injustificado del animal ni su muerte consecuencia del supuesto maltrato. La defensa insistió en que se trataba del "sacrificio de un animal vacuno en una explotación ganadera" porque el día anterior, "de manera accidental", la vaca "se había roto una pata trasera".

Ambos hombres alegaron que tramitar el ingreso del animal en el matadero más cercano —que estaba a unos 100 kilómetros— habría incrementado durante varios días el dolor de la vaca, por lo que optaron por "un solo y certero disparo".

A este argumento, el Supremo responde que "existen soluciones terapéuticas al alcance de cualquier veterinario que podrían haber aliviado ese dolor hasta el momento de su inevitable muerte".

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, el tribunal incide en que "la acción de ambos acusados no atenúa su antijuridicidad por el hecho de que estuviera motivada por el deseo de evitar mayores sufrimientos a la vaca, un ser vivo que no puede ser considerado como un simple objeto susceptible de ser disparado en cualquier circunstancia".

Los magistrados reconocen la "incuestionable" evolución del sistema normativo, que ha hecho de la protección de los animales y la exclusión de su maltrato un bien jurídico susceptible de provocar la reacción del derecho penal. "De la reduccionista calificación de esos seres vivos como 'cosas' se ha pasado a su definición legal como '*seres vivos dotados de sensibilidad", recuerdan.

El Supremo, sin embargo, no coincide con la decisión de la Audiencia de Cáceres de imponer una pena de 8 meses de prisión y 2 de inhabilitación por un delito de maltrato animal agravado.

En 22 folios, la Sala de lo Penal incide en que la "doble proyección del poder coercitivo del Estado entre el derecho administrativo y el derecho penal obliga, ahora más que nunca, a reivindicar la vigencia de los principios que legitiman la aplicación de la norma penal".

El tribunal recalca la necesidad de "reservar" el derecho penal a "aquellas infracciones que más gravemente ofendan el bien jurídico tutelado". "De lo contrario, corremos el riesgo de amplificar el derecho penal más allá de lo que serían sus límites naturales, alentando lo que se ha llamado, en locución bien gráfica, la 'fuerza expansiva del derecho penal'", apunta.

Así las cosas, aunque el Supremo "no alberga duda alguna" de que la ejecución del animal "incumplió las prescripciones reglamentarias", considera que debe estimarse el recurso que presentó la defensa y, en consecuencia, anular la pena que se impuso a ambos ganaderos porque este caso debe ser sancionado conforme al derecho administrativo y no por la vía penal.

Ante este escenario, los magistrados se dicen conscientes de que "el efecto inmediato" que tiene el hecho de que se apeguen a la norma penal "no es otro que la lamentable conversión de cualquier pronunciamiento absolutorio en una colectiva sensación social de fracaso".

La diócesis de Coria-Cáceres ha salido en defensa del nombramiento del nuevo párroco de Almoharín, Ignacio Lojas Obregón, quien fuera condenado en 2004 por corrupción de menores y distribución de pornografía infantil, al considerar que es "apto" para ejercer el ministerio sacerdotal, recoge Europa Press.

A través de un comunicado, la diócesis asegura que el sacerdote ha venido demostrando esta aptitud después de un proceso de rehabilitación y acompañamiento "tal y como ha demostrado en su paulatina reinserción de los últimos años".

La Iglesia de Coria-Cáceres responde así a una información publicada por El País, que ha suscitado polémica en la localidad. En aras a la transparencia, señala la diócesis, ha emitido un comunicado en el que reconoce que hace más de 20 años el párroco "cometió un delito consistente en intercambio de material fotográfico de contenido sexual de menores por internet".

Un caso que, recuerda, fue de dominio público en la diócesis y se difundió en los medios de comunicación. "Nunca se ha ocultado a la opinión pública. Dado el carácter informático del delito, no hubo contacto ni comunicación con los menores", subraya.

Un delito por el cual fue juzgado y sancionado "con arreglo a la legislación civil", en concreto a 16 meses de prisión, de modo que "cumplió las condenas y las penas impuestas", si bien en la actualidad "dispone de certificado negativo de delitos sexuales", emitido por el Ministerio de Justicia. En el mismo, se recoge que en el Registro Central de Delincuentes Sexuales "no consta información penal relativa" a I.L.O.

Por tanto, la diócesis considera al sacerdote "apto para ejercer el ministerio sacerdotal", aunque reconoce que esta situación "puede causar inquietud y perplejidad" en la comunidad cristiana, motivo por los que se han tomado una serie de medidas.

En concreto, que "todas las parroquias sean un espacio seguro" para los menores, de modo que en aquellas encomendadas al párroco en cuestión las responsables de la labor catequética sean seglares.

Asimismo, se está dando "seguimiento a la situación, y se mantendrá diálogo con los fieles que lo deseen, subraya la diócesis, que remarca que lamenta "profundamente" las acciones que llevó a cabo el sacerdote I.L.O. en 2004, al tiempo que manifiesta su "firme compromiso en la lucha contra el abuso de menores y con la reparación a las víctimas de esta lacra en la sociedad y en la Iglesia".

El diputado del PP Alberto Casero ha reconocido este lunes ante el Tribunal Supremo que ha podido haber problemas administrativos con determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018, pero ha descartado prevaricación alguna por su parte, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

El dirigente conservador ha acudido al Alto Tribunal después de que el juez instructor Andrés Palomo le citara para que prestase declaración voluntaria, ya que no se ha tramitado suplicatorio al Congreso, donde está aforado. El magistrado consideró pertinente que compareciera a raíz de la exposición razonada que elevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendía que había también indicios de un delito de malversación.

Casero, que ha declarado durante más de hora y media, ha asegurado a su salida que el interrogatorio "ha ido bien". Según ha dicho a la prensa, su declaración ha transcurrido con "normalidad", por lo que ha asegurado sentirse "tranquilo".

Al hilo, el dirigente ha subrayado que ha comparecido ante el juez y la fiscal Ángeles Montes "porque creía que no había nada que ocultar". "Creía que podía aportar cuestiones nuevas que aclararan algunas cosas", ha añadido.

En este sentido, ha precisado que ha dejado claro "algunas cuestiones que evidentemente tanto el fiscal como el juez entendían que había que aclarar". "Y a partir de ahora, a esperar la decisión de la justicia", ha señalado.

El diputado ha recordado que desde que se anunció que el Supremo asumía la investigación el pasado marzo no se ha pronunciado al respecto. "Creo que lo mejor que puedo hacer es seguir sin decir nada hasta que los jueces no hablen", ha incidido.

Así, para Casero, tras la comparecencia de este lunes en el Alto Tribunal "todo está explicado". Las fuentes consultadas han asegurado a este agencia de noticias que en esta ocasión el diputado no ha aportado documentación al procedimiento.

La comparecencia de este lunes tiene lugar después de que en marzo el Supremo hiciera un repaso de la exposición razonada del Juzgado de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados en 2017 y 2018 por Casero —cuando era alcalde de la localidad— con terceros.

Según la prueba documental y testifical aportada por el Juzgado, existen indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.

El Juzgado señaló, a su vez, que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.

En septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.

Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento. En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

La exposición razonada recogía, además, otros dos hechos. Un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado. Y otro contrato, de ese mismo año, con Radio Interior SL —un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo— en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.

Los incendios siguen castigando a varias comunidades en una nueva jornada de calor intenso en la Península. El peor es el fuego de la Sierra de la Culebra, en el oeste de la provincia de Zamora, que continúa desatado y ya se ha extendido este sábado hacia el valle del Tera, donde ha obligado a desalojar varias localidades por la amenaza de las llamas, según recoge Europa Press. Las fuertes rachas de viento y el calor han dificultado las labores de extinción llevadas a cabo durante toda la jornada por más de 500 profesionales procedentes de varias comunidades autónomas.

Durante la mañana, la Junta de Castilla y León notificó que ya se habían calcinado cerca de 20.000 hectáreas de terreno, gran parte perteneciente a la reserva de la Sierra de la Culebra, hogar por antonomasia del lobo ibérico en el noroeste español y uno de los espacios naturales de mayor valor de la provincia de Zamora. Según los últimos datos ofrecidos por la Junta, esa cifra se habría incrementado en las últimas horas hasta las 25.000 hectáreas, superando al incendio de Navalacruz (Ávila) del pasado año y que, hasta el momento , era el más virulento de la historia en la Comunidad.

También en las primeras horas del día se confirmó que los habitantes de las localidades de Boya, San Pedro de las Herrerías, Cabañas de Aliste, Mahíde, Pobladura de Aliste, Las Torres de Aliste y Palazuelo de las Cuevas podían regresar a casa tras una noche de evacuación durante la cual pernoctaron en un recinto habilitado en Alcañices, su cabecera comarcal. En cambio, los vecinos de otros pueblos como Villardeciervos, Villanueva de Valrojo, Ferreras de Arriba, Ferreras de Abajo, Codesal, Cional y Flechas continúan desalojados y repartidos entre Camarzana y Benavente desde el viernes, ante el peligro por el fuego y el humo en sus localidades. A estos lugares se han sumado durante el sábado otros como Otero de Bodas, Olleros de Tera, Pumarejo de Tera y Calzadilla de Tera, que se han visto muy afectados por el avance de las llamas hacia el norte.

Los medios que han estado trabajando en la zona a lo largo de todo el día son: 29 agentes medioambientales, 18 técnicos, 40 autobombas, 9 bulldozer, 36 cuadrillas -de tierra y helitransportadas ELIF-, 20 helicópteros, 1 aeronave de coordinación de Infocal, 1 aeronave de coordinación y 2 aviones anfibios del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico y el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Además, tras pasar la N-631, el avance de las llamas alcanzó a su vez la vía del AVE, lo que obligó a Renfe a interrumpir la circulación ferroviaria entre Zamora-Sanabria AV y Madrid-Galicia  y a plantear el regreso de determinados trenes a su punto de origen, ante la dificultad para ofrecer una alternativa por carretera. Según datos de Renfe, hay afectados unos 1.800 viajeros.

En Navarra, la cercanía de las llamas de los incendios forestales que se han declarado este sábado en varias zonas ha obligado a desalojar los cascos urbanos de Belascoáin, Zabalza, Ubani y la zona sur de Puente la Reina, según ha informado SOS Navarra. Se unen a los desalojos que se han producido en las localidades de Obanos, Legarda y Muruzabal. También se han desalojado a alrededor de 2.500 personas del parque Sendavida, quedando en el mismo los trabajadores imprescindibles para el cuidado de los animales del recinto junto con los servicios de emergencia.

Navarra ha activado el Nivel 2 del Plan de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales debido a los incendios que se han declarado este sábado en varias localidades de la comunidad. Todos los recursos propios están activos y se han solicitado medios aéreos del Estado así como la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En Cataluña, el incendio que quema en Artesa de Segre (Lleida) desde el miércoles ya ha afectado a un total de 2.146 hectáreas hasta este sábado a las 12.00 horas, ha informado Bomberos de la Generalitat en un comunicado. La prioridad de los efectivos este sábado es estabilizar el flanco derecho de este incendio y evitar que sobrepase el eje de confinamiento de 5.000 hectáreas, una zona de difícil accesibilidad en la que "la seguridad de los efectivos se podría ver comprometida".

Ante el peligro de incendio forestal y por la simultaneidad de los fuegos, la Generalitat ha activado en 93 municipios de 13 comarcas catalanas el nivel 3 del Plan Alfa, que implica la suspensión de todas las actividades con riesgo de incendio forestal. En concreto, se ha activado en 4 municipios de la comarca de la Anoia (Barcelona); 5 del Alt Urgell; 4 del Urgell; 18 de les Garrigues (Lleida); 14 de la Noguera; 7 del Pallars Jussà; 6 de la Segarra; 5 del Segrià; 8 del Solsonès (Lleida); 12 del Priorat; 5 de la Ribera d'Ebre; 1 de la Terra Alta y 4 de la Conca de Barberà (Tarragona).

La Generalitat también mantiene activada la alerta del Procicat por ola de calor, ya que pese al descenso de las temperaturas previsto para este sábado, el incremento de viento de sur previsto entre las 12 y las 13 horas "mantendrá elevado el peligro de incendio".

En Aragón, el jefe del Servicio de Seguridad y Protección Civil, Miguel Ángel Clavero, ha alertado sobre la situación de tres incendios, Nonaspe (Zaragoza), Barbastro (Huesca) y Castelserás (Teruel), "porque están muy activos", aunque se espera estabilizarlos durante la noche. "La previsión es seguir trabajando en las próximas horas para poder estabilizar el fuego en el menor tiempo posible", tanto en Barbastro como en Castelserás, y ha anunciado que espera que se logre durante esta noche, al igual que en Nonaspe, pero debido a las dimensiones alcanzadas "exige un esfuerzo mayor", ha dicho Clavero, tras la reunión de este sábado por la tarde del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI).

Este domingo se producirá un descenso de la temperatura, pero el resto de factores que condicionan las labores, como el viento y la humedad relativa, dificultarán las labores para atajar el fuego ya que está previsto que durante esta noche el viento alcance rachas de 30 kilómetros por hora.

En la Comunitat Valenciana, los efectivos de bomberos han dado por estabilizado este sábado a las 11.55 horas el incendio forestal declarado este viernes en Viver y que se extendió al municipio de Caudiel (Castellón), que, según las primeras aproximaciones, ha quemado "algo más" de 100 hectáreas de terreno. Así, el fuego, sin estar controlado, evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y ha publicado en sus redes sociales el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Además, alrededor de las 11.00 horas el Puesto de Mando Avanzado ha comunicado a Adif que ya podía reestablecerse la circulación ferroviaria, que fue interrumpida este viernes entre las localidades de Segorbe y Barracas. El incendio se inició a las 12.30 horas del viernes junto a las vías del tren Sagunto-Teruel.

Por "precaución", se ordenó el viernes el desalojo de la casas más cercanas a la zona del incendio y el confinamiento de parte de la localidad de Caudiel, municipio "muy afectado" por el humo. Los efectivos ayudaron a evacuar los animales de una granja y, aunque la construcción sí se vio en parte afectada, los animales resultaron ilesos.

El dispositivo de extinción de incendios forestales de Andalucía, Plan Infoca, continúa trabajando este sábado en las labores de vigilancia, remate de los puntos calientes y liquidación para dar por extinguido el incendio forestal declarado hace diez días en el término municipal de Pujerra (Málaga) y que el pasado miércoles quedó controlado. Para ello, según han precisado desde el Plan Infoca en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, trabajan en esta jornada nueve bomberos forestales, un agente de medio ambiente y una autobomba en labores de extinción dentro del perímetro del incendio.

El fuego ha recorrido 4.866,17 hectáreas, afectando a cerca de 2.000 hectáreas del municipio de Benahavís, seguido de Pujerra, Júzcar y Estepona, y en menor medida, Faraján, Jubrique e Igualeja, según la última medición provisional del Infoca. A esta cifra habrá que restar posteriormente las numerosas islas verdes no afectadas por las llamas.

Cabe recordar que son cuatro las personas interrogadas como investigadas por una imprudencia grave en relación con el incendio declarado el pasado 8 de junio en el paraje La Resinera. Las cuatro personas interrogadas fueron detenidas para que se les tomara declaración en calidad de investigadas y posteriormente fueron puestas en libertad, quedando a expensas de que sean citadas por el juzgado al que le corresponda el caso.

Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio tiene origen imprudente y se ocasionó como consecuencia de trabajos con maquinaria pesada ejecutados en la finca "en circunstancias inapropiadas para las condiciones existentes".

El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha citado para el próximo 20 de junio, a las 11.30 horas, al diputado del PP Alberto Casero como investigado para que preste declaración voluntaria en el marco de la causa en la que se investigan determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018,según ha informado este viernes el gabinete de prensa del Alto Tribunal, y recogido por Europa Press.

La decisión del magistrado tiene lugar después de que la Sala de lo Penal acordó abrir causa al diputado después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevase al Supremo una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendía que había también indicios de un delito de malversación.

El Supremo concluyó que, siendo necesaria la investigación de estas actuaciones, procedía asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento, siendo designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Andrés Palomo del Arco.

En aquella ocasión, el Supremo hizo un repaso de la exposición razonada del Juzgado de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados en 2017 y 2018 por Casero —cuando era alcalde de la localidad— con terceros.

Según la prueba documental y testifical aportada por el Juzgado, existen indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.

El Juzgado señaló, a su vez, que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.

En septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.

Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento. En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

La exposición razonada recogía, además, otros dos hechos. Un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado. Y otro contrato, de ese mismo año, con Radio Interior SL —un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo— en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.

Ahora, el magistrado a cargo de la investigación pretende interrogar a Casero para que esclarezca los hechos que le atribuye la Fiscalía. Al figurar como investigado, no está obligado a decir la verdad y puede responder o no a las preguntas del instructor, del Ministerio Público y de su abogado.

La Junta de Extremadura ha remitido a Fiscalía información sobre el caso de las dos alumnas del colegio Alba Plata de Cáceres cuyos padres no quieren que usen mascarilla en el aula, por lo que la Junta de Extremadura ha prohibido el acceso a las clases de las dos hermanas, de 3º y 5º de primaria, hasta que no usen esa medida de protección contra los contagios por coronavirus, informa Europa Press.

El expediente gubernativo ha llegado a la Fiscalía Superior de Extremadura pero, al no ser éste el órgano competente para asumir la investigación del caso, se va a remitir a la Fiscalía Provincial de Cáceres, según ha confirmado este jueves la propia fiscal jefe provincial, Marta Abellán, que, no obstante, ha indicado que desconoce los términos de la denuncia porque todavía no se ha recibido en la Fiscalía Provincial, por lo que no sabe nada "formalmente".

Abellán, que ha presentado en rueda de prensa la memoria del órgano judicial, ha estado acompañada por la teniente fiscal y fiscal de menores, Yolanda Forte, que será quien se encargue de las diligencias de investigación, sobre la que ha indicado que habrá que estudiar "todas" las circunstancias que se derivan de este caso, cuyos detalles conoce solo por los medios de comunicación.

No obstante, Forte ha avanzado que la fiscalía de menores "velará por los derechos y el interés de las dos menores" y ha añadido que el derecho a la educación es uno "fundamental". "Si cercenas el derecho a la educación estás privando a esa persona de su vida futura, de sus acciones, de su opción a formarse, a desarrollarse, etc", ha resaltado.

Thank you for watching

A la pregunta de cómo se puede proceder en el caso de que la familia siga en sus treces de no llevar a las dos niñas al colegio, Forte ha recordado que existe un protocolo de absentismo escolar y "en varios casos en los que se puede constatar una intencionalidad o una dejación intencial de los deberes parentales de los progenitores o tutores, se ha llegado a formular denuncia por abandono de familia".

"Es un delito que se recoge en el Código Penal", ha subrayado la fiscal de menores, que añade que una vez que se derivan todas las diligencias se debe velar por la protección de los derechos de los menores. "En este caso, nos derivarán las diligencias y veremos qué incidencia tiene la decisión de los padres de no permitir el acceso a sus hijas al colegio", ha subrayado.

Forte ha insistido en que lo que compete al fiscal de menores es "velar por que los derechos de esas dos menores sean respetados, incluido el derecho a la educación", ha concluido, que insiste en que habrá que investigar "múltiples circunstancias" como la postura de los padres, la decisión del centro y de la propia Administración regional para dirimir las responsabilidades de este caso.

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas por provocar, de manera intencionada o negligente, un total de once incendios forestales en las provincias de Lugo, Ávila, Gran Canaria, León, Castellón y Cáceres, informa Europa Press. El incendio forestal más grave fue el provocado en la Isla de Gran Canaria, que afectó a alrededor de 1.500 hectáreas -230 pertenecientes a la Red Natura 2000-, y provocó la evacuación de centenares de personas.

La Guardia Civil destaca que uno de los detenidos en Lugo, considerado el autor intencionado de al menos seis incendios forestales, habría provocado el incendio con el objetivo de mantener constituido en la zona un retén de extinción al que él mismo había pertenecido en campañas anteriores.

Según los estudios sobre incendios forestales de los últimos 15 años, la mayoría de ellos están vinculados al factor humano, ya sea por obra de un incendiario o derivada de la negligencia en el uso del fuego, siendo muy pequeña o casi nula la incidencia de las causas naturales.

De los siniestros conocidos por la Guardia Civil en la primera mitad del año, el factor humano causó más del 98% del total de los siniestros. En este sentido, destaca el número de incendios forestales producidos por negligencias graves mientras se realizaban tareas en el campo, trabajos agrícolas, uso de maquinaria, que se ha incrementado "de manera considerable", según la Benemérita.

Las operaciones de la Guardia Civil contra los incendios forestales se enmarcan dentro de sus actuaciones específicas para la reducción de delitos contra la fauna y destrucción de hábitat, así como para el esclarecimiento de la responsabilidad penal en este tipo de delitos, previstas por el Proyecto LIFE de la Unión Europea "Guardianes de la Naturaleza contra el crimen ambiental", coordinado por la ONG SEO Birdlife, y en el cual el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil participa como socio beneficiario.

Las imágenes difundidas a través de las redes sociales de una cacería celebrada en Herreruela (Cáceres), en las que se ve a una rehala de perros dando caza a un ciervo, y que acaba con la presa y con una docena de canes cayendo por un barranco de varios metros de altura, ha generado una profunda indignación en grupos animalistas y formaciones políticas como Pacma, Podemos o Equo, mientras que desde el sector cinegético han calificado el lance como un "accidente fortuito y aislado".

Según informa Europa Press, Pacma ha sido uno de los partidos que han difundido el impactante vídeo −de algo más de un minuto de duración y que puede herir sensibilidades− que acaba con varios animales despeñados, sin que se observe si tanto la presa como los perros mueren o resultan heridos. Sin embargo, desde la Real Federación Española de Caza (RFEC), que confirma que el lance se ha producido en la localidad cacereña de Herreruela, han expresado la "consternación" del sector cinegético por este "accidente" con la "fatalidad de producirse en una zona peligrosa", como ha sido este barranco.

Asimismo, la RFEC asegura que "inmediatamente después, como no puede ser de otra manera, los perros implicados fueron atendidos por veterinarios en el mismo lugar de los hechos y en clínicas veterinarias", si bien no aporta más detalles sobre el estado de salud de los animales. Además, a través de un comunicado, la Federación expresa su "apoyo incondicional al rehalero afectado por semejante fatalidad que obró con el convencimiento de actuar con la máxima diligencia".

Una visión muy diferente a la expresada por otros grupos que, como Pacma, señalan que "ya está bien" y que es "hora de exigir responsabilidades a los políticos insensibles con el sufrimiento y la vida de los animales". Tampoco ha escondido su indignación con el mundo de la caza el diputado de Equo Juan López Uralde, quien ha señalado que no entiende que se "disfrute" con esta actividad, mientras que su partido reclama que no quede impune. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha sumado a las críticas con un mensaje en Twitter en el que llama "criminales" a los responsables de lo ocurrido. "Acabemos con esto de una vez y castiguemos a los culpables", añade.

El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres ha ordenado el ingreso en prisión incondicional para el marido de la mujer fue asesinada el pasado jueves en Arroyo de la Luz (Cáceres).

No obstante, el preso continuará en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres hasta que reciba el alta hospitalaria, lo que podría tener lugar el próximo lunes. Fue intervenido de las heridas de arma blanca que presentaba en el momento de su detención y fue trasladado a planta, donde continuará su recuperación custodiado por la Guardia Civil.

El magistrado tomó esta decisión después de trasladarse al propio hospital para tomar declaración al detenido, según ha informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno. Cabe recordar que el ahora preso se había negado a declarar ante los agentes de la Guardia Civil que investigan este nuevo caso de violencia de género este pasado viernes.

De hecho, a partir de ahora el asunto será trasladado desde el Juzgado de Instrucción número 3, que es el que estaba de guardia el pasado jueves, hasta el número 6, que es el encargado de los casos de violencia de género.

Por otro lado, el juez ordenó a la Junta de Extremadura la apertura de un expediente de protección para hacerse cargo de las dos hijas del matrimonio, de 9 y 12 años de edad, que se encontraban en el domicilio familiar cuando se produjo la presunta agresión la mañana del pasado jueves.

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de malos tratos. Es un servicio de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género y las llamadas no quedan almacenadas en el registro telefónico.

Las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que va de 2017 ascienden a 36, seis más que en el mismo periodo del año pasado, según el último balance del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que mantiene tres casos en investigación. Este jueves una mujer ha muerto a manos de su marido en Arroyo de la Luz (Cáceres), según informa Europa Press.

"Mi más sentido pésame a familiares y amigos de la mujer asesinada en Cáceres. Mi rotunda condena ante este asesinato machista", afirmó la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en su cuenta de Twitter.

La última víctima no había presentado denuncia contra su asesino, tal y como ha informado la subdelegación del Gobierno en Cáceres, una situación que tampoco se ha dado en el 80% de los casos mortales de este año. Sólo 7 de las 36 asesinadas había denunciado malos tratos, según los datos de Sanidad.

Este último caso eleva a 18 los huérfanos menores de edad a causa de la violencia de género en lo que va de año, pues la última víctima tenía dos niñas. Además, hay seis niños que han muerto a manos de agresores machistas.

Esta agresión mortal se ha producido pasadas las 7.30 horas de este jueves en el domicilio en el que reside esta familia, sito en la calle Escobar de esta localidad cercana a Cáceres, con una población cercana a los 6.000 habitantes.

También se ha producido una agresión machista en Madrid, donde un hombre de 43 años ha acuchillado a su pareja, de 34, a la que ha herido de gravedad y ha sido trasladada al hospital. A pesar de las lesiones, su vida no corre peligro, tal y como han indicado fuentes sanitarias.

El 10 de septiembre de 2013, los lectores del diario Información de Alicante se desayunaron con esta noticia: "La estación del AVE, hincha del Athletic de Bilbao".

Imaginamos que, ante la imposibilidad física y metafísica de que una estación de ferrocarril sea hincha de nada, los leedores buscarían una explicación plausible en el texto. Y a fe que la hallaron: "En el corazón de la nueva terminal de la línea de alta velocidad Alicante-Madrid, alguien ha colocado, con el beneplácito del Ministerio de Fomento, un escudo del Athletic, icono de referencia de los bilbaínos, tanto si les gusta como si no les gusta el fútbol".

Explicada quedaba lo que podría parecer una excentricidad aislada. Pero no. Con ser llamativa, la ubicación del tal escudo no era la más insólita que pudiéramos encontrar. Sin duda, que el emblema del Athletic campee en la Torre Julia de la Iglesia de Santa María de Trujillo es mucho más chocante.

Postal con la Torre Julia de la Iglesia de Santa María en Trujillo (Cáceres), en la que está tallado el escudo del Athletic. AYUNTAMIENTO DE TRUJILLO

"El escudo fue tallado en piedra berroqueña por el cantero Antonio Serván, apodado El Rana, porque el Bilbao era su equipo de fútbol", nos explica José Antonio Ramos Rubio, cronista oficial de Trujillo. "Remató así la torre en la esquina contando con el beneplácito de Casares, constructor, y del entonces aparejador municipal Germán Petisco Claro. Ocurrió en el año 1972".

Postal con diferentes monumentos de Trujillo (Cáceres). AYUNTAMIENTO DE TRUJILLO

Para esa fecha, la torre acopiaba una larga ficha de restauraciones realizadas y fallidas; durante décadas había sido objeto de preocupación para los vecinos, porque arrastraba problemas derivados del terremoto de Lisboa de 1755 y no confiaban en su estabilidad, si bien la falta de fondos (y de voluntad) paralizó o desvirtuó más de una iniciativa. De hecho, ese mismo 1972, siendo alcalde Jacinto de Tapia, la subasta de la obra había quedado desierta. Un revés que molestó, pero no impidió.

  «Paco [Francisco Casares], con la generosidad que siempre le caracterizó, dijo: “Tito (así llamaba familiarmente al alcalde) cómo vamos a permitir que Trujillo se quede sin esta torre con lo que hemos luchado por ella. Hagamos la obra nosotros.

»Jacinto comentó: “Paco, no estamos para hacer obras de caridad, La obra ha quedado desierta por algo”.

»Tomémoslo como propaganda para nuestras empresas, aunque sea una propaganda cara».

Así lo recuerda Petisco Claro en un texto firmado en junio de 2013 y publicado en la revista Comarca de Trujillo.

  «Recuerdo que Antonio Serván Muñoz, cantero trujillano, más bien escultor trujillano, conocido por todos como El Rana me comentó al empezar la obra que le dijera qué esculpir en los distintos capiteles, a lo que le respondí que lo que él quisiera y en ese momento le vinera a la inspiración, con la única condición de no repetir el mismo motivo en dos capiteles, no por capricho mío sino porque el románico no lo permite (…) Cuando ya había esculpido 48 me volvió a peguntar: 'Germán, se me están acabando las ideas, ¿qué ponemos?' 'Insisto Antonio, es lo que tú quieras crear, así se hacía en el siglo XIII y así quiero que se haga'. Me dijo: Estoy haciendo en mi taller de la calle Romanos un escudo en piedra del Athletic, si adapto las medidas ¿lo podemos poner? Por supuesto, le contesté».

De la reacción de los vecinos al descubrir al intruso nada recuerda Ramos Rubio, si bien en el diario extremeño Hoy encontramos alguna pista: "Antonio Serván, su autor, ha contado que, al descubrirlo, los vecinos se dividieron entre quienes contemplaban horrorizados la obra y quienes la encontraban divertida. También que alguien denunció el asunto ante el Ministerio de Cultura, que mandó a un delegado a inspeccionar los trabajos. Según el cantero, cuando el hombre aquel visitó la torre y vio el escudo, ni se inmutó. Y cuando él le preguntó qué le parecía, le contestó: '¡Ah, está muy bien! Déjelo. Yo también soy del Athletic”.

Imagen de una noticia en el diario extremeño Hoy sobre el escudo tallado en la Iglesia de Santa María de Trujillo (Cáceres). MIATHLETIC.COM

En lo que respecta a la reacción del aparejador municipal encargado de vigilar el proceso, circula esta declaración: "La colocación de este escudo no es una barbaridad; es una forma de ponerle fecha a la rehabilitación de esta torre. Y si eso ha servido para que la gente conozca la historia de la torre, mucho mejor".

Sin embargo, esa desenvoltura se desvanece cuando hablamos con los expertos.

En opinión de Fernando Álvarez Prozorovich, director Master Restauración de Monumentos de la Universitat Politècnica de Catalunya, este tipo de actuaciones es una manera de "no comprender que la autenticidad expresiva o la distinguibilidad de las operaciones a realizar sobre un monumento no pueden pasar por acciones estridentes o violentas (no digo que no existan en la historia, pero no son la regla)". Y en la conversación evoca un vitral de Santa María del Mar dedicado al Barcelona. En efecto, el visitante atento puede admirar(se) cuando, en el interior de la llamada Catedral del Mar descubre un escudo del Barça.

El escudo fue colocado allí a finales de la década de los 60 del XX, cuando se decidió sustituir las vidrieras destruidas por el incendio que sufrió el templo al inicio de la guerra civil, el 17 de julio de 1936.

"A la empresa en la que yo trabajaba como 'artista' le encargaron varias vidrieras. Algunas se hicieron nuevas con mis diseños. Otras se restauraron. Para todo ello se contaba con el patrocinio de entidades o gremios" explicó Pere Cànovas Aparicio, culé con carné. "A finales de los años 60 del pasado siglo le tocó el turno a esa vidriera. A través de la industria textil se contactó con Agustí Montal hijo y el resultado fue que el Barça donó 100.000 pesetas de la época". Como agradecimiento, asegura, se puso el escudo del Barça a la vidriera, del mismo modo que "en otras hay los escudos de otros patrocinadores".

No es la única aportación del mundo del deporte, la más reciente data de 1995, se colocó en un ventanal que estaba cegado y conmemora los Juegos Olímpicos de 1992; es obra de un maestro vidriero, el leonés afincado en Barcelona José Fernández Castrillo, y contiene una alegoría sobre el fuego olímpico.

En cualquier caso, Álvarez Prozorovich se consuela pensando que en estos dos casos, "la acción es reversible porque un cristal es fácil de quitar", en tanto que "cuando uno trabaja en piedra, la reversibilidad es más discutible".

Posdata

El 14 de septiembre de 2013, los lectores del diario Información de Alicante se desayunaron con esta noticia: "Adif tapa el escudo del Athletic apelando a su imparcialidad". Tres meses después de autorizar el emblema en la estación del AVE, Adif rectificó su criterio y comunicó que no debe permitirlo por ser una empresa pública.