"Tras más de tres décadas trabajando en El País dejo el periódico por desavenencias con la dirección. No he sido apoyado desde que el primer ministro de Marruecos puso en enero una denuncia penal en España contra mí, en la Audiencia Nacional, por enaltecimiento del terrorismo. La denuncia será probablemente archivada en breve. Mi correo corporativo va a dejar de funcionar".

Así comienza el mail de despedida de Ignacio Cembrero, uno de los periodistas expertos en el Magreb más reconocido en todo el mundo, una de las firmas más veteranas de El País casi desde su fundación. Cembrero fue apartado fulminantemente de su puesto de corresponsal en el norte de África, que ocupaba desde hacía más de 15 años, sin muchas explicaciones. Al cabo de poco más de dos meses, el reportero decidió irse por su propio pie, y firmó su carta de dimisión el pasado 30 de abril. 

Septiembre de 2013. Cembrero publica en su blog Orilla sur, alojado en la web de El País, un vídeo de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), en el que la organización amenaza por primera vez a Marruecos y critica "el nepotismo y la corrupción" del rey Mohamed VI y aconseja a los jóvenes marroquíes a unirse a AQMI antes que "emigrar en patera" hacia España. A su vez, el periodista Ali Anouzla, director del periódico árame Lakome, conocido por su espíritu crítico e independiente, habla también de este vídeo en un artículo que enlaza al blog de Cembrero. Los dos periodistas precisan que se trata de un vídeo de propaganda yihadista. 

Anouzla fue detenido por las autoridades marroquíes y luego puesto en libertad el 25 de octubre después de una intensa campaña de movilización en Marruecos y en el extranjero. Pero su causa no fue archivada. Se le acusó de "ayuda material", "apología" e "incitación a la ejecución de actos terroristas". Su vista está programada para el próximo 20 de mayo. Cembrero retiró de su sitio web la grabación.

"El mejor especialista en Marruecos del mundo"

El primer ministro marroquí, Abdelilah Benkirán, cumplió su amenaza y se querelló contra El País y el periodista en enero ante la Audiencia Nacional, por enaltecimiento del terrorismo. Pero el Gobierno del reino alauí no hizo lo mismo contra otras webs, americanas y especializadas en yihadismo, que habían difundido igualmente el vídeo. ¿Por qué Rabat arremetió contra el diario de Prisa y su corresponsal en el Magreb? El belga Le Soir subrayaba la "única explicación plausible", que Cembrero "no es un periodista como los otros. "Es el mejor especialista en Marruecos del mundo", en opinión del diplomático y periodista Alí Lmrabet. 

Tres semanas después de la denuncia, la dirección del rotativo comunicó a Cembrero su cambio de área: pasaba al suplemento dominical. Su puesto de corresponsal era ocupado por el que era entonces jefe de Política, Javier Casqueiro. "Les pedí que esperaran a que el escrito fuera archivado, pero la dirección me dio tres días para cambiar de puesto, y me dijeron que el cambio era urgente", contaba el periodista a Le Monde. La cúpula alegó que era una decisión "interna, como tantas otras que toma El País". Como decía el diario francés, la coincidencia de fechas entre la destitución de Cembrero y el "silencio" del periódico del affaire Anouzla –del que el redactor habló sólo en su blog–, acrecentó las dudas en la prensa internacional –las referencias en la prensa nacional han sido mínimas– sobre las posibles presiones a Prisa, que "atraviesa un periodo difícil", por su elevada deuda. Y así relataron los hechos publicaciones como Mediapart, Le Soir, L'Express, El Watan, Osservatorio Italiano, Le Point, Info-Tunisie L'ExpressEl WatanOsservatorio ItalianoLe PointInfo-Tunisieo The Washington PostThe Washington Post. 

Le Monde recordaba el pasado 10 de mayo, cuando dio cuenta de la dimisión de Cembrero, cómo el Gobierno de Mariano Rajoy no quiere que nada perturbe la cordialidad de las relaciones con Rabat, cuya colaboración en asuntos como la inmigración irregular, el terrorismo o Ceuta y Melilla, es "indispensable". Sin embargo, 2013 fue un año duro para la monarquía alauí. Cembrero fue el periodista que descubrió, el verano pasado, que un pederasta español condenado a 30 años, Daniel Galván Viña, había sido indultado por el rey Mohamed VI, lo que levantó una enorme polvareda en el país magrebí y, por descontado, en España. "Frente al rey de Marruecos, El País abdica", titulaba gráficamente Libération.

El secretario federal de Organización del PSOE, Óscar López, pidió este jueves –como lleva haciendo su partido toda esta semana– "explicaciones urgentes" sobre la lista de presos indultados por Marruecos y cargó contra la "mala gestión" que, a su juicio, se ha llevado en este caso.

"Hacen falta explicaciones urgentes ya por parte del Gobierno de España", advirtió López, quien insistió en la necesidad de conocer cuanto antes la lista elaborada desde la Embajada de España en Marruecos con su propuesta para indultos y traslados de presos y los casos concretos para saber quiénes son esos condenados y por qué estaban en prisión. A su juicio, es preciso que el Gobierno central explique con urgencia qué ha pasado en este asunto en el que ha habido "una mala gestión".

Por su parte, la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, insistió en que en este caso ha habido "una enorme confusión" y una "sucesión de errores", en los que la parte marroquí ha "intentando enmendar" parte, pero sobre los que el Gobierno no da "explicaciones".

En declaraciones a La Sexta, en el programa Al rojo vivo, recogidas por Europa Press, la exministra de Asuntos Exteriores insistió en que el PSOE quiere que el Gobierno "aclare dónde están" los presos "indultados por error" y si estaban en la cárcel por "delitos graves o preocupantes".

Los demás, por narcotráfico

Así, recordó que los socialistas registraron ya preguntas sobre este asunto en el Congreso y avisó de que si el Gobierno "deja de cumplir con sus obligaciones", el PSOE pedirá que comparezcan los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La cadena Ser ha tenido acceso a la tabla completa de los 48 indultados por el rey (Liste de detenus espagnols) y asegura que, salvo el caso del pederasta Daniel Galván, los demás –dos mujeres y 46 hombres– fueron detenidos por narcotráfico de hachís. Sin embargo, eso no libra al estadillo de polémica porque, como han indicado El País y el marroquí Lakome, uno de los perdonados por el soberano alauí, Mohamed Mounir Molina, ni siquiera había sido juzgado y, al tener la doble nacionalidad, no podía ser trasladado a España. 

Uno de los presos españoles que fueron indultados el pasado 30 de julio por el rey de Marruecos, Mohamed VI, es un hispano-marroquí que ni siquiera llegó a ser juzgado y que además ni cumplía los requisitos para ser perdonado ni para terminar de cumplir su condena en España, según el portal de noticias marroquí Lakome. Como recuerda la web, tras el caso del pederasta Daniel Galván Viña y el de Antonio García Ancio –camionero condenado a diez años de prisión por narcotráfico–, se trata de otro nuevo "escándalo" que corre el riesgo de "causar estragos en el seno de la diplomacia española". 

Mohamed Mounir Molina, que había sido acusado de tráfico internacional de drogas, transporte internacional de drogas y constitución de banda organizada, opuso resistencia en el momento de su detención, hace aproximadamente un mes, utilizando un arma de fuego contra los policías que acababan de pillarle. Estaba previsto que el juicio comenzara el pasado jueves, 1 de agosto, en el Tribunal de Apelación de Alhucemas, pero ese día el juez constató que el acusado no estaba allí, no se hallaba en la sala, dispuesto para afrontar la vista oral. Había sido liberado 48 horas antes de que se iniciase el proceso judicial, tal y como cuenta Lakome, uno de los primeros medios que informó sobre el caso del pederasta Galván, cuyo indulto acabó siendo revocado el pasado domingo, en una decisión insólita. Según explicaron a Efe fuentes de la Asociación Rif de Derechos Humanos, fue el único que fue excarcelado de la prisión de Alhucemas el mismo día 30, cuando el soberano anunció la amplia medida de gracia. 

Mounir Molina, hijo de padre marroquí y madre española, figuraba en el número 19 de la famosa lista de 48 presos españoles que perdonó el soberano alauí. Y su liberación fue pedida por la Embajada española en Rabat, la responsable de elaborar los dos estadillos –uno, con los 18 reos indultables; la otra, con los 30 de los que requería la repatriación– que las autoridades marroquíes fusionaron, sin que se haya explicado aún cómo ni por qué. Pero no había ninguna razón para que Mounir Molina figurara en esa relación: las personas que tengan doble nacionalidad no pueden ser elegibles para su traslado, pero es que ni siquiera estaba condenado ni juzgado. Sólo era un preso preventivo. 

Exteriores se ha visto obligado a salir al paso. Fuentes diplomáticas explicaron este jueves a Efe que el peso Mounir Molina se encontraba en una cárcel marroquí, lo que le hacía "asimilable" al resto de reos españoles. Su nombre, tal y como habían adelantadoLakome y El País, fue incluido en la lista de reclusos indultables elaborada por el Consulado de España en Nador, cuyo titular era entonces Jorge Cabezas. Después, esa relación que salió de Nador se sumó a las otras que remitieron los otros seis consulados a la Embajada y este la envió al palacio real junto con la table de 30 presos para los que la legación diplomática solicitaba el traslado. Cabezas acaba de ser nombrado ministro consejero en la Embajada de España en Caracas (Venezuela), y ninguno de los dos diarios ha podido confirmar si abandonó su puesto antes incluso de que la lista se rebotara a Rabat. "¿Quién puso el nombre de Mohamed Mounir Molina en el listado? ¿Y por qué?", se pregunta el medio marroquí.  

Otra vez la Ley de Protección de Datos

Desde Exteriores justificaron a Efe que las autoridades marroquíes, cuando pidieron la lista de posibles liberados, no pusieron "ninguna condición previa". Los indultos en el país vecino, dijero, son "muy amplios", ya que el monarca tiene "mucha más prerrogativas" que en España, donde la medida de gracia –privativa del Consejo de Ministros, no del rey– está "tasada, limitada y muy restringida". A ese respecto, el Gobierno se remite al artículo 58 de la actual Constitución marroquí, que dice simplemente, sin más precisiones, que "el rey ejerce el derecho de gracia". 

El Gobierno de Mariano Rajoy se niega, en cambio, pese a las sucesivas revelaciones, a facilitar la lista de los 48 presos agraciados por Mohamed VI, y para ello esgrime una razón, cuanto menos, chocante: la Ley de Protección de Datos. Misma razón que Exteriores dio hoy a Efe para no aclarar qué "circunstancias personales" de Mounir Molina llevaron a incluirlo en el estadillo. Sin embargo, el nombre de los reclusos indultados en España aparece publicado siempre en el Boletín Oficial del Estado. El PSOE ya ha reclamado al Ejecutivo que aclare quiénes componían el listado, especialmente los otros 29 para los que España reclamó sólo el traslado, no el perdón. 

La lista la componen 48 nombres y sólo se conocen dos nombres: Daniel Galván Viña, pederasta, condenado a 30 años de prisión por abuso de menores, y Antonio García Ancio, que carga con una pena de diez años por tráfico de hachís. Pero a partir de ahí se acaba la información. No se sabe la identidad de los otros 46 indultados por Mohamed VI –el soberano alauí revocó después el perdón a Galván–, y el Gobierno no está dispuesto a facilitarla y para ello invoca la Ley Orgánica de Protección de Datos, una norma pensada para regular el tratamiento de los datos personales y la creación de ficheros de carácter personal y que nada tiene que ver con las medidas de gracia. 

El pasado lunes, este diario reclamó al Ministerio de Exteriores el listado de los 48 reclusos a los que Marruecos concedió la medida de gracia. No hubo forma. Es información "reservada", alegaron fuentes del departamento. Para entonces, el Gobierno ya había explicado que la Embajada de España en Rabat había sido la responsable de la confección de los dos estadillos que se presentaron a las autoridades del país magrebí: uno, con la propuesta de 18 reos indultables; el otro, con los nombres y apellidos de 30 internos para los que se solicitaba la repatriación. En esta segunda relación figuraba Galván. Marruecos, por "error", fusionó ambas listas y el soberano indultó directamente, sin discriminación, a los 48 españoles. 

infoLibre volvió a dirigirse ayer al Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel García-Margallo –que hasta ahora no ha dado ningún tipo de explicaciones públicas–, para reclamar el listado completo de los 48 indultados. "Esa lista no es pública. Y tenemos previsión de hacerla pública, pese a que lo haya pedido la oposición. No lo hacemos por la Ley Orgánica de Protección de Datos", justificaban fuentes diplomáticas. El Gobierno se escuda en los artículos 6 y 7 de la norma aprobada en 1999.

El primero de esos artículos invocados por Exteriores alude genéricamente al "consentimiento del afectado" para la recogida de datos suyos de carácter personal, y el segundo, a los datos "especialmente protegidos", como la ideología, la religión o las creencias. En el punto 7. 5 –epígrafe expresamente citado por las mencionadas fuentes– se estipula que "los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras". Pero en este caso no se habla de ficheros, sino de que el Gabinete de Mariano Rajoy divulgue los nombres que él mismo recogió en una doble tabla entregada a Marruecos. 

Justicia no sabe la situación de los 29 perdonados por "error"

La justificación gubernamental choca más aún si se tiene en cuenta que el Consejo de Ministros lleva al Boletín Oficial del Estado cada indulto que aprueba, ofreciendo en cada caso el nombre del agraciado, el delito cometido y la pena recibida. ¿Por qué entonces la discriminación? Fuentes diplomáticas ofrecieron como único argumento que el pasado 30 de julio quien perdonó fue el rey Mohamed VI –y no el Ejecutivo español–, y los beneficiarios, reos condenados en Marruecos (y no en España). Sin embargo, fue la propia Embajada la que elaboró la relación de reclusos que se entregó a las autoridades del país vecino, como han recalcado el Gobierno y el PP.

El Gobierno alega hasta desconocimiento de la situación de los otros 29 indultados por "error": ayer, el director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ángel Llorente, dijo ignorar qué había pasado con ellos. En una charla informal con periodistas, reconoció que no sabía las penas concretas por las que habían sido sentenciadas esas personas, aunque "en más de un 90%" lo son por tráfico de drogas, informa Europa Press. 

La oposición exige saber qué ha pasado con Galván y con los demás. El PSOE, a través de su vicesecretaria general, Elena Valenciano, y su secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, presionó al Gobierno para que facilitase la tabla completa porque, aparte del pederasta, hay "29 errores más". "También nos gustaría saber quiénes son esas 29 personas indultadas por error", aseguró la número dos en la Ser. Horas más tarde, Valenciano exigió de nuevo "toda la información" de los presos indultados en su muro de Facebook. "La lista debe ser pública". Tal y como adelantó la dirigente socialista a este periódico, si el Gobierno no ofrece las identidades de los otros indultados, reclamará la lista a través de una pregunta en el Congreso.

Ricardo Sixto, portavoz de Interior de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y secretario de Comunicación de IU, "no descarta en absoluto" demandar todo el listado. "No es de recibo que Exteriores se ampare en la Ley de Protección de Datos, porque no es una cuestión de datos personales, sino de claridad y de transparencia. ¿Por qué no lo hace el Gobierno? Porque ya van muchas meteduras de pata. Si se pidió el traslado de 30 reclusos, es porque sus delitos eran de cierta entidad. ¿Por qué se les incluyó a ellos y no otros? ¿Con qué criterios se hizo el listado?". 

Sixto reiteró que no tiene "ninguna lógica" que el Gabinete del PP se niegue a dar nombres, cuando en España para pedir indultos "hasta se hacen campañas". Es el caso de Antonio García Vidriel, un camionero preso y enfermo detenido en 2012 y condenado a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas. La plataforma Presos Marruecos impulsó la recogida de firmas en Change.org para empujar a favor de su traslado. Él fue el único recluso al que el rey Juan Carlos citó en su viaje a Marruecos del mes pasado, y sin embargo no fue perdonado. Sí obtuvo la gracia real su hijo, Antonio García Ancio. A ambos los arrestaron con casi nueve toneladas de hachís. 

Figura regulada en España por una ley de 1870

La fundación ciudadana Civio, a través de su proyecto El indultómetro, ha venido denunciando la "arbitrariedad" que pesa sobre la figura del indulto. Y no es una cuestión privativa del soberano alauí, claro. "En Marruecos y en España funciona de forma parecida. Quitado el detalle de que en España el indulto no es revocable y en Marruecos parece que sí, no hay muchas diferencias", asegura el cofundador y director de la plataforma, David Cabo. Aquí, el Ejecutivo tiene la obligación de publicar en el BOE el nombre del perdonado, el delito, la pena que recibió y el tipo de indulto, pero ahí se acaban las explicaciones, porque "no tiene que decir por qué concede una medida de gracia al reo, ni hacer caso al informe del juez. Es una medida, por tanto, discrecional, y regulada por una ley de 1870. La diferencia es que ahora el Ejecutivo del PP se niega siquiera a proporcionar esos mínimos detalles. "La Ley de Protección de Datos es la que se usa para todo, la que siempre se invoca para no dar información, o directamente no se contesta. Y no hay forma de obligar a la Administración, menos aún cuando todavía no existe una Ley de Transparencia". 

En números absolutos, tampoco es tan excepcional la cifra de agraciados por el último perdón real de Mohamed VI, el pasado 30, con motivo de la Fiesta del Trono: 1.044 reclusos en total, 48 de ellos españoles. Como recogió Civio, el 1 de diciembre de 2000 recibieron la medida de gracia 1.328 presos de una tacada –entre ellos, el exjuez Javier Gómez de Liaño, hoy abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas–, un indultazo indultazoque el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, justificó por la cercanía del fin del milenio y porque aquel era un año jubilar.

10.158 indultos desde 1996, unos 600 al año

Desde 1996, según los cálculos de la fundación, se han decretado en España 10.158 indultos, unos 600 por año (1,64 al día). En todos estos años, se ha perdonado todo tipo de delitos: contra el medio ambiente, prevaricación, malversación o delitos cometidos contra la libertad individual. Y a veces el Gobierno ha indultado contra el criterio de los jueces, como ocurrió con cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturar, amenazar, golpear y meter una pistola en la boca a un hombre detenido por error. Tras un primer perdón, las penas se redujeron a dos años y así, se evitaba teóricamente la cárcel, pero la Audiencia Provincial de Barcelona se opuso a su liberación y decidió su ingreso en prisión. El Gobierno de Rajoy volvió entonces a perdonarles. 

El indulto es una prerrogativa tan exclusiva del Gobierno que ni siquiera los tribunales pueden oponerse a ella más que por cuestiones formales, por que el Ejecutivo se haya saltado algún paso, como ocurrió con el perdón que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero otorgó al banquero Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander hasta el pasado abril. Como resume Cabo, "hay casos de sobra por los que indignarse: terroristas de estado, corruptos, policías torturadores, kamikazes, funcionarios prevaricadores, más de 1.000 indultos de una vez...".

Que el pederasta Daniel Galván Viña, condenado a 30 años de cárcel en Marruecos por abusar de 11 menores, detenido ayer en Murcia y enviado hoy a prisión cumpla el resto de su pena en España es una "posibilidad bastante razonable" para el Ministerio de Justicia español. Lo reconoció a los medios esta tarde en la sede gubernamental Ángel Llorente, director general de Cooperación Jurídica Internacional, al término de la reunión que mantuvo con dos funcionarios marroquíes que se desplazaron expresamente a Madrid para analizar el caso. Pero esa opción es también bastante viable para Marruecos, según aseguró su titular de Justicia, Mustafá Ramid. 

Llorente, sin embargo, se resistía a asumir que esa es la alternativa más plausible que baraja el Ejecutivo. El alto cargo indicaba primero a los periodistas que la "petición principal" que formula Marruecos es la extradición de Galván, y es la que figuraba en la orden internacional de detención en virtud de la cual pudo ser arrestado. Pero, si esta no era "posible", se contemplarían "otras alternativas", sin concretar cuáles. Tras varios rodeos, y después de que se le preguntara si España descarta completamente que el pedófilo pueda cumplir sus más de 27 años de condena restantes en nuestro país, respondió: "No, no se descarta en absoluto. Es una posibilidad bastante razonable". 

A ese respecto, Llorente recordó que, de no haberse producido el "error administrativo" de la concesión del indulto al delincuente, España estaría tramitando la solicitud de traslado a Rabat, puesto que el reo había demandado su repatriación. El director general subrayó que el "interés" del Gobierno es que se "cumpla la ley" y Galván, "igual" que otros presos españoles en cárceles marroquíes, "tiene derecho" a liquidar su condena en cárceles de nuestro país. Son, dijo, "razones humanitarias", las que llevan a que "esa persona" cumpla su sentencia "en otras condiciones" materiales y humanas "sustancialmente mejores", "más cerca de su familia" y en un ambiente "más próximo". El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en su auto dictado esta mañana, argumentaba precisamente que una de las razones para no dejar en libertad al pederasta era, precisamente, que "carece en España de un mínimo arraigo familiar, social, económico, laboral o de otro tipo". 

Llorente apuntó que, en cualquier caso, la solicitud de extradición librada por Marruecos debe resolverla la Audiencia Nacional. Pero por lo pronto se presenta difícil, ya que el convenio entre ambos países prohíbe la entrega de nacionales. "Pero hay alternativas –reiteró– para que hechos tan graves no queden impunes". De hecho, ese fue el principal motivo de la reunión "técnica" entre las dos delegaciones, analizar cuál es la legislación española, ver las diferencias en la regulación de las revocaciones de indultos –en España una medida de gracia no se puede cancelar, pero en Marruecos "sí es anulable"– y qué posibilidades ofrecen los acuerdos bilaterales y las leyes internas.

Fruto de la conversación de Gallardón y Ramid

¿Y qué pasa con los otros 29 indultados por error? "Lo desconozco", aseguró el alto cargo, quien dijo que el único caso abordado en la entrevista en el Ministerio de Justicia fue el de Galván, porque fue el único indulto anulado por Mohamed VI, en una decisión sin precedentes. Llorente insistió en que el "error material de carácter administrativo", fruto de la falta de "información", se ha "corregido". Ahora, por tanto, se trata de hacer que las cosas "vuelvan a su sitio" y la situación "sea la misma que la de antes de que erróneamente se le indultara". ¿Se redactará un tratado bilateral urgente?, se le preguntó. "Los acuerdos [entre países] no son por un caso concreto", sino un "marco jurídico" general. Recordó que el convenio de extradición Marruecos-España es "reciente", de 2009, y de lo que se trata es de "aplicarlo" y explotar los "mecanismos de cooperación relacionados" que ya existen, como el convenio de traslado de personas condenadas. 

La cita de hoy fue el producto de la conversación de los dos ministros de Justicia de ambos países, Alberto Ruiz-Gallardón y Mustafá Ramid. Por la parte española acudieron, además de Llorente, el subdirector general de Protección y Asistencia Consular del Ministerio de Exteriores, Juan Bosco; el subdirector general de Asuntos Jurídicos Consulares del mismo departamento, Pablo Gutiérrez-Segú, y los asesores de Justicia Inmaculada Aguado y Juan Carlos Gómez. En representación de Marruecos, se sentaron el jefe de Gabinete de Ramid, Mohamed Benalilou; el director de Asuntos Penales y de Gracia, Mohamed Abdenabaoui, y el ministro consejero de la Embajada del país vecino en España, Mohamed Bulmani. 

"Tres escenarios posibles", según Rabat

Casi en paralelo a las palabras de Llorente, se conoció la versión del país magrebí. Fueron las declaraciones de Ramid a la cadena de televisión 2M recogidas por la agencia oficial MAP las que hicieron ver que la opción más factible es la de que Galván cumpla su pena en España. El titular de Justicia señaló que contempla "tres escenarios posibles" para el futuro del pederasta. El primero, dijo, pasaría por que el pedófilo vuelva al reino alauí a proseguir con su condena, alternativa inviable. "No creo que la Justicia española pueda decretar su extradición salvo en el caso de que se le retire la nacionalidad española, que es adquirida", abundó en una entrevista con Efe. Galván nació en Irak y obtuvo la nacionalidad al casarse con una mujer española, de la que está divorciado. 

Así las cosas, las únicas opciones que se abrirían camino serían, a juicio de Ramid, que el criminal acabe en una cárcel española para culminar la setencia o que las autoridades españolas inicien "un nuevo proceso" contra él basándose en pruebas y documentos que pueda presentar Marruecos próximamente, informa Europa Press.

No obstante, el ministro está abierto "a cualquier propuesta" que llegue desde Madrid. España, agradeció, ha mostrado "su entera disposición a colaborar con las autoridades marroquíes para examinar todos los escenarios posibles con el objetivo de que este criminal no escape de la Justicia y responda por sus crímenes". 

Ramid dijo que el "error" era achacable al delegado general de la Administración Penitenciaria, Hafez Benhachem, que ayer lunes fue destituido por el rey Mohamed VI. El de Galván encajaba dentro del cajón de indultos "excepcionales", que pasan sólo por el filtro de la Administración Penitenciaria y de ahí al monarca. Distintos son los indultos "ordinarios", que gozan de mayores controles porque son estudiados por una Comisión de Indultos en la que se se sientan miembros del Ministerio de Justicia, de la Administración Penitenciaria, del Tribunal de Casación y la Fiscalía General, entre otros. Ramid admitió que Marruecos debería "revisar" estos protocolos. 

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, afirmó este martes que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, y el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expliquen en el Parlamento la "desastrosa" gestión del Gobierno que permitió que un español condenado en Marruecos por abusos a menores fuera excarcelado. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, pidió además la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz, para aclarar el "inmenso desbarajuste" de la liberación de Daniel Galván Viña. 

En declaraciones a la Cadena Ser, en el programa Hoy por hoy que presenta Aimar Bretos, Valenciano dijo que en este caso se ha cometido "un error grave e incomprensible que merece una explicación un poco más exhaustiva" por parte del Ejecutivo, "que hasta ayer ha estado escondido y dando versiones off the record muy poco claras". En este sentido, la dirigente socialista acusó al Gobierno de intentar responsabilizar a las autoridades marroquíes por haber concedido la libertad a Galván y a otros 29 reclusos que también fueron "indultados por error". "No puede desentenderse y cargar sobre Marruecos toda la responsabilidad porque son presos españoles", subrayó.

A su juicio, lo que ha ocurrido "merece una explicación" y que el Ejecutivo "se haga responsable de resolver ahora la situación", es decir, de que Galván, que fue detenido este lunes en Murcia, "acabe en la cárcel". Horas después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictaba el ingreso en prisión provisional e incondicional del pedófilo, que fue conducido después a Soto del Real (Madrid). 

Valenciano criticó la "desastrosa" gestión del Gobierno en este asunto y le preguntó por qué no supervisó la excarcelación de los 48 presos españoles a los que Marruecos puso en libertad la semana pasada. El Ejecutivo, por ahora, ha explicado que fue la Embajada la que elaboró una doble lista: en una solicitaba a Marruecos el indulto de 18 reclusos; en la otra, requería que otros 30 (entre ellos, Galván) fueran trasladados a España para cumplir el resto de su condena. Rabat en cambio fusionó ambos estadillos y excarceló a lo 48. 

Valenciano señaló que Ruiz-Gallardón y García-Margallo deberían aclarar lo ocurrido con el pederasta, por ejemplo si cumplía los requisitos para estar incluido en las listas, y decir también "quiénes son esos 29 restantes indultados por error". En el mismo sentido, Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE, reclamó posteriormente en rueda de prensa en Ferraz al Ejecutivo que aclare si entre los demás perdonados existen "sospechas" o delitos de "tanta gravedad o más" que el de Galván. Delitos de los que, a su juicio, debiera informarse porque esas personas "ahora están en la calle".

Valenciano instó asimismo a los ministros a explicar por qué cuando se enteraron de que habían sido liberados todos no advirtieron a las autoridades marroquíes. Si lo hubiesen hecho, "tal vez" Galván "no habría conseguido un pasaporte en el consulado español", añadió. Según explicaba ayer Exteriores, lo que concedió el Consulado General fue un salvoconducto para que pudiera salir de Marruecos. 

La diputada socialista expresó su deseo de que las conversaciones que el Gobierno mantiene este martes con dos altos funcionarios marroquíes que han viajado a Madrid contribuyan a que "se resuelva la situación". En cualquier caso, descartó que este asunto vaya a dañar las relaciones bilaterales con Rabat, que "son sólidas y buenas".

Preguntas de los portavoces de Justicia e Interior de IU

Lara, por su parte, y como ya adelantó infoLibre, tiene ya registrada la comparecencia del director del CNI, Félix Sanz, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Según un comunicado lanzado por IU, el coordinador considera necesario aclarar "cuanto antes" lo que ha pasado, en vista de la gravedad de los crímenes cometidos por Galván, y "determinar las causas de la excarcelación del pederasta y su posible relación con los servicios de inteligencia". 

Además, los portavoces de Justicia e Interior de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares y Ricardo Sixto, han registrado una batería de preguntas. El primero inquiere por la posible negociación con Marruecos para que Galván cumpla su condena en España, por la posible pertenencia de este al CNI o por qué se le concedió la nacionalidad española. Sixto, también secretario federal de Comunicación de IU, requiere al Ejecutivo que le diga los posibles seguimientos a Galván por parte de la Guardia Civil mientras vivió en Torrevieja y si fue arrestado por delitos sexuales u otro tipo de causas durante su estancia en la ciudad alicantina.

El magistrado titular del Juzgado Central número 4 de Instrucción de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ordenó este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada e incondicional, del pederasta detenido ayer en Murcia Daniel Galván Viña a la espera de que se pueda resolver su posible entrega a Marruecos. Tras dictarse el auto, el pedófilo fue trasladado al penal de Soto del Real (Madrid) en un furgón de la Guardia Civil. Allí llegó a las 13.10 horas. 

La entrada de Galván a la cárcel fue solicitada por el fiscal Pedro Martínez Torrijos, quien durante la comparecencia alegó el riesgo de que Galván pueda fugarse y la gravedad de los delitos por los que fue condenado en 2011 a 30 años de cárcel en Marruecos por abusar de 11 menores de edad. Galván, que fue asistido por un abogado de oficio que pidió libertad provisional, rechazó ser entregado al reino alauí y alegó arraigo en España, donde tiene amigos y una propiedad en Torrevieja (Alicante).

El juez estima, con la Fiscalía, que Galván debe entrar en prisión por la gravedad de la pena y por riesgo de fuga. Y estima también que la dirección que facilitó el pederasta como paradero corresponde a la propiedad de un amigo, "de nombre Ulpiano", ya que él carece en España de "un mínimo arraigo familiar, social, económico, laboral o de otro tipo que neutralice la tentación de ponerse fuera del alcance" de la Justicia en caso de ser liberado. Según Andreu, las circunstancias en las que se produjo el indulto por el rey Mohamed VI y su posterior anulación, el pasado domingo y por el propio monarca alauí, serán examinadas en el proceso de extradición que ahora se inicia. 

Galván fue arrestado arrestado este lunes en Murcia en virtud de una orden internacional de detención cursada por Marruecos tras la revocación de la medida de gracia.

Antes de comparecer esta mañana, y según informa Europa Press, Galván fue reconocido por los forenses de la Audiencia Nacional. Estos certificaron que Galván sufre un trastorno de ansiedad y depresión del que está siendo tratado médicamente, si bien no habría ningún problema para que siguiera las prescripciones médicas en prisión.

27 años, tres meses y 27 días restantes de pena

El auto comienza recordando que la orden internacional de detención librada por Marruecos señala que a Galván le quedan por cumplir 27 años, tres meses y 27 días de una pena de 30 años impuesta por el Tribunal de Apelación de Kenitra (Marruecos). La orden, dice Andreu, "contiene todos y cada uno de los requisitos formales que el convenio de extradición establece en su artículo 15". El magistrado señala, no obstante, que "no es este el momento procesal" en el que corresponde examinar cuál será la decisión final sobre la reclamación del país magrebí, ya que las circunstancias del indulto y su posterior revocación deberán ser estudiadas una vez llegue toda la documentación de la extradición, para lo cual Rabat dispone de 40 días desde la fecha en la que se produjo la detención. 

Andreu se refiere a la llamada "peligrosidad procesal", a la apreciación de riesgo de fuga. Ahí "debe constatarse que, a pesar de tener la nacionalidad española, el reclamado nació en Irak, país del que es natural, habiendo adquirido la nacionalidad española al casarse con una mujer española, de la que se encuentra divorciado". Según declaró Galván, "su vida ha transcurrido mayoritariamente en Irak y en España, si bien ha estado residiendo en distintos países como Egipto, Siria, Jordania, Reino Unido o Marruecos". Tras su indulto, en España se instaló en un hotel de Murcia con la intención "de descansar", y aunque facilitó la dirección del domicilio de un amigo, el juez entiende que "carece de un mínimo arraigo" que pueda "neutralizar" la tentación de fuga.

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos solicitó este martes el ingreso en prisión provisión del pederasta condenado en Marruecos Daniel Galván Viña en espera de que se resuelva su posible extradición a Marruecos por riesgo de fuga y por la gravedad de los delitos a los que fue condenado a 30 años de cárcel en el reino alauí.

Por su parte, Galván rechazó ser entregado a Marruecos alegando arraigo en España.Tras menos de una hora de comparecencia, el juez de guardia esta semana en la Audiencia Nacional Fernando Andreu subió a su despacho para dictar la resolución, que será previsiblemente de prisión mientras se estudia si se inician o no los trámites de extradición, señalaron fuentes jurídicas.

Galván fue arrestado arrestado ayer lunes en un hotel de Murcia en virtud de una orden internacional de detención tras ser revocado el indulto que le concedió el rey Mohamed VI.

Quien confeccionó la lista en la que se incluyó el nombre del pederasta Daniel Galván Viña fue la Embajada de España en Rabat. El Gobierno de Mariano Rajoy responde así cuando se le pregunta quién se encargó de dar el nombre del reo a las autoridades marroquíes. Y se encargó la legación diplomática porque es ella "la que tiene conocimiento sobre el terreno", la que tiene un "conocimiento directo" de la situación de todos los presos españoles en cárceles del país magrebí. Son las explicaciones que ofrecieron fuentes conocedoras del proceso consultadas por infoLibre ayer lunes, día en que se produjo la detención de Galván en Murcia.

Según el relato hilado por las citadas fuentes, tras el buen clima que presidió la visita del rey Juan Carlos a Mohamed VI el mes pasado, Rabat se dirigió a la embajada y le pidió una "propuesta" de personas a las que quería que se indultase o trasladase a España. Fue entonces cuando se presentaron al Gobierno marroquí dos listas. En una se contenían las peticiones de indulto para 18 presos, y en la otra las solicitudes de traslado de otros 30 reos, tal y como confirmó a Efe el mismo embajador en Rabat, Alberto Navarro. En el segundo listado aparecía el nombre de Galván Viña, de 63 años, condenado a 30 años de cárcel por abusos a 11 menores de edad. El monarca alauí, sin embargo, ordenó la liberación de los 48 reclusos el pasado 30 de julio. De modo que fue una "metedura de pata" de Marruecos que el pedófilo fuera puesto en libertad. 

La excarcelación generó polémica y protestas en las calles de varias ciudades del país, hasta el punto de que Mohamed VI se vio obligado a aclarar que "jamás" fue "informado" de la "gravedad de los crímenes abyectos" de Galván y, después, a revocar su propia decisión y anular el perdón. Dos decisiones sin precedentes. Ayer, 5 de agosto, la orden internacional de detención cursada por Rabat a través de Interpol hizo posible que la Policía española pudiera arrestar al pederasta en un hotel de Murcia, para ponerlo hoy a disposición de la Audiencia Nacional.

El ministerio confirma que obedeció a "criterios consulares"

¿Con qué criterio se elaboraron las listas? Según dijo a Efe Navarro, el Ministerio de Asuntos Exteriores español verificó que "no hubiera ninguna persona con delito de sangre". En Madrid, las fuentes conocedoras del proceso señalaban que "normalmente" se piden medidas de gracia o traslados para "personas de avanzada edad o que estén enfermas, que vayan a cumplir su pena próximamente o que estén en prisión por delitos menores", como el tráfico de drogas. Galván, en cambio, fue condenado en 2011, por lo que aún le restaban 28 años de pena. El mismo reo ni pidió su indulto, aunque sí su repatriación.

Las citadas fuentes insistieron en que, quien conoce "el terreno", la realidad de los más de 200 reclusos españoles en Marruecos, es la propia Embajada. El secretario de Estado de Exteriores, Gonzalo de Benito, confirmó en Hora 25, en la Ser, que la elaboración de los estadillos partió de la Embajada, según "criterios consulares", técnicos, en virtud de los cuales se incluyó en los listados a aquellos que cumplían los requisitos que exige "el convenio de traslado de personas condenadas". Desde la Moncloa, fuentes oficiales consultadas por este diario se aferraban asimismo a la versión de Exteriores: fue la legación la directamente responsable de la confección de las listas, porque ese es el "procedimiento habitual". Este periódico no pudo contactar con la representación diplomática en el país magrebí.

No obstante, esta versión no fue ni mucho menos la que emergió en un primer momento. El pasado 1 de agosto, cuando ya se había desatado la indignación entre los marroquíes, fuentes de Exteriores subrayaron a Efe y Europa Press que correspondió a Rabat la elaboración de la lista de indultados y añadieron que España no propuso ningún nombre. La intervención del ministerio, reseñaron, se limita a la atención consular a los liberados para agilizar los trámites que les permitan volver a España.

Reunión en Madrid de las dos delegaciones

Así operó, de hecho, el Consulado General en Rabat con Galván. Este se dirigió allí en cuanto fue liberado y, como su pasaporte "estaba caducado", se le concedió "un salvoconducto" para que pudiera salir de Marruecos y regresar a nuestro país. "No se le dio un pasaporte exprés, como dice el PSOE, sino un salvoconducto", precisaron las fuentes consultadas.

Quienes también se descargaron de toda responsabilidad fueron el Ministerio de Justicia y la Casa del Rey. El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, según fuentes oficiales, no hizo "ninguna gestión": ni elaboró ninguna lista ni facilitó ningún documento al pederasta excarcelado. Su intervención arranca a partir de que Mohamed VI revocara el indulto, pues el rey alauí dio órdenes a su ministro de Justicia, Mustafá Ramid, para que examinara con su homólogo los pasos a seguir tras la retirada del perdón real. Ramid y Gallardón acordaron que hoy martes se vieran en Madrid dos altos funcionarios marroquíes –el jefe de Gabinete del ministro y el director general de Asuntos Penales– y el director general de Cooperación Jurídica Internacional del Ejecutivo de Rajoy, Ángel Llorente. Las dos delegaciones estudiarán qué opción es la óptima: la devolución de Galván a Marruecos, que cumpla su condena en España...

La Zarzuela, por su parte, insistió en que el rey, durante su visita al reino alauí, simplemente "se interesó" por la situación de los presos españoles en Marruecos, sin hacer ninguna petición de indulto colectivo. Sí solicitó expresamente el traslado del recluso Antonio García Vidriel, un camionero mayor condenado a seis años de cárcel por un delito de tráfico de drogas en Tánger. Los familiares de García Vidriel se habían dirigido a la Jefatura del Estado para buscar la mediación del monarca y que este demandase su repatriación por razones humanitarias, por sus problemas de salud. El departamento de Gallardón ya había enviado a Rabat la comunicación para el inicio del expediente de traslado en abril. El monarca recordó la situación de García Vidriel al primer ministro marroquí, Abdelilah Benkirán, y este respondió enseguida. Al término del viaje oficial, el Ministerio de Justicia remitió toda la documentación a Madrid, así que lo único que falta es que Rabat lo entregue a España. El reo no se encontraba en la relación de 48 indultados de Mohamed VI. 

Destitución del director de Prisiones marroquí

En el Gobierno y en la Zarzuela recalcaron ayer que Juan Carlos no tuvo nada que ver en todo el proceso. Sin embargo, el comunicado difundido por la agencia oficial MAP el pasado 30 de julio se indicaba que Mohamed VI había concedido el perdón a 48 reclusos "en respuesta a la petición" del rey español. El jefe del Estado correspondió llamando al soberano marroquí agradeciéndole "profundamente" su gesto. En ese momento, según un portavoz, la Casa Real y el rey "no tenían ni idea" de quiénes eran los 48 indultados. "Se entendió que era un gesto de buena voluntad, como también lo tenía Mohamed VI. Él tampoco sabía era consciente del error. Pero al final se revocó el indulto e incluso se ha cesado a un responsable". Ayer, el soberano alauí destituyó al delegado general de la Administración Penitenciaria marroquí, Hafez Benhachem, a quien atribuyó la "total responsabilidad" de la liberación de Galván. Desde el Ejecutivo, no pudieron precisar en qué momento se trasladó a la Zarzuela la identidad de los indultados.

Fuentes gubernamentales añadieron, no obstante, que el amplio perdón otorgado a una cincuentena de reclusos españoles es otra prueba de la "fabulosa relación" entre los dos países. Pero no es esta la primera vez en la que Mohamed VI indulta a reos de nuestro país. En 2009, en el décimo aniversario de su coronación, el soberano liberó a 178 presos españoles. Dos años antes, en 2007, esta vez por el nacimiento de su segundo vástago, la princesa Lalla Jadiya, excarceló a 52 internos. En abril de 2005, cinco de los 7.179 beneficiados de las medidas de gracia anunciadas por el rey para celebrar la circuncisión de su hijo eran españoles. Ese año también concedió medidas de gracia a 456 condenados (ninguno extranjero) con ocasión de los festejos religiosos del Mulud.

La oposición pide cuentas

Mohamed VI concede tradicionalmente indultos o reducciones de pena en fiestas nacionales o religiosas –el pasado 30 de julio tocaba la Fiesta del Trono– o coincidiendo con acontecimientos familiares. De hecho, el mayor perdón de su reinado se produjo con el nacimiento de su primogénito y heredero, el príncipe Mulay Hasán, el 8 de mayo de 2003. Entonces, 47.988 presos se beneficiaron del indulto total o parcial. Las medidas de gracia sirven además para descongestionar las prisiones del país, que suelen estar bastante saturadas. 

La oposición ya ha demandado explicaciones al Ejecutivo sobre lo ocurrido. El PSOE, aunque se felicitó de la detención de Galván ayer en un hotel de Murcia, siguió pidiendo cuentas y recordó que ya ha registrado una pregunta oral para el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. IU extendió su solicitud al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz, ya que ve "evidente" que los servicios secretos españoles, en connivencia con los marroquíes, fueron los que empujaron a la puesta en libertad del pedófilo, según denunció el diputado Gaspar Llamazares. De Benito, sin embargo, negó en la Ser que la inclusión del delincuente obedeciera a la intervención del CNI, la agencia en la que, según se ha publicado, trabajó Galván como espía. Alfred Bosch, de ERC, también registró una batería de preguntas en el Congreso en la que pide saber las conexiones del CNI o cómo se le concedió la nacionalidad a Galván, dado que este nació en Irak. Rosa Díez, de UPyD, reclamó asimismo explicaciones al Gobierno. 

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron este lunes en Murcia al pederasta Daniel Galván Viña. Sobre él pesaba una orden internacional de detención a través de Interpol y cursada por Marruecos. Galván, de 63 años y condenado a 30 años de prisión por abuso de 11 menores de edad, será puesto mañana martes entre las 10 y las 11 de la mañana a disposición del titular del juzgado central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que es el que se encuentra de guardia. 

El arresto se produjo a las 17.35 horas en un hotel del centro de Murcia en el que permanecía desde el domingo. Galván Viña se identificó en el establecimiento con su nombre, algo que alertó a los agentes. Según adelantaron fuentes del Ministerio del Interior a infoLibre, el pedófilo no ofreció "resistencia". El arresto fue "normal".

La vinculación del arrestado con Murcia se remonta a 1998, año en el que fue contratado como administrativo en la Universidad de Murcia (UMU). Fuentes del centro docente, en el que trabajó durante cuatro años, han explicado a este diario que Galván Viña tenía nacionalidad española pese a haber nacido en Irak. También argumentan que para su contratación aportó un título de Biología. El pederasta se encargaba, siempre según el portavoz de la universidad murciana, de impartir la asignatura de árabe dentro de los cursos que todos los años organiza la UMU, pero como enseñanza no reglada. De 1996 a 1998 trabajó como becario en la universidad. 

Fue anoche cuando el rey Mohamed VI de Marruecos revocó el domingo el indulto que concediera a Galván la pasada semana, junto a otros 47 presos españoles. En su decisión influyó la oleada de protestas en las calles de varias ciudades del país magrebí, una vez que se supo que el recluso había sido condenado en 2011 a 30 años de prisión por abusar de 11 niños (entre 2 y 14 años), una pena confirmada en apelación y en casación. El monarca justificó la retirada del perdón real, absolutamente "excepcional", por los "fallos que marcaron el procedimiento", "la gravedad de los crímenes cometidos" y el "respeto del derecho de las víctimas", según rezaba en el comunicado difundido a través de la agencia oficial MAP. Mohamed VI anunció una investigación "profunda" que por ahora se ha saldado con el cese del director de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción.

La intervención de Juan Carlos I

Cuando el pasado 30 de julio Rabat anunció la liberación de 48 presos españoles, con motivo de la Fiesta del Trono, subrayó que lo hacía "en respuesta" a la petición del rey Juan Carlos, que días antes se había desplazado al país vecino en visita oficial. La Zarzuela emitió ese mismo día un comunicado en el que informaba de que el jefe del Estado había telefoneado a Mohamed VI para agradecerle "profundamente" el gesto, considerado una "muestra singular de amistad entre los dos pueblos". Sin embargo, este lunes la institución insistió en que Juan Carlos, durante su viaje, sólo "se interesó" por la situación de los presos españoles en Marruecos, sin hacer una petición colectiva de indultos. 

A su vez, el embajador español en Rabat, Alberto Navarro, confirmó que el Gobierno había elaborado dos listas. Una, con el nombre de 18 internos para los que pedía la medida de gracia. Otra, con otros 30 reclusos de los que solicitaba el traslado, y en ese segundo estadillo figuraba Galván Viña. 

La Zarzuela no quiere saber nada del indulto concedido por el rey Mohamed VI (y revocado anoche) al pederasta español de origen iraquí Daniel Galván Viña, de 63 años. Fuentes oficiales señalaron hoy que Juan Carlos I, en su visita el mes pasado a Marruecos, "se interesó", ante el soberano alauí y su primer ministro, Abdelilah Benkirán, "por la situación de los presos españoles" en el país vecino. Pero "en ningún momento" pidió indultos de reclusos españoles, siempre según fuentes de la Jefatura del Estado. Sin embargo, según el comunicado difundido el pasado 30 de julio por la agencia oficial MAP, Mohamed VI ordenó la liberación de 48 prisioneros españoles "condenados por diferentes tribunales marroquíes en respuesta a una petición formulada a este respecto por el rey Juan Carlos I de España". La Zarzuela no desmintió en ese momento el comunicado. Es más, Juan Carlos telefoneó al soberano alauí para agradecerle "profundamente" el gesto, que consideraba una "muestra singular de amistad entre los dos pueblos". Agradecimiento que reflejó en una nota oficial. 

Según las fuentes de la Zarzuela consultadas por infoLibre, la gestión del monarca durante su visita a Marruecos el pasado julio fue "triple". Primero, desbloquear el asunto de las kafalas (modalidad islámica de adopción), dadas las peticiones de mediación que habían llegado a la institución por parte de las familias solicitantes. Dos, "interesarse por la situación de los presos españoles" en Marruecos, porque también habían llegado demandas de las asociaciones de reclusos. Y tres, el rey citó singularizadamente ante Benkirán a uno de ellos, Antonio García Vidriel, un camionero enfermo que permanece en Tánger y que fue detenido en 2012 junto a su hijo por transportar casi nueve toneladas de hachís.

Antes de que el monarca regresara a España, Benkirán le respondió al jefe del Estado que la situación de ese preso se desbloquearía. La gestión de Juan Carlos sirvió para que los trámites se aceleraran, pero sin embargo García Vidriel no figuró en la lista de los 48 indultados. Sí estaba, en cambio, Galván Viña. 

"El rey no llevaba ninguna lista de presos a los que España quería que Marruecos indultase, ni tampoco hizo ninguna petición de indulto colectivo", subrayó categóricamente un portavoz oficial de la Casa Real. Entonces, ¿no hay contradicción? "Marruecos dijo que Mohamed VI procedió a la liberación 'en respuesta a la petición' del rey, pero no dijo que el rey había pedido los indultos. Ese es el lenguaje diplomático. Lo que pasó es que don Juan Carlos se interesó por la situación de los presos, el rey marroquí respondió con los indultos y don Juan Carlos agradeció la decisión", explicaron desde la Zarzuela.

Sin causas pendientes en España

Mohamed VI indultó a 1.044 presos con motivo de la Fiesta del Trono de este año, y entre ellos figuraban los 48 españoles. Galván Peña había sido condenado en 2011 a 30 años de cárcel en Marruecos por abusar de 11 niños. La medida de gracia indignó a un país sensibilizado con el turismo sexual de menores y desencadenó una oleada de protestas que, al final, obligó al soberano alauí primero a dar explicaciones –aclaró que "jamás" fue "informado" de la "gravedad de los crímenes abyectos" de Galván Peña y anunció una "profunda investigación"– y después a revocar su propia decisión, en un gesto absolutamente insólito. El comunicado de anoche, difundido por la agencia MAP, adelantaba que el monarca había dado instrucciones al ministro de Justicia, Mustafá Ramid, para "examinar con su homólogo español los pasos a dar tras la retirada de esta gracia".

Ello abre la puerta a que el pederasta pueda cumplir su condena en España. Pero no puede apresarlo –Galván se encuentra en paradero desconocido después de su excarcelación– si no media una orden internacional de búsqueda y captura, a través de Interpol y cursada por Rabat. El Ministerio de Justicia español, según informó Europa Press, dijo no tener ninguna comunicación formal sobre el indulto y lo juzgó normal porque los delitos se cometieron en Marruecos, y allí fue condenado y posteriormente liberado, mientras que en España no tiene ninguna causa pendiente. 

Este lunes, el embajador español en Rabat, Alberto Navarro, confirmó a Efe que el Gobierno, a través de la legación diplomática, había presentado a las autoridades marroquíes dos listas. Una, con peticiones de indulto para 18 presos, y otra para el traslado de otros 30 reclusos, para que cumplieran en España su condena. Galván Viña estaba en este segundo grupo. Mohamed VI no hizo distinciones y liberó a los 48, sin excepción. Los dos estadillo habían sido verificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores español "para comprobar que no hubiera ninguna persona con delito de sangre". 

Navarro explicó que, tras el buen clima que presidió la reciente visita de Juan Carlos a Marruecos, Rabat ofreció indultos y traslados. "Nunca pensamos que se le podría indultar", expresó. 

La oposición quiere que el Gobierno dé explicaciones

La oposición, mientras, ya ha reclamado explicaciones al Ejecutivo. El sábado pasado, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ya adelantó que este lunes registraría en el Congreso una pregunta oral al Gobierno, para que el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, dijese quién había sugerido el indulto de Galván Viña y si se había supervisado la "oportunidad y la idoneidad de los casos incluidos" en la lista" para no perjudicar la alta gestión atribuida al rey". Hoy, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica de los socialistas, Antonio Hernando, exigió al Ejecutivo que relate por qué obtuvo el pasaporte español "en tiempo exprés" para salir de Marruecos. El dirigente del PSOE volvió a indicir en que los delitos por los que se condenó a Galván son de los "más graves y repugnantes que existen" y pidió al Gobierno que lo detenga si está ya en España "para que cumpla" el resto de su pena. 

También demandó explicaciones UPyD. Su portavoz, Rosa Díez, recalcó a Europa Press que el Gabinete de Mariano Rajoy debe precisar todas las circunstancias del caso, puesto que fue España quien requirió la medida de gracia. Mientras, Izquierda Unida, según informaron fuentes oficiales de la formación, se plantea pedir la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, puesto que Galván fue un antiguo espía. 

Galván trabajó para la Universidad de Murcia (UMU) en el Departamento de Relaciones Internacionales en dos periodos: de 1996 a 1998, como becario, y de 1998 a 2002, con un contrato de personal administrativo, tal y como confirmó el rector de la institución, José Antonio Cobacho. Este dijo haber consultado la ficha del pederasta y comprobó que es un hombre "con un gran conocimiento de idiomas, en concreto, del árabe", y la UMU es una universidad "con mucho interés en forjar relaciones con los países árabes". Su domicilio oficial en aquellos años, según constaba en la citada ficha, era Torrevieja (Alicante). La labor de Galván en la universidad, afirmó Cobacho, "fue absolutamente normal, e hizo satisfactoriamente su trabajo".