El portavoz de la confluencia gallega En Marea en el Congreso, Antón Gómez-Reino, ha anunciado este martes que van a enviar cartas a los accionistas y al presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, y a pedir una reunión su gestor ético, Rafael García de Diego, para que den explicaciones sobre el nombramiento de Arsenio Fernández de Mesa como consejero de la compañía, según ha informado Europa Press.

En declaraciones a los medios antes de participar en la Junta de Portavoces, Gómez-Reino ha explicado que han tomado esta decisión tras considerar que la respuesta ofrecida la semana pasada durante el Pleno por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, cuando En Marea le preguntó por esta cuestión, no fueron "en absoluto pertinentes". "Nos parecían directamente falsas", ha lamentado.

Por ello, van a enviar una carta a los accionistas, al presidente y al gestor ético de REE, a quien también van a solicitarle una reunión, ya que es la persona encargada de gestionar las dudas que se puedan producir y recoger, analizar y resolver las diferentes denuncias que se reciban, según se detalla en la web de la empresa participada por el Estado.

"Que se posicionen claramente"

"Queremos trasladarle nuestra posición sobre este nombramiento y queremos sobre todo que los accionistas y el presidente de Red Eléctrica Española se posicionen claramente al respecto del nombramiento de Fernández de Mesa", ha defendido el portavoz de los socios de Podemos en Galicia.

La semana pasada, Montoro desvinculó al Gobierno del próximo nombramiento del exdirector general de la Guardia Civil como consejero de REE e indicó que se trata de una decisión de la propia empresa, en la que no ha intervenido ni el Ejecutivo, ni la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que asume la participación pública en REE.

Sin embargo, tal y como ya manifestó Gómez-Reino en el Pleno de la semana pasada, En Marea considera que su nombramiento es un "caso obsceno" de puerta giratoria y de "corrupción legal", y por ello van a pedir más explicaciones.

El presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado Blanco, ha manifestado que es "un gravísimo error y una grave injusticia" considerar que la incorporación a la entidad del ex director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, sea fruto de puertas giratorias.

Según ha informado Europa Press, antes de participar en la clausura de unas jornadas de la Asociación Española para la Economía Energética (AEEE) en Salamanca, Folgado ha insistido en que Red Eléctrica "está teniendo la mejor consideración de lo que están siendo las buenas prácticas corporativas en todas las administraciones".

En un acto donde ha estado acompañado por representantes de AEEE y de la Universidad de Salamanca (USAL), el presidente de Red Eléctrica ha subrayado que su entidad aboga por "la excelencia en la actuación responsable de la entidad corporativa".

Y, en referencia directa al caso de Fernández de Mesa, Folgado ha indicado que, dentro del mapa de competencias de la entidad, hay una empresa dedicada a infraestructuras críticas con la competencia de seguridad integral que es "muy importante".

En este área en concreto es donde estaba desarrollando su labor Agustín Conde, que ha dejado esa función al ser nombrado secretario de Estado de Defensa, una plaza para la que ahora se ha elegido al ex director general de la Guardia Civil.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se mostró este miércoles dispuesto a negociar con Unidos Podemos para tratar de endurecer las puertas giratorias después de que Red Eléctrica Española haya fichado al exdirector de la Guardia CivilArsenio Fernández de Mesa como nuevo consejero, informa Europa Press.

En los pasillos del Congreso, Rivera señaló que no existe "ninguna justificación" detrás de ese fichajefichaje, como tampoco de otros que se han conocido en los que el PP y PSOE han "colocado" en los consejos de administración de diferentes empresas a personas que no tienen "ningún vínculo" con el ámbito del que pasan a formar parte, como es el caso de Fernández de Mesa.

El líder naranja cree que puede llegar a entender que el que es experto en una materia pueda acabar o no por sus propios méritos en una empresa como Red Eléctrica Española. "Pero las responsabilidades policiales no me parecen un motivo suficiente para colocar a alguien en el consejo de administración de una eléctrica", apostilló.

Sobre todo cuando, además, ese fichaje casa con un sistema eléctrico "obsoleto, opaco y cargado de subvenciones e impuestos". "Es normal que los españoles se cabreen", dijo, máxime cuando ven que exministros conservadores y socialistas no dejan de beneficiarse de continuos dedazos.

Pide "un poquito de decencia" a PP y PSOE

Así las cosas, el presidente de Ciudadanos subrayó que no sólo es urgente exigir que esas puertas giratorias se "endurezcan", sino que PP y PSOE, al margen de la ley, tengan "un poquito de decencia".

"Cuando uno acaba su carrera política puede incluso buscar un trabajo; no es obligatorio que te coloquen en un consejo de administración a dedo sin tener ninguna experiencia en ese ámbito y además de una empresa participada públicamente por el Estado", insistió.

En este sentido, comentó que para evitar que el caso de Fernández de Mesa sea "el último" su partido está dispuesto a negociar con Unidos Podemos para intentar endurecer las puertas giratorias. "Vamos a hablar para intentar hacerlo", apuntó.

El Consejo de Administración de Red Eléctrica de España (REE), una sociedad que depende en un 20% del Gobierno, ha designado este martes como nuevo consejero de la compañía al ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, según ha informado la empresa en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)recogida por Europa Press.

Fernández de Mesa, que perdió su cargo al frente de la Guardia Civil en noviembre del año pasado después de cinco años, asume el puesto de vocal de REE por cooptación y en sustitución de Agustín Conde, quien salió del consejo de administración ese mismo mes para convertirse en secretario de Estado de Defensa.

En una nota de prensa, la compañía indica que Fernández de Mesa "ha sido considerado idóneo para el cargo dada su experiencia y conocimientos en materia de seguridad integral, condiciones que también reunía Agustín Conde y que son fundamentales para Red Eléctrica".

REE destaca del nuevo consejero su condición de diputado nada menos que durante 23 años y siete legislaturas, entre 1989 y 2012, así como el desempeño de cargos como el de presidente de la Comisión Nacional de Defensa, miembro de la Asamblea Internacional de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y miembro de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica. También ha sido delegado del Gobierno en Galicia (2000-2004) y asesor del ministro de Administraciones Públicas (2004), además de director general de la Guardia Civil entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016.

En esta última etapa, asegura REE, Fernández de Mesa adquirió "más experiencia no solo en materia de seguridad, sino también en el ámbito de la gestión de organizaciones, ya que gestionó una plantilla de 85.000 profesionales en más de 45 países".

Polémicas

Fernández de Mesa es amigo persona de Mariano Rajoy, a cuya trayectoria política ha estado siempre muy vinculado. En 2014, mientras ocupaba el cargo de director general de la Guardia Civil, se produjo la tragedia de El Tarajal, en el que al menos 15 inmigrantes murieron intentando alcanzar la costa de Ceuta mientras recibían los disparos de pelotas de goma disparadas por agentes de este cuerpo. Fernández de Mesa negó el uso de este material, e incluso culpó a alguno de los supervivientes de mentir. Sin embargo, ese mismo mes el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, confirmó en el Congreso los hechos, poniendo en entredicho la versión inicial.

Cuco Fernández de Mesa, como le llaman sus más próximos, se hizo muy conocido durante la catástrofe del Prestige, cuando ocupaba el cargo de Delegado del Gobierno de José María Aznar en Galicia. En aquellos días pronunció algunas de las frases que más contribuyeron a sembrar la confusión entre los ciudadanos: “Probablemente el fuel no toque la costa gallega”; “El destino del fuel en el fondo del mar es convertirse en adoquín” o “Hay una cifra clara y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe”.

Albert Rivera lo tacha de "dedazo"

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha denunciado el "dedazo" del Gobierno. "Es un dedazo en toda regla", ha resumido Rivera en los pasillos del Congreso, donde ha criticado que tanto el PP como el PSOE sigan con "los tics de la vieja política" y se dediquen más a cambiar las formas que el fondo, algo que, según ha dicho, no comparte.

El líder de la formación naranja ha censurado que en los ejecutivos de PP y PSOE haya personas que cuando abandonan sus puestos, en lugar de buscarse un trabajo, se esperen a que el Gobierno de turno "les coloque en algún sitio".

"Esto se tiene que acabar", ha enfatizado Rivera, quien ha subrayado la necesidad de "endurecer" la ley para evitar este tipo de puertas giratorias. De momento, su partido, según ha avanzado, pedirá explicaciones en el Congreso para que esto no se vuelva a producir.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha dirigido una batería de preguntas al Gobierno para saber quién encargó el polémico retrato del ex director de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, en el que luce numerosas condecoraciones, y cuál ha sido su coste económico, según ha informado Europa Press.

En el óleo, Fernández de Mesa porta la banda de la Gran Cruz Naval, con los colores de la bandera española, guantes, medallas en el pecho y bastón de mando, lo que contrasta con sus antecesores en el cargo, que han venido optando por un traje de chaqueta y corbata.

En concreto, en el texto registrado, la formación morada pregunta al Gobierno cuáles son las dimensiones del citado cuadro, el coste que ha supuesto para las arcas del Estado y el lugar donde será ubicado.

La pregunta la formula el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de defensa, Juan Antonio Delgado, que precisamente es miembro de la Benemérita y fue uno de los dirigentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Entre otras cosas, pide conocer también si el cuadro fue un encargo del propio Fernández de Mesa o si fue la Dirección General quien se encargó del retrato, ya que se supo del retrato antes incluso de su relevo, y, en cualquier caso, si para su creación se dieron instrucciones al autor para que incluyera medallas que el director general de la Guardia Civil "no está autorizado a portar".

El PSOE ya preguntó por el retrato

Ésta no es la primera que vez que el retrato de Fernández de Mesa llega al Congreso. El PSOE ya registró una batería de preguntas en las que, por su parte, pedía al Ejecutivo que se pronunciara sobre ese retrato, pedía conocer también su coste y con cargo a qué partida presupuestaria se ha pagado.

Lo hacía a principios del presente mes, cuando Fernández de Mesa aún no había sido cesado de su cargo. "Dado que el mismo debería colgarse una vez que el señor Arsenio Fernández fuera sustituido como director general, ¿cuando y por qué motivos ha sido fijado (al parecer en diferido) su cese?", rezaba una de las preguntas registradas por los socialistas.

Asimismo, el Grupo Socialista pedía conocer las condecoraciones que ostenta el ex director de la Benemérita en dicho cuadro, qué méritos ha realizado para que se las hayan concedido y quiénes lo han hecho.

La Guardia Civil triplicó en 2014 el número de operaciones contra la corrupción en las administraciones públicas con respecto a 2011, 113 sobre las 34 registradas tres años antes, operaciones que conllevaron la detención o imputación de 618 personas, informó Europa Press.

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha ofrecido estos datos durante su comparecencia en el Congreso de los diputados para explicar los presupuestos de su departamento para el año que viene.

El responsable de este cuerpo policial ha admitido que la corrupción pública es actualmente "uno de los problemas más importantes" y "una de las grandes preocupaciones de los españoles", y que la Guardia Civil ha hecho un esfuerzo por reforzar los equipos especializados en perseguirla.

Como consecuencia de ello, los grupos creados entre 2006 y 2007 contra la delincuencia urbanística (EDUS), se han reorientado y transformado en equipos contra la delincuencia en las administraciones públicas en general, cuya labor se ha traducido en esas 113 operaciones el año pasado y 618 imputados o detenidos.

Roca

Fernández de Mesa también ha resaltado durante su comparecencia el trabajo de los agentes que trabajan en los equipos Rpca, contra los robos y ataques al millón de explotaciones agrícolas y ganaderas repartidas por todo el país.

Son 96 los grupos encargados de esta labor, que cubren el 84,5% del territorio nacional en el que está desplegada la Guardia Civil. Según los datos que han aportado, ha realizado 14.000 reuniones o contactos con agricultores y ganaderos "para que se sientan debidamente atendidos".

En el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2014, se han reducido un 19% las infracciones en explotaciones, que suponen el 3,2% del total de infracciones penales que se registran.

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ordenó al general jurídico del Cuerpo que "inicie las acciones legales oportunas" y traslade a la Fiscalía las declaraciones del diputado de IU Alberto Garzón en las que acusaba al Gobierno de enviar a guardias civiles a "asesinar inmigrantes en la valla de Melilla" por si "pudieran ser constitutivas de delito".

Según informó el Instituto armado, Fernández de Mesa calificó las declaraciones de "inadmisibles" y cree que reflejan "el desconocimiento más absoluto de la labor que a diario realizan los guardias civiles que trabajan en las vallas de Ceuta y Melilla". Y destacó que los agentes trabajan con "respeto escrupuloso a la legalidad" y "al Estado de derecho y con total humanidad" defendiendo las fronteras de "la inmigración ilegal, violenta y masiva".

El director del Cuerpo instó a Garzón a "conocer la realidad" de cómo trabajan los guardias civiles y no dejarse llevar por "ciertas manipulaciones" antes de hacer declaraciones que ha calificado de "ofensivas desde todos los puntos de vista".

Reconocimiento a los que rescataron a espeleólogos

Fernández de Mesa se reunió este jueves con mandos de la Guardia Civil en la Zona de Andalucía en Sevilla y manifestó su apoyo "incondicional" a todos los guardias civiles, porque trabajan "en beneficio de la sociedad a la que sirven", y especialmente a los que trabajan en Ceuta y Melilla.

También dedicó un reconocimiento especial a los agentes que "durante 26 horas ininterrumpidas rescataron en el Atlas marroquí los cuerpos de dos espeleólogos españoles", a los integrantes del Servicio Aéreo y de Montaña que murieron en agosto pasado mientras rescataban a un senderista accidentado en los montes de León, y al agente de la Agrupación de Tráfico que falleció en un accidente mientras abría camino en una etapa de la vuelta ciclista a España en Asturias. 

"Enorme hipocresía"

Izquierda Unida considera un "sinsentido" y una "bravuconada" la decisión de Fernández de Mesa. Así lo aseguró en los pasillos del Congreso el portavoz de Interior de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el valenciano Ricardo Sixto, quien le acusó de querer "aprovechar" un comentario de su compañero y también diputado Garzón "para tratar de introducir un debate espurio".

Sixto subrayó que lo que hizo Garzón fue criticar al Gobierno porque, con sus políticas, está "literalmente condenando a muerte en los límites de la Unión Europea a millares de inmigrantes".

El pasado lunes, en un acto en Salamanca, el candidato de IU criticó la "enorme hipocresía" de la UE ante el "genocidio" en las costas del Mediterráneo y lamentó que para los organismos europeos haya "muertos de primera y muertos de segunda". Garzón puso como ejemplo que en España, mientras el Gobierno mandaba a la Guardia Civil "asesinar inmigrantes" en la frontera de Melilla, aprobaba una normativa para otorgar el permiso de residencia "inmediatamente" a extranjeros que comprasen una vivienda de más de medio millón de euros.

Este martes, en un comentario en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, Garzón respondía a un usuario, a cuenta de la investigación judicial abierta por los sucesos de febrero de 2014 en la frontera de El Tarajal, que "dispara para provocar el ahogamiento de 15 personas", desde su punto de vista, es "asesinar". "Ya veremos qué dice el juez", añadía.

Que cumplan la ley

Para el portavoz de Interior de IU, lo que tiene que hacer la Guardia Civil es cumplir "estrictamente con la ley". Por eso, aseguró que si quiere dar "seguridad" a sus agentes, lo que tiene que hacer Fernández de Mesa es dar órdenes claras de cómo actuar en las fronteras de acuerdo con la ley y no seguir "dando pábulo a las devoluciones en caliente" que son un procedimiento, a su juicio, "absolutamente ilegal y que lleva a los guardias civiles a la paradoja de que acaban siendo procesado por la Justicia".

Así, Sixto se mostró convencido de que las acciones legales que ordenó emprender Fernández de Mesa contra su compañero "no llegarán a ningún lado". "Sólo busca titulares, ha tenido muchas salidas de tono y esta es sólo una más", sentenció.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) criticó este martes que se envíe a quince agentes a una peregrinación al santuario de Lourdes (Francia) "con todos los gastos pagados", en lugar de comprar más chalecos antibalas.

La asociación mayoritaria en el seno de la Guardia Civil denuncia en un comunicado público que la Dirección General del instituto armado ha organizado una expedición al santuario con un presupuesto de 10.851 euros para cuatro días, del 14 al 18 de mayo.

"Con esos más de diez mil euros de dinero público que se gastarán en Lourdes podrían comprarse veinte chalecos, veinte vidas mejor protegidas de guardias civiles que trabajan cada día para velar por la seguridad de los ciudadanos", sentencia la organización. "La Dirección General, por el contrario, parece fiarse más de los milagros de Lourdes que de los materiales antibalas", señala.

Para la AUGC, se trata de un "derroche innecesario" en una actividad que "no debería formar parte de los actos de un cuerpo policial de un Estado democrático y aconfesional" ya que cuenta con una clara motivación "religiosa".

Este martes, El Intermedio descubrió al imitador del dictador Franco, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, basándose en su intervención durante el acto de toma de posesión del coronel Juan Airas como jefe de la Comandancia de Cantabria celebrado ese mismo día en Santander.

Para Dani Mateo, Fernández de Mesa "suena igual que los discursos del No-Do". Según el presentador, el director general de la Guardia Civil "clava la imitación de Franco". Pero las casualidades no acaban aquí, y es que Fernández de Mesa, al igual que el dictador, nació en el municipio de Ferrol. "Es la mezcla perfecta entre el Generalísimo y el director de la Guardia Civil, es el directísimo", apuntó Mateo.

Un día después de que se conociera la imputación del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, por un presunto delito de prevaricación por el caso de las devoluciones en caliente de inmigrantes en la valla de Melilla, Fernández de Mesa aprovechó su intervención en el acto para destacar el trabajo que llevan a cabo los agentes de la Guardia Civil de Ceuta y Melilla contra lo que denominó  "intrusismo violento, masivo e ilegal" que tiene lugar a través de la frontera con Marruecos. Con su voz aflautada y un lenguaje propio de otra época, el máximo responsable del instituto armado protagonizó una inusual arenga cuyas imágenes El Intermedio convirtió al blanco y negro. ¿El resultado? Una curiosa transmutación de Fernández de Mesa en el dictador.

El actual máximo responsable de la Guardia Civil es tristemente conocido en Galicia por el desastre del Prestige, la marea negra que en 2002 afectó a toda la costa cantábrica, incluida Francia, y que pasa por ser una de las mayores catástrofes medioambientales que ha sufrido Europa. Entonces delegado del Gobierno en Galicia, Fernández de Mesa dejó para la historia frases que compitieron con las del mismísimo Groucho Marx. "El destino del fuel en el fondo del mar es convertirse en adoquín" o "Hay una cifra clara y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe", son algunas de las más memorables.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, se mostró contrariado este martes por la imputación de un presunto delito de prevaricación al jefe de la Guardia Civil en Melilla por la supuesta ejecución de 'devoluciones en caliente' de inmigrantes a Marruecos y subrayó que "un juez no determina dónde está la frontera de España".

En declaraciones a los periodistas, González Pérez explicó que entiende "la separación de poderes y que un juez determine una imputación, pero otra cosa es la frontera de España". Para el delegado, las imágenes difundidas este verano muestran a la Guardia Civil "rechazando" a los indocumentados "en la primera valla del perímetro fronterizo, por lo que no han entrado en territorio nacional y, por tanto, no hay ninguna devolución".

"Coincido plenamente con los argumentos del ministro y soy partícipe del trabajo y las instrucciones que se dan en las fronteras, donde cada uno sabemos lo que tenemos que hacer y donde se va a seguir trabajando exactamente igual", declaró.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, reclamó en rueda de prensa un "protocolo" que aporte "claridad y garantías legales" al trabajo de los efectivos de la Benemérita en las fronteras terrestres norteafricanas, donde ha dicho que no se puede "abrir la vía" a que sean los funcionarios los que acaben "respondiendo ante la Justicia por las órdenes que reciben, de las que deben ser responsables los mandos, concretamente el ministro del Interior".

Preguntado por el comportamiento de los guardias que ha motivado la imputación en Melilla, el socialista apuntó que cuestionar esos rechazos o devoluciones "nos lleva directamente a la reflexión de para qué sirve la Guardia Civil".

Fernández de Mesa destaca el trabajo de la Guardia Civil de Ceuta y Melilla

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, destacó este martes el trabajo que llevan a cabo los agentes de la Guardia Civil de Ceuta y Melilla para luchar contra "el intrusismo violento, masivo e ilegal" que tiene lugar a través de la frontera con Marruecos.

Fernández de Mesa criticó que haya "quienes quieren buscar lo que no hay" en los operativos realizados por la Guardia Civil en estos pasos fronterizos, a los cuales miran con "lupa" y "permanentemente" para "ver qué es lo que pueden encontrar". Así se pronunció el director general de la Guardia Civil durante su intervención en el acto de toma de posesión del coronel Juan Airas como jefe de la Comandancia de Cantabria celebrada en Santander.

En ese discurso, recordó de "manera especial" a aquellos efectivos que "todos los días están sometidos a la presión y la tensión de mantener nuestras fronteras y conseguir una inmigración ordenada, regular y legal".

Así, lamentó que éstos sean "cuestionados con dolor, a veces desde dentro, cuando lo que están haciendo es servir a toda España, a sus ciudadanos y, de manera especial a los de Ceuta y Melilla".

Fernández de Mesa instó a "quién quiera entrar de manera legal en España" a "presentarse en los pasos fronterizos habilitados", donde, afirmó, "serían acogidos y podrían encontrar refugio".

"Asilo político por los pasos fronterizos habilitados, pero contra la ilegalidad la Guardia Civil tiene que luchar", señaló el director general al concluir su referencia a la situación de la Benemérita en Ceuta y Melilla.

El actual secretario general del Tesoro Público y Política Financiera, Íñigo Fernández de Mesa, sustituirá a Fernando Jiménez Latorre en la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a partir del próximo lunes, según confirmaron fuentes del Ejecutivo a Europa Press. Fernández de Mesa trabajó como responsable de financiación del Sector Público e Infraestructuras en Lehman Brothers, entidad en la también trabajó el ministro Luis de Guindos. La quiebra del banco norteamericano por los créditos subprime en 2007 fue uno de los elementos que generó la crisis económica y financiera de la que, siete años después, Europa no se ha recuperado.

El puesto que deja libre Fernández de Mesa en el Tesoro será ocupado por la actual directora del gabinete del ministro, Rosa María Sánchez-Yebra.

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el viernes estos cambios y aprovechará también para nombrar a la actual portavoz adjunta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso de los Diputados, Irene Garrido Valenzuela, como sustituta de Román Escolano al frente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), después de que éste fuera nombrado en junio vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones tras la dimisión de Magdalena Álvarez.

Fernández de Mesa es economista, técnico comercial y economista del Estado. Desde 2012 hasta ahora ha ocupado la secretaría general del Tesoro y Política Financiera y ha sido miembro del Consejo del Banco de España, del Consejo de la CNMV, vicepresidente del FROB, vicepresidente del Comité Económico y Financiero de la UE, vicepresidente del Euroworking Group y consejero del Bruegel Institute.

Antes de eso, Fernández de Mesa fue director ejecutivo alterno del Grupo Banco Mundial, director ejecutivo del BEI, director ejecutivo del Fondo Europeo de Inversiones, subdirector para asuntos europeos en la Dirección General del Tesoro, managing director de Barclays Capital.

A partir del lunes, se convertirá en mano derecha del ministro de Economía, Luis de Guindos, puesto que deja vacante Latorre para convertirse en director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el grupo que España comparte en el organismo con Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, a partir de noviembre.

Por su parte, Rosa María Sánchez-Yebra, directora del Gabinete del ministro de Economía, Luis de Guindos, desde el año 2012 hasta la actualidad, es también consejera del ICO y del ICEX. Previamente, entre septiembre de 2009 y de 2011, fue directora de la Asesoría Económica del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y profesora asociada del IE Business School.

Entre los años 2002 y 2004 Sánchez-Yebra fue directora del gabinete del secretario de Estado de Economía, cargo que ocupaba por aquel entonces el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la etapa de Gobierno de José María Aznar.

De los años 90 al 2000 desempeñó diversos cargos en los ministerios de Industria y Economía, y entre 1999 y el año 2000 fue consejera para el FMI y el Consejo Económico y Financiero de la UE (Ecofin).

Irene Garrido sustituye a Román Escolano

Irene Garrido es Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, es actualmente portavoz adjunta de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.

La nueva presidente del ICO, diputada en el Congreso del PP por Pontevedra, ha sido directora del departamento de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Vigo, así como coordinadora del centro docente de investigación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Para Mariano Rajoy, el PP de Madrid lleva años siendo un problema. Presidido por Esperanza Aguirre, lleva años comportándose como un sector opositor al poder oficial dentro del propio partido. Conocidas son, además, las clásicas peleas entre la Comunidad y el Ayuntamiento, que llegaron a su momento más álgido en los años en los que coincidieron Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, respectivamente, al frente de estas instituciones. Ahora, con los conservadores en La Moncloa, la situación, aunque con protagonistas diferentes, ha mejorado poco. Hasta el punto que desde el Ejecutivo se ha hecho una llamada al orden para que cesen enfrentamientos sobre asuntos que exceden de sus competencias. Unas peleas que acaban salpicando al propio Gobierno por el efecto altavoz que tiene todo lo que ocurre en la capital.

El detonante, según coinciden las fuentes consultadas, fue la bronca pública desatada la semana pasada a cuenta de las multitudinarias Marchas de la Dignidad que culminaron en Madrid el 22 de marzo. La polémica, montada por la actuación policial y por algunos episodios violentos provocados por un grupo reducido de asistentes, llevó a que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, demandase a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, una acotación de espacios para celebrar manifestaciones como, según sostuvo, se hace en París. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se sumó a las tesis de la regidora. Y, para sorpresa del propio Gobierno, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se alineó con la heredera del puesto de Alberto Ruiz-Gallardón, y dijo ver "muy atinada" su propuesta de ordenar las manifestaciones.

Fue la propia presidenta del Gobierno la que tuvo que frenar esta escalada de declaraciones señalando, desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado viernes. Según sostuvo, en los planes del Ejecutivo no entra acotar las manifestaciones en un espacio concreto para que no circulen por el centro de las ciudades. No obstante, insistió en la necesidad de "buscar el equilibrio entre quienes se manifiestan y los que no, pero usando los mecanismos ya previstos actualmente a través de la Delegación de Gobierno, con competencias para modificar itinerarios". En definitiva, un portazo al 'manifestódromo' demandado por la alcaldesa de Madrid.

El Gobierno está muy preocupado por las cada vez más frecuentes manifestaciones convocadas contra su gestión y cree que el hecho de que se visualice división en las filas del partido que sostiene al Ejecutivo en esta materia no hace ningún favor. "Las cosas pueden discutirse, pero no a través de los medios de comunicación", destacan desde el Ejecutivo. En los próximos meses, y más a medida que se acerquen las elecciones municipales y autonómicas y las generales el Gobierno teme que las protestas en la calle se agudicen. "Si nos pasa esto ahora, ¿qué no pasará en cinco meses?", reflexiona un diputado. "Nuestro mensaje tiene que ser el de la recuperación económica y no entrar en debates estériles sobre cosas que no pueden ser ni son legales", añade la misma fuente.

Para reconducir la situación, este miércoles mantuvieron un almuerzo en Madrid la delegada del Gobierno y la alcaldesa. La cita, señalan las fuentes consultadas, sirvió para rebajar las tensiones generadas la semana pasada tras la petición de Botella a Cifuentes y para insistir en cuáles son los cauces adecuados para mantener debates como, por ejemplo, el de las manifestaciones.

Una batalla que se adelanta un año

Como trasfondo de esta última polémica está la batalla por el poder en Madrid, un escenario que Rajoy se reserva, como pronto, para el próximo otoño. Ni Botella ni González han sido confirmados como cabeza de lista ni hay pista alguna de que vaya a ser así. Hay voces en el PP que creen que mucho de lo que hoy ocurre tiene que ver con movimientos políticos de cara al futuro. De hecho, la semana pasada pudo verse cómo la alcaldesa y el presidente de la Comunidad de Madrid hacían 'pinza' contra Cristina Cifuentes, otro de los nombres que integran las quinielas de posibles candidatos al Ayuntamiento de Madrid junto al de Esperanza Aguirre.

Una semana después, este jueves, González se olvidó de esta estrategia y dirigió su mirada a Botella. El presidente consideró "muy difícil" ganar la Comunidad si no se gana la Alcaldía de la capital, para la que apostó por el candidato que consiga más votos. "Madrid representa el 55 por ciento del electorado de la Comunidad de Madrid. Sin esa premisa es muy complicado, tendría que darse la circunstancia de que el candidato a la Comunidad ganase Madrid de manera abrumadora y no lo hiciera el candidato a la Alcaldía", añadió según informa Europa Press.

Botella no se quedó callada: "No es suficiente", respondió al tiempo que recordaba lo que pasó en las elecciones de 1991, cuando José María Álvarez del Manzano (PP) consiguió la Alcaldía por mayoría absoluta pero el PP, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, no se hizo con la Presidencia de la Comunidad a pesar de ser el partido más votado.

En el PP no pasó inadvertido que la tesis de González es la misma que sostienen desde hace ya tiempo los partidarios de que Rajoy apueste por Aguirre como cabeza de lista al consistorio. Sus defensores creen que solo ella sería capaz de generar un "efecto arrastre" con los votos.

Desde la AUGC, mayoritaria en el cuerpo, se informó que su propuesta exigía que se reprochara públicamente el "indigno" comportamiento de Tejero Díez. Aunque no figuraba en el orden del día, la AUGC pidió que se incluyera la propuesta ante un acto "irregular", "indecoroso" y que "mancha la imagen" del cuerpo.

Sin embargo, Arsenio Fernández de Mesa, ha argüido que no compete al pleno del consejo este tipo de iniciativas y que la dirección del instituto armado ya ha iniciado "una investigación reservada" sobre los hechos.

Tejero Díez fue destituido la semana pasada después de que se conociera que había celebrado en el acuartelamiento de Valdemoro una comida días antes de que se cumpliera el 33 aniversario del golpe de Estado protagonizado por su padre, el teniiente coronel golpista Antonio Tejero Molina.

Varios cientos de personas, muchas de ellas inmigrantes, se manifestaron este miércoles en el centro de Madrid en contra de la política de inmigración y la actuación de la Guardia Civil después de la muerte de 15 inmigrantes cuando trataban de acceder a Ceuta.

La concentración, que se extendió entre las 20.00 y las 21.30 horas, fue convocada en las redes sociales por las plataformas Spanish Revolution y DRY-Democracia Real Ya. Se trata de una jornada de protesta que se ha extendido a otras tantas ciudades españolas.

Los manifestantes de Madrid, unas 300 personas, han marchado entre la Puerta del Sol y la Plaza de Callao, vigilados de cerca por un dispositivo policial que impedía el corte del tráfico en calles como la Gran Vía. En la cabecera de la marcha, un grupo de inmigrantes colaboraban para portar una pancarta que exigía poner fin a las muertes en la frontera, además de reclamar el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE).

Sus críticas se dirigían principalmente a la actuación de la Guardia Civil: "Guardia inCivil, deshonra a su país", se podía leer en otra pancarta. Durante la marcha, que se ha desarrollado sin incidentes, se han oído proclamas y visto pancartas a favor de una investigación sobre las últimas 15 muertes de inmigrantes en Ceuta. "No olvidamos. No perdonamos", "No se han ahogado, les han asesinado" y "Ninguna persona es ilegal" eran otras de las consignas más repetidas.

Más manifestaciones

Después de recorrer varias calles del centro, los manifestantes han dado por concluida su protesta en la Plaza Tirso de Molina pasadas las nueva y media de la noche. En ese momento, un portavoz de la Plataforma de Inmigrantes de Madrid ha anunciado que volverán a protestar este domingo uniéndose a la marea blanca, que ha convocado una manifestación entre Neptuno y la Puerta del Sol en defensa de la sanidad pública.

Además, tanto esta plataforma como la Asociación de Parafricanistas han reclamado extender las protestas y, por ejemplo, han programado otra más en Lavapiés para el 22 de marzo.

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha anunciado este miércoles en Ceuta que ha dado instrucciones a los Servicios Jurídicos de la Benemérita para que presenten las "querellas criminales" que consideren oportunas contra todas aquellas personas "que han injuriado, calumniado y hasta presentado denuncias falsas" sobre su actuación, el jueves de la semana pasada, en la frontera de Ceuta para rechazar un intento de entrada en grupo de cientos de inmigrantes que terminó con la muerte de al menos 15 personas.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con los mandos de la Comandancia ceutí seis días después de la tragedia –aplazó su viaje por dificultades meteorológicas–, a quienes ha transmitido su "apoyo expreso, el del ministro y el de todo el Gobierno", Fernández de Mesa ha defendido que los guardias civiles actuantes hicieron "lo que tenían que hacer" para "mantener el orden y la ley en territorio nacional" con un proceder "impecable". El director general ha reprochado su comportamiento a quienes le "hacen el juego" a las "mafias" que "utilizan a los inmigrantes para vencer al Estado de Derecho".

El mando del Instituto Armado ha asegurado que no conoce más imágenes oficiales que las ya distribuidas por el Ministerio del Interior, en las que en ningún momento aparecen imágenes de lo sucedido junto al mar, y ha insistido en que "nunca" se hizo uso de material antidisturbios directamente sobre los inmigrantes, a pesar de que la propia Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma reconoció el empleo de material antidisturbios "como medida disuasoria"reconoció.

"En el informe oficial elaborado consta que incluso se ordenó detener las salvas que se estaban efectuando para marcar la línea de división entre aguas jurisdiccionales españolas y marroquíes cuando los subsaharianos se acercaban a menos de 25 metros", ha ejemplificado. Según Fernández de Mesa, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dará mañana "cumplida cuenta" en el Congreso de "toda la información disponible" porque "no hay nada que ocultar".

Fernández de Mesa ha sostenido que ninguno de los inmigrantes "pisó suelo español" gracias a la intervención disuasoria de la Guardia Civil, que utilizó material antidisturbios para "cumplir la ley e impedir que inmigrantes ilegales entraran en España a través de la valla".

Las pelotas de goma y balas de fogueo, ha añadido, fueron utilizadas y así lo reconoció su departamento "desde el primer momento", aunque nunca para disparar directamente contra ningún inmigrante. Los disparos, ha precisado, se dirigieron para salvar la valla y disuadirlos en su intento de saltar la frontera.

Según el director de la Guardia Civil, a pesar de que no estaban en aguas españolas, los agentes desplegados en la frontera ceutí se pusieron a disposición de las autoridades marroquíes para repeler una "avalancha" de inmigrantes que trataban de acceder a Ceuta "en un plan muy agresivo".

"Un hecho luctuoso"

"Aquí lo que ha habido es un hecho luctuoso, dramático, lamentable, pero no en territorio ni en aguas españolas", aseguró Fernández de Mesa en declaraciones al programa 24 Horas de RNE, recogidas por Europa Press.

El director de la Guardia Civil ha defendido el estricto cumplimiento de la Ley de Extranjería. "Es inaudito cuestionar a la Guardia Civil. No ha habido que lamentar en todos estos años un solo muerto por la actuación directa de la Guardia Civil", recordó al tiempo que señalaba que la Benemérita ha rescatado en la mar a 3.454 inmigrantes en 2013 y a 172 en este pasado mes de enero.

Fernández de Mesa tiene previsto desplazarse el próximo martes a Ceuta en un viaje que ha retrasado por las malas condiciones meteorológicas. Además, ha ordenado que se realice un informe "completo" –"incluso de lo ocurrido en la playa"– antes de la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que el propio director de la Guardia Civil precisó que sería el próximo jueves.

El actual director de la Guardia Civil y delegado del Gobierno en Galicia cuando se produjo el naufragio del Prestige, en noviembre de 2002, Arsenio Fernández de Mesa, ha declarado en una entrevista concedida a la Cope recogida por Europa Press, que la sentencia sobre la catástrofe deja claro que el Ejecutivo de entonces actuó "ajustado a derecho", de modo que las críticas por haber alejado el buque en lugar de acercarlo a un puerto eran "una cuestión meramente política".

Ha recalcado que la sentencia constata que, entre todas las propuestas posibles, "nadie ha dicho con claridad dónde se tendría que haber metido aquel barco", y cree que si se hubiera llevado a puerto habría tenido que explicar al tribunal por qué no lo alejó. "Esto fue una cuestión meramente política", ha proseguido, añadiendo que ni siquiera los "expertos que aparecieron después de la catástrofe" han dicho a qué puerto se debía haber llevado el barco, ni siquiera si podía haber entrado en algún puerto.

Según Fernández de Mesa, "las leyes impedían que un barco, en esas condiciones estructurales y sobre todo con esas condiciones meteorológicas, pudiera entrar en puerto". Y ha remachado que así lo indicaba el simulacro que se había hecho en Finisterre un año antes. Gracias a que cumplió la ley, ha puntualizado Fernández de Mesa, el Gobierno no ha sido declarado responsable penal ni responsable civil subsidiario.

Además, ha defendido que los miembros de aquel Gobierno tienen derecho a mostrar su satisfacción por la sentencia, frente a la "gente que con ansias y deseos de venganza quería que la sentencia fuera de otra forma".

En todo caso, no ha querido valorar la resolución judicial en términos de varapalo para el PSOE y el BNG, porque sería "darle la razón a quienes, por hacer esos juicios previos, hoy están desilusionados". Fernández de Mesa ha optado por destacar que las catástrofes marítimas, "impredecibles e imprevisibles", es difícil resolverlas de la mejor forma, pero que el Gobierno debe ceñirse a la ley y poner "todos los medios al alcance para minimizar" sus efectos.

De hecho, cree que eso es lo que hizo el Gobierno, y que cualquier otro análisis sólo genera "una confrontación social y a una manipulación de los sentimientos" que fue lo que, a su juicio, sucedió en 2002.