La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un año de prisión al exconseller de Solidaridad (PP) Rafael Blasco en su segundo juicio por el caso Cooperación, relativo a irregularidades en las ayudas a ONG y en el proyecto fallido para la construcción de Haití, mientras que impone dos años de cárcel al empresario Augusto César Tauroni.

Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en relación con las piezas 2 y 3 del caso Cooperación abiertas por delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Según se desprende del fallo, el tribunal ha impuesto un año de prisión a Blasco –ya condenado por la pieza 1 de este procedimiento a seis años y medio de cárcel– por un delito continuado de malversación, otro de prevaricación y falsedad, con la atenuante de reparación parcial del daño y de dilaciones indebidas. Para fijar la pena se tiene en cuenta el descuento de la anterior condena por los mismos hechos. Se le absuelve de los delitos de asociación ilícita, organización criminal y grupo criminal.

Asimismo, fija dos años de cárcel para Tauroni por malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación administrativa y con un delito continuado de falsedad documental en concurso con cohecho y blanqueo. También le impone una multa de 40.000 euros.

Por otro lado, el tribunal condena a un año y medio de prisión al ex director general de Cooperación Josep María Felip; a otros dos años y nueve meses de prisión al exjefe de área de Solidaridad Marc Llinares; y a seis meses a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuán.

El arranque del juicio por dos de las piezas separadas del caso Cooperación tendrá que esperar. La Audiencia Nacional decidió el pasado lunes aplazar el proceso en el que se juzgan las irregularidades en la gestión de los fondos de la Generalitat Valenciana destinados a países del Tercer Mundo después de que las defensas de todos los acusados alegaran falta de tiempo para preparar la vista oral. En la causa están procesados el exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco y otras 23 personas. Sin embargo, una de ellas ni siquiera hizo acto de presencia en la que iba a ser la sesión de apertura. Adolfo Soler Sempere, uno de los hombres fuertes del considerado junto a Blasco cerebro de la trama, el empresario Augusto César Tauroni, se fugó en plena tormenta mediática por la adjudicación irregular de un hospital en Haití y, desde entonces, no se le ha vuelto a ver por España, a pesar de que había confirmado a su defensa que estaría presente en la Ciudad de la Justicia para el arranque del proceso. 

Sempere, que huyó a Bolivia en junio de 2011, aseguró a su abogado que no pudo coger el avión de vuelta por problemas de salud. A la vista de su ausencia, el fiscal Anticorrupción anunció que había solicitado a las autoridades bolivianas que envíen a un equipo forense para confirmar que el testaferro, señalado por la defensa de Tauroni como uno de los hombres “clave” del juicio, tiene la enfermedad que asegura. De no ser así, el Ministerio Público propuso que se solicite la extradición del acusado. El caso de Sempere no es una excepción. En los últimos años, varios procesados por delitos de corrupción han intentado esquivar la acción de la justicia refugiándose fuera de España, aunque en la mayoría de los casos han terminado encontrándolos y trayéndolos de vuelta. El ejemplo perfecto es el caso Malaya, donde hasta cinco procesados se esfumaron sin dejar rastro –a día de hoy sólo uno permanece fugado–. Pero las espantadas también se han podido ver en otras causas, como el caso Emarsa en la Comunitat Valenciana.

Los cinco fugados del caso Malayacaso Malaya

El 27 de junio de 2006, la Policía Nacional llevó a cabo por orden del juez Miguel Ángel Torres la segunda tanda de arrestos de la operación Malaya, símbolo de la corrupción marbellí. Entre los objetivos de esta nueva actuación policial se encontraba Carlos Fernández, exconcejal del Partido Andalucista en Marbella. Pero cuando los agentes llegaron a su domicilio, el exedil andalucista, que había dejado su acta unos meses antes tras ser condenado a dos años de prisión por otro caso de malversación de caudales públicos, se había esfumado. En los registros, la Policía encontró 3.500 euros en billetes de 500, anotaciones sobre los tejemanejes y la estructura societaria de Juan Antonio Roca, principal investigado en el caso Malaya, y una recopilación de información sobre personas y empresas vinculadas a los negocios de Marbella. Un año después de aquello, el instructor de la causa atribuyó a Fernández los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude. Sin embargo, el rastro del también exconcejal de Deportes con Jesús Gil al frente del consistorio malagueño se había perdido en Latinoamérica.

Once años después, en septiembre de 2017, Fernández reapareció. El exconcejal, al que siempre le ha acompañado la fama de ser el principal garganta profunda del caso Malaya, se entregó a las autoridades argentinas después de que su representación legal solicitase al juzgado que instruyó el procedimiento que se pronunciara sobre la prescripción de los delitos que pesaban sobre el exedil marbellí, un movimiento que chocó en primer lugar contra el órgano instructor y, después, contra la Audiencia Provincial. Desde que se entregó, la justicia argentina ha estudiado la extradición analizando cada una de las causas por las que España reclamaba a Fernández. En cinco de ellas, ha concluido que los delitos por los que había sido investigado ya estaban prescritos. Sin embargo, en la conocida como Saqueo II, por la presunta comisión de malversación y falsedad en documento mercantil durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL), el juzgado federal consideró que los delitos seguían vivos. No obstante, la decisión fue recurrida ante la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Sin embargo, el exedil andalucista no ha sido el único salpicado por el caso Malaya que ha intentado evadirse de la acción de la justicia. En diciembre de 2008, el entonces juez instructor dictó orden de detención contra Francisco Javier Lendínez, exconcejal del GIL investigado en la causa, después de percatarse de que llevaba dos meses sin acudir al juzgado a firmar –medida cautelar que le había sido impuesta–. Cinco años después, en 2013, Lendínez fue detenido en el aeropuerto de Barajas cuando volvía de Tailandia. Su arresto se produjo veinticuatro horas antes de que la Audiencia Nacional diera a conocer la sentencia del caso Malaya. En 2014, fue condenado por la Audiencia de Málaga a cuatro años de prisión por la causa principal, una pena que posteriormente fue incrementada hasta los cinco años de cárcel por el Tribunal Supremo. Y en 2016, la Audiencia Nacional le metió otros dos años y medio de prisión por un delito de malversación de caudales públicos en el marco de Saqueo II, condena que confirmó también el Alto Tribunal.

Otro de los huidos relacionados con esta causa fue Andrés Liétor. El empresario decidió desaparecer en 2014, meses después de haber sido condenado en el caso Malaya a seis años y tres meses de prisión, ocho años de inhabilitación y una multa de 4,7 millones de euros por cohecho, blanqueo, fraude y prevaricación. Y sin rastro de él se estuvo hasta junio de 2016, cuando las autoridades venezolanas anunciaron su detención y, un año después, acordaron su extradición a España. Sin embargo, la justicia española ha tenido menos suerte con el abogado Juan Germán Hoffman y el empresario José Manuel Llorca. El primero, condenado en Malaya a cinco años de prisión por delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, fue localizado en Alemania en noviembre de 2016 pero las autoridades germanas rechazaron su extradición. El segundo es, de todos los fugados, el único que a día de hoy todavía permanece escondido. Llorca, además de figurar en la macrocausa marbellí, ha sido señalado como uno de los cerebros de la estafa de Fórum Filatélico.

Caso Emarsa: de València a Moldavia

El pasado mes de junio, la Audiencia de Valencia dictó sentencia contra los 24 acusados del denominado caso Emarsa, en el que se investigaba el desvío de más de 23 millones de euros de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo. Un desfalco millonario, que se vio traducido en un incremento de la factura del agua, por el que el magistrado impuso una condena global de 97 años, ocho meses y ocho días de cárcel. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de trabas. El juicio tuvo que aplazarse en dos ocasiones. La primera de ellas fue por la ausencia de uno de los encausados, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, que desapareció en 2012 y que fue arrestado por la Interpol en Moldavia en julio de 2015, donde se movía con el nombre de Botnari Alexandr. Tras ser extraditado a España, el empresario tuvo que sentarse en la Audiencia de Valencia junto al resto de acusados del caso Emarsa como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Roca fue condenado a seis años y un día de prisión, aunque la sentencia todavía está a la espera de ser ratificada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, sobre la cabeza del considerado cerebro financiero de la trama Emarsa todavía pesan otras causas judiciales. Por un lado, se enfrenta a cinco años de cárcel por blanquear presuntamente el dinero procedente de Emarsa. Y, por otro, aún tiene pendiente una causa por delito fiscal en la que le piden catorce años de prisión. El pasado mes de enero, el empresario solicitó la nulidad del procedimiento por blanqueo: “No se me puede acusar por un delito por el que no he sido extraditado”. En cuanto a su periplo por la ex república soviética, el empresario aseguró que no se arrepiente porque eso “es de cobardes”. “Yo si me hubiese ido a Moldavia con mi pasaporte falso como tenía que haber hecho, no estaría aquí”, aseveró Roca en declaraciones a los medios de comunicación, añadiendo que en el caso Emarsa “no están todos los que fueron”.

La gira de Roldán por el sudeste asiático

Pero de todas las fugas, la más mediática tuvo lugar en la década de 1990. El conocido como caso Roldán estalló a finales de 1993 con la publicación de una noticia en Diario 16 en la que se señalaba que Luis Roldán había incrementado su fortuna en 400 millones de euros desde que era director general de la Guardia Civil. Poco a poco, el cerco se fue estrechando alrededor del exjefe del Instituto Armado, que fue señalado por El Mundo como uno de los beneficiarios de los sobresueldos procedentes de los fondos reservados que habrían cobrado algunos altos cargos. El 27 de abril de 1994, Roldán no acudió a una declaración judicial y saltaron todas las alarmas. El Gobierno de Felipe González se vio obligado a admitir que Roldán había huido, aunque aseguró que haría todo lo posible para ponerle a disposición de la justicia. Sin embargo, el ex director general de la Guardia Civil no fue localizado hasta un año después. El 27 de febrero de 1995, Roldán fue detenido en Laos. El 2 de marzo, el exjefe del Instituto Armado compareció ante la jueza instructora del caso.

Tres años después de su arresto en el sudeste asiático, la Audiencia de Madrid condenó a Roldán a 28 años de prisión por malversación de caudales públicos, cinco delitos contra la Hacienda Pública, estafa y cohecho continuado. El tribunal consideró probado que el ex director general de la Guardia Civil aprovechó su cargo “para enriquecerse de manera totalmente ilícita y delictiva” y que Roldán recibió sobresueldos de cinco millones de pesetas mensuales de la Secretaría de Estado de Seguridad con cargo a los fondos reservados a partir de 1990 y de diez millones mensuales desde 1991 hasta su destitución. En diciembre de 1998, el Supremo confirmó los delitos y elevó la condena hasta los 31 años. El fallo del Alto Tribunal abundó en la apropiación de fondos públicos destinados a fondos reservados y en las comisiones que el exjefe del Instituto Armado exigió y recibió a empresas adjudicatarias de la Guardia Civil a cambio de tales adjudicaciones.

El fracaso de Correa

La intención de evadirse de la acción de la justicia también estuvo presente en la Gürtel. El presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, también intentó fugarse cuando las cosas se ponían feas en España. Sin embargo, a diferencia de todos los casos anteriores, el empresario fracasó en el intentó. Tal y como consta en el sumario de la macrocausa, Correa contó por teléfono en enero de 2009 a un administrador de una de las empresas de la trama corrupta que la antigua cónsul de Panamá en Montecarlo, Carmen Leonor Hallax, le estafó “una millonada” por arreglarle “unos papeles” que le permitiesen refugiarse en el país centroamericano en caso de ser investigado, algo que finalmente no hizo. Un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal calculó que Correa, que empezó a preparar su fuga después de que la policía registrase en 2008 por orden de Anticorrupción el despacho de uno de sus principales colaboradores, habría pagado  por esa gestión unos 225.000 euros.

La sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia de València acoge desde la mañana de este lunes la vista en la que se va a juzgar al exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco PPy otras 23 personas más acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo.

Se trata de dos piezas del conocido como caso Cooperación –2 y 3– sobre las que el juzgado de Instrucción número 21 de València dio por concluida la instrucción en 2017 por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará desde esta semana a Blasco –condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso y en régimen de semilibertad desde febrero, tras acceder al tercer grado después de su paso por prisión–; su excúpula en la Conselleria (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares); los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, entre otros.

Asimismo, se incluyen trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En el caso del exconseller se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del Caso Cooperación —2 y 3— en las que se investiga a 21 personas, entre ellas, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití.

Según informa Europa Press, el auto notificado este viernes a las partes transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja el caso preparado para el juicio. En la resolución, la jueza Nieves Molina concluye que existen indicios para juzgar a los investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Entre los procesados, además del exconseller Blasco, se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip, el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En la resolución, la jueza da traslado al fiscal y a las acusaciones y abre plazo para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar los delitos que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos.

En este trámite, las acusaciones también pueden solicitar el sobreseimiento de la causa si entienden que no hay pruebas para llevar a juicio a los procesados; de manera excepcional pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.

Delito de asociación ilícita

Respecto del delito de asociación ilícita, la instructora concluye que es "evidente" el concierto entre el exconseller Blasco, el exjefe de área Llinares y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como "directores o jefes" del "grupo criminal" para poder "organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos".

El hermano de Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Entre pueblos, dirigida por el empresario y el administrador de las evaluadora externa, que puntuaba los proyectos que presentaba la Fundación a los concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como "miembros activos" de la trama.

En el auto, de casi 400 folios, la magistrada explica que Tauroni, desde su puesto de director de "facto" de la Fundación Entre Pueblos, "era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano Arturo Tauroni, como a su trabajadora de confianza Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, Alfonso Navarro".

La jueza añade que "prueba de lo anterior son los abundantes correos electrónicos que se cruzan entre ellos, en los que se refleja la subordinación de estos a las órdenes y decisiones de aquel, quien era consultado ante la toma de decisiones relevantes".

Según recoge la resolución judicial, Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, "pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita".

La titular de Instrucción 21 ha dictado un único auto de procedimiento abreviado con el que cierra la instrucción de las dos piezas, que se unifican.

La instrucción, en cifras

Las dos piezas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011,y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG, como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 una vez que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.

Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Cesar Augusto Tauroni ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a penas de prisión en la primera pieza del 'Caso Cooperación', por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.

La causa consta de 168 tomos, integrados por 50.000 folios. A ello hay que sumar las 24 piezas separadas con más de 40.000 folios formadas con la documentación intervenida en las entradas y registros. Durante la instrucción, que arrancó en 2011, la jueza ha revisado más de 35.000 correos electrónicos que han dado lugar a la formación de 15 tomos más. Se ha analizado, igualmente, el contenido de los 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos que ocupan más de 5 teras.

Piezas 4 y 5

Instrucción 21 mantiene abierta la investigación de otras dos piezas del Caso Cooperación. Una de ellas, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

La segunda pieza investiga si Tauroni utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones encaminadas a ocultar su patrimonio.

El Tribunal de Cuentas ha decidido estimar la demanda interpuesta por la Generalitat Valenciana y ha declarado al exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, como uno de los responsables de haber malversado más de 1,6 millones de euros de la región a través de las subvenciones concedidas a la Fundación Cyes.

Junto a él responde del mismo delito tres ex altos cargos de su departamento (Alexandre Catalá, Marc Llinares y Tina Sanjuán), el empresario César Augusto Tauroni y el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López. Todos ellos deberán responder solidariamente del dinero malversado.

Así consta en una resolución de este órgano, con fecha del 12 de noviembre, en la que acuerda también declarar a la Fundación Cyes y a la entidad Sociedad Gestiones e Iniciativas Arcmed como responsables contables subsidiarios de la malversación contable.

El Consell reclamaba hasta 1.951.290 euros –intereses incluidos– a Blasco y a los condenados en una de las piezas del caso Cooperación, la relativa a las ayudas a la Fundación Cyes por proyectos en Nicaragua, un dinero que se destinó en su mayor parte a la compra de tres inmuebles y de un garaje en la ciudad de Valencia. Los condenados se encuentran ya cumpliendo prisión, tras confirmar el Tribunal Supremo la sentencia en la parte penal, que en el caso de Blasco fue de ocho años de cárcel.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenó este viernes el ingreso en prisión del exconseller de Solidaridad y exdiputado conservador en Les Corts, Rafael Blasco, tras presentarse por sorpresa ante la Sala tres días antes de su cita.

Blasco estaba citado este lunes, a las 9 horas, para indicar la prisión en la que quiere ingresar tras ser condenado por el Tribunal Supremo a la pena de seis años y seis meses por su actuación irregular en la pieza 1 del caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.

Sin embargo, el exconseller se presentó por sorpresa este viernes, a última hora de la mañana, en el tribunal valenciano y se ha acordado su ingreso voluntario en prisión, que deberá registrarse el lunes, día 15 en el establecimiento que eligió y que no fue concretado.

Varado en los lodos de su propia biografía. Así quedo este miércoles Rafael Blasco (70 años), el eterno conseller, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a seis años y medio de prisión por desviar 1,6 millones de las partidas de Cooperación para los hambrientos de Nicaragua a pisos en Valencia y cuentas bancarias de amigos. A su destino solo llegaron 43.000 euros. Se trata de la primera condena por corrupción y la tercera, tras la de Carlos Fabra (ex presidente de la diputación de Castellón) y Pedro Ángel Hernández Mateo (ex alcalde Torrevieja), que enviará a la cárcel a un dirigente del Partido Popular valenciano. Su ingreso –al ser la pena superior a cuatro años– tendrá lugar a partir del próximo lunes, en la cárcel que él mismo decida.

Es el último capítulo de quien llegó a dominar todo un archipiélago corrupto. Siete islotes que son las siete consejerías que dirigió para PSOE y PP entre 1983 y 2011. Un poder que se fraguó en su ciudad natal, Alzira (45.000 habitantes), “La Isla” en árabe. Desde allí surcó y bordeo todas las orillas del poder con una destreza de patrón apasionado de sí mismo. Quienes le conocen lo describen como un personaje tan abstemio e insomne como voraz en el apetito de poder. Antes que político con presupuesto fue militante en el PCE (Marxista-Leninista) y después en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico). De allí golpeó el timón hacia los horizontes de un posibilismo que le llevó al PSPV-PSOE para ocupar Presidencia y Obras Públicas, donde saltó el primer escándalo por la venta de una parcela pública en Paterna que le supuso la expulsión del partido a fines de 1989. En 1991 fue juzgado y absuelto.

Tras cuatro años a la deriva, Blasco recaló en 1995 en la flota torpedera del PP local. Eduardo Zaplana le contrató como subsecretario e ideólogo y le situó las manos sobre el timón. El isleño subió la escalinata y levó anclas. A bordo, una tripulación de largas fidelidades y complicidades empezando por las de su esposa, Consuelo Ciscar, que reprodujo en la dirección del IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) un mismo rumbo en los usos y abusos de poder. Y como timonel de cámara, un empresario de su Alzira isleña, Augusto César Tauroni, en prisión desde 2012.

El comerciante con apellido de escualo (tauró en valenciano significa tiburón) ha acompañado a su patrón en todas las singladuras y en el reparto de los botines. Primero en Bienestar Social, en el 2002, cuando Tauroni recibió a dedo el teléfono de la mujer maltratada por 6,7 millones. Más tarde, con Blasco en Territorio, también obtuvo la adjudicación de otros contratos menores. Un preludio de la gran dentellada de 2006, con el político en Sanidad y con 6 millones frescos para que Dinamiz-e, una de las firmas del timonel, gestionara por 6 millones cinco millones de expedientes médicos volcados en el programa informático Abucassis. Una licitación que se troceó para burlar la ley de contratos y por la que Blasco y Tauroni están también imputados desde noviembre de 2014 tras una denuncia de Izquierda Unida que se extiende a Sergio Blasco, sobrino del navegante incombustible y ex director del Hospital General de Valencia, investigado por una presunta malversación de fondos públicos con negocios privados en Perú.

Pero Blasco también cuenta con hazañas en solitario. Las indagaciones en la rama aborigen de la Gürtel le sitúan como un pionero, ya que en 2006, siendo consejero de Territorio, fue el primero en contratar a Orange Market, franquicia valenciana de la red Correa, por 63.000€ un vídeo divulgativo sobre contenedores de reciclaje que jamás se editó. Y tampoco podía no figurar en esa especie de taberna del Almirante Benbow en “La Isla del Tesoro”, de Robert Louis Stevenson, que son las grabaciones del caso Diputación. En una cinta registrada en febrero de 2006, Marcos Benavent le comenta a Alfons Rus la necesidad “de tener algún detalle con Rafa” porque “nos ha atendido de puta madre”.

Cabe decir que la estancia de Blasco en prisión promete ser larga por acumulación de penas. Además de las pesquisas por su etapa en Sanidad, la jueza Nieves Molina (la misma que ha archivado repetidamente la causa del accidente del metro de 2006) instruye dos piezas más relativas al pillaje durante la época en la cartera de Solidaridad. La primera, la número tres en el proceso, se refiere a la fallida construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010. Un plan valorado en 4 millones y que se asignó unilateralmente a la Fundación Hemisferio, de Tauroni, quien se embolsó 175.000 euros por unas obras que no llegaron a realizarse. Y la última pieza desgaja la lluvia de 3,5 millones que impregnó entre 2009 y 2011 una serie de fundaciones y entidades bajo el paraguas de Hemisferio.

Se trata de unas instrucciones que, tras un parón superior a un año, se han reactivado a finales de mayo de 2015. Una fatalidad más para una vida hecha astillas contra las rocas de su propia ambición.

El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado de ocho a seis años y seis meses de prisión al exconseller de la Generalitat de Valencia Rafael Blasco por desviar fondos destinados a proyectos de cooperación en Nicaragua en el marco del caso Cooperación.

La sentencia confirma los principales delitos que impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, quien le condenó en mayo de 2014 a ocho años de cárcel, junto a otras ocho personas más, por el fraude en subvenciones, y reduce ligeramente la pena al rechazar el carácter de delito continuado de algunas de las conductas sancionadas.

Tras esta resolución, tanto las acusaciones como las defensas formularon un recurso ante el TS –por quebrantamiento de forma, infracción de ley y precepto constitucional–, y se celebró una vista en esta instancia para que las partes pudieran fundamentar y exponer sus escritos.

El alto tribunal condena a Blasco por los delitos de malversación de caudales públicos, en concurso con prevaricación administrativa y por un delito continuado de falsedad documental. Del mismo modo, al intermediario de las operaciones, Augusto César Tauroni, se le condena a 6 años de cárcel, la misma pena para la exsecretaria general de la conselleria, Agustina Sanjuan.  Asimismo, el exsubsecretario de la Consejería Alejandro Cátala, también resulta condenado a cuatro años y seis meses. 

En esta pieza del caso se investigaron las irregularidades en la concesión de subvenciones a grandes proyectos de cooperación internacional que la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidat Valenciana concedió en el año 2008 a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales ( CYES) para dos proyectos en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales a través del acceso de agua potable y de fomentar el desarrollo sostenible mediante la producción de alimentos.

El Supremo declara así aprobado que del dinero que la Generalitat Valenciana invirtió en estos dos proyectos ( 1'6 millones de euros) apenas llegó a su destino, únicamente un 3%, exactamente 47.953 euros. El 97 % restante los condenados lo aprovecharon para adquirir y reformar inmuebles en Valencia.

Sin tregua. Entre el 2008 y el 2011, la Consejería de Solidaridad de la Comunidad Valenciana fue una calibrada máquina de pillaje. No hubo rincón, cajón o partida donde no se metiera la mano. Todo bajo la supervisión de Rafael Blasco, entonces consejero, y el empresario Augusto Tauroni, en prisión desde 2012. De hecho, Tauroni y Blasco son las dos caras de una misma moneda con un único lado ganador. Las pesquisas del fiscal Vicente Torres sitúan el foco sobre esta sociedad entre vecinos (los dos son de Alzira), incrustada en los tuétanos del poder y que ha dejado un rastro de presuntas corrupciones (entre 2003 y 2011) por las dependencias de Bienestar Social, Sanidad, Territorio y Solidaridad, carteras bajo el desempeño de Blasco.

En esta última es donde los datos y las evidencias abundan. Se calcula un saqueo estimado de unos 5,5 millones. La investigación, por su complejidad, se ha dividido en tres piezas. La primera fue juzgada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) en 2014 y condenó a Rafael Blasco a 8 años de prisión como responsable último de que 1,6 millones para construir pozos en Nicaragua se gastaran en pisos en Valencia y en engordar las cuentas de Tauroni. Tanto defensas como acusaciones recurrieron y sus escritos se expondrán públicamente este 25 de febrero en el Tribunal Supremo como preludio a la sentencia firme.

El segundo gran fragmento procesal (la tercera pieza en instrucción) se refiere a la fallida edificación de un hospital en Haití tras el terremoto de enero de 2010. El proyecto se presupuestó en 4 millones y se adjudicó a dedo a la Fundación Hemisferio, de Tauroni, quien cobró 175.000 euros por asesorar sobre unas obras que jamás se realizaron. En marzo estaban citados varios testigos, pero se han suspendido los interrogatorios tras la pérdida del juez de refuerzo que se había asignado al Juzgado de Instrucción 21 de Valencia.

Caldo de saqueo

Pero es en la segunda pieza judicial donde se mece el caldo gordo y espeso del saqueo. Entre 2009 y 2011 una serie de fundaciones y entidades, todas bajo el paraguas de Hemisferio, procuraron alrededor de 3,5 millones a los bolsillos de la trama. Para beneficiar a unos, se castigó a otros. Es lo que denunció Atelier (Asociación de Técnicos Especialistas en Investigación y Estudios sobre la Realidad Latinoamericana), que solicitó en diciembre de 2010 (para la convocatoria de 2011) una ayuda de 199.413 euros, que le fue denegada, para el proyecto “Apoyo al liderazgo de la Organización Femenina Popular (OFP) para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la búsqueda de la paz en Colombia”.

La propuesta preveía un impacto sobre mil beneficiarias directas vinculadas a la OFP, entidad que trabaja desde los setenta en el Magdalena Medio, una de las zonas más castigadas por la guerra en Colombia (solo entre 1985 y 2014, 9.000 mujeres fueron asesinadas y cerca de 94.000 desplazadas forzosamente), y organizaciones del Movimiento Social de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz. Además, 400 mujeres iban a ser formadas en temas de derechos humanos y 400 más participarían en la realización de audiencias públicas de denuncia y reparación. El radio de acción del proyecto abarcaba una población de 55.000 personas de raíz popular.

“Agotamiento de fondos”, fue la razón de la Generalitat para rechazar la subvención. “Todo fue arbitrario en aquella resolución y se dio una clara desviación de poder”, manifiesta Consuelo Vidal, cofundadora de Atelier, entidad que demandó a Solidaridad en julio de 2011 por supuestas irregularidades administrativas. Un litigio aún sin resolver (la sala de lo Contencioso del TSJCV se reunirá el próximo martes para tratarlo), pero que alumbra la intrincada estructura institucional que posibilitó la gran depredación.

Informe de la AECID

Atelier solicitó la práctica de una prueba pericial y el TSJCV aceptó y determinó que fuera la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores, quien elaborara una valoración técnica de varios de los proyectos, propuestos por Atelier, de la convocatoria de 2011. El informe analiza y compara ocho propuestas de subvención, entre ellas la de la ONGD demandante, que percibió de la Generalitat una puntuación de 85,9, la más baja de las ocho. Sin embargo, el examen de la AECID determina que la valoración técnica de la propuesta de Atelier es superior (con 88,11 puntos) a seis de los proyectos que, sin embargo, sí fueron aprobados por la Generalitat. Unas propuestas que incluso llega a tachar de “asistencialistas”, “ineficientes” o “sin valor añadido”.

En cambio, la AECID destaca que el de Atelier es “un proyecto de apoyo y acompañamiento a movimientos y organizaciones de la sociedad civil, en circunstancias en las que este apoyo, manifestado desde el ámbito internacional, significa una salvaguarda esencial, incluso de las propias vidas de sus integrantes”. Y añade: “La mayor parte de las actuaciones giran en torno a capacitación, formación, comunicación y puesta en marcha de Audiencias Públicas o Cortes de Mujeres, esenciales para el logro de la Reparación Integral, largamente demandada por las víctimas del conflicto y reconocida por el propio gobierno colombiano cuando aprobó la Ley 1448 de 10 de junio de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras”.

Filtros de control

Por otro lado, el escrito de conclusiones de Atelier denuncia una férrea estructura en el control y otorgamiento de la subvenciones. La evaluadora externa de los proyectos, encargada de puntuarlos, era Expande, que fue creada el 9 de junio de 2010, seis meses antes de que fuera seleccionada por la consejería pese a que el pliego de condiciones exigía una experiencia de tres años. Expande es la antigua Caaz, propiedad de Luis Fernando Castel Aznar, imputado en la segunda pieza por un supuesto cobro de comisiones a cambio de manipular el sentido de las evaluaciones.

Además, dentro de la propia administración existían filtros de control. El Jefe de Área de Cooperación, Marc Llinares, condenado a 4 años de prisión en la pieza primera, redactó un dosier con el ilustrativo epígrafe de “instrucciones para el arreglo de convocatorias”, en el que aludía, entre otras ONGD, a Atelier. Esa orden aparece en el informe 38.085 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que Atelier incluyó en su escrito de conclusiones como prueba de las irregularidades y manipulaciones perpetradas desde Solidaridad.

Pero hay más. El propio Rafael Blasco se reservaba 20 puntos adicionales “en atención a la adecuación de las actuaciones de la entidad a los objetivos y prioridades de la política de la Generalitat en materia de cooperación internacional para el desarrollo”. Un otorgamiento que, según Vidal, el exconsejero “utilizaba a su antojo”. Y que la AECID critica: “No se conoce cuáles son los parámetros y ponderaciones que utiliza la Generalitat Valenciana para atribuir la puntuación”. De las ocho entidades analizadas, a todas se le atribuyeron 20 puntos (aunque la mayoría no tiene ni sede en la Comunidad Valenciana, un requisito primordial) a excepción de Atelier, que se quedó con 12. Y ello a pesar de sus 25 años de trayectoria con cerca de 40 proyectos subvencionados por la Generalitat y con un perfil de género y con más de 20 años de experiencia en Colombia, condiciones prioritarias según el Plan Director de la Cooperación Valenciana.

Los 20 puntos también fueron censurados en un informe de 4 de julio 2012 de la Comisión de Estudio y Revisión del otorgamiento de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo efectuado por la Secretaría Autonómica de Familia y Solidaridad de la Consejería de Bienestar Social. El texto reconoce la parcialidad a la hora de valorar proyectos de distintas ONG: “No obran informes firmados y/o sellados de la empresa evaluadora Expande S.L. sobre los proyectos que concurren a la convocatoria, ni en los mismos se justifica suficientemente la puntuación otorgada”. Y culmina con que las puntuaciones “deberían estar más fundamentadas, especialmente en relación a los 20 puntos”.

Abuso de poder

Para Consuelo Vidal “el abuso de poder para favorecer a determinadas entidades es evidente”. Y añade que el resultado de esta demanda podría ayudar en la instrucción de la segunda pieza. De hecho, en la convocatoria del 2011 también se subvencionó a las principales ONG que protagonizaron la estafa. Con sus adicionales y controvertidos 20 puntos aparecen, por ejemplo, Fudersa que, pese a la falta de experiencia en el sector, acumuló en 2009 1,3 millones para cuatro proyectos sobre desarrollo agrícola y empleo en la República Dominicana. O Esperanzas Sin Fronteras, testaferro de Tauroni en la subvención del hospital en Haití y que, también en 2010, esquilmó 570.000 euros al desarrollo rural en Perú. Y Hemisferio, matriz que, según apuntan las investigaciones, canalizó estas y otras sumas a las cuentas de la trama en Miami.

El órgano de representación de los trabajadores de Informativos en Televisión Española ha dirigido un escrito al Consejo de Administración en el que solicitan un cambio en la dirección de ese departamento. El Consejo de Informativos hace un repaso de múltiples casos de mala práctica periodística durante los dos años en que Julio Somoano lleva al frente de los Informativos y concluye que el cambio es imprescindible para recuperar el prestigio perdido entre la audiencia. Este es el contenido de la nota que acaban de enviar a todo el personal del departamento:

"El Consejo de Informativos de TVE contempla con preocupación la situación de los Servicios Informativos de la televisión pública. Los telediarios de TVE han dejado de ser el referente de la información televisiva en España, con una caída permanente de audiencia. Televisión Española fue la cadena elegida mayoritariamente por los espectadores para seguir los actos de la proclamación de Felipe VI, un hecho del que el CdI se congratula. Pero sólo unas fechas antes se habían registrado dos situaciones graves y sin precedentes: por primera vez desde que existen televisiones privadas en España, la audiencia eligió un canal distinto al de TVE para informarse sobre los resultados de unas elecciones; y la audiencia también optó por dos canales privados antes que La 1 de TVE para seguir el mensaje en el que Juan Carlos I anunciaba su abdicación en el príncipe Felipe".

"En el año y medio que lleva de mandato —continúa el escrito— este Consejo de Informativos de TVE ha ido advirtiendo en sucesivos informes de contenidos, dictámenes y estudios, de que la caída de las audiencias tenía mucho que ver con las malas prácticas profesionales en las que se estaba incurriendo y con los errores en la valoración de las noticias. Nada se ha corregido y el resultado ha sido la pérdida del prestigio y credibilidad de los Informativos de TVE, que la actual dirección heredó en máximos históricos".

Omisiones, manipulaciones, ocultaciones...

Los representantes de los trabajadores de Informativos se refieren, a continuación a casos concretos de mala práctica: "Algunos de los hechos denunciados son especialmente graves, como la intromisión del director de Contenidos en el contenido de una noticia sobre el caso Gürtel, que motivó la retirada de la firma de esa noticia y de todo el Telediario. Muy grave es también la situación en los informativos de Andalucía, donde hemos advertido de manipulación y censura en varias ocasiones. En ambos caso pedimos el cese de los responsables. Junto a ello, hemos analizado una serie de comportamientos y actuaciones que se han visto agravados en las últimas semanas. En ellas hemos encontrado un cúmulo de errores, malas prácticas y decisiones que poco tienen que ver con el ejercicio del periodismo al servicio de los ciudadanos".

Tales como "eliminar, por primera vez desde que existe, los datos de valoración del presidente del Gobierno y del líder de la oposición en la información sobre la encuesta trimestral del CIS". Desde "ocultar en la primera edición del Telediario las palabras machistas del entonces candidato del PP a las elecciones europeas" a "desplazar la información electoral, optando por un acontecimiento deportivo-festivo, la noche del 25-M" pasando por "valorar mal, con claros tintes ideológicos, el interés informativo de las noticias que llegaban en la noche electoral".

Citan también la decisión de "no contar en ningún espacio de análisis y/o debate con el líder de la opción política que protagonizó la gran sorpresa de la elecciones al Parlamente Europeo (la BBC, por ejemplo, entrevistó en seguida a Pablo Iglesias)". O "tratar de forma insuficiente la condena al exconseller valenciano Rafael Blasco por el caso Cooperación (tratamiento que ha provocado una protesta por escrito firmada y remitida por toda la redacción del Centro Territorial de Valencia a este Consejo)". Y recuerdan cómo se camuflan "las siglas del partido del Gobierno y el concepto de "financiación irregular" en la mayoría de las informaciones referidas al llamado caso Bárcenas y a las investigaciones del juez Ruz".

También se minimiza "la información sobre manifestaciones en Canarias contra las prospecciones petrolíferas (tratamiento este que, también, ha provocado un escrito de protesta por una buena parte de la redacción del Centro de Canarias remitido al Consejo), y en general se sigue "con la práctica de dar un tratamiento de bajo nivel, cuando no ocultación, a todo aquello que puede ser molesto al Gobierno o al partido que lo sustenta".

La Dirección de los SSII no ha reaccionado

"La Dirección de los SSII de TVE no ha emprendido acción alguna encaminada a corregir los hechos denunciados por el Consejo de Informativos, en cumplimiento de sus obligaciones legales. Al contrario, como hemos visto al comienzo, el panorama se ha agravado en los últimos meses, lo que nos ha obligado a trasladar un informe detallado sobre esta situación al Consejo de Administración de RTVE, de acuerdo con las competencias que nos atribuye el Estatuto. Hemos pedido al Consejo que se asuman responsabilidades por todo este daño y se propicie un cambio en la Dirección de los Servicios Informativos de TVE".

"Al mismo tiempo queremos informar a todos los trabajadores de informativos de TVE de nuestra preocupación ante la situación actual y de esta iniciativa. En el verano de 2012, cuando se supo que Julio Somoano sería el nombre del director de los Servicios Informativos, el Consejo de Informativos de TVE realizó un referéndum en la redacción que dio como resultado el rechazo mayoritario por parte de sus profesionales a dicho nombramiento. Hoy este Consejo no puede sino reafirmarse en la opinión expresada libre y democráticamente entonces por la redacción".

La nota concluye con una apelación a la recuperación del prestigio y consideración pública de los Informativos: "Dos años después, aún estamos a tiempo de salvar los informativos de Televisión Española y devolverlos a la situación de prestigio y consideración pública. Las personas que trabajan en esta empresa han demostrado sobradamente en el pasado que son capaces de cumplir su función de servicio público y ser líderes".

Para librarse de la cárcel, al menos de momento, el exconsejero de la Generalitat ha tenido que abonar 200.000 euros para cubrir la fianza que le ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Asimismo, ha entregado su pasaporte, con lo que no podrá salir de España, y está obligado a comparecer periódicamente ante el tribunal para evitar cualquier riesgo de fuga. No obstante, llama la atención la diferencia de criterio entre la Fiscalía y el juez, ya que frente a la cantidad impuesta por el tribunal, el Ministerio Público solicitaba una fianza de dos millones de euros: diez veces superior a la que finalmente se ha aprobado.

Sobre esta disparidad entre las cifras los expertos consultados por infoLibre tienen opiniones diferentes. Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, se muestra crítico con la petición del fiscal y señala que no es "habitual" que haya tanta diferencia entre lo que se solicita como fianza y lo que posteriormente se impone. En este sentido, Sexmero señala que lo normal es que los condenados en primera instancia, como es el caso de Blasco, no sean privados de la libertad hasta que su pena sea firme si durante el periodo de instrucción no han sido encarcelados provisionalmente.

Victoria Rosell, portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, abunda en la misma idea y apunta en este sentido un dato más: al no ser aún firme la condena contra Blasco, sigue primando la presunción de inocencia. No obstante, sí que asevera que resulta "llamativa" la diferencia entre la petición de la Fiscalía y la decisión del tribunal, toda vez que tanto juez como fiscal manejan los mismos datos sobre el patrimonio del condenado, información en base a la cual se decide la cuantía de la fianza.

"La fianza tiene como función que una persona no se escape, básicamente", explica por su parte Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, que no obstante es reacio a señalar un patrón con respecto a la manera de decidir las cantidades que se imponen como fianza. Pero entonces, ¿por qué tanta diferencia entre los criterios del fiscal y el juez? García aventura, y en ello coincide con Sexmero, que la posible explicación es que "el fiscal quiera que [Blasco] entre en prisión ya por no poder pagar la fianza".

"Pero no hay que olvidar una cosa: lo progresista es que una persona entre en prisión cuando tenga una condena firme", señala el portavoz de la Francisco de Vitoria en relación a esto. "La prisión provisional solo está para casos gravísimos, como los delitos de terrorismo o el homicidio, o para casos en los que sea posible que la persona juzgada pueda eludir la justicia, saliendo del país o evitando que las pruebas lleguen a juicio", abunda Sexmero, que se muestra tajante: salvo en los casos mencionados, "cualquier doctrina de cualquier país civilizado tiene prohibido anticipar la pena".

De la misma opinión es García, que explica que a la hora de encarcelar a alguien si la sentencia no es firme, el juez "se lo piensa mucho", porque supone violar el derecho a la libertad de alguien que aún mantiene la presunción de inocencia. "A veces el tribunal que condena a ocho años lo hace sabiendo que sus tesis jurídicas pueden ser discutidas en la instancia superior, y por eso se guardará mucho de meter a alguien en prisión" si no estima que existe un riesgo real de que se fugue o destruya pruebas que impidan llevar adelante el proceso.

"La justicia es lenta, pero no perdona"

En lo que sí son unánimes los diferentes expertos es en que la sensación que tiene buena parte de la ciudadanía sobre que los casos de corrupción no se castigan es real, si bien cada uno apunta diferentes razones a la hora de explicarla. No obstante, todos ellos dejan claro que la justicia sí actúa contra este tipo de delitos, aunque con deficiencias. Y en este sentido, los portavoces destacan dos motivos claros: la falta de medios y, especialmente, la lentitud de la justicia a la hora de resolver los casos.

"La justicia es lenta, pero no perdona", afirma tajantemente Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales, que insiste en que "aunque tardemos, siempre vamos a dar una respuesta satisfactoria", lo que no significa que la sentencia "sea siempre condenatoria". No obstante, Frías sí admite que la sensación de impunidad puede verse provocada por la dilación de los tribunales, y pone sus propios casos como ejemplo al asegurar que ahora mismo está trabajando en juicios por delitos presuntamente cometidos en los años 2006 y 2007.

Por su parte, Victoria Rosell apunta que, a su juicio, el mayor elemento que contribuye a esta sensación de impunidad por parte de la ciudadanía es "la falta de responsabilidad política". "Si en cuanto hay indicios serios [de este tipo de delitos] la administración y los partidos reaccionaran, las personas no tendrían esa impresión", señala la portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, que cita como ejemplo de esta falta de asunción de responsabilidades que el propio Blasco no haya "dejado el escaño mucho antes".

"Los jueces tenemos que actuar con garantías, y nuestro sistema es además muy garantista", explica Rosell, que denuncia la "falta de medios" que sufren los jueces para llevar a cabo sus funciones, especialmente a la hora de juzgar casos de corrupción, "que son procedimientos muy complejos". "No tenemos los medios que pueda tener, por ejemplo, Hacienda, para investigar el patrimonio, ni peritos propios, ni una unidad de policía judicial propia con este tipo de conocimientos y que responda única y exclusivamente ante los jueces", explica la magistrada.

Pero entonces, ¿cómo solucionar esta conciencia ciudadana de que los delitos contra la corrupción no se persiguen lo suficiente? Rosell es clara: Jueces para la Democracia no es partidaria de un endurecimiento general de las penas en un Código Penal que es "durísimo en comparación con el ámbito europeo". Pero eso no significa que no haya que hacer cambios, ya que según la portavoz "la propia clase política es muy condescenciente a la hora de legislar contra los delitos contra la administración pública o los de tipo societario, por ejemplo".

Ángel Dolado, presidente de Foro Judicial Independiente, también hace hincapié en que los cambios son más necesarios a nivel legislativo que judicial, y hace referencia a la prerrogativa del indulto, que su asociación judicial propone eliminar. En este sentido, Dolado denuncia que ya se rechazó el pasado marzo en el Congreso de los Diputados limitar la posibilidad del indulto a los condenados por delitos relacionados con la corrupción –una iniciativa que tumbó en solitario el PP–. No obstante, sí señala que en los últimos años se han conseguido algunos avances desde el punto de vista político, como que algunos partidos se comprometan a no incluir imputados en sus listas electorales.

La nota positiva la pone Álvaro García, que afirma que, a pesar de que aún queda camino por recorrer, la justicia está mejorando a la hora de tratar los casos de corrupción. En este sentido, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales señala que los corruptos finalmente terminan entrando en prisión, y pone como ejemplo el caso de María Antonia Munar, exdirigente de Unió Mallorquina cuya condena a cinco años y medio de prisión ratificó el pasado octubre el Tribunal Supremo. "Yo prefiero verlo en optimista, no venimos de hacerlo muy bien, pero se están dando condenas duras, como ésta [la de Blasco] de ocho años, y se están recuperando activos importantes", remacha García.

El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y durante años hombre de confianza de Francisco Camps (PP), Rafael Blasco, ha pagado la fianza de 200.000 euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con lo que evitará entrar en prisión hasta que, en su caso, se declare firme la sentencia que le condena a ocho años de cárcel por malversación y prevaricación en la primera pieza del caso Cooperación.

El exconsejero, quien tiene embargadas cuentas y bienes por parte del Tribunal de Cuentas, tenía un plazo de 48 horas desde este martes, una vez notificada la resolución, para depositar la fianza, y este miércoles ya la ha hecho efectiva. Asimismo, ha entregado su pasaporte, con lo que no podrá salir de España. También tiene la obligación de comparecer periódicamente ante el tribunal, para evitar cualquier riesgo de fuga.

Todas estas medidas cautelares fueron adoptadas este mismo martes por parte del tribunal que juzgó tanto a Blasco como a otros ocho condenados por esta primera pieza del caso Cooperación, después de que en una vista celebrada el miércoles las acusaciones –Fiscalía Anticorrupción, Abogacía de la Generalitat y Antonio Penadés– solicitaran para el exconsejero la prisión incondicional y, subsidiariamente, el pago de una fianza de dos millones

El tribunal atendió en parte estas solicitudes y ordenó prisión para Blasco, pero eludible con 200.000 euros de fianza al entender que al ser el "principal promotor" de los hechos, podría tener "contactos y relaciones" para una "eventual elusión" de la justicia hasta que se declare firme la sentencia. No le decretó prisión incondicional ni le impuso la fianza de dos millones de euros al entender la cantidad desorbitada.

El tribunal también ordenó prisión provisional eludible con fianza de 6.000 euros para la exsecretaria general de la extinta Consejería de Solidaridad, Tina Sanjuán, así como la entrega de su pasaporte y comparecencias semanales en base a la "gravedad" de la pena y ante un "cierto arraigo" fuera de la nación. Precisamente para Tina Sanjuán, condenada a siete años y medio de prisión, la Fiscalía Anticorrupción también solicitaba prisión incondicional.

En la misma línea, el tribunal ha retirado el pasaporte al exsubsecretario de la Consejería, Alexandre Català, y le obliga a comparecer semanalmente en el juzgado; así como al exjefe de servicio de Cooperación, Marc Llinares; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y a una trabajadores de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera. Estos dos últimos ya habían entregado su pasaporte.

Respecto al exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, el tribunal también le ha prohibido la salida del territorio nacional y le ha ordenado la entrega de su pasaporte. También le impone comparecencias ante el juez pero, a diferencia del resto de los condenados, de forma quincenal. En esta causa ha habido otros dos condenados, el empresario y cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, quien se encuentra en prisión desde el inicio de las diligencias; y el ex director general de la extinta Consejería Josep María Felip, quien tan solo fue condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, pero no se le impuso prisión.

El Tribunal Superio de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado este martes decretar prisión provisional para el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y actual diputado no adscrito en las Cortes, Rafael Blasco eludible con 200.000€ de fianza.

El exconseller fue condenado el pasado miércoles a ocho años de prisión por dirigir el desvío de ayudas en proyectos de cooperación. Según el tribunal que lo juzgó, con su intervención y sus órdenes a subordinados favoreció al cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, e impidió que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones.

Este miércoles El Intermedio, el programa presentado por El Gran Wyoming en La Sexta, ha ironizado sobre la condena de Rafael Blasco, exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, por haber desviado ayudas en proyectos de cooperación para favorecer al cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.

Blasco, que impidió que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones, es objeto de la mofa del propio Wyoming y su colaborador Dani Mateo, que utilizan a personajes como la cantante colombiana Shakira o el futbolista brasileño del Real Madrid Marcelo para cargar sarcásticamente contra el exconsejero.

"Si esos seis millones de euros [cantidad total defraudada por la trama] hubieran llegado a su destino, hoy el brasileño Marcelo no tendría que estar metiendo la cabeza en un frigorífico para anunciar una crema facial", bromea Mateo. Posteriormente, el presentador realiza una cronología de los hechos, que comienza cuando Blasco pasa de la Consejería de Sanidad a la de Solidaridad y Ciudadanía. "Un pequeño paso para el hombre, una gran putada para la Humanidad", ironiza.

El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y actual diputado no adscrito en las Cortes, Rafael Blasco, ha sido condenado a ocho años de prisión por dirigir el desvío de ayudas en proyectos de cooperación. Con su intervención y sus órdenes a subordinados favoreció al cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, y impidió que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones.

Tras conocerse la noticia Blasco ha asegurado que dimitiría y renunciaria así, de forma inmediata, a su escaño en el parlamento valenciano. Sin embargo, el registro de la cámara autonómica ha cerrado a las 19.30 horas de este miércoles sin que se tuviera noticia alguna de la dimisión del que fuera hombre fuerte de Francisco Camps.

Tanto Blasco como el resto de condenados recurrirán el fallo, al considerar que los hechos probados en la sentencia no se ajustan a la realidad y que la resolución es injusta y dura. Para presentar el recurso ante el Supremo disponen de un plazo de cinco días. Si finalmente deciden hacerlo efecto, el Alto Tribunal podría pronunciarse en un plazo aproximado de seis u ocho meses.

Desvío millonario

La Justicia considera probado que en marzo de 2008 la Generalitat otorgó a Augusto César Tauroni 1,6 millones de euros para proyectos en países en vías de desarrollo, de los que solo llegaron a su destino 47.953,34 euros, es decir, menos de 3 por ciento. El resto se destinó a un "beneficio propio", a la compra de tres inmuebles y de un garaje en Valencia.

Y esto fue posible tras "maniobrarlo" Blasco y Tauroni. El empresario lograba con ello una comisión del 25 por ciento del importe de las subvenciones, sin que conste "bien determinado", por otro lado, qué tipo de compensación recibiría el exconsejero y sus colaboradores.

Para cometer estos delitos, Blasco, quien era consciente de que la fundación no cumplía con los requisitos previos exigidos y que tampoco destinó los fondos a los proyectos, contó con la colaboración de su anterior equipo directivo, que respondió a sus directrices "en atención a su autoridad" y ante el "temor" de que pudiera prescindir de sus servicios.

Así de contundente se ha mostrado el tribunal que juzgó a Blasco y a otros ocho acusados más por la pieza primera del caso Cooperación, en la que se han juzgado presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consejería a la Fundación Cyes, dirigida por Marcial López, en el año 2008.

El tribunal considera que Blasco, quien dirigió diferentes consejerías cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat, cometió un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, por lo que le condena a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación.

Otros condenados

Pero el tribunal aclara en su sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo– que Blasco no actuó solo, y que tiene una responsabilidad similar Augusto César Tauroni, único en prisión por esta causa, por lo que le fija la misma pena pero como cooperador necesario de un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito de falsificación y de malversación.

Así, la justicia sentencia a la ex secretaria general de la Consejería Tina Sanjuán a siete años, seis meses y un día de cárcel, así como a 17 años y medio de inhabilitación; y el exsubsecretario Alexandre Català cumplirá cuatro años, seis meses y un día de cárcel; al igual que el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares.

Por su parte, la condena para el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, es de tres años de cárcel; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, de cuatro años de prisión; y para una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, tres años y seis meses. El único de los procesados que no tiene pena de cárcel es el ex director general Josep María Felip, a quien se le han impuesto siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Además, el tribunal condena a Tauroni, López y Cervera a pagar de forma conjunta y solidaria una indemnización a la Generalitat valenciana por el importe defraudado, es decir, de 1.784.840 euros, y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Fundación Cyes.

Para esos supuestos proyectos, en el año 2008, la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, dirigida por el conseller Rafael Blasco, otorgó un total de 1.666.819,86 euros, es decir, un importe de 833.409,93 euros para cada uno de los mencionados proyectos- a una fundación llamada Cyes, que incumplía claramente los requisitos de la convocatoria a la que se presentó pues no tenía experiencia alguna en materia de cooperación internacional al desarrollo, ni en Nicaragua.

Dichos proyectos nunca llegaron a realizarse en los términos previstos puesto que la referida Fundación Cyes, con sede en Valencia, destinó la parte más significativa de los recursos obtenidos –casi un millón de euros– a la adquisición de varios inmuebles en esta ciudad; y otra parte al pago de unos supuestos servicios realizados por ciertas empresas. Concretamente el 25% del importe de cada uno de los proyectos a la empresa ARCMED,S.L. parte de la trama que obtenía beneficios de los recursos públicos de cooperación internacional.

Aunque muy poca gente conozca el nombre de Totogalpa no ocurre lo mismo con Nicaragua, país ampliamente conocido, incluso cercano, para muchas personas en la Comunidad Valenciana, pues, ese pequeño país de Centroamérica se hizo famoso allá por los años setenta y ochenta del pasado siglo cuando un ejército de pobres derrocó a la dictadura de Somoza, una de las más largas y sanguinarias de las muchas que azotaron a los pueblos de la América Latina.

Entonces sí, Nicaragua se colocó en el mapa del mundo. La lucha del pueblo nicaragüense por el pan, la tierra y la libertad, bregando contra un enemigo mil veces mayor, concitó en aquellos momentos, el apoyo de muy grandes sectores de la población mundial incluyendo entre ellos a la de los Estados Unidos y a la de los países de Europa, entre ellos España. Ciertas imágenes de aquella revolución dieron la vuelta al mundo y se fijaron para siempre en nuestras retinas y en nuestros corazones como expresiones de dignidad. ¿Quién que lo viera no recuerda al padre Ernesto Cardenal, poeta, recibiendo, arrodillado, al papa Juan Pablo II en el aeropuerto Augusto César Sandino de Managua?

Si algún día en España se escribiera la historia de la cooperación internacional, quien llevara a cabo esa tarea tendría que hacer justicia al pedagógico papel de ese diminuto país en la forja de toda una generación de personas que –mucho antes de que en España existiera lo que hoy conocemos como sistema público de cooperación– se forjó, sobre el terreno, en las lides de la solidaridad internacional. Muy diversos colectivos sociales de la Comunidad Valenciana participaron en iniciativas de apoyo a la población nicaragüense que, asediada por una guerra desigual, se empeñaba en llevar a cabo una transformación social de calado en su país; entre esos colectivos destacaron enseñantes, profesionales de sanidad, técnicos agrícolas y, más sencillamente, ciudadanos comprometidos con valores de justicia y equidad. Blasco no estuvo allí, ni los altos cargos de su Consellería, ni Tauroni, ni el representante de la Fundación Cyes proponente de los falsos proyectos.

Al calor de aquellos años de esperanzas, luchas e ilusiones, se crearon en España nuevas organizaciones y asociaciones –más tarde conocidas como ONGD– que vinieron a plasmar la voluntad de una ciudadanía activa que emergía para actuar en el espacio internacional. Así ocurrió en Cataluña, el País Vasco, Andalucía y también en la Comunidad Valenciana. En aquella Nicaragua –que expresaba al mundo su sed de justicia– aprendimos mucho quienes vivimos allí y compartimos con su gente ese anhelo: aprendimos a desayunar gallo pinto (frijoles con arroz) y a no cenar nada; aprendimos a discernir lo necesario de lo superfluo y con ello hicimos prácticamente, una crítica radical al "derroche estructural" de nuestras sociedades de origen; aprendimos a trabajar en un medio escaso en recursos económicos y abundante en riqueza humana.

Nicaragua fue una escuela y fue un don para quienes vivimos aquellos históricos momentos en los que una imponente voluntad transformadora era compartida por la gran mayoría de la población. Sin embargo, ahora, cuando pronto se cumplirán 35 años del derrocamiento de Somoza, Nicaragua es aún, a día de hoy, uno de los países más pobres de América Latina, sólo precedido por Haití en ese escalafón lo que no puede dejar de ser motivo de reflexión para las entidades de cooperación.

Y es ahora también cuando, en la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia, tras la conclusión del juicio oral se dispone a dictar sentencia sobre los hechos delictivos derivados de esos falsos proyectos de cooperación que iban a realizarse en Totogalpa. En efecto, el máximo responsable del PP en la Consellería de Solidaridad, el conseller Blasco, y altos funcionarios de la misma, prevaliéndose de sus posiciones de poder en la Administración autonómica dieron vía libre a unos proyectos que carecían de los requisitos exigidos en la propia convocatoria realizada por dicha consellería. De ese modo destinaron una importante cantidad de recursos a una entidad, como la fundación Cyes, que además de incumplir los requisitos de trabajo en red, experiencia y presencia en el país, carecía de la competencia técnica necesaria. Dicha fundación, a su vez, procedió a desviar una significativa parte de esos recursos, el 25% de cada una de las subvenciones, a cierta empresa (Gestiones e Iniciativas Arcmed, S.L.) como pago de unos trabajos jamás realizados. Unos y otros se han sentado estos días atrás en el banquillo de los acusados de varios graves delitos entre ellos malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, falsificación en documento público, fraude de subvenciones…

Estos hechos han causado una gran indignación a muchísimas personas que, más allá de sus diferentes perspectivas y convicciones políticas, coinciden en el repudio de la corrupción; son personas de ambientes sociales variados que trascienden ampliamente el de las ONGD y otras entidades más directamente vinculadas a la acción de cooperación internacional. ¡Y con qué fundamento esa indignación! Muchas de esas personas y aquellas que estuvieron entonces en Nicaragua observan hoy con una mezcla de rabia y estupor el desarrollo de ese juicio que, sin duda, va a marcar un antes y un después en el devenir de la política pública de cooperación internacional. Pues rabia y estupor producen las declaraciones, teñidas de cinismo político, de los máximos responsables políticos de esas decisiones, las del empresario Tauroni y las de los representantes de la Fundación Cyes.

¿Y la población de Totogalpa? ¿Dónde está esa gran ausente que iba a ser la beneficiaria, supuestamente, de un mayor y mejor acceso a agua potable y de una mayor capacidad para la producción de alimentos? Cualquiera mínimamente conocedor de un proyecto de cooperación y del contexto económico de Nicaragua sabe que - aun dejando de lado otros aspectos- el increíble presupuesto aprobado para esos proyectos sólo podía ser o para instalar grifos de oro y sembrar semillas de plata en la tierra de Totogalpa o - como así ha resultado- para el lucro particular de ciertas personas.

Hoy, cuando la mayoría de la población en España, vive abrumada por las dificultades económicas, la pobreza crece aceleradamente, y las políticas de austeridad impuestas por los gobiernos del PP han dejado sentir sus devastadores efectos es mucho más difícil pensar y actuar en términos de solidaridad global. Sin embargo es precisamente ahora cuando se hace especialmente necesario poner de manifiesto los valores de justicia y equidad que inspiran lo mejor del trabajo de cooperación internacional y constituyen su sustrato ético.

Consuelo Vidal es cofundadora de ATELIER ONGD. Valencia.

Triste, solitario y final. Como Philip Marlowe en El largo adiós, de Raymond Chandler. Así bajó Rafael Blasco este viernes los cincuenta escalones del Palacio de Justicia tras la última sesión del juicio por el caso Cooperación.caso Cooperación En la puerta le esperaba una única cámara de TVE. El otrora locuaz conseller giró la cara al micro y se arrimó a la fachada con un gesto escurridizo de felino. Minutos antes había pronunciado su último alegato frente al tribunal que lo juzga por el desvío de 1,6 millones de ayudas a Nicaragua a una trama corrupta encabezada por el empresario Augusto Tauroni, en prisión desde 2012. De este dinero, 970.000 euros fueron a la compra de tres pisos y un garaje en Valencia. Al país de destino apenas llegaron 43.000 euros.

“He tenido errores y aciertos. Algún error habré cometido, pero nunca he traspasado ninguna frontera de ilegalidad”, aseguró Blasco, quien se refirió a sus compañeros de banquillo y, en algún caso, estrechos colaboradores desde los noventa: “Son honorables y no han cometido irregularidades. Están aquí porque la persona que se buscaba era la de Rafael Blasco”. Fue el epitafio a la teoría conspirativa esgrimida desde que en 1989 fue expulsado del PSPV-PSOE por un asunto turbio de recalificación de terrenos. Desde entonces declaró guerra eterna a sus excompañeros y, al poco, se afincó en la trinchera contraria, en el Partido Popular, donde ha dirigido cinco consejerías. Y en cada una ha dejado el rastro del escándalo con Tauroni como empresario de cámara. Por ejemplo, en 2001, en Bienestar Social, le encargó a dedo la puesta en marcha del teléfono de la mujer maltratada por 6,7 millones. También sin publicidad ni concurso le agració en 2006, desde la consejería de Sanidad, con la gestión de miles de expedientes médicos a través del programa Abucasis, licitado por algo más de seis millones. Esta última concesión está siendo investigada en los juzgados.

Orden de destierro

En junio de 2013, Blasco fue expulsado del Partido Popular, en el que se desempeñaba como portavoz del grupo parlamentario. Con todo el territorio político valenciano ya recorrido, pasó a la única butaca de los no adscritos, espacio de destierro o purgatorio donde esperar el juicio que se inició a principio de año. Un proceso que ha vivido con la sola compañía obligada de sus vecinos de banquillo. Y la única lealtad comprada (algunas fuentes señalan que por 150.000 euros) de su abogado, Javier Boix, quien ya le sacó del atolladero en 1989 y ha convertido su despacho en refugio multimillonario del políticos del PP en apuros. En 2012 defendió a Francisco Camps en el llamado caso de los trajes y consiguió dilatar la causa de Carlos Fabra en Castellón durante más un década.

De hecho, Boix está especializado en garantías jurídicas y conoce cada fisura del Código Penal. En esta causa ha impugnado testigos, intervenciones telefónicas y fragmentos de la instrucción. Una labor entre la finísima ingeniería procesal y la más severa voluntad de ineficacia burocrática. A sus órdenes ha contado con toda una orquesta de letrados que han seguido su melodía jerárquica a sabiendas de que poniendo a salvo al capitán se libraba la tripulación entera. Y en ese rumbo no ha importado ejercer cierto tono de piratería humillando a testigos de cargo, asegurando que la única delincuente era la abogada de la Generalitat personada en la causa o acusando al fiscal de amenazar a técnicos de la conselleria con imputarlos si no aportaban pruebas.

Facturas falsas

Precisamente el trabajo de los fiscales Vicente Torres y Jesús Carrasco ha dejado sin mucho margen a las defensas. El informe final de acusación, redactado con estilo vertiginoso de novela negra, fue titulado por ellos mismos como “manual de clientelismo político”. Una modalidad en la que Blasco, a juzgar por los hechos, sería un virtuoso. En ese sentido, el exconseller, para el que solicitan 11 años de prisión y 31 de inhabilitación, habría presionado a los técnicos de Solidaridad para que en julio de 2008 se aprobaran las ayudas de 1,6 millones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), tapadera de los negocios de Tauroni, quien llegó a decir que sóo le movía el dinero y que debía “dar prioridad” a sus negocios “antes que a los negratas”. Cyes ni siquiera era una ONG al desarrollo ni cumplía con los requisitos insoslayables de la convocatoria de tener experiencia previa y colaborar en red con otras entidades.

Según el fiscal, cuando la noticia saltó a los medios en octubre de 2010, Blasco procuró esconder que se habían comprado pisos con dinero de las subvenciones al tercer mundo. Para ello ordenó adulterar documentos y sacó a relucir facturas falsificadas desde Cyes por trabajos en Nicaragua que jamás se efectuaron. La sobreactuación de transparencia llevó a Blasco a convocar a la prensa en unas jornadas de puertas abiertas en Solidaridad y a solicitar en Les Corts una auditoría del Síndico de Cuentas para fiscalizar su labor. En todo caso un informe ni vinculante ni público que, además, validó las tesis del fiscal y afeó al político por la desaparición injustificada de más de un 1,1 millones.

Blasco, para no cumplir con las recomendaciones del síndico, argumentó que se hallaba en funciones ante su inminente nombramiento como portavoz del Grupo Popular en 2011. “¿Dónde dice que si te han quitado más de un millón no hagas nada por recuperarlo?", preguntó el fiscal y, a continuación, desgranó una decena de órdenes y resoluciones de Blasco en aquel tiempo. “¿Para dar fondos públicos no estaba en funciones, pero para recuperarlos sí?”. La última firma fue la del 13 de junio de 2011 para la construcción de un hospital en Haití por 4 millones. Una vez más, la concesión fue a parar a manos de su amigo Augusto Tauroni, quien supuestamente se embolsó 200.000 euros pese a que jamás se realizó esta obra.

Diagnóstico: abuso continuado de poder. La vida del ex consejero valenciano Rafael Blasco (Alzira, 1945) está marcada por la ambición, el escándalo y la desmesura. Ha ocupado siete carteras distintas en el Gobierno valenciano y ha sido la mano derecha, en la sombra, de cuatro presidentes autonómicos. Solo el pestilente escándalo del saqueo a la cooperación al desarrollo ha conseguido hacerle rodar desde la cúspide y poner fin a su militancia en el PP. En junio de 2013 abandonó el grupo en Les Corts y pasó al único banco de los No Adscritos. Desde allí, hierático, se ha convertido en notario de un régimen que se resquebraja.

Su ocaso tiene que ver con el juicio que desde el pasado martes se sigue en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. El fiscal anticorrupción le considera “el director” de una trama corrupta que entre 2008 y 2011 (tiempo en que Blasco fue consejero de Solidaridad) se enriqueció a costa de las ayudas públicas al Tercer Mundo. La compleja investigación está dividida en dos piezas. La que se juzga se refiere a los 1,8 millones de un proyecto agrícola en Nicaragua que se desviaron a una red de ONG dirigida por Augusto César Tauroni, en prisión desde hace dos años. Según la investigación, este empresario se valió de su amistad con Blasco para obtener información privilegiada. De la subvención, apenas llegaron 43.000 euros a su destino. Del resto, 969.875 se gastaron en pisos y garajes. Y 456.960 euros acabaron en las cuentas de Tauroni, quien solía referirse a los países en desarrollo como “Negrolandia” y denominaba “negratas” a sus habitantes. La segunda pieza, aún en instrucción, analiza el fraude de otros 3,5 millones.

“La convocatoria fue legal y nadie me planteó ningún problema”, responsabilizó Blasco este jueves a sus subalternos de Solidaridad, también en el banquillo. El fiscal acorraló al político y consiguió demostrar que su relación con Tauroni venía de lejos y que ambos, tras el estallido del caso en octubre de 2010, cerraron filas. Así lo demuestran las innumerables conversaciones telefónicas y mails interceptados por la policía mailsa pesar de que Blasco llegó a negar que supiera mandar correos electrónicos puesto que no es “una persona muy lúcida”. El fiscal le solicita 14 años de prisión, 36 de inhabilitación y 43.200 euros de multa por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos públicos e inducción a la falsedad documental.

Mil pieles de camaleón

¿Desesperación o socarronería? La actitud desvalida y su oratoria victimista durante el juicio sacaron a relucir sus mil pieles de camaleón. Blasco ha sido de todo y lo ha sido todo. Un converso profesional al servicio únicamente de él mismo y que ha sabido situarse siempre bajo el palio del poder. A finales de los sesenta militó en el PCE (Marxista-Leninista) y después en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico). Y cuando el socialismo barrió en la periferia española, se apuntó al PSPV-PSOE. Allí emparentó con Consuelo Ciscar (la controvertida directora del IVAM), hermana de Ciprià, mano derecha de Joan Lerma, de quien fue consejero de Presidencia y Obras Públicas. Tras unas irregularidades en la venta de una parcela pública en Paterna acabó expulsado del partido a finales de 1989. En 1991 fue juzgado y absuelto tras la anulación de las cintas que lo inculpaban. Fue su primer paso por el banquillo. El juez instructor, Juan Climent, forma parte del tribunal que ahora le juzga por el caso Cooperación.

Su salida del PSPV le hirió en el orgullo y juró venganza. En 1993 jugó al doctor Frankenstein con retazos de regionalismo y nacionalismo catalanista y fundó Convergència Valenciana. El monstruo se desmoronó a los primeros pasos. Pragmático y equilibrista, en 1995 se arrimó al Partido Popular. El triple salto ideológico le colocó de subsecretario e ideólogo de Zaplana. Suyo es el parto del conocido “Poder valenciano”, la marca de una derecha indígena ebria de ladrillo, ultra liberal y autoritaria. Mejor las subvenciones que las porras. Esta es una de las herencias de Blasco, quien en 1999 fundó Favcova (Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana), pantalla con la que anular a golpe de talonario las entidades críticas.

Llega Tauroni

Como premio a fidelidades e intrigas, Zaplana dispuso para él un puesto que es casi una burla: consejero de Bienestar Social. Comenzó entonces a colocar a los suyos. Un de los más fieles, Augusto César Tauroni, recibió a dedo el control del teléfono de la mujer maltratada por 6,7 millones. El asunto acabó en escándalo parlamentario: la empresa asignataria, Lonerson, era un firma “dormida” y comprada ocho meses antes de la asignación. No fue el único lucro de Tauroni. Durante la etapa de Blasco como consejero de Territorio también recibió ayudas menores. Aunque la joya de la corona le llegó con el político al mando de Sanidad. En 2006, la empresa Dinamiz-e, que también aparece en la trama de Cooperación, ingresó algo más de seis millones por la gestión del programa informático Abucasis, con cinco millones de expedientes médicos. Esta adjudicación, que se troceó en varios contratos para eludir el control público, está siendo investigada por la Fiscalía.

Pero fue en Solidaridad, a partir de 2009, donde Blasco desplegó su tentáculos sin rubor. Primero anuló a las ONG críticas con la creación de Fedacod (Federación de Asociaciones para el Desarrollo), plataforma de estómagos agradecidos y tupida cortina para cubrir el expolio que se investiga en el TSJ. La denuncia pública del escándalo en octubre de 2010 acabó con su cese al año siguiente. Parecía su fin, pero los problemas de Camps con la Gürtel le devolvieron su protagonismo de estratega. El president acosado lo convirtió en fiel consejero y, a cambio, lo sentó sin cartera en el Consell y lo situó al frente del grupo parlamentario.

¿Saldrá Blasco de nuevo a flote? Si sobrevive al juicio, nadie duda de su capacidad de resistencia y adaptación. Pero, ¿dónde? De momento, más allá del grupo de los No Adscritos, se extiende una profunda soledad abisal. Lo que sabe de los otros y sus inquinas al servicio de la administración pública son su mejor patrimonio.

El expresidente de la Fundación Hemisferio y considerado presunto cabecilla del caso Cooperación, Augusto César Tauroni, ha afirmado que se ofreció a ayudar al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, en sus proyectos de cooperación con la intención de "ganar dinero", puesto que es "empresario" y "siempre intento proponer cosas", ha dicho.

Tauroni, único acusado en prisión en este procedimiento, se ha pronunciado en estos términos en su declaración en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la primera pieza del caso Cooperación, en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consejería de Solidaridad a la Fundación Cyes en el año 2008.

El empresario, quien ha sido trasladado hasta el tribunal valenciano en un furgón policial desde la cárcel de Picassent, ha comenzado a declarar a las 9.45 horas, y ha anunciado que no va a responder a las preguntas formuladas por la Abogacía de la Generalitat, quien ejerce de acusación particular.

Así, ha comenzado el interrogatorio con las preguntas del fiscal, quien ha incidido en conocer cómo conoció al presidente de la Fundación Cyes y qué relación mantuvo con él en la concurrencia de ayudas a la Consejería de Solidaridad. Al respecto, el acusado ha explicado que lo conoce desde hace 15 ó 20 años, y luego en 2008 contactaron -no recuerda quien tomó la iniciativa-- para hablar sobre proyectos.

En estos encuentros, ha indicado que no le propuso que concurriera a grandes proyectos de la consejería, -en relación con los negocios de Nicaragua, por los que la fundación recibió 1,8 millones de euros-: "las ONGs son las que deciden lo que hacen. Yo no puedo proponer a un tío de una ONG lo que tiene que hacer. Lo normal es que cada uno elige lo que se va a presentar", ha apostillado.

Así, ha expuesto que fue López quien le comentó lo de los proyectos de Nicaragua, y cuando se lo dijo le comentó que si le podía ayudar en algo, con el tema de la formación "o lo que sea", le ayudaría. "Él me dijo que se iba a presentar, le pregunté por su idea y me la explicó", ha expuesto. Luego, como es "empresario", intentó "proponer cosas": "pensaba en qué podía hacer o vender a este hombre"; "le dije que si le podía echar una mano con lo que fuera, lo haría, para intentar ganar dinero".

"Yo, corazón de buen alma”, “No soy ninguna persona muy lúcida”, “No sé mandar correos electrónicos”. Con este trazo desvalido se dibujó este jueves el exconsejero Rafael Blasco, procesado en el llamado caso Cooperación por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos públicos e inducción a la falsedad documental. El juicio, que comenzó este martes y está previsto que se prolongué hasta mediados de marzo, trata sobre el desvío de 1,8 millones para la construcción de pozos agrícolas en Nicaragua a una trama corrupta dirigida por el empresario Augusto César Tauroni, en prisión desde hace dos años.

Según la investigación, Tauroni se sirvió de su amistad con Blasco para acceder a información privilegiada sobre las ayudas. La presentación formal a la convocatoria se realizó a través de Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes). De la subvención, solo llegaron a su destino 43.000 euros. Del resto, 969.875 euros se gastaron en la compra de dos pisos, un entresuelo y un garaje en Valencia. Y 456.960 euros fueron a manos de Tauroni a través de un red de empresas que facturó a Cyes por conceptos falsificados.

La Fiscalía Anticorrupción cree que Blasco no podía ser ajeno a toda esta maraña corrupta y por eso solicita para él 14 años de prisión, 36 de inhabilitación y 43.200 euros de multa como “director de la trama”. Asimismo, la abogada de la Generalitat Valenciana, a la que Blasco se negó a contestar, pide 11 años de prisión.

Amistades e irregularidades

Durante el interrogatorio, de más de cuatro horas, tanto el fiscal como la acusación popular (representada por la ONG Familias Sin Fronteras) buscaron demostrar que las ayudas, adjudicadas en agosto de 2008, se concedieron de manera arbitraria y que Blasco (quien dimitió el pasado octubre como portavoz del PP en Les Corts y pasó al grupo de los No Adscritos) mantenía una estrecha relación con Tauroni.

En el primer supuesto se señaló que Cyes carecía de experiencia en cooperación, que no era una ONG para el desarrollo y que la cifra de 1,8 millones representaba un 14% de las ayudas anuales a entidades, cifra por encima del techo del 8% que una ONG puede acumular, según la ley. Blasco se excusó en sus subalternos, también procesados. “No sabía nada. Firmé lo que me pasaron. Nadie hizo ninguna observación”, aseguró, aunque la pruebas aportadas por la Fiscalía demuestran que dos miembros de esa comisión mostraron reparos y cesaron meses después. “Se fueron porque quisieron. Es algo común en la administración”, justificó Blasco.

Respecto a su relación con Tauroni, el exconsejero defendió que no era “ni de confianza ni de amistad” pese a que el empresario ha concursado regularmente con proyectos en al menos cinco de la consejerías que Blasco ha dirigido desde 1999 y un hermano de Blasco y Tauroni fueron socios en 1997. “Somos de la misma ciudad. Nuestras casas están muy cerca”.

Una proximidad, que según la Fiscalía, va mucho más allá de lo geográfico. De hecho, llama la atención que al estallar el caso, en octubre de 2010, Blasco no iniciara una investigación interna y, en cambio, estrechara su vínculo con Tauroni. A partir de entonces el político empezó a enviarle noticias aparecidas en prensa e intervenciones de diputados de la oposición que el empresario le devolvía con anotaciones en rojo para que fundamentara sus respuestas. E incluso le mandó un documento en el que explicaba como se trasladaba agua de un pozo A a otro B en Nicaragua. “¿Por qué este correo si Tauroni, supuestamente, no recibió ninguna ayuda?”, preguntó el fiscal a Blasco, quien calló.

Pero además de misivas, también hubo llamadas telefónicas. Ayer se escucharon varias. En una de ellas, tras cesar como consejero, Blasco le dice a Tauroni: “Lo importante es resistir y aguantar el tipo. Quiero acabar contigo de alcalde en Nueva York”. En un sms, Tauroni le contesta: “Ánimo, que de situaciones peores hemos salido. Coca Cola cuando puedas”. La suma de cercanías fue poniendo cada vez más nervioso a Blasco. “Se puede considerar si quiere que había una relación amistosa”, reconoció. Pero aún faltaba una último golpe documental. “¿Cómo se explica que Tauroni tuviera en su agenda varios teléfonos de familiares suyos [de Blasco], entre ellos varios sobrinos”, cuestionó el fiscal. Y Blasco balbuceó: “Todos somos de Alzira. Somos todos familia”.