Las sociedades no somos monolíticas: evolucionamos y nos modernizamos, afortunadamente, a pesar de que mantenemos, desafortunadamente, patrones de conductas con excesivas trazas del pasado, como el patriarcado, que aún rezuma impregnándolo todo. 

Las sociedades somos las personas que convivimos en un territorio bajo unas normas comunes. Hemos convenido que una estructura básica de nuestra sociedad es la familia, ese conjunto de personas a las que estamos vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad, según la RAE.

El modelo de familia ha cambiado muchísimo, afortunadamente, en las últimas décadas. Lo reiteró hace poco el IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, que Cáritas y Fundación FOESSA publican desde 1966, uno de los máximos, si no el máximo absoluto, referentes de nuestro país en radiografiar lo que incomoda y a menudo no se quiere reconocer. 

En lo que atañe al reclamo implícito de esta tribuna –hogares monoparentales, los formados por un solo progenitor que convive con uno o más hijos o hijas menores de 25 años– el informe los describe como feminizados (porque el 81,2% está encabezado por una mujer) y con niveles muy elevados de exclusión, muy superiores a los de cualquier otro tipo de hogar. Llega a constatar que la mayor brecha de género se sitúa en los hogares en situación de exclusión severa, en la que se encuentran uno de cada cuatro hogares monomarentales, frente a uno de cada diez hogares monoparentales en los que el ganapán es un hombre. 

De la lectura del Informe FOESSA deduzco dos conclusiones y dos recomendaciones, dirigidas “a quien corresponda”. La primera conclusión es que la familia nuclear biparental ha dejado de ser dominante y ahora hay una diversidad de tipos de hogar: parejas sin hijos, personas solas, familias reconstituidas o familias monoparentales. La segunda, que las desigualdades son cada vez más evidentes y que las familias con hijos, monoparentales y, sobre todo, monomarentales, sufren niveles más elevados de exclusión. Proceder de una familia monoparental supone tener más de tres veces más probabilidades de encontrarse en situación de pobreza infantil severa.

La primera recomendación es que urge reformar las políticas públicas para adaptarlas a la realidad: apoyar a las familias monoparentales (especialmente encabezadas por mujeres) con transferencias, servicios de conciliación y empleo protegido. La segunda recomendación es que debe mantenerse una perspectiva de género en el análisis de la exclusión social, y reforzar la interrelación entre las políticas de inclusión, las políticas de igualdad y de conciliación.

¿Y a quién corresponde? Un primer paso básico e imprescindible para el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, y para evitar cargas adicionales en los procedimientos administrativos a las que sí se han eliminado para otros modos de familia (por ejemplo, las numerosas), es el reconocimiento legal de la condición de monoparentalidad. La administración y emisión de este documento, certificación, carné o título recae en las Comunidades Autónomas.

Once comunidades autónomas, la mayoría, afortunadamente, han regulado la obtención de una certificación de dicha condición (título de familia monoparental). Aplaudo, en este sentido, por orden de adopción, a Cataluña (2003), Comunitat Valenciana (2018), Aragón (2019), Cantabria (2019), Navarra (2019), Illes Balears (2020), Galicia (2021), Asturias (2023), La Rioja (2023), Murcia (2023) y Andalucía (2024). Estas CCAA han ejercido su autonomía para reconocer y proteger a las familias monoparentales.

En Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura y País Vasco, o no hay familias monoparentales (es ironía), o la Administración competente, la autonómica, pasa absolutamente de ellas. No reconocen y mantienen desprotegidas a las familias monoparentales que residen en sus territorios, que ascienden a casi 700 mil hogares, según mis estimaciones a partir de datos del INE.

Son especialmente curiosos, entre estos últimos del colectivo negacionista o miope, los casos de Castilla y León y Madrid. No surprises. Llevan mareando la perdiz desde 2020.

Especialmente sangrante es el caso madrileño, por ser responsable de la desprotección del 37% de todas las familias monoparentales desprotegidas de España. Anunció algo a bombo y platillo en 2020, volvió a anunciar lo mismo en 2024 (por ahí circula un proyecto de decreto) y hace apenas unos días rechazó con su rodillo parlamentario una proposición de ley para protegerlas como merecen. Curiosamente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sí ha comenzado a tramitar la regulación del vitalicio Título de Familia Numerosa Para Toda La Vida. 

En la primera situación de desprotección por ser familia monoparental en Madrid se encuentran unos 250 mil hogares (uno de cada diez de los 2,6 millones de hogares oficialmente contabilizados en la Comunidad de Madrid), de los que en el 83% la persona adulta a cargo es una mujer. En la segunda situación de sobreprotección, en términos comparados, por ser familia numerosa están unos 150 mil hogares. 

Y me pregunto: ¿Es discriminación? ¿Es ideología? ¿Es pereza? ¿Es desidia? ¿Un poco de cada cosa?

No entiendo a qué esperan. Hay mucho sufrimiento mediante, de muchas personas, de muchos menores y de muchas mujeres. Aunque, claro, de la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley de igualdad, ¿qué podemos esperar? ¿Seguir esperando?

Aprovecho para dejar plasmada una reflexión personal al hilo de los nuevos modelos de familia, los que están en camino de ser “normales” por ser los más frecuentes. ¿Por qué no actualizamos denominaciones con tanta carga despectiva como madrastra, padrastro y hermanastros/as? 

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Verónica López Sabater es economista.

Las comunidades autónomas están obligadas por la ley de montes a elaborar todos los años un plan para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Estos planes deben prever todas las actuaciones a realizar en todo el territorio, y deben aprobarse antes del 31 de octubre del año anterior a su aplicación. Tras la oleada de incendios forestales producida este verano, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo investiga la “ausencia o, en su caso, aplicación improcedente” de estos planes de prevención. 

Sin embargo, hay tres comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana, Canarias y Euskadi, que no han elaborado este plan anual. Su aprobación no consta en ninguno de sus respectivos boletines oficiales y tampoco están disponibles en sus páginas web, a pesar de que la ley no solo establece que los gobiernos autonómicos deben elaborar estos planes, sino también darles publicidad. 

Además, de las trece que sí han elaborado planes de prevención, solo tres, Asturias, Cataluña y La Rioja, los aprobaron antes del 31 de octubre como marca la ley. 

En Euskadi existe un plan de emergencias por riesgo de incendios forestales aprobado en  1998. Desde entonces, se ha revisado en tres ocasiones, la última en diciembre de 2024. Sin embargo, no se trata de un plan anual ni se ha ido elaborando con esa frecuencia desde que la ley de montes obliga a ello, a pesar de que recoge explícitamente esta obligatoriedad en su texto. infoLibre ha consultado al Gobierno de Euskadi por la elaboración de este plan anual, pero de momento no ha obtenido respuesta. 

En el caso de Canarias, el plan especial de Protección Civil para los incendios forestales tiene más de 10 años de antigüedad y data de 2014. Existen planes anuales de prevención y extinción para algunas de las islas, como los elaborados por los cabildos de Gran Canaria, La Palma o Tenerife, pero ninguna página del Gobierno autonómico recoge el plan de la comunidad, obligatorio según la legislación nacional, y el Ejecutivo no ha respondido a las consultas de infoLibre al respecto. 

Lo mismo ocurre en la Comunitat Valenciana, donde la Conselleria de Medio Ambiente no tiene publicado ningún plan anual a pesar de que la comunidad ha registrado 200 incendios en lo que va de año. El Gobierno de Mazón, cuya continuidad lleva meses en el debate público debido precisamente a su gestión de otra catástrofe natural, tampoco ha contestado a la solicitud de información realizada por infoLibre sobre la ausencia de un plan anual de incendios. 

Tres comunidades aprobaron su plan anual contra incendios forestales antes del pasado 31 de octubre, como marca la ley de montes. La Rioja fue la autonomía más previsora, aprobando su plan a principios del mes que establece la norma, mientras que Asturias lo hizo el día 24 y Cataluña lo hizo el 29. Andalucía y Cantabria se quedaron fuera del plazo establecido legalmente, pero aprobaron sus planes a lo largo de noviembre, mientras que Murcia lo hizo en diciembre, también antes de que empezara el año al que se refiere el texto. 

El resto de comunidades, sin embargo, aprobaron sus planes ya en 2025, lejos de la fecha marcada por la ley de montes. Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Navarra no lo hicieron hasta el pasado mes de mayo, cuando ya estaba a punto de comenzar la temporada de incendios. El objetivo de estos planes, es entre otros, establecer las pautas de prevención contra los incendios, de ahí que la ley establezca que deben ser aprobados con meses de antelación.

En el mismo artículo que la obligatoriedad de los planes anuales autonómicos, la ley de montes también establece la elaboración de un real decreto con los criterios comunes para la redacción de estos planes por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hasta ahora, las comunidades autónomas han estado diseñando sus planes sin estos criterios comunes, ya que el Gobierno no ha aprobado aún este decreto, a pesar de que la modificación de la ley de montes se remonta al año 2022. 

El ministerio presentó en octubre de 2023 un borrador del decreto y mantuvo hasta noviembre un plazo de participación pública para presentar alegaciones, pero casi dos años después, la norma no ha sido tramitada, aunque el Gobierno declara que confía en que pueda ser aprobada “en pocas semanas”. 

Lo peor de la historia de Antonio, el niño con parálisis cerebral agredido por varios compañeros de clase, es que él los considera sus amigos. Sí, él cree que esos chavales que le pegan sin piedad en la cabeza, que se ríen de él, que le llaman mierda, que le ponen una silla encima de la cabeza mientras le graban y se ríen, son sus amigos. Y que hay que perdonarlos.

Su madre contaba ayer que llevan días hablando con él, contándole, explicándole que además del perdón, lo que han hecho esos chicos, “sus amigos”, está mal y que tiene que tener consecuencias.

El problema es que Antonio no será capaz de entenderlo, porque esos chicos siguen en clase con él. Comparten el mismo aula, los ve todos los días. El protocolo sólo permite la expulsión del centro durante unos días y, después… Bueno después es lo que pasa ahora, que esos chavales han vuelto al centro y están ahí. Y supongo que más cabreados porque el vídeo se ha hecho viral, porque les han señalado, porque sus risas han dolido a todos. Porque el vídeo es extremadamente cruel, duele verlo. Sin conocer de nada a Antonio, sin conocer de nada a esa madre que, ayer confesaba, que lleva días entre el llanto, la rabia, y también la fuerza, la fuerza de no rendirse y de denunciar lo que ha pasado y lo que está pasando.

Ella pide justicia y pide medidas que sirvan. Una expulsión disciplinaria se queda muy corta, más aún cuando se obliga a ese chaval a volver a convivir durante muchas horas, todos los días, con sus agresores. Porque aunque padezca parálisis cerebral, vaya en silla de ruedas, se le ve en el vídeo pasarlo mal mientras ellos se ríen y le dicen que “se esfuerce un poco más”.

Esta semana escribía en otra columna sobre la serie Adolescencia, sobre cómo retrata el ambiente tóxico que se vive en los centros escolares. Esa secuencia en el instituto de los chicos da miedo, cómo se tratan, cómo los profesores se sienten desbordados o directamente ignoran los insultos, las burlas, los acosos…Decía el actor que interpreta al padre del asesino que le saltaron todas las alarmas cuando leyó, con días de diferencia, que dos chavales habían apuñalado a otro compañero de clase en dos puntos diferentes de Inglaterra, de cómo la violencia era la vía de escape en muchos casos para canalizar su rabia, su frustración…No entendemos por qué, pero la violencia, el ser agresivos, está de moda entre los jóvenes.

Bueno. El ejemplo de Santander es preocupante. Mucho. Porque demuestra que había impunidad para hacer eso en una clase. Los acosadores no tienen miedo de que nadie les pille grabando.

Y volvemos al problema de siempre, al que lo acaba contaminando todo: los móviles, esos aparatos que entran en las escuelas y en las aulas y que parecen inofensivos. Y que, nos han demostrado demasiadas veces que son peor que un arma. Desde luego a Antonio, ese vídeo, con esa cámara grabándolo todo, ha sido como dispararle a su dignidad.

No pretendo sostener que los seres humanos estamos en disposición de dominar las catástrofes y acabar con ellas. Por supuesto que, más bien, parece que –siguiendo la advertencia de Rousseau en su carta a Voltaire– los seres humanos estamos contribuyendo a que se desencadenen catástrofes más intensas o incluso nuevas catástrofes que perturban las fuerzas de la naturaleza. A fin de cuentas, es a eso a lo que llamamos Antropoceno. Bajo el impacto del cambio climático, se intensifican los rasgos que permiten definir a las nuestras como “sociedades de riesgo”. Sabemos que hay fenómenos naturales catastróficos que es imposible eliminar, como lo que antes denominábamos gota fría y ahora Dana. 

Pero no es menos cierto que hoy contamos con capacidad científica y tecnológica que nos permitirían otro tipo de respuesta. De un lado, nos permitirían atajar el rumbo de incremento del cambio climático, o, al menos, establecer medidas para prever cómo anticiparse y así reducir las consecuencias de esos desastres: el ejemplo es la riada que siguió a la Dana en la provincia de Valencia. Porque las catástrofes, como la de Valencia, no deben ser entendidas como producto inevitable y exclusivo del azar, sino más bien como un fallo sistémico (tal y como definió la Dana de Valencia el director del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, Iñigo Losada, en una entrevista reciente), que es en gran medida el resultado de la ausencia de políticas preventivas que tengan en cuenta los avisos de la ciencia, frente a un modelo de crecimiento y explotación ilimitada de los recursos naturales, aún decimonónico, que explota sin freno la naturaleza, espoleado por la lógica del beneficio. Y, por supuesto, se agravan en función de la arrogancia insensata y de la ignorancia frente a los avisos de la ciencia, por parte de quienes han de anticiparse a ellas para poder gestionarlas y tomar decisiones que salven vidas y reduzcan daños.

Insisto: ya no podemos seguir sosteniendo esa concepción del azar desgraciado, la impotencia del hombre ante los fenómenos naturales. Los conocemos y sabemos bien las posibilidades de ser previsores, de acuerdo con el principio de prudencia y así, aunque no podamos evitar que se produzcan, anticipar la prevención para poder responder mejor a ellos. Pero el problema es que nos falta la voluntad política para actuar decididamente ante aquello que nos enseña la ciencia. Y esa falta de voluntad política tiene mucho que ver con una lógica (la del fundamentalismo neoliberal de mercado, en su afán desregulador) que prima el beneficio de algunos frente a los derechos de los más, comenzando por los más vulnerables, aquellos que necesitan la protección del Derecho y del modelo del Estado social. Es una dolorosa paradoja: si bien, de un lado, ya no aceptamos que el hombre no puede intervenir para prevenir o minimizar los efectos de las fuerzas de la naturaleza, de otro lado, no actuamos en consecuencia. Y por eso, aunque ya no vale aquello de que no hay responsabilidad humana: moral, política e incluso jurídica, porque la hay, por arrogancia e ignorancia ante los avisos de la ciencia y por incompetencia en la gestión de las catástrofes, algunos rasgos de nuestro sistema jurídico y político, como apuntaré en el tercer apartado, complican considerablemente el ejercicio real de la exigencia de responsabilidades políticas y acrecientan entre la ciudadanía la impresión de impunidad de los responsables políticos que no han sabido gestionar el desastre. Eso es letal para el vínculo de confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes. 

Pues bien –como he anticipado más arriba–, por todo ello me parece de todo punto necesario plantear el interés de una cuestión conectada al debate sobre las catástrofes, que es la de la necesidad de revisar las relaciones entre ciencia, técnica y política, sobre todo ante las catástrofes y no sólo ante las calamidades. 

Si aceptamos que vivimos en sociedades de riesgo global, en las que está más claro que nunca que, sin una presunción de fiabilidad, la vida en estas sociedades se desmoronaría, parece evidente la necesidad de obtener esas referencias fiables que nos proporcionan la ciencia y la tecnología, como es el caso de los sistemas expertos, tal y como expuso Anthony Giddens. Mediante ellos, que requieren un uso extensivo de la tecnología de las comunicaciones, hemos alcanzado la presunción de cierta eficiencia y capacidad de reducción de riesgos, que hemos incorporado a nuestra vida cotidiana a cambio de convertir nuestros datos personales en mercancía de ese nuevo y próspero mercado de los sistemas de comunicación tecnológica y la inteligencia artificial y de correr riesgos de fraudes. Como decía Giddens, se trata de “compromisos anónimos sobre los que se sostiene la fe en el manejo de un conocimiento del que una persona profana es en gran parte ignorante”. Cada vez que acudimos a un hospital, consultamos nuestras cuentas bancarias o hacemos gestiones con ellas, preparamos online un viaje, o, desde luego, cada vez que los gestores públicos quieren prevenir o gestionar emergencias, acudimos a esos sistemas expertos, y aunque no conozcamos a quienes responden a nuestras gestiones o interrogantes, en hospitales, bancos o agencias de viajes, depositamos nuestra confianza en esos sistemas. 

El problema, a efectos de las catástrofes, no es tanto el fallo de esos sistemas, sino –como señala Ernesto Garzón– la arrogancia insensata, la ignorancia injustificable y la incompetencia de quienes deben adoptar decisiones políticas basándose en los análisis de la ciencia y no lo hacen, por alguno de esos motivos. Y es un problema porque no sólo contribuyen a la magnitud de la catástrofe, sino que fomentan muchas veces un populismo basado en la desconfianza ante la ciencia, tal y como ha explicado Richard Seymour en su Disaster Nationalism. The Downfall of the Liberal Civilisation. Porque creo que la gestión política de esta catástrofe se relaciona con la ignorancia que Garzón Valdés llama “presuntuosa”, pero también con la “ignorancia querida”. 

El profesor Garzón Valdés se inspira en Jonathan Glover para definir los dos requisitos que concurrirían en la primera: que sea fácilmente superable y, al mismo tiempo, que esa superación tenga efectos desagradables. Me parece evidente que, en el caso del que hablamos, era muy fácil superar la ignorancia de los gestores políticos, acudiendo a los avisos de la ciencia, mucho antes, inmediatamente antes y durante el desencadenamiento de la Dana. Y no hace falta hablar de los efectos desagradables: es evidente que esos mismos responsables han tratado de negar tener conocimiento de esos avisos o incluso restarles importancia hasta el límite del negacionismo. Para ilustrar lo que llama “ignorancia querida”, que entiende como una forma de autoengaño, Garzón Valdés se apoya en Strawson: en nuestra vida cotidiana, al adoptar continuamente decisiones, preferimos “no saber” algunas cosas, o fingir que no están a nuestro alcance (lo que estaría paradójicamente cerca de la ignorancia presuntuosa): ese tipo de ignorancia “nos envuelve en una niebla protectora de la que no podemos prescindir mientras seamos como somos, es decir, seres vulnerables a las reacciones de los demás y a la verdad desnuda que no pocas veces nos ofende”. Ni qué decir tiene que, en una vida política como la nuestra, convertida en demasiada medida en espectáculo, esa niebla protectora puede parecerle al responsable político un escudo benéfico, pero lo cierto es que se trata de la evidencia de la incompetencia. 

Lo que quiero señalar es que, con frecuencia, las catástrofes son desencadenadas por fenómenos naturales, pero no estrictamente causadas sólo por ellos y, sobre todo, sus consecuencias tienen mucho que ver con las decisiones de políticas públicas. Desde luego, creo que es el caso de esa riada que ha destrozado las vidas de una buena parte de casi un millón de ciudadanos que viven en esas comarcas próximas a la capital, que consiguió salvarse gracias a lo que conocemos como “Plan Sur”, el reencauzamiento del río Turia, una obra de enormes proporciones que se emprendió tras la gran riada de 1957 en la ciudad. No era mucho esperar que el sistema de emergencias valenciano y español (con piezas fiables científicamente, como la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET), con el conocimiento y los medios informáticos y de comunicación que permiten monitorizar en tiempo real los episodios meteorológicos, y con el marco normativo jurídico que los toma como referencia, pudiera responder en términos de prevención y de reducción de las consecuencias de la riada. Pero es evidente que se producen y se han producido en este caso disonancias importantes entre las aportaciones de la ciencia y la tecnología de un lado, y las decisiones políticas, de otro. Aun teniendo esos datos en la mano, ni la administración autonómica ni el Gobierno central emprendieron acciones de prevención suficientes a lo largo de los últimos diez años por las que, por ejemplo, se preguntaba al Ministerio de Transición Ecológica en una pregunta parlamentaria de 28 de julio de 2018, poniendo de manifiesto los riesgos que padecían poblaciones como Torrent, Picanya, Massanassa, Catarroja y Paiporta. 

Tenemos un grado suficiente de conocimiento científico sobre las amenazas que comporta el cambio climático. Baste pensar en los informes científicos que explican su evolución y que están transformando en alto grado las condiciones ambientales, como los impulsados por las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial, que fundaron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, para proporcionar actualizaciones periódicas sobre la evidencia científica sobre el calentamiento global. Basta echar una ojeada, por ejemplo, al informe United in Science, de septiembre de 2019. Esos informes muestran que en Europa hay dos puntos particularmente sensibles: el cambio de las corrientes del Atlántico Norte y la transformación del Mediterráneo en zona cero. Por supuesto, sabemos de la existencia de mapas de zona inundables, de “manchas de inundación” sobre el mapa de territorios habitados, en las que se ha construido sin cesar y sin tomar prevenciones, desechando los estudios como el informe de la OCDE de 2018, sobre infraestructuras resilientes al clima, o iniciativas mixtas de I+D, como el proyecto Adaptare, emprendido en 2022 por Ferrovial y el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, que trata de identificar y evaluar los riesgos a corto, medio y largo plazo, para prevenir y adaptar infraestructuras que puedan resistir a los riesgos del cambio climático, en vertiginosa evolución. La cartografía permite establecer con precisión los mapas de zonas de riesgo, de zonas inundables. Ya en 2003 se estableció un Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana: Patricova, que se revisó diez años después y cuya filosofía se incorporó en 2014 a la nueva ley de ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana que textualmente señala: “Se ubicarán espacios libres de edificación junto al dominio público hidráulico, a lo largo de toda su extensión y en las zonas con elevada peligrosidad por inundaciones”. En el mismo 2013, se creó el Sistema nacional de Cartografía de zonas inundables, resultado de una directiva europea de 2007 sobre prevención de inundaciones: es tan sencillo como consultar la web del Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico, que  alberga el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). 

Lamentablemente, todos estos análisis no se tuvieron en cuenta para introducir modificaciones legislativas, por ejemplo, en la ley del suelo, ni en las ordenanzas municipales sobre construcción, que se aceleró en los últimos años, no sólo en la costa del Mediterráneo, sino en particular en esas comarcas que han sufrido el desastre. Ni las autoridades autonómicas ni las del gobierno central ejecutaron con diligencia las actuaciones que se venían exigiendo desde esas instancias científicas.

Continuará

(Aquí puede ver la primera entrega de esta serie de tres artículos).

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.

Es una forma de desahogo. En redes sociales se pueden leer mensajes de usuarios que critican los eufemismos que se emplean para vender casas como tildar de "piso cardiosaludable" a uno sin ascensor, o que se pidan “180.000 euritos" por viviendas a las que antes se las “llamaba un trozo de nave industrial, de 60/70 metros cuadrados”. En X existe desde hace años un perfil en el que se ironiza sobre los zulos o los “cuartos de escoba” que se anuncian en portales como Idealista. En este sitio de internet se puede encontrar, en el momento de elaborar esta información, un ático situado en la zona de Lavapiés-Embajadores de Madrid, que cuesta 135.000 euros como “el lugar donde tus sueños urbanos se hacen realidad”. Tiene 11 metros construidos, 10 útiles, no dispone de habitación y está en un edifico levantado en 1900 sin ascensor.

También se muestra como un luminoso inmueble en la misma zona, un estudio de 16 metros cuadrados construidos en 1890, 14 útiles, sin habitación y con el espacio justo para colocar un mini colchón en un altillo. Se piden por él 128.000 euros y sus propietarios se agarran para promocionarlo a la “gran variedad de servicios” que ofrece el barrio y a la “excelente comunicación” con la que cuenta.

Y hay más. En otra calle de la capital madrileña se esconde un “verdadero tesoro”. Un “encantador piso reformado”, que destaca por "su diseño diáfano”, pese a que son en total 20 metros cuadrados. Su precio es de 130.000 euros y en el propio anuncio se afirma que “es una oportunidad ideal para quienes desean invertir en el mercado inmobiliario y obtener un retorno significativo” y se avisa de que “puede contener errores”.

Sin salir de Madrid, por un cuarto piso de 20 metros cuadrados de un edificio del año 1900, con dormitorio en altillo, se llegan a demandar 143.000 euros. Se recurre otra vez a la ubicación y al barrio para que se apueste por él como “primera vivienda o para hacer una pequeña inversión”.

En Ciutat Vella, en Barcelona, hay un estudio “simplemente, cuco y genial”. Eso sí, no muy grande. Posee 11 metros y nueve realmente útiles por los que reclaman 157.000 euros.

En otro punto de España, en la zona Huerta Nueva-Jardín de Málaga, se ofrece un estudio de segunda mano sin habitación, con 27 metros cuadrados construidos y “para reformar” por 75.000 euros. Cerca, “en pleno corazón de Marbella”, se busca vender por 69.000 euros una edificación “rodeada de comercios y a pocos minutos del centro”. Un “acogedor estudio de 20 metros cuadrados, diseñado en un concepto de espacio abierto” que “ofrece una distribución funcional y moderna”, pese a ser un local convertido sin luz natural al ser un sótano, como se reconoce en el mismo anuncio.

Hay ejemplos en múltiples puntos del país y cabe hacerse una pregunta: ¿no tiene que tener una vivienda unas condiciones mínimas para ser habitable?

Fuentes del sector indican que existe un documento administrativo que acredita que una vivienda “reúne las condiciones básicas” para morar en ella que es la “cédula de habitabilidad”. Para adquirirla, el inmueble debe contar con una serie de características, entre las que se encuentra tener una superficie útil mínima de unos 36 metros cuadrados, una distribución de los espacios con unas estancias imprescindibles como un comedor, una habitación, de, como poco, seis metros cuadrados; un aseo; o un equipamiento de cocina. Se fija una altura mínima entre el pavimento y el techo de unos 2,50 metros o incluso de las puertas, entre otras cuestiones; además de que incluye cumplir la normativa vigente de eficiencia energética. Las fuentes sondeadas inciden en que “puede haber algunas variaciones” de esas condiciones, dependiendo de la región en la que se halle el inmueble, y su vigencia puede ser igualmente diferente por territorios, “aunque por lo general es de 15 años”, resumen.

Según trasladan desde Idealista a infolibre, “todos los pisos tienen que tener el certificado de habitabilidad, o al menos encontrarse en trámites”, para poder publicar el anuncio en su página de internet, “y lo mismo con el certificado energético”.

Pero, lo cierto es que, esa cédula “no es obligatoria en todo el territorio español”, según apuntan las fuentes consultadas. Hay comunidades en las que no es necesaria al vender o comprar una casa. El listado: Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y País Vasco. Aunque, no tenerla puede “suponer problemas a la hora de contratar los suministros de luz, gas, agua…; o de pedir una hipoteca, por ejemplo, dado que hay bancos que te la pueden denegar sin ese documento”, hacen notar. 

En relación a las áreas del país libres de esa obligación, fuentes del ámbito de la arquitectura explican que se trata de “un mecanismo que en algunos de los territorios se ha sustituido por la licencia de primera ocupación, que se tiene que poder tramitar en un tiempo y, si la administración no lo hace, opera el silencio positivo y se entenderá por concedida”, deslizan.

Desde Cataluña, fuentes del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) confirman que no en todas las autonomías se exige la cédula de habitabilidad, pero mantienen que la ciudadanía tiene otras herramientas a las que aferrarse. Aluden a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que es estatal y que determina que “una vivienda tiene que tener unas condiciones básicas de habitabilidad que impliquen que se pueda vivir de forma segura, cómoda y saludable”. Aunque “esto es muy genérico”, reconocen, engarzan que “la jurisprudencia mayoritaria dice que la casa ha de tener una estructura segura, ser sólida, estable y no generar riesgos de sufrir daños graves” para quienes vivan en ella. Asimismo, debe “tener acceso a los servicios básicos de agua potable, electricidad, gas… y condiciones higiénicas de limpieza” y que garanticen que “no haya elementos que puedan poner en riesgo la salud como plagas o residuos acumulados, humedades…”. Junto a lo expuesto, debería haber “ventilación y luz natural, aislamiento térmico e instalaciones, como las tuberías, en buen estado”. 

De su lado, el arquitecto Alfredo Carda, aporta, en relación al tamaño mínimo que habría de tener un habitáculo para poder ser utilizado como vivienda, que hay que guiarse por lo marcado en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) municipales. Y advierte de que los más actuales permiten “destinar a uso residencial viviendas y apartamentos” y en concreto en los últimos, si están en edificios históricos, se puede reducir “casi discrecionalmente”.

Es consciente de que algunos de los pisos que se ofertan en los portales inmobiliarios van en contra del “artículo 47 de la Constitución que recoge el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. En él se asevera que son los poderes públicos los que tienen que promover “las condiciones necesarias” y “las normas pertinentes para hacer efectivo” ese derecho, “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Carda señala otra norma a la que cabría mirar para denunciar abusos, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), como la encargada de regular todas las fases del proceso constructivo, desde la planificación hasta la ejecución de las obras, y en la que “se definen las obligaciones que tienen los agentes que intervienen en él, con el fin de garantizar la calidad y la seguridad de los edificios”. Ésta remite, a su vez, al Código Técnico de la Edificación, que “es de obligado cumplimiento en todos los usos residenciales” y, de acuerdo al cual, los edificios han de “cumplir condiciones de aislamiento, de ventilación, de iluminación natural, de evacuación…”, enumera.

Todas las fuentes sondeadas coinciden en la idea de que “no se puede estabular a las personas en habitáculos inhabitables”, pero agentes inmobiliarios ponen el foco en que “es la ley de la oferta y la demanda”. “Se vende lo que se compra”, lanzan, en un contexto en el que "se cruzan un montón de normativas" y “las administraciones no pueden inspeccionarlo todo”. O, dicho de otro modo: "Es el mercado, amigos" y "en la actualidad es difícil ponerle freno a la especulación", concluyen.

Pistoletazo de salida de la Ley Ómnibus de Isabel Díaz Ayuso. Tres meses después de que se hiciese público el borrador, el proyecto definitivo inicia este jueves la tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas a la totalidad. Es la primera prueba de fuego de una ambiciosa reforma legal de casi dos centenares de páginas en la que se mete mano a nada menos que 50 textos normativos diferentes. Incluye cambios en todo tipo de ámbitos. En materia urbanística, por ejemplo, se da un nuevo impulso a una liberalización del suelo convertida en seña de identidad de los conservadores. Pero no solo eso. También aumenta la opacidad alrededor de las actuaciones de altos cargos. O facilita el control del organismo encargado de fiscalizar los contratos y gastos del Ejecutivo regional fulminando la necesidad de mayorías reforzadas.

Desde el PP defienden que "el objetivo principal" de la norma es impulsar "la economía regional" y eliminar las "trabas burocráticas". Pero el texto no gusta ni a la izquierda parlamentaria ni a las organizaciones ecologistas, sindicatos o colectivos vecinales, que se concentrarán el próximo jueves a mediodía frente a la Cámara regional. Consideran que el texto es un "atropello". Tanto en las "formas" –fue publicado a las puertas de Nochebuena, dando solo diez días en plenas fiestas navideñas para presentar alegaciones– como en el "fondo". Es más, desde Unidas Podemos están estudiando llevarlo ante el Tribunal Constitucional. Principalmente, por la ocultación de los informes técnicos asociados a la reforma hasta que el proyecto definitivo recibió luz verde en el Consejo de Gobierno.

Es casi una tradición que el PP cumple a rajatabla en la Comunidad de Madrid desde hace casi dos décadas. No importa quién esté al frente del Ejecutivo. Ni tampoco si pertenece a uno u otro sector del partido. Cada nueva legislatura en la región siempre lleva aparejada cambios normativos en materia urbanística. Ninguna liberalización del suelo es suficiente. Siempre existe margen para más, para desregular con reformas que, en algunos casos, parecen hechas a medida de proyectos urbanísticos concretos. Lo hizo Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Y lo hizo Isabel Díaz Ayuso en su primera etapa en la Puerta del Sol. Sin embargo, la hormigonera volverá a girar otra vez más con la Ómnibus.

Con la nueva norma se pretende meter mano a decenas de artículos diferentes de la Ley del Suelo y la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. Así, por ejemplo, se introducen retoques en lo relativo a los denominados proyectos de alcance regional, una categoría que permite urbanizar incluso en zonas protegidas y que incluye alguna figura legal creada a medida hace justo una década para despejar el camino al proyecto Eurovegas. Entre los detractores de la norma preocupa, especialmente, que se otorgue al Consejo de Gobierno la capacidad de "determinar qué proyectos tienen este alcance, sin necesidad de fundamentar su utilidad pública o interés social".

Además, se legitima que los ayuntamientos puedan autorizar en los suelos rurales dedicados al uso agrícola, ganadero, forestal o "cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales" la "rehabilitación", incluso con "destino residencial y hostelero", de "edificios existentes" aun cuando "se encontrarán en situación de fuera de ordenación". O se sustituye la obligación del promotor de ceder suelo al Ayuntamiento para la construcción de dotaciones públicas por el pago de una cantidad monetaria, algo que la ley actual solo permite cuando éste no tuviera terrenos que pudiera aportar al consistorio.

A través de la Ley Ómnibus, el Ejecutivo madrileño también maniobra para continuar fulminando los consensos políticos, algo que ya anticipó con la reforma de Telemadrid. Así, la norma plantea, entre otras cosas, reformular nuevamente el sistema de elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, el órgano al que corresponde el control económico presupuestario de la Comunidad de Madrid, fiscalizando, entre otras cosas, sus contratos. Y que, en base a este nuevo modelo, sean renovados de inmediato –en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la reforma– todos los miembros del ente, cuyo mandato se encuentra caducado desde hace tres años.

La ley actual, a la que se dio luz verde por unanimidad y a propuesta de Podemos, establece que la cúpula del organismo fiscalizador la compongan tres personas: el presidente y dos consejeros. Todos ellos elegidos por mayoría de dos tercios –91 diputados con la presente composición de la Cámara–, lo que obliga a buscar consensos entre varios grupos. Ahora, sin embargo, los conservadores pretenden introducir una modificación para rebajar la barrera de elección hasta los tres quintos, lo que actualmente equivaldría a 82 diputados. De no conseguirse dicha cifra, el texto establece que en tres votaciones diferentes sean elegidos aquellos que obtengan un mayor número de votos.

Además, se rebaja la duración del mandato –de nueve a seis años– y se acaban con los exámenes previos a la elección en la Cámara regional. Actualmente, el artículo 32 de la Ley de la Cámara de Cuentas establece que los aspirantes "deberán comparecer previamente ante la Comisión competente de la Asamblea de Madrid en materia de presupuestos, a los efectos de que dicha Comisión pueda evaluar su idoneidad". Algo que desaparece en la redacción del mismo artículo que ahora pone sobre la mesa el Ejecutivo conservador con su macrorreforma normativa.

La Ley Ómnibus también introduce cambios importantes en materia de transparencia. Uno de los más polémicos, dejar fuera del escrutinio público ciertos encuentros del Ejecutivo madrileño. Así, la norma que se debatirá este jueves por primera vez en la Cámara regional mantiene la obligación de publicar "las agendas completas de trabajo y de reuniones" de los responsables públicos. Pero lo hace introduciendo una excepción que no se contempla en la actual Ley de Transparencia: "la actividad de mera cortesía institucional".

En el bloque progresista se teme que la inclusión de esta exención cree todo un agujero de opacidad alrededor de los encuentros que mantengan los altos cargos del Gobierno madrileño. Al fin y al cabo, la reforma impulsada no detalla en ningún momento las características de este tipo de citas. Lo único que se señala es que serán aquellas "no tendentes a influir en el proceso de elaboración o diseño de normas jurídicas o de elaboración y aplicación de políticas públicas". Pero nada más. ¿Estarían obligados a publicar, por ejemplo, su participación en charlas o eventos organizados por entidades privadas? ¿O que han participado en una recepción? ¿Quién determina si en esos segundos de encuentro no se han puesto sobre la mesa cuestiones vinculadas a su actividad política?

Pero no son las únicas modificaciones que sufrirá el texto normativo que en 2019 aprobaron Ciudadanos, Podemos y el PSOE. Sobre la información relativa a los altos cargos –declaraciones de bienes, gastos protocolarios o retribuciones–, por ejemplo, la Ley Ómnibus establece que se mantendrá publicada dos años tras finalizar el desempeño de sus funciones.

El proyecto, incluso, toca aspectos vinculados a la política sanitaria. Destaca, sobre todo, la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria, adscrita al Servicio Madrileño de Salud y que actuará "en la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en el ámbito sanitario". El ente público en cuestión tendrá "personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, autonomía de gestión patrimonio y tesorería propios". Y se financiará no solo a través de las aportaciones consignadas en los Presupuestos regionales, sino también a través de "subvenciones, donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de entidades y particulares", "conciertos o convenios" o "tasas".

Al bloque progresista le preocupa que este organismo pueda ser utilizado para impulsar "privatizaciones" en materia sanitaria al considerar que las funciones que se le atribuyen son demasiado amplias. Pero también, que "sirva para generalizar la contratación opaca, falta de concurrencia y discrecional", señalan desde Más Madrid, que exigen una ley ex profeso para la puesta en marcha de una agencia de estas características. Al fin y al cabo, recuerdan los diferentes grupos, la dirección de este órgano será nombrada directamente por el Gobierno de turno. Y temen que por su carácter pueda escaparse del control parlamentario.

Algunos de los cambios normativos llevan asociado un impacto en materia económica y de personal. De ahí, que junto al proyecto se incluyan, entre otros, informes de las direcciones generales de Presupuestos, Tributos, Recursos Humanos o Función Pública. Unos análisis detallados en los que se especifican los costes de algunas de las reformas incluidas en la Ley Ómnibus. Entre ellos, un aumento asociado a los gastos en altos cargos, puestos de máxima responsabilidad que Vox, principal apoyo de Ayuso a nivel parlamentario, siempre ha exigido reducir al Ejecutivo madrileño. En concreto, más de medio millón de euros anuales por la creación de nuevos puestos.

Por un lado, están las modificaciones que el proyecto normativo incluye para la Cámara de Cuentas. Actualmente, la ley establece que el máximo órgano del ente fiscalizador esté compuesto por tres consejeros. Una cifra que ahora el Gobierno autonómico pretende que se vuelva a elevar a siete. ¿Y cuánto costará dicho incremento? "Según los cálculos en función de las retribuciones previstas para un consejero, el coste total de la creación de cuatro consejeros en la Cámara de Cuentas, incluyendo homologación y costes sociales, asciende a 502.782,60 euros", recoge el informe elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos.

Del mismo modo, la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria lleva aparejada la creación de nuevos puestos de trabajo. En concreto, recoge la Memoria de Impacto Normativo, de uno de directivo con rango de director general, otro con rango de subdirector general, un tercero de jefe de secretaría de alto cargo y un cuarto de secretario de dirección. "El puesto de personal directivo con rango de director general supone un coste de 117.318,75 euros, el puesto con rango de subdirector general supone un coste de 82.862,33 euros, el puesto de jefe/a de secretaría de alto cargo supone un coste de 37.967,23 euros y el puesto de secretario/a de dirección supone un coste de 35.927,78 euros, lo que supone un importe total en el Capítulo 1 de 274.076,09 euros", completa el estudio.

La macrorreforma legal de Ayuso también incluye cambios en el sector del juego. Así, amplía el artículo dedicado a la publicidad y patrocinio de este tipo de actividades en el que se incluye, por ejemplo, que no estará permitida la oferta de "juego gratuito o a un precio inferior" o de consumiciones "gratuitas o a un precio inferior" en los establecimientos de juego. Tampoco, se podrá publicitar en centros sanitarios o sociosanitarios, de enseñanza o en aquellos emplazamientos en los que "se lleven a cabo actividades dirigidas específica o principalmente a menores de edad".

Y, además, se amplía el régimen sancionador. Así, por ejemplo, se considerarán como infracciones muy graves "la inexistencia de un sistema informático de acceso destinado al control de los asistentes" o "permitir a los menores de edad el acceso al juego de máquinas con premio en establecimientos de hostelería". Además, se recoge la obligación de estos locales de "tener a disposición de los usuarios folletos informativos facilitados por asociaciones que traten sobre la prevención, tratamiento de la ludopatía y sus centros de rehabilitación".

Fuera queda de la Ley Ómnibus, sin embargo, el transporte urbano. Aunque el anteproyecto incluía también cambios normativos en este sentido, orientados fundamentalmente a la regulación de las VTC, el Ejecutivo regional decidió finalmente sacar este asunto del texto, que encendió al sector del taxi, para tramitarlo aparte.

El 4M le dio carta blanca para hacer y deshacer prácticamente a su antojo. A pesar de quedarse a las puertas de la mayoría absoluta, la aritmética parlamentaria que salió de las urnas hace ya ocho meses ha permitido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, funcionar como si la tuviera. El adelanto electoral ha facilitado que la dirigente conservadora pueda, más o menos, "gobernar en libertad". Ese era su principal objetivo cuando se sometió al examen electoral. Entonces no quería ni oír hablar de la necesidad de llegar a acuerdos. Ahora, parece que tampoco. Y mucho menos con la oposición. La política de grandes consensos cotiza a la baja. En la región y a nivel nacional.

En la búsqueda de un modelo que le permita gobernar sin bloqueos y sin tener que buscar el respaldo en el bloque de izquierdas, la presidenta no ha dudado en ir construyendo vías alternativas que permitan al Ejecutivo autonómico esquivar aquellas mayorías reforzadas que le obligan a sentarse a negociar, sí o sí, con una oposición a la que descalifica de forma recurrente, en algunos casos con ataques personales a sus cabezas visibles. Unas barreras que se levantaron, justamente, durante la etapa de Cristina Cifuentes en la Puerta del Sol y con las que se aspiraba a reforzar la independencia de los entes públicos tras casi una década de desmanes y corruptelas.

Entonces como diputada, Ayuso no vio con malos ojos las reformas impulsadas. Incluso llegó a defenderlas públicamente. Pero ahora, como presidenta, ha decidido dar marcha atrás. A través de la conocida como ley ómnibus, la líder del Ejecutivo madrileño plantea, entre otras cosas, reformular nuevamente el sistema de elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, el órgano al que corresponde el control económico presupuestario de la Comunidad de Madrid. Y que, en base a este nuevo modelo, sean renovados de inmediato –en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la reforma– todos los miembros del ente, cuyo mandato se encuentra caducado desde hace tres años.

La norma actual, a la que se dio luz verde por unanimidad y a propuesta de Podemos, establece que la cúpula del organismo fiscalizador la compongan tres personas: el presidente y dos consejeros. Todos ellos elegidos por mayoría de dos tercios –lo que actualmente serían 91 diputados–. Ahora, sin embargo, los conservadores pretenden introducir una modificación para rebajar la barrera de elección de sus siete miembros –vuelve a incrementar la composición– hasta los tres quintos, lo que actualmente equivaldría a 82 diputados. De no conseguirse dicha cifra, la norma contempla que en tres votaciones diferentes sean elegidos aquellos que obtengan un mayor número de votos.

Los candidatos, además, dejarán de ser sometidos a examen en la Cámara autonómica. Actualmente, la norma establece que los aspirantes "deberán comparecer previamente ante la Comisión competente de la Asamblea de Madrid en materia de presupuestos, a los efectos de que dicha Comisión pueda evaluar su idoneidad". Algo que desaparece en la redacción del artículo que pone sobre la mesa el Ejecutivo conservador en la ley ómnibus.

No es la primera vez que el Gobierno regional plantea cambios orientados a sortear mayorías reforzadas. De hecho, la primera iniciativa que Ayuso puso en marcha nada más salir de los comicios del 4M iba en esa misma línea. Se canalizó a través del Grupo Parlamentario Popular. Y tenía un claro objetivo: tomar el control de la radiotelevisión pública. Un traje a medida para hacer caer al entonces director del ente con el que se modificaba el texto alumbrado durante la etapa de Cifuentes, aquel que la propia Ayuso se había encargado de defender en sede parlamentaria: "Es el momento de que, por fin, en una televisión pública en España no haya partidismo".

El cambio normativo estuvo listo antes del parón estival. Hasta ese momento, la norma que regía el funcionamiento de la radiotelevisión pública fijaba para la elección del director general una mayoría de dos tercios. La reforma de Ayuso mantenía esa barrera. Pero introducía un nuevo elemento con el que poder esquivarla. Si cumplido el periodo del máximo responsable del ente público no existe el consenso necesario para su sustitución, el propio Consejo de Gobierno puede designar a un administrador provisional para cuya ratificación basta con una mayoría absoluta en segunda vuelta. Es decir, con la mitad más uno de los miembros de la Cámara el Gobierno puede poner por tiempo indefinido una figura con exactamente las mismas competencias que el director general.

A la oposición le preocupa esta forma de gobernar. Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Cámara autonómica, considera que estos últimos dos años y medio han puesto de manifiesto una forma "autoritaria" de entender la política por parte de la presidenta regional. "Los intentos de cercenar el debate público han sido permanentes", dice.

Una reflexión que también hace el diputado de Más Madrid Alberto Oliver. "Poco a poco van reforzando esa deriva autoritaria del Gobierno en la que la oposición solo molesta, no es parte del sistema", sostiene el parlamentario en conversación telefónica con este diario.

No son solo estos cambios normativos. "Todo lo que hacen va orientado a hurtar la democracia", aseveran desde la oposición. Hablan de los procedimientos, de las formas. Ponen como ejemplo la ley ómnibus, vehículo a través del cual se pretenden modificar decenas de textos normativos. El texto fue presentado en vísperas de Nochebuena. Y se recurrió al trámite de urgencia, que permite reducir a la mitad el periodo de audiencia e información pública. De esta manera, todas aquellas personas, organizaciones o asociaciones que se vieran afectadas por el anteproyecto solo tenían siete días hábiles en plenas Navidades para presentar alegaciones.

Tampoco se olvidan de la tramitación por lectura única de algunos proyectos de Ley en la Asamblea de Vallecas, una fórmula que impide al resto de grupos presentar enmiendas al texto. Es el procedimiento al que se ha echado mano para dar luz verde con la mayor celeridad al cambio en la Ley de Radio Televisión Madrid, a la rebaja de medio punto del IRPF, a la suspensión de impuestos propios o a la puesta en marcha de la Universidad Internacional de la Empresa, un nuevo centro privado promovido por una entidad del Grupo Planeta de Agostini.

Incluso se tiró de la lectura única para aprobar la reforma de la Ley del Suelo, a pesar de que el texto incluía más de una veintena de cambios en la norma previa. Se le dio el visto bueno en la Cámara a pesar de que no existía el quórum requerido. Por eso, ahora el asunto se encuentra en el Constitucional.

Y luego están los Presupuestos. Las primeras cuentas públicas de la era Ayuso llegaron a la Cámara regional tras el acuerdo que los conservadores alcanzaron con la extrema derecha. Un pacto que, incluso antes de que se presentasen, recogía el compromiso de Vox de "no apoyar ninguna" de las modificaciones totales o parciales de "los otros grupos presentes en la Asamblea".

Más de 3.700 enmiendas presupuestarias registradas por la izquierda fueron directas a la papelera. Cientos y cientos de propuestas entre las que figuraban inversiones de todo tipo. Desde construir nuevos centros escolares hasta levantar nuevas residencias de mayores, pasando por la puesta en marcha de más centros de salud, el aumento del personal del Summa 112, la ampliación de la red pública educativa de cero a seis años o la mejora de la red eléctrica en la Cañada Real.

De gran defensor de la recentralización y de la devolución a los ministerios de competencias de las Comunidades Autónomas a adalid del Estado de las autonomías. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha adaptado su discurso sobre la organización del Estado para sacar el máximo partido de las comunidades autónomas gobernadas por su partido y hacer frente desde ellas a las políticas del Gobierno de coalición. Con Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como principal ariete frente a Pedro Sánchez.

No ha sido de la noche a la mañana. La transformación del líder conservador ha sido gradual desde que relevó a Mariano Rajoy y adoptó un discurso claramente favorable a una recentralización. Pero se ha intensificado en las últimas semanas, coincidiendo además con el abandono de algunas de las ideas que había venido defendiendo y que coincidían con el ideario antiautonomista de Vox.

El proyecto de Ley de Educación, pendiente de completar su tramitación en el Senado, y la apuesta del Gobierno y de algunos de sus socios por incorporar al debate sobre la reforma de la financiación autonómica la introducción de mecanismos que impidan a Madrid cometer dumping fiscal —aprovechar la pujanza económica derivada de la capitalidad para competir de forma desleal con otras comunidades que no pueden permitírselo— le han servido de base para izar la bandera del autonomismo.

“Para esto sirve el Estado autonómico”, llegó a asegurar hace unos días Casado cuando defendió que las comunidades autónomas en las que gobierna el PP legislen contra la aplicación en sus escuelas de la reforma educativa aprobada por mayoría absoluta del Congreso. “Cuando nosotros defendemos el Estado Autonómico recuerdo que también es para estas situaciones”, argumentó entonces. “Cuando hay un Gobierno en La Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que en las comunidades autónomas pueda gobernar otro partido”.

Es una línea argumental que Casado también ha utilizado esta semana para fundamentar su oposición a la armonización de la fiscalidad autonómica que defienden no sólo el Gobierno sino algunos de los barones conservadores, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aunque con matices.

El líder del PP ha aprovechado para criticar a ambos lados del espectro político: al PSOE y a Vox. A los primeros les reprochó “hablar tanto de autonomía” o de “confederalismo” y que “luego no permitan que la autonomía fiscal se ponga en funcionamiento”. A los segundos, el partido de Santiago Abascal, les recuerda lo útil que resulta el Estado autonómico. Los que “hablan tanto de centralismo no se dan cuenta de que el Estado de las autonomías, cuando gobierna alguien como Sánchez, es bueno para eso, para que en las autonomías donde gobiernan otros haya un margen fiscal o educativo para seguir creciendo”.

Así que Casado piensa enfrentarse a quien quiera poner fin a la autonomía fiscal de Madrid y las comunidades del PP. Si eso ocurre, se propone recurrirlo. “Y seguramente lo ganaremos, porque la Constitución y la ley en vigor consagran esta autonomía”, declaró el pasado lunes.

Aparentemente no está dispuesto a aceptar ni siquiera la armonización que defendió esta semana Feijóo y que apoyaron los barones conservadores de otras comunidades: una armonización para bajar impuestos. Lo que propone Feijóo “ya existe”, sostiene Casado en referencia a que la ley permite a los Gobiernos autonómicos ajustar hacia arriba o hacia abajo su tramo del IRPF. Y en el resto no quiere horquillas; quiere la supresión, como ha hecho Madrid en relación con el impuesto del patrimonio o el de sucesiones. No aceptaría una armonización a la baja porque “el concepto armonización iría contra la competencia fiscal que sí que está reconocida en las administraciones autonómicas”, afirma.

Que cada autonomía pueda hacer lo que quiera en materia fiscal no es algo malo, defiende ahora Casado, sino una “sana” y “positiva competencia fiscal, sobre todo para los ciudadanos, que es para los que tenemos que gobernar”.

En su afán autonomista, el líder del PP defiende ahora con entusiasmo el régimen especial de determinadas comunidades, incluido el País Vasco y Navarra, algo que para Vox y para Ciudadanos constituye anatema.

“España es un país plural”

“La Constitución es muy plural y tiene rasgos incluso confederales”, afirmó Casado esta semana, y citó “el convenio [económico] de Navarra”. “O federales, como el concierto en el País Vasco”. El PP no los discute, proclamó en una entrevista en Antena 3, “todo lo contrario: los defendemos”. Igual que “el régimen económico y fiscal en Canarias, o el régimen que tienen Ceuta y Melilla. Porque España es un país plural”, proclamó.

El nuevo Casado sostiene que “el margen que tienen las autonomías —no solo en fiscalidad, también en educación, haciendo frente a los estragos de la ley Celaá, también cuestiones relativas a la elección de médico y hospital en la sanidad, o en los asuntos sociales— es positivo”.

Elvira Rodríguez, exministra, responsable económica del PP y con una amplia experiencia negociadora en materia de financiación autonómica, abundó en la misma idea este martes en RNE. Una comunidad tiene derecho a bajar los impuestos y otra a no hacerlo, eso es “plenamente constitucional”, indicó. Y tanto uno gobierno como el otro se someten “al contraste de las urnas cada cuatro años y los ciudadanos sabrán qué es lo que eligen”, defendió.

Las ideas que defienden ahora Pablo Casado son bien diferentes de las que abanderaba cuando se hizo con la Presidencia del PP y enterró el discurso moderado de su antecesor. Primero al hilo del conflicto catalán; después empujado por un deseo indisimulado de disputar las banderas de Vox, cuya capacidad de atraer a los votantes más derechistas del PP quedó patente en las elecciones celebradas desde entonces.

Casado proponía en aquellas fechas suspender indefinidamente la autonomía catalana nada más llegar al Gobierno. Y que el Estado recuperase las competencias educativas, de manera que las comunidades se limitasen a gestionar lo que el Gobierno central decida sobre los contenidos de las asignaturas y sobre la lengua de la enseñanza, que el PP quería reservar al castellano. También la creación de un MIR para la educación, un examen nacional que permitiese a la Administración central controlar quién va a dar clase con independencia del territorio en el que vaya a hacerlo.

En sus primeros meses al frente del PP fue introduciendo propuestas en esta línea en materia de sanidad, justicia, política penitenciaria —Cataluña es la única comunidad que la tiene y el País Vasco la tiene reconocida en el Estatuto de Gernika— y política hidráulica.

Entonces Casado defendía reformar la Administración para “reforzar la presencia del Estado” en todos los territorios. Había que reforzar las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno en todas partes porque, según él, “no se puede querer lo que no se ve”. “No puede ser que haya pueblos en los que lo único que suene a España sea la oficina de Correos”.

Esa reforma, alegaba, permitiría concretar las competencias de titularidad estatal y exigir la lealtad debida a las autonomías. Y establecerá una “moratoria de transferencias de competencias mal gestionadas”, para lo cual proponía que el Gobierno “audite y evalúe su cumplimiento” con el fin de “paralizar la cesión de nuevas transferencias si [los Gobierno autonómicos] están siendo desleales”. Su plan pasaba por no conceder una transferencia más a las autonomías, ni siquiera las reconocidas en los Estatutos. Como, por ejemplo, las 37 pendientes con Euskadi, que el PP vasco también reclamaba.

Casado no defendía entonces la autonomía fiscal, sino que el nuevo sistema de financiación autonómica permitiese al Estado “supervisar” que las comunidades “hagan un buen uso de los recursos de todos los españoles”. Una tutela que, de hacerse realidad, pondría fin a la capacidad de los Gobiernos autonómicos de determinar sus prioridades de gasto.

El PP proponía entonces que por ley la lengua española fuese “vehicular” cuando los funcionarios se dirigiesen a los ciudadanos. “Cuando gobierne el PP, las Administraciones estarán obligadas a comunicarse con el ciudadano en español” y el conocimiento de las lenguas cooficiales dejará de ser un requisito para obtener una plaza en la función pública allí donde existen lenguas cooficiales.

En busca de esa armonización entre comunidades, Casado también defendía establecer la “prevalencia” de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobre el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales, con el argumento de que “el monopolio de la fuerza corresponde al Estado”. Además de igualar legalmente sus salarios.

Aquellas ideas fueron objeto de una corrección en cuanto estalló la pandemia a la vista de que los barones conservadores tiraban de su poder territorial para plantar cara al Ejecutivo, especialmente la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La comprensión de la transexualidad obliga a superar un esquema de pensamiento de profundo arraigo que enlaza sin discontinuidades género e identidad, todo ello determinado por los órganos sexuales. Si tienes vagina, mujer. Si tienes pene, hombre. Las excepciones a esta regla, la de las mujeres con cuerpo de hombre y viceversa, han sido a la largo de la historia estigmatizadas, marginadas, perseguidas y castigadas. Y no sólo desde posiciones ideológicas –políticas o religiosas–, sino desde la propia ciencia.

La publicación de la nueva clasificación de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevará a debate a su asamblea de 2019 para su entrada en vigor en 2022, en la que la transexualidad deja de considerarse un trastorno psicológico,ha sido recibida como un hito histórico y un avance decisivo hacia su despatologización. El nuevo listado, según las interpretaciones más optimistas, eliminará obstáculos para la atención sanitaria sin agravio ni discriminación, facilitará el cambio de nombre del individuo y restará argumentos a los que se oponen al desarrollo de legislaciones a favor de la libre decisión sobre la identidad. El nuevo criterio de la OMS coincide con la línea que viene marcando la influyente Asociación Americana de Psiquiatría.

No obstante, queda un largo camino para el pleno reconocimiento de la dignidad y de la igualdad de las personas transexuales. infoLibre repasa los obstáculos y desafíos por delante en España, donde la transexualidad lleva años en la agenda política y social.

  1. Trastorno no, pero sí incongruencia

La transexualidad, que con la aprobación de la clasificación de la OMS quedará circunscrita a una cuestión física, continúa siendo para el organismo de Naciones Unidas una "incongruencia de género". Queda ahora, tomando los términos en inglés, como "sexual health condition", siendo "condition" una palabra polisémica que puede significar "estado", "problema" o "enfermedad". En resumen, es un asunto de salud sexual, no mental. Las personas trans pasan para la OMS de estar mal de la cabeza a sufrir una incongruencia entre lo que –sienten que– son y lo que físicamente son.

Natalia Aventín, presidenta de la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis, suelta una leve risita antes de responder sobre la decisión de la OMS. "¿Satisfecha? Imagina que te dicen que en vez de un trastornado eres un incongruente. Mira ladefinición en el diccionario, no es muy bonita. Digamos que bueno, que es un paso, pero no es ni mucho menos nuestra aspiración definitiva". El propósito no es tampoco que se reconozca la transexualidad como "una opción", aclara. "No es una opción. Es una realidad, eres hombre o mujer. No es una decisión, No naces, te nacen".

  2. Trabas al cambio de nombre

La ley de 2007 sobre el cambio de nombre en el registro permite a los trans adultos registrar oficialmente una modificación de su sexo y de su nombre en su documentación oficial, por ejemplo el DNI. Pero establece como requisito un "diagnóstico" de "disforia de género". Además deja fuera a los menores de edad.

El Congreso aprobó en noviembre del año pasado, con los votos en contra de PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN), el inicio de la tramitación de una proposición de ley del PSOE para subsanar estas carencias, reiteradamente denunciadas por los colectivos trans. "Laefectividad del derecho al reconocimiento de la identidad sexual y/o expresión de género y, en su caso, la rectificación de la mención registral del sexo no se podrá condicionar, en ningún caso, a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo", señala la proposición de ley. La iniciativa señala que “la rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la personas, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral”. También establece que se facilite el cambio de género y nombre en la tarjeta de residencia de los inmigrantes transexuales.

Los mayores de 16 años “podrán efectuar la solicitud por sí mismos”, mientras que los menores de esa edad “podrán hacerlo a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, “los menores de edad podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal y resolverá un juez, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”. La persistencia del nombre no deseado durante la adolescencia es citada frecuentemente por los menores trans como una causa de dolor y ansiedad.

El cambio de criterio de la OMS da argumentos para la aprobación de esta modificación legal, al suprimir la transexualidad del listado de enfermedades mentales.

  3. Restos de patologización

España adolece de dispersión normativa en este campo. No hay aprobada una ley estatal específica de reconocimiento de derechos de personas transexuales, que sufren una marginación mayor que gays, lesbianas y bisexuales. Sí hay vigentes más de una decena de leyes autonómicas. Las más avanzadas son las de Navarra, Andalucía, Extremadura, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón, todas ellas orientadas a la despatologización de la transexualidad, el pleno de reconocimiento de derechos y la adopción de medidas para eliminar la discriminación. No obstante, otras leyes autonómicas están lejos de haberse adaptado al gradual cambio de paradigma en la consideración de las personas transexuales, sobre todo en el ámbito sanitario.

La ley vasca establece como requisito para ser considerado transexual la acreditación, "mediante informe de personal médico o psicológico colegiado", de que no existen "trastornos de personalidad que induzcan a error" a la persona en cuanto a su identidad de género. Ahí subyace una consideración de la transexualidad como posible trastorno o confusión mental. La diferencia es clara, por ejemplo, con respecto a la ley de la Región de Murcia, más avanzada incluso cuando se refiere a menores de edad. Así, según la norma murciana, "las personas transexuales menores de edad tienen derecho a recibir el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido". La idea de que "el sexo sentido" determine la identidad, no los genitales ni la opinión de un médico, es la más reivindicada por las asociaciones trans.

La ley canaria mantiene elementos de lo que se conoce como enfoque "patologizante". Al mismo tiempo que reconoce el derecho a terapia hormonal durante la etapa prepuberal –no así a tratamiento cruzado–, mantiene la definición de la persona transexual como aquella que lo acredite mediante informe de un psicológico colegiado.

  4. Una mancha en un listado oficial

Las autoridades españoles llevan más de un lustro de esfuerzos por incorporar criterios despatologizadores en el tratamiento a personas transexuales. La visión creciente es que el hecho de que necesiten asistencia médica –psicológica, hormonal, quirúrgica– no significa que sufran una enfermedad, como tampoco la sufre, por ejemplo, una embarazada y también requiere de asistencia. Estos avances no sólo se sustancian en leyes. Es decir, en las comunidades autónomas sin leyes trans específicas también ha habido avances, los más sustanciales en forma de protocolos de atención médica. Es cierto que los cambios, desde que están negro sobre blanco en los papeles hasta que se instalan en la práctica médica diaria, sufren resistencias y altibajos. Las asociaciones trans denuncian que en demasiadas ocasiones todo depende de la voluntad del endocrino de adaptarse y superar antiguos enfoques y prácticas. Pero lo cierto es la tendencia es hacia la consideración del transexual como una persona sana.

Eso sí, hay excepciones. Y una especialmente llamativa. El Ministerio de Sanidad mantiene la transexualidad en una lista oficial de enfermedades. Concretamente el departamento que desde el 7 de junio dirige la socialista Carmen Montón incluye esta condición en un listado de 71 "patologías y procedimientos diagnósticos y terapéuticos" para los que es necesario designar un Centro, Servicio o Unidad de Referencia (CSUR). La atención a la transexualidad comparte clasificación con el "transplante cardiopulmonar", la "cirugía reparadora compleja de válvula mitral" o la "atención al lesionado medular complejo". Entre los criterios para "diagnosticar" la transexualidad se establece "la necesidad de descartar que se trate de un síntoma de otro trastorno mental, como esquizofrenia [...]". Es decir, se la sigue considerando un trastorno mental.

El listado se ancla en el decreto de 2006 de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. La transexualidad aparece en el listadojunto a enfermedades, lesiones, síndromes y trastornos de todo tipo. Los criterios establecidos por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, integrado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, para definir la transexualidad caminan en dirección contraria a la despatologización. La transexualidad se considera un "trastorno de identidad sexual", una "alteración" que provoca un "malestar clínicamente significativo o deterioro social y laboral", un "caso extremo" de "incongruencia entre la identidad sexual y el sexo de nacimiento". En la infancia, el "trastorno de identidad sexual" se manifiesta "en los niños por unapreferencia por el transvestismo (sic) o por simular vestimenta femenina" y "en las niñas por una insistencia en llevar puesta solamente ropa masculina".

Para considerar clínicamente que existe este "trastorno", según estos criterios, se debe acreditar que "la alteración no coexiste con una enfermedad intersexual". El "diagnóstico" de transexualidad exige "descartar que se trate de un síntoma de otro trastorno mental,como esquizofrenia, o sea secundario a una anomalía cromosómica". Cualquier "proceso de reasignación de sexo", u operación de cambio de sexo, debe hacerse sobre la base de un "tratamiento psiquiátrico-psicológico" previo.

infoLibre, que informó de la existencia de este listado en septiembre de 2017, preguntó a Sanidad si tenía previsto adoptar medidas en relación al mismo. Sin respuesta. En la oposición el PSOE consideró esta lista "un disparate" y una muestra de "LGTBifobia"

  5. Estigma, transfobia... y memoria

Las personas transexuales han sufrido históricamente una marginación aún mayor que los homosexuales. En España fueron perseguidos en base a las leyes de vagos y maleantes (1933) y de peligrosidad social (1970), que ni siquiera son mencionadas en laley de memoria histórica de 2007. El franquismo fue implacable con los transexuales. Las mujeres trans estuvieron entre las víctimas predilectas del torturador Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, como ha acreditado con numerosos testimonios el investigador Juan-Ramón Barbancho en su libro Ser tú misma era un delito. El régimen practicó una doble moral. Por un lado,impedía cualquier normalidad laboral o social. Por otro, se celebraba a los "mariquitas vestidos de flamenca" que divertían a los "señoritos", en palabras de Barbancho. La Ley de Amnistía de 1977 no lo resarció de ningún modo.

Los prejuicios empujaron en infinidad de ocasiones a las personas trans a la prostitución. Su otro reducto fue el mundo del espectáculo y el cabaret, un resquicio de cierta libertad pero que inevitablemente ha incidido en una caricatura de la identidad trans. La moral nacionalcatólica, persistente en los sectores duros de la Iglesia, no ha dejado de condenar y censurar el "travestismo" aún con mayor inquina que el "homosexualismo". La campaña tránsfoba de la asociación integrista Hazte Oír, que tuvo su punto álgido en el autobús contra el reconocimiento de los menores trans, no sólo no ha sido desautorizada por la Conferencia Episcopal, sino que ha encontrado complicidades entre los obispos del ala dura, que continúa la senda reaccionaria marcada por Antonio María Rouco Varela y parece ignorar el mensaje reformista y el cambio de tono del papa Francisco. La Iglesia negó en 2015 a un hombre transexual ser padrino en el bautizo de su hijo, decisión que no provocó la menor fisura pública en la Conferencia Episcopal.

  6. Falta de una ley estatal

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en febrero una ley integral por los derechos de las personas transexuales, que recoge la esencia de las leyes autonómicas más avanzadas. La norma establece la "libre autodeterminación de la identidad sexual", consagra el derecho a tratamientos sanitarios despatologizadores y elimina todos los obstáculos para el cambio de nombre y documentación. Se elimina por ley el requisito de informes psicológicos para el acceso a atención sanitaria. Incide también en el aspecto educativo, tratando de provocar un cambio de mirada sobre la realidad trans. Se trata no sólo de permitir a las chicas trans usar los lavabos femeninos y a los chicos trans los masculinos, sino de introducir una idea de diversidad sexual que abarque a los transexuales en el currículo escolar. Además la ley contempla numerosas medidas de discriminación positiva para la inserción social y laboral, teniendo en cuenta la histórica exclusión de las personas trans de ámbitos como el deporte, y de protección en entornos difíciles como las prisiones.

La norma no ha sido aún tomada en consideración por el pleno. La ley trans no está tampoco entre las 20 medidas reivindicadas desde la izquierda por Unidos Podemos al nuevo gobierno dirigido por Pedro Sánchez. Mar Cambrollé, histórica activista y presidenta de la Plataforma Trans, afirma que el nuevo contexto político, marcado por el cambio de gobierno, debería propiciar el impulso definitivo de la normativa. "De lo contrario", advierte, "habrá furia trans", en referencia a movilizaciones y protestas. Cambrollé, que considera totalmente insuficiente el cambio de criterio de la OMS y denuncia cómo los cánones médicos aún considera la transexualidad un "desorden", subraya que en España "las personas transexuales" aún no son "sujetos de pleno de derecho", por lo que es "urgente" su total reconocimiento.  

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite cinco nuevos recursos del Gobierno central contra leyes autonómicas, concretamente de Baleares, Comunitat Valenciana y Cataluña, normas que han quedado suspendidas cautelarmente mientras el alto tribunal resuelve si son ajustadas a la ley, como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este lunes.

Se trata de los recursos presentados por el Gobierno contra la ley balear que regula las corridas de toros, la ley valenciana por la función social de la vivienda, la ley catalana de cambio climático, un decreto de la Generalitat de Cataluña de medidas urgentes referidas al transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas y la ley de Cataluña de asociaciones de consumidores de cannabis.

La suspensión de las normas recurridas se produce de forma automática tras la impugnación del Gobierno, pero el Constitucional deberá ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses.

Ley de 'toros a la balear'

El Constitucional ha suspendido cautelarmente varios preceptos de la Ley de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears, conocida como ley de toros a la balear, que prohíbe la muerte del animal, ha informado Europa Press.

El Alto Tribunal suspende estos preceptos al admitir a trámite el recurso interpuesto contra la norma por el Gobierno, y establece la suspensión de los mismos desde el pasado 10 de noviembre —fecha en la que el Ejecutivo central interpuso el recurso y reclamó la suspensión cautelar—. El Tribunal Constitucional deberá ratificar o levantar esta suspensión en un plazo no superior a cinco meses.

Así lo dicta el TC en un auto del pasado 28 de noviembre y conocido este lunes 4 de diciembre, en el que deja en suspenso la obligación de que todos los toros que se toreen en plazas de esta autonomía tengan un mínimo de cuatro años cumplidos y en cualquier caso menos de seis o el establecimiento de pesos mínimos de los toros y obligación de una báscula de pesaje en todas las plazas independientemente de la categoría de la plaza de que se trate.

Asimismo, suspende la cancelación por parte de el presidente de la plaza de la corrida si no se cumplen los requisitos ahora impugnados y el reconocimiento veterinario de los toros para comprobar el estado sanitario y de bienestar del animal una vez terminado el espectáculo.

Además, se suspende que los animales que tengan que ser toreados lleguen a la plaza de toros como mínimo 48 horas antes de la celebración del espectáculo taurino, que no sean recluidos en los chiqueros de la plaza durante su estancia y su vuelta tras la corrida desde los mismos corrales.

También se suspende la prohibición de la presencia de caballos durante las corridas de toros y la limitación a tres toros por espectáculo y con una duración no superior a diez minutos. Igualmente, se suspende que no se puedan usar divisas, puntas de pica, banderillas, picas, farpas, estoques o espadas, verduguillos puñales ni ningún instrumento punzante que pueda producir heridas y/o la muerte del toro. Como consecuencia, también se suspende que omitir estas condiciones sea considerado infracción muy grave.

El Ejecutivo decidió interponer recurso por "falta de competencias y por incumplir determinados preceptos de leyes estatales sobre patrimonio inmaterial y tauromaquia.

Ley de Cambio Climático de Cataluña

El Tribunal Constitucional ha admitido asimismo a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley de Cambio Climático de Cataluña y ha suspendido su aplicación desde la interposición del recurso el pasado 3 de noviembre mientras estudia las alegaciones del Ejecutivo. El TC deberá confirmar o desestimar esta suspensión en un plazo no superior a cinco meses.

En la providencia de Alto Tribunal conocida este lunes 4 de diciembre y con fecha de 28 de noviembre, se concreta que entre los preceptos suspendidos se encuentra un plan de transición para el cierre, no más allá de 2027, de las centrales nucleares, velando por la preservación de los puestos de trabajo directos que generan en el territorio. En la actualidad, en Cataluña hay tres reactores en funcionamiento en las centrales nucleares de Ascó (I y II) y Vandellós (II), en Tarragona.

El Ejecutivo ha recurrido, junto con este precepto, otros 23 más de esta norma, que también quedan en suspenso. A su juicio, estos preceptos invaden las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, las bases de régimen minero y energético y legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.

Además, el alto tribunal admite a trámite un decreto de la Generalitat de Cataluña de medidas urgentes referidas al transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas y la Ley de asociaciones de consumidores de cannabis.

Ley valenciana por la función social de la vivienda

El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado también, en una providencia fechada el 28 de noviembre, admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del gobierno contra determinados artículos de la Ley por la función social de la vivienda y la Ley contra la pobreza energética de la Comunitat Valenciana, ha informado Europa Press.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes ambas disposiciones, detallando en cada caso cuáles son los artículos afectados por el recurso. Además, en el caso de la ley por la función social de la vivienda, establece la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, tal y como solicitó el recurrente.

El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre dos acuerdos para solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con artículos de las leyes de pobreza energética y función social de la vivienda de la Generalitat Valenciana. En ambos casos, el Ejecutivo considera que la competencia es de carácter estatal y la comunidad se habría atribuido funciones que no le corresponden.

En el caso de la Ley por la función social de la vivienda se recurren los artículos 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acción pública frente a los a los órganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relación exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II.

El Gobierno explicó en su momento que la norma incurre en extralimitación competencial y, por tanto, invade las competencias estatales en materia de régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil, "bases de la ordenación de crédito, banca y seguros" y "bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica".

Sobre la pobreza energética, se recurre el artículo 3, en lo relativo al suministro de electricidad y gas. Sobre esta cuestión el Ejecutivo señaló que el Constitucional ya reiteró la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético.

La ley valenciana establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro, según el Gobierno. Incide además sobre el régimen económico del sistema energético al mantener el suministro sin retribución del suministrador, y regular los plazos de aplicación, las comunicaciones a realizar antes del corte de suministro, los consumidores a los que no se les podrá cortar el suministro, etcétera, en términos distintos a los establecidos por la normativa estatal básica en materia de energía (electricidad y gas), y no así en relación con el suministro de agua, que no se ve afectado por la impugnación.

La Generalitat puso en marcha en 2015el protocolo de Prevención, detección e intervención de procesos de radicalización islamista en los centros educativos" (puedes consultarlo en catalán aquí). El plan, propuesto a la Conselleria de Enseñanza por la de Interior, estaba diseñado para "prevenir, desde el ámbito educativo, todos los tipos de radicalización" y específicamente la islamista. Se puso en marcha el curso 2016-2017 y la Generalitat es la única institución autonómica de España que tiene un protocolo concreto contra la radicalización islamista en las aulas.

Este protocolo busca "dotar a los centros educativos de orientaciones y recursos para evitar que un alumno inicie un proceso de radicalización". El documento y su aplicación causaron controversia en su día, ya que algunos colectivos lo vieron como una estigmatización de los alumnos musulmanes, y temieron que pudiera fomentar la islamofobia por centrarse en una comunidad específica.

Al comienzo de este curso, la entonces consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, anunció que estaban estudiando los resultados del primer año de su aplicación junto con los Mossos, pero que, a tenor del doble atentado yihadista en Cataluña, planeaban ampliar la formación contra el radicalismo entre los profesores, ya que anteriormente sólo se formaba a los directores de los centros educativos. 

Enfoque transversal

Hay un consenso generalizado en las autonomías en que la prevención del radicalismo se enfoca de manera transversal, a través de programas de multiculturalidad, integración y prevención del racismo. Es lo que confirman desde la Consejería de Educación de Madrid: "No hay ningún protocolo específico", señalan, aunque hacen alusión a programas para fomentar la convivencia y la prevención de la islamofobia.

La Generalitat Valenciana señala que sus líneas de actuación en este campo son tres: la promoción de la convivencia en los centros educativos, el establecimiento de protocolos de actuación ante problemas de convivencia, y la formación del profesorado. Según explican a infoLibre fuentes de la Generalitat, los incidentes en los centros son registrados en el Plan PREVI (Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia), y "los casos graves son trasladados al Ministerio Fiscal y a la dirección territorial". En este sentido, añaden que preparan una modificación en el registro del PREVI para que los incidentes recojan las causas por las que se han producido: "Si incluye violencia sexual, violencia de género, causas de odio o motivos religiosos, entre otros".

Aragón es otra de las autonomías que encuadra la prevención del radicalismo en planes más amplios. Según especifican fuentes de la Consejería de Educación, "la integración se trabaja de forma transversal en los currículos y de manera específica en proyectos de innovación". En esta línea, destacan que "se ha recuperado la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la que se trabajan los valores".

Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha delega este ámbito en los propios centros educativos: "Cada centro, dentro de su autonomía, tiene un plan de convivencia en el que establece medidas de mejora en todos sus aspectos, entre otros, la lucha contra el radicalismo".

A pesar de no tener protocolos específicos, las autonomías actúan de manera muy similar cuando se detecta un caso de posible radicalismo: lo ponen en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En este sentido, desde el Gobierno de La Rioja se señala: "Los centros educativos que detectan situaciones de este tipo lo ponen en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad o de la Inspección Educativa para que lo traslade a la Policía".

Formación específica a los educadores

En cuanto a formación del profesorado específica frente al radicalismo, desde la Xunta de Galicia explican que, a pesar de no contar con un protocolo como el de la Generalitat, desarrollaron "una jornada formativa para el profesorado sobre prevención de radicalismos, en colaboración con el Centro de Estudios de la Seguridad de la Universidade de Santiago de Compostela".

Desde la Consejería de Educación de Baleares también han realizado formación específica a los centros: "Se ha hecho formación sobre detección y prevención de procesos de radicalización para directores de centros, de manera coordinada entre Educación y la Dirección General de Emergencias e Interior", y confirman que pretenden continuar con esta formación en el próximo curso.

Ceuta y Melilla

La jefa de la Unidad de Programas Educativos de Ceuta, Mila Pérez, explica que su departamento, dependiente del Ministerio de Educación —Ceuta y Melilla son las únicas administraciones de educación competencia del Ministerio—, tampoco tiene ningún programa específico frente al radicalismo islamista. "Todo está encuadrado en los programas de integración y convivencia, y desde la educación intercultural y en integración", señala. Cuando un centro de Ceuta detecta un posible caso de radicalización "de cualquier tipo", matiza, "los departamentos psicopedagógicos avisan a la fiscalía". 

En cuanto a la formación de los educadores, señala que tienen previsto hacer unas jornadas para formar a los profesores "en enero o febrero, con una charla específicamente sobre radicalización de cualquier confesión", para "dar líneas de actuación" a los profesores sobre cómo enfrentarse a un caso así. Además, Pérez adelanta a infoLibre que se preparan unas jornadas en esta materia en colaboración con el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie). Aun así, Pérez matiza: "No nos gusta que los cursos o los protocolos se denominen así porque puede herir sensibilidades".

Hace un par de semanas, el candidato a la Secretaría General del PSOE de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, avivó el debate sobre el modelo de Estado español con unas sorprendentes declaraciones: Madrid sería una "nación" según el modelo de Estado plurinacional que defienden los socialistas. "Si tiene que ser nación, nación. Si el Estado es plurinacional, como nosotros defendemos, que sea una nación dentro del Estado español. No debe asustarnos el nombre", indicó Franco.

"Parece una broma de mal gusto, pero no lo es", así criticó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, las palabras pronunciadas por Franco. Lo cierto es que la diversidad de opiniones del PSOE en cuanto al modelo territorial ha suscitado numerosas críticas de otros partidos, especialmente el PP, que atribuye esta "confusión" al intento de "arañar votos" en la lucha por electorado de izquierdas que "tienen con Podemos", en palabras de la propia Cifuentes. 

El PSOE, en el Congreso Federal que celebró el pasado mes de junio, acordó defender la plurinacionalidad del Estado y una reforma de la Constitución en clave federal. De esta manera, entienden, el problema del encaje de Cataluña y el modelo de Estado quedaría resulto. Sin embargo, los congresos autonómicos del partido han revelado la diversidad de opiniones que tiene el socialismo en este aspecto. En este sentido, el mismo José Luis Ábalos, secretario de Organización federal, afirmó haber visto algunas "ocurrencias" en algunos de los textos realizados por algunas federaciones autonómicas, a la vez que declaró que los socialistas harán "su propio debate" sobre el modelo territorial planteado. 

La Constitución española habla de "nacionalidades y regiones", pero no contempla el concepto de "nación". ¿Y cómo de definen las propias comunidades autónomas? infoLibre ha repasado los textos de los 17 Estatutos de autonomía y el resultado es que existen hasta seis definiciones diferentes: cinco territorios se consideran "nacionalidad histórica" (Andalucía, Aragón, Comunitat Valenciana, Galicia e Illes Balears); tres se definen como "nacionalidad" (Canarias, Cataluña y País Vasco); Navarra se denomina "comunidad foral"; tres se califican como "comunidad histórica" (Asturias, Cantabria y Castilla y León); cuatro como "comunidad autónoma" (Madrid, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia), y una como "región" (Castilla-La Mancha).

A continuación, se resume la defición que realiza de sí misma cada comunidad autónoma en su Estatuto.

Andalucía

Tras la reforma del Estatuto en 2007, Andalucía ha pasado a definirse como "nacionalidad histórica". En concreto, en el artículo 1 se indica: "Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución". 

En el Estatuto original, aprobado en 1982, la definición era ligeramente diferente, aunque ya se definía como "nacionalidad": "Andalucía, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles", se decía en aquel texto.

El PSOE andaluz, que siempre ha gobernado en la comunidad, propone ahora "un modelo federal cooperativo" y reclama que se combine el "respeto a las singularidades" con "la igualdad de todos los españoles", a la vez que afirma que Andalucía debe tener "el lugar que le corresponde". 

Aragón

El Estatuto aragonés, también reformado en 2007, considera a la comunidad una "nacionalidad histórica", reconociendo para ella un conjunto de identidades que la diferencian del resto del Estado. Concretamente, en el artículo 1, se indica que "Aragón, nacionalidad histórica, ejerce su autogobierno de acuerdo con el Estatuto, en el ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza a toda nacionalidad". 

Y en ese mismo artículo se añade lo siguiente: "La Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del sistema constitucional español, ostenta por su historia una identidad propia en virtud de sus instituciones tradicionales, el Derecho foral y su cultura".

El concepto de "nacionalidad histórica" no figuraba en cambio en el Estatuto original de 1982, en el que se indicaba: "Aragón, como expresión de su unidad e identidad histórica, accede a su autogobierno, de conformidad con la Constitución española y con el presente Estatuto que es su norma institucional básica".

Asturias

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado en 1981, no incluía en su definición ningún término más que el simple de "comunidad autónoma". De esta manera, el texto recogía que "Asturias se constituye en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto que es su norma institucional básica".

Sin embargo, tras la reforma realizada en el año 1999, el punto dos del artículo 1 pasó a hablar de "comunidad histórica": "La Comunidad Autónoma, comunidad histórica constituida en el ejercicio del derecho al autogobierno amparado por la Constitución, se denomina Principado de Asturias".

Canarias

"Canarias, como expresión de su identidad singular, y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad de la Nación española, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto, que es su norma institucional básica", se indica en el Estatuto canario desde 1996.

En el texto original de 1982 no se recogía el concepto de "nacionalidad". Entonces se afirmaba que Canarias, "como expresión de su identidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma".

Cantabria

La Comunidad Autónoma de Cantabria, por su parte, se definía en el Estatuto aprobado en 1982 como "entidad regional histórica". Así, en su artículo 1 se indicaba que "Cantabria, como entidad regional histórica dentro del Estado español y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma".

No obstante, tras la reforma aprobada en 1999, el texto comenzó a definir a la comunidad como "comunidad histórica". 

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha se define como "región". Así consta en el artículo 1.2 del Estatuto original, aprobado en 1982, término que no ha variado en las reformas realizadas: "La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es la institución en la que se organiza política y jurídicamente el autogobierno de la región, dentro de la indisoluble unidad de España, patria común e indivisible de todos los españoles".

Castilla y León

Por su parte, Castilla y León se define a sí misma como "comunidad histórica y cultural". En concreto, en el artículo 1 de su Estatuto se indica: "Castilla y León es una comunidad histórica y cultural que tiene su origen en los antiguos Reinos de León y de Castilla, ha contribuido de modo decisivo a la formación de España como Nación, ejerce su derecho al autogobierno y se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la Constitución y del presente Estatuto de Autonomía".

En este caso también ha variado respecto al texto original del Estatuto aprobado en 1983, cuando simplemente se definía el territorio como "comunidad autónoma", 

Cataluña

El artículo 1 del Estatuto que Cataluña aprobó en 1979 decía: "Cataluña, como nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica".

Esa definición se ha mantenido tras la aprobación del Estatuto de 2006, pero en el Preámbulo se habla del concepto "nación", en los siguientes términos: "El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad".

Comunidad de Madrid

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado en el año 1983, no especificaba ninguna definición más allá de su mera constitución como "comunidad autónoma". En concreto se decía que "el pueblo de la provincia de Madrid, de acuerdo con la voluntad manifestada por sus legítimos representantes en el ejercicio del derecho de autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco del Estado español, que empresa la unidad indisoluble de la Nación española". 

En 1998 se modificó ligeramente dicho artículo 1, al eliminar el concepto de "provincia", pero se mantuvo la definición como "comunidad autónoma": "Madrid, en expresión del interés nacional y de sus peculiares características sociales, económicas, históricas y administrativas, en el ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución Española reconoce y garantiza, es una Comunidad Autónoma que organiza su autogobierno de conformidad con la Constitución Española y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica".

​​Comunitat Valenciana

El Estatuto de la Comunitat Valenciana también se modificó por completo en 2006. Además de hacer una referencia a su pasado como "reino", algo que no se hace en ningún otro Estatuto, se define como "nacionalidad histórica". El artículo 1 afirma: "El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la unidad de la Nación española, como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución Española reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunitat Valenciana".

El texto original de 1982 era similar, aunque entonces se hablaba de "nacionalidad", sin añadirle la palabra "histórica".

Extremadura

El Estatuto vigente en Extremadura es de 2011 y el territorio se define como "comunidad autónoma". Así, su artículo 1 señala: "Extremadura, como expresión de su identidad regional histórica y por voluntad democrática de los extremeños, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la unidad de la Nación española, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica".

Este texto es idéntico al que figuraba en 1983, cuando se aprobó el primer Estatuto extremeño.

Galicia

La definición estatutaria de Galicia tampoco ha sufrido ninguna modificación desde que se aprobó el texto original en 1981. Reza así: "Galicia, nacionalidad histórica, se constituye en Comunidad Autónoma para acceder a su autogobierno, de conformidad con la Constitución Española y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica".

Galicia fue, junto a Cataluña y País Vasco, uno de los territorios que aprobó su Estatuto durante la II República y por ello, tras la recuperación de la democracia en 1978, se les consideraba nacionalidades históricas.

Illes Balears

Al igual que Galicia, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, aprobado en 1983, reconoce al archipiélago como "nacionalidad histórica".

"La nacionalidad histórica que forman las islas de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, como expresión de su voluntad colectiva y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a las nacionalidades y a las regiones, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la propia Constitución y del presente Estatuto", se señala en el texto, que se mantiene sin variación alguna en la actualidad.

La Rioja

La definición estatutaria de La Rioja es la de "comunidad autónoma". El artículo 1 sufrió un ligero cambio en 1999, quedando redactado así: "La Rioja, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno recogido en la Constitución Española, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado Español, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto que es su norma institucional básica".

En el texto original se hablaba de La Rioja como "entidad regional histórica", que se constituía en comunidad autónoma.

​​​​Navarra

El caso de Navarra la diferencia del resto de comunidades, pues su definición no coincide con ninguna otra. "Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible integrada en la Nación española y solidaria con todos sus pueblos", indica el artículo primero del título preeliminar de su estatuto.

La definición de Comunidad Foral refleja la singularidad de su autogobierno. Esta definición entra dentro del marco de los derechos reconocidos en la Disposición adicional primera de la Constitución, en la que se indica que "la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía". 

País Vasco

El Estatuto vasco no ha sufrido ningún tipo de modificación desde que fue aprobado en 1979. El artículo 1 especifica: "El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado Español". 

En 2003, el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe propuso una amplia reforma del Estatuto, pero el proyecto fue rechazado en el Congreso.

Así que, el texto vigente es el de 1979. En aquel entonces, Alianza Popular (predecesora del PP), recomendó votar en contra del Estatuto "porque agrava los equívocos de la Constitución, en orden a la definición de España como nación única para todos los españoles; implica dejación de los poderes del Estado dentro del ámbito territorial del País Vasco, sin haber conseguido equilibrio de competencias; establece las bases de una dinámica cultural y política de distanciamiento y separación, y olvida las peculiaridades de cada una de las tres provincias vascas", según se afirmaba en un comunicado oficial del partido que dirigía el exministro franquista Manuel Fraga.

Región de Murcia

A pesar de haber tenido hasta siete reformas parciales, el Estatuto de Autonomía de Murcia, aprobado inicialmente en 1982, siempre definió al territorio como una "comunidad autónoma" que es expresión de su "entidad regional histórica". En concreto, el artículo 1 señala: "La provincia de Murcia, como expresión de su entidad regional histórica, dentro de la indisoluble unidad de España, se constituye en Comunidad Autónoma, para acceder a su autogobierno". 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece que las comunidades autónomas tienen hasta el 10 de diciembre de 2015 para adecuarse a su articulado. Lo mismo ocurre con los ayuntamientos. Disponen de un año más del que ha tenido para adaptarse la Administración General del Estado, que el 10 de diciembre de 2014 inauguró su portal de transparencia. Pese a este año de moratoria, todas las comunidades autónomas menos una, Madrid, disponen ya de un apartado específico dedicado a la transparencia en sus respectivas páginas web. Es decir, de su equivalente al portal de la transparencia, pero a nivel autonómico.

La información facilitada no es en todos los casos la misma ni se ofrece con igual grado de profundidad. Pero en sus páginas institucionales –salvo en la de Madrid– ya existe un apartado específico en el que se pone a disposición de los ciudadanos información pública de forma estructurada y centralizada. En ocasiones, los datos que se ofrecen eran ya públicos, pero no de fácil acceso. Según el texto legislativo, deben ofrecer “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”. Y esto se hará “en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados”.

Como ocurre con toda esta ley, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga una serie de perjuicios que van desde la seguridad nacional hasta la protección del medio ambiente. Una galería de excepciones que ya fueron criticadas en su día por los partidos de la oposición y las asociaciones y organizaciones que velan por la transparencia. En definitiva, transparencia a medias.

A la espera de Madrid

Si hubiera que poner nota a las comunidades autónomas en lo que se refiere a la adaptación de esta ley, sería Madrid la que peor calificación registra a día de hoy. Fuentes del Gobierno regional consultadas por infoLibre aseguran que están trabajando sobre este asunto con la intención de ponerse al día con el cumplimiento de la normativa en los plazos que esta marca. Estas tareas le han sido asignadas a la Consejería de Vicepresidencia y Justicia, en manos de Salvador Victoria.

Las mismas fuentes señalan que, no obstante, los ciudadanos sí pueden encontrar ya en www.madrid.org datos –disgregados, eso sí– que en un futuro estarán en un apartado específico destinado a la transparencia.

La Comunidad de Madrid ya ocupó el pasado verano el último puesto del ranking elaborado por la ONG Transparencia Internacional en su Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas 2014 (INCAU). ¿Su puntuación? 65 sobre 100, casi 24 puntos por debajo de la media (88,6).

La portada de la página web institucional del Gobierno regional madrileño no ofrece ni una sola mención a la transparencia. De estructura básica, el portal de internet del Gobierno que preside Ignacio González dispone, bajo el menú de navegación, tres noticias relacionadas con la actividad autonómica, un apartado para las redes sociales y una pestaña para las cuestiones más consultadas por los internautas que navegan por esta página. Nada más.

Después, accediendo a cada uno de los apartados del menú, tampoco se encuentra ningún espacio dedicado a la transparencia. Sí se ofrece una plataforma integrada dentro de la web con la normativa sobre contratación pública. Es el denominado “portal de la contratación pública”.

En los enlaces que conducen a cada una de las consejerías no figura el sueldo de sus máximos responsables. Y, en el caso de Ignacio González, sí figura un enlace a sus datos fiscales. Pero sólo a los del ejercicio de 2011.

En plena polémica por el caso del ático de Estepona (Málaga) del presidente madrileño, éste mantuvo que no sólo estaba dispuesto a mostrar sus declaraciones de la renta y las de su mujer de los últimos años para que se despejara todo tipo de dudas sobre el alquiler y la posterior compra del inmueble, sino también que estos datos ya eran públicos. Un simple cotejo con la web permite comprobar que no es así.

Madrid tampoco ha aprobado una ley de transparencia.

Primeros pasos

Murcia es, junto a Madrid, otra de las comunidades autónomas más atrasadas en lo que tiene que ver con la implantación de la plataforma. No obstante, sí ha puesto ya a disposición de los ciudadanos una especie de avance de lo que será su portal de transparencia definitivo en un apartado denominado “Iniciativa integral para la transparencia”. “Lo que hay es un embrión de lo que será”, señalan fuentes del Gobierno de la Región de Murcia (PP).

La información viene estructurada en tres bloques: presupuestos y gastos, cargos públicos y servicio al ciudadano. A diferencia de lo que ocurre en Madrid, esta comunidad también gobernada por el PP, sí ofrece los sueldos de los altos cargos de la Administración, el número de altos cargos y otros datos como los vehículos del parque móvil regional. Según esta información, la comunidad autónoma dispone de 828 vehículos para uso en servicios públicos de sanidad, educación, servicios sociales, obras públicas y administración.

Su ley autonómica de transparencia data del mes de diciembre.

En una situación similar a Murcia está Castilla-La Mancha, gobernada por María Dolores de Cospedal, secretaria general de los conservadores. La comunidad, que sí dispone de un apartado específico en el que se vierten algunos datos sobre la comunidad, los contratos y los cargos públicos, no cuenta todavía con una ley específica que adapte los preceptos de la normativa estatal al ámbito autonómico.

En este apartado, figura el listado de retribuciones del personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con fecha de 2012. No figuran los nombres concretos. Se limita a señalar el cargo y las cantidades consignadas como importe se refieren a las retribuciones íntegras percibidas en 2012 por todos los conceptos y complementos.

Según estos datos, en 2012 Cospedal percibió 72.470,30 euros. La información correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014 no figura.

Comunidades pioneras

Una de las comunidades que se ubican en el extremo opuesto es Castilla y León. También gobernada por el PP, esta región acaba de aprobar su ley de transparencia. Fuentes de la Presidencia de Castilla y León precisan a este diario que su legislación va más allá de la nacional. De hecho, aseguran que muchas de las exigencias ya las cumplían antes.

El portal de transparencia de esta comunidad, gobernada por Juan Vicente Herrera, se denomina portal de Gobierno Abierto. Está listo desde 2012 y para estructurarlo se emplearon los indicadores estipulados por Transparencia Internacional. De hecho, esta comunidad obtuvo la mejor puntación en su último barómetro. Vio la luz tras tres años de trabajo.

Los datos que figuran publicados –más de 160 conjuntos–, según precisa un portavoz en conversación con infoLibre, están actualizados.

Entre los datos que ofrece en su apartado de transparencia institucional figuran las retribuciones de los altos cargos, el número de asesores, las declaraciones de bienes de los altos cargos y las agendas de los mismos. Además, incluye un apartado dedicado a la protección medioambiental con los planes de protección y ordenación de los recursos naturales.

La página web del Gobierno vasco también es puesta como un ejemplo de transparencia. De hecho, en el último índice de las comunidades autónomas elaborado por Transparencia Internacional, correspondiente a 2014, esta comunidad obtiene, junto a Castilla y León y Cataluña, la puntuación más alta (100 puntos).

Fue en el año 2010, con el socialista Patxi López como lehendakari, cuando nació Irekia, el proyecto de Gobierno abierto en Euskadi. “Una ventana abierta a la participación ciudadana”, según lo definen.

Una de las patas más importantes de este proyecto es la de la participación y colaboración. Irekia cuenta con dos espacios al respecto: propuestas del Gobierno y propuestas ciudadanas.

El primero de los campos, propuestas del Gobierno, está habilitado para que la ciudadanía aporte sus comentarios y dudas sobre propuestas, anteproyectos o iniciativas de los diferentes departamentos del Gobierno. En el segundo, propuestas ciudadanas, los ciudadanos pueden crear sus propias propuestas sobre aquellas cuestiones que les resulten de interés. La respuesta del Gobierno a las peticiones y observaciones ciudadanas también se publica.

El proceso de participación es mucho más breve y ágil que el del portal de transparencia de la Administración General del Estado. Basta con que el interesado en participar o demandar información se registre con un correo electrónico y una clave y confirme, a su vez, la recepción de un correo, para que reciba en cuestión de minutos, el alta en la plataforma.

En el caso del portal de la transparencia del Gobierno central es necesario DNI electrónico o certificado electrónico o estar dado de alta en el código cl@ve de la Agencia Tributaria.

A diferencia de otras comunidades autónomas, las retribuciones de los altos cargos figuran actualizadas a fecha de marzo de este año. Además, puede consultarse la evolución desde el año 2009 hasta la actualidad.

Así, podemos comprobar que en 2009 el lehendakari percibió lehendakari 105.425 euros y que en 2015 la cantidad será de 97.518.

Baleares también se define como una comunidad pionera en este campo. Fuentes de la Presidencia regional, en manos de José Ramón Bauzá (PP), subrayan que la comunidad dispone de una ley de transparencia desde abril de 2011. Es decir, antes de la estatal, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de diciembre de 2013.

Una vez aprobada la ley estatal, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición de ley “para modernizar” la iniciativa autonómica y adaptarla a los estándares nacionales.

La proposición de los conservadores, explican desde el Govern, consta de 59 artículos y recoge medidas como la simplificación administrativa, el derecho de acceso efectivo a la información, la publicación de datos, contratos y subvenciones, la aplicación de nuevas tecnologías, la publicación del plan de Gobierno, la aplicación del principio de austeridad o las evaluaciones de calidad.

La relación de los datos de todo el personal que presta sus servicios para esta comunidad autónoma es de las más completas en España. En este sentido, se publica el número, evolución y relación de altos cargos, eventuales y de libre designación y el importe de las retribuciones totales de cada uno de los puestos.

El caso de Cataluña es muy similar al de Castilla y León, País Vasco y Baleares. Esta comunidad autónoma dispone de un portal de transparencia muy avanzado vertebrado en cinco ejes: Gobierno y presidente, acción de Gobierno, gestión, datos de Cataluña e indicadores.

En el apartado de acción de Gobierno, el portal web de la Generalitat va más allá del estatal. En el de la Administración Central del Estado se cuelgan todas las iniciativas legislativas. Pero los informes de los órganos consultivos sólo se hacen públicos cuando el proyecto de ley en cuestión pasa al primer trámite parlamentario. Es decir, al Congreso de los Diputados. En el caso de Cataluña, estos informes se cuelgan sin necesidad de que el texto tenga que pasar de la categoría de anteproyecto a la de proyecto.

En el caso de La Rioja, el portal de la transparencia autonómico llegó antes que la ley, que data del 11 de septiembre de 2014.

Fue en enero de 2011 cuando el Gobierno de La Rioja inauguró esta herramienta. La información disponible está estructurada en seis áreas: información institucional; contratación de servicios y suministros; ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas; relaciones con el Parlamento; información económica y financiera; y relación con los ciudadanos y la sociedad.

Fuentes del Gobierno regional mantienen que su portal web facilita mayor número de datos que el estatal.

Por ejemplo, en lo relacionado con las peticiones de información por parte de los ciudadanos el trámite es, como en el caso del País Vasco, muy sencillo. Basta con rellenar un sencillo formulario acompañado de una validación de seguridad.

Las últimas en llegar

Andalucía, que tiene en vigor una Ley de Transparencia desde enero de 2014, anunció el pasado martes que su portal específico en esta materia ya estaba listo.

Desde ahora hasta el mes de julio, cuando la ley tiene que entrar el vigor, la Junta de Andalucía –el PSOE ganó las elecciones del pasado 22 de marzo– volcará todo tipo de datos relacionados con contratación, altos cargos, información institucional, estadísticas, presupuestos, empleo público, información jurídica, relaciones con la ciudadanía y datos del Consejo de Gobierno.

Según el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia en funciones, Manuel Jiménez Barrios, los primeros datos que se han incluido en el portal son los relativos a los contratos mayores y menores que ha firmado la Administración autonómica, así como todas las subvenciones que han otorgado desde enero del pasado año.

"Cualquier ciudadano podrá conocer no sólo el objeto, la duración, el importe o el procedimiento que se ha seguido en cada contrato, sino que, como novedad, además, se podrá consultar el número de licitadores que han participado en el proceso de adjudicación, las modificaciones y prórrogas que se celebren, las revisiones de precio o las subcontrataciones", mantuvo.

Cuatro días antes, Aragón (PP) presentaba también su ventana a la transparencia.

El portal ofrece información institucional con un desglose de los altos cargos y sus sueldos, datos de contratación pública, información presupuestaria y detalles sobre el patrimonio autonómico.

Una de las novedades que incorpora esta página y que no suele ser frecuente en el resto de portales analizados es el coste en sí mismo de la herramienta. El coste total invertido en este portal, a fecha 27 de marzo, ha sido de 56.850,50 euros.En continua evolución

La ley de transparencia de la Xunta de Galicia data de 2006. Si bien, esta iniciativa va a ser modificada para adaptarse, entre otros asuntos a las prescripciones de la ley estatal, según anunció el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo el pasado enero.

El anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Xunta está en fase de sugerencias públicas hasta principios de abril.

La intención del Gobierno gallego es la de que el nuevo portal homologue e unifique toda la información disponible con interconexiones con el resto de plataformas de otras administraciones. Y es que, a día de hoy, más que portal específico, esta comunidad dispone de dos apartados de transparencia en las consejerías de presidencia y vicepresidencia.dos apartados de transparencia

El portal de transparencia de Extremadura agrupa los datos de una forma particular si se tiene en cuenta el grueso de los portales autonómicos. Lo hace en seis categorías: sector público, economía, educación, salud, cultura, ocio y empleo.

La información relativa a contratos y retribuciones de los altos cargos no es de fácil acceso. Y, en el caso de los sueldos de los miembros del Gobierno de José Antonio Monago, los datos que figuran son sólo de 2012.

Se trata de un escenario opuesto al que presenta la página web del Ejecutivo cántabro, en la que los datos de retribuciones facilitados van del año 2012 al 2014.

Además, el Gobierno de Ignacio Diego (PP) ofrece un archivo con la hemeroteca de la agenda de actividades de los miembros del Gobierno entre los años 2012 y 2014. La publicación de las agendas de los políticos se ha visto envuelta en la polémica en los últimos meses después de la polémica de los viajes de Monago con cargo a los presupuestos del Senado.

En el Gobierno canario mantiene que su portal de transparencia ofrece a los ciudadanos más información de la que marca le ley estatal y destacan que esta herramienta está en vigor desde 2013, año en el que la página web de la Administración General del Estado no era todavía una realidad.

Para la forma de presentar los datos, según cuenta un portavoz del Gobierno, se han tomado como base los cinco bloques definidos por Transparencia Internacional (TI) más uno nuevo de participación ciudadana.

En el último examen de esta ONG, que data del verano de 2014, la comunidad gobernada por Paulino Rivero (Coalición Canaria) obtuvo la peor calificación –80, de un máximo de 100–, sólo por delante de Murcia y Madrid. Sus puntos más débiles fueron registrados en el área económico-financiera y en la información relativa a la comunidad autónoma.

En los casos de la Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra, la información facilitada es muy similar. En todas ellas se aportan datos institucionales, información económica, información sobre contratos y participación.

Recientemente, el blindaje jurídico al monarca saliente impulsado a toda urgencia por el PP y aprobado de forma mayoritaria en el Congreso, ha provocado que algunas formaciones políticas hayan reabierto el debate sobre la posibilidad de limitar los casi 10.000 aforamientos que hay en España, entre los que se incluyen jueces, fiscales, políticos y representantes de altas instituciones del Estado. No obstante, Cospedal señaló que no hay decisión alguna tomada y que lo se va a hacer es presentar un análisis de la situación, determinar qué significa esta figura, si supone merma de garantías para los aforados, si ralentiza los procesos o donde tiene que establecerse el límite. Señaló que estos asuntos serán tratados los días 10, 11 y 12 de julio en la Escuela de Verano del PP. De hecho, recientemente en una pregunta parlamentaria formulada por UPyD, el Gobierno se escudó en la la “compleja estructura del Estado” para justificar que la eliminación de aforados era un asunto complejo que no tenía la intención de emprender. 

Otro de los temas que, según Cospedal, el presidente del PP está dispuesto a poner de nuevo sobre la mesa es la elección directa de los alcaldes. Se trataría, aunque la propuesta se encuentra en fase de estudio, de cambiar el sistema para que gobiernen los regidores más votados.

Preguntada por los periodistas por si estas hipotéticas reformas irán acompañadas de cambios en el funcionamiento interno del PP, Cospedal pasó de soslayo y se limitó a decir que en el PP es "el único de España donde un militante se puede presentar a ser dirigente solo con 100 avales". "Tenemos un sistema de democracia representativa con número elevadísimo de compromisarios. No hay esas cifras de elección es casi ningún partido", remachó. No obstante, en este punto sí se refirió al caso Bárcenas al que, sin citarlo, definió como "una cuestión que como todo el mundo sabe ha enturbiado mucho la acción de este partido" y dijo que "lo más claro para luchar contra la corrupción es la claridad y la transparencia y sometimiento pleno a autoridad judicial".

Rajoy también se refirió a la reforma de la Constitución. "El PP nunca se ha opuesto por principio a reforma de la Constitución. Pero para ello tiene que haber (...) un objetivo claro, debe haber un consenso claro, tiene que saberse cuáles son los retos y cuáles son las soluciones que se pondrían encima de la mesa. No se puede romper un consenso y un pacto social como el del 78 sin tener un objetivo claro. Hay que saber lo que tenemos antes de abrir pactos y consensos", sentenció Cospedal. Asimismo, señaló que Rajoy nunca ha llegado a plantear qué aspectos de la Constitución se podrían abordar, ni ha consultado sobre ellos a la dirección del partido, incluidos los dirigentes territoriales, en las reuniones que mantienen de carácter interno.

Sobre la consulta catalana, Rajoy dijo en el Comité Ejecutivo Nacional que "ilegal" y que el Gobierno "va a seguir defendiendo siempre que la soberanía nacional reside en el pueblo español, que es indivisible y la soberanía nacional también lo es", según explicó Cospedal. 

El paso de la ley Wert por la comisión de Educación y las enmiendas presentadas a ese texto por los diferentes grupos ha fortalecido la apuesta por la enseñanza en castellano en todas las comunidades que ya contenía el proyecto cuando fue remitido al Congreso por el Gobierno. Ahora el texto define esta lengua como "vehicular" en todas las autonomías. La inclusión de esta característica, acordada por PP y UPyD, no gusta a los partidos nacionalistas y especialmente a los catalanes, que tachan la reforma educativa del PP de "recentralizadora" al asegurar que niega la diverdidad lingüística. Todos ellos han reclamado su retirada. 

1. ¿Qué decía el proyecto de ley de la LOMCE sobre las lenguas cooficiales?

El proyecto de ley de reforma educativa que el Gobierno remitió al Congreso ya incluía algunos artículos encaminados a blindar la enseñanza del castellano en todas las comunidades. La disposición adicional 38ª del texto señala que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios". 

No obstante, obliga a ofrecer a las familias la posibilidad de "escoger la lengua vehicular preferente". Y en en el caso de que no hubiera oferta en centros públicos o concertados, expone que los Gobiernos autonómicos tienen que sufragar "los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos en centros privados".  

2. ¿Qué se incluirá ahora? 

PP y UPyD alcanzaron este miércoles un acuerdo

para que la ley Wert recoja expresamente que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza de todo el Estado. La incorporación de este nuevo precepto se producirá a través de una transaccional que los conservadores ofrecieron a la enmienda presentada por UPyD a la disposición 38ª y que este grupo aceptó. Concretamente, el texto acordado suma a lo señalado en la pregunta anterior lo siguiente: "El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable". 

Según el Instituto Cervantes, la lengua vehicular es la que "se emplea como vehículo de comunicación en una comunidad de habla donde existe más de una lengua posible". 

No obstante, el diputado de UPyD Carlos Gorriarán reconoce, en declaraciones a infoLibre, que la normativa no especifica qué contenidos o qué porcentaje de horas lectivas tienen que impartirse en cada asignatura, tal y como pretendía su grupo. Sólo especifica, y eso ya se incluía en el texto que el Gobierno remitió al Congreso, que las administraciones educativas tienen la potestad de determinar "la proporción razonable de la lengua castellana y la lengua cooficial en estos sistemas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea".3. ¿A quién afecta esta modificación? 

Aunque no se nombra explícitamente en la normativa, este matiz parece dirigirse a Cataluña, que tiene un modelo de inmersión lingüística en el que el catalán es lengua vehicular y donde recibir clases en castellano de forma mayoritaria en una escuela pública es practicamente imposible.

Este modelo edificado en los últimos treinta años, recuerda a infoLibre Miquel Strubell, experto en temas de política lingüística, es fruto del "consenso social" y de una férrea apuesta política. Y es defendido decididamente por casi toda la comunidad educativa por sus buenos resultados. Pero sí ha sido cuestionado ante los tribunales por algunas familias que han reclamado más horas de enseñanza en castellano. Esto ha dado lugar a diversas sentencias que han apremiado a la Generalitat a garantizar que el castellano sea también lengua vehicular. 

4. ¿Qué ocurre en las otras comunidades con lengua cooficial? 

En las otras comunidades con lengua cooficial existen modalidades que garantizan la enseñanza de varias asignaturas en castellano. En Euskadi hay tres opciones donde el peso de las diferentes lenguas fluctúa: en el A, todas las materias exceptuando el euskera se imparten básicamente en castellano; en el B, tanto la lengua castellana como el euskera se usan para impartir las diferentes materias y en el D, todas las materias excepto la lengua castellana se imparten básicamente en euskera. 

En Galicia, Baleres y la Comunitat Valenciana la voluntad de sus Gobiernos es avanzar hacia un modelo de trilingüismo con horas repartidas entre las lenguas cooficiales y la extranjera. 

5. ¿Qué hará Cataluña?

Consultada por este diario, la Conselleria de Ensenyament de la Generalitat rehusó pronunciarse sobre este aspecto hasta que la reforma educativa no sea aprobada. Sin embargo, este miércoles, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, dijo que el contenido de la enmienda le parecía "escandaloso" y añadió que no ve justificación posible para modificar el modelo catalán de inmersión lingüística. Por su parte, el portavoz de CiU en la comisión de Educación del Congreso, Martí Barberà, consideró que esta enmienda supone un ataque al modelo educativo catalán y a lengua catalana.

6. ¿La inclusión de esta enmienda plantea conflicto de competencias?

Todas las comunidades han asumido las funciones, servicios y recursos tanto en materia de educación no universitaria como universitaria. Les corresponden competencias normativas de desarrollo de las normas estatales y de regulación de los elementos o aspectos no básicos del sistema educativo, así como las competencias ejecutivo-administrativas de gestión del sistema en su propio territorio. Por su parte, el Estado tiene reservado el ejercicio en exclusiva de las competencias que velan por la homogeneidad y la unidad sustancial del sistema educativo y que garantizan las condiciones de igualdad básica de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos educativos fundamentales. 

En virtud de los diferentes Estatutos de Autonomía, prestigiosos lingüistas consideran que sí existe invasión de competencias. "Si llevan esta norma al terreno real será un frente de conflictos y acabará por llegar al Tribunal Constitucional", advierte Henrique Monteagudo, profesor de Filología Gallega en la Universidad de Santiago.

Sin embargo, este tribunal, en su fallo sobre el Estatut de Cataluña, otorgó al castellano la condición de lengua vehicular en la enseñanza igual que al catalán. Según el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, si Cataluña no cumple con este artículo una vez aprobada la ley, estará incumpliendo una ley estatal y, a su juicio, esto dará "más peso" a las reclamaciones que se hagan en este sentido.