IGUALDAD Violencia sexual

El Congreso aprueba la ley del 'solo sí es sí', la gran promesa del Gobierno al feminismo para luchar contra la violencia sexual

La ministra de Igualdad, Irene Montero, abraza a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Desde que la conocida como ley del solo sí es sí aterrizó por vez primera en el Consejo de Ministros, han pasado ya más de dos años. La irrupción de una crisis sanitaria sin precedentes y los debates sobre su contenido han ido enquistando el proyecto, pero este jueves uno de los principales compromisos de los socios de coalición en materia de igualdad está más cerca de ser ley. El Congreso acaba de debatir y aprobar el dictamen de la norma, que culmina así su periplo en la Cámara Baja e inicia su tramitación en el Senado. "España es desde hoy un lugar más libre y más seguro para todas las mujeres", celebró la ministra de Igualdad, Irene Montero, desde la tribuna. "El movimiento feminista es lo mejor que tiene este país y hoy todas las mujeres que algún día salieron a las calles a gritar 'hermana, yo sí te creo', saben que esta ley es suya y se aprueba gracias a ellas", reconoció la ministra, para a continuación reivindicar los avances del feminismo "a pesar del ruido reaccionario, la extrema derecha, los agresores y la justicia patriarcal". La Ley de Garantía de la Libertad Sexual salió adelante con 201 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones.

El apoyo no ha sido unánime, ya que contó con el no de PP y Vox. "Esta no es la ley que nos gustaría y por eso no podemos apoyarla. Tengo que decir que hemos debatido internamente, pero no podemos apoyarla", señaló Marta González, diputada del Partido Popular, quien criticó cuestiones como "la inversión de la carga de la prueba" o la exposición de motivos de la ley, más próxima a una "soflama electoralista" que a un texto objetivo. El PP votó en contra junto a la extrema derecha y la CUP se abstuvo. La diputada Mireia Vehí reseñó tres conflictos para su grupo: el contenido relativo al "trabajo sexual", el abordaje del consentimiento –"pensamos que no se puede legislar el deseo y que el uso del Código Penal no resuelve problemas tan profundos como la violencia machista"– y la falta de "perspectiva antirracista".

La parlamentaria Carla Toscano (Vox) reprodujo sin titubeos el discurso ultra contra las leyes de igualdad. Acusó a Unidas Podemos de abanderar una "defensa fanática y ciega de la mujer" y sostuvo durante su intervención que la legislación que avanza en igualdad permite que "cualquier mujer se vengue o destroce la vida de un inocente con mentiras". Afirmó, sin aportar datos, que las manadas de agresores sexuales las conforman "inmigrantes ilegales" y criticó que la ley no eleve las penas contra la violencia sexual. Toscano incluyó en su turno una defensa consciente del piropo: "Me da pena no volver a oir ciertas cosas por las calles. ¿Recuerdan 'ese es un cuerpo y no el de la Guardia Civil'? Es una pena que su odio a la belleza y al hombre nos hagan perdernos esas muestras de admiración".

La ley no se ha encontrado precisamente con un camino de rosas. Su contenido transgrede algunos de los principios sobre los que hasta ahora se ha asentado la violencia sexual y su persecución, especialmente en lo que respecta al consentimiento: la ley corrigió el "no es no" y lo transformó en "solo sí es sí". "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona", reza el proyecto normativo. El fin de la distinción entre el delito de abuso y violación también levantó críticas por parte de diferentes actores, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aprobó por unanimidad un informe crítico en ese sentido. Igualdad tachó de "regresivo" el análisis de los jueces y siguió adelante con la norma, que sí obtuvo el aval del Consejo Fiscal. Este verano hará un año que el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta el texto.

La prostitución, eje del debate

Su paso por el Congreso tampoco ha sido fácil. El debate más encarnizado entre los grupos no se saldó a cuenta del consentimiento, ni de los tipos penales, ni del acoso callejero o la sumisión química. Esta vez, lo que estuvo en el foco fue la prostitución. El texto original incluía dos puntos relativos a la prostitución: la recuperación de la tercería locativa –castigar a los propietarios de inmuebles que se lucran del ejercicio de la prostitución– y la penalización de la explotación no coercitiva. A unos, les pareció insuficiente para abrir camino hacia la abolición de la prostitución. Para otros, sin embargo, la propuesta no encajaba con sus pretensiones regulacionista. En el primer grupo se encontraba el PSOE, en el segundo los grupos minoritarios que posibilitaron la investidura.

Finalmente, el articulado quedó fuera de la norma, pero el asunto de la prostitución volvió este jueves a sobrevolar las intervenciones de los grupos parlamentarios. "Estamos cansadas del ahora no toca y de escuchar que no ha habido debate", argumentó la diputada del PSOE Laura Berja, quien recordó y elogió el compromiso abolicionista de pioneras como Clara Campoamor.

Tampoco encontraron hueco en la ley las enmiendas presentadas por los socialistas, que buscaban endurecer los preceptos vinculados con la prostitución. Sus sugerencias, finalmente, fueron registradas en solitario, en forma de proposición de ley e incluyendo la persecución de los clientes.

La ley, más allá del consentimiento

El texto aprobado este jueves en el Pleno del Congreso incluye una amplia batería de medidas que abordan la violencia sexual desde un enfoque integral: desde la prevención y el combate en todos los ámbitos. La norma no solo introduce una nueva definición sobre el consentimiento y fusiona los delitos de abuso y violación, sino que se compromete a nutrir institucionalmente investigaciones sobre esta forma de violencia específica que se ceba con las mujeres, así como recopilar datos que pongan negro sobre blanco el fenómeno.

En el terreno de la prevención, sí hay hueco para la prostitución. "Se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución", indica el dictamen aprobado por los grupos parlamentarios, al que ha tenido acceso infoLibre. Este es el motivo por el que la CUP se ha abstenido. El texto también incluye campañas pensadas para desincentivar la demanda de la prostitución, la exploración sexual y la pornografía.

Actuaciones en los centros de trabajo, los tribunales y en la sanidad

En lo laboral, las empresas deberán incluir la violencia sexual en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados por trabajadoras, como un riesgo laboral concurrente. Como consecuencia, las compañías deberán "formar e informar de ello a sus trabajadoras". Y en el ámbito de los partidos políticos, también tendrán que contar con un protocolo para prevenir, detectar y combatir la violencia sexual, con evaluaciones periódicas sobre su aplicación.

Los pasillos de los tribunales serán también, a eso aspira la norma, un espacio seguro para las mujeres. Fundamentalmente a través de la formación y especialización. Por ejemplo, el ejercicio del turno de oficio requerirá cursos de especialización en violencia de género y específicamente en violencias sexuales. El objetivo: evitar prácticas como la revictimización o el cuestionamiento de las mujeres. 

La práctica forense, fundamental a la hora de determinar la existencia de una agresión sexual, será también más garantista. La ley blinda la disponibilidad de personal médico forense para asegurar que el examen y las actuaciones se practiquen "sin demoras y conjuntamente con el reconocimiento ginecológico o médico preceptivo". Asimismo, se evitará la reiteración del reconocimiento, salvo que resulte "estrictamente indispensable" para la investigación.

Centros de crisis y condición de víctima

Además, servicios como la atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, el asesoramiento jurídico 24 horas, la acogida y asistencia social integral o los centros de crisis 24 horas, entre otros, tendrán carácter de servicios esenciales. Los centros de crisis 24 horas son, según define el texto, "servicios que brindan atención psicológica, jurídica y social" que, bajo criterios de atención permanente y actuación urgente, "proveerán apoyo y asistencia en situaciones de crisis para víctimas, familiares y personas del entorno". El Gobierno acaba de dar luz verde en el Consejo de Ministros de este martes a los fondos para poner en marcha estos centros. En total, se han aprobado 46,2 millones cuyo reparto entre las autonomías deberá ser acordado en la conferencia sectorial del ramo. 

Igual que ocurre con la violencia de género, las víctimas podrán acreditar la existencia de violencia sexual mediante otros recursos independientemente de una denuncia, como informes de los servicios sociales, los especializados en igualdad y contra la violencia de género, los de acogida o la Inspección de Trabajo, entre otros.

Código Penal y Pacto de Estado

En el ámbito penal, la ley penaliza fenómenos como la sumisión química y la violencia digital. En ese sentido, incluye una agravante a los casos de violencia sexual en los que el autor "haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química" y castiga a quien, sin consentimiento, utilice "la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública", ocasionando una situación de "acoso, hostigamiento o humillación".

Finalmente, tal como sellaron todos los grupos a excepción de Vox el pasado 25 de noviembre, la futura legislación blindará la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "El Gobierno garantizará la estabilidad del sistema de financiación articulado" en el pacto, reza el texto.

La ley del ‘solo sí es sí’ sigue adelante a pesar de las tensiones entre los socios de Gobierno sobre la prostitución

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