El presidente ejecutivo de Prisa, Juan Luis Cebrián, ha anunciado que el grupo estudia "la oportunidad" de presentarse al concurso de seis canales de TDT, aunque ha criticado que el Gobierno ponga en marcha esta iniciativa "en medio de una campaña electoral como la que se avecina".

Durante su intervención en la junta de accionistas de la compañía, Cebrián ha justificado su intención de participar en el concurso al resultar "inadmisible la presunción" de que habrían de utilizarse dichos canales "principalmente para reforzar el duopolio actual".

Asimismo, el directivo ha calificado como "cuestionable" que se lance esta licitación de canales durante una campaña electoral de la que "con toda probabilidad saldrá un gabinete de diferente perfil al de la actual mayoría absoluta".

"La sospecha de que el proceso pueda ser utilizado como un método de premios y castigos al comportamiento de los diferentes medios de opinión es inevitable", ha matizado.

De esta manera, Cebrián ha "desmentido los análisis y rumores" que apuntaban a que, con la venta de Canal+ a Telefónica, el grupo abandonaría el mercado audiovisual. Junto al concurso en España, el directivo también ha explicado que hay "nuevas oportunidades" en países de América Latina como México y Colombia.

Por otra parte, ha resaltado que el año 2014 "marcará un hito" en el devenir del grupo de comunicación, ya que las cuentas de ese ejercicio "cierran el perverso ciclo en el que se han visto envueltas desde hace más de siete años y anuncian una nueva etapa en la vida de la compañía".

En este sentido, ha señalado que Prisa se encuentra "en posición de volver a centrarse en la evolución de los negocios y su crecimiento", aunque recordando que "todavía no se han terminado las tareas previas". "Seguiremos desde luego trabajando para nuestros acreedores hasta una estabilización definitiva del balance", ha dicho.

Según ha explicado, la deuda neta bancaria de la compañía se ha reducido en más de 720 millones de euros, pasando de 3.306 millones de euros en diciembre del año 2013 a 2.582 millones de euros un año después. "De acuerdo con el plan de refinanciación vigente, en adelante no tenemos otros hitos a cumplir con nuestras instituciones acreedoras hasta diciembre de 2018", ha aseverado.

En cuanto a 'El País', ha recordado que se trata de un medio que "ha defendido valores fundamentales" para la sociedad española "con riesgos incluso" para los periodistas que han trabajado en el diario, una política que "seguirán manteniendo en el futuro". Además, ha adelantado que se esperan alcanzar "en breve" alianzas con "las más importantes compañías tecnológicas del mundo", que apoyen el proceso de transformación.

Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, el Alto Tribunal debe trasladar ahora a las partes el escrito de desestimiento. No se espera que ninguna de las partes personadas, que se veían perjudicadas por el recurso, interpongan objeción a este desestimiento y, de esta forma, decaerá la causa.

Estas partes son, por un lado, al abogado del Estado, que defendía el acuerdo de Consejo de Ministros mediante el cual se procedió a la adjudicación de los canales. Por otro lado, se habían personado los operadores perjudicados por el posible cierre de canales –Mediaset, Atresmedia, Unidad Editorial y Vocento–, junto con el distribuidor de la señal, Abertis.

Los recurrentes, Infraestructuras y Gestión, confirmaron a Europa Press la retirada del recurso aunque sin especificar los motivos por los que se ha tomado esta decisión. Otras fuentes consultadas apuntan a que se habría llegado a un acuerdo prejudicial de carácter económico.

Pendientes seis canales nuevos

El recurso interpuesto y ahora retirado afectaba a varios canales de Mediaset (Divinity, Boing, Energy y FDF), Atresmedia (Neox y Nova), Net TV (un canal), Veo TV (un canal).

La posibilidad de que el Alto Tribunal dictara la orden de cierre de estos canales por defectos de forma en la adjudicación de los mismos, se habría sumado al cierre, el 6 de mayo de 2014, también por orden del Supremo, de otros nueve canales de TDT (tres de Atresmedia, dos de Mediaset, dos de Veo TV y dos de Net TV).

Por otro lado, junto con la adaptación de los canales de TDT al dividendo digital, el Ejecutivo ha sacado a concurso otros seis canales de TDT, a los que concurren Atresmedia, Mediaset, Kiss, Secuoya, 13 TV, Vocento, Prisa, Real Madrid TV y El Corte Inglés.

Campesinos de las comunidades de El Tule y Río San Juan han intensificado sus protestas este fin de semana contra las obras de construcción del Gran Canal interoceánico de Nicaragua, que comienzan oficialmente este lunes de la mano de empresa china HKND Group.

Este domingo, en el quinto día de protestas, los campesinos han cortado el tráfico de las carreteras de la zona totalmente y solo dejan pasar a vehículos de emergencia y a los de medios de comunicación, ha informado el periódico nicaragüense La Prensa.

"Amanece trancado", ha explicado en declaraciones telefónicas uno de los líderes de la protesta en Río San Juan, Antonio Orozco. El objetivo, ha señalado, es presionar al Gobierno para que derogue la Ley 840, la de creación del Gran Canal.

"Este cerco humano está que es una barbaridad, la gente está enojada (...). La gente está decidida a lo que venga", ha afirmado Orozco, quien estimó en unas 2.000 personas las que se han concentrado para participar en el corte de carreteras y ha anunciado que se espera la llegada de más campesinos a lo largo de la jornada.

"Al pueblo se le respeta y Nicaragua no la va a vender a los chinos", ha declarado otro dirigente campesino, Félix García, de la comarca El Camastro, en Río San Juan.

Las obras serán inauguradas con una ceremonia simbólica y simultánea tanto en Managua, como en el departamento sureño de Rivas, en el Pacífico, entre las 17.00 y 19.00 hora local (23.00 GMT del lunes y 1.00 GMT del martes), indicó HKND Group. Está previsto que la ceremonia de Managua la encabece el presidente del país, Daniel Ortega, y el empresario chino Wang Jing, propietario de HKND Group. 

El inicio de las obras del canal también ha disparado las alarmas de los ecologistas, debido a la ausencia de un estudio de impacto ambiental y por el temor de que la obra provoque un grave daño al Gran Lago, la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica. HKND Group ha dicho que los estudios de impacto ambiental de la obra estarán listos entre marzo o abril del próximo año. La vía interoceánica está proyectada con 278 kilómetros de longitud, entre 230 y 520 metros de ancho y 30 metros de profundidad, incluyendo un tramo de 105 kilómetros en el Gran Lago de Nicaragua.

La concesión para la construcción del Gran Canal de Nicaragua fue otorgada al HKND Group por el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en junio de 2013. Además de excavar el canal, HKND Group tiene previsto construir carreteras, dos puertos, un lago artificial, un aeropuerto, un complejo turístico, una zona de libre comercio, así como fábricas de acero y de concreto. El presupuestos es de 50.000 millones de dólares.

Este martes 6 de mayo, nueve canales de la TDT pondrán fin a sus emisiones. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que dictaminó que sus respectivas concesiones no fueron legales –ya que no fueron concedidos por concurso público–, el Ministerio de Industria procedió a su aplicación. El grupo Atresmedia cerrará Xplora, Nitro y La Sexta 3; Mediaset pondrá fin a La Siete y Nueve; Net TV y Veo TV fundirán a negro dos de sus canales; a los que se suman AXN y MTV que ya abandonaron la TDT. 

El 6,7% de la audiencia perderá sus canales de referencia, al menos, en la TDT. No obstante, esto no significará el final de su emisión, puesto que algunos seguirán en otras plataformas. Es el caso de Xplora, ya que Atresmedia estudia dar continuidad a sus contenidos vía streaming a través de un canal gratuito en internet, según explicó a Europa Press un portavoz del grupo.

Por su parte, AXN, que cesó sus emisiones en el canal TDT de Veo TV el pasado 30 de abril, continúa emitiendo en operadores de cable, satélite e IPTV. A día de hoy, AXN y AXN HD están disponibles en Canal+, Euskaltel, Movistar TV, ONO, Orange Tv, R, Telecable y TotalChannel.

El resto de canales perjudicados por la sentencia desaparecerán, se trata de LaSexta3, Nitro, La Siete y Nueve. Net TV, del grupo Vocento, ya pasó a emitir espacios de teletienda en los canales que ocupaban Intereconomía y MTV, que serán los damnificados.

En cuanto a los canales de Unidad Editorial, al fundido a negro de AXN se sumará el canal de La Tienda en Casa, que sustituía a su vez a Marca TV.

Las cadenas han intentado hasta última hora evitar este cierre. No obstante, el Tribunal Supremo desestimó recientemente la solicitud de suspender la ejecución del auto que ordenaba el cese, ya que entendía que la misma petición había sido formulada ante el Tribunal Constitucional, a quien corresponde pronunciarse sobre la misma.

En cualquier caso, el director general de la Unión de Televisión Comerciales Asociadas (UTECA), Andrés Armas, ya anunció el pasado martes que la posibilidad de que prosperase el recurso ante el Constitucional era "un escenario improbable" antes del 6 de mayo y, en caso de producirse más tarde, "no tendría sentido" porque ya se habrían llevado a cabo los ceses de emisión.

Consultadas por infoLibre, fuentes de los extrabajadores aseguraron que la negociación posterior al ERE fue un "simulacro", criticaron que el expediente fuese diseñado por una unión temporal entre la consultora Deloitte y el bufete Cuatrecasas –donde trabaja una cuñada de Ignacio González– y señalaron a los principales directivos responsables: Ángel Martín Vizcaíno, subdirector y hombre de máxima confianza del presidente de la Comunidad de Madrid; José Antonio Sánchez, director de Telemadrid y antiguo número uno de RTVE en la etapa de Alfredo Urdaci; Tomás Morales, director económico y financiero de la cadena pública; y Agustín de Grado, director de informativos y acusado por los sindicatos de montar una auténtica "redacción paralela" integrada por informadores afines.

José Antonio Sánchez

Sánchez, director general de la cadena pública madrileña, es un periodista largamente vinculado a Luis María Anson. Licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense, ha trabajado en la agencia Efe y en los diarios Abc y La Razón. En 2002 pasó unos meses como director general de la filial de Telefónica para el negocio de los medios de comunicación justo antes de ser nombrado, a propuesta del Gobierno del PP, director general de RTVE.

Así, Sánchez fue el número uno de RTVE hasta las generales de 2004, un periodo breve y durante el que acumuló numerosas críticas de la oposición. El PSOE llegó a presentar una proposición no de ley en la que exigía su destitución y lo acusó de "imponer la censura" en la cadena, de provocar un "desprestigio histórico" del medio y de vulnerar el constitucional derecho a la información. Fueron los meses, por ejemplo, del ya famoso "ce-ce-o-o" de Alfredo Urdaci.

Tras su salida del ente, Sánchez regresó a Telefónica, de donde fue rescatado siete años después para suceder a Isabel Linares al frente de Telemadrid. En su contra votaron PSM e IU, pero los apoyos de la mayoría absoluta en el consejo de administración de Telemadrid del PP (diez votos a siete) bastaron para salvarlo de las acusaciones de la oposición, a saber, que había sido nombrado a dedo.

Sánchez sigue en su cargo. Recogió una Telemadrid ya a la baja –8% de cuota de pantalla en 2010, 6,4% en 2011– en la que la sangría no ha cesado. Más bien al contrario. La pública madrileña cerró febrero de este año con un 4,1% de share. Más de un tercio de los espectadores la han abandonado desde que accedió a su puesto.

Su gestión también le ha traído problemas con la Justicia. Sánchez fue imputado en abril de 2013, tras admitirse a trámite una querella de CCOO en la que se le acusaba de prevaricación y malversación entre otros delitos. Tres meses después declaró y, hasta hoy, no hay novedades. La querella de CCOO vino motivada por la contratación de una filial de Telefónica –empresa de la que es empleado en excedencia– para la producción de las emisiones.

Ángel Martín Vizcaíno

Martín Vizcaíno es subdirector de Telemadrid desde hace más de una década. Fuentes de los trabajadores consultadas por infoLibre no dudan en apuntar que, en la mesa de negociación del ERE ilegal, llevaba "la voz cantante". El de Vizcaíno fue un nombramiento decidido en enero de 2004 y ejecutado directamente por Manuel Soriano, director general entre 2003 y 2007.

Antes de su llegada a Telemadrid, donde cobra en torno a 135.000 euros anuales, Martín Vizcaíno ocupó desde agosto de 2002 la dirección del Gabinete del Secretario de Estado para la Extranjería e Inmigración. Antes, había pasado por la dirección de Relaciones Institucionales de Quiero Televisión y por la de Televisión Española.

Esa, la de TVE –donde protagonizó un meteórico ascenso: fue nombrado director al mes de llegar a TVE– fue su primera experiencia en el sector audiovisual. De hecho, Martín Vizcaíno es funcionario del Ayuntamiento de Madrid y licenciado en Económicas. Durante ocho años (1989-1997) fue jefe del departamento de Tesorería del área de Hacienda y Economía del Consistorio de la capital.

Tomás Morales

Morales es director económico y financiero de Telemadrid. Accedió al cargo en junio de 2008 y formó parte de la mesa de negociación del ERE, donde los sindicatos aseguraron haberse encontrado con un auténtico muro y un cerrojazo al diálogo que impidió alcanzar un acuerdo.

Antes de recalar en la radiotelevisión pública madrileña, Morales, que cobra un salario que ronda los 115.000 euros anuales, estuvo vinculado al sector de la seguridad privada. Entre 1984 y 2000 fue consecutivamente director de finanzas en Ausysegur –que acabó diluida en Securitas– y contable en Prosegur. Después, ejerció de director de administración y finanzas en France Télécom (2000-2008).

Agustín de Grado

De Grado ocupa el cargo de director de informativos de Telemadrid. Llegó a la cadena pública en 2004, proveniente de la subdirección del diario La Razón, de cuyo equipo fundador formó parte. Su nombramiento fue una de las primeras decisiones de Manuel Soriano, otrora director de la cadena y anteriormente jefe de prensa de Esperanza Aguirre en su etapa como ministra de Educación.

De Grado cobra ahora unos 125.000 euros. Anteriormente –además de en La Razón– trabajó en los diarios Ya y Abc. Como director de informativos ha sido reiteradamente acusado de crear "una redacción paralela" formada exclusivamente por periodistas ideológicamente afines a sus tesis y contratados a dedo, al tiempo que ha apartado a informadores más veteranos poco dispuestos a someter su criterio profesional a sus directrices.

Con todo, el veredicto reafirma que el ERE fue contrario a derecho, aspecto que destaca Ángel García, portavoz de la plataforma Salvemos Telemadrid: "Es un reconocimiento a lo que llevamos diciendo 14 meses, que no sólo era injusto e injustificable sino que el mismísimo Tribunal Supremo reconoce que era ilegal. Ahora el señor González tiene una magnífica oportunidad de enmendar el error que cometió despidiendo ilegalmente a más de 800 profesionales, cumpliendo una sentencia que le faculta a readmitir a los despedidos. No sólo recortaría la enorme lista de paro de Madrid, sino que además ahorraría a los madrileños muchos millones de euros en pago de indemnizaciones". Una idea compartida por Teresa García Cao, presidenta del comité de empresa: "Asumimos la sentencia, aunque a muchos nos ha decepcionado. Nunca hemos buscado que los madrileños tengan que pagar las indemnizaciones a que tenemos derecho. Siempre hemos reivindicado el puesto de trabajo, y no otra cosa. Que el presupuesto de la empresa sea, después de echarnos a la calle, prácticamente el mismo demuestra que las pérdidas no eran por nuestros salarios, sino por el manejo que hacían, y siguen haciendo del dinero público".

No ha faltado en la concentración ante el Supremo el recuerdo de Ángel, el compañero de documentación, fallecido sólo cuatro días antes de conocerse la sentencia. Un momento de emoción más para un colectivo que ha pasado por momentos anímicos muy difíciles, "Hay compañeros que se han sumado a la marcha a medio camino, para evitar volver a la sede de la que fue su empresa tantos años. La sentían como propia y no pueden soportar estar cerca y saber que ya no pueden entrar siquiera en el edificio", decía Antonio, uno de los despedidos más activos en las movilizaciones. "Hay compañeros que se sintieron obligados a pasar página –comenta Alfonso–, varias docenas están trabajando en Arabia, donde realizan trasmisiones deportivas, no sólo porque necesitan el dinero, sino también para no sentirse fuera del oficio". No han sido los únicos. Bastantes despedidos más han buscado opciones de trabajo dentro y fuera de Madrid; algunos –los menos– lo han conseguido, aunque han seguido apoyando la lucha de los que aquí seguían. Esta unidad en la denuncia, por encima de adscripciones sindicales, o antiguas pertenencias a un sector u otro de la empresa, es un aspecto destacado por todos, y que ha permitido que el despido masivo estuviera presente de continuo en la vida madrileña durante estos 14 meses. Las manifestaciones de Los jueves al Sol, todos los jueves frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se han compaginado con exposiciones, participación en foros y debates e investigación de presuntas irregularidades, como las sustanciadas en la querella contra Ignacio González por siete posibles delitos, que adelantó ayer martes infoLibre.

Quieren volver a su trabajo

En este día de sentimientos encontrados, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo, buena parte de los 861 despedidos reafirma su propósito de volver al antiguo trabajo. Un deseo que explica el portavoz de la plataforma Salvemos Telemadrid: "Ignacio González tiene que saber que los trabajadores tenemos la mano tendida al diálogo y la negociación para acordar entre todos la viabilidad de Telemadrid sobre la base de un servicio público gestionado con criterios de racionalidad económica y rentabilidad social. Nosotros llevamos ofreciéndole negociar desde que en mayo de 2012 anunció que haría un ERE en Telemadrid. Por responsabilidad política como presidente de todos los madrileños debería aceptar este ofrecimiento de diálogo sincero que le ofrecemos los trabajadores. Estamos seguros que seríamos capaces de consensuar soluciones no traumáticas para los trabajadores y buenas para el conjunto de la ciudadanía madrileña que recuperaría su servicio público de radio y televisión".

Esta recuperación del servicio público anima las decisiones tomadas en los últimos meses, afirman los extrabajadores, que destacan el compromiso firmado entre sus representantes y los líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, mediante el que se comprometen a revitalizar Telemadrid como servicio a la ciudadanía madrileña, en el caso de que accedieran al Gobierno tras las próximas elecciones autonómicas, en mayo de 2015. Entre tanto, los hoy congregados para recibir la sentencia judicial, destacan que se trata sólo un punto y seguido de una defensa de una radio y televisión pública propiedad de todos los madrileños: "Desde 2004 venimos denunciando la manipulación informativa y el despilfarro económico –recalcan–. Nadie podrá decir que nos conformábamos con cobrar un sueldo. Son diez años de lucha para que Telemadrid volviera a ser la que fue antes de la llegada de Esperanza Aguirre e Ignacio González, un medio que contaba la verdad de todo lo que pasaba en nuestra Comunidad".

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado este lunes que existe un primer acuerdo y un compromiso de diálogo entre las partes implicadas en el contrato de ampliación del Canal de Panamá, que lidera Sacyr, para intentar solucionar "todos los problemas" entre las empresas que forman el consorcio adjudicatario de la obra y la autoridad del Canal.

"El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones van ir por la vía dentro del contrato. Hay un modelo arbitral previsto (...), ya hay ese primer acuerdo, y también que se van a sentar para hablar y dialogar e intentar resolver todos los problemas", ha indicado Pastor, que se ha reunido este lunes, entre otros, con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

Pastor, quien ha agradecido a Martinelli los encuentros mantenidos este lunes en la ciudad de Panamá, ha explicado que las reuniones que han tenido lugar este lunes tienen como fin que "las partes se sienten" para que esta obra "tan importante" continúe "a buen ritmo" y pueda terminarse en el periodo de tiempo "más corto" posible.

"Es un problema como saben entre entidades privadas y una entidad que la constitución panameña recoge como una entidad independiente", ha recordado la ministra.

No obstante, para Pastor un acuerdo es "importante para todos" y por eso el Gobierno español está intentando "fluidificar" esas relaciones. "La apertura del nuevo Canal de Panamá va a suponer un antes y un después en el transporte marítimo internacional", ha aseverado la ministra española.

Intervención "muy atinada" 

Por su parte, el presidente de Panamá ha calificado la intervención de la ministra como "muy atinada y muy significativa". "La autoridad del canal y el consorcio GUPC deben resolver sus problemas a través del arbitraje y según el contrato firmado en ese sentido. Estamos seguros de que cualquier conflicto será resuelto según los términos estipulados", ha señalado Martinelli.

Pastor ha viajado este lunes a Panamá para reunirse con el presidente del país centroamericano, Ricardo Martinelli, y tratar el conflicto surgido con el consorcio adjudicatario de las obras de ampliación del canal de Panamá, liderado por la española Sacyr.

La titular de la cartera de Fomento que acudió a Panamá acompañada del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, mantendrá reuniones además con los responsables la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consocio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), partes implicadas en la ampliación del canal de Panamá.

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha anunciado este jueves que viajará a España e Italia "para exigir a sus gobiernos" que se cumpla el contrato de las obras de ampliación del Canal de Panamá, después de que el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) haya anunciado su suspensión por los sobrecostes generados.

"Yo voy a ir a Italia y España a exigirle a estos gobiernos", ha dicho Martinelli a la prensa local, indicando que irá acompañado de varios ministros y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El mandatario ha considerado que "hay una responsabilidad moral del gobierno italiano y del español" porque las empresas que forman parte del GUPC son de estos países. A este respecto, ha recordado que en su primer año de mandato, 2009, los entonces presidentes de España e Italia le aseguraron que contaba con su apoyo para llevar a cabo este proyecto de infraestructura.

"Tanto el presidente de España como el de Italia en aquellos momentos nos dijeron que esto contaba con la responsabilidad solidaria de ellos", ha revelado, de acuerdo con la agencia de noticias británica Reuters. Además, el jefe de Estado ha advertido de que "aquí no van a venir con el relajo que nos tiene en tres y dos a Panamá y todo el mundo", según ha informado el diario panameño La Prensa.

Así las cosas, ha confiado en que los trabajos en esta vía interoceánica "se desarrollen bajo el contexto en el que se negociaron" porque "no puede ser que una empresa meta una cantidad de sobrecostes tan alta en una obra que es de la Humanidad". "Espero que la obra continúe porque se están haciendo muchas inversiones a nivel mundial en barcos y puertos y es una gran irresponsabilidad de unas empresas, que por otros motivos y por cuestiones financieras propias en otros lugares, esto venga a perjudicar al Canal de Panamá", ha zanjado.

Suspensión de las obras

El GUPC, en el que participan la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, ha decidido dejar en suspenso la construcción del tercer conjunto de esclusas del Canal de Panamá si los incumplimientos denunciados no son remediados dentro del periodo de preaviso.

El GUPC ha presentado fundadas reclamaciones en relación con los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias "sobrevenidas e imprevisibles" ante las diversas autoridades competentes, incluida la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, según ha informado la constructora española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consorcio ha asegurado que ha venido desarrollando continuados esfuerzos para que dichas reclamaciones, cuyo importe global asciende a unos 1.625 millones de dólares, fueran atendidas por la ACP a medida que han ido surgiendo. Sin perjuicio de lo anterior, el GUPC mantiene abierta la interlocución con la ACP para alcanzar un acuerdo satisfactorio que ponga fin al actual desequilibrio contractual.

Los grandes grupos privados de televisión, que conforman UTECA, avisan al Gobierno que la desaparición de los nueve canales, urgida por el Tribunal Supremo, "puede suponer fuertes indemnizaciones" a pagar por el Estado. La asociación, en la que están representadas Atresmedia, Mediaset, Veo TV, y Net TV, ha hecho pública una nota, veinticuatro horas después de que se conociera el dictamen judicial, en la que hablan de "miles de horas de emisión y cientos de millones de euros invertidos" que podrían ir al garete si desaparecieran esos canales.

En el escrito, UTECA se refiere al auto del Supremo para aclarar que “dicho pronunciamiento no es contra la actuación de las televisiones, sino contra una decisión del Consejo de Ministros, lo cual abre la puerta a que el Estado deba asumir frente a ellas fuertes indemnizaciones, como reconoce el propio Tribunal, ya que no cuestiona el estricto cumplimiento por los operadores de televisión de todas y cada una de las obligaciones impuestas por los distintos gobiernos durante los cinco años del proceso de transición de la televisión analógica a la TDT, ni tampoco la legitimidad de la confianza de esos operadores en la culminación del proceso con la adjudicación de los canales ahora anulada por el Supremo.

En este sentido, los operadores han actuado en todo momento de buena fe y han asumido las obligaciones y ejecutado con disciplina los planes que las diferentes Administraciones han ido estableciendo en el proceso de implantación”.

La asociación de televisiones comerciales afirma que “pone en situación de grave precariedad a gran parte del sector, al eliminar miles de horas de emisión con sus correspondientes empleos asociados, directos e indirectos, agravando aún más la difícil situación económica por la que atraviesa un sector que ha destinado a la implantación de la TDT cientos de millones de euros durante los últimos ocho años. A este notable esfuerzo sectorial hay que sumar la importante inversión realizada por los ciudadanos para adaptar sus antenas y equipos para la recepción de los nuevos canales TDT, parte de los cuales ahora se pretende cerrar”.

La organización, no obstante, adopta un tono abierto al diálogo cuando dice “UTECA manifiesta su mejor disposición para alcanzar acuerdos que eviten las gravísimas consecuencias generadas por esta situación, colaborando de manera leal en ese propósito”. Para terminar con una apelación, que se convierte en clara referencia a sus derechos adquiridos al afirmar que "espera cuanto antes que el Gobierno adopte las medidas necesarias para conciliar el marco legal con el cumplimiento de los compromisos que el Estado adquirió en su momento con los operadores, eliminando definitivamente la incertidumbre en la que se viene desarrollando la actividad desde hace meses”.

Los trabajadores de Telemadrid, Onda Madrid y el E.P.RTVM han emitido un comunicado para mostrar su rechazo al cierre de la radiotelevisión pública de los valencianos. 

"No es de recibo que una institución pública desacate una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia", han señalado en relación al cierre de Canal Nou. "La democracia de este país se encuentra en peligro. Decisiones arbitrarias, injustificadas y seguramente ilegales como ésta así lo demuestran", han recalcado. 

Desde Salvemos Telemadrid han señalado la mala gestión de RTVV como la principal causa de su cierre. "El desvío durante años de dinero público a manos privadas tanto en Canal Nou como en Telemadrid es la verdadera razón de la situación actial de estas empresas públicas".

También han recalcado que "Fabra ha ignorado las propuestas de viabilidad de los trabajadores que implicaban importantes sacrificios económicos y renuncias de derechos sin siquiera probar su viabilidad".

Desde los diferentes comités de empresa han animado a los trabajadores de Canal Nou a "seguir con su lucha hasta que la razón y la justicia se impongan a estas medidas dictatoriales".