Uno de los temas de más actualidad en el contexto nacional e internacional es el de la defensa militar, el desarrollo y ampliación de los ejércitos, o los gastos en términos absolutos y en proporción al PIB que se tienen por los distintos países y bloques militares. Cuando hablamos en este artículo de los grandes ejércitos no vamos a referirnos a los mayores ejércitos militares, aun sabiendo que los cinco mayores ejércitos del mundo tienen entre uno y dos millones de efectivos cada uno, ni vamos hablar del conjunto de efectivos militares existentes en todos los ejércitos del mundo, que suman alrededor de 28 millones de soldados, sino que vamos a hacer referencia al que pensamos sin duda alguna que es el Mejor Ejército del Mundo, que no es militar, sino que es el que integran los cerca de 9,5 millones de investigadores científicos existentes actualmente a nivel global, y que forman un ejército pacífico, colaborativo y que constituye el principal baluarte del progreso social  y económico para los 8.100 millones de ciudadanos que poblamos esta Aldea Global.

Es un ejército cuyos miembros están continuadamente trabajando con gran vocación y a menudo con pocos recursos, y que trabajan de forma colaborativa, sin tener en cuenta el origen geográfico, la ideología o las creencias de cualquiera de los demás integrantes, y que es el único ejército en el que sus efectivos (científicos) de todas partes: europeos, chinos, rusos, norteamericanos, entre otros muchos, vienen colaborando y compartiendo permanentemente sus armas: el conocimiento y los avances científicos.

Sabido es que en los ejércitos militares podemos distinguir grandes ramas, tales como los ejércitos de Tierra, de Mar, o de Aire, y que a su vez se pueden distinguir en los mismos estructuras a distintos niveles, por ejemplo: divisiones, regimientos, batallones, compañías, etc. Mientras que el ejército científico, que tiene un ámbito mundial, está dividido en otro tipo de ramas o áreas, como son las áreas o disciplinas científicas, cuyo número es difícil de medir en términos exactos, pero es comúnmente reconocido que son más de doscientas disciplinas, y varios cientos más de subdisciplinas. Recordemos, además, que tales disciplinas pueden agruparse de distinta forma (en lugar de Tierra Mar y Aire), por ejemplo, en: Ciencias naturales, Ciencias sociales, Ciencias aplicadas y Ciencias formales, aunque hay otras muchas formas de agruparlas. 

Para tener una idea ya más concreta de las grandes disciplinas científicas, podemos recordar que la UNESCO distingue 24 grandes disciplinas, como son: 1) Lógica. 2) Matemáticas. 3) Astronomía y Astrofísica. 4) Física. 5) Química. 6) Ciencias de la vida. 7) Ciencias de la tierra y del espacio. 8) Ciencias agrarias. 9) Ciencias médicas. 10) Ciencias tecnológicas. 11) Antropología. 12) Demografía. 13) Ciencias Económicas. 14) Geografía. 15) Historia. 16) Ciencias jurídicas y Derecho. 17) Lingüísticas. 18) Pedagogía. 19) Ciencias políticas. 20) Psicología. 21) Ciencias de las artes y las letras. 22) Sociología. 23) Ética, y 24) Filosofía. Cabría decir que estas ramas científicas pudieran considerarse equivalentes a las ramas y divisiones militares, pero en el terreno pacífico e intelectual del Ejército científico mundial.

Y en clave de metáforas, si quisiéramos destacar algunos de los muchos soldados de este ejército calificables como héroes o con derecho a medallas, podríamos hacer referencia, por ejemplo, a: Isaac Newton, Albert Einstein, Mary Curie, J. Kepler, Charles Darwin, Ramón y Cajal, o Louis Pasteur, entre otros muchos.

Por otra parte, y sin entrar a opinar sobre la obvia necesidad y el nivel de importancia que tienen las fuerzas militares y de defensa, o del gasto que la sociedad y cada uno de los países destinan a las mismas, de lo que estamos seguros es de la importancia y la necesidad de dedicar por parte de la sociedad unos mayores recursos a la investigación y la ciencia, así como a nuestros científicos, y decimos bien nuestros, porque sus actuaciones, investigaciones y hallazgos, al margen de sus nacionalidades y lugares geográficos, los compartimos todos los seres humanos.

La realidad actual es que en el mundo el porcentaje del PIB mundial que se dedica a gastos militares es superior al que se gasta en investigación y ciencia, según las diferentes estadísticas, siendo un hecho que el 66 % de los países tienen unos gastos en ciencia inferiores al 1 % del PIB, y cerca del 50 % están por debajo del 0,5 % de dicho PIB.

Ante esta cruda realidad, los más optimistas siempre tendremos la esperanza (quizá quimera) de que algún día el mundo llegue a ser lo suficientemente desarrollado para que en la generalidad de los países el gasto presupuestario en investigación y ciencia sea mayor que el del presupuesto militar, si bien para ello harían falta otros líderes políticos en el mundo, muy distintos a muchos de los actuales, esto es, más líderes realmente democráticos y que a la vez disminuyesen radicalmente las numerosas autocracias y sus respectivos déspotas en el mundo. Actualizando la legendaria canción Imagine de John Lennon, que pudiéramos imaginar un mundo en el que se apoyase mucho más la ciencia y el progreso social que lo militar y la defensa. 

A modo de conclusión, creemos realmente necesario un mayor y continuado apoyo e impulso social, político y ciudadano para la permanente ampliación y el progreso de ese nuestro Mejor Ejército del Mundo.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y Expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista Encuentros Multidisciplinares

Comisiones Obreras ha advertido de que el gasto real en Ciencia "solo" alcanza el 0,75% del Producto Interior Bruto sumando los fondos europeos, "muy lejos del objetivo del 2% fijado hace casi dos décadas", según ha informado Europa Press.

Así lo refleja el sindicato en el informe PGE 2023 de I+D+i: ¿el fin de una ilusión?, presentado este martes, en el que destaca que, sin sumar los fondos europeos, "el gasto real continúa en el 0,25% del PIB".

El análisis realizado por la representante de CCOO en el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación y el Consejo Rector del CSIC, y miembro de la sección sindical estatal de CCOO en el CSIC, Alicia Durán, relativiza que se trate del "mayor presupuesto de la historia", como anunciaba el Gobierno.

En concreto, el estudio detalla que la partida presupuestaria de los capítulos I-VII, el gasto real, queda en 3.837 millones de euros, 340 por debajo de las cifras de 2009, cuando se destinaron 4.176 millones y matiza que las cifras "mejoran notablemente si se suman los 7.655 millones provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, una cuantía temporal, que supondrá un escenario de pérdida presupuestaria a partir de 2024".

CCOO señala, además, las "dificultades" en la gestión y ejecución de los fondos. Así, asegura los Organismos Públicos de Investigación recibirán un total de 2.301 millones de euros, de los que más de la mitad se asigna al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que "recibe 1.213 millones, un 13% menos que en 2022".

Por su parte, el informe refleja que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y el Instituto de Salud Carlos III sitúan su presupuesto en 196 y 487 millones, respectivamente. El primero mantiene las cifras de 2022, mientras que el segundo reduce sus cuantías en un 13%.

Respecto a la inversión de las partidas provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el estudio destaca que la distribución se concentra en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con un 55,3%; el Ministerio de Ciencia e Innovación, con un 21%; y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con un 20,3%.

En este sentido, el sindicato recuerda que ya en 2022 denunció la laxitud de los criterios de distribución al sector empresarial realizado por el departamento de Nadia Calviño, "que asignó entonces más del 70% de sus 3.285 millones al ámbito privado".

CCOO apunta a la "falta de personal" como el mayor problema en los OPI, con una pérdida de 600 puestos fijos desde 2010 hasta la actualidad. Advierte de la "elevada" media de edad de la plantilla, en torno a los 55 años, cuando en el personal investigador la máxima productividad se alcanza a partir de los 40 años de carrera laboral.

Avisa, además, de las "dificultades" que esto supone para la gestión de los recursos del MRR, un trabajo adicional al ordinario y que genera un importante incremento de las cargas de trabajo que, a su juicio, "se sostendrá al menos hasta 2026".

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación entrará en vigor este miércoles 7 de septiembre tras su publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el objetivo de reducir la temporalidad del personal investigador, entre otros, según informa Europa Press.

Entre otras medidas, el texto garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030. Por otro lado, la norma prevé la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretaría en un año tras la entrada en vigor de la ley.

La futura ley recoge un itinerario postdoctoral de "incorporación estable al sistema". Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de "incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista", interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.

Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como "investigador establecido", que además conllevará mejoras salariales.

Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.

A mediados del pasado mes de julio, el pleno del Senado no pudo aprobar de forma definitiva el proyecto de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, debido a que se aprobó una de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular, con los votos a favor de ERC, Junts, PNV, UPN y Vox.

En concreto, la enmienda aprobada a la Ley de la Ciencia registrada por los populares fue la número 76, que insta a la supresión de la disposición adicional décima de la ley, que hace referencia a los contratos que se encuentren asociados a la estricta ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y solo por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos, así como para contratos necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación dependa de fondos europeos no competitivos.

El Grupo Parlamentario Popular justificó, en su enmienda presentada en el Senado, que hay que "equiparar la contratación evitando la discriminación en base al origen de los mismos, siempre que los fondos sean europeos".

Tras no poder ser aprobada definitivamente en el Senado, el Gobierno y Esquerra Republicana (ERC) acordaron mantener el texto de la Ley de Ciencia como salió del Congreso en la primera fase de tramitación y, a cambio, el Ejecutivo se comprometió a reforzar las condiciones de financiación y laborales de los centros públicos de I+D+i.

Para ello, la formación independentista votó en el Pleno del Congreso en contra de la enmienda del PP que se aprobó con su apoyo en el Senado y que tenía que ver con los contratos laborales de investigación.

El Gobierno también acordó con los independentistas estudiar y elaborar una propuesta de mejora del sistema de financiación basal para los grupos de investigación de excelencia.

Fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación valoraron positivamente el apoyo de ERC para evitar la convalidación de la enmienda del PP que, según las mismas fuentes, pretendía seguir precarizando la contratación de los investigadores en España.

Comisiones Obreras ha celebrado, en un comunicado, la publicación este martes de la Ley de la Ciencia en el Boletín Oficial del Estado. El sindicato valora "positivamente" su publicación que incorpora "numerosas" de sus propuestas que "mejoran las condiciones laborales del personal de investigación, y también en el Sistema Nacional de Salud".

CCOO aplaude los avances conseguidos en la modificación de la Ley de la Ciencia para "reducir la precariedad y ampliar derechos para todo el personal de investigación y recuerda que a través de sus aportaciones y enmiendas se ha conseguido, entre otras cosas, impulsar el desarrollo de la carrera investigadora y la carrera profesional de todo el personal de investigación sanitaria del SNS; o considerar personal de investigación tanto al personal investigador como al personal técnico y al personal de gestión.

El Pleno del Congreso de los Diputados tenía este jueves una agenda completa de votaciones. En sesión extraordinaria solicitada por el Gobierno, los diputados han regresado de sus vacaciones para dar luz verde al plan de ahorro energético y otros dos decretos leyes —el de las cotizaciones de los autónomos y la legislación básica en materia de incendios forestales—, así como tres proyectos de ley que el Senado modificó el pasado mes de julio, entre ellos la ley de Ciencia y la de Libertad Sexual.

Repasamos todas las medidas aprobadas este jueves en el Congreso:

El Gobierno ha logrado sacar adelante el decreto ley de ahorro energético con una holgada mayoría de 187 votos y a pesar del no de la derecha. El decreto ha sido convalidado con los apoyos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe y el PRC. Por el contrario, el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el BNG se ha abstenido.

Este decreto ley incluye el plan de ahorro energético con las primeras medidas dirigidas a rebajar el consumo de gas para cumplir el compromiso voluntario adquirido con la Unión Europea ante un posible corte de suministro por parte de Rusia. Además, también se ha aprobado la tramitación del decreto como proyecto de ley.

Entre las medidas que incluye este decreto se encuentra la limitación de la temperatura de la calefacción a 19 grados y de la refrigeración a 27 en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos. La norma deja fuera a hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o cocinas de restaurantes.

También incorpora la obligación de apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22 horas. En la misma línea, a partir del 30 de septiembre, será de obligado cumplimiento que tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas.

El plan también incluye las medidas de fomento del transporte público ferroviario (la bonificación del 100% en los viajes de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia), las ayudas al sector del transporte o el complemento de 100 euros en las becas al estudio.

El Ejecutivo también ha conseguido dar luz verde al decreto del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para autónomos, aprobado el pasado 26 de julio en el Consejo de Ministros. En este caso, la mayoría ha sido mucho más holgada: 260 votos a favor —incluido el PP—, 64 en contra y 25 abstenciones. Además, se tramitará como proyecto de ley por procedimiento de urgencia, con 348 votos a favor, uno en contra y sin abstenciones.

El encargado de defender este decreto ha sido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha afirmado que la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) implantará un sistema de cotización "más justo, flexible y equitativo" para los trabajadores por cuenta propia.

Este nuevo sistema de cotización comenzará a aplicarse a partir de enero de 2023, aunque contará con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032. En concreto, tendrá 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y variarán hasta 2025, en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia. Además, este decreto también incluye el aumento de las prestaciones de los autónomos: no será necesario el cierre total del negocio para acceder al desempleo y se incorporan los mecanismos RED sectoriales y cíclicos.

El Congreso ha aprobado definitivamente con 205 votos a favor, 141 en contra —PP y Vox— y 3 abstenciones —las de la CUP— la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley del solo sí es sí. Dos años y medio después de que el anteproyecto llegase al Consejo de Ministros, las Cortes han dado el aval definitivo a la norma. 

Igualdad confiaba en sacar adelante la norma el pasado mes de julio, pero una enmienda de Junts en el Senado apoyada por el PP que pedía la modificación en el texto de "forzosas" por "forzosos" lo impidió. La enmienda consiguió 130 votos a favor, 112 en contra y 17 abstenciones. En consecuencia, el proyecto no salió adelante y fue devuelto al Congreso para su aprobación definitiva. Concretamente, lo que la formación catalanista cambió fue la referencia a "casos de aborto y esterilizaciones forzosas" por "casos de aborto y esterilizaciones forzosos". 

Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, hoy "es un día de victoria después de muchos años de lucha". Con esta norma, ha explicado en rueda de prensa en la Cámara baja, se "reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas las relaciones sexuales". "Ninguna mujer va a tener que demostrar que ha habido violencia o intimidación en una agresión para que esta sea reconocida como tal", ha afirmado Montero.

El texto incluye una amplia batería de medidas que abordan la violencia sexual desde un enfoque integral: desde la prevención y el combate en todos los ámbitos. La norma no solo introduce una nueva definición sobre el consentimiento y fusiona los delitos de abuso y violación, sino que se compromete a nutrir institucionalmente investigaciones sobre esta forma de violencia específica que se ceba con las mujeres, así como recopilar datos que pongan negro sobre blanco este fenómeno. También incluye dos puntos relativos a la prostitución: la recuperación de la tercería locativa –castigar a los propietarios de inmuebles que se lucran del ejercicio de la prostitución– y la penalización de la explotación no coercitiva.

El Congreso también ha dado luz verde de forma definitiva a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Gobierno ha logrado sacar adelante esta normativa gracias al apoyo de ERC que solicitaba al Ejecutivo mantener el texto como salió de la Cámara baja en la primera fase de tramitación, cuando no recibió ningún voto en contra. A cambio, el Gobierno se ha comprometido a reforzar las condiciones de financiación y laborales de los centros públicos de I+D+i.

Así, el pleno ha rechazado la única enmienda a la ley que el PP —con los apoyos de Vox, ERC, PNV y Junts— introdujo en el Senado y que tenía que ver con los contratos laborales de investigación y que cuestionaba la conversión en indefinidos de contratados con fondos públicos.

Entre otras medidas, la ley garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030. Por otro lado, prevé la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretaría en un año tras la entrada en vigor de la ley, y recoge un itinerario postdoctoral de "incorporación estable al sistema".

El Congreso también ha convalidado el decreto de medidas urgentes que actualiza la legislación básica en materia de incendios forestales y mejora la capacidad de respuesta, tanto de prevención como de extinción durante todo el año. La medida ha contado con el voto favorable de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu, Compromís, BNG, Más País, Coalición Canaria y Teruel Existe. Se han abstenido Vox ERC, PNV, Junts, Foro Asturias y UPN; y han votado en contra Junts y CUP.

La encargada de defender esta iniciativa ha sido la a vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha sostenido que los cambios que se prevén como consecuencia del cambio climático se están "acelerando" y ha llamado a "todas las administraciones" a ser "responsables".

Entre otras medidas, se establece un catálogo mínimo de prohibiciones que las comunidades deberán aplicar en los casos en los que la AEMET emita la alerta roja, se da un plazo de cinco meses a las autonomías para que adapten sus servicios de lucha contra el fuego, y obliga a que estos nuevos planes estén aprobados y publicados antes del 31 de octubre de cada año.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que permitirá adelantar la contratación indefinida del personal científico, una medida que afectará a más de 20.000 investigadores e investigadoras en España, ha informado Europa Press.

"Más de 20.000 investigadores e investigadoras están sometidos a especiales dificultades del ámbito de la ciencia en cuanto al empleo y, con este acuerdo, logran estar como indefinidos en el sistema de ciencia, era una demanda muy importante", ha explicado la ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Esta medida está contemplada en la ley de Ciencia en la que trabaja el Ejecutivo y que se encuentra en trámite parlamentario, y está en consonancia con el nuevo marco de contratación previsto en la reforma laboral que entra este jueves en vigor para reducir la temporalidad.

Según ha puntualizado la portavoz del Ejecutivo, lo que hacen con este real decreto es avanzarla "para evitar incertidumbre jurídica" y "que los investigadores tengan esa condición de contratados indefinidos para darles seguridad, tranquilidad y, en definitiva, certezas en su carrera profesional".

Tal y como avanzó la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, la semana pasada, el Ejecutivo busca ofrecer una solución transitoria a los investigadores con contrato de obra y servicio durante el tiempo en el que ya está en vigor la reforma laboral y hasta que esté vigente la ley de ciencia.

"Este decreto viene a ofrecer más estabilidad y va a beneficiar a miles de investigadores, personal técnico y de gestión que aún encadenan contratos temporales en universidades, centros de investigación y en consorcios de nuestro país", explicó Morant.

Además, la titular de Ciencia precisó que "ese nuevo contrato está adaptado a las singularidades de la ciencia, no está sujeto a la oferta pública de empleo ni a la tasa de reposición de los centros y no va a necesitar autorización previa si la financiación es externa o procede de convocatorias en concurrencia competitiva y, en el caso de los grupos de investigación que continúen con esa financiación, los contratos van a poder ser prorrogados".

Por su parte, el ministro de Universidades, Joan Subirat, señaló que la medida adoptada con los Ministerios de Ciencia y Trabajo tiene como objetivo "dar más garantías a los centros de investigación y universidades en un momento en el que aún no ha entrado en vigor la reforma de la Ley de Ciencia".

"Queremos dar más garantías y que las universidades sigan desplegando su labor científica e investigadora", destacó Subirats, remarcando la importancia de la medida para lograr "un sistema de ciencia, investigación y universidad mucho más sólido y más justo" y que "pueda desplegar todo su potencial".

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y la norma ya se dirige al Congreso de los Diputados para su tramitación. Desde la publicación del primer borrador los jóvenes investigadores precarios se han organizado, han peleado, se han manifestado, se han reunido con el exministro Pedro Duque y con su sucesora, Diana Morant, han acudido a sede parlamentaria y su esfuerzo, manifiestan, ha merecido la pena. La iniciativa será mejor que al principio y les mejorará la vida. No es suficiente, claro, cuándo lo es, y lamentan la "oportunidad perdida" de una reforma estructural que supere la chapa y la pintura, pero están "satisfechos". "Expectantes", más allá de la publicación, pero "satisfechos".

La ministra, aunque no se ha referido específicamente a los jóvenes investigadores, ha dejado claro que el principal objetivo de la reforma es atajar la precariedad. "Es necesario saldar la deuda con las personas que investigan e innovan, que son esenciales, a quienes esta nueva ley dota de más derechos y de un horizonte de estabilidad en sus carreras", ha declarado Morant en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El texto difundido por el Ministerio de Ciencia es más específico: "Las capacidades del sistema de I+D+I público en España están amenazadas por el envejecimiento del personal investigador y por las discontinuidades y retraso en la entrada al sistema para las personas jóvenes".

Sobre la bocina, y tras una manifestación frente al Congreso el pasado 7 de febrero, los jóvenes investigadores precarios –organizados en base a varias plataformas, también en función de su posición en el engranaje del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI)– arrancaron a Morant la promesa de que los investigadores con contrato en vigor podrían acceder a las nuevas indemnizaciones tras finalizar su contrato. En anteriores borradores solo se incluía a los que se firmaran después de la publicación de la ley, que el Gobierno prevé para este verano.

Además del beneficio obvio de recibir una cuantía al terminar el contrato, dado que ahora se van al paro sin recibir un solo euro, la indemnización abre la puerta a considerar a los investigadores predoctorales como trabajadores y a la relación entre la institución y el beneficiario como laboral. Sigue habiendo deficiencias, porque la compensación es inferior a la que recoge el Estatuto de los Trabajadores; en base, además, a un salario que a duras penas supera el SMI en el caso de los que aún no han presentado su tesis. Pero se abre un camino a transitar, consideran las organizaciones.

"Estamos satisfechos, pero expectantes", explica José Manuel Pérez, presidente de la asociación FPUInvestiga, que acoge a los predoctorales con ganas de pelear. La indemnización es importante, pero no se ha tocado ese salario mínimo, que a duras penas llega a los 1.200 euros en el tercer año de contrato; tampoco hay una solución clara para uno de los grandes lastres del sector, la altísima tasa de temporalidad. Eliminar los contratos temporales por defecto es el principal objetivo de la última reforma laboral, pero aún no ha quedado claro cómo se aplica al ámbito científico, donde se trabaja con proyectos finitos y ayudas con fecha de caducidad.

"Una de estas reformas es la introducción de una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas", explica el Gobierno. "Este nuevo contrato indefinido, que está alineado con la reforma laboral y recoge las singularidades del sistema, no está sujeto a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición". A su vez, se crea otro contrato, de seis años con una evaluación intermedia, para investigadores que ya hayan acabado su tesis y quieran seguir avanzando camino a la plaza fija de funcionario.

"La intención del Gobierno va en ese sentido", en el de acabar con la temporalidad, "pero aquí también hay mucha incertidumbre. Está todo en el aire porque no sabemos cómo van a encajar" la reforma laboral y la nueva Ley de Ciencia, asegura Pérez. Moisés Rodríguez, vicepresidente de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, intenta desembrollar el lío en conversación con infoLibre, que afecta principalmente a los postdoctorales. Según el texto aprobado por el Consejo de Ministros, el modelo indefinido debe ser la norma en los contratos Juan de la Cierva, una de las dos principales vías que tiene el investigador tras la presentación de su tesis. Pero "ese contrato es de máximo dos años". Por lo que, en la práctica, la reforma laboral ayudaría a que esa finalización de la relación contractual se convierta en un despido, con la correspondiente indemnización, que es positivo pero que no acaba con la inestabilidad. El modelo de seis años tampoco se adapta a las características de este programa.

La federación entiende que el segundo contrato, de seis años, es el predestinado a los beneficiarios del programa Ramón y Cajal, la segunda vía con la que cuentan los investigadores posdoctorales, y que es más corto: cinco años. Incluso en el caso de encadenar ambas ayudas, siguen sin cuadrar las fechas: siete años en ambos programas, pero seis de contrato. Un desequilibrio difícil de entender, como apunta aquí la organización: "Se puede dar la anomalía de tener una postdoc 'junior' con un contrato indefinido (con mayor cobertura legal) y una postdoc 'senior' con un contrato temporal (con menor cobertura legal)".

Las universidades ya han manifestado su inquietud por el presupuesto necesario para pagar esas indemnizaciones por despido. Morant ya ha declarado que los fondos del Ministerio de Ciencia sufragarán esas compensaciones, pero solo por el momento. A la larga, teme Rodríguez, los contratos Juan de la Cierva podrían desincentivarse si las universidades no quieren pagar de más.

La solución, para Rodríguez, es que ambos contratos sean indefinidos, y la creación de un "estatuto del personal investigador" posdoctoral, como el ya existente para los predoctorales, que unifique y disponga salarios mínimos en base a la formación recibida y aclare el embrollo entre las distintas modalidades para seguir en la carrera científica. No es la única carencia: los jóvenes investigadores seguirán discutiendo en los despachos y gritando en la calle. No hay, y en esto coinciden con sus mayores, un plan plurianual, a largo plazo, que asegure una financiación digna para la ciencia española más allá del impulso de los fondos europeos. La norma garantiza llegar en 2030 a una inversión pública del 1,25% del PIB, pero "lo que pedimos es una planificación" a largo plazo, explica el vicepresidente de la federación.

"No puede ser que en un año salgan 700 contratos Ramón y Cajal y al año siguiente se queden a la mitad", asegura Rodríguez: la cifra de inversión está bien, pero estaría mejor que los nuevos investigadores tuvieran las mismas oportunidades de acceso independientemente de si pueden disfrutar del impulso de los fondos europeos. También hay carencias, como reconoce la propia ministra, a la hora de repatriar a los investigadores que tuvieron que salir al extranjero por falta de oportunidades aquí: la nueva norma les permite validar parte de la formación recibida en otros países, pero los salarios siguen siendo insuficientes. El personal técnico, reconocido como "investigador" por la ley, no disfruta ni de estatuto ni de una carrera digna porque depende del Ministerio de Función Pública.

Han sido meses de pelea. Que no acaba aquí. Pero por ahora, los jóvenes investigadores precarios respiran y disfrutan de los frutos de la movilización. "En la movilización del 7F pudimos recoger mucho apoyo mutuo de muchos colectivos. En un mundo tan competitivo como el científico", destaca Pérez, es de agradecer. "Está siendo muy duro, pero estamos contentos con lo que se está creando".

De las palabras del científico y activista se desprende que ese "apoyo mutuo" no está garantizado. La presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas, Perla Wahnon, criticó el pasado 15 de febrero en Las Mañanas de RNE tanto la insuficiente inversión pública y la ausencia de un plan plurianual como la limitación a la temporalidad de los trabajadores, sin una palabra sobre la precariedad de unos jóvenes que apenas cobran más de 1.000 euros cuando empiezan su carrera durante años, que se ven en la calle sin indemnización, que son el eslabón más débil de la carrera.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), financiada por las grandes empresas del país, ha ido un paso más allá, criticando en su último informe sobre la ley un "exceso de regulación especialmente acusado en lo relativo a los recursos humanos". "El marco institucional que propone esta ley no sólo no elimina las barreras existentes, sino que introduce nuevas rigideces que elevan los costes a los agentes, investigadores y empresarios". La organización critica la ausencia de una reforma estructural que acerque la producción científica al mercado y genere riqueza, un punto de vista del que reniegan organizaciones como la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios.

"Por desgracia, cuando se piensa en la ciencia solo se piensa en el cáncer", asegura Rodríguez: en investigaciones que tengan un retorno cuantificable. El retorno es deseable y bienvenido, claro: pero los jóvenes piden que no se olvide el papel de la ciencia como generadora de conocimiento, que puede traducirse en más avances tecnológicos y en más productividad para las empresas... o no. Y, por supuesto, seguirán exigiendo una vida que se pueda vivir desde el principio de sus carreras científicas, con estabilidad y salarios dignos.

Más de una veintena de asociaciones y sindicatos se han concentrado este lunes 7 de febrero en 9 ciudades de toda España para protestar contra la reforma de la Ley de la Ciencia, que el Gobierno prevé aprobar en Consejo de Ministros en las próximas semanas, informa Europa Press.

Las concentraciones han tenido lugar en: Madrid (frente al Congreso de los Diputados a las 13.30 horas), Barcelona (a las 18.30 horas frente a la Delegación de Gobierno), Valencia (18.30 horas en Plaza del Parterre) y a las 12.00 horas en ciudades como Sevilla, Zaragoza, Santiago de Compostela, Granada, Badajoz y Castellón.

El colectivo de investigadores, entre los que se encuentran FPU Investiga, Red Doctorandos, Ciencia con Futuro, Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), la CNT y CGT, lamentan que el anteproyecto no recoja algunas de sus demandas.

Así, piden al Ministerio la elaboración de un Estatuto del Personal de la Investigación que regule sus derechos como trabajadores; la modificación de las retribuciones mínimas en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF); el desarrollo de la carrera profesional del personal técnico y de gestión; y la integración de todo el personal de investigación dentro de los convenios colectivos de referencia.

Del mismo modo, reclaman la reversión de las externalizaciones de los servicios básicos de las universidades y centros de investigación (subcontratas), adoptando un modelo de contratación directa que garantice tanto el mantenimiento de sus plantillas como el cumplimiento de los derechos laborales de su personal; la eliminación de la tasa de reposición para que todo el sector pueda crecer y estabilizarse; y el desarrollo de un marco claro de incorporación y carrera profesional de personal de investigación (investigador, técnico y de gestión) en las plantillas del Sistema Nacional de Salud.

Por último, demandan atención y protección a los colectivos más vulnerables, como mujeres, inmigrantes, LGTBIQ+, personas con capacidades distintas, así como a las enfermedades mentales sobrevenidas ante la precariedad, inseguridad laboral y/o acoso; y la creación de una Oficina de Integridad Científica nacional e independiente con poderes sancionadores y vinculada a la Oficina de Protección del Denunciante para proteger su identidad.

El anteproyecto recogía una reivindicación histórica de los investigadores: el derecho a recibir indemnización tras el fin de un contrato. Sin embargo, el borrador establecía únicamente este derecho para aquellos contratos que se suscriban a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, que tiene que ser aprobada aún por el Consejo de Ministros para dar inicio el trámite parlamentario.

Tras las quejas de los investigadores, el Ministerio finalmente ha accedido a permitir que este derecho sea retroactivo, es decir, que también puedan recibirlo aquellos investigadores con un contrato ya en vigor.

"Ciencia lo permite, pero después de mucha lucha, estamos contentos", señala en declaraciones a Europa Press el presidente de Ciencia Con Futuro, Santiago Rello, que considera esta reivindicación un asunto de "justicia social" y una "victoria" de las organizaciones.

En líneas generales, Rello valora los cambios introducidos en el borrador por la ministra. "El de Pedro Duque era pésimo", opina el presidente de la asociación, que también reconoce que el equipo de Diana Morant se haya "molestado" en reunirse con las organizaciones. Aun así, Rello asegura que todavía hay "fallos" en el anteproyecto que deberían ser solventados, como el desarrollo de la carrera profesional del personal técnico y de gestión, ha destacado.

Considero la justicia y la igualdad acciones indispensables como base de cualquier trabajo bien hecho. Creo que, de forma general, también a los dirigentes políticos nos ayuda una visión clara, ordenada y sintetizada de las cosas, de la norma que debe regir la toma de las decisiones más adecuadas para estar a la altura de las necesidades y exigencias de nuestro país. Son valores que se estudian en primero de ciudadanía.

Por poner un ejemplo directo, sirva el fenómeno viral de la gurú japonesa del orden Marie Kondo, quien sostiene que siempre debes ordenar por categorías y no por lugares, localizando y vaciando todos los espacios donde guardas el elemento en cuestión. Y es práctico extrapolar el modelo a todos los ámbitos de la vida, ¿lo han pensado? Según, la Sra. Kondo esta es la manera de ver su volumen real y descubrir lo repetido, anticuado y, especialmente, lo olvidado.

Hoy quiero llevar esta pauta, salvando las distancias, pero estrechando también el camino entre Ejecutivo y sociedad, hasta la espinosa tarea de modernizar España, de alcanzar una recuperación justa, inclusiva y real. Tal es el caso de la Ciencia. Es sencillo, todos compartimos la importancia primordial que tiene este sector para conseguir nuestro objetivo. Sin dejar cabos sueltos, buscando, examinando y ordenando para garantizar todos los recursos necesarios sin importar la geografía, repartiendo para alcanzar, permítanme la comparación, la armonía que promete Kondo. ¿Quién no anhela un país donde se respire tranquilidad? Una tranquilidad que, en un porcentaje muy elevado, viene garantizada por la calidad científica del territorio.

Y, por eso, las reformas e inversiones destinadas al Ministerio de Ciencia e Innovación tienen un peso verdaderamente importante en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Un esfuerzo histórico que nos sitúa en el camino correcto, pero que debemos consolidar con un Pacto por la Ciencia y la Innovación robusto, con una carrera científica a la altura del esfuerzo de nuestras investigadoras e investigadores, a quienes necesitamos otorgar más y mejores plazas postdoctorales.

Sabemos de lo que somos capaces, disponemos de la materia prima, está localizada, y por ello el siguiente paso es la proyección: España necesita un fortalecimiento de las capacidades que nos vuelvan más competitivos. Pero esto, al Gobierno tampoco se le ha escapado, al contrario, ha subrayado la necesidad de consolidar su peso estratégico: la I+D+i en el Plan de Recuperación tiene un valor cinco veces superior que en los escuálidos Presupuestos Generales del Estado que aprobó la derecha en 2018, un 4,86% frente a un escaso 0,87%.

Es decir, en total, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos de la UE, ha permitido aumentar el presupuesto del Ministerio un 60%, alcanzando los 3.380 millones de euros. Una cantidad orientada a servir beneficios a la sociedad y al medio ambiente, al crecimiento económico con un impacto duradero y de calidad.

En este sentido, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ya ha presentado los recursos, que se dividen en nueve bloques de inversiones, con varias reformas del Sistema Español de Ciencia, la Tecnología y la Innovación (SECTI), y con objetivos centrados en mejorar la eficacia, la coordinación y la gobernanza del Sistema, y en aumentar significativamente la inversión en I+D+i en sectores estratégicos, con más recursos que refuercen la colaboración y la coordinación entre los distintos agentes y entre estos y el sector privado.

España fomentará la coordinación de las capacidades autonómicas en investigación, desarrollo e innovación impulsando áreas donde se hayan demostrado fortalezas nacionales, a través de los Planes Complementarios con las comunidades autónomas, una herramienta que contempla tanto la modificación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, como la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Pero la pieza clave que conectará sociedad y comunidad científica, donde de verdad podremos ver ese avance hacia la sostenibilidad y la eficiencia, se materializará a la hora de favorecer la transferencia de conocimiento al mercado y a la sociedad, en una nueva carrera científica actualizada, fortalecida y vanguardista que responda a las exigencias vigentes en salud, medio ambiente, cambio climático y energía.

Lamentablemente, la estrecha mentalidad de una derecha anclada en políticas que daban la espalda a lo social se olvidó durante años de cuestiones vitales en el fondo de los cajones, no aireó armarios con asuntos europeístas ni puso orden en argumentos y soluciones que podían haber mejorado nuestra posición en la escala hacia el éxito científico como país. Pero, al contrario, el actual Gobierno está haciendo inventario, organizando, consultando, optando y repartiendo de forma equitativa e inclusiva los recursos que en un mañana nos brindarán la oportunidad de recoger los mejores frutos.

No podemos negar este impulso transcendental a la disciplina de la prospectiva en España a lo largo de esta legislatura, que desde el Gobierno ya se orquesta gracias al equipo del Gabinete de la Presidencia, y con la vista fijada en 2050. El presidente Pedro Sánchez presentó el pasado jueves la estrategia nacional a largo plazo España 2050, en la que han colaborado académicos de más de 30 universidades y que firman un centenar de autores, porque ya saben que el éxito está en la pluralidad, en el trabajo en equipo.

Una estrategia que también tiene presente el incentivo necesario de la I+D privada para que, junto con el impulso a la I+D pública, nos aproximemos en 2030 al objetivo del 3% del PIB, tal y como reza uno de sus principales objetivos. No hay vuelta atrás, estoy seguro de que España se convertirá en un referente europeo en este campo, con la consciencia y la necesidad del largo plazo, el tiempo que nos permitirá alcanzar un futuro distante, pero que cada vez está más cerca.

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Javier Alfonso Cendón es diputado por León y portavoz de Ciencia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves un plan de choque de impulso a la ciencia a corto plazo con una inversión de 1.056 millones de euros para 2020 y 2021.

Tal y como ha explicado, este plan supondrá la movilización de 396 millones de euros en ayudas directas para la ciencia durante este año, mientras que el resto, 660 millones, serán para el 2021. A esto se suma una inversión de 508 millones en préstamos para empresas innovadoras.

El plan constará de tres ejes. El primero de ellos guarda relación con la investigación e innovación en salud. "Vamos a fortalecer el sistema de investigación biosanitaria a través de la movilización de recursos a favor del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)", ha señalado Sánchez, que también ha avanzado la intención del Gobierno de reformar la Ley biosanitaria.

El segundo eje será para la transformación del sistema de ciencia y para lograr la atracción de talento para "resolver las deficiencias endémicas del sistema español". Para ello, Sánchez ha adelantado que el Gobierno iniciará "en breve" una reforma de la Ley de la Ciencia para poder dar estabilidad a la carrera profesional de los científicos en todas las áreas de conocimiento, y que también se va a dotar de más fondos a los principales instrumentos de financiación de la ciencia en cualquiera de sus disciplinas.

El tercer y último eje de este plan de choque es el impulso de la I+D+i empresarial y la industria de la ciencia, ya que "la ciencia necesita volcar sus resultados para ser productiva", según ha recalcado el presidente del Gobierno, que ha insistido en la intención del Ejecutivo de reforzar las bases del tejido productivo de España.

"Queremos que sea uno de los pilares de esta reconstrucción, transformación económica, social, medioambiental, digital del país, con medidas concretas de carácter transversal en sectores estratégicos", ha apuntado.

Este plan que se ha presentado hoy en un acto que ha contado con la asistencia de varios ministros, tiene como propósito "dinamizar de forma inmediata el sistema público y privado de I+D+i, con medidas que se pondrán en marcha este año y el siguiente", según ha anunciado Sánchez, si bien ha destacado la importancia de "apostar de forma sistémica" por la ciencia y la innovación.

"La pasividad e indiferencia política y la ineficiencia en la gestión de la actividad científica han llevado a la ciencia española al borde del colapso". Es el rotundo análisis de situación que hace la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la mayor agrupación de científicos del país, en el informe Cosce-Decides 2017 presentado este miércoles, y coordinado por la matemática y economista Aurelia Modrego.

Aunque advierten de que el largo periodo de crisis económica fue la "disculpa" para reducir la financiación pública de la investigación científica a "unos niveles muy inferiores a los de 2008", los autores del documento insisten en que esta no es la única causa de la "situación de debilidad preocupante" que atraviesa el sistema de ciencia en España. Y apuntan a "la ausencia de un compromiso real para impulsar una política de I+D+i seria y responsable que contribuya a mejorar el modelo de desarrollo económico y social del país". 

Ante este escenario, el resultado no puede ser más demoledor: "Un sistema científico carente de recursos financieros y humanos y con unas estructuras, instrumentos y normativas de gestión que dificultan el desarrollo de la actividad investigadora hasta límites insospechados". El documento, que recoge una evaluación exhaustiva del conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en España e incluye propuestas de mejora, analiza también el impulso presupuestario que se ha dado a los programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en los últimos años. 

Y ahí el panorama también deja pocos resquicios para el optimismo, pues la inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado sigue siendo inferior a la de antes de los grandes recortes. En 2009, el año en el que la financiación llegó a su cota más alta, se consignaron más de 9.600 millones euros para estas políticas y para 2018 hay presupuestados 7.050. En todo caso, eso no quiere decir que se gaste todo lo previsto. 

De hecho, el informe se centra en analizar la evolución de los fondos no financieros, es decir, las subvenciones a fondo perdido que están más dirigidas a la ciencia y la investigación. De los fondos financieros (créditos) resaltan que su transcendencia es menor tanto por su "baja ejecución" en los últimos diez años como porque las cantidades que se asignan tienen un menor nivel de firmeza porque no se incluyen en el techo de gasto ni en las cantidades enviadas a la UE como nivel de déficit público. Además, el texto subraya que "los importes consignados con los fondos financieros pueden dar lugar a una valoración distorsionada del nivel real de la apuesta por la I+D". 

Precisamente esa estrategia de dar más peso al préstamo que a la subvención en las cuentas públicas ha propiciado que se quedaran sin gastar –volviendo al Tesoro, no trasladándose al ejercicio siguiente– buena parte del dinero presupuestado para invertir en investigación científica. Según datos de diferentes informes de la COSCE esta cantidad superaría los 18.000 millones de euros entre 2011 y 2017. 

Respecto a los recursos no financieros, que según los autores del informe "permiten tener una visión más precisa de la dedicación presupuestaria a la I+D en los años recientes", muestran una "recuperación titubeante" desde 2013 hasta 2018, cuando se han alcanzado los 2.844 millones de euros. No obstante, esta cifra sigue estando lejos de los valores registrados antes de los recortes. Por ejemplo, el 2008 los recursos no financieros alcanzaron los 4.238 millones de euros. En una década, por tanto, la caída ha sido del 33%. 

Excesiva burocracia 

El documento también hace alusión a la "rigidez" de la gestión administrativa, que hace que pierdan significación las cantidades globales asignadas. E instan a "eliminar las excesivas trabas burocráticas", pues aseguran que el sistema español de investigación "no puede permitirse el lujo de que los investigadores tengan que dedicar tantos esfuerzos a cumplir con unos controles meramente administrativos y contables, supuestamente garantes de unos resultados de calidad que en realidad no se evalúan".

En los últimos meses miembros de los principales organismos públicos de investigación (OPI) han empezado a organizarse para exigir cambios administrativos que les permitan sacar adelante sus proyectos, pues aseguran que la excesiva burocracia paraliza sus investigaciones y les resta competitividad. Este mismo viernes van a celebrar una reunión en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid bajo el lema Salvemos la Ciencia. A este respecto, la COSCE subraya que "la excesiva burocratización ha llegado a hacer casi imposible la ejecución de los menguados recursos asignados". 

El foco está puesto en el Ministerio de Hacienda, que fue quien decretó en 2014 la intervención fiscal previa para todos los organismos públicos, también para los OPI. Eso quiere decir que cada gasto que quiera formalizar uno de estos centros (compra de equipamiento, contratos a investigadores...) tiene que estar autorizado previamente por un interventor, lo que consume unos recursos de gestión de los que los organismos públicos de investigación muchas veces ni siquiera disponen.

Propuestas

En el ámbito de las propuestas concretas, las sociedades científicas piden acabar con la "insensibilidad presupuestaria" que ha impedido la creación de un Fondo Estable de Inversión para la Investigación en Ciencia y Tecnología e Innovación que, a su juicio, es necesario para hacer una planificación a medio y largo plazo de la investigación y la innovación tanto en las universidades y organismos públicos de investigación como en las empresas. En este sentido, reclaman una programación cierta y duradera de las convocatorias que sea "lo menos variable posible". 

Asimismo, demandan que se reconsideren los objetivos, estructura y funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) o del nuevo instrumento que la sustituya. Y demandan que deje de ser una unidad meramente administrativa centrada en la tramitación de solicitudes y en el cierre contable de las previamente adjudicadas y que se adapte a las necesidades del sistema español teniendo en cuenta las experiencias internacionales. 

Por otro lado, requieren que se consolide un sistema de información que permita a los investigadores conocer la programación y ejecución de los fondos asignados a la investigación; que estimule la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de la actividad investigadora, priorizando la valoración y evaluación de resultados, tanto en el ámbito público como en el privado; y que facilite la toma de decisiones de científicos, empresarios, políticos y agentes que con el objetivo de que puedan contribuir a introducir cambios en el modelo español de desarrollo económico y social. 

Por último piden que, con carácter de urgencia, se cree en el Congreso de los Diputados un grupo de trabajo formado por expertos y personas de prestigio en los ámbitos económicos y sociales que, en un máximo de dos meses, establezca y desarrolle los elementos básicos para propiciar acuerdos amplios entre las distintas fuerzas políticas que !provean de estabilidad a la política científica" e impulsen "un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de calidad, independiente, eficaz y eficiente". También reclaman la creación de una Oficina Parlamentaria Asesora de Ciencia y Tecnología.

Sin embargo, en nuestra opinión, es precisamente ahora cuando deben traerse a colación dichos temas, prestando particular énfasis, por ser absolutamente crítico, al papel que juegan la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra economía y sociedad. El inesperado y rápido cambio de gobierno es una ocasión que "la pintan calva" para acometerlos y no deberíamos desaprovecharla.

Desde el Foro de Empresas Innovadoras (FEI) venimos insistiendo en que la nueva economía a que aspiramos debe fundamentarse especialmente en la relación entre innovación, productividad y competitividad. Se trata de un elemento básico para que la estructura económica (y no solo la coyuntura) sea más eficiente y robusta, capaz de resistir los impactos de futuras crisis en mejores condiciones que en las de los últimos años.

El anterior Gobierno prestó escasa atención a este asunto, a pesar de la insistencia que sobre la gravedad de la situación veníamos haciendo fuerzas sociales e instituciones de todo tipo. Este juicio se basa en hechos totalmente objetivos, citándose a continuación algunos de ellos.

Se produjo una fortísima reducción del presupuesto para I+D+i dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Así, se pasó de los más de 9.600 millones euros en 2009 a poco más de 6.500 millones en 2017, lo que supuso una reducción de una tercera parte, y ello sin tener en cuenta el efecto de la inflación que naturalmente reduce la capacidad de compra. Esta reducción no fue solo debida a la crisis, porque el descenso de la partida de I+D+i fue mayor que la que tuvo lugar para el conjunto de los presupuestos, resultando que mientras que la I+D+i era entorno al 3% del total de los presupuestos hace una década, hoy no llega ni al 2%. Además, y por si cupiera alguna duda sobre el nivel del desaguisado, España ha sido uno de los escasos países de la OCDE que han llevado a cabo tamaña reducción presupuestaria.

Otro dato también muy preocupante es el de la falta de ejecución de los presupuestos aprobados, que no ha hecho sino crecer en este último periodo. En efecto, en 2009, las obligaciones de gasto reconocidas, es decir su ejecución, supusieron entorno al 70% de lo aprobado y fueron descendiendo de manera constante hasta apenas alcanzar el 30% en 2017, lo que ha supuesto que incluso la UE haya hecho una advertencia pública sobre el particular.

De forma descarnada, las obligaciones reconocidas han descendido un 70% en los últimos años, de manera que en 2017 tan solo llegaron nuevos recursos al sistema por un valor entorno a los 2.000 millones de euros. Detrás de ello se encuentra como factor destacado el desproporcionado peso que tienen  los recursos financieros, es decir los créditos, sobre los recursos no financieros, o sea las subvenciones, lo cual es particularmente grave si se tiene en cuenta que las instituciones públicas (más de la mitad del sistema español de I+D) no pueden financiarse con créditos y que muchas empresas (singularmente las más pequeñas) no acuden a los mismos por razones tanto de los mecanismos de concesión como de su propia situación financiero-patrimonial.

Este comportamiento "pro cíclico" de los presupuestos es una de las causas, aunque no la única, que explican por qué todos los indicadores disponibles muestran un retroceso de la situación española en el plano internacional. Así, en efecto, el gasto en I+D sobre el PIB ha pasado de cerca de 1,4% a menos del 1,2 % en los años más recientes, mientras que el número de empresas innovadoras ha descendido considerablemente, trayendo aparejada también una caída de los gastos en innovación. Además, todos estos retrocesos han sido aún mas graves de lo que las propias cifras nos dicen, si tenemos en cuenta que ya partíamos de niveles realmente mediocres a nivel de la UE y la OCDE.

Algunas voces desprecian estos datos porque la macroeconomía ha mejorado, en parte debido a las exportaciones. Esto es cierto, pero se oculta que esas mejoras en gran medida se han debido a las rebajas salariales y han venido acompañadas de empeoramientos sustanciales de las condiciones laborales; el papel de la construcción y el turismo en la recuperación es muestra de ello. El cóctel se completa con unas condiciones de contorno muy favorables, como era el bajo precio el petróleo, los tipos de interés muy bajos –en ocasiones negativos- y los graves problemas de nuestros competidores turísticos del mediterráneo.

Los retos que se desprenden del desarrollo de la industria 4.0 no hacen sino añadir más argumentos a favor de la imposibilidad de dar un impulso nuevo y radical a nuestras políticas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Para ello, se pide, en primer lugar, que éstas ocupen un lugar destacado en la agenda política y, en segundo lugar, que se disponga de un diseño institucional que muestre ese nuevo papel, sea mediante la creación de un ministerio ad hoc o se establezcan otros mecanismos o estructuras análogas.

Paralelamente debería hacerse el máximo esfuerzo posible para incrementar los recursos públicos destinados a la I+D+i. Pretender en estos momentos de mudanza un incremento de los presupuestos del 2018 no parece realista, pero se nos ocurre una forma sencilla de incrementar en términos prácticos los recursos dirigidos a los actores de la innovación, y esta no es mas que la mejora en la gestión de dichos presupuestos. A modo de ejemplo, un ejercicio simple nos dice que si se lograse reducir significativamente la anteriormente citada falta de  ejecución (v.g. pasar del 70% de 2017 al 30% en 2018), supondría de hecho disponer de cerca de 2.000 millones de euros adicionales para inyectar en el sistema nacional de I+D+i).

Habría muchos más temas que debatir pero los dejamos para futuras aportaciones del FEI. Las ideas aquí expuestas tienen el carácter de urgencia que requiere la nueva situación política; en este caso, en tiempo de tribulaciones creemos que sí hay que hacer mudanza.

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José Molero es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro de Empresas Innovadoras.

Los jueces han obligado a readmitir o indemnizar a 242 trabajadores de los organismos públicos de investigación (OPI) que dependen del Ministerio de Economía entre los ejercicios de 2013 y 2017. Así lo revela el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de Ciudadanos Sergio del Campo a la que ha tenido acceso infoLibre. El número de demandas por irregularidades laborales recibidas en estos centros en los cinco años analizados ascendió a 469, lo que evidencia que la Justicia dio la razón a los investigadores y técnicos en el 52% de los casos. De estos últimos, 110 fueron despedidos con indemnización y 132 readmitidos y contratados de nuevo como indefinidos no fijos. 

El elevado número de demandas se explica por la gran precariedad de la que adolece la ciencia pública española, que lleva a los científicos a encadenar contratos temporales durante largos períodos. "Es cierto que por las particularidades del sector hay determinados trabajos que tienen un carácter puntual, pero hay gente que lleva hasta quince años concatenando contratos por obra y servicio con cargo a proyectos científicos", asegura la investigadora Alicia Durán, que también es representante de CCOO en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Estatal de Investigación. 

Durante años los OPI han hecho centenares de contratos amparándose en la ley de la ciencia, que permite prorrogar los contratos temporales de los investigadores sin tener en cuenta el Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 15.5 establece que adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que en un plazo de treinta meses hayan estado contratados durante más de 24 meses por la misma empresa mediante dos o más contratos temporales. Sin embargo, en los casos en los que los jueces han fallado a favor de los trabajadores han estimado que los centros de investigación han utilizado contratos temporales para satisfacer necesidades que eran permanentes, no puntuales. 

Durán señala que la explicación a por qué unos investigadores han sido readmitidos y otros despedidos con indemnización está en la estrategia judicial seguida en cada caso. En general, los que optaron por litigar amparándose en el Estatuto de los Trabajadores lograron ser contratados de nuevo como indefinidos no fijos; mientras que los que acudieron a los tribunales alegando que sus contratos se habían suscrito en fraude de ley en virtud de la Ley 43/2006, conocida como ley Caldera, tuvieron como resultado la calificación de improcedente de sus despidos con la consecuente obligación para los organismos de readmitirlos o indemnizarlos, que es la vía que han seguido muchos de ellos. 

Sergio del Campo, el parlamentario de Ciudadanos que hizo esta petición de información al Gobierno, advierte de la dificultad de acoplar las particularidades del trabajo que hacen los científicos con las rigideces de la Administración y los derechos que garantiza la legislación laboral. "Tenemos que estudiar a fondo el tema para ver qué iniciativas se podrían proponer, pero lo que siempre hemos defendido es la apuesta por la estabilidad del empleo sin dejar de lado la flexibilidad que requiere cada sector", señala. 

Temporalidad  

Los datos del Gobierno muestran que el 83% de los afectados son investigadores y técnicos del CSIC, el mayor organismo público de investigación de España, donde 106 empleados fueron readmitidos y 95 despedidos con indemnización entre 2013 y 2017. Los trabajadores de este organismo llevan tiempo denunciando los efectos que los recortes han tenido sobre su plantilla, que se ha reducido en un 30% desde 2011 hasta los actuales 11.084 entre personal científico, técnico y gestores. En total, 4.809 trabajadores menos, según datos de un informe reciente [consultar, aquí] elaborado por CCOO en base a información oficial. 

Además, según ese documento, el 43,2% de los trabajadores del centro tienen un contrato temporal. Los más afectados, no obstante, son los titulados superiores, que tienen una tasa de temporalidad del 74,8%. Es decir, sólo uno de cada cuatro tiene un contrato indefinido. "Con estas condiciones de temporalidad y precariedad donde los contratos de encadenan durante años no es posible abordar con seriedad una investigación puntera", lamenta Durán. 

Por otro lado, en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) hubo 13 readmitidos y siete despedidos e indemnizados sobre un total de 25 denuncias. En el Instituto Español de Oceanografía (IEO), donde hubo diez denuncias, siete profesionales resultaron readmitidos y tres despedidos con indemnización; en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) las denuncias ascendieron a quince con cinco despedidos con indemnización y cuatro readmitidos; y en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) hubo dos readmitidos sobre un total de diez demandantes. 

Victoria Ramos, investigadora del Instituto de Salud Carlos III, el mayor organismo de investigación biomédica de España, también alerta sobre las consecuencias de la precariedad laboral en el ámbito científico. "Estamos formando a personal investigador que no va a tener continuidad, con lo que esa formación, probablemente, no se revierta en la propia institución. La fuga de cerebros a otros países es un gran problema, aunque todavía lo es más que esas personas brillantes acaben aceptando otros trabajos en los que no se tiene en cuenta su trayectoria o que, directamente, acaben engrosando las listas del paro", lamenta. 

Los trabajadores de los OPI esperan que el acuerdo que el Gobierno y los sindicatos suscribieron en marzo del año pasado para la convocatoria de casi 300.000 plazas en los sectores de enseñanza no universitaria, sanidad y justicia en el plazo de tres años pueda extenderse también a sus organismos, que están fuertemente castigados por la precariedad y el empleo temporal. Por el momento, lo que sí se ha conseguido es la consolidación de los empleos de los alrededor de 420 contratados indefinidos no fijos que han accedido a esta condición de los siete organismos de investigación a través de sentencias judiciales o por otras vías. 

Movilizaciones 

Precisamente, en las últimas semanas, miembros de los OPI han decidido salir al espacio público para alertar del cóctel que, a su juicio, amenaza con llevar al colapso a la I+D española: precarización laboral crónica, fuertes limitaciones presupuestarias y una excesiva burocracia, a la que culpan de paralizar sus investigaciones y restarles competitividad.

Los últimos en hacerlo han sido 300 investigadores del Instituto de Salud Carlos III, que en un comunicado al Ministerio de Economía relatan su situación de "asfixia" y lamentan las trabas y dificultades para realizar su trabajo y los bajos recursos que el Gobierno destina a la investigación. Aseguran que la inversión real –no financiera– ha disminuido en un 40% desde 2009. Esta parálisis, advierten los firmantes, hará que estos investigadores se vean abocados al paro o la emigración en un futuro próximo y ponen en peligro el desarrollo de proyectos y de actividades propias del instituto.

El primer comunicado en esta línea, el pasado 20 de marzo, fue el del Instituto Español de Oceonografía, en el que 200 de sus profesionales denunciaron que la "situación de parálisis" del centro se resumía en "incapacidad de gestión de los recursos financieros disponibles, muchos captados de fuentes externas; incumplimiento de los compromisos adquiridos; retrasos en los pagos; devolución de subvenciones no ejecutadas; y desincentivación en el liderazgo de proyectos". Después le siguieron, con sendos comunicados, científicos del Ciemat y del INIA. 

Además, investigadores, académicos y vocales del Consejo Asesor y el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación llevaron el pasado 11 de abril al Congreso 277.000 firmas para exigir un "cambio de rumbo" en las políticas en I+D. En la carta que acompañaba a las firmas, denunciaban tanto los recortes como la "no ejecución" de varias partidas presupuestarias.

La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la mayor agrupación de científicos del país, critica que el Gobierno de Mariano Rajoy no tenga una política "seria y comprometida" en I+D y advierte de que el sistema español de ciencia, tecnología e innovación está en una situación "de excepción" de la que es "urgente" salir. Estas son las principales conclusiones del informe Cosce-Decides 2017 [consultar, aquí], presentado este lunes, y coordinado por la matemática y economista Aurelia Modrego. El documento hace un análisis exhaustivo de las actuaciones del Ejecutivo central en materia de política científica e incluye propuestas de mejora. 

La Cosce señala que a esta situación "de excepción" ha contribuido el recorte de 20.000 millones de euros que acumulan desde 2009 el conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en España. Los científicos consideran que las partidas consignadas en los Presupuestos de los últimos ejercicios "muestran la falta de compromiso del Gobierno con las políticas de apoyo en estos ámbitos, ignorando su importancia como elementos centrales de progreso económico y social".

En este sentido, critican que la recuperación de los Presupuestos sólo haya propiciado la congelación de los recursos para investigación. Sobre el papel, en 2017 estaba previsto dedicar 6.513 millones de euros a la política científica, 84 millones de euros más que en el ejercicio anterior. El aumento es, en realidad, una congelación pues la subida es inferior a la inflación prevista para este año. 

También cuestionan que se mantenga la estrategia de dar más peso al préstamo que a la subvención en las cuentas públicas. Esa estrategia ya propició que se quedaran sin gastar –volviendo al Tesoro, no trasladándose al ejercicio siguiente– cuatro de cada diez euros presupuestados para invertir en investigación científica entre 2011 y 2015. En total, 12.500 millones de euros. 

"No se entiende que se ponga insistentemente de relieve el lugar destacado de las publicaciones científicas españolas en el contexto internacional y no se adquiera la responsabilidad para resolver los problemas del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Esto tiene un efecto perverso en la actividad investigadora y, por tanto, un deterioro en el conjunto del sistema", se quejan los autores del estudio. 

Las sociedades científicas señalan que la persistencia de esta actuación llevaría a la actividad investigadora a "retroceder" a medio y largo plazo, con la consiguiente disminución en la capacidad de generar nuevas ideas y conocimiento. E insisten en la necesidad de apostar por una legislación que no frene la actividad investigadora, que esté financiada con unos recursos que sean adecuados, así como en unos procedimientos de gestión que simplifiquen los procedimientos burocráticos y administrativos. 

No hacerlo, a juicio de los investigadores de la Cosce, supondría  perpetuar un sistema en el que, a pesar de éxitos puntuales, no se ha logrado que los ciudadanos se beneficien del conocimiento científico generado y que, además, corre el riesgo de "retroceder" si persiste la actual situación de "estancamiento". "En estas condiciones el futuro del país estaría en una posición de dependencia de las nuevas ideas e innovaciones generadas en otros países", señalan en el informe. 

En el ámbito de las propuestas concretas, las sociedades científicas reclaman, con carácter de urgencia, la creación en el Congreso de los Diputados de un grupo de trabajo formado por expertos y personas de prestigio en los ámbitos económicos y sociales que, en un máximo de dos meses, establezca y desarrolle los elementos básicos e inexcusables para dotar al país de una política de I+D estable, comprometida y transformadora que contribuya a reformar en profundidad el modelo económico y social de España. 

Compromisos 

En segundo lugar, el informe analiza el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), que fue sometido a información pública en julio pero que aún no se ha aprobado. Según la Cosce ese plan debería abordar cuestiones clave como el envejecimiento de las plantillas en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), el escaso personal de I+D en las empresas o las "rigideces del marco normativo y los largos ciclos de gestión administrativa" que "afectan a todas las actuaciones".

Sin embargo, antes incluso de su puesta en marcha los científicos ven en este plan "carencias significativas". A saber, la "indefinición" del marco presupuestario y la falta de previsión de los recursos para su puesta en marcha. También critican que antes de la implementación de la nueva estrategia no se haya hecho una evaluación en profundidad del anterior plan 2013-2016 que está todavía en vigor. 

En relación a los compromisos en materia científica que el Gobierno de Mariano Rajoy acordó con Ciudadanos para su investidura, la Cosce subraya que sólo tiene constancia de que se haya cumplido uno de ellos, la creación de la llamada Red Cervera de transferencia tecnológica, que tiene como objetivo conectar mejor la universidad y la empresa y ayudar así a las pequeñas compañías a ser más productivas y que cuenta con una dotación de 500 millones de euros. No obstante, 20 millones son de subvenciones y los 480 son de préstamos, que son los que menos se ejecutan.

La sociedades científicas, sin embargo, lamentan que el Ejecutivo no haya cumplido, por el momento, con otro de sus compromisos: la reforma del Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para que responda al modelo del European Research Council (ERC) y promover con ello la estabilidad en la gestión de la I+D. Precisamente este es el organismo en el que confiaba el Gobierno para reactivar los créditos bonificados que históricamente no se vienen ejecutando y que, por tanto, no están llegando a su objetivo, que es financiar la actividad innovadora de las empresas.

La ciencia sigue sin ser una prioridad en España. Los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) constatan que el nivel de inversión pública y privada en investigación y desarrollo no remonta a pesar de la recuperación. De hecho, en conjunto, la economía española invirtió el año pasado 1.530 millones de euros menos en investigación y desarrollo (I+D) que en 2008. En porcentaje, el descenso es del 10,4%.

Además, otros estudios como el Innovation Union Scoreboard [PDF en inglés, aquí] que la Comisión Europea hizo público el pasado octubre han puesto en evidencia que España está instalada en el furgón de cola de la UE en lo que a innovación científica se refiere. De hecho, el Ejecutivo comunitario sitúa a España en el puesto 20 de los 28 Estados miembros. Ese documento refleja también que, en los últimos años, la brecha frente a la media de la UE ha aumentado a un ritmo superior que en otros países.

En datos macro, el objetivo que se han marcado los países de la Unión para 2020 es dedicar a I+D el 2% del PIB, una cifra que está muy lejos del 1,22% que ahora dedica España. En 2008 el peso sobre el PIB de esta partida era del 1,35% y desde entonces todos los años se ha seguido una tendencia decreciente. La comparación con el resto de Europa es desalentadora, pues España está por detrás de países con economías menos desarrolladas como Eslovenia, que dedica el 2,21% de su PIB a investigación y desarrollo; República Checa (1,95%), Estonia (1,50%), Hungría (1,38%) o Polonia (1,28%). 

Estas cifras, denuncian los expertos consultados por infoLibre, influyen –y mucho– en el modelo de país. Los expertos coinciden también en que la falta de inversión está contribuyendo a consolidar el retraso del país respecto al resto de socios europeos en el énfasis aplicado a la innovación. La creencia común, en cualquier caso, es que la ciencia está entre las perdedoras de la recuperación económica. 

"Economía especulativa"

El bioquímico Jorge Barrero, director general la Fundación para la Innovación Tecnológica Cotec, considera que no puede haber un crecimiento económico "sostenible" a medio plazo sin una política de refuerzo de la I+D. "Volveremos a cometer todos los errores que cometimos en el pasado si no tenemos una base sólida de conocimiento que sustente nuestras actividades", subraya. 

A su juicio, esta deriva lleva a España a impulsar de nuevo una "economía especulativa" como la que llevó a la crisis iniciada en 2008 y basada en sectores que son intensivos en mano de obra pero no en conocimiento como pueden ser la construcción o el turismo. Considera que ambas son actividades necesarias que pueden y deben ser innovadoras, pero que no tienen una base de conocimiento científico fuerte. "Algunos pensamos que no debemos dedicarnos simplemente a ser la playa de Europa. Podemos aspirar a más. De hecho, hemos realizado una importante inversión en los últimos 25 años para ser algo más. ¿Vamos a echarlo a perder?", se pregunta. 

Barrero está convencido de que, de mantenerse esta senda, España no va a ser capaz de generar riqueza en sectores industriales y de alta y media tecnología y, por lo tanto, tampoco empleo en esos ámbitos. "Son dos variables que están ligadas. Si no hay empresas que innoven, que investiguen... pues tampoco habrá puestos de trabajo para investigadores y para técnicos", subraya. 

Luis Santamaría, investigador del CSIC y presidente de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (AACTE), cree que el problema de fondo es la falta de un modelo económico. "El Gobierno actual no ha sido capaz de identificar en qué sectores creen que podemos ser de los mejores del mundo y basar en ellos nuestro desarrollo", asevera. Y advierte de una vuelta al pasado, pues se están potenciando los institutos tradicionales del final del franquismo como los de desarrollo agrícola, los de pesquerías, los energéticos... en detrimento de otros como las renovables, que se ha hundido por la carencia de una estrategia de desarrollo. 

"No he conseguido ver qué sectores considera el Gobierno que nos van a sacar de la crisis más allá del turismo y de la agricultura, que son característicos de los países en semidesarrollo. Si dependemos de eso, estamos volviendo cuarenta años atrás. Son sectores que nos llevan hacia el pasado, no hacia el futuro", se queja el investigador del CSIC Luis Santamaría. 

Las consecuencias de estas políticas, o quizá de la ausencia de ellas, también están perjudicando al presente de la ciencia en España y a su presencia en el ámbito internacional. "Estamos perdiendo, por completo, la presencia en la representación internacional porque el Gobierno también ha dejado de invertir allí. Eso quiere decir que cuando se decida la política científica y tecnológica y las grandes inversiones, España no va a estar allí", lamenta Santamaría. 

También insiste en esta idea Anxo Sánchez, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid especializado en la aplicación de las matemáticas en las ciencias sociales. A su juicio, los grupos de investigación españoles, que hasta ahora eran punteros en determinados campos, están perdiendo recursos, competitividad en el marco internacional y oportunidades de seguir avanzando y ampliando su trabajo. 

Precarización  

Otro gran problema es la descapitalización de la I+D española en cuanto a los recursos humanos, un fenómeno que se ha incrementado como consecuencia de la crisis y los recortes presupuestarios. Annie  Machordom, investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales y miembro del colectivo Marea Roja de la Ciencia, lamenta el "entorno precarizado" en el que los investigadores realizan su trabajo en España. A su juicio, desde el ámbito público, es necesario proveer a la ciencia española de fondos necesarios para desarrollar una carrera investigadora estable, bien definida y no sujeta a ciclos electorales.

Anxo Sánchez explica que esta precarización está provocando un envejecimiento progresivo del sector "muy preocupante". "El hecho de que cada vez haya menos dinero para formar investigadores está provocando que la edad media de las instituciones de investigación españolas sea cada vez es más alta. Los jóvenes, o se marchan fuera, o aceptan trabajos en condiciones muy precarias", señala. 

También Santamaría alude a las consecuencias que la crisis ha tenido en la investigación española. "Durante ese período de crisis era imprescindible que se desmoronara lo menos posible. Pero no fue así. Por no hacer pequeñas inversiones se han echado a perder infraestructuras o grandes equipamientos de laboratorio que ahora cuesta mucho recuperar. También cayeron mucha colaboraciones público-privadas que es difícil que se vuelvan a establecer", explica. 

Este investigador lamenta, además, que todo el énfasis se esté poniendo en la actualidad en la llamada "transferencia de conocimiento o investigación aplicada". Es decir, obviando la investigación básica. "Hay mucha preocupación con el paro y la generación de riqueza y por eso se pone el énfasis ahí. Hay que pensar que esto no es una carrera de un año o dos, sino de varios. Pero es algo difícil de entender para un país que no tiene tradición de planificar a largo plazo el desarrollo económico", señala. 

Machordom también insiste en este aspecto. "Cada vez hay menos proyectos y están peor dotados. Me parece peligrosa esta deriva porque la investigación básica no es muy atractiva para las empresas, pero es muy importante para que otras cosas se desarrollen. Esto lleva a perder una enorme capacidad de investigación", lamenta. 

El director de la Fundación Cotec, Jorge Barrero, cree que, al final, la cuestión es tan sencilla (o tan compleja) como decidir "qué tipo de país queremos ser". "Hay otros países que no pueden elegir. Por ejemplo, en la República Dominicana tienen difícil hacer algo diferente al turismo porque no tienen la base ni la estructura de educación superior adecuada para hacerlo. Pero España sí tiene esa opción. Puede elegir, por ejemplo, ser California, que tiene playas, pero también tiene a Google. Nosotros que tenemos la oportunidad parece que estamos renunciando a una economía basada en el conocimiento", sentencia. 

España sigue empeorando sus datos en materia de innovación. La Comisión Europea la relega al puesto número 20 de países innovadores, un escalón menos que el año pasado y cuatro peldaños por debajo del lugar que ocupaba en 2013. Así lo refleja el informe European Innovation Scoreboard 2016 (PDF en inglés, aquí), que pone de manifiesto el retraso del país respecto a sus socios europeos en innovación científica y tecnológica. 

El estudio se basa en un total de 25 indicadores con los que se establecen cuatro grupos en función de su rendimiento medio en esta materia. Los innovadores líderes son los países cuyo rendimiento en innovación está "muy por encima" del promedio de la Unión Europea –concretamente, en torno al 20% más que el comunitario–, un grupo en el que están Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda y Suecia, país, este último, que lidera el ránking. Los estados que están por encima o cerca del promedio europeo son los llamados seguidores, cuyo rendimiento se sitúa entre el 90% y el 120% respecto al de la UE. 

España pertenece al grupo de los innovadores moderados, una categoría que comparte con Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Eslovaquia, países que están por debajo del rendimiento europeo, entre un 50% y un 90% de la media comunitaria. En el último escalón están Bulgaria y Rumanía, inversores modestos, con un rendimiento que no alcanza el 50% de la media de la UE.

"Los resultados en innovación mejoraron de forma constante hasta 2013 y desde entonces el índice de innovación ha ido cayendo. En 2015, el resultado se sitúa en un nivel significativamente menor que en 2008", asegura el estudio sobre los resultados en innovación de España, que también destaca que "la brecha de España con la UE ha aumentado con el tiempo. En 2008, el nivel de rendimiento estaba en su punto más alto, en el 77%, mientras que en el año 2015 ha disminuido al 69%".

Aunque, según refleja el informe, los datos en innovación de los inversores moderados mejoraron de forma constante desde el inicio de la crisis y hasta el año pasado – la media del grupo respecto a la comunitaria había pasado del 70,4% en 2008 hasta el 71% en 2015–, el crecimiento del índice de innovación español fue negativo y su brecha respecto a la media europea aumentó. Mientras que países como Polonia o Hungría, con un PIB inferior al español, experimentaron un leve crecimiento –del 0,1% en el caso de Polonia y de 0,4% en el de Hungría–, España tuvo un decrecimiento de -0,8 puntos porcentuales, convirtiéndose, de esta manera, en el tercer país que más ha retrocedido en innovación, sólo superado por Chipre (-0,9%) y Rumanía (-4,4%). 

La calidad de los científicos logra maquillar los datos

Aunque España está por debajo de la media europea en la mayoría de los 25 indicadores que recoge el estudio, sus resultados se acercan en el indicador relativo al sistema de investigación, fundamentalmente por su resultado "relativo fuerte" en copublicaciones científicas internacionales.

"El rendimiento ha mejorado más en la dimensión de los recursos humanos (3,8%)", asegura el informe. En este sentido, España está por encima de la media en el porcentaje de la población que ha terminado estudios superiores, marcas comunitarias y venta de nuevos productos innovadores, algo que contrasta con la falta de inversión por parte de la Administración.

El dato en el que más ha mejorado España es el relativo a licencias e ingresos por patentes del extranjero (13%), mientras que en el que más ha retrocedido es en las inversiones de capital de riesgo (-11%), según el estudio.

Tras años de recortes, la financiación a la I+D+i pública se ha reducido un 33% desde 2009. Ahora España se encuentra en torno al 1,24% del PIB, muy lejos del ansiado 3%, el objetivo marcado por la Unión Europea para dentro de cuatro años.

El PSOE propone aumentar la inversión pública en I+D+i civil con paso firme y gradual. Apuestan por doblarla al final de la legislatura. Ya lo hicieron entre 2004 y 2008. Es más, fijarían un suelo del 2,5% de los Presupuestos Generales del Estado para investigación.

Podemos propone una subida progresiva hasta el 2,7% en 2017 que llegue hasta el 3% en la siguiente legislatura.

El PP se compromete a aumentar la inversión hasta alcanzar el 2% del PIB en 2020. Eso sí, dependería de la recuperación del crecimiento de la economía y la consolidación fiscal.

Ciudadanos subiría la inversión por encima del 1,5%, que hasta ahora nunca se ha superado  y propone una Ley de Mecenazgo que dirija la filantropía hacia la I+D.

A pesar de que todos abrazan la ciencia, el partido más lúcido en materia científica es el PSOE. Frente a la tibieza del PP, los socialistas han demostrado una certera y progresista sensibilidad científica aprobando la Ley de Investigación Biomédica, la Ley de la Ciencia, creando la Unidad de Mujeres y Ciencia y dando un, hasta el momento inigualado, impulso a la difusión de la cultura científica. Ahora proponen hacer de la ciencia una prioridad política y social.

Ciudadanos metió la pata esta semana con la declaración del portavoz del área de ciencia que ha demostrado un profundo desconocimiento del sector que representa. “Sí que estoy a favor de la homeopatía”, dijo sobre esta práctica sin sustento científico.

Sobre Unidos Podemos, la empanada conceptual que exponen quedó muy bien reflejada en esta entrevista a Pablo Echenique.

Es posible que los partidos hayan interiorizado que la clave para transformar el tejido productivo del país es la I+D+i. Los que más invierten son los más ricos. Es la base más sólida sobre la que edificar un modelo de desarrollo económico sostenible. No hay más que echar un ojo el PIB dedicado a ello en países punteros como Estados Unidos (2,8%), Corea del Sur (4,15%), Dinamarca (3%), Finlandia (3,3%), Israel (4,2%) o Japón (3,4%).

La comunidad científica espera la formación del nuevo parlamento con ansia, cautela y escepticismo. Y pide un pacto de Estado por la ciencia que blinde el I+D+i ante posibles cambios de gobierno. Piden que la inyección de dinero en ciencia sea constante y se mantenga en periodos de crisis. Porque es la fórmula para superarla. Porque los eurekas construyen su futuro. Nuestro futuro.

España sigue instalada en el furgón de cola de la UE en lo que a innovación científica se refiere. Un informe de la Comisión Europea vuelve a poner en evidencia cómo la falta de inversión está contribuyendo a consolidar el retraso del país respecto al resto de socios europeos en el énfasis aplicado a la innovación. De hecho, el Ejecutivo comunitario sitúa a España en el puesto 19 de los 28 Estados miembros, tres peldaños por debajo del lugar que ocupaba en el informe de 2013, elaborado con datos de 2010 y 2011. Y aunque hay ciertas áreas de progreso, la realidad de los datos refleja que en España, en los últimos años, la brecha frente a la media de la UE ha aumentado a un ritmo superior que en otros países. 

El estudio Innovation Union Scoreboard [PDF en inglés, aquí] tiene en cuenta 25 indicadores y clasifica a los países en cuatro categorías en función de su apuesta por la innovación: líderes, seguidores, innovadores moderados y modestos. Pues bien, España –con una inversión anual del 1,24% del PIB, según los últimos datos publicados por el INE, de 2013– permanece en el tercer grupo, aunque ahí también pierde posiciones. Queda en el puesto siete del total de 13 países que lo integran. En el informe de 2014 estaba en el puesto tres de 11. Lo que refleja el informe es que, pese al crecimiento de la inversión española en I+D entre 2004 y 2009, la tendencia a la baja desde 2010 ha ensanchado la brecha respecto a la media europea, que estaba en el 2,02% en 2013.

La conclusión más clara es que España se mantiene entre los países que están peor preparados para trasladar al mercado los resultados de la investigación científica y técnica y que, además, queda por debajo de países que tienen PIB per cápita inferiores como Estonia, que está en el puesto 13; Chipre, en el 15; o Malta, en el 18. Llama la atención también que España esté sobrepasada por otro país de su entorno que también ha sufrido los rigores de la crisis y de la austeridad en sus finanzas públicas como es Portugal, que ocupa el lugar 17. A la cabeza europea se establecen, una vez más, los países escandinavos (Suecia, Dinamarca y Finlandia) y Alemania. No obstante, la UE sigue estando por detrás de Estados Unidos y de Japón y sigue perdiendo competitividad por la influencia de países emergentes como China o Corea. 

Recortes y recursos humanos 

Entre las principales debilidades de España, según este documento, están el bajo nivel de inversión pública y privada en investigación y desarrollo, así como la escasez de ingresos por venta de patentes de alta tecnología en el extranjero. Las cifras oficiales confirman este diagnóstico. Los presupuestos públicos de I+D han caído casi un 37% desde 2009. Y la esperanza de que el sector privado tirara de la investigación ante los fuertes recortes en la inversión pública también fue una quimera. Las empresas, según los datos del INE, están apostando cada vez menos por la I+D. El último dato, de 2013, muestra un gasto de 13.233 millones de euros en la materia. En 2008 la cifra alcanzó los 19.919 millones de euros, por lo que entre ambos periodos se ha registrado un descenso de casi el 34%. 

En este contexto, los expertos coinciden en resaltar la influencia que tiene la falta de inversión en la investigación básica, que se desarrolla principalmente en organismos públicos lo que le permite ser más independiente de las dinámicas económicas. La cuestión es que, sin ella, "no hay innovación posible", dice Anxo Sánchez, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid especializado en la aplicación de las matemáticas en las ciencias sociales. Y ahí es donde España parece tener un problema porque los recortes de los últimos años han agravado el retraso histórico que el país apenas había empezado a superar a partir de 2007. Sin ciencia básica es muy complicado que se pueda aplicar la ciencia al desarrollo tecnológico, lo que merma las posibilidades de innovar. 

El otro gran problema es la descapitalización de la I+D española en cuanto a los recursos humanos. Algo que está motivado por los recortes presupuestarios y que contribuye a consolidar una tendencia a la baja en el número de patentes, que son precisamente los aspectos que destaca el informe. De hecho, según datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, las solicitudes de patentes mundiales con origen en España llevan cuatro años cayendo. 

Precisamente para poner el acento sobre el exilio forzado de los científicos españoles, la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (AACTE)  puso en marcha el pasado diciembre la campaña "Leyendas urbanas". El objetivo era responder a Emilio Lora-Tamayo, presidente del CSIC, que un mes antes había calificado de "leyenda urbana" la fuga de cerebros. Desde entonces, más de 320 científicos que han tenido que irse a desarrollar su investigación en el extranjero les escribieron contándoles su caso y se hicieron una foto sosteniendo un cartel en el que se puede leer: "Yo también soy una leyenda urbana". Las imágenes están colgadas en la página web de la asociación. 

El físico Iván Agulló, en la Universidad de Luisiana. AACTE

Sin embargo, la realidad es que España ya partía de una grave carencia de capital humano incluso antes de la crisis. En 2012, antes de los recortes de 2013 y 2014, el número de investigadores por cada 1.000 trabajadores era de 7,17, una cifra que estaba bastante lejos de los 8,24 de Alemania o los 9,24 de Francia y a años luz de los 16,1 en Finlandia. Y es sólo en ese contexto que se puede explicar la actual carencia de capital humano, señala el científico titular de la Estación Biológica de Doñana y presidente de la AACTE Luis Santamaría. En el sector público, los datos sobre el número de plazas convocados por los organismos públicos de investigación –el CSIC, entre ellos– hablan por sí solos: han pasado de 681 en 2007 a 15 en 2013, según datos aportados por Santamaría.

También Anxo Sánchez se refiere a la fuga de cerebros. "Seguimos manteniendo un nivel digno en investigación dado por el número de publicaciones pero los investigadores de entre 30 y 40 años, con muy buenos currícula, están en puestos precarios o directamente se han ido al extranjero, y ellos son los más adecuados para participar en la transferencia; estamos perdiéndonos sus mejores momentos", denuncia. Y advierte: "Acabaremos por perder lo poco que queda en investigación si no actuamos ya mismo, sobre todo para estabilizar a los jóvenes de gran nivel investigador y darles un presupuesto adecuado para su trabajo". 

modelo de crecimiento

Por otro lado, el informe destaca las dificultades que tiene la ciencia española para captar las inversiones de los fondos de capital riesgo, que son los que ponen su dinero en negocios que estiman pueden ser rentables y los retiran cuando obtienen el beneficio previsto. Sánchez recuerda que en España nunca ha habido una gran inversión de este tipo, precisamente porque cuando la investigación –que es el paso previo– comenzó a consolidarse llegaron la crisis y sus recortes y ya no se pudo abordar la dedicación a la innovación. A su juicio, la consecuencia de estos hechos es clara: "Donde no se producen ideas nuevas, nadie viene a invertir". También es pesimista para el futuro: "Lo poco que se invertía por fondos de capital riesgo disminuye, porque como producimos poca investigación básica y la poca que hacemos disminuirá, ellos perciben que de aquí no van a sacar nada, e invierten donde sí se investiga". 

Como factores positivos, España tiene opciones de presumir en escasos frentespresumir . A saber: tasa de población con estudios universitarios, llegada de nuevos productos al mercado y presencia de investigadores españoles en las publicaciones científicas. Sin embargo, los expertos advierten de que ese "nivel digno" en investigación que evidencia el número de publicaciones se puede perder si no se pone freno a los aspectos mencionados previamente. 

En datos macro, el objetivo que se han marcado los países de la UE para 2020 es dedicar a I+D+i el 3% del PIB, una cifra que está muy lejos del 1,24% que ahora dedica España. Esta cifra, denuncian los investigadores consultados, influye –y mucho– en el modelo de país.  "El Gobierno ha apostado claramente por una supuesta vía de recuperación basada en la España de servicios para los turistas con dos instrumentos: la reforma laboral y la bajada del presupuesto en I+D. Pero no funciona. Es verdad que estamos creciendo en esos sectores pero la gente no nota la recuperación porque ese crecimiento es a expensas de unos puestos de trabajo con unos sueldos mucho menores de lo que fueron. Por otra parte, ni siquiera en este ámbito nos recuperamos bien porque con la bajada de los sueldos baja también la productividad de los trabajadores, que no están motivados, y la calidad del servicio", señala Anxo Sánchez. 

Esta realidad no resulta extraña si se coteja, por ejemplo, con los objetivos que se planteaba el Gobierno en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 donde se mostraba confiado en las expectativas de futuro de la hostelería, el turismo y la agricultura y relegaba a un segundo plano empleos especializados o relacionados con las nuevas tecnologías, la innovación y el desarrollo. Sánchez está convencido de que si España hubiera apostado por seguir trabajando e fomentar la transferencia de la investigación a la innovación, estaríamos ahora en la vía de un cambio de modelo de crecimiento. Especialmente –subraya– "si invirtiéramos sin miedo a equivocarnos, es decir, invirtiendo en muchos proyectos diferentes de los que solo saldrán bien algunos, pero que marcarán la diferencia".

"El año pasado se dejó de pagar durante mes y medio el agua y estuvimos a punto de que nos cortaran la luz". Así define la situación que vive el CSIC uno de sus jóvenes investigadores, Gonzalo Durante, quien ha manifestado a este diario que la inyección de 70 millones que ha recibido el Centro de Investigaciones Científicas es "un despeje a córner" del Gobierno porque "de lo contrario varios centros hubieran cerrado a final de mes porque no hubieran tenido para pagar la luz y el agua".

Esta inyección de dinero "in extremis demuestra que la situación del CSIC es muy crítica" y llega como un balón de oxígeno "al límite", ha declarado el portavoz de la plataforma de Jóvenes Investigadores/Precarios, José Manuel Fernández, quien pide no llamarse a engaños porque este dinero no soluciona el grave estado en el que se encuentra la ciencia en España.

La ciencia en España sigue sin ministerio desde que el PP ganara las elecciones hace dos años y con una Agencia Estatal aprobada a la que se dotó con un presupuesto de 0 euros para su funcionamiento, es decir, "sin la menor intención de ponerla en marcha", ha expresado Gonzalo Durante, del Centro de Investigaciones Biológicas. 

Los investigadores están dispuestos a sacar la lupa para leer la letra pequeña de esta partida presupuestaria, reiteran, porque la dinámica "es la zancadilla y el engaño". Ríen por no llorar. No saben si para hablar de ciencia se tienen que dirigir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro o al de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ya que han dado por perdida a su secretaria de Estado, Carmen Vela, a la que Durante considera "un títere sin autoridad ninguna que debería haber dimitido hace meses".

El investigador Raúl Alelú ya declaró a este diario que Vela le "pasó el muerto a Montoro" y mostró su interés para que "los científicos se marcharan fuera". Justo lo contrario de lo que piden los investigadores por una inminente fuga de patentes que ocasionaría que otros países se beneficiaran económicamente. España los forma y otros países se aprovechan a coste cero es lo que se ha expuesto en las diferentes manifestaciones de los últimos meses.

El plan anual de investigación tenía que haber salido en diciembre de 2012 y todavía no hay rastro de él a 19 de octubre de 2013 y "si el CSIC va a seguir con la misma financiacion continuará sin poder convocar programas para jóvenes investigadores, hecho que se da desde hace 2 años".  

Desde 2009, denuncian, los presupuestos para ciencia se han visto mermados en 2.500 millones de euros. Este junio recibieron otros 25 millones de euros "para pasar el verano" pero sin aire acondicionado en algunos centros de los 126 centros del CSIC. El presidente del centro, Emilio Lora Tamayo, dijo por entonces que si no recibían el dinero esta institución estaría "abocada al cataclismo". 

Los jóvenes científicos piden que se vuelva al presupuesto de 2009 y que se cree la Agencia Estatal de Ciencia para conseguir independencia de los partidos políticos. "El turnismo es algo que hace mucho daño la ciencia porque se invierte un dinero que luego se retira, provocando que los proyectos acaben en la basura". 

Dos mil personas han salido a la calle para protestar por el recorte continuado en I+D+i –más de un 40% desde 2009– y la falta de apoyo a la ciencia por parte de los políticos. Ataúdes simulan el entierro de la Ciencia en España. 

Gritos de "se regalan científicos","nuestro conocimiento se hunde en el cemento" y "más investigación y menos corrupción". Los manifestantes han recorrido el paseo del Prado hasta el Círculo de Bellas Artes. Las batas blancas y las camisetas rojas con el lema "sin ciencia no hay futuro" han dado color a la manifestación.

"Venimos a pedir un cambio de modelo. No queremos que se siga invirtiendo en construcción y olimpiadas que al final benefician a cuatro empresas y dejan un agujero económico enorme. No queremos ser los camareros de Europa, queremos que el Gobierno apoye la ciencia. Toda la inversión se va a producir en otros países, donde existe una mayor cooperación política para impulsar la ciencia", ha declarado Javier Pacheco, un estudiante postdoctoral que se dedica a analizar el cambio climático desde el mundo digital.

"En el CSIC, institución mas grande este país, algunos centros se han visto abocados a cerrar durante el verano o a trabajar sin aire acondicionado para ahorrar porque hay unas deudas tremendas y los proveedores se están negando a servir materiales. Hemos gastado 400.000 euros en cada investigador y los hemos dejado marchar. No queremos que la ciencia se quede en quemagrasas o crece pelos, sino que se investigue en malaria", ha apuntado Daniel Rozas.

El país se engalana. Los carteles repartidos por las distintas ciudades españolas invitan a disfrutar la noche con los investigadores y sus experimentos. Humo y nuevas tecnologías que cambiarán el mundo. Este es el decorado que se ha montado para la noche de los investigadores. Pero el escenario real es de recortes del 45% en I+D+i desde el 2009 y unos actores que representan a una generación perdida de científicos. 

Existen retrasos en las convocatorias de los Planes Nacionales. El de este año todavía no se ha anunciado. Debería haber salido en diciembre del año pasado y los grupos de investigación corren el riesgo de quedarse sin financiación para el año 2014. El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) necesita 100 millones de euros para su superviviencia y la tasa de reposición de empleo en el campo de investigación no supera el 10% en esta institución. Esto supone, por ejemplo, que las líneas de investigación contra el cáncer que no se repongan se perderán. 

"Ningún partido político tiene un modelo de I+D+i para España"

"En Japón no son capaces de entender la situación de España, les parece ridículo. Allí bromean con la posibilidad de dejar de formar científicos para importarlos todos de España. En nuestro país se invierte un dineral en formar un científico y luego los regalan a otros países", lamenta Raúl Alelú, que trabaja en un campo muy poco avanzado en Europa como es la epigenética y cómo el ambiente puede afectar a la expresión de los genes.

"La Comunidad de Madrid está dispuesta a todo para cambiar las leyes y que Eurovegas venga a España, con todo lo que va asociado, como la prostitución. Este no es el modelo que yo quiero para mi país, yo quiero un modelo basado en defender la I+D+i, el desarrollo tecnológico y científico. Lo que más me preocupa es que no se lo cree este Gobierno pero tampoco ningún otro partido político", sostiene.

El pensamiento de este investigador va en consonancia a las palabras del presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España, Carlos Andradas, que tras la reunión mantenida el pasado miércoles en el Congreso con el Partido Popular declaró: "Lo que más nos sorprende es el desconocimiento que existe y que ningún grupo parlamentario nos ha aportado cifras. Parece el secreto mejor guardado del reino".

"Todavía no hemos recibido el proyecto de ningún partido político. De hecho a veces nos ponen interlocutores que ni siquiera saben de que están hablando y nos preguntan ¿Qué es un organismo público de investigación? Eso nos dice mucho del rol que juega la I+D+i en sus planteamientos políticos", aseguró Alelú, que ya elige país para seguir investigando. 

Otra de las preocupaciones es el papel que está jugando la secretaría de Estado de I+D+i, presidida por Carmen Vela, del Partido Popular. "Sus propuestas quedaban bloqueadas en Hacienda y la culpa era de otro. Si nos dicen que no pueden hacer nada, yo me pregunto para que tenemos secretarios de Estado, para realmente no poder hacer uso de ella, me parece absurdo".

"En este país al final se acabará investigando solo en ámbitos como la calvicie o la viagra", ironiza el investigador postdoctoral de Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, Daniel Rozas, ante la falta de ayuda pública.

"El Congreso es el espectáculo más lamentable y patético que he vivido"

Héctor de Paz es investigador de Biomedicina y en el mes de noviembre trabajará en un hospital de Barcelona. El pasado mes de junio decidió ir al Congreso a escuchar las ponencias sobre Ciencia. Confiesa que esta experiencia es "lo más lamentable y patético" que ha vivido en su vida. 

"Tú entras en un bar y está más callado que el Congreso de los Diputados. Cuando llegó la hora de hablar de Ciencia fue para echarse las manos a la cabeza. Salió el del PSOE y no tenía ni idea de lo que hablaba. Si estos son los políticos que nos tienen que sacar del atolladero, mal vamos", ha explicado de Paz, quien cree que el problema es que los políticos "miran sólo de aquí a cuatro años cuando son las elecciones" y no a largo plazo. Este investigador lo considera una falta de responsabilidad política. 

El colectivo Carta por la Ciencia propuso la semana pasada cuatro puntos mínimos para asegurar la supervivencia del sector en España. Recuperar la inversión. Las cuatro peticiones consisten en recuperar la inversión en I+D+i de 2009, equivalente al 0,6% del PIB y acorde con la media europea. Incrementar la tasa de reposición de investigadores, la dotación de suficientes recursos para el Plan Estatal de Investigación 2013-2016 y el cumpliento de los plazos tanto de convocatorias como de resolución de las mismas, y la creación de la Agencia Estatal de Investigación "para asegurar que la ciencia esté alejada de los vaivenes políticos y el turnismo", ha declarado Rozas.

La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, ha dicho este viernes que si España es "incapaz" de "controlar la pérdida de talento" el país tendrá "dificultades", informa Europa Press. A pesar de que el Ejecutivo ha recortado un 45% los presupuestos públicos dedicados a la investigación, es decir, unos 4.000 millones de euros menos, según los cálculos realizados por las organizaciones que representan a los científicos españoles y eso ha motivado una fuga de cerebros de gran envergadura, Vela ha dicho que el Gobierno es "consciente" de esta situación. 

En ese sentido, ha avanzado que se está estudiando esa "pérdida" para saber "qué tamaño y envergadura" tiene, aunque Vela ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que para su secretaria de Estado "con una sola personas" que se vaya por no encontrar "acomodo" en el sistema nacional "ya es un problema". "Estamos trabajando primero en conocer el tamaño y la envergadura de estas dificultades, por diferenciar de lo que son los investigadores que se tienen que mover, porque la movilidad es un hecho que nosotros potenciamos pero no confundimos los dos términos", ha indicado Vela.

Cuestionado por si la pérdida de ese talento puede hipotecar el futuro de la educación española, la secretaria de Estado ha opinado que "todo lo que sea pérdida crea un problema dentro de un país". "Nosotros lo que queremos es recuperarlo porque claro que tendrá un impacto, si somos incapaces de controlar esa pérdida de talento, que además hemos formado y el Estado ha sido quien ha invertido en la formación de esas personas, tendremos dificultades", ha apostillado.

En este sentido, ha asegurado que el Estado está haciendo el "máximo esfuerzo" para "minimizar ese impacto" y al tiempo que espera poder "recuperar esas pérdidas que se han producido por esta situación difícil". "Espero seamos capaces de recogerlas, de mejorarlas y de hacer lo que queremos, que este país tanto en educación como en ciencia tenga el lugar que se merece", ha dicho Vela.

Por otro lado, ha recordado que los presupuestos del año 2014, como ya anunciase el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aumentarán la partida destinada a I+D+i. "Esperemos que se aumente y que se aumente como queremos que sea", ha añadido Vela al tiempo que ha insistido en que cuando ha habido que disminuir la cuantía para investigación ha sido porque "la situación económica general era grave" y "no por un deseo o una voluntad" del Gobierno.