El real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros, es una iniciativa por la que se viene luchando desde hace años. Para ser más precisos, desde abril de 2020, cuando distintas organizaciones coordinadas por el movimiento estatal Regularización.Ya enviaron una carta al Gobierno con la demanda de una regularización urgente. 

Este decreto pondrá fin a la situación irregular de aproximadamente medio millón de inmigrantes que ya residían en España. Una medida social que comenzó como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha por movimientos de base y colectivos de migrantes con el apoyo de ONG, plataformas de investigación, organizaciones internacionales e instituciones como la Iglesia.

El plazo para presentar la solicitud está abierto desde el pasado jueves 16 de abril y se cerrará  el próximo 31 de junio. Tragsa y Correos serán las empresas a cargo de la gestión y ayuda técnica para la presentación de solicitudes, mientras que un equipo reforzado de más de 350 funcionarios de la Oficina de Extranjería tendrán que validar los expedientes. Pero, ¿de qué manera prestarán apoyo las distintas organizaciones que han acompañado a los solicitantes durante el proceso?

Edith Espínola, portavoz del movimiento RegularizaciónYa, explica a infoLibre que “las entidades como responsables y colaboradoras de extranjería van a determinar cómo va a ser su proceso de colaboración”, pero que desde Sedoac están terminando de crear el “manual de ayuda para la solicitud”.

Ese protocolo tendrá distintas etapas y, en un primer momento, se llevará a cabo un “taller de extranjería” para que a las personas solicitantes “no les falte ningún tipo de información”. Una vez realizado el taller y explicadas todas las casuísticas, habilitarán un teléfono para que las personas pidan cita previa y puedan registrarse. Voluntarias y personal de Sedoac autorizado “se encargarán de verificar todas las carpetas de cada persona para asegurarse de que todos los documentos estén presentes y cumplan con los criterios necesarios”, comenta la portavoz.

“Será una tarea compleja”, asegura Espínola, ya que entre las distintas verificaciones deberán tener en cuenta las diferentes casuísticas individuales de cada persona: “lo que incluye verificar si la persona está empadronada, quién firma, con quién vive, y otras causales”.

Finalmente y después de la revisión detallada de cada documento, se presentarán los expedientes al ministerio a través del enlace web específico que les habrán proporcionado. Sedoac está terminando de realizar este “manual de protocolo” que se llevará a cabo tanto en Madrid como en Valencia, pero reconoce que aún faltan flecos por parte del Ministerio de Inclusión que todavía no ha habilitado el modelo de informe de vulnerabilidad. 

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regulación de personas extranjeras se remonta a julio de 2021 cuando, tras el anterior rechazo del Congreso a una Proposición No de Ley (PNL) contra la vulneración de derechos que supone la ley de extranjería, se decide poner en marcha la ILP de RegularizaciónYa. 

En enero del siguiente año, distintas organizaciones y voluntarios deciden coordinarse para llevar a cabo una campaña de recogida de firmas en una treintena de ciudades de España. Paralelamente a esto, obtuvieron 83 menciones de apoyo en Plenos de ayuntamientos, diputaciones y una PNL en el Parlamento Vasco.

El 21 de diciembre de 2022 consiguen entregar 700.000 firmas recogidas en la Oficina de la Junta del Censo Electoral. Pese a ello y debido al adelanto de las elecciones, el trámite parlamentario de la ILP quedó detenido durante meses. Después de varias comparecencias de distintos portavoces de las organizaciones ante la Comisión de Empleo del Congreso, el 9 de abril fue aprobada la toma en consideración de la regularización de la ILP en la Cámara Baja con 310 votos a favor. Solo se opuso Vox con sus 33 votos. 

El pasado martes, tras seis años de lucha administrativa, el Gobierno aprobó el decreto, aunque para Espínola “es una victoria agridulce”. “No entraron todas las medidas que queríamos. Han dejado a los apátridas fuera, no se ha tenido en cuenta que la cuestión de los antecedentes penales tiene muchísimas limitaciones para ciertos países”, comenta. Pero se queda con lo bueno: “Va a haber un grupo que va a poder acceder y vamos a luchar para apoyar a todos los que podamos”, cuenta a infoLibre.

El pueblo saharaui conforma más del 90% de las solicitudes de apatridia en España. Estas solicitudes han quedado excluidas del decreto-ley y Compromís ya ha exigido al Gobierno una solución. “Se ha quedado un tema sin resolver en este reglamento y es que hay una carencia y una injusticia con las personas saharauis que no entran en el proceso de regularización”, ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso la diputada Águeda Micó.

El Gobierno aún no ha dado ninguna explicación al respecto, incluso desde la organización de Espínola no se explican quién o por qué se ha decidido dejar fuera a este colectivo tan invisibilizado. Para RegularizaciónYA esta exclusión ha sido “especialmente dolorosa”. Han luchado “durísimo” por ello, pero no han conseguido que se aprobase. Aunque lo más duro, reconoce la portavoz, es “no tener explicaciones”.

Consideran que es contradictorio que, por un lado, “se luche por reconocer a un pueblo como el palestino”, y por otro, “a personas saharauis que han sido españolas durante 50 años, ahora ya no puedan serlo”. Además, no creen que el Gobierno vaya a rectificar esta situación a corto plazo, pero están “dispuestas a apoyar a las compañeras que tienen esta lucha”.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, en declaraciones a la Cadena Ser se refirió a esta anomalía: “Es muy importante establecer que las personas apátridas no están en situación irregular. Este procedimiento es un procedimiento específico para personas en situación de irregularidad [...] tras las recomendaciones del Consejo de Estado, no podemos solapar procedimientos y tenemos que separar la situación de las personas apátridas porque están protegidas por el estatuto de apátrida”. 

La Iglesia católica ha sido uno de los grandes apoyos para la consecución de esta medida social. De hecho, el obispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, celebró “el acuerdo de Estado” y llegó a pedir a los políticos que dejen de utilizar la inmigración como elemento de choque. 

Según Diego Fernández-Maldonado, abogado del equipo de Incidencia Política de Cáritas España, “Cáritas lleva brindando apoyo al proceso desde el principio junto con muchas otras entidades”. Sobre todo, la ONG ha llevado a cabo el papel de mediador entre las distintas formaciones políticas: “nuestra prioridad era lograr un acuerdo unánime o casi unánime entre todas las formaciones políticas porque consideramos que es una medida que beneficia al conjunto de la sociedad civil”. 

Sin embargo, el PP, que dio su visto bueno a la tramitación de la ILP por el Congreso en 2024, ahora, tras la entrada en vigor del decreto, su líder nacional Alberto Núñez Feijóo ha calificado de “disparate” la decisión de regularizar “a granel” a personas que han delinquido y “cuentan con antecedentes policiales”. Fernández-Maldonado cuenta a infoLibre que la ONG ha tenido “numerosas reuniones” con los populares en las que les informaron de las “bondades” de este decreto. 

En las comunidades en las que gobierna el PP, esta regulación puede verse afectada. Los populares ya han presentado hasta nueve alegaciones a la normativa que entró en vigor el pasado 16 de abril y recurrirán en ocho comunidadeseste real decreto que planean llevarlo al Constitucional e incluso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Fernández-Maldonado subraya que desde Cáritas están “tranquilos” porque el decreto es “conforme al derecho”, pero reconoce que “el PP está en su pleno derecho a judicializarlo”.

La histórica empresa postal danesa PostNord distribuyó la última carta el 30 de diciembre de 2025. Así ha desaparecido un servicio público fundado en 1624, uno de los más antiguos que aún existían. Los 1.500 buzones tradicionales han sido retirados de las calles del país y vendidos a particulares a un precio de entre 1.500 y 2.000 coronas danesas (entre 200 y 270 euros aproximadamente).

PostNord acompañó esta decisión con una cuidadosa campaña de comunicación, cuyo punto álgido fue la publicación en las redes sociales de un vídeo nostálgico y desilusionador que proclama: “Sabemos que es necesario para la felicidad y el crecimiento, así que demos la bienvenida al cambio”. El mensaje es claro: las cartas en papel pertenecen al pasado, por lo que deben desaparecer y, por lo tanto, PostNord debe acelerar esta inevitable evolución.

Hay que reconocer que este mensaje ha calado en la sociedad danesa. Al menos en Copenhague, es difícil encontrar personas a las que les preocupe el fin de estos cuatrocientos años de historia. Es cierto que, desde hace unos treinta años, Dinamarca ha optado políticamente por la digitalización. Se ha convertido en el país más digitalizado del mundo después de Singapur. Los ciudadanos disponen de buzones digitales para recibir su correo oficial. Lógicamente, la distribución de cartas ha disminuido enormemente: un 90% en treinta años.

Pero eso solo es una parte de la realidad. Porque detrás de esta decisión hay decisiones políticas y económicas. La historia del servicio postal danés no es simplemente la de un servicio que ha quedado obsoleto por el “progreso”, sino también la historia del desmantelamiento de un servicio público.

Dzevad Ramic, secretario de negociaciones del principal sindicato danés, 3F, sigue indignado. Durante varios años ha seguido el declive del servicio postal y ha intentado, en vano, alertar a los medios de comunicación y a los políticos. Lo que cuenta es una historia diferente a la del vídeo de PostNord. Es la de una estrategia de starve the beast (matar de hambre a la bestia), en la que el Estado danés ha sacrificado su servicio público postal en aras de intereses privados.

Detrás de la bonita historia de la inevitable digitalización de los intercambios personales, el responsable sindical describe al menos cuatro puntos ciegos. El primero es la retirada del Estado, que comenzó en la década de 1990 y se aceleró con la fusión de Post Danmark en 2009 con el servicio postal sueco para fundar PostNord. En ese momento, el servicio postal sueco se convirtió en accionista mayoritario de la empresa e impuso un cambio de identidad: el rojo danés dio paso al azul del vecino oriental. La emoción fue entonces muy fuerte, pero este cambio impuesto rompió profundamente el vínculo entre la población y uno de sus servicios públicos más populares.

Además, como insiste Dzevad Ramic, “el proceso de desmantelamiento se intensifica a nivel del servicio, que se vuelve cada vez menos eficaz”. La desinversión comenzó antes de la fusión de 2009. Los plazos de entrega de las cartas se alargaban, algunas se perdían, se cerraban oficinas de correos, especialmente en las zonas rurales. “Al final, los daneses se convencieron de que el servicio se había deteriorado tanto que no merecía la pena seguir invirtiendo en él”, explica el sindicalista. La estrategia clásica para destruir un servicio público: menos medios, menos empleados, más insatisfacción y el sector privado que, de repente, parece más “eficaz”.

Y ahí está el segundo punto ciego del discurso dominante: la distribución de cartas no se detiene en Dinamarca, sino que, en realidad, se transfiere a una empresa privada, DAO. “En nombre de una supuesta lucha contra un monopolio público, se ha creado un monopolio privado”, explica Dzevad Ramic. DAO forma parte integrante de esta historia. Inicialmente, se trata de la empresa de distribución de periódicos, propiedad de tres grandes grupos de medios de comunicación del país, que se han diversificado en la distribución de cartas y paquetes.

“DAO desempeñó un papel crucial al organizar la competencia de PostNord”, explica el sindicalista, que añade: “A partir de entonces, la atención ya no se centró en la situación del servicio público ni en los medios a su disposición, sino en el deterioro de la calidad del servicio, que hacía competitivo al competidor privado”. Para él, a partir de ese momento, la lucha sindical por nuevas inversiones se hizo aún más inaudible y acabó cerrándose la trampa: el Estado prefería centrarse en lo digital y el consumidor se negaba a pagar más por unos servicios decepcionantes.

Ya lastrados por la imagen “anticuada” de Correos, los empleados tuvieron, además, lógicamente, muchas dificultades para ser atendidos por los medios de comunicación, que se convirtieron de facto en competidores de PostNord. “He tenido casos frecuentes en los que los periodistas escuchaban mis argumentos y luego escribían un artículo destacando la mala calidad del servicio postal”, reconoce Dzevad Ramic. La partida estaba perdida.

Pero, y este es el tercer punto ciego de este anuncio, puede que el servicio postal no se haya vuelto tan obsoleto como se cree. En primer lugar, porque el propio Estado danés ha identificado a cerca de 350.000 personas para las que el uso de la tecnología digital plantea dificultades a veces insuperables: personas con discapacidad, enfermos crónicos y personas mayores o aisladas. En una población total de 6 millones de personas, este grupo no es insignificante.

“Sin embargo, no se ha previsto nada para ellas”, lamenta Ramic, que ve en ello un claro abandono del espíritu del servicio público. “De lo que se trata es de hacer posible que todos puedan vivir en un entorno soportable”, añade. En lugar de poner en práctica la solidaridad nacional mediante el mantenimiento de un servicio público de calidad, “se pide a estas personas vulnerables que paguen y se adapten a la evolución del mercado”. Para Ramic se trata de una cuestión democrática.

La indiferencia con la que los daneses, en particular los urbanos, han acogido la noticia del fin de la distribución del correo es una señal de la erosión de esa capacidad de solidaridad dentro de la sociedad que representan los servicios públicos. Porque, a pesar de su pequeño tamaño, Dinamarca también cuenta con numerosas pequeñas ciudades rurales aisladas, especialmente en la vasta península de Jutlandia.

Allí, el servicio postal era un elemento central para la viabilidad de estas comunidades, junto con algunos comercios. Todo está desapareciendo gradualmente, lo que alimenta un éxodo rural que plantea graves problemas al país al ejercer presión sobre los precios de la vivienda en las grandes ciudades. En Copenhague, donde vive una cuarta parte de la población danesa, el precio de los pisos aumentó una media del 18,1 % en 2025, según el banco Nykredit, mientras que el precio de las casas en el norte de Jutlandia bajó un 0,7 %.

Por supuesto, esta evolución no se explica únicamente por los servicios postales, pero es un elemento de un factor clave: el abandono de los servicios públicos y la viabilidad de estos territorios para una parte de la población. “La mayoría de la gente no ve el problema, porque no utiliza estos servicios, pero ahí radica precisamente el problema: la falta de sentido de comunidad y solidaridad”, concluye el sindicalista.

“El servicio postal es una parte importante de la constitución de la sociedad danesa, de ese sentimiento de comunidad. Estaba presente en el día a día de miles de personas y creaba un vínculo social”, resume.

Ramic señala otro elemento que no se menciona en el relato dominante sobre el fin de la distribución de cartas. Para él, la red postal y su capacidad para distribuir información sobre el terreno es una “infraestructura crítica”, aún más importante hoy en día, insiste, ya que Rusia se ha lanzado a una “guerra híbrida” contra las infraestructuras digitales.

Este elemento de seguridad nacional puede incluso ampliarse. Al pasar a la tecnología totalmente digital, Dinamarca se coloca inevitablemente en una situación de dependencia de los gigantes digitales estadounidenses. Es sin duda una muy mala idea en un momento en el que el reino ha sufrido la presión de Washington sobre Groenlandia y en el que las grandes tecnológicas parecen haberse unido unánimemente a Donald Trump. Al abandonar la capilaridad de su red postal, Dinamarca se vuelve más vulnerable.

El último punto ciego del fin de la distribución del correo en Dinamarca es social. Es cierto que, en términos absolutos, el efecto directo puede parecer limitado. 1.500 de los 6.000 empleados que participan en esta actividad perderán su empleo. Para 400 de ellos, que estaban protegidos por su estatuto de empleados públicos, la indemnización representará tres años y tres meses de salario, con la posibilidad de ser “reincorporados” por la administración si les necesitara durante ese mismo periodo.

“El Estado ha asumido sus responsabilidades con respecto a los funcionarios”, reconoce Dzevad Ramic. Pero a los demás se les aplicará el régimen normal de desempleo. Y esas cifras solo reflejan una parte de la realidad. En primer lugar, porque la empresa postal danesa lleva treinta y cinco años reduciendo su plantilla: en 1995 trabajaban en la distribución del correo 35.000 personas.

Paralelamente, al igual que en el resto de Europa, los puestos de trabajo creados en el sector de la distribución en el que participa PostNord han sido precarios y mal remunerados. En Dinamarca está muy avanzada la uberización y marca la pauta de la rentabilidad y las prácticas sociales en todo el sector.

Al dejar paso al monopolio privado de DAO, el servicio postal danés es sustituido por un actor conocido por sus prácticas sociales poco favorecedoras. “En DAO no ha habido negociaciones salariales desde hace treinta años”, explica Dzevad Ramic. Una especie de carrera a la baja que, evidentemente, ha pesado sobre PostNord y su decisión final, pero que también ha destruido el atractivo de la profesión de cartero en el país y, en definitiva, ha contribuido al deterioro general del servicio.

De hecho, sigue existiendo el mercado de la distribución de cartas, a veces es vital para algunos y, en Estados Unidos, se observa, entre las generaciones más jóvenes, un renovado interés por esta forma de comunicarse.

En realidad, el cese total de la actividad no tiene sentido en sí mismo. Además, conviene recordar que PostNord seguirá distribuyendo el correo en Suecia, país de su accionista mayoritario, y no tiene previsto por el momento dejar de hacerlo.

Dinamarca parece pues un campo de pruebas para una estrategia que permite mejorar la rentabilidad de los operadores históricos, ahora transformados en grupos capitalistas clásicos, al tiempo que deja el mercado de las cartas, con potencial de recuperación, en manos exclusivas de una empresa privada que no puede ser rentable sin ese beneficio.

Y si Dzevad Ramic está convencido de que lo que ha ocurrido en Dinamarca ocurrirá en otros países de Europa, no es por el avance inevitable de la digitalización de los intercambios, sino porque la lógica de la rentabilidad domina las decisiones políticas del Viejo Continente.

Traducción de Miguel López

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos encara el cierre de 2025 en una situación de extrema sensibilidad institucional. El actual presidente de la compañía, Pedro Saura, que aterrizó en el cargo tras su etapa como secretario de Estado de Transportes en el equipo de José Luis Ábalos —un periodo que los últimos informes de la UCO han vuelto a situar en el radar de sus pesquisas sobre la gestión de obra pública—, tiene ante sí la tarea de reflotar una entidad cuya salud financiera es hoy una anomalía en la Unión Europea.

La situación de su matriz, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tampoco invita a la calma. Tras la detención este mes del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, junto a Leire Díez, exresponsable de Relaciones Institucionales de la compañía, Correos se ha convertido en un escaparate que trasciende lo meramente económico. 

El PP ha solicitado al Gobierno una auditoría interna de todos los contratos, adjudicaciones de suministros y operaciones inmobiliarias gestionados durante la etapa de Díez en la entidad. Sin embargo, más allá del ruido político, las cifras de 2024 confirman que el problema de Correos es, ante todo, una crisis de modelo: el gigante español es el último gran operador estatal que no ha logrado transformar su red en un motor de ingresos.

El declive del negocio tradicional de las empresas postales es un fenómeno global que está forzando decisiones históricas. Según los últimos datos de la CNMC, el envío de cartas en España ha sufrido un desplome acumulado del 64% en la última década. Es una agonía que ya ha llevado a otros países a medidas drásticas: en Dinamarca, la operadora PostNord está a punto de repartir su última carta tras 400 años de historia, tras la decisión del Gobierno de abolir el servicio postal universal por su insostenibilidad económica.

En España, la situación se traduce en un déficit que se ha vuelto estructural. Según los balances auditados del ejercicio 2024, Correos registró un resultado neto negativo de 458,5 millones de euros, más de 1,4 millones perdidos al día. Hay un matiz a la cifra: la dirección ha ejecutado un "saneamiento" de balance mediante una provisión extraordinaria de 428 millones de euros destinados al plan de salidas voluntarias de personal. Sin el ajuste, las pérdidas hubieran sido de 138 millones. Este movimiento busca reducir una estructura de costes donde el gasto en personal— con más de 50.000 trabajadores, la mayor plantilla del sector empresarial público — supera los 2.000 millones de euros al año.

Pero es cierto que mientras España fía su futuro a recortes de plantilla e inyecciones de la SEPI, sus vecinos han encontrado la senda de la rentabilidad manteniendo el carácter público del servicio. Al observar los resultados de 2024, la brecha es sangrante.

La clave del éxito en Italia y Francia no ha sido la privatización, sino la diversificación financiera. Poste Italiane batió récords en 2024 no por repartir cartas, sino porque su división de seguros, banca y energía ya aporta el grueso de su rentabilidad. Lo mismo ocurre con La Poste en Francia. Su brazo bancario, La Banque Postale, es hoy el pulmón que permite al grupo público financiar el mantenimiento de su red de oficinas rurales sin que suponga un agujero para el contribuyente.

En el otro extremo se sitúan los países que han apostado por la escala logística global. El Estado alemán, que mantiene un 17,73% en DHL Group a través del banco público KfW, ha visto cómo su antigua operadora de correos se transformaba en una multinacional logística que factura miles de millones en mercados internacionales, dejando el correo doméstico como una división secundaria.

Incluso en modelos de privatización total, como el de CTT en Portugal, la creación de una entidad financiera (Banco CTT) ha sido la llave para presentar un beneficio de 45,5 millones de euros en 2024, cumpliendo a la vez con las obligaciones del servicio postal universal. España, por el contrario, se ha quedado en una "tierra de nadie": una empresa con obligaciones de servicio público masivas pero sin las herramientas de ingresos financieros que sostienen a sus homólogos europeos.

Esta falta de diversificación no es solo una preocupación de despacho; es el núcleo de la estrategia que los representantes de los trabajadores exigen para detener la sangría financiera. Los sindicatos mayoritarios han condicionado la estabilidad de la compañía a un cambio de rumbo que las centrales definen como la implantación de un “modelo de servicio postal público según el modelo francés”.

En este sentido, el acuerdo suscrito por Correos y CCOO a finales de 2024 no solo abordó hitos laborales como la implantación de la jornada de 35 horas, sino que blindó el compromiso de la empresa para asegurar la sostenibilidad económica mediante una diversificación real del negocio. El pacto recoge explícitamente el despliegue de nuevos “servicios económicos” que permitan aprovechar la red de oficinas para compensar el desplome del mercado tradicional, un reclamo que comparte parte de la plantilla.

Pedro Saura ha intentado recoger el guante, y anunció el año pasado su intención de lanzar una banca con "los valores de la Caja Postal", buscando recuperar ese papel de entidad financiera de referencia para la población. Sin embargo, la ambición ha chocado con la realidad regulatoria: debido a la complejidad de obtener una ficha bancaria propia, Correos no podrá crear un banco al uso y tendrá que conformarse con una entidad de pagos digitales.

Esta limitación técnica supone un jarro de agua fría para quienes esperaban una verdadera "Banque Postale" a la española. Aunque la entidad de pagos permitirá gestionar cobros, transferencias y tarjetas, carece de la capacidad de captación de depósitos o concesión de créditos que ha hecho de sus homólogas europeas gigantes rentables.

La campaña electoral extremeña toca a su fin tal como comenzó hace quince días, con la presencia de varios líderes nacionales arropando a sus candidatos y pidiendo el voto entre mensajes críticos al contrario, si bien los últimos días han estado marcados por denuncias de todo tipo.

El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha acusado este viernes a la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, de tratar de "tapar sus escándalos de abuso y acoso" con el "bulo del pucherazo".

Sánchez se ha manifestado de esta manera en el acto del cierre de campaña del PSOE extremeño en Villanueva de la Serena (Badajoz), donde ha defendido el proyecto del secretario general del partido en la región y candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

"Es el PP de siempre, solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y si no, es un pucherazo", ha dicho Sánchez al hilar el caso del conductor y pariente de Guardiola condenado por maltrato, con el robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos (Badajoz).

Ha ironizado con que la popular "no se ha enterado" de ninguno de estos dos casos, pero sí sabía, incluso "antes que la Guardia Civil", de que "un robo de unos delincuentes comunes era todo un pucherazo".

A su juicio, el PP practica la "técnica del espejo": "Criticar al adversario lo que ellos mismos hacen".

Por ello, ha animado a los extremeños a votar por el PSOE -"el único partido que puede hacer frente al PP y Vox"- el próximo domingo en unos comicios que, ha augurado, ganará su formación con unos votos que harán presidente a Gallardo.

Sánchez también ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por decir que España "va hacia la deriva autoritaria" y al de Andalucía, Juanma Moreno, por asegurar -ha sostenido- que las mujeres "poco menos que se le abalanzan" desde que está al frente del Gobierno andaluz.

"Pero qué paciencia hay que tener con esta derecha", ha manifestado.

Sánchez ha defendido el proyecto de Miguel Ángel Gallardo para los extremeños, uno que cree oportunidades para los jóvenes y blinde los derechos de toda la ciudadanía, así como que proteja los servicios públicos frente "a los recortes" del PP.

Gallardo, ha dicho, "es lo que necesita Extremadura": "Un alcalde con las puertas abiertas de su despacho recibiendo a los extremeños y extremeñas, sacando adelante a esta tierra".

En esa línea, ha criticado a Guardiola porque, aunque habla "mucho de democracia", no acude a los debates electorales, "como Feijóo", pero después "bien que extiende bulos y se abraza a la ultraderecha".

Asimismo, ha lamentado una campaña de PP y Vox llena de "bulos y zancadillas" contra Gallardo y ha insistido en reclamar el voto para el PSOE porque cree que el socialista será "un gran presidente" para Extremadura, como lo fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Guillermo Fernández Vara.

Ha señalado que "habrá muchas papeletas" de partidos posibles que introducir en las urnas pero "solamente hay dos con opciones de Gobierno": la del "retroceso" de PP y Vox, y la del PSOE, "el avance". "Eso es lo que nos jugamos".

Sánchez se ha referido también a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, de esta semana en Plasencia, en el mismo lugar en el que fue homenajeado el cantante de Extremoduro, Robe Iniesta, y donde dijo que había que "desinfectar" el auditorio.

Ha resaltado que durante la campaña extremeña se han oído cosas que les "han herido un poco en el corazón", como este comentario, que ha tildado de "insulto" para la familia del cantante y para el mundo de la cultura.

Por eso, le ha recomendado para este fin de semana leer un libro de la escritora y poetisa Dulce Chacón (1954-2003) y escuchar una canción de Extremoduro.

"Le digo -a Abascal- que Extremadura es cultura y que la cultura le va a vencer a él y a su intolerancia reaccionaria el próximo 21 de diciembre votando al PSOE", ha zanjado.

En cuanto al líder de Vox, Santiago Abascal, ha vaticinado un "gran resultado" para su formación este domingo en Extremadura, para lo que ha pedido el voto a una "alternativa patriótica" y echar "el resto" a sus simpatizantes con el fin de convencer a más, pues "cada voto cuenta".

"Podéis hablar con vuestros familiares: habrá algún pepero engañado con el voto útil o algún rojo decente al que no le guste que le roben, con principios y convicciones que probablemente no sean como las nuestras, pero que podemos respetar", ha relatado en el acto de cierre de campaña de Vox, celebrado en Badajoz.

En este sentido ha pedido también convencer a "gente de izquierdas decente" que "no soporta la corrupción, la traición al campo, las políticas de género, ni ser condenado a la inmigración masiva e ilegal".

Tras recordar sus distintos actos de partido por "hasta el último rincón de Extremadura" estas últimas semanas, ha cargado contra la "estafa" y la "corrupción" del bipartidismo, que "discute aquí, pero pactan lo mismo" en Europa.

"Guardiola dice que voy a salir corriendo el día 22 de Extremadura: miente, voy a salir corriendo el día 19, esta misma tarde, para ver a mi familia", ha expresado Abascal, a la vez que ha dicho que "igual" le llama el 22 "para que vuelva corriendo".

"Pero no me tiene que llamar a mí, sino a Óscar Fernández, y él sabe lo que tiene que hacer", ha agregado sobre, en su opinión, el único candidato que representa un cambio en Extremadura, una región "abandonada y traicionada" por el bipartidismo.

Asimismo, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Oscar Fernández Calle, ha afirmado que, si bien “la campaña electoral toca hoy a su fin", será pasado mañana -día de votación- cuando "empiece todo", primero en Extremadura para posteriormente en la Moncloa. 

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha dicho que “ni un voto de izquierdas se puede quedar en casa” en las elecciones autonómicas de este domingo, pues su formación ha demostrado que hay “un proyecto ilusionante y de futuro” para la comunidad autónoma.

Durante el cierre de campaña de Unidas por Extremadura, celebrado en la sede del Círculo Pacense, en Badajoz, De Miguel ha aseverado que “mucha gente socialista se dirige” a su formación para expresarle que les van a votar, pues “no pueden ir a votar con una pinza en la nariz”.

Por este motivo, Irene de Miguel se ha querido dirigir a esa ciudadanía para expresarles que “hay una alternativa coherente, real, sólida y trabajadora, la cual luchará por esta tierra, por los servicios públicos y por la igualdad de oportunidades”.

La candidata de Unidas de Extremadura ha pedido a esa ciudadanía que “se den el gustazo de votar por una formación feminista sin complejos y que defiende la soberanía de este territorio, la igualdad de oportunidades, y que Extremadura es una tierra autónoma”.

Irene de Miguel ha afirmado a su vez que la candidata popular, María Guardiola, “no dio la cara” en el debate de RTVE de este jueves, “pues no quiere que se le diga que mientras estaba el otro día en un mitin sentada al lado del alcalde de Navalmoral de la Mata (Enrique Hueso), acusado de acoso machista, expresaba que a ella nadie le va a dar lecciones de feminismo”.

Para Irene de Miguel, la líder popular “debe estar pasando mucha vergüenza por su gestión, por los acosos machistas que ha escondido y porque perderá las elecciones”.

En un momento en el que “el país y la izquierda entera” miran a Extremadura, y donde se pensaba que “solo las derechas podían ganar”, la formación ha demostrado que posee “un proyecto ilusionante, que da esperanza y futuro", y que “será la punta de lanza que levante la izquierda en este país”, ha afirmado.

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, ha reiterado este viernes que la democracia está "en peligro" cuando se roban votos por correo, ha lamentado que el resto de partidos políticos no salieran este jueves a denunciar lo ocurrido en Fuente de Cantos (Badajoz), y ha considerado que si no lo hubiera hecho el PP "igual no lo sabemos", según recoge EFE.

Guardiola ha hecho estas declaraciones después de que un robo en la oficina de Correos de este municipio pacense -de donde los ladrones se llevaron 14.000 euros y 124 votos por correo- sacudiera este jueves la fase final de la campaña electoral, con el PP y Vox expresando sospechas sobre un supuesto fraude electoral ante un suceso que la Guardia Civil vinculó con la delincuencia común. 

En declaraciones a los medios en Talayuela (Cáceres), donde ha iniciado la última jornada de la campaña electoral, la candidata de los populares ha afirmado que lo que hizo la víspera fue denunciar "un hecho objetivo", que fue un robo que afectaba a personas que no tenían por qué haber votado exclusivamente al PP.

Por ello, ha subrayado que le sorprende que el resto de partidos no lo denunciara ya que, a su juicio, "deberíamos haber salido todos diciendo esto", los políticos y los ciudadanos. Si el PP no lo hubiera hecho, "igual no lo sabemos", ha advertido.

A preguntas de los medios sobre si puede haber sido imprudente afirmar que se pone en peligro la democracia sin haber esperado a las conclusiones de la Guardia Civil, ha respondido que "da igual cuáles sean" estas.

"Yo no sé cuál es el objetivo de un ladrón, lo que sé es que hay alguien que está robando en la oficina de Correos a tres días de unas elecciones el derecho a votar de extremeños", ha incidido la candidata del PP, quien ha confesado que le "sorprende" que le hayan atacado por esto.

Tras señalar que no cree que este suceso puede afectar al resultado de los comicios, ha expresado que en este final de campaña se está viendo "mucho nerviosismo" y "pocos valores, poca ética y juego muy sucio", algo en lo que no va a entrar porque lo que quiere es "seguir construyendo un proyecto de futuro para Extremadura".

De cara al domingo, ha resaltado que aspira a obtener la confianza mayoritaria de los extremeños, "de gente que ha visto que hacemos las cosas sin pensar en quién nos ha votado a nosotros".

Ha indicado que no son un gobierno "de chinchetas", sino que piensa en la prosperidad, el progreso y el bienestar de los extremeños.

El próximo domingo, ha añadido, los extremeños votarán si quieren seguir avanzando o volver al bloqueo, si quieren seguir creciendo y progresar "o volver a las políticas caducas que nos han dejado siempre a la cola de absolutamente todos los ránquines", ha concluido.

El ejecutivo de Sánchez forever envejece paulatinamente y no le queda otra que morir. En enero o febrero del 26. Por especular un poco y porque me gusta tirar triples entren o no entren. Lo obvio es que la maquinaria de las derechas y su poder mediático no deja de socavar el escudo social que esta legislatura, con sus luces y sus sombras, abocetaba en junio de 2018. Siete años y medio después de llegar a la Moncloa, Sánchez forever y su núcleo duro tienen multitud de dificultades para responder a la pregunta que transita la política española: ¿esto aguanta? El triple está lanzado, ahora falta que entre.

Los casos de acoso sexual en el PSOE son una explosión simultanea que está destrozando la imagen del partido, un auténtico me too, a la par que los nuevos escándalos de corrupción con varias detenciones y la entrada de la UCO en la sede de Correos y en direcciones generales dependientes del Ministerio de Hacienda y del de Transición Ecológica para pedir información, han terminado de ahostiar al Gobierno, llevándolo a un KO técnico, incapaz de levantarlo de la lona y recuperar su agenda de gestión.

Los Greatests Hits o grandes éxitos del ejecutivo palidecen y van camino de la UCI. Sánchez intentará mandar mensajes tranquilizadores a la ciudadanía este lunes, con una comparecencia jodidamente delicada ante los medios en la Moncloa, según diversas fuentes, las mismas que admiten que es imposible introducir ningún elemento positivo en este ambiente tóxico o lo que viene siendo: el fin de ciclo asoma tras el resquicio de la puerta.

Que Dios reparta suerte.

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Pako Martí es socio de infoLibre.

¿Una ordenanza municipal para salvar un buzón? El método parece poco ortodoxo. Pero es el único que ha encontrado el alcalde del pueblo de Farges-lès-Chalon (Saône-et-Loire) en la primavera de 2025. El 15 de abril, La Poste (Correos) le informó por carta de la retirada, prevista un mes más tarde, del buzón instalado en una aldea de este municipio de 820 habitantes. “Me quedé de piedra”, cuenta el edil, Sylvain Dumas. Esa “decisión unilateral” obligaría a los habitantes de la aldea, algunos de ellos de edad avanzada, a recorrer el kilómetro y medio que les separa del pueblo para enviar una carta.

Para protestar, el alcalde organizó una concentración frente al buzón amarillo amenazado y firmó un decreto prohibiendo “a cualquier persona física o jurídica, incluida La Poste” eliminar el buzón “situado en la calle de la Maladière, en el término municipal, sin la autorización expresa del municipio”. La legalidad del decreto no está clara. Pero, por ahora, el buzón se ha salvado. Lo que no ocurre en otros lugares.

En toda Francia, La Poste está retirando los buzones amarillos. Los medios de comunicación locales llevan varios meses informando sobre la indignación de los habitantes y los representantes políticos afectados. Ver desaparecer este pequeño servicio público del paisaje es especialmente difícil de aceptar en las zonas rurales, desde Launac (Haute-Garonne) hasta La Flèche (Maine-et-Loire), pasando por Warluis (Oise) o Moriat (Puy-de-Dôme).

“Ya se trate de un objeto como un buzón o de un ser humano como un empleado de ventanilla cuando se cierra una oficina de correos, la gente ve cómo va desapareciendo el servicio público. Ahora bien, el voto populista se alimenta, entre otras cosas, del sentimiento de abandono”, subraya Nicolas Galépides, responsable federal del sindicato Sud PTT.

La dirección de la empresa pública se resiste a reconocer la existencia de un “plan” de supresión de buzones. Pero eso es lo que revelan las cifras publicadas por Mediapart. De una red de unos 121.000 buzones a principios de año, La Poste había eliminado 6.307 a principios de octubre, es decir, unos 25 al día, incluidos sábados y domingos.

Este inventario se basa en datos públicos y archivos procedentes de la propia Poste (ver caja negra). Solo en los nueve primeros meses de 2025,  ha desaparecido el 5,2% del parque de buzones, hasta quedar en menos de 115.000. En 17 departamentos, el descenso es incluso superior al 10%, según los cálculos de Mediapart.

*Entre enero y octubre de 2025, Vendée, Saône-et-Loire y Loire-Atlantique son las regiones que, en proporción, han perdido más buzones en la vía pública. Solo Lozère y Alpes-de-Haute-Provence han ganado algunos.

En comparación con años anteriores, la aceleración es evidente. El ritmo de reducción es entre tres y cinco veces mayor. La empresa de capital público había retirado alrededor de 1.430 (−1,2%) en 2024 y cerca de 1.900 en 2023 (−1,5%). Ahora, la hemorragia es imparable.

Si no fuera por las reacciones airadas que a veces se han mediatizado, La Poste tendría vía libre para esos recortes. Si bien tiene la obligación de mantener 17.000 “puntos de contacto” (oficinas de correos o ventanillas en comercios o ayuntamientos) en el territorio, no existe ninguna disposición legislativa o reglamentaria para los buzones.

Es cierto que La Poste se enfrenta a un vertiginoso colapso del volumen de correo. Mientras que en 2008 aún repartía 18.000 millones de cartas, la cifra anual ha caído hoy a 6.000 millones, tres veces menos. “Las previsiones indican que en 2030 serán 3.000 millones”, añade una portavoz.

La situación financiera se resiente. Como señaló el Tribunal de Cuentas a principios de año, las misiones de servicio público encomendadas a La Poste, entre las que figuran el servicio postal universal y la ordenación del territorio, registran un importante déficit (− 834 millones de euros en 2024), a pesar de los mil millones de euros de compensación pagados por el Estado.

Para justificar las eliminaciones, La Poste argumenta que “muchos buzones ya no recogen correo o reciben menos de una carta a la semana”. La empresa también alega un retraso en la adaptación de la red a las necesidades: “El paisaje urbano ha evolucionado y algunos buzones presentan un acceso peligroso para los clientes o el cartero”.

“Cuando el buzón se encuentra en una aldea, no puede ser una tabla Excel la que decida su eliminación. ¡Aunque solo se utilice para tres cartas a la semana!”, dice indignado Sylvain Dumas, alcalde de Farges-lès-Chalon. Lo mismo ocurre en Vienne, con la CGT de La Poste: el sindicato ha apoyado a un colectivo de habitantes del pueblo de Persac que ha “secuestrado” un buzón amarillo, justo antes de su retirada anunciada por la empresa.

“En nuestras zonas rurales, los habitantes que se quedan son los que más necesitan el servicio público postal. Sobre todo las personas mayores que todavía pagan sus facturas enviando un cheque”, subraya Fabien Lecomte, responsable departamental del sindicato postal.

Según él, los buzones alejados son precisamente los primeros que La Poste quiere eliminar. No se trata tanto de ganar el minuto y medio que tarda de media el cartero en recoger el contenido, sino de los diez o quince minutos de desvío: “Desde la desaparición del sello rojo y del correo prioritario, el cartero ya no pasa necesariamente todos los días por cada domicilio. En cambio, la recogida diaria del buzón amarillo sigue siendo obligatoria. En las aldeas, su supresión le permitirá dejar de acudir a diario”. La Poste indica a Mediapart que quiere “mantener una red lo suficientemente densa como para cubrir el territorio”, y añade “incluso en las zonas rurales”.

Pero la exasperación también se alimenta de las condiciones que rodean las decisiones de supresión. Según La Poste, toda decisión de retirada “se toma en concertación con los alcaldes”. Las informaciones sobre el terreno indican que eso dista mucho de ser siempre el caso. “Aunque no sea general, algunos alcaldes siguen encontrándose ante un hecho consumado”, estima Xavier Cadoret, alcalde de Saint-Gérand-le-Puy (Allier), que forma parte del Observatorio Nacional de la Presencia Postal. “Es indispensable un diálogo previo basado en estadísticas objetivas sobre el uso de los buzones amarillos afectados”, añade.

La desaparición de los buzones no se produce al mismo ritmo en todas partes. Según nuestros cálculos, el departamento más afectado es Vendée, con un 25,6 % de buzones amarillos eliminados desde principios de año, es decir, uno de cada cuatro. Saône-et-Loire ocupa el segundo lugar, con casi uno de cada cinco (− 18,7 %) .

La región de Pays de la Loire se ve especialmente afectada, con otros tres de sus departamentos entre los 10 primeros: Loire-Atlantique, Maine-et-Loire y Sarthe. Muchos departamentos muy rurales también figuran en los primeros puestos de la clasificación: Cantal (5º), Dordogne (8º) o Corrèze (10º).

Sin embargo, no es una regla general: Córcega, Alpes-de-Haute-Provence y Lozère, con una población similar, se han librado de esta gran limpieza, al menos por ahora. Estos dos últimos departamentos incluso han ganado unos cuantos buzones desde principios de año.

La Poste no ha querido comentar esas cifras departamentales. Afirma que no ha fijado un número deseable de buzones: considera que basta con retirar “progresivamente” los buzones “inutilizados”. Pero la limpieza está lejos de haber terminado. Un documento presentado al consejo de administración en junio de 2024, consultado por Mediapart, enumeraba las pistas para “optimizar las misiones de servicio público”.

En esa lista, se mencionaba la “reducción progresiva” del número de buzones en las calles, “de 120.000 a 90.000”. Si esta cifra es realmente un objetivo, La Poste podría retirar casi cinco veces más buzones amarillos que los eliminados desde principios de 2025. 

Traducción de Miguel López

Las principales compañías de correos europeas han suspendido temporalmente los envíos de mercancías a Estados Unidos debido al fin de la exención que estaba establecida para los paquetes de valor inferior a 800 dólares, según recoge EFE.

Este lunes entró en vigor la suspensión anunciada el pasado viernes por Correos de España, la empresa pública de servicio postal, que, a partir de hoy, solo gestionará el envío de cartas y documentos sin valor comercial, libros, así como regalos entre particulares con un valor igual o inferior a 100 dólares (unos 85 euros al cambio actual).

A esta decisión se sumaron otras compañías europeas de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia o Estonia.

A principios de abril el presidente de EE UU, Donald Trump, decidió aplicar un cargo a los paquetes que entraran en el país, que debía entrar en vigor el 2 de mayo.

Sin embargo, nunca llegó a aplicarse debido a la indefinición de la medida y su aplicación quedó en suspenso hasta el pasado 15 de agosto, cuando las autoridades estadounidenses compartieron los requisitos detallados necesarios para la implementación de su orden ejecutiva.

Según se estipuló entonces, la moratoria para esta clase de envíos desaparecerá el próximo viernes 29 de agosto, fecha a partir de la cual los derechos de aduana deberán pagarse antes de hacer el envío.

El Reino Unido, que no forma parte de la Unión Europea, ha sido el último país en aplicar la suspensión y su servicio postal -el Royal Mail- cancelará los envíos a EEUU a partir de mañana martes.

Sin embargo, el An Post de la República de Irlanda confirmó hoy en un comunicado que mantendrá los envíos porque un cambio ahora podría causar "confusión, retrasos e inconvenientes" tanto para los clientes que envían como para los que reciben paquetes.

La mayoría de países europeos decidieron suspender los servicios de paquetería. Es el caso de Poste Italiane, la mayor compañía de Italia, que desde el pasado 23 de agosto no presta el servicio por "la ausencia de instrucciones diferentes de las autoridades estadounidenses o de excepciones a los plazos mencionados", según afirmaron en un comunicado.

Esta misma medida fue adoptada por la empresa pública de correos de Francia, La Poste, y entró en vigor este lunes por "los plazos extremamente cortos" para prepararse para los "nuevos procedimientos aduaneros" aprobados por EE UU, que incluyen una tasa de un 15% para los envíos procedentes de la Unión Europea.

Posten Bring, el servicio noruego, también suspendió los envíos de paquetes a EE.UU., igual que los otros países nórdicos y alegaron que la situación actual "crea inseguridad sobre las posibilidades de transporte, devolución y responsabilidad".

Esa misma incertidumbre es la que denunciaron Posti, de Finlandia, y Lietuvos Pastas, de Lituania, que también suspendieron los envíos. La empresa postal de Dinamarca y Suecia Post Nord dejaron la semana pasada en suspenso los envíos y en Alemania y Austria han actuado en el mismo sentido DHL y Österreichische Post, respectivamente.

En España, Correos ha asegurado que la medida "se mantendrá durante el tiempo estrictamente imprescindible para adoptar las medidas operativas necesarias que permitan atender las nuevas obligaciones de la orden ejecutiva de Estados Unidos".

Los grandes perjudicados de la decisión de Trump son los gigantes chinos del comercio electrónico, como Temu o Shein, que según datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense, procesaron en 2024 más de 1.300 millones de envíos 'de minimis' hacia EEUU. Esta cifra refleja un crecimiento vertiginoso, ya que apenas una década antes, en 2015, habían procesado 139 millones.

Ante la noticia, automáticamente su Partido Democrático Franquista (PDF) en P(ermanente) P(aradoja) ha salido con la excusa burda de que "ese Sr. del que usted me habla nada tiene que ver con el PDF actual" aunque existe un Montoro & Feijóo (un pasado & presente) que nos habla de lo que nos deparará el futuro con Feijóo y sus VOXceros gobernando.

Otro caso de alzheimer tan peculiar de los franquistas que mantienen viva la memoria de las elecciones de 1931, 1933 y 1936 como el "mal" que dio pie a la justificada (por ellos) guerra civil, mientras se olvidan de la historia actual que responde a sus anteriores gobiernos. Se llegará, incluso, a realizar un acto de desmemoria si saliera a la luz este caso del, por entonces, mayor fraude institucional de la historia de nuestra democracia que afectó a millones de ciudadanos anónimos que fueron embargados cuando el Sr. Montoro era Ministro de Hacienda junto a su colaborador necesario, el Sr. Feijóo como presidente de Correos.

No sabemos muy bien cómo responderá el PDF al intentar justificar este asunto. Aunque ya nos tienen acostumbrados a argumentaciones torticeras, burdas e imposibles, seguro que nos sorprenderán con una versión 2.0 de que su Presidente actual nada tiene que ver con aquel presidente de Correos "desconocido" con el mismo nombre y los mismos apellidos. Puede que discurran con algo así como "ocurrió en el pasado y nuestro presidente ha cambiado" al mismo tiempo que romantizan el golpe de Estado con "a la larga la dictadura fue mejor que la II República" como aseguraba la Sra. Aguirre (Sra. del pasado).

Corría el año 2000, el Sr. Montoro era ministro de Hacienda cuando se firmó un acuerdo entre la Agencia Tributaria (AEAT) y la sociedad estatal Correos de Don Alberto Núñez Feijóo donde se ordenaba a todos los empleados públicos de Correos a declarar como desconocidos a los titulares de las notificaciones de la AEAT que fuesen motivo de devolución (como forma "genérica" de devolución –decía por escrito el subdirector de Distribución–).

La palabra “desconocido” descrita por el que se le supone presunción de veracidad (el empleado postal) facilitaba y facilita poder saltarse la jurisprudencia y considerar al usuario de la AEAT como posible embargado después de su publicación edictal.

En concreto: el Sr. Montoro y el Sr. Feijóo aunaron esfuerzos y poder para saltarse las sentencias sobre la manera de notificar. Así, de forma "legal" (con desconocidos), poder embargar al ciudadano con total facilidad, hasta el extremo que se ordenaba declarar como desconocidos a usuarios fehacientemente conocidos.

Al Sr. Feijóo le gustó tanto el acuerdo, que esas órdenes de servicio incluían a todas las Notificaciones Administrativas y, por entonces, Judiciales, no sólo las de la AEAT.

Si algunos piensan que exagero, tengo en mi poder la orden emitida por ese Subdirector donde me "invita" a declarar como desconocido a un usuario con nombre, apellidos y dirección conocidos, después de reconocer, en su escrito, el origen de esa forma de proceder (acuerdo entre la AEAT y Correos).

Si algunos siguen pensando que exagero, tengo en mi poder la resolución donde me sancionan de empleo y sueldo por negarme a falsificar esa notificación. Si aun así alguno cree que mantengo la hipérbole, en esa misma resolución sancionadora, la Directora de RR.HH. de Correos me suspende de empleo y sueldo a sabiendas de que mi negativa de falsificar la realicé en mi domicilio particular por estar, ya, de baja psicológica. En ese documento se indica: "parece mentira que usted alegue estar de baja(...) cuando lo único que tenía que hacer es poner una cruz en desconocido(...)".

Si, a pesar de todo, aún existen dudas de que esta historia sea un bulo no tienen más que acudir a Google, que mantiene la noticia en toda su dimensión buscando:

"Un acuerdo del año 2000 diariocrítico ". 

Por entonces el director del diario, Don Fernando Jáuregui, se quejaba en TV de que había sido embargado por una sanción de Tráfico que nunca se le notificó.

Para finalizar, si alguno cree que esta historia responde al pasado y que ahora ese acuerdo ya no se practica está equivocado. En la actualidad, con una simple visita a la web de Correos se podrá comprobar, por alguien entendido en este asunto (un periodista o abogado serio –por ejemplo–) que parte de ese acuerdo está aún en vigor, precisamente la parte donde el usuario con nombre, apellidos y dirección conocidos se le devuelve y no se le hace entrega de la notificación administrativa.

Sres. del PDF, ¿el Sr. Feijóo es pasado ya como el Sr. Montoro?

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Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.

Permíteme acudir con esta epistolar (como aquellas de antaño que tanto nos ocupaban antes de desaparecer por completo) para expresarte mi emoción al saber nuevamente de ti. 

Antes quisiera incidir en aquellos días en los que portábamos esos comunicados manuscritos como forma exclusiva de intercambiar noticias. Recuerdo cómo nuestra profesión tenía razón de ser; tenía motivos para saltar de la cama día a día; tenía sentido porque, además de cumplir con nuestro cometido, nos extralimitábamos hacia un modelo de prestación de servicio inexistente en otros territorios del Estado. Solíamos, por tanto, portear este tipo de correspondencia epistolar y nos comprometíamos también, algunas veces, con nuestros usuarios a prestar asistencia social. Éramos carteros rurales asistenciales y –además de responder a las peticiones de explicar el contenido de las misivas complejas que exigían el cumplimiento de alguna normativa (como hacíamos con las notificaciones administrativas)– asistíamos a aquellos ancianos aislados por el territorio de casas diseminadas con algún que otro recado de primera necesidad.

Por entonces pagábamos pensiones y portábamos aquellas cartas de los familiares emigrantes (como las de la octava isla) o las de amor del novio en la mili, que tanto nos alegraba el día al ver cómo se ruborizaban las jóvenes que siempre estaban al acecho, pendientes del cartero. Éramos empleados bien considerados y manteníamos ese cordón umbilical entre la población, de ahí que por Casillas del Ángel se nos pusiera una calle a los carteros rurales.

Visitar Fuerteventura después de once años ausente tuvo más implicaciones emocionales de las que me podía imaginar. Al pasar por La Asomada de forma inconsciente el coche me llevó a aquel entorno que tanto cuidabas: la casa de tus padres. No te puedes imaginar lo que significó ver, de forma accidental, tu nombre en la calle que circundaba tu territorio. Y cómo en aquellos días, alguien estaba cuidándolo como lo hacías tú.

El niño Saulo, aquel que jugaba con la Ninfa alada que siempre estaba posada en su hombro, era ya un hombre. Sin embargo lo reconocí automáticamente, estabas en él. Andaba alrededor de un muro de piedra ripeada (rellenada, los huecos, con pedacitos del mismo material). La sorpresa fue ver cómo él me reconoció después de 30 años. Un amigo de mi padre, le dijo al pedrero, y me abrió los brazos. A continuación me anunció a tu esposa, que estaba en el interior de la vivienda. He de decirte que Estebana está fuerte aún. No hace más de seis años que dejó el hospital y se jubiló.

Nos sentamos junto a la destiladera, con la piedra impregnada de culantrillo que agrega sabor al agua antes de filtrarse hasta el bernegal. Y cómo se aprovechaba para el gatito la última gota de agua que rebosaba hasta el plato del fondo. No pude resistirme a tomar un vasito de agua. Te trajimos del pasado y nos recreamos en tu recuerdo. Cuando ya me iba me señalaron la vivienda de tu hijo mayor, Juan Francisco. Tu nieta, adolescente ya, se mostró de forma amable al avisarme de que tu hijo venía de camino, una joven muy despierta. Seguro que te gustará saber que tienes, entre tus descendientes, una capaz de culminar el año con ocho sobresalientes y dos notables. Ya me imagino tu cara. 

Al igual que el bardino de la casa yo también identifiqué, por el ruido, tu viejo cochito completamente restaurado desde lejos. Fue espectacular reencontrarme contigo otra vez al verte reflejado en Juan Francisco, en tu hijo mayor. Fue asombroso ver cómo me trató de forma tan considerada al ofrecerme la tropical y el queso majorero (tan distinguido internacionalmente) artesanal, de esos a los que no tenemos acceso los que no vivimos en la isla. Nos recreamos en tu nombre como devotos de tu nobleza. Está claro que esa era tu característica: la nobleza del majorero fiel a sí mismo.

Se dio cuenta de que no había visto la placa homenaje "Parranda amigos de Barrera" frente al nombre de tu calle y me hizo partícipe de aquellas folías grabadas tan descriptivas de lo que significabas para ellos. Reza así:

"Muchas parrandas echamos

en La Asomá y en la Vega

con un amigo que se fue al cielo

conocido por Barrera.

Siempre, amigo, te recuerdo.

Qué suave suena la brisa

y qué brillante está el cielo

te fuiste con la sonrisa,

adiós, mi fiel compañero,

yo te rezaré, sin prisas.

Barrera, hoy te cantamos,

pa'nosotros no te has ido

las personas como tú

nunca están en el olvido.

Con amor te recordamos.

Tus amigos te acompañan

hoy el pueblo está contigo,

y una calle con tu nombre

ya nos sirve de testigo."

Espero que forme parte ya del cancionero popular con aquella de un depredador desconocido que entraba en las Gallenías y mataba todo lo que pillaba. Finalmente descubrieron se trataba de un gran gato. Al cuento le pusieron letra y daba cuenta de él, con esa voz única, Don Manuel Navarro.

Pues sí, querido amigo, allá donde estés recuerda que no estás ausente y, tal como anunció Mario Benedetti en su poema, estás presente:

"Si mañana no despertara,

sólo cree que me he dormido.

Piensa en la paz de mi sueño.

Te sueño y no me he ido.

También escucha mi música,

lee mis libros,

usa mi ropa,

toma mi copa,

bebe mi vino.

No me recuerdes ausente,

no me busques en el olvido.

Búscame dentro tuyo,

porque ahí estaré contigo." 

Siempre tuyo,

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Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.

La operativa del Voto por correo en Correos es la siguiente:

1- Se solicita el voto por correo en la ventanilla en sobre abierto.

2- El empleado postal comprueba los datos de la solicitud con el DNI del ciudadano que está presente en ventanilla.

3- Una vez comprobada la identidad, el empleado sella la solicitud con el sello específico de fechas de la ventanilla. La introduce en el sobre dirigido a la Junta electoral del censo correspondiente. Lo cierra y lo registra en el sistema informático.

4- La junta electoral, una vez comprobado que la solicitud es válida (con el sello de la ventanilla de Correos), y que el solicitante coincide con el censo, confecciona e imprime la certificación electoral y comunica a la Mesa correspondiente que ese ciudadano ha solicitado el voto por correo.

5- Esa certificación electoral va dentro del sobre colector final que lleva impreso un código de barras y la dirección del colegio y mesa electoral correspondiente (ese sobre será utilizado por el titular del derecho para votar en ventanilla). 

La Junta electoral introduce en un sobre grande que envía al votante:

a) el sobre mediano anterior que contiene la certificación electoral. 

b) el sobre pequeño del voto que se deposita en la urna.

c) el total de papeletas de los distintos grupos políticos. 

6- El cartero lo entrega todo en el domicilio indicado como envío certificado (bajo firma) requiriendo el DNI. Sólo puede firmar el titular. Si está ausente, con el aviso de llegada, sólo el titular podrá retirarlo en la ventanilla de la oficina de Correos cercana previa identificación.

7- El votante mete la papeleta elegida en el sobre pequeño (que irá finalmente en la urna) y lo introduce en el sobre mediano colector donde está la certificación de la Junta electoral. Cierra el sobre.

8- El votante se presenta en Correos. El empleado pasa el código de barras del sobre mediano colector cerrado y en pantalla le sale el nombre del titular que debe coincidir con la persona que lo entrega en ventanilla. (*)

9- El empleado envía el sobre colector a la oficina postal con la dirección impresa del colegio y mesa electoral.

10- Los repartidores entregan el conjunto de sobres a las mesas bajo firma del presidente.

Todos los pasos anteriores, los sobres, van de mano en mano bajo firma, entre sí, de los distintos empleados que los trasladan. No se mezclan con resto de correspondencia y en las oficinas se depositan en la cajas fuertes.

Incluso en estos tiempos confusos y en los peores en la historia de Correos, cuando Feijóo fue presidente, los empleados cumplimos fielmente con las normativas que ordenaban el tratamiento de los votos por correo.

Por tanto, si usted, como titular del derecho, necesita del servicio de Correos para ejercer su derecho al voto, recuerde: para el empleado postal sus distintos sobres, los tres, son sagrados, hasta el extremo que son capaces de triplicar las horas de trabajo para entregar todos los sobres, como ocurrió en julio de 2023 en plenas vacaciones, que muchos de los empleados tuvieron que desprogramar para estar a la altura y atender, como siempre, la demanda que la sociedad les requiere a pesar de la presión que Núñez Feijóo y sus acólitos ejercieron en aquella época y en ésta poniendo en duda la profesionalidad de los empleados de Correos.

(*) Había una fisura en el sistema que en la normativa no se dejaba claro, con respecto a la persona que entregaba finalmente el voto en ventanilla (indicado en el punto 8) si tenía o no que ser el propio titular del derecho y si había o no que identificarse. De ahí que precisamente en 2023 se publicara la Instrucción 5/2023, de 8 de junio, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretación del artículo 73.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en lo que se refiere a la exigencia de la identificación personal del elector en la entrega de la documentación del voto por correspondencia en las oficinas de Correos.

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Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) de la modificación legislativa de la Comunidad de Madrid para no declarar la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, como lugar de memoria democrática. Así lo ha asegurado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior, donde ha explicado que esta medida se ha adoptado ante la negativa de la Comunidad de Madrid a dialogar con el Ministerio de Política Territorial "para resolver las discrepancias" sobre este asunto.

El Gobierno y la Comunidad de Madrid mantienen un enconado enfrentamiento sobre este particular, toda vez que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entiende que el objetivo del Ejecutivo es reducir la historia de la Real Casa de Correos "a un pasado tenebroso", con el "fin espurio" de "dinamitar la Transición".

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicado que el Gobierno incoó en octubre del año pasado el expediente para declarar lugar de memoria la Dirección General de Seguridad "franquista" Casa de Correos, por considerar que fue "un centro de represión, de torturas e incluso de muerte" durante la dictadura.

La Comunidad de Madrid respondió a este expediente, según ha recordado, con un requerimiento que fue analizado por el Consejo de Ministros, que entendió que no procedía, y a la vez el Gobierno de Ayuso hizo una modificación legislativa para añadir tres artículos a una ley de diciembre del año 2024.

El Consejo de Ministros ha decidido elevar al TC un recurso porque entienden que esos tres artículos que se añaden "están fuera de la Constitución" al señalar que los lugares de memoria que sean de la Comunidad de Madrid se tienen que acordar con el Gobierno regional.

También sostienen esos artículos que "no se puede colocar una placa si no es autorizado por el propietario del inmueble" que, en este caso, es la Comunidad de Madrid, así como que los actos de memoria "tienen que hacerse en consenso" con el Ejecutivo autonómico.

Al respecto, Torres ha afirmado que la Ley de Memoria Democrática es "contundente y clara", al indicar que "se puede declarar lugares de memoria independientemente de quién es el propietario de ese inmueble". Ha recordado también que hay jurisprudencia del propio TC que dice que las leyes autonómicas no pueden ir en contra de lo que es una ley superior que establece homogeneidad para el conjunto del territorio de España. "La historia no se puede reescribir y está ahí. Eso fue un centro de tortura: fue la Dirección General de Seguridad durante los años de la dictadura", ha subrayado el ministro. 

El Gobierno va a acudir al Tribunal Constitucional para que la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pueda ser declarada lugar de memoria democrática, tras la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a llegar a un acuerdo para otorgar este reconocimiento, según informa EFE. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, lo ha confirmado este jueves en declaraciones a los medios en el Congreso, en las que ha dado además los detalles de la carta que ha enviado a la presidenta madrileña en respuesta a la que le mandó ella el miércoles.

"Nos han dicho que renuncian (a llegar a un acuerdo para declarar la Real Casa de Correos lugar de memoria) porque la Ley de Memoria Democrática 2022 es inconstitucional. (...) Lo que hará el Gobierno de España es solicitar un informe al Consejo de Estado, llevar ese expediente al Consejo de Ministros y elevarlo al Tribunal Constitucional", ha dicho.

El ministro ha subrayado que la Ley de Memoria Democrática de 2022 está en vigor y es constitucional, porque el Tribunal Constitucional no se ha manifestado al respecto y "ni siquiera el PP" la ha recurrido, y ha pedido a Ayuso que reflexione sobre su postura con la Real Casa de Correos.

"No entiendo por qué se niega que sea un lugar de memoria un espacio que fue la Dirección General de Seguridad durante la dictadura, donde hubo represión, incluso muerte, a personas inocentes en el sentido de que defendía la libertad y la democracia y fueron torturadas por un sistema político totalitario", ha dicho.

En su carta, Ayuso mostraba a Torres su "indignación" por la, a su juicio, "insólita" decisión del Ejecutivo de declarar la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol como "lugar de memoria democrática" y le recordaba tres construcciones en Canarias que no se han declarado como tal: el Parlamento autonómico y los aeropuertos de Gando y de Los Rodeos.

En la misiva de respuesta enviada este jueves, a la que ha tenido acceso EFE, Torres le insiste a Ayuso en la conveniencia de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria y le mostraba su predisposición a dialogar sobre este asunto, antes de conocer la negativa de la Comunidad de Madrid a llegar a un acuerdo.

Además, le adelanta en la carta que el Gobierno declarará como lugar de memoria la colonia agrícola de Tefía (Fuerteventura), el templo masónico de Tenerife, así como todos los espacios que sean histórica y jurídicamente merecedores de esta declaración, entre los que podrían incluirse los que cita Ayuso en su petición al ministro.

No obstante, le recuerda que en el Parlamento de Canarias, edificio que fue usado desde el inicio de la guerra civil por el régimen franquista para celebrar consejos de guerra, se instaló ya una placa de memoria, e invita a Ayuso a hacer lo mismo con la Real Casa de Correos, más allá de la declaración como lugar de memoria.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado este viernes un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el proyecto del Ejecutivo de Pedro Sánchez de declarar lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, que desde 1985 es sede de la Presidencia regional, por considerar que supone una “invasión de competencias”, según informa EFE.

La Comunidad de Madrid ya había presentado una serie de alegaciones que fueron rechazadas, por lo que ha decidido llevar el caso al Constitucional, según ha anunciado este viernes el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, en declaraciones a la prensa.

García ha insistido en que esa declaración “invade las competencias exclusivas” de la Comunidad de Madrid, por lo que ha advertido que “no van a permitir” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “siga campando a sus anchas, colonizando todas las instituciones”, ni que “imponga su visión sesgada y partidista de la realidad”.

Además, los letrados de la Comunidad solicitan en el recurso la suspensión cautelar del expediente administrativo de declaración mientras se tramite el conflicto de competencias para evitar los daños y perjuicios, “de imposible o muy difícil reparación”, que consideran que se ocasionaría “si se llegara a aprobar antes de la resolución del recurso”, ha informado la Comunidad en una nota.

En el recurso defienden que el título competencial en el que se ampara el Gobierno para la declaración de “lugar de memoria democrática” es “insuficiente” ya que no cubre las competencias de carácter ejecutivo como esta, que deben corresponder a las comunidades autónomas. Además, consideran que la jurisprudencia del TC atribuye a la Administración regional “competencias exclusivas” sobre este edificio, por ser la sede de su Presidencia y tratarse de un inmueble de dominio público autonómico declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Por ello, defienden que son “inconstitucionales” los artículos de la Ley de memoria democrática que atribuyen al Estado la competencia para declarar un espacio como “lugar de memoria democrática” sin tener en cuenta las competencias de la comunidad autónoma.

El pasado 24 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por la que se inició un expediente administrativo para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, atendiendo a la Ley de memoria democrática.

La Comunidad de Madrid ya presentó alegaciones el pasado mes de noviembre, denunciando la “falta de lealtad institucional” del Gobierno “por no haber existido comunicación previa alguna por parte del ministerio”, y alegando también “falta de justificación de la medida”.

En este sentido, argumenta la Comunidad que un “periodo ínfimo” del pasado de la Real Casa de Correos “no puede transformar la verdadera significación histórica, simbólica y la repercusión que en la memoria colectiva ostenta este edificio” que, en la actualidad, alberga la sede de la Presidencia regional.

Defienden que a lo largo de más de 250 años esta construcción ha tenido numerosos usos, desde oficina central de Correos hasta “testigo” de los hechos del 2 de mayo de 1808; ha albergado la Capitanía General, el Gobierno Militar y la sede del Ministerio de Gobernación, y ha sido protagonista de la proclamación de la Segunda República. Además, defienden que “en la memoria de todos los madrileños y españoles se vincula con la celebración de las campanadas del año nuevo y con el Kilómetro Cero”.

Desde el Gobierno llevan meses insistiendo en que este edificio fue sede de la Dirección General de Seguridad franquista, que "jugó un papel central en la represión política y social y se convirtió en símbolo de la represión". También argumentan que en sus sótanos “miles de personas detenidas fueron interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos”, y por ello lamentan que, "a pesar de los datos históricos contrastados, la Comunidad de Madrid se niega a colocar una placa" que recuerde estos hechos.

Por otro lado, el Ejecutivo de Sánchez considera que el requerimiento de incompetencia de la Comunidad Madrid “carece de fundamento” y que en su decisión de convertir la Real Casa de Correos en lugar de memoria no hay "vulneración ni invasión de competencias autonómicas". De hecho, desde el Gobierno han sostenido estas semanas que la propia Ley de memoria democrática recoge que es compatible esa figura con el uso institucional y de servicio público que tiene actualmente el edificio como sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

En el ámbito de la investigación criminal, un indicio viene a ser todo rastro, vestigio, evidencia y, en general, todo hecho conocido o acreditado, a partir del cual, por vía del razonamiento, la ciencia o la experiencia (criterios racionales), se deduce otro hecho desconocido o consecuencia.

La deducción consiste en una operación intelectual o razonamiento lógico, que conecte precisa y directamente la evidencia (hecho conocido) y la consecuencia (hecho desconocido), de tal forma que impida la obtención de otras consecuencias lógicas distintas, porque si así fuere, el indicio no sería tal.

Un ejemplo claro de indicio lo encontramos en el propio Auto objeto de análisis. El teléfono del Sr. Lobato es la evidencia de que, mediante la aplicación de la ciencia (extracción de información), se logran obtener unas conversaciones a través de las cuales se deduce, sin género de dudas, que el famoso correo llegó al teléfono del Sr. Lobato (dato conocido) procedente del teléfono de una persona de Moncloa (hecho desconocido o consecuencia).

Volviendo al Auto, ya con la definición de indicio, cabe preguntarse si en el mismo existe otra evidencia, rastro o hecho acreditado, similar al ejemplo anterior, al que aplicándole las mismas reglas permita deducir, sin ningún género de duda, que el F.G.E. remitió ese correo (hecho desconocido) a la persona de Moncloa. La respuesta es NO.

Cita el Auto como indicios el “frenético intercambio de comunicaciones” y "la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales”. Analicémoslos para descubrir si cumplen con los requisitos para que puedan considerarse indicios.

Ciertamente, ambos hechos han quedado acreditados a través de los teléfonos móviles ocupados al FGE.

Ahora, busquemos el enlace preciso y directo entre ambos hechos y la afirmación del juez respecto de la autoría de la filtración a manos del F.G.E. ¿Qué operación intelectual o razonamiento lógico ha realizado el juez para deducir, a través de esos dos hechos conocidos, que el hecho desconocido se corresponde con la afirmación de que el F.G.E. realizó la filtración? ¿Se puede alcanzar una conclusión lógica y razonable distinta de la establecida por el juez?

Dejo en manos del lector las respuestas, no obstante, el razonamiento lógico humano más elemental las ofrece.

Por último, vale anotar que la jurisprudencia indica que no pueden constituir indicios los elementos de personalidad del investigado como, “la situación de superioridad” a la que alude el juez, ello supondría una regresión al Derecho penal de autor contrario a los principios constitucionales.

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Miguel García Tarrío es socio de infoLibre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurrirá ante el Tribunal Constitucional "y en todo los frentes posibles" el intento del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, como lugar de memoria democrática, para reducir su historia "a un pasado tenebroso" y con el "fin espurio" de "dinamitar la Transición", según recoge EFE.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Ayuso ha subrayado que el Ejecutivo se sirve de la Ley de Memoria Democrática, que Sánchez ha pactado "con el entorno de ETA", para seguir adelante con el expediente sobre esa sede, tras rechazar este martes el Consejo de Ministros las alegaciones en contra del gobierno autonómico.

Tras esta decisión, la presidenta madrileña ha avanzado que acudirá al Constitucional por invadir competencias autonómicas y contra "el afán guerracivilista persecutorio" del Gobierno de Sánchez.

Ha subrayado que si el Ejecutivo insiste en "reducir el edificio a un pasado tenebroso", podría también recordar que antes del franquismo se ubicó el Ministerio de Gobernación durante el Gobierno del Frente Popular, que fue "responsable de la represión ejercida a través de las checas" al comienzo de la Guerra Civil, que fueron cárceles en la zona republicana controladas por partidos y sindicatos.

También ha añadido que fueron responsables de los asesinatos "de miles de personas por el hecho de ir a misa, votar a las derechas o leer el ABC". "Y fueron asesinatos a sangre fría sin juicio alguno en Madrid", ha expresado la dirigente madrileña del PP, y ha añadido que hubo 345 checas por lo que, ha ironizado, "ahora mismo no habría mármol para tanta checa, no habría mármol para tanta placa".

Díaz Ayuso ha remarcado que la Real Casa de Correos "tiene una larga historia que no se puede reducir a la significación concreta", pero el Gobierno pretende dárselo dentro de su estrategia "de reanimar el franquismo".

Asimismo, ha recordado que entre 1939 y 1975 albergó la Dirección General de Seguridad "del mismo modo que entre 1975 y 1979 lo hizo con la Dirección General de Seguridad, y entre 1979 y 1985 "bien avanzado ya el Gobierno socialista, fue sede de la Dirección General de la Policía".

Por otra parte, Ayuso ha cargado contra la proposición de ley del PSOE que limita la acusación popular al considerar que se trata de "un ataque generalizado a todo lo que aún no controla el régimen sanchista" y ha dicho que es “una especie de amnistía preventiva a la familia de Pedro Sánchez y a su entorno más cercano”.

La presidenta madrileña ha explicado que el Consejo de Gobierno ha visto un informe elaborado por su consejería de Presidencia para estudiar las "consecuencias muy graves" de esta "Ley Begoña" , que ha dicho que "va más allá de la impunidad que se busca para el entorno personal y político del presidente Sánchez".

Sumar ha propuesto declarar el antiguo edificio de la Dirección General de Seguridad (DGS), actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, como "Lugar de Memoria Democrática". La formación liderada por Yolanda Díaz ha presentado una proposición no de ley en el Congreso sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en este enclave de la capital para recordar a "las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, por defender las libertades y la democracia". El PSOE ya propuso el pasado febrero declarar como lugar de memoria democrática este edificio para reconocer y homenajear a las personas del colectivo LGTBI que habían sido víctimas de represión durante la guerra y la dictadura franquista.

La propuesta del grupo plurinacional también recoge la colocación de una placa "en la que aparezcan los nombres de las víctimas y las organizaciones de procedencia". Sumar pide que el edificio esté habilitado de espacios que expliquen con "elementos informativos y pedagógicos" su historia y que "promueva el derecho a la verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición de las víctimas del franquismo". "La violencia, la tortura, vejaciones y malos tratos a los que la policía política franquista sometió a todas aquellas personas que pasaron los calabozos de la Dirección General de Seguridad, hicieron de este lugar uno de los escenarios más oscuros de la dictadura franquista en la ciudad de Madrid", afirma la proposición de Sumar.

La antigua Real Casa de Correos y actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid fue, durante la dictadura franquista, la sede de la Dirección General de Seguridad. Ubicada en la plaza de la Puerta del Sol, la también sede de la Brigada Político Social era utilizada como "centro de detención y torturas por la que pasaron miles de personas por motivos políticos y sociales, por luchar por las libertades y la democracia, por sus convicciones religiosas, su orientación sexual o por su mera discrepancia con el régimen de la dictadura". La propuesta destaca que la DGS también funcionó durante la Transición, con un sutil cambio de nombre ya que pasó de denominarse Brigada Política Social a Brigada General de Información.

Los de Díaz también han propuesto la promoción de "un acto de rehabilitación democrática de la figura de Julián Grimau". Para ello, han pedido colocar una placa en memoria de Grimau "en el actual edificio del Senado, en la Calle del Reloj, dónde estaba ubicado el Tribunal Militar en el que se juzgó de forma sumaria y se dictó" su sentencia de pena de muerte.

Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista, fue "detenido, torturado y procesado por delitos nunca probados y ejecutado por el régimen franquista". El comunista fue fusilado en 1963 tras una condena en un proceso judicial sin garantías jurídicas. Fue el último ejecutado durante el franquismo por delitos cometidos durante la Guerra Civil.

Para Sumar estas acciones "darían un paso más en la reparación de las víctimas" y homologaría a Madrid "con otras capitales europeas que han sido escenario de la barbarie del nazismo y el fascismo" donde, destacan, "hay placas o museos que recuerdan a las personas que lucharon por su liberación".

Correos ha admitido casi 63.000 solicitudes de voto por correo para participar en las elecciones gallegas del 18 de febrero, lo que supone un 18% menos que en la última cita autonómica con las urnas, en la que se marcó un récord histórico en unos comicios marcados por la pandemia de covid-19, según ha informado Europa Press.

Sin embargo, la comparativa con las elecciones al Parlamento de Galicia de 2016 arroja un incremento del 35,7%. Hace ocho años pidieron el voto por correo 46.288 personas por las 62.831 que, hasta el final del plazo en la medianoche del jueves, lo hicieron para la cita con las urnas del 18F.

En concreto, 45.653 peticiones se han presentado de forma presencial en la red de oficinas de la compañía, mientras que 17.178 de forma telemática. Estas cifras suponen un 18,2% menos que en los comicios de 2020.

Tras comprobar la inscripción de los solicitantes en el Censo, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Galicia siguen remitiendo los envíos con la documentación electoral (certificado de inscripción en el censo, sobres y papeletas de todas las candidaturas) a la dirección indicada por el elector en la solicitud, con carácter certificado y urgente.

El Censo tiene de plazo hasta el día 11 de febrero para hacer entrega a Correos de esos envíos, que seguirá poniéndolos a disposición de los ciudadanos a medida que los reciba.

El solicitante tiene de plazo hasta el jueves, 15 de febrero, para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos en toda España, en su horario de apertura.

Correos abrirá sus puertas en Galicia durante los festivos del lunes de Carnaval, martes de Carnaval y miércoles de Ceniza para facilitar las gestiones del voto por correo de cara a los comicios del 18F.

Así, en los municipios gallegos donde estos días sean festivos, Correos abrirá de manera extraordinaria 160 oficinas postales, la mayoría de 09,00 a 13,00 horas.

Además, abrirá otros 160 puntos de atención en el rural que estarán operativos en sus horarios habituales. Los ciudadanos podrán consultar en la puerta de cada oficina los horarios y aperturas.

Correos cuenta en Galicia con un total de 166 oficinas, muchas de ellas en ayuntamientos con festivos a lo largo de la próxima semana. Con esta ampliación de horarios solamente 6 que están situadas en edificios administrativos y zonas comerciales cerrarán el martes de Carnaval: Lonja, Edificio Xunta y Parque Tecnológico de Vigo; Corte Inglés y Edificio Xunta de A Coruña y Edificio Xunta de Lugo.

Tony Downey tuvo que irse a Francia en 2009 y luego a España con su mujer y su hija. "No podía seguir viviendo en Inglaterra. Tenía que estar lo más lejos posible de la comunidad que pensaba que les había traicionado". Tony, de 57 años, y su mujer tuvieron que cambiar todos sus planes de vida tras los disgustos que padecieron como encargados de una oficina de correos en Hawkshead, en el noroeste del país, entre 2002 y 2007. 

La historia de Tony es un claro ejemplo de este escándalo. Cuando se hizo cargo de la franquicia –del mismo modo que se compra el fondo de comercio de una tienda, pero un fondo de comercio en este caso supervisado por el organismo público que es Royal Mail– ya se había instalado el sistema informático de contabilidad Horizon. Empezaron a aparecer errores contables y se multiplicaron. 

Su contrato, como el de cada uno de los administradores de correos, especifica que cualquier déficit es responsabilidad suya. Así que Tony empieza a ingresar su propio dinero en caja. Al principio, comparte sus preocupaciones con su mujer, que también trabaja a tiempo completo en la misma oficina. "Una vez tuvimos un déficit de 3.000 libras, y ella se puso a buscar el dinero en las papeleras por si se le hubiera caído". Las tensiones entre la pareja aumentaron y la mujer de Tony empezó a culparle. "Dejé de hablarle de ello". 

En 2005, Tony fue sometido a una auditoría. Fue suspendido, pero consiguió saldar el déficit y la oficina sólo estuvo cerrada un día. "La gente empezó a hacerse preguntas. Fue muy embarazoso.” Pero el problema no se resolvió. El dinero seguía desapareciendo misteriosamente. Se pasaba las tardes repasando la caja y horas al teléfono con el departamento técnico de Fujitsu, creador del programa de contabilidad. 

Le dicen que es la única oficina con déficits. Falso. Le aseguran que es imposible acceder a distancia a las cuentas de las sucursales y que nadie puede modificar sus cálculos. También falso. A veces le dicen que el saldo se equilibrará de forma natural a final de mes –"nunca ha sido el caso"– y otras que él es el responsable y tiene que devolverlo de su bolsillo, cosa que hace. 

Tony paga más de 35.000 libras (40.000 euros) en total, dice. Cae en depresión. Ya no se atreve a volver a casa y duerme en un hotel con desayuno cerca de la agencia. "Si hubiera cogido la moto, me habría matado". En 2007, consiguió vender la franquicia. "Estaba valorada en 140.000 libras [164.000 euros]", y la vendió por 100.000 libras [117.000 euros], apurado por deshacerse de ella. 

Desde entonces, Tony no ha sido capaz de trabajar. Ayudó un poco a su mujer, que regentó una casa rural en Francia durante unos años, pero sus ataques de pánico y ansiedad le han impedido volver a trabajar. Depende de las prestaciones por incapacidad, que ascienden a 120 libras (140 euros) a la semana. Incluso ha tenido que liquidar su plan de pensiones para vivir al día. 

Hoy, Tony cuenta su historia a quien quiera escucharle. En cierto modo tiene suerte", dice, "nunca ha sido acusado formalmente". Entre 1999 y 2015, fueron procesados miles de gestores de agencias, y novecientos fueron condenados por robo, fraude y falsificación de cuentas. Se han suicidado al menos cuatro personas. La vergüenza y la culpa –"pensé que era culpa mía", dice Tony– se convertían a veces en un insoportable sentimiento de injusticia, incluso después de haber abandonado el Reino Unido. 

Pero Tony se da cuenta de que no está solo. Los directores de las agencias empiezan a comunicarse entre sí, a organizarse y a hacer oír su voz. En 2009 se creó la Justice for subpostmasters alliance (Alianza por la justicia para administradores de correos) que, con el apoyo de un diputado, consiguió llamar la atención del Gobierno. En 2017, 555 gestores de agencias organizaron una class action, una demanda colectiva ante la justicia. Dos años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia confirmó que el software Horizon tenía fallos importantes: la mayoría de los acusados eran víctimas de errores informáticos y totalmente inocentes. 

Comenzó la batalla para limpiar sus reputaciones y obtener una indemnización. 

Muchos directivos de agencias estaban convencidos desde hacía tiempo de que el culpable era el software. Mark Kelly y su esposa se habían hecho cargo de la oficina de correos de su madre en Swansea (Gales) en 2003. Por entonces eran veinteañeros y Mark había estudiado informática, pero quería "trabajar para la comunidad". A Mark le ocurrió lo mismo y con los mismos efectos devastadores en la salud mental que a Tony. 

"En enero de 2007 me interrogaron y lo único que querían saber era dónde estaba el dinero, qué había pasado con las 13.000 libras que faltaban. Les dije que no lo sabía, que el dinero estaba allí por la tarde y había desaparecido al día siguiente". Mark estaba convencido de que había un problema con el programa. Se lo contó a los interrogadores de Royal Mail, un organismo público que tiene derecho de erigirse en fiscal. Mark dice que no querían oírlo e incluso le amenazaron para que se callara. 

"En aquel momento, mi mujer vivía en el Reino Unido con un visado, porque no es británica. Dijeron que iban a acusarla y que la echarían del país sin derecho a volver". Mark se callaba, pero sufría en silencio. Le cerraron automáticamente la oficina de correos, aunque nunca llegó a ser acusado. Se fue de Swansea pero permaneció en el Reino Unido. Tampoco él estaba ya en condiciones de ganarse la vida. "Mi mujer y yo queríamos tener hijos, pero con todo eso era imposible. Ya tenemos más de 40 años, es demasiado tarde". 

Invitado a menudo a la televisión, Mark va con su perrito en brazos para tranquilizarse, pero lucha por exigir justicia y una indemnización adecuada para él y los condenados injustamente. 

“El gobierno ha puesto en marcha tres sistemas de indemnización diferentes, uno tras otro", explica Richard Moorhead, profesor de Derecho de la Universidad de Exeter y asesor de ministros británicos en materia de indemnización a las víctimas. “Esto se debe a que las autoridades han ido respondiendo a medida que aumentaba la presión política, en lugar de hacer las cosas bien desde el principio y en su totalidad". 

Pero el pago de las indemnizaciones ha sido más lento de lo esperado, y el gobierno se disculpó por ello en enero. Fue la serie Mr. Bates vs Post office, emitida en ITV durante las vacaciones de Navidad, la que cambió todo. El 10 de enero de 2024, el primer ministro Rishi Sunak describió el escándalo como "el mayor error judicial de la historia británica", anunciando la introducción de un nuevo programa de indemnizaciones, "sin precedentes" según Moorhead. Hasta ahora, el gobierno decía que era imposible anular todas las condenas sin examinarlas caso por caso", recuerda Mark Kelly. “Pero es lo que han decidido hacer.”

“A riesgo de exonerar a algunos culpables", dijo un ministro, "el gobierno va a aprobar una ley que anula las condenas a condición de que cada individuo firme una declaración de inocencia, que podría dar lugar a un proceso judicial si resulta ser mentira. Al anularse la condena, esas personas tendrán acceso a una indemnización, lo que era imposible mientras siguieran siendo oficialmente culpables. 

Se ofrece un total de 600.000 libras (700.000 euros) a las 900 personas condenadas. “Para algunos es una buena cantidad", afirma el profesor Moorhead. “Todos tienen asesoramiento jurídico y sus abogados lo confirmarán o no. Pero algunos aceptarán el dinero aunque podrían o deberían ser indemnizados con una cantidad mayor, porque quieren acabar de una vez". 

Tony dice que sólo ha recibido 10.000 libras, mientras que "Correos estimó sus pérdidas en 35.542,99 libras, sin incluir los intereses". Mark ha recibido una indemnización de unas 80.000 libras. "Hemos perdido nuestra casa, nuestro negocio, nuestros ingresos. Ya no puedo trabajar. He intentado suicidarme varias veces. Todo vale mucho más que eso, porque hay que ponerle precio". 

Richard Moorhead analiza este enigma. "¿Con cuánto se debe indemnizar a alguien que ha sido considerado un ladrón durante veinte años? ¿Cuánto habría ganado en dos décadas si hubiera seguido trabajando en Correos o si hubiera podido trabajar en otro sitio sin ese estigma de delincuente? Los contables tienen sus propios mecanismos para estimarlo. Así que hay algo de ciencia, pero mucho de conjeturas y arbitrariedad". 

En el marco de la investigación pública iniciada en 2020 y aún en curso, el creador del programa Horizon, la japonesa Fujitsu, se disculpó en enero y se ofreció a contribuir al paquete de compensaciones. Esto aliviará la carga de los contribuyentes, pero no beneficiará a las víctimas, a quienes les gustaría conocer toda la historia. 

El dinero que faltaba en las arcas de las oficinas de correos puede haber ido a parar a una cuenta temporal de Royal Mail dedicada a transacciones no identificadas. Esto significaría, según la web PostOfficeScandale.co.uk, que Correos podría haber inflado sus beneficios al recibir dos veces las mismas sumas: las pagadas por los clientes y las "reembolsadas" por los directores de sucursal asustados por los inexplicables déficits en sus cajas.

Traducción de Miguel López

Correos ha emitido un sello dedicado a la figura de Manuel Azaña, presidente del Gobierno entre los años 1931 y 1933 y presidente de la Segunda República Española entre 1936 y 1939, durante la Guerra Civil, según informa Europa Press.

La empresa estatal de mensajería, a través de una nota de prensa este martes, ha definido a Azaña como una de las personalidades "más singulares" de España en el siglo XX. Nacido en 1880 en Alcalá de Henares (Madrid), partió al exilio tras dimitir de su cargo como presidente de la República en 1939, al final de la Guerra Civil. Murió en Francia un año después.

El sello pertenece a la serie Personajes y se puede adquirir en las oficinas de Correos. La tirada es de 115.000 unidades, con un valor postal de 1,70 euros cada una.

Antes de llegar a las instituciones, Azaña formó parte del Comité Revolucionario que contribuyó a la instauración de la II República en 1931 tras la caída de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, recuerda Correos.

También incide en que en abril de 1934, ya en la oposición, consiguió la unidad de los partidos republicanos que dio lugar a Izquierda Republicana, organización de la que fue elegido presidente. Y en octubre del mismo año fue detenido bajo la falsa acusación de estar implicado en los sucesos revolucionarios de Asturias y Cataluña. Tras su liberación en enero de 1935, inició una campaña política que derivó en la creación del Frente Popular, coalición que obtiene la victoria en las elecciones de febrero de 1936.

Y además de político, Azaña fue un relevante escritor y ensayista, colaborando en los diarios El Imparcial y El Sol. También recibió el Premio Nacional de Literatura por su obra Vida de Juan Valera.