La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha concedido este miércoles el tercer grado penitenciario a la expresidenta del Consell de Mallorca con Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, condenada por corrupción.

La Fiscalía se había pronunciado a favor de la progresión al tercer grado de Munar gracias a que se alcanzó un acuerdo por el que la también expresidenta del Parlament se comprometía a pagar más de medio millón de euros.

La Fiscalía señalaba también que Munar ya ha cumplido más de siete años de prisión –la mitad de las condenas que pesan sobre ella– y que ha disfrutado de permisos sin incidencias.

La representación de Munar apoyó la petición para que la expresidenta pase al régimen de semilibertad señalando que cuenta con apoyo familiar, está pagando las indemnizaciones que le corresponden y está participando en actividades dentro del centro penitenciario.

Entre otros factores, la Audiencia ha tenido en cuenta que ya ha satisfecho aproximadamente un 19 por ciento de las responsabilidades civiles (que alcanzan 5,1 millones de euros) y que Munar está a la espera de la ejecución de bienes embargados.

También ha tenido en cuenta la edad de Munar y el hecho de que no ostenta ya ningún cargo público –por lo que entiende que sería "muy difícil" una reiteración delictiva–, así como que en algunos de los procedimientos por los que está en prisión reconoció los hechos.

Munar fue condenada en 2012 a cinco años y medio de cárcel por los delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial, en el marco del 'caso Maquillaje', que investigaba un desvío de 240.000 euros públicos. Posteriormente fue condenada a seis años por la recalificación de Can Domenge, y más tarde a dos años y medio por un soborno relacionado con aquellos terrenos.

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a tres años de cárcel y al pago de seis millones de euros a la expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament Maria Antònia Munar por haber cobrado parte del soborno de cuatro millones de euros que la empresa Sacresa pagó a varios ex altos cargos de Unió Mallorquina a cambio de la adjudicación de los terrenos palmesanos de Can Domenge, informa Europa Press.

En concreto, sobre la exdirigente de UM pesa un delito de cohecho pasivo, atendiendo al veredicto de culpabilidad que emitió el jurado que la juzgó a finales de septiembre. La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel para la acusada.

Por su parte, el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal ha sido condenado a un año y 10 meses de prisión y al pago de una multa de tres millones; al exconseller insular Bartomeu Vicens a un año y medio y a una multa de dos millones; al intermediario en el pago del soborno, Miquel Llinás, a ocho meses de prisión y al propietario de Sacresa, Ramón Sanahuja, a nueve meses.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Asimismo, acuerda el comiso de cuatro millones de euros respecto a Munar, Nadal y Vicens, destinándose a tal fin las cantidades ya consignadas en el procedimiento.

La expresidenta del Parlament Maria Antònia Munar confesó haber cobrado parte del soborno de cuatro millones de euros que junto a otros dos exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM) habría recibido de la promotora Sacresa a cambio de ser adjudicados a esta empresa los terrenos palmesanos de Can Domenge.

Así lo dio a conocer su abogado, José Antonio Choclán, al inicio del juicio que por estos hechos se celebra desde este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares. La acusada ingresó además un total de 150.000 euros y la Fiscalía Anticorrupción pide así que se le aplique, además de la atenuante de confesión, la de reparación parcial del daño. También reclama que se tenga en cuenta la de dilaciones indebidas.

La exdirigente histórica de Unió Mallorquina era la única de los cinco acusados de esta causa que, hasta el momento, no había reconocido los hechos, motivo por el que la Fiscalía Anticorrupción y el Consell de Mallorca, personado como acusación particular, reclamaban inicialmente cuatro años de cárcel y siete millones de euros de multa para la acusada por un delito de cohecho pasivo.

Las acusaciones también se dirigen contra el exvicepresidente insular Miquel Nadal –para quien la Fiscalía reclama un año y diez meses de cárcel y una multa de tres millones de euros–; el exconseller de Territorio Bartolomé Vicens –un año y medio de prisión y una multa de dos millones–; el supuesto intermediario que entregó la dádiva, Miquel Llinàs –pago de 8.100 euros en multas–, y el propietario de Sacresa, Román Sanahúja –63.750 euros en multas–.

Del mismo modo, el fiscal Juan Carrau reclama que se proceda al comiso de los 3,8 millones de euros que Munar, Nadal y Vicens habrían obtenido con su conducta delictiva –los otros 160.000 euros ya fueron devueltos por Vicens y 35.000 por Llinàs–.

La expresidenta de la extinta UM –la formación se disolvió en febrero de 2011 acuciada por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas– solicitaba inicialmente su libre absolución al negar haber cobrado soborno alguno como condición para adjudicar los terrenos, un supuesto pago del que aseguraba que fue "completamente ajena".

Tal y como confesaron todos los acusados, Munar, Nadal y Vicens se pusieron de acuerdo entre sí y, "aprovechando su situación de poder" al frente de la Institución supramunicipal, exigieron a Sacresa la entrega de cuatro millones de euros para que esta promotora pudiera tener garantizada la adjudicación del concurso.

Dinero transportado en una bolsa

Los tres altos cargos, quienes además integraban entonces la cúpula de UM, reclamaron que la empresa les pagara dos millones de euros antes de la adjudicación y otros dos millones antes de la firma definitiva del contrato. Sanahúja, como responsable de Sacresa, "cedió a las exigencias" para poder hacerse con el expediente y realizó las gestiones oportunas para que la cantidad fuese entregada, tal y como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.

En concreto, el dinero fue transportado en una bolsa y en las dos entregas fue recogido por Miquel Llinàs, amigo personal de Vicens. Posteriormente, Llinàs se lo dio a éste, quien lo repartía entre Nadal, Munar y él mismo. Una parte de los cuatro millones de euros, según el escrito, fueron utilizados en beneficio de UM.

Cabe recordar que fue el propio Vicens quien confesó que tanto Munar como Nadal, él mismo y la propia UM percibieron esta cantidad por la venta irregular de los solares. El exconseller entregó asimismo ante la Audiencia hasta un total de 160.000 euros del cohecho, lo que junto a su escrito de confesión llevó a la Fiscalía a interponer una denuncia por estos hechos y a registrar las viviendas de Munar y Nadal sin que en ellas se hallase rastro del dinero que presuntamente cobraron por el amaño del proceso.

A la confesión sobre el presunto cohecho por parte de Vicens se sumó, justo un día antes de la fecha en que estaba fijado el inicio del juicio por la adjudicación de los terrenos, tras más de seis años de que se iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, la del propietario de Sacresa, quien reconoció que pagó el soborno a cambio de que se empresa resultase beneficiaria.

Y ello, aseveraba, tras acceder a la exigencia del dinero por parte de Nadal, condenado a cuatro años de cárcel por el caso Can Domenge y a otros seis años y tres meses por otras dos causas de corrupción.

Según la versión de Sanahúja, Nadal habría conminado a la empresa catalana a abonar el cohecho a cambio de garantizar la adjudicación a su favor. La defensa de Sanahúja apuntaba que el exvicepresidente insular contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio "si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo", a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor oferta.

Munar, condenada a seis años de cárcel 

Una vez celebrado el juicio por la adjudicación de los terrenos, con un total de seis acusados en el banquillo, Munar fue condenada a seis años de prisión, mientras que también fueron sentenciados Nadal (cuatro años de prisión), Vicens (ocho meses), el exconseller insular de Hacienda Miquel Àngel Flaquer (un año), Román Sanahúja (un año) y el letrado externo de esta mercantil Santiago Fiol (un año y medio de prisión).

Un día después de conocerse la sentencia, el 24 de julio de 2013, la Audiencia decretaba el ingreso en prisión provisional de Munar ante el elevado riesgo de que se fugase con los fondos públicos y comisiones que habría obtenido de forma irregular. La exdirigente de UM se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citada por las pesquisas en torno al presunto cohecho después de que Vicens y Nadal admitieran ante el juez haber cobrado parte del soborno investigado. Era la primera vez que salía de la cárcel.

La excúpula de Unió Mallorquina, encabezada por la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar ha sido condenada a pagar una multa tras admitir que permitió el desvío de 200.000 euros públicos mediante la contratación, con fondos de la institución insular, de trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores particulares y buscar votos a favor del partido.

Junto a la exdirigente histórica de la extinta Unió Mallorquina se han declarado culpables de estos hechos el exvicepresidente de la formación Miquel Nadal el exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils y el exconseller insular de Hacienda Miquel Àngel Flaquer así como otros siete acusados.

Los cuatro exmáximos dirigentes de la formación se enfrentan, en concreto, a nueve meses de prisión por delitos de malversación y prevaricación que en el caso de Munar serán sustituidos por una multa total de 10.800 euros, en el de Nadal y Flaquer, por 6.480, y en el de Buils, por 5.400.

Mientras tanto, se les ha retirado la acusación a siete de los inculpados, entre ellos la exportavoz de Unió Mallorquina Catalina Julve y el exconseller de Deportes del Govern Mateu Cañellas. Los hechos se enmarcan en la pieza 13 del conocido como caso Voltor.

Francisco Granados, Carlos Fabra, José María del Nido o Gerardo Díaz Ferrán son algunos de los políticos y empresarios inmersos en causas por corrupción que estas fechas tendrán que conformarse con el menú especial que Instituciones Penitenciarias concede en las prisiones por Navidad.

Esta es la lista de los más destacados, en la que ya no figuran algunos nombres de relevancia como el del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, o el de la tonadillera Isabel Pantoja, que salieron en fechas recientes de la cárcel.

1. Francisco Granados

El que fuera secretario general del PP de Madrid se encuentra en prisión desde octubre de 2014, por lo que vivirá por segunda vez unas navidades en la cárcel. Fue detenido por los presuntos delitos cometidos como cabecilla de la desarticulada trama Púnica y los jueces determinaron que existía riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Estremera (Madrid), precisamente la cárcel que él mismo inauguró en julio de 2008 cuando ostentaba el cargo de Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Los presos tienen tres fechas especiales que se suelen reflejar con algún menú especial: Navidad, Año Nuevo y el día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, que se celebra cada 24 de septiembre.

2. Gerardo Díaz Ferrán

El que fuera presidente de la CEOE y el Grupo Marsans se enfrenta a sus cuartas navidades en prisión. Ingresó en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el 5 de diciembre de 2012. Sus segundas navidades en la cárcel estuvieron precedidas de la condena, en diciembre de 2013, de dos años y dos meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública por la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de las empresas Air Comet y Viajes Marsans.

La Audiencia Nacional, tras aceptarlo el propio empresario, le volvió a condenar este septiembre a cinco años y seis meses de cárcel por vaciar el patrimonio del Grupo Marsans. Díaz Ferrán, que el 27 de diciembre cumple 73 años, sigue inmerso en otros procesos judiciales por lo que previsiblemente no serán las últimas navidades que pase entre rejas.

La cárcel de Soto del Real, donde también estuvo Bárcenas, ha celebrado alguna vez la Navidad con un menú especial que constaba de embutidos, pollo asado con patatas y helado de postre, según informaron fuentes penitenciarias a Europa Press. Antes de la crisis económica eran habituales ciertas concesiones como, por ejemplo, entrecot de cerdo o incluso langostinos, según las mismas fuentes.

3. Maria Antònia Munar

La expresidenta del Parlamento de Baleares se enfrenta a sus terceras navidades en prisión, situación en la que se encuentra desde julio de 2013. Interna en la cárcel de Palma, tiene dos condenas firmes, una de seis años por adjudicación irregular de terrenos y otra de cinco años y medio por desvío de fondos públicos.

A partir del próximo 22 de febrero será juzgada también por desviar presuntamente 430.000 euros públicos en la contratación de trabajadores que en realidad se dedicaban a buscar votos para el partido que presidía, Unió Mallorquina. Piden para ella otros ocho años de cárcel. Además tiene pendiente otro juicio por un caso de soborno a cambio de terrenos por el que le piden otros cuatro años de prisión.

4. Juan Antonio Roca

El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga) denominada caso Malaya también sabe lo que es pasar la Navidad en la cárcel. Se encuentra preso desde marzo del año 2006, por lo que lleva casi una década recibiendo el nuevo año entre rejas.

Antes en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) y actualmente en la de Algeciras (Cádiz), no se le ha otorgado ni un solo permiso de salida en todo este tiempo en el que ha ido encadenando sentencias condenatorias. El pasado verano el Tribunal Supremo amplió de 11 a 17 años una condena contra él por fraude fiscal, cohecho y blanqueo de capitales.

Fuentes penitenciarias indican que en Nochevieja es habitual que la cena se sirva algo más tarde de las 20:30, que es el horario habitual. En el menú de ese día se incluye un paquete de uvas, si bien en el momento de las campanadas los presos ya están en sus celdas. Es ahí donde la mayoría se toma las uvas siguiendo los últimos minutos del año por la radio o la televisión.

Siempre según las fuentes consultadas, es habitual que al entrar en el nuevo año los reclusos griten por las ventanas de sus celdas o aporreen las puertas en señal de júbilo.

5. José María Del Nido

El caso Minutas por las irregularidades en los encargos realizados al abogado por parte del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) llevaron a prisión al letrado y expresidente del Sevilla Club de Fútbol en marzo de 2014. Primero estuvo internado en la prisión de Sevilla y actualmente cumple su pena en la prisión de Huelva.

Se enfrenta por tanto a sus segundas navidades en prisión, con el añadido de una segunda condena conocida este mismo lunes. La Sección Octava de la Audiencia de Málaga le ha condenado a dos años y tres meses de prisión por el caso Fergocon. Además, ha impuesto la misma pena al exalcalde marbellí Julián Muñoz.

6. Julián Muñoz

El exalcalde de Marbella es otro de los que va a pasar las navidades en prisión, concretamente en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga). Lleva entrando y saliendo de la cárcel desde el año 2006 y ha encadenado diversas condenas por delitos relacionados con la corrupción.

Este verano el juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Málaga le concedió el tercer grado para salir de prisión, misma situación de la que disfruta actualmente su expareja, la cantante Isabel Pantoja. No obstante, esta medida no llegó a hacerse efectiva porque le fue revocada por la Audiencia Provincial de Málaga, según la cual, "el interno padece varias patologías graves e incurables, si bien su estado no es en absoluto terminal".

7. Carlos Fabra

El expresidente de la Diputación de Castellón, de 70 años de edad, se dispone a pasar sus segundas fiestas navideñas en la cárcel madrileña de Aranjuez en la que ingresó el 30 de noviembre del año pasado. Salió con un permiso ordinario de unos días el pasado mes de octubre. Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel por varios delitos de fraude a la Hacienda pública tras defraudar 700.000 euros entre los años 199 y 2003.

Munar y Bárcenas. Pocos más. ¿Acaso no van a la cárcel los políticos corruptos? Según penalistas y abogados, hay un amplio listado de factores que explican ese hecho. Entre otros, las presiones a las que están sometidos los jueces, la buena defensa de la que disponen ciertos políticos, la dificultad de investigar y probar determinadas conductas, los indultos que algunos califican de "sistemáticos", la falta de tipificación penal de algunos comportamientos y un deterioro de la Administración de Justicia por la progresiva disminución de recursos económicos y humanos. Como ejemplo, en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 las cuentas del Ministerio de Justicia retrocedieron a niveles de 2008.

La primera pregunta que cabría formular es: ¿Funciona el sistema? Y la respuesta pasa, necesariamente, por varios puntos a considerar. Uno de ellos, la tipificación de los delitos. Es decir, la definición de las conductas punibles y los castigos que se estipulan para cada una de ellas. Al respecto de la adecuación del Código Penal a la realidad actual, hay opiniones contrapuestas. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y miembro del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional, cree que no hay grandes deficiencias: "Todos los tipos fundamentales están en el Código Penal, excepto uno que recomienda la convención de la ONU contra la corrupción, el de enriquecimiento ilícito, y el de financiación ilegal de los partidos. Ayudarían bastante en las investigaciones", sostiene. "Creo que las penas son adecuadas", añade Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal.

Es algo que no comparte el abogado José Luis Mazón, quien opina que la corrupción tiene penas "ridículas" en comparación con otros delitos y pide endurecer el Código Penal: "En las sociedades más evolucionadas hay mayores castigos para la corrupción, en España vivimos una situación de subdesarrollo jurídico", afirma. Mazón cree que "los delitos de los más indefensos están mucho más penados. Por ejemplo, traficar con una papelina de cocaína te puede costar cuatro años [de prisión]. Sin embargo, los corruptos generalmente no entran en la cárcel y el paso por el banquillo suele ser su única pena", explica.

Pero, si no es el Código Penal, ¿qué explica que los casos de corrupción se salden sin penas de cárcel? Probablemente haya que partir de la base que señala Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional: "La ley española y el sistema jurídico en su conjunto es muy garantista". A partir de ahí, Villoria enumera dos factores complementarios: "Primero, los delitos por los que se les juzga son de compleja investigación, por lo que se requieren pruebas muy determinantes. Segundo, suele presumirse que el riesgo de fuga o de destruir documentos no es muy alto en estos casos". Y Queralt añade un tercero: "El 90% de los casos está aún en fase de instrucción". Por ello, el penalista cree que es posible que en los próximos meses el listado de corruptos entre rejas se incremente.

Pactos, presiones e indultos

Hay más elementos a tener en cuenta. El primero, los acuerdos a los que ha llegado la Fiscalía con algunos acusados. Queralt explica que los fiscales han tendido a pactar "bastante, incluso mucho", y pone en tela de juicio parte de esos acuerdos, aunque sin citar ejemplos concretos. Especialmente crítico se muestra con los pactos en los que se ha aceptado una reducción de la pena sin que el condenado devuelva el dinero robado, algo que –asegura– se ha hecho bajo gobiernos de todos los colores y que cree negativo: "Los jueces han expresado en muchas ocasiones en sus autos el convencimiento de que los condenados se han quedado el dinero". Precisamente, "tocarles" el dinero es lo que más "molesta" a los delincuentes de guante blanco, opina. "Pero eso requiere investigar mucho", concluye.

Si no hay acuerdo de conformidad –trato que el juez debe aceptar obligatoriamente salvo que contravenga expresamente la ley–, los expertos consultados mantienen que entran en juego las presiones del sistema. "Los jueces de juzgados unipersonales tienen mucho cuidado para evitar posibles represalias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para evitar que se les perjudique en futuros ascensos", señala Villoria. Preguntado sobre el modo en el que se influencia a jueces y magistrados, el catedrático responde tajante: "No es necesario presionar personalmente ni verbalmente. Pero si alguien quiere tener carrera en la judicatura debe saber que estas actuaciones [una condena elevada a un cargo político, por ejemplo] se pagan, porque el CGPJ está al servicio del sistema".

Fruto o no de esas presiones, Queralt explica que "en algunos casos los jueces han aplicado la ley con benevolencia" y, cuando finalmente hay condena, entra en juego el último recurso: el indulto. "Se ha indultado sistemáticamente, especialmente en casos de políticos corruptos y de torturas policiales", añade Villoria. Según los datos de la iniciativa El indultómetro, impulsada por la Fundación Civio, entre las diez categorías de delitos que más indultos reciben están los cometidos por funcionarios contra las libertades individuales, la prevaricación, la malversación, los societarios y los de detención ilegal y secuestro. El resultado de esta combinación de factores, según el abogado Mazón, es que "la efectividad de la condena se convierte en papel mojado" en muchos casos.

Jueces concienciados, pero sin medios

¿Y, qué pueden hacer ahora los jueces ante este panorama? Queralt sostiene que en la carrera judicial se está imponiendo un sentimiento generalizado: "Los jueces quieren que se cumplan sus sentencias, reivindican la independencia judicial y han cobrado conciencia de su poder", señala. Sin embargo, el penalista añade que de poco sirve esta buena voluntad por sí sola: "La independencia judicial depende de muchos factores, y la respuesta de la Administración ante la intención de hacer valer el poder judicial ha sido quitar medios".

Queralt critica ampliamente los recortes del ministro Gallardón, y señala un buen número de síntomas preocupantes: las bajas de jueces y magistrados no se cubren hasta pasados 9 días hábiles; se han eliminado los días libres que, sostiene, los juecen utilizaban con frecuencia para dictar sentencias y aliviar el atasco de los juzgados; y estos mismos jueces se ven cada vez más saturados de tareas administrativas. "En Francia, los jueces no escriben una sola línea, y aquí, ante una suspensión de pagos, se pasan dos tardes escribiendo a máquina", exclama. 

Su conclusión es clara: "Todo forma parte de un plan político intencionado para desmontar la Justicia, para atascar el sistema. Como no han podido desde dentro, lo intentan ahora desde fuera. El siguiente paso del Ejecutivo será vaciar de contenido el CGPJ para conferirle todo el poder al Gobierno". Algo con lo que coincide Mazón: "La situación es más dramática de lo que parece". Finalmente, Queralt recuerda: "Los países más democráticos son los que tienen una justicia más fuerte e independiente".

Los políticos que sí fueron a la cárcel

1. Luis Roldán (PSOE)

El que fuera director de la Guardia Civil fue condenado a 31 años de cárcel por malversación, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y estafa. Estuvo en prisión entre 1995 y 2010.2. Gabriel Urralburu (PSOE)

Expresidente del Gobierno de Navarra, recibió una sentencia de 11 años de cárcel en 1998 por cobrar comisiones ilegales. Tres años después, el Supremo rebajó su pena y la dejó en cuatro años. A día de hoy, es el único presidente autonómico que ha entrado en prisión.

3. Rafael Vera (PSOE)

El exsecretario de Estado de Seguridad fue condenado en 1998 a diez años de cárcel y doce de inhabilitación por el secuestro de Segundo Marey y por malversación. Recibió un indulto parcial que rebajó su pena a tres años cinco meses después. En 2004 y 2007 fue condenado de nuevo por malversación. En 2006 se le concedió el tercer grado.

4. José Barrionuevo (PSOE)

El exministro de Interior fue condenado junto a Rafael Vera a diez años de prisión y doce de inhabilitación y pasó meses en prisión. Su condena fue suspendida en 1998 y desde 2004 está en libertad definitiva tras recibir un indulto parcial y disfrutar del tercer grado penitenciario.5. Juan Millán (PSOE)

El exalcalde de La Viñuela (Málaga) pactó con la Fiscalía en 2011 una condena de 27 meses de cárcel y su ingreso en prisión. Con el acuerdo, eludió más de una docena de juicios por delitos medioambientales.

condenados que SE LIBRARON DE LA CÁRCEL

1. Juan Hormaechea (UCD, AP, UPCA)

Hormaechea, expresidente de Cantabria, fue condenado a seis años de cárcel en 1994 por malversación y prevaricación. Fue indultado en 1995 y no entró en prisión. Únicamente se le mantuvo la pena de inhabilitación. 

2. Vicenç Gavalda (UDC)

El exsecretario de organización de UDC pactó una condena a 7 meses de cárcel por falsedad documental y fraude. Ante la petición de los jueces de su entrada en prisión, ha solicitado el indulto y ha eludido el ingreso a la espera de la resolución de esa petición.

3. Josep Maria Servitje (UDC)

El ex secretario general de Trabajo de la Generalitat con Pujol fue indultado en 2012 tras ser condenado en 2009 a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Pagó únicamente una multa de 3.650 euros.4. Jaume Matas (PP)

El pasado martes, el Tribunal Supremo redujo de 6 años a 9 meses de prisión la condena que había impuesto al expresidente del Govern de las Baleares la Audiencia Provincial. Matas eludirá así su ingreso en prisión.5. Isabel Ortiz (PSOE)

El 2011, la alcaldesa de Aguadulce fue condenada a ocho años de inhabilitación por prevaricación y a una multa de 4.050 euros. Esta clase de delitos sólo se castiga con penas de este tipo, nunca con la cárcel.

Los montajes (o no) tuiteros:

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha ordenado el ingreso en prisión por riesgo de fuga de la expresidenta del Parlamento y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar. Los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach habían solicitado la prisión provisional sin fianza ante la posibilidad de que eluda hacer frente a las responsabilidades civiles que pesan sobre ella en el marco del caso Can Domenge, por el que ha sido condenada a seis años de prisión, que se suman a los cinco y medio que le fueron impuestos en el conocido caso Maquillaje, mientras que también está imputada en otras tantas causas de supuesta corrupción.

El Ministerio Público había cursado esta solicitud durante una vistilla celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, cuyo tribunal ha citado a Munar y al resto de partes a las 15.00 horas para comunicarles la decisión adoptada en torno a la petición de la Fiscalía. Y la decisión ha sido contundente: el ingreso en la cárcel. En la vista han estado presentes tanto la exdirigente de Unió Mallorquina como su letrado, los fiscales y el abogado de la acusación particular ejercida por el Consell, Miquel Coca.

En su intervención, los fiscales han apuntado al riesgo de que la acusada pueda sustraerse de la justicia ante la posibilidad de que cuente con fondos en el extranjero que le permitan huir, teniendo en cuenta las elevadas penas que pesan sobre ella y los numerosos casos en los que está siendo investigada. No obstante, en su turno de palabra, Munar ha negado disponer de este dinero y ha alegado que tiene todo embargado, por lo que ha asegurado no tener intención de fugarse. Asimismo, ha alegado motivos de salud ante el tribunal.

En concreto, la acusación pública, además de referirse a las condenas de los casos Can Domenge y Maquillaje, ha alegado que Munar podría enfrentarse a una futura condena de entre dos y seis años de prisión por el delito de cohecho que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, que indaga el presunto soborno de cuatro millones de euros que habría sido abonado por la promotora Sacresa a exaltos cargos del Consell, entre ellos su expresidenta, a cambio de serle adjudicados los solares de Can Domenge.

Asimismo, también han aludido en su intervención a la causa centrada en la contratación supuestamente irregular, por parte del Consorcio de Informática Local de Mallorca (CILMA), dependiente del Consell, de empleados 'fantasma' que en realidad habrían efectuado labores en favor de UM. Un procedimiento cuya instrucción está finalizada, en el que Munar está también imputada y que está pendiente de que la Fiscalía presente su escrito de acusación como paso previo a la apertura de juicio oral.