Un juzgado mercantil de Nanterre estudiará este próximo jueves si valida el acuerdo que pone fin a la breve historia del grupo español Mediapro en Francia. En caso afirmativo, la empresa de Jaume Roures devolverá a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa los derechos televisivos que adquirió por 830 millones de euros en mayo de 2018 y pagará 100 millones de indemnización a la patronal gala por el impago de dos de los tres plazos que debería haberle abonado este año.

De esta forma la LFP podrá recuperar los derechos de televisión para ofrecérselos a otro operador e intentar paliar los acuciantes problemas económicos que atraviesan tanto ella como los propios clubes franceses de fútbol. Porque con la subasta de esos derechos, que aumentó nada menos que un 60% el precio de la anterior, en 2015, y alcanzó un precio récord en Francia de 1.153 millones de euros, el fútbol galo confiaba en solventar sus serios aprietos financieros. Al final de la temporada 2018-2019, su déficit alcanzaba los 160 millones de euros, 126 millones sólo de la primera división. Antes de la pandemia. A mediados de este ejercicio, según publicó el pasado mayo el diario francés Mediapart, socio editorial de infoLibre, la LFP ya se encontraba en quiebra. La crisis del coronavirus, que supuso la cancelación del Campeonato de Liga en marzo y, por tanto, el cierre de todas las fuentes de ingresos de los clubes, desde la venta de entradas y los ingresos por patrocinio hasta el pago de los derechos de transmisión de los partidos –entonces aún en manos de Canal+–, ha terminado por ahogar definitivamente al fútbol francés.

Así, los documentos confidenciales a los que tuvo acceso Mediapart mostraban ya entonces que Canal + –por la primera división– y BeIN Sports –por la segunda– habían dejado de pagar 213,2 millones de euros, los ingresos publicitarios se habían reducido 108,3 millones y los procedentes de traspasos de jugadores, otros 209,8 millones, mientras los recibidos por la venta de entradas se habían quedado en cero. En total, el periódico cifraba en 438 millones de euros los números rojos de la Liga francesa.

La respuesta de los directivos de la LFP fue pedir un préstamo de 224,5 millones de euros “para compensar al menos las pérdidas de los clubes relacionadas con derechos televisivos no reconocidos”, explicaba el diario galo. El 90% de esa cantidad cuenta con la garantía del Estado francés. El plan de la patronal consistía en devolver el dinero a razón de 67,2 millones anuales procedentes de los pagos que Mediapro debía abonar por los derechos audiovisuales adquiridos.

Pero estalló la pandemia. La crisis se desencadenó cuando, tras hacer su primer pago, 172 millones, en agosto –compró los derechos de 2020 a 2024–, el grupo de Roures no abonó ni el plazo de octubre ni el de diciembre. Adujo que el coronavirus había dado al traste con el negocio tal y como lo había concebido y pidió a la LFP que renegociara a la baja el contrato. Al mismo tiempo, anunció que la cadena de pago que había creado, Téléfoot, cesaba en sus emisiones. Los empleos de sus 150 trabajadores están ahora en la cuerda floja. Sólo ha conseguido sumar unos 600.000 suscriptores, lejos de los 3,5 millones que necesita para no perder dinero.

Los riesgos “imprudentes” de la Liga y la falta de liquidez de Mediapro

Desde el primer momento, las dudas sobre la solvencia de Mediapro, propiedad en un 53,5% del fondo de inversión chino Orient Hontai propiedad en un 53,5% del fondo de inversión chino Orient Hontaidesde 2018, alcanzaron las páginas de los medios franceses, que ahora han visto confirmados sus temores. En mayo, Mediapart destacaba el hecho de que Roures hubiera creado una “estructura ad hoc” en Franciaad hoc para hacerse con los derechos del fútbol, lo que le hacía sospechar del verdadero “grado de compromiso” de la matriz con el negocio en ese país.

Ahora, tras desvelarse el fiasco, los periódicos galos han puesto el foco en las “dificultades financieras” del grupo hispano-chino. Le Monde, que cita a Moody’s, cifra en 920 millones de euros la deuda de Mediapro. También señala la rebaja de rating que además de Moody’s, S&P y Fitch aplicaron en octubre a la compañía de Roures. Las agencias consideran que el riesgo de crédito del grupo es “muy alto” y sus títulos, “de baja calidad”. S&P atribuye a Joyce Media, la matriz de Mediapro, “una estructura de capital insostenible, dado su alto nivel de deuda en relación con su débil generación de liquidez”. De ahí que no pudiera hacer frente a los pagos debidos a la Liga de Fútbol francesa. En junio su liquidez era de sólo 147 millones de euros. El grupo audiovisual, no obstante, había cerrado 2019 con un resultado bruto de explotación de 224 millones de euros.

Es más, el vespertino francés asegura incluso que Mediapro puede enfrentarse a las demandas de los cuatro operadores que distribuyen Téléfoot: Orange, SFR, Free y Bouygues Telecom.

Si, como parece, Mediapro no paga su deuda a la LFP y ésta tarda en vender de nuevo los derechos televisivos –que además tendrán que recolocar con un precio mucho más bajo–, el agujero en las cuentas de la patronal francesa va a ser considerable. Y puede igualmente poner en peligro la devolución del préstamo. Como ha sido avalado por el Estado en un 90%, existe el riesgo cierto de que, a la postre, la deuda termine siendo pagada por los contribuyentes franceses. La LFP replicó entonces que el préstamo “no supone ningún riesgo económico”. Los reembolsos de Mediapro “no representan más del 5% de los ingresos de la LFP y no involucran a los contribuyentes franceses de ninguna manera”, explicó en un comunicado.

“No se pueden contraer esos riesgos y luego pedir ayuda al Estado como a un bombero, eso sería demasiado fácil”, declaró el ministro francés de Educación y Deportes, Jean-Michel Blanquer antes de que se conociera el cese de actividad de Mediapro en Francia. Pero, cuando se le preguntó si el Estado va a dejar entonces que los clubes quiebren, respondió que no. “Hay un margen”, añadió, “entre cubrir los gastos que no han sido asumidos por un actor privado e impedir que los clubes quiebren”. Aun así, fue crítico con los riesgos “imprudentes” que a su juicio han asumido ciertos “actores privados”. “En este asunto de Mediapro han ocurrido cosas que no están bien”, se quejó en una entrevista al canal BFMTV.

Conflictos legales también en Italia y Estados Unidos

En Italia, Mediapro también pujó por los derechos audiovisuales de la Primera División y también ha terminado con un conflicto legal. En 2018 se quedó con esos derechos por una cantidad similar a la francesa, 1.050 millones de euros. Pero como no presentó garantías, la Liga italiana le rescindió el contrato. Después, ambas partes se enzarzaron en los tribunales a cuenta de un adelanto de 52 millones abonado por Mediapro y de sendas indemnizaciones.

En Estados Unidos le fue incluso peor. Acaba de reconocer que tres directivos de la empresa pagaron sobornos para adquirir los derechos televisivos de la fase de clasificación en Centroamérica y Caribe para los mundiales de fútbol de 2014, 2018 y 2022. Los tres altos cargos, asegura, fueron despedidos en diciembre de 2015. En 2018, el grupo de Roures tuvo que pagar una multa de 20 millones de euros por este caso, cuya investigación fue llevada a cabo por el FBI y la Fiscalía de Nueva York.

Mientras, en España, Movistar tiene también desde 2018 los derechos de LaLiga, que hasta ese momento estaban en manos de Mediapro. El precio del paquete completo alcanzó el récord de 3.421 millones de euros, de los que la compañía de José María Álvarez-Pallete se quedó con 2.940 millones, correspondientes a los ocho partidos por jornada y El Partidazo, mientras que Mediapro consiguió los derechos de transmisión a los bares y los derechos de los resúmenes en exclusiva por 481 millones. En el anterior concurso fue Movistar la que se hizo con El Partidazo –750 millones– y Roures con los ocho partidos –1.900 millones–. La guerra del fútbol con Prisa se cerró el año pasado después de 12 años con el pago por el grupo editor de El País de una indemnización de 51 millones a la compañía de Roures.

Standard & Poor's (S&P) ha rebajado la calificación de la deuda y el crédito a largo plazo de Cataluña de 'BB' a 'BB-', manteniéndose en grado de bono basura y con perspectiva negativa, lo que ha argumentado por la "tensión política" con el Gobierno central, como informa Europa Press.

Por otro lado, la agencia de rating ha mantenido la calificación del crédito a corto plazo en 'B', ha informado este viernes en un comunicado.

S&P ha argumentado que la modificación a la baja refleja sus previsiones de un incremento de la tensión política entre Cataluña y el Gobierno central después de las elecciones del 27 de septiembre, y muestra el riesgo "de que la buena coordinación de los dos gobiernos para afrontar la deuda de la comunidad se vea comprometida".

La agencia ha considerado "probable" que la CUP dé su apoyo a Junts pel Sí para formar gobierno, pero ha augurado que, a pesar de que la mayoría de escaños en el Parlament sean independentistas, Cataluña continuará siendo parte de España en el horizonte de 2017.

Suspensión de la autonomía

"No prevemos una secesión de Cataluña", ha manifestado S&P, argumentando que el Gobierno ha expresado su intención de usar todas las herramientas legales para evitar una declaración unilateral de independencia, y ha añadido que el Ejecutivo central podría acabar suspendiendo la autonomía de Cataluña acabar suspendiendo la autonomía de Cataluña basándose en la Constitución.

La agencia considera que la falta de mayoría de votos a favor de la independencia debilita los argumentos de los partidos independentistas, y no espera una declaración unilateral, que añade que tendría un "impacto grave" en la economía catalana.

Ha añadido que el Gobierno central continuará dando apoyo financiero a Cataluña y que, "a pesar de la posibilidad de que aumenten las tensiones políticas, el Govern seguirá aceptándolo".

Sin embargo, añade que la rebaja de la calificación responde a que existe "un riesgo mayor de una ruptura de la comunicación y de la coordinación entre los dos gobiernos".

También ha afirmado que su visión de la ejecución del presupuesto de la Generaltiat es "muy débil", así como su gestión financiera, y ha hecho referencia también a que Cataluña tiene una deuda muy elevada y muy poca capacidad de generar liquidez, por lo que depende del Gobierno central.

Por otra parte, la agencia ha destacado que la economía catalana es "fuerte", y ha remarcado el compromiso del Gobierno central para dar respuesta a las necesidades financieras de las regiones.

Perspectiva negativa

S&P ha señalado que la perspectiva negativa responde a que prevé que la tensión entre los dos gobiernos se incremente en los próximos meses e interfiera en los acuerdos para que el Gobierno central siga financiado a Cataluña para que ésta pueda pagar sus deudas.

Ha afirmado que una revisión de la perspectiva de negativa a estable requeriría constatar que en los próximos doce meses no se ha incrementado la tensión política y que la ejecución presupuestaria y económica de Cataluña permaneciera en línea con el escenario base de la agencia entre 2016 y 2017.

El Departamento de Justicia de EEUU investiga a la agencia Moody's por inflar la calidad de los activos hipotecarios que dieron lugar a la crisis financiera de 2008, según publica este lunes el diario The Wall Street Journal.

La investigación se ha conocido poco antes de que las autoridades federales anunciasen una multa récord de 1.300 millones de dólares a la agencia Standard & Poor's por prácticas similares. El Departamento de Justicia lleva meses interrogando a antiguos empleados de Moody's para investigar cómo se hacían las calificaciones de esos activos hipotecarios antes de la crisis, según el diario estadounidense.

El Gobierno presentó en 2013 una demanda civil contra S&P por haber engañado a los inversores sobre la calidad crediticia de los activos hipotecarios, las hipotecas basura, en los años previos al estallido de la burbuja financiera. Una vez que se confirme, será la primera gran sanción a una de las agencias de calificación por la crisis de 2008, ya que, hasta ahora, las multas se habían concentrado en los grandes bancos de Wall Street.

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha confirmado este viernes el rating 'BBB' con perspectiva 'estable' de la deuda soberana de España, pero alerta de los riesgos que para la economía puede generar un entorno político "fragmentado" tras las elecciones de 2015, una alusión directa al auge de Podemos, que amenaza la tradicional hegemonía política de PP y PSOE.

En las últimas semanas son varios los informes de bancos y las opiniones de empresarios que han expresado su temos al ascenso electoral de la formación que lidera Pablo Iglesias.

"La confirmación del rating refleja nuestra consideración de que los riesgos para la recuperación económica de España están equilibrados ante un año 2015 de elecciones regionales y generales", explica la agencia en un comunicado.

S&P advierte de que persisten las dudas sobre el comportamiento de la economía ante la proximidad de las elecciones generales y regionales de 2015 y el debilitamiento de la demanda interna. Además, incide en que la deflación es "un lastre para el progreso económico y fiscal" del país.

"La posibilidad de que las elecciones generales del próximo año puedan generar un entorno político fragmentado, a nivel nacional y regional, también puede dar lugar a desviaciones en las políticas fiscales y estructurales. Esto podría poner en riesgo los objetivos de déficit público a medio plazo y el crecimiento económico", subraya.

Respecto a Cataluña, remarca que su escenario base es que siga siendo parte de España. En cambio, avisa de que si Cataluña se independiza, los indicadores crediticios del soberano, incluyendo el nivel medio del PIB per cápita, las cuentas externas y la posición de las finanzas públicas, se debilitarían, lo que a su vez podría afectar al rating.

Asimismo, cree que el hecho de que 2015 sea año electoral hará que se reduzca la consolidación fiscal en el país, lo que, junto con el debilitamiento del crecimiento en los cuatro socios comerciales más importantes para España (Francia, Alemania, Portugal e Italia), va a impedir alcanzar los "ambiciosos" objetivos presupuestarios del 4,2% y 2,8% para 2015 y 2016, respectivamente. En concreto, se situarán en el 4,9% y en el 3,5%.

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha rebajado en un escalón el rating de Francia, desde AA+ hasta AA con perspectiva estable, debido a las débiles previsiones de crecimiento económico y a las limitaciones en la política fiscal.

"Creemos que las reformas del Gobierno francés en materia de fiscalidad, así como en los mercados laboral, de servicios y de productos, no aumentarán sustancialmente las perspectivas de crecimiento de Francia en el medio plazo", afirma la agencia en un comunicado.

La agencia reconoce que Francia ha adoptado medidas de reforma "positivas" en varios sectores, incluido el mercado laboral, pero cree que serán "insuficientes" para mejorar significativamente el potencial de crecimiento de Francia.

"En particular, creemos que es improbable que mejore el crecimiento del sector privado sin nuevas reformas estructurales", agrega S&P, quien considera que un menor crecimiento económico está limitando la capacidad del Gobierno para consolidar sus finanzas públicas.

Según sus cálculos, la economía francesa volverá a estancarse en 2013, al igual que ya ocurrió en 2012, para después crecer siete décimas en 2014, un 1,4% en 2015 y un 1,5% en 2016.

En esta línea, añade que la flexibilidad fiscal de Francia está limitada por los sucesivos movimientos del Gobierno para elevar unos impuestos que ya son elevados, así como por la "incapacidad" del Gobierno galo para reducir significativamente el gasto público.

Así, cree que las medidas anunciadas para reducir el gasto público tendrán un impacto "relativamente modesto", al mismo tiempo que se han reducido las posibilidades de adoptar medidas que aumenten los ingresos. Por ello, cree que el déficit cerrará 2013 en el 4,1%, dentro de los objetivos marcados, pero lejos del 3,5% que preveía hace un año.

El elevado desempleo

Asimismo, la agencia de calificación crediticia añade que el elevado desempleo está debilitando el apoyo a nuevas medidas fiscales y estructurales significativas, al mismo tiempo que lastra las perspectivas de crecimiento a largo plazo.

En su opinión, las políticas económicas implementadas por el Gobierno desde que confirmó el rating de Francia el 23 de noviembre de 2012 no han reducido significativamente los riesgos de que el paro permanezca por encima del 10% hasta 2016, en comparación con 8%-9% que se registraba ante de 2012.

Por su parte, la perspectiva estable otorgada al rating de Francia refleja que la probabilidad de que eleve o rebaje la calificación en los próximos dos años es inferior a un 33%, así como el compromiso del Ejecutivo de François Hollande para contener la deuda pública neta, que alcanzará un máximo del 86,1% en 2015.