Ciencia

Los jueces han obligado a readmitir o indemnizar a 242 investigadores de organismos públicos desde 2013

Imagen de archivo de un investigador en un laboratorio.

Los jueces han obligado a readmitir o indemnizar a 242 trabajadores de los organismos públicos de investigación (OPI) que dependen del Ministerio de Economía entre los ejercicios de 2013 y 2017. Así lo revela el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de Ciudadanos Sergio del Campo a la que ha tenido acceso infoLibre. El número de demandas por irregularidades laborales recibidas en estos centros en los cinco años analizados ascendió a 469, lo que evidencia que la Justicia dio la razón a los investigadores y técnicos en el 52% de los casos. De estos últimos, 110 fueron despedidos con indemnización y 132 readmitidos y contratados de nuevo como indefinidos no fijos. 

El elevado número de demandas se explica por la gran precariedad de la que adolece la ciencia pública española, que lleva a los científicos a encadenar contratos temporales durante largos períodos. "Es cierto que por las particularidades del sector hay determinados trabajos que tienen un carácter puntual, pero hay gente que lleva hasta quince años concatenando contratos por obra y servicio con cargo a proyectos científicos", asegura la investigadora Alicia Durán, que también es representante de CCOO en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Estatal de Investigación. 

Durante años los OPI han hecho centenares de contratos amparándose en la ley de la ciencia, que permite prorrogar los contratos temporales de los investigadores sin tener en cuenta el Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 15.5 establece que adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que en un plazo de treinta meses hayan estado contratados durante más de 24 meses por la misma empresa mediante dos o más contratos temporales. Sin embargo, en los casos en los que los jueces han fallado a favor de los trabajadores han estimado que los centros de investigación han utilizado contratos temporales para satisfacer necesidades que eran permanentes, no puntuales. 

Durán señala que la explicación a por qué unos investigadores han sido readmitidos y otros despedidos con indemnización está en la estrategia judicial seguida en cada caso. En general, los que optaron por litigar amparándose en el Estatuto de los Trabajadores lograron ser contratados de nuevo como indefinidos no fijos; mientras que los que acudieron a los tribunales alegando que sus contratos se habían suscrito en fraude de ley en virtud de la Ley 43/2006, conocida como ley Caldera, tuvieron como resultado la calificación de improcedente de sus despidos con la consecuente obligación para los organismos de readmitirlos o indemnizarlos, que es la vía que han seguido muchos de ellos. 

Sergio del Campo, el parlamentario de Ciudadanos que hizo esta petición de información al Gobierno, advierte de la dificultad de acoplar las particularidades del trabajo que hacen los científicos con las rigideces de la Administración y los derechos que garantiza la legislación laboral. "Tenemos que estudiar a fondo el tema para ver qué iniciativas se podrían proponer, pero lo que siempre hemos defendido es la apuesta por la estabilidad del empleo sin dejar de lado la flexibilidad que requiere cada sector", señala. 

Temporalidad  

Los datos del Gobierno muestran que el 83% de los afectados son investigadores y técnicos del CSIC, el mayor organismo público de investigación de España, donde 106 empleados fueron readmitidos y 95 despedidos con indemnización entre 2013 y 2017. Los trabajadores de este organismo llevan tiempo denunciando los efectos que los recortes han tenido sobre su plantilla, que se ha reducido en un 30% desde 2011 hasta los actuales 11.084 entre personal científico, técnico y gestores. En total, 4.809 trabajadores menos, según datos de un informe reciente [consultar, aquí] elaborado por CCOO en base a información oficial. 

Además, según ese documento, el 43,2% de los trabajadores del centro tienen un contrato temporal. Los más afectados, no obstante, son los titulados superiores, que tienen una tasa de temporalidad del 74,8%. Es decir, sólo uno de cada cuatro tiene un contrato indefinido. "Con estas condiciones de temporalidad y precariedad donde los contratos de encadenan durante años no es posible abordar con seriedad una investigación puntera", lamenta Durán. 

Por otro lado, en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) hubo 13 readmitidos y siete despedidos e indemnizados sobre un total de 25 denuncias. En el Instituto Español de Oceanografía (IEO), donde hubo diez denuncias, siete profesionales resultaron readmitidos y tres despedidos con indemnización; en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) las denuncias ascendieron a quince con cinco despedidos con indemnización y cuatro readmitidos; y en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) hubo dos readmitidos sobre un total de diez demandantes. 

Victoria Ramos, investigadora del Instituto de Salud Carlos III, el mayor organismo de investigación biomédica de España, también alerta sobre las consecuencias de la precariedad laboral en el ámbito científico. "Estamos formando a personal investigador que no va a tener continuidad, con lo que esa formación, probablemente, no se revierta en la propia institución. La fuga de cerebros a otros países es un gran problema, aunque todavía lo es más que esas personas brillantes acaben aceptando otros trabajos en los que no se tiene en cuenta su trayectoria o que, directamente, acaben engrosando las listas del paro", lamenta. 

Los trabajadores de los OPI esperan que el acuerdo que el Gobierno y los sindicatos suscribieron en marzo del año pasado para la convocatoria de casi 300.000 plazas en los sectores de enseñanza no universitaria, sanidad y justicia en el plazo de tres años pueda extenderse también a sus organismos, que están fuertemente castigados por la precariedad y el empleo temporal. Por el momento, lo que sí se ha conseguido es la consolidación de los empleos de los alrededor de 420 contratados indefinidos no fijos que han accedido a esta condición de los siete organismos de investigación a través de sentencias judiciales o por otras vías. 

Movilizaciones 

Precisamente, en las últimas semanas, miembros de los OPI han decidido salir al espacio público para alertar del cóctel que, a su juicio, amenaza con llevar al colapso a la I+D española: precarización laboral crónica, fuertes limitaciones presupuestarias y una excesiva burocracia, a la que culpan de paralizar sus investigaciones y restarles competitividad.

Los últimos en hacerlo han sido 300 investigadores del Instituto de Salud Carlos III, que en un comunicado al Ministerio de Economía relatan su situación de "asfixia" y lamentan las trabas y dificultades para realizar su trabajo y los bajos recursos que el Gobierno destina a la investigación. Aseguran que la inversión real –no financiera– ha disminuido en un 40% desde 2009. Esta parálisis, advierten los firmantes, hará que estos investigadores se vean abocados al paro o la emigración en un futuro próximo y ponen en peligro el desarrollo de proyectos y de actividades propias del instituto.

El primer comunicado en esta línea, el pasado 20 de marzo, fue el del Instituto Español de Oceonografía, en el que 200 de sus profesionales denunciaron que la "situación de parálisis" del centro se resumía en "incapacidad de gestión de los recursos financieros disponibles, muchos captados de fuentes externas; incumplimiento de los compromisos adquiridos; retrasos en los pagos; devolución de subvenciones no ejecutadas; y desincentivación en el liderazgo de proyectos". Después le siguieron, con sendos comunicados, científicos del Ciemat y del INIA. 

Además, investigadores, académicos y vocales del Consejo Asesor y el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación llevaron el pasado 11 de abril al Congreso 277.000 firmas para exigir un "cambio de rumbo" en las políticas en I+D. En la carta que acompañaba a las firmas, denunciaban tanto los recortes como la "no ejecución" de varias partidas presupuestarias.

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