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La reforma educativa

"Para esto sirve el Estado autonómico": Casado ordena a las comunidades del PP torpedear la 'ley Celaá', aprobada por mayoría absoluta

  • El presidente conservador ordena un choque institucional para tratar de impedir que una ley orgánica del Congreso de los Diputados se aplique a la mitad de los alumnos españoles
  • Las comunidades autónomas del PP trabajan ya en la búsqueda de herramientas legales que les permitan eludir las disposiciones de la reforma educativa sin esperar siquiera a su aprobación definitiva
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Fernando Varela
Publicada el 24/11/2020 a las 06:00
Pablo Casado escucha las declaraciones a los periodistas de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la manifestación contra la reforma educativa.

Pablo Casado escucha las declaraciones a los periodistas de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la manifestación contra la reforma educativa.

Efe

En la guerra contra el Gobierno todo vale. El presidente del PP, Pablo Casado, confirmó este lunes su intención de poner a los gobiernos de Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia al servicio de su estrategia contra la nueva Ley de Educación, que el lunes obtuvo el respaldo del Congreso por mayoría absoluta, pero que todavía está pendiente de trámite en el Senado. La reforma legislativa, que los medios ya han bautizado por el apellido de la titular del ministerio, Isabel Celaá, se suma así a la lista de asuntos a los que el PP promete una batalla frontal en el frente judicial —habrá recurso ante el Tribunal Constitucional en cuanto la ley sea publicada en el Boletín Oficial de Estado (BOE)—, el europeo —Casado acude sistemáticamente y desde hace meses a Bruselas para denunciar al Gobierno de España— y ahora también el institucional.

Es una estrategia compartida con Ciudadanos allí donde la formación de Inés Arrimadas comparte tareas de gobierno, como ocurre en todas las comunidades con presidente conservador —la única excepción es Galicia—.

De momento, las comunidades autónomas con presidente del PP no han dado muchas pistas de por dónde van a ir para boicotear la ley orgánica haciendo valer sus competencias exclusivas en materia educativa. “Para esto sirve el estado autonómico”, aseguró Casado.

El PP, prometió, derogará la ley cuando vuelva al Gobierno. “Hasta entonces, la recurriremos al Tribunal Constitucional, a Europa porque allí sí que se defiende la libertad y las comunidades autónomas en las que gobierna el PP van a legislar para evitar que esta ley socave la libertad de las familias y para poner a salvo la calidad educativa, también en la pública”, remarcó.

¿Cómo lo van a hacer? Casado no entró en detalles, pero apuntó que es la misma estrategia que el PP de Mariano Rajoy siguió en su momento contra el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La Comunidad de Madrid, citó Casado a modo ejemplo, aprobó entonces una Ley de Autoridad del Profesorado; Castilla y León impulsó una ley de refuerzo de la educación rural; y Galicia “blindó el trilingüismo respetando la lengua cooficial” con el castellano y el inglés. Pero ninguna de las tres nació de un intento de impedir una ley estatal.

La primera la impulsó Esperanza Aguirre cuando gobernaba, pero sin hacer referencia alguna a la normativa estatal. Pretendía, defendió en 2010 la entonces presidenta madrileña, “reforzar y respaldar la autoridad” del personal docente de la enseñanza en centros públicos y concertados y reconocerle presunción de veracidad en caso de conflicto, ya sea dentro del colegio o instituto o en actividades extraescolares educativas.

El decreto del trilingüismo de Feijóo, que en 2010 puso fin al consenso histórico que en materia lingüística había construido Manuel Fraga, tampoco guarda relación alguna con la normativa educativa estatal. Eso sí: su efecto en el uso del gallego en las aulas ha tenido consecuencias devastadoras para el uso de la lengua de Galicia, como en su día constató un informe del Consejo de Europa que reclamó la "inmediata" eliminación de las "limitaciones a la docencia en gallego".

Casado defendió expresamente su decisión de ir a un choque institucional. “Cuando nosotros defendemos el Estado Autonómico recuerdo que también es para estas situaciones”, aseguró. “Cuando hay un Gobierno en La Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que en las comunidades autónomas pueda gobernar otro partido”.

El compromiso del PP, avanzó, es que los cinco gobiernos autonómicos que preside se pongan ya a trabajar, sin esperar a que la ley Celaá entre en vigor, para “hacer decretos y leyes” que le pongan freno.

Es una estrategia que el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, explicó como un intento de vaciar de contenido la ley del Congreso. Se trata, dijo, de legislar en las comunidades autónomas “para descafeinar y para intentar volver lo menos lesiva posible” la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en línea con las consignas de Casado, anunció su intención de intentar lo que permita el marco normativo. No obstante, su portavoz parlamentario, Pedro Puy, dejo claro cuáles son los límites al afirmar que no tiene dudas de que la nueva norma se va a cumplir tanto en el sistema educativo gallego “como en otras comunidades”. “Porque estamos en un Estado de Derecho”, subrayó frente a quienes apuestan por un boicot institucional.

Feijóo aseguró no compartir la ley Celaá y anunció su intención de tratar de sortear sus previsiones, aunque sin precisar cuáles y de qué manera. “Salvo que, por imperativo, legal haya algún precepto de obligado cumplimiento”, reconoció —se trata de una ley orgánica básica, de aplicación en todasana Comunidades Autónomas—.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dejó claro que mientras la reforma educativa del Gobierno esté en vigor su Gobierno la aplicará, porque “las leyes están para cumplirse”. Pero “dentro del margen que te da la ley Celaá, nosotros lo que vamos a hacer es reforzar y mejorar la educación”. “Lo que vamos a hacer es rebelarnos desde el punto de vista educativo”. Será mediante una ley, avanzó.

En Castilla y León fue el PP quien tomó este lunes la iniciativa y se reunió con patronal de la escuela concertada, asociaciones de padres y algunos de los sindicatos para estudiar las formas legales para atenuar lo que llamaron el “efecto nocivo” que consideran que puede tener la reforma educativa, aunque al término del encuentro ninguno de los participantes precisó qué medidas planean tomar más allá de continuar con las movilizaciones y presentar el anunciado recurso ante el Constitucional.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este fin de semana que su gobierno utilizará “todas las herramientas” contra la ley Celaá, pero sin precisar nada más allá de comprometerse a que en su comunidad se va a preservar la calidad, la equidad y la libertad del actual modelo. La Consejería de Educación va a abrir ahora un proceso de diálogo con toda la comunidad educativa para buscar el instrumento jurídico que concite “la mayor protección y el mayor consenso”.

Es la misma línea, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también anunció su voluntad de hacer todo lo posible para que esta ley no se aplique en su comunidad.

La posibilidad de un boicot institucional puso este lunes en guardia al Gobierno. “Sorprende que el líder de la oposición esté llamando a una suerte de desobediencia o de no hacer caso a lo que dice el parlamento, porque esta es una ley respaldada por siete fuerzas políticas y aprobada con mayoría absoluta”, recordó la ministra de Educación, Isabel Celaá, en una entrevista en TVE. En todo caso precisó, el Ejecutivo no prevé en ningún caso que las comunidades se nieguen a aplicar una ley. Celaá se mostró además “sorprendida” por el apoyo que la Iglesia católica, a través de la Conferencia Episcopal, está dando las movilizaciones contra el proyecto de reforma.

Los programas de la derecha

Las políticas de "libertad de elección" y planificación de la educación según la "demanda social", expresiones que de facto se traducen en medidas para facilitar la elección de centros concertados, unen a PP, Cs y Vox. Los tres partidos hacen una lectura similar del artículo 27 de la Constitución, que establece en su punto 3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. La interpretación de estos tres partidos es que este artículo obliga al Estado a financiar las opciones privadas que deseen las familias, de tal manera que la planificación de plazas deba adaptarse a la “demanda social”.

Las cinco comunidades que gobierna el PP, Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia, suman 21,6 millones de habitantes, más de un 46% del total, con datos del INE de 2019. Estas cinco autonomías totalizan 1,25 millones de alumnos en la educación no universitaria, lo que alcanza el 47,3% del total. Estando las competencias educativas en manos de las comunidades, si el PP encuentra una fórmula para impedir su aplicación en estos territorios reducirá significativamente el impacto de la reforma que el Congreso acaba de aprobar por mayoría absoluta.

El partido de Casado, que preside las cinco comunidades, presumió en su programa marco de las autonómicas de que las comunidades en que gobierna “han puesto en marcha modelos educativos que han ampliado la libertad de elección de las familias”. En la práctica, las políticas de libertad de elección vienen siendo de promoción de la enseñanza concertada. El partido de Casado se comprometió a extender la concertación al Bachillerato y la Formación Profesional en todas las comunidades en las que gobierne.

Cs, que gobierna con el PP en Andalucía, Madrid, Castilla y León y Región de Murcia, comparte en esencia el modelo educativo con el PP. El partido naranja, que no tiene programa autonómico marco, ofreció en el de las generales blindar la “garantía” del “derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos”. “Defenderemos que se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la renovación de conciertos”, añadió en el programa, acudiendo precisamente a una idea, la de la “demanda social”, establecida por la Lomce y suprimida por la reforma ahora en trámite.

Vox, clave para la mayoría derechista de Andalucía, Madrid y Murcia, combina una defensa clara de la financiación pública de la privada –es decir, de la concertada– con una denuncia del carácter ideológico de la pública. En el programa marco de las autonómicas, defendió “implantar el sistema de cheque escolar”, el veto parental y la autorización expresa para que los padres tuviesen que dar su “consentimiento expreso para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales”. A juicio de Vox, la mejor forma de evitar estas intromisiones es dar a los padres “una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio”, como señala en sus ‘100 Medidas para una España Viva’.

El marco programático de los partidos conservadores lleva más de dos décadas de implantación en Madrid, vanguardia de las políticas de “libertad de elección”. El programa madrileño del PP ya no prometió novedades educativas, porque casi todo está hecho, sino continuidad y profundización en ese modelo: “Seguiremos apoyando la educación concertada” y se mantendrá el “distrito único”, una fórmula que facilita la demanda de concertada.

Ni Cs ni Vox, que completan la mayoría conservadora madrileña, cuestionan el modelo PP. Al contrario. El partido naranja firma con el PP la “garantía” de las familias de “elegir la educación de sus hijos ya sea en centros públicos, concertados o privados”. La formación de ultraderecha, además de defender en su caso una “auténtica” libertad de elección de centro educativo, defiende un derecho de los padres a vetar contenidos educativos que define como “éticos, morales o sexuales” y los progenitores consideren inadecuados para sus hijos en una escuela pública que –a juicio de Vox– es adoctrinadora.

El acuerdo en Andalucía de PP y Cs, que gobiernan gracias a Vox, recoge la “protección” de los dos “modelos”, público y concertado, sobre la base de la “libre elección de centros que debe tener la familia”. El acuerdo PP-Vox, que fue fundamental para la investidura de Juanma Moreno, pone el énfasis en la lucha contra la “injerencia” de los poderes públicos en la “formación ideológica de los alumnos” y la “eliminación de las zonas educativas”, una insistente demanda de los promotores de la educación privada financiada con fondos públicos. PP y Cs han impulsado desde el Gobierno andaluz una norma que permitirá a las familias escoger un centro privado financiado con fondos públicos aunque no haya en su zona de escolarización.

En su reciente acuerdo presupuestario, PP, Cs y Vox retoman la idea del veto parental, aunque sin nombrarlo así: “Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, con base en los preceptos consagrados en la Constitución”.

“Defendemos la escuela concertada como garante de la libertad de enseñanza y la pluralidad del sistema educativo”, señala Cs en su programa para Castilla y León, que es explícito al vincular la educación universal y gratuita de 0 a 3 años con la “concertación de plazas”. “Defendemos que es a los padres a quienes corresponde elegir el tipo de educación que recibirán sus hijos”, señala el programa del PP en la Región de Murcia, que promete tener en cuenta “la demanda social” en planificación de centros, fórmula que beneficia a la concertada.

“Apoyaremos la red de centros concertados, para que, en conjunción con la red pública, las familias puedan hacer efectivo su derecho a elegir el centro en el que desean escolarizar a sus hijos e hijas”, añade el PP. Cs establece en Murcia el “derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos”, la “renovación de los conciertos vigentes” y la “aplicación del criterio de demanda social”.

En Galicia, el PP, que gobierna en solitario, lleva en programa la “apuesta por la libertad de elección de las familias, con apoyo a la calidad de la educación pública, y a la concertada dentro de la normativa vigente”.

En una entrevista con infoLibre, el experto en políticas educativas Lucas Gortazar, autor de un reciente análisis sobre la ley Celaá, explicaba que esta ley tiene serio riegos de ver reducido significativamente su impacto si no cuenta con complicidad autonómica: “El resultado de la ley tiene que ver con su legitimidad y con los actores que te ayudan a desplegarla. Si resulta que dos de las tres comunidades más pobladas del país están en manos de un partido que dice que la va a derogar, ya me dirás cómo vamos a conseguir la reducción de la segregación en la Comunidad de Madrid o a reducir el fracaso escolar en Andalucía. Y luego está el tema de la duración, si cambiará o no la ley cuando cambie la mayoría”.

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42 Comentarios
  • Pepita Pepita 24/11/20 21:55

    Antes de darles ni los buenos días que paguen todas sus tropelías y se pongan al día con lo que deben, ni un Euro, para esa Secta

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  • Pepita Pepita 24/11/20 21:53

    No esperaba menos de este fascista analfabeto, querrá presuntamente que los pobres paguen sus estudios y másters ficticios

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  • Ajoblanco Ajoblanco 24/11/20 21:31

    Sinvergüenza 

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    2

  • Nik Nik 24/11/20 16:34

    Gentuza , antipatriota, ilegal y ahora pretende no cumplir con la ley. Nunca ha cumplido ni cumplirán. Lo único en lo que cree es en cómo proteger los privilegios de los ricos y a la vez como joder a la clase trabajadora. Nunca ganará las elecciones con esta conducta imbécil y maleducada. Así les va. Puro circo el del niño de no sé cuantos masteres y títulos comprados y regalados. Sigue así campeón. Eres un crack de las imbecilidades. Animo hasta el ostión padre en las elecciones catalanas. Sólo crea odio, crispación, confrontación, división en la ciudadanía. Animo campeón. Animo crack.

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  • mcguiver mcguiver 24/11/20 16:33

    Ayuda para la enseñanza privada religiosa? Primero que la iglesia pague el IBI por todas las propiedades arrebatadas a los españoles

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    • Vador Vador 28/11/20 20:50

      No solo esto, sino que devuelva al erario publico las propiedades apropiadas mediante la inmatriculación.

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  • REE REE 24/11/20 16:13

    El Sr Casado llama al 'independentismo' con su llamada en incumplir leyes de mayor rango. ¿ Ha perdido su norte o su memoria? A mi opinión no tiene ni escrupulos ni ética ni moral ni memoria ni conocimiento.

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  • Ayla* Ayla* 24/11/20 15:35

    Madre mía estos independentistas que quieren romper España y no cumplen las leyes.

    Y luego están los que se han acostumbrado a las "paguitas" en sus negocios de enseñanza concertada y se olvidan del acuerdo que firmaron en el que se incluía la autofinanciación.

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  • Juanjo Seoane Juanjo Seoane 24/11/20 14:49

    No les parece a ustedes que el PP apoya el independismo si gobiernan ellos?

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  • Nidáguila Nidáguila 24/11/20 11:50

    Demostración clara de dos cosas:
    1ª- El pueblo importa una m.....
    2ª.- Las CC.AA. solo sirven para robarnos el dinero y que sea el caldo de cultivo de los futuribles Ali Babas de los de siempre.
    Todo un dechado de virtudes para destrozar un gran pueblo.¡¡¡¡¡GENTUZA!!!!!

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  • ordovas ordovas 24/11/20 11:46

    Mayoría absoluta (con un voto)... ¿ES SUFICIENTE CONSENSO EN MATERIA EDUCATIVA?

    Mayoría absoluta de separatistas + independentistas + comunistas + socialistas; es decir de los que aspiran a derrocar el sistema + dividir el territorio + someter y eliminar libertades. BONITA MAYORÍA ABSOLUTA.

    ¿Acaso han olvidado las palabras del candidato, hoy presidente, REPUDIANDO ABIERTAMENTE ESAS MAYORÍAS?

    Mentir es legal, sí, pero nunca legítimo.

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    • Ayla* Ayla* 24/11/20 15:11

      Mayoría absoluta, con un sólo partido y el resto de la cámara en desacuerdo parece ser que te es más válido

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