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Los convocantes defienden que aumentar la cantidad de inversión en I+D+i evitaría que los recursos para investigación se vean afectados por "intereses momentáneos o partidistas".

Un documento de la organización Salud por Derecho concluye que el Estado "pierde el control" sobre la inversión pública en salud cuando el resultado de las investigaciones pasa a manos de la empresa privada. 

Más de 18.000 millones de euros presupuestados para invertir en investigación científica entre 2011 y 2017 se quedaron sin gastar por la estrategia de dar más peso al crédito que a la subvención. 

La precariedad de la que adolece la I+D española, que lleva a los científicos a encadenar contratos temporales durante largos períodos, explica las demandas judiciales.

Su primera exigencia es la elaboración de un "análisis riguroso" de la baja ejecución presupuestaria en este sector.

Trabajadores del principal organismo público de investigación biomédica denuncian el "aplastamiento y destrucción" de la ciencia por "inanición", "asfixia" y "precariedad".

La Comisión Europea apuesta por la autorregulación para hacer frente al fenómeno de las fake news y presenta una comunicación en la que propone la creación de una red de inspectores de datos y mayor respaldo al periodismo de calidad.

"La situación es de urgencia, necesitamos poder gastar con agilidad el poco dinero que tenemos", señala el científico del Ciemat Julio Cárabe. 

Economía es el ministerio con menor grado de ejecución presupuestaria en 2017: sólo aprovechó el 54% de sus recursos. Pero ha habido otros departamentos ineficaces en el gasto. Así, el Estado utilizó únicamente el 38,6% de los 793 millones de euros comprometidos para el comercio, el turismo y las pymes. Y Energía empleó poco más del 8% de los 237,5 millones de euros destinados a promoción del turismo.

Reclama un salario mínimo de 24.000 euros brutos al año, aumentando el salario progresivamente en cada tipo de contrato según aumenta la categoría.

Los expertos también cuestionan que se prime en exceso al sector privado o las nulas referencias a la innovación en un sector clave como el turismo.

La inversión en I+D en los últimos diez años en España ha aumentado en 1.492 millones de euros, al pasar del 1,17% al 1,19% del PIB.

Los científicos critican la congelación de los recursos para investigación y recuerdan que el sistema acumula un recorte de 20.000 millones desde 2009.

Un informe de marzo de la consultora KPMG señalaba que la falta de inversión en I+D lastraba a las posibles candidaturas españolas a albergar la agencia. El presupuesto para investigar está estancado desde hace años y no se ejecuta más de la mitad.

La temporalidad en la investigación está institucionalizada en España y condena a la inestabilidad a miles de trabajadores que no están desempeñando un trabajo de duración determinada.