El lunes 4 de mayo salió a la venta la edición francesa de un breve libro del historiador israelí Ilan Pappé con un título muy claro: Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina (Les Liens qui libèrent; editado en España por Capitán Swing). En menos de 200 páginas, el profesor de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, resume décadas de trabajo de los denominados “nuevos historiadores” israelíes —él es uno de ellos—, que han puesto en tela de juicio la historia oficial del conflicto entre Israel y Palestina.

Pappé, nacido en Israel en una familia de judíos alemanes que huyeron de la Alemania nazi, se ha convertido, a raíz de sus investigaciones históricas, en un intelectual comprometido, antisionista y defensor de los derechos de los palestinos. Actualmente dirige el Centro Europeo de Estudios sobre Palestina.

El compendio que publica hoy subraya con contundencia la continuidad ideológica entre los orígenes del sionismo y la política actual del Gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza, Cisjordania y el resto de Oriente Medio.

Mediapart: ¿Qué le llevó a escribir esta Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina, y por qué ahora?

Ilan Pappé: La escribí en inglés hace un año y medio, tras una feria del libro en la que me di cuenta de que la gente buscaba una obra que pusiera en contexto los acontecimientos ocurridos desde octubre de 2023. Los libros presentados los consideraban demasiado voluminosos, demasiado especializados. Al mismo tiempo, la mayoría de la gente no estaba satisfecha con el contexto que presentaban los medios de comunicación y quería más, sin por ello embarcarse en estudios universitarios sobre el tema.

Por eso este libro se vende bien: porque aporta, en cierto modo, relatos que no ofrecen los medios de comunicación generalistas, y mucho menos los políticos tradicionales. Estos últimos se pliegan al relato de Israel, según el cual los acontecimientos del 7 de octubre son fruto del antisemitismo islamista y los ha orquestado Irán. Israel quiere que se traten así y ha exigido que no se analice el contexto histórico del 7 de octubre.

En cuanto a la clase política occidental, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, citó una frase atribuida a la primera ministra israelí Golda Meir —”Podemos perdonar a los palestinos que maten a nuestros hijos, pero nunca les perdonaremos que nos obliguen a matar a los suyos”— en relación con la nueva ley israelí sobre la pena de muerte para los palestinos. Quería subrayar que el ethos del Estado de Israel era humanista. ¿Qué piensa sobre eso?

[Risas] ¡No conocía ese episodio! Pero su ministro lo está interpretando de forma totalmente errónea. Es la interpretación más extraña que he visto nunca de esa frase, porque no muestra el humanismo de Israel, sino exactamente lo contrario. Golda Meir dijo eso en Haifa, en 1948, después de que Israel llevara a cabo la limpieza étnica de la ciudad. A un periodista que le preguntó: “¿No cree que lo que ve aquí se parece a los pogromos perpetrados contra los judíos en Europa del Este?”, ella respondió: “Sí, me entristece mucho ver esto, y nunca perdonaremos a los palestinos por habernos obligado a hacerles esto”.

Es una frase que pone de manifiesto la hipocresía, la pretensión de virtud y la incapacidad de los israelíes para aceptar que los palestinos sean víctimas, ya que consideran que solo Israel puede ser víctima. Es como si una persona golpeara a otra con tanta violencia, hasta el punto de casi matarla, y le dijera: “Es culpa tuya. Me has enfadado tanto que casi te mato. Y nunca te perdonaré por haberme llevado casi a matarte”. Me sorprende mucho que su ministro haya mencionado esto para justificar una visión positiva de Israel.

Volvamos a su último libro. Al repasar los capítulos dedicados a los inicios del sionismo y su implantación en la Palestina histórica, a menudo se tiene la sensación de que existe una fuerte continuidad entre ese periodo y la actualidad. ¿Es así?

Hay una pequeña diferencia, pero no en lo fundamental. Para que el sionismo se hiciera realidad, se necesitaba una coalición muy fuerte que aceptara la idea de que la única solución al problema judío en Europa era un Estado judío en el corazón del mundo árabe a costa de los palestinos, y que si los palestinos y el mundo árabe se oponían a ello, tendrían que enfrentarse a una coalición mundial. Eso no ha cambiado. Los palestinos percibieron como una amenaza existencial la idea de que debían ser sustituidos, desplazados y suplantados por los judíos de Europa, y más tarde también por judíos procedentes de países árabes y orientales, y formaron su propio movimiento de resistencia. Y ese movimiento de resistencia sigue activo hoy en día. Por lo tanto, para mantener a Israel, sigue siendo necesaria una amplia coalición.

Esa coalición está compuesta por miembros que no están de acuerdo en todo, pero que, no obstante, coinciden en el proyecto sionista. Por ejemplo, los sionistas cristianos siguen creyendo que se trata de un programa divino, que traerá la segunda venida del Mesías. Los conservadores estadounidenses, o “nuevos conservadores”, consideran que es importante porque se trata del bastión de Occidente y de Estados Unidos en una región muy hostil. Las multinacionales que comercializan material militar consideran que se trata de una oportunidad formidable. Y luego, por supuesto, está el sentimiento judío, que es probablemente el más auténtico entre los miembros de esas alianzas, según el cual se necesita una especie de nuevo Estado refugio al que poder acudir si las cosas se tuercen, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero durante décadas, si no se seguía la actualidad a diario, se podía tener la sensación de que la brutalidad era menor que en los primeros días. Hasta hace dos o tres años, hasta el regreso de Netanyahu al poder.

Creo que han ocurrido dos cosas. En primer lugar, la comunidad internacional no reacciona ante la brutalidad cotidiana. Reacciona cuando la brutalidad es muy dramática. Pero no ha habido un solo día desde la llegada de los sionistas a Palestina en el que los palestinos no hayan estado expuestos a la brutalidad sionista, aunque ciertamente no siempre a gran escala.

En segundo lugar, Internet y las visitas de jóvenes de todo el mundo a Cisjordania y la Franja de Gaza han comenzado a revelar la realidad de la opresión israelí.

Y claramente ocurrió algo diferente después de noviembre de 2022, cuando, por primera vez, los elementos más fundamentalistas, más extremistas y más racistas de la sociedad judía israelí comenzaron a tomar el poder. No se trataba solo de Netanyahu. Se trataba de la alianza de Netanyahu con esas fuerzas.

Tienen muchos menos escrúpulos que la generación anterior a la hora de utilizar armas y estrategias aún más mortíferas y destructivas contra los palestinos. Eso se ve por todas partes desde el 7 de octubre, aunque, como he dicho, ya existía antes. Los palestinos siempre han estado a merced de un ejército muy poderoso que, en muchos aspectos, se constituyó para vigilarlos, controlarlos y ocuparlos desde hace décadas.

Teniendo en cuenta lo que ha analizado en el marco de su trabajo, ¿ve puntos de comparación entre el pasado y la situación actual en la Franja de Gaza, por un lado, y en Cisjordania, por otro?

Veo muchas similitudes, pero también diferencias. Lo que estamos presenciando hoy en Gaza me recuerda a las últimas fases de la Nakba, las operaciones llevadas a cabo por Israel en 1948, cuando este país era incapaz de ocupar —o no estaba dispuesto a hacerlo— la totalidad de la Palestina histórica. Así es como surgieron Cisjordania y la Franja de Gaza. Los israelíes expulsaron a tantos palestinos como pudieron, tanto hacia Cisjordania como hacia la Franja de Gaza. Luego construyeron una especie de muro alrededor de Israel para separarse de esas zonas palestinas, con la esperanza de que los jordanos y los egipcios se ocuparan de ellas.

Ahora los palestinos de Gaza no pueden ir a ninguna parte, mientras que la mitad de la Franja de Gaza está vacía y totalmente controlada por Israel. No gozan de ninguna protección y siguen enfrentándose a las continuas operaciones militares israelíes. Se está produciendo una escalada en términos de inhumanidad, barbarie y voluntad de diezmar abiertamente a las poblaciones, y no solo de obligarlas a marcharse.

La situación actual es mucho más preocupante, creo, que durante la Nakba, en 1948. Porque, en 1948, la gente, aunque lo había perdido todo, pudo reconstruir su vida en los campos de refugiados, en la diáspora, en Cisjordania, en la Franja de Gaza. En la actualidad se ven amenazados de extinción. Quizá Israel no consiga llevar a cabo este genocidio, pero el sufrimiento será inmenso.

En cuanto a Cisjordania, los palestinos dicen que la Nakba es un proceso continuo. Estoy totalmente de acuerdo. En Cisjordania, se trata de una limpieza étnica progresiva y gradual. Y solo estamos viendo la primera etapa. Consiste en intentar expulsar a los palestinos de la zona C (ver caja negra), según los acuerdos de Oslo, que representa aproximadamente el 60% de Cisjordania, para desplazarlos hacia las zonas B y A, y luego sacarlos de la zona B, y crear una especie de Franja de Gaza en la zona A, es decir, bajo asedio. A continuación, les dirán: “Si os portáis bien podréis desplazaros y disfrutar de cierta autonomía. Si no, pues mirad lo que le ha pasado a la Franja de Gaza”.

Esa es la estrategia de Smotrich, oficialmente ministro de Defensa encargado de Cisjordania, pero que en realidad es el gobernador general de facto de Cisjordania. Habla de ello muy abiertamente. Cuenta con el apoyo de la mayoría de los miembros del Likud y de Netanyahu.

Desde hace dos meses, asistimos a dos nuevos conflictos, contra Irán y contra el Líbano. ¿Usted cree que estos conflictos se inscriben en lo que usted denomina el conflicto israelo-palestino?

Creo que existe una relación. Para hacer realidad la ambición sionista fundamental, es decir, controlar toda la Palestina histórica con un número muy reducido de palestinos —y palestinos que, si se quedan, no tengan ningún deseo de resistirse a la opresión—, Israel siempre ha considerado que debía dominar el mundo árabe y oponerse a cualquiera que, ya fuera por cinismo o por convicción, pudiera acudir en ayuda de los palestinos.

Siempre ha sido así. Israel intentó derrocar los regímenes progresistas de Egipto y Siria antes de 1967, porque entendía que esos líderes, como Gamal Abdel Nasser en Egipto y el partido Baas en Siria, eran pro-palestinos.

Hoy en día los actores son diferentes. Pero la hegemonía en la región, para los responsables políticos israelíes, sigue siendo una condición previa para completar la transformación total de la Palestina histórica en un Estado puramente judío. Por lo tanto, no se trata de un deseo de derrotar a Irán solo por el placer de hacerlo.

A ello se suma el hecho de que los partidarios del sionismo mesiánico, que ahora constituyen una parte muy importante del Gobierno, creen que están reconstruyendo el reino bíblico de David y Salomón, que era temido y respetado por todos en Oriente Medio. Y eso casa con su visión de que Israel debe ser, en realidad, una teocracia, ya que si eres una teocracia, haces lo que Dios quiere, y si haces lo que Dios quiere, también tendrás éxito en tus políticas hacia el mundo árabe.

En entrevistas anteriores, usted afirmaba que Israel estaba al borde de una guerra civil fría, o incluso de una implosión, debido al conflicto entre el Estado teocrático de Judea, que acaba de describir, y el Estado de Israel, que usted considera más laico y más liberal. ¿Sigue siendo así dos años y medio después del 7 de octubre?

Sí, porque el Estado de Israel y el Estado de Judea no están realmente en desacuerdo sobre la cuestión palestina, ni sobre la necesidad de atacar a Irán o al Líbano. Esos no son los puntos de discordia, que se refieren al futuro de la sociedad judía en Israel. ¿Será una sociedad laica y liberal, o una sociedad teocrática? Ahí está el conflicto. Y en esta lucha, creo que el Estado de Judea tiene ventajas. Las tendrá hasta que se vuelva demasiado absurda y aterradora, incluso para quienes la apoyan.

Y ya se puede observar en Estados Unidos un cambio radical en la actitud hacia Israel, incluso entre los jóvenes judíos. En Europa se vislumbran los primeros indicios de una toma de conciencia. La joven generación de políticos empieza a comprender que el peligro en Oriente Medio no es que Irán quiera desarrollar un arma nuclear, sino que Israel posea 220 bombas nucleares. Y se convierta en ese Estado agresivo con rasgos teocráticos, con una mayor opresión de los palestinos.

¿Cree que estamos asistiendo a la última fase del sionismo?

Sí. Pero como historiador, debo precisar que la última fase de un proceso histórico puede prolongarse durante 20 o 30 años. No me refiero a un periodo de cinco o seis años a partir de hoy. No espero ningún cambio fundamental dentro de Israel, por desgracia.

Pero se observa, en el extranjero, un movimiento que empieza a vincular la política interior en Europa y en Estados Unidos con las posturas respecto a Israel. Por ejemplo, para las elecciones municipales en Reino Unido, hay un partido muy importante que se presenta en el ayuntamiento de Birmingham, llamado Coalición por Gaza. Ahora bien, el problema en Birmingham no es Gaza. El problema en Birmingham es la incapacidad del ayuntamiento para gestionar, ya sabe, la basura, el alcantarillado, etc. Pero a ojos de mucha gente allí, está relacionado. Su postura moral respecto a Gaza está ligada a su postura moral sobre cuestiones que son importantes para los habitantes de Birmingham.

¿Está usted de acuerdo?

Sí, estoy de acuerdo, algo tiene que ver. Creo que hay una relación entre los políticos que han perdido todo valor moral, que solo piensan en su carrera, que solo piensan en las próximas elecciones y se distancian de los verdaderos problemas de la sociedad, y los que no son así. Creo, sinceramente, que una persona que afirma que la defensa de los palestinos es una obligación moral también se ocupará con sinceridad de las cuestiones que afectan a su propia comunidad y a su propio electorado.

Esta entrevista se realizó el 2 de mayo.

La división de Cisjordania en zonas viene de los acuerdos de Oslo y divide el territorio en tres zonas: A: los centros urbanos, con control de seguridad y administrativo palestino; B: control administrativo palestino, de seguridad israelí; C: control israelí total. Esta zonificación se ha visto muy mermada desde hace varios años en lo que respecta a la seguridad, por las incesantes incursiones del ejército israelí en todos los lugares.

Traducción de Miguel López

La mañana del 27 de enero de 2025, Leila E., una trabajadora social de 54 años, estaba preparando el almuerzo con sus hijos y nietos en el campo de refugiados de Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada, cuando 25 soldados israelíes irrumpieron en su casa.

“Gritaban y tiraban cosas por todas partes... Nadie dio explicación alguna, destrozaban todo, gritaban y decían tacos. Era como una película, algunos iban enmascarados y tenían todo tipo de armas”, relata. Los soldados los sacaron a la fuerza de casa y uno de ellos les dijo: “Ya no tenéis casa. Tenéis que iros”. La hija de Leila, embarazada de cuatro meses, entró en pánico y abortó.

Este testimonio es uno de los 31 relatos recopilados por la ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), que ha publicado el jueves 20 de noviembre un informe de 105 páginas sobre la expulsión de unos 32.000 habitantes de tres campos de refugiados del norte de Cisjordania: Jenín, Tulkarem y Nur Shams. HRW acusa al ejército israelí de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad.

El 21 de enero, dos días después de la entrada en vigor de la segunda tregua en Gaza, Israel lanzó una amplia operación militar que causó al menos 40 muertos en varios campos de refugiados de Cisjordania. Diez meses después, el ejército sigue prohibiendo el acceso a tres campos.

Entrevista a Nadia Hardman, autora principal del informe e investigadora principal de la división de derechos de los refugiados y migrantes de HRW.

Mediapart: Usted acusa a Israel de limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra los habitantes palestinos de los campos de refugiados de Jenín, Tulkarem y Nur Shams. ¿Cómo han llegado a estas conclusiones?

Nadia Hardman: La investigación ha durado nueve meses, durante los cuales hemos examinado lo ocurrido en los campos. Los medios de comunicación cubrieron un poco esta noticia en enero y febrero de 2025, pero la atención se centró principalmente, como es lógico, en Gaza. Sin embargo, se trata del mayor desplazamiento de población desde 1967 en Cisjordania. Es tremendo.

Fuimos dos veces a las zonas donde se desplazó a la gente, a Jenín y Tulkarem. Entrevistamos a 31 palestinos. Vimos las imágenes de satélite para visualizar cómo son los campos de refugiados. En los seis meses estudiados, descubrimos que habían sufrido daños importantes o habían sido destruidos 850 edificios. El ejército israelí invadió los campos con helicópteros Apache, infantería y excavadoras. Las personas cuyas casas fueron arrasadas no podrán volver. Y, por ahora, no está claro si los palestinos de estos tres campos de refugiados podrán volver algún día.

Desde el punto de vista jurídico, Israel ocupa Cisjordania. El derecho de la guerra y el derecho internacional prohíben absolutamente cualquier desplazamiento de poblaciones bajo ocupación, salvo en casos excepcionales. Las autoridades israelíes afirman que hay activistas dentro de estos campos. Pero la mera presencia de combatientes o armas no justifica el desplazamiento masivo de 32.000 personas o más. Las leyes de la guerra son muy claras al respecto. Israel debe explicar, en cada caso, por qué no hay otra solución que desplazar a estas personas. Y no lo ha hecho.

Además, si se desea desplazar a personas, hay que proporcionarles comida, agua y refugio. Las autoridades israelíes simplemente obligaron violentamente a huir a los habitantes. Hemos documentado homicidios durante estas expulsiones. Había personas dentro de sus casas mientras las excavadoras destruían partes del edificio, unas escenas aterradoras. Se ordenó a los habitantes que se marcharan sin indicarles adónde ir ni cómo sobrevivir.

Una vez que el ejército israelí tomó el control de esas zonas, las arrasó. Construyó amplias carreteras de acceso dentro y fuera de los campamentos. Esto se asemeja más a una destrucción sistemática e intencionada, que va más allá del simple imperativo militar.

Todos esos elementos combinados nos llevan a concluir que se trata de crímenes de guerra relacionados con el desplazamiento forzoso. Varios meses después del supuesto fin de la operación militar, cuando ya no hay combates, los habitantes no pueden volver a sus hogares.

A esto se suma la intención de Bezalel Smotrich [ministro de Finanzas supremacista judío, también gobernador de facto de Cisjordania, ndr] que declaró explícitamente que iban a convertir estos campamentos en "ruinas inhabitables". El ministro de Defensa [Israel Katz, ndr] ha dicho que los campamentos están vacíos.

La operación cuenta con el respaldo de una política estatal, lo que nos lleva a concluir que es amplia y sistemática: constituye pues un crimen contra la humanidad. Por último, dado que se trata de acciones de un grupo étnico que desplaza a otro por medios violentos, se asemeja a una limpieza étnica.

En noviembre de 2024, ustedes estudiaron los desplazamientos forzados de los palestinos de Gaza. Su informe también concluía que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad. ¿Se pueden señalar similitudes con lo que ocurrió en los campos de Jenín y Tulkarem?

El modus operandi es ligeramente diferente en cada campo, pero en ambos casos es aterrador. En Jenín, se dirigió a la gente hacia una única salida, donde se había instalado un puesto de control informal con un sistema de seguridad. En Tulkarem y Nur Shams, a los habitantes simplemente se les ordenó salir por unas rutas determinadas. Se les dijo que si tomaban otro camino, los francotiradores les dispararían. Algunos informaron de que la orden provenía de los drones que, según ellos, a veces los seguían cuando salían del campo.

Las personas con discapacidad intentaban averiguar cómo salir mientras las carreteras eran destruidas por las excavadoras. Hablé con un hombre que no pudo llevarse su silla de ruedas. Una mujer murió cuando el ejército israelí voló la puerta de su casa. Su padre resultó gravemente herido. A otra mujer, embarazada de ocho meses, la dispararon, muriendo ella y su bebé. Su marido ha quedado discapacitado de por vida. La gente no tuvo tiempo de recoger lo mínimo indispensable. Se marcharon con lo puesto.

Es una estrategia similar a la de Gaza y pone de manifiesto el enfoque militar israelí hacia la población, que se basa en una política de desplazamiento y obstaculización del derecho al retorno. En Gaza, el ejército fingió respetar el derecho internacional: afirmó haber establecido un sistema de evacuaciones, con zonas seguras... Hemos demostrado que todo esto era completamente falso. Pero en Cisjordania, los militares ni siquiera se molestaron en hacer creer que estaban evacuando a la gente. Se trataba simplemente de expulsiones, sin órdenes planificadas, sin zonas seguras ni instrucciones sobre dónde ir.

El ejército israelí nos envió una larga carta, más detallada que todas las que habíamos recibido antes, pero no era sustancial porque no abordaba algunas de nuestras preguntas. Simplemente decía que había activistas en los campamentos y que habían confiscado armas. Admitió que quería reorganizar los campamentos.

Pero la cuestión no es si tiene una razón militar legítima. Se necesita una razón militar imperiosa. Existe una prohibición absoluta de los desplazamientos [de población en territorio ocupado], salvo como último recurso, y entonces hay que explicar las otras soluciones que se han barajado; por supuesto, Israel no ha presentado nada de eso.

En el informe, Leila E., de Tulkarem, vivió la incursión militar como “otra Nakba”, en referencia a la expulsión de cerca de 900.000 palestinos en torno a la creación de Israel en 1948. ¿Qué secuelas hay en los habitantes de los campos de refugiados, descendientes de quienes fueron expulsados de sus tierras en aquel momento?

Lo realmente desgarrador era que la gente nos decía que no tenían ni idea de qué había pasado con sus casas. A veces, podíamos ver en las imágenes de satélite que habían sido destruidas antes incluso de que ellos lo supieran. Otras veces, se enteraban por terceros y se veían invadidos por una sensación de pánico. Son zonas militares, cuyo acceso está oficialmente prohibido. La gente no tiene posibilidad de recurrir. El Tribunal Supremo israelí ha declarado que esas demoliciones pueden continuar y extenderse tanto como el ejército desee.

Los refugiados palestinos han soportado años de desplazamiento, pero los campamentos eran su hogar, un espacio en el que habían vivido durante generaciones. Es imposible verificarlo, pero la gente nos ha dicho que cree que las autoridades están tratando de borrar la cuestión de los refugiados, en particular con la represión contra la UNRWA [la agencia de la ONU para los refugiados palestinos] y los desplazamientos de población que continúan en todos los territorios palestinos ocupados [TPO].

Hemos verificado los crímenes de guerra cometidos en los campos de refugiados, pero eso no significa que no se estén produciendo desplazamientos forzados en otros lugares. Hay casos de desplazamientos en Cisjordania y, evidentemente, un desplazamiento masivo en Gaza. Son patrones que deben situarse en el contexto del trato que reciben los palestinos en los TPO, que, como ya hemos dicho, corresponde a un apartheid.

En el informe, ustedes invitan a los tribunales nacionales y al Tribunal Penal Internacional (TPI) a investigar estos crímenes israelíes. ¿Cuáles son sus recomendaciones, dado que Israel parece gozar, aún hoy, de una amplia impunidad?

En este informe hemos aislado las responsabilidades individuales, ya sea por lo que esas personas han declarado o porque formaban parte de la cadena de mando. Hemos identificado que las unidades sobre el terreno obedecían al general de división Avi Bluth, que, dentro del mando central, está a cargo de las operaciones militares en Cisjordania.

Estamos convencidos de que estas personas deberían ser, como mínimo, investigadas. No somos un tribunal, no sabemos qué concluirá la justicia. Con este informe, queremos exponer las pruebas abrumadoras de los numerosos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica.

Todo esto ocurre mientras el Tribunal Internacional de Justicia ha publicado un dictamen consultivo según el cual los Estados no deberían participar en la ocupación ilegal [por Israel en los territorios palestinos] y mientras hay un alto el fuego en Gaza que podría allanar el camino para el retorno a la solución de dos Estados (Human Rights Watch no se ha pronunciado sobre esto último).

Pero queremos demostrar que se están cometiendo atrocidades al más alto nivel en los territorios palestinos ocupados, incluso mientras se llevan a cabo esas negociaciones políticas. Los Estados pueden, en virtud de la jurisdicción universal, decidir investigar, y nosotros intentamos demostrar que algunos crímenes son tan graves que cualquier tribunal podría juzgarlos, incluido el TPI.

También afirmamos que se deben imponer sanciones a las personas que hemos identificado: Bezalel Smotrich, Israel Katz, Benjamín Netanyahu y Avi Bluth, además de la imposición de un embargo al comercio con los asentamientos ilegales y a la transferencia de armas. Son recomendaciones que llevamos repitiendo desde hace años.

Esperamos también que este informe ponga de relieve lo que está ocurriendo en Cisjordania, mientras la atención del mundo se centraba en Gaza, con razón, debido a las atrocidades tan brutales que allí se estaban cometiendo.

Traducción de Miguel López

En julio de 2005, en mi condición de eurodiputado, viajé a Afganistán. Hacía cuatro años que los terroristas islámicos obedientes a Osama bin Laden habían causado más de tres mil muertos al destruir las neoyorquinas Torres gemelas y pasarían seis antes de que fuerzas especiales norteamericanas acabaran con la vida de Osama en su refugio de Pakistán. Concluía así, en 2011, la denominada guerra contra el terrorismo declarada por el presidente Bush hijo, quien en 2001 había ordenado la invasión de Afganistán, cuyo 90% del territorio estaba controlado por los talibanes. Guerra a la que se sumó la OTAN en apoyo al empeño norteamericano. Diversos Estados miembros, España incluida, participaron. La misión militar internacional finalizó en 2014 y España inició su retirada en 2012. Con su habitual cáustica mirada, El Roto lo reflejó así: “Nos vamos de Afganistán con la satisfacción del deber cumplido, que no sabemos cuál ha sido” (El País, 25-6-2012).

En octubre de 2004, bajo tutela estadounidense y de la OTAN, Hamid Karzai había sido democráticamente elegido presidente del país. A ese país llegué un año después. Visité diversas zonas, además de Kabul. Herat, cercano a la frontera de Irán, es un crisol de poblaciones. La mayor la constituyen los tayikos, de lengua persa, pero los pastunes, hazaras y uzbekos, debido a la influencia del gran vecino, también la hablan. El dari es el nombre afgano del idioma persa. Dari y pastún son los dos idiomas oficiales de un país multilingüe de unos 35 millones de personas, la mitad aproximadamente de los cuales son mujeres, con 40 idiomas menores y unos 200 dialectos diferentes. Dada la importancia geopolítica de Teherán en esta parte del mundo y la contigüidad de Herat, la visita tenía interés de cara a sondear el sentimiento de la población hacia los talibanes antes de la invasión occidental de 2001, sondeo que idiomáticamente no presentó problemas puesto que los cuatro diputados que integrábamos la misión del Europarlamento disponíamos de un intérprete de dari y pastún. 

No necesité de intérprete alguno en la visita realizada al lugar más significativo desde el punto de vista que este artículo quiere afrontar. Me refiero a Bamiyán, capital de la provincia del mismo nombre, a unos 300 km al oeste de Kabul. Flotando en el ambiente la ausencia de las dos monumentales estatuas de Buda en el acantilado del valle de Bamiyán, construidas en el siglo V y dinamitadas por los talibanes en marzo de 2001, unos meses antes de que las Torres gemelas corrieran la misma suerte, tuve ocasión de visitar una escuela femenina en la ciudad. El propósito en esta ocasión era indagar sobre la situación de la educación nueve meses después de que, como ya he dicho, Hamid Karzai asumiera democráticamente el poder. Una profesora me invitó a acudir a su clase y en un más que aceptable inglés me proporcionó la información requerida. Mientras lo hacía, en el aula treinta muchachas de unos quince años, escuchaban atentamente, si bien ignoro si comprendían el inglés. Jóvenes con un ligero pañuelo en la cabeza, con la cara plenamente descubierta y una franca sonrisa, muy lejos de lo que mujeres, jóvenes y niñas experimentan en el Afganistán de hoy. Ante un ambiente tan naturalmente normal, pregunté a la profesora si podía hablar con las jóvenes. Acabé sentándome en un pupitre en medio de ellas, acogido con normalidad y simpatía y con sonrisas, que no risas, por su parte. Escribo estas líneas teniendo al lado la foto que conservo del momento, yo entre ellas, que hizo la profesora con mi cámara.

Lejano 2005 del Afganistán de hoy. El 14 de abril de 2021, el presidente Biden decide la completa retirada de Afganistán de las tropas norteamericanas. “Es hora de poner fin a la guerra más larga de los Estados Unidos”, dice. El 38 de agosto de ese año se completa la retirada de las tropas y se deja al país en manos de los talibanes. Más de 120.000 personas son evacuadas. Biden: “Los Estados Unidos deben aprender de los errores cometidos. La retirada significa el final de una era de grandes operaciones militares con el fin de rehacer a otros países”. 

Hace tres años los victoriosos talibanes firmaron un acuerdo con los invasores occidentales en retirada. En él se comprometían a respetar los derechos humanos, la libertad de expresión y amnistía para los funcionarios del anterior Gobierno. Muy pronto se desvaneció la esperanza de que actuaran de acuerdo a lo que habían firmado. Violencia, represión e impunidad. El aula abierta de Bamiyán en la que en 2005 me senté, escuché y opiné, ya no existe hoy. Todas las aulas del país han sido violentamente clausuradas para niñas, jóvenes, mujeres. Más de ochenta decretos emitidos por los talibanes en tres años han hecho de numerosos sectores de la sociedad objeto de discriminación y persecución. 

Estos bárbaros han creado el sistema más perverso y extendido de sistemática violación de los derechos de las mujeres. Quienes de estas batallan y denuncian dicho sistema se enfrentan a detenciones, tortura e incluso desaparición forzosa. Huérfanas de un marco jurídico y judicial justo que las ampare puesto que los bárbaros acabaron con él en noviembre de 2022 al introducir la sharia. La versión de la misma que los talibanes practican implica que no se permite la presencia de abogados en los juicios, que han sido sustituidos por los “eruditos” religiosos de las madrasas, las escuelas islámicas.

Muy recientemente (21-8-2024) los bárbaros impusieron la denominada Ley sobre la promoción de la virtud y la prevención del vicio, título que por sí mismo probablemente no necesitaría de ulterior comentario. Aun así, comento. El engendro legal otorga poderes especiales a la denominada policía de la moral a propósito de la conducta de las mujeres. El artículo 13 estipula que las mujeres deben cubrirse su cuerpo por completo, reducir la voz en determinadas ocasiones (?) y no mirar a hombres extraños (?). El absurdo se evidencia todavía más con la institución del “mahram”: ninguna mujer puede viajar, acceder a un avión o entrar en un edificio administrativo para cualquier gestión si no va acompañada de un pariente masculino. ONU Mujeres es la organización de Naciones Unidas que desarrolla programas, políticas y normativas con el fin de defender los derechos humanos de mujeres y niñas. Acaba de publicar un informe según el cual solo el uno por ciento de las afganas entrevistadas estiman que tienen algún tipo de influencia en las comunidades a que pertenecen. El 64% no se sienten seguras cuando salen de casa y el 8% conocen a a alguna mujer o niña que ha intentado suicidarse desde que los talibanes lograron el poder en 2021. 

El colmo de las insensateces de los bárbaros lo refleja el hecho de que se han visto forzados a no llevar a cabo la vacunación contra la polio porque la mayoría de quienes debían ejecutarla eran enfermeras, mujeres. Aducen que protegen los derechos de mujeres y niñas de acuerdo a la sharia y las costumbres y normas de la sociedad afgana. Sin embargo, las costumbres y tradiciones culturales o religiosas no pueden justificar la violación de los derechos humanos. Si bien no es plausible que los bárbaros presten atención, el artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer estipula que los Estados no pueden invocar costumbres, tradiciones o consideraciones religiosas para eludir la obligación de eliminar la violencia contra la mujer.

En julio de 2024, Richard Bennet, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, presentó su Informe sobre el tema. Merece la pena concluir este artículo con algunas de sus conclusiones y recomendaciones: “El sistema de discriminación, segregación, desprecio de la dignidad humana y exclusión institucionalizado por los talibanes está motivado por, y se traduce en, un profundo rechazo de la plena humanidad de las mujeres y niñas. Es omnipresente y metódico y se institucionaliza a través de edictos y políticas que sancionan y refuerzan la grave privación de derechos fundamentales” (párrafo 14). El Relator Especial recomienda a los Estados y la comunidad internacional que “eviten la normalización o legitimación de las autoridades afganas de facto hasta que no se produzcan mejoras palpables… en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a las mujeres y las niñas” (párrafo 133, a).

Probablemente el Relator tiene en mente que, desde la asunción de los bárbaros al poder en 2021, la ONU rechazó en tres ocasiones su pretensión de ocupar en la Asamblea General el puesto que tenía el anterior Gobierno apoyado por Occidente. Desde 2021 se sucedieron disputas entre ambos aspirantes al puesto. En mayo de 2024, la ONU zanjó la cuestión suspendiendo los derechos de voto de Afganistán en la Asamblea General. Es llamativo y loable que el Relator Especial indirectamente aluda a las distintas interpretaciones del islam al pedir que “los países de mayoría musulmana y la Organización de Cooperación Islámica redoblen los esfuerzos para persuadir a los talibanes para que modifiquen las políticas y prácticas contrarias a los principios islámicos dominantes, incluida la igualdad de acceso a la educación para todos” (párrafo 133, d). 

Por otro lado, hay que constatar que la barbarie no se ceba únicamente en las mujeres. Objeto de la misma son igualmente un cúmulo de actores: minorías étnicas y religiosas, homosexuales y transexuales, personas con discapacidades, defensores de derechos humanos, trabajadores sanitarios, periodistas, educadores, jueces, profesionales del derecho, antiguos funcionarios… Conviene asimismo tener en cuenta que todo esto tiene lugar en una situación de catástrofe humanitaria, social y económica, en la que dos tercios de la población afgana (28 millones) precisan asistencia humanitaria para sobrevivir. 

Ayuda humanitaria, por supuesto, pero pienso que, en este y otros temas de parecidas características, nos hallamos ante una crisis… de humanidad. ¿Cómo es posible que asumamos que la tan cacareada comunidad internacional permita atrocidades como las que he relatado? Que el proceso de apartheid, limpieza étnica y genocidio que bárbaros de otro tipo están llevando a cabo en Gaza continúe. Sí, salvedad establecida: Hamás es un engendro terrorista y bárbaro, pero…

En esta comunidad internacional que no es tal existen cómplices de uno y otro lado que impiden el progreso. Estados Unidos vetando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cualquier resolución que dañe a su aliado israelí. Rusia y China oponiéndose en ese Consejo a “interferir en los asuntos internos de Afganistán”. 

Existen mecanismos e instrumentos jurídicos y judiciales en esta poco atenta sociedad internacional para, teóricamente, hacer frente a la barbarie. La Ley talibán sobre la promoción de la virtud institucionaliza un sistema de discriminación y opresión de mujeres y niñas que debería movilizar la conciencia de la humanidad. Supone un ataque sistemático y generalizado a la población civil que podría calificarse de crimen de lesa humanidad. Hay en curso negociaciones internacionales para lograr un Tratado sobre crímenes de lesa humanidad, ocasión que podría aprovecharse para codificar el apartheid de género como delito en Derecho internacional. El Tribunal Penal Internacional tendría puerta abierta para actuar. Hay que valerse de los mecanismos de rendición de cuentas existentes. El Tribunal Internacional de Justicia debería encausar a Afganistán por violación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General onusiana en diciembre de 1979 y ratificada por 189 Estados. Sí, pero…

Michael Ignatieff cita a Butros Butros Ghali, secretario general de Naciones Unidas, quien en 1995 dijo que Afganistán se había convertido en “uno de los conflictos huérfanos del mundo, esos que Occidente, selectivo y promiscuo en su atención, prefiere dejar de lado a favor de Yugoslavia”. El mundo había apartado la vista de Afganistán, dejando que la guerra civil, la fragmentación étnica y la polarización desembocaran en la quiebra del Estado. El país había dejado de existir como un Estado viable, y cuando un Estado quiebra la sociedad civil es destruida. Generaciones de niños crecen sin raíces, sin identidad ni razón para vivir sino la de luchar (con matices, aplicable a los niños palestinos). 

En aquellos años, Ahmed Rashid entrevistó a Lakhdar Brahimi, mediador de la ONU, quien le dijo: “Estamos tratando con un Estado en quiebra que parece una herida infectada. Uno ni siquiera sabe por dónde empezar a limpiarla”. En 2005, durante mi breve estancia, viajé por un país escabroso, árido, áspero y desierto. En su libro Los Talibán, Rashid relata: “Hace muchos años, un sabio y anciano muyahid afgano me contó la historia mítica de la creación divina de Afganistán: 'Cuando Alá hizo el resto del mundo, vio que había quedado un montón de desechos, fragmentos, trozos y restos que no encajaban en ninguna parte. Tras reunirlos, los arrojó a la tierra y eso fue Afganistán'”.  En medio de esos desechos malviven, padecen, sufren las mujeres afganas. Hasta que la tan cacareada comunidad internacional o Alá las libere.

___________________

Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

Pronunciar el nombre de una mujer en público está prohibido en Afganistán. Supone una deshonra grave para la familia. No lo pueden decir ellas, no las puede nombrar nadie. Sus nombres no pueden aparecer ni en las recetas médicas, ni en los certificados de defunción, ni siquiera en sus tumbas. Despojadas de su identidad, anonimizadas, la única forma de llamarlas es en base a la relación que tienen con los hombres: la mujer de, la hija de, la hermana de… ¿Recuerdan El cuento de la criada? Todo lo que imaginó Margaret Atwood en su distopía literaria se convierte en realidad en Afganistán.

Para denunciar este anonimato impuesto, la activista afgana Laleh Osmani inició, hace unos años, una campaña en redes sociales llamada ‘Where is my name?’ que tuvo bastante repercusión. Tanta que hasta el gobierno se planteó modificar la ley de registro civil para que el nombre de la madre apareciese en los certificados de nacimiento. Pero llegó la pandemia. Y luego los talibanes y con ellos un régimen de terror que ha pisoteado, literalmente, los derechos que las mujeres afganas habían conseguido en los últimos 20 años, tras la invasión militar de Estados Unidos. Porque, a pesar de las imposiciones tremendamente machistas en las que han vivido, hay una generación que ha dado importantísimos pasos como estudiar en la universidad. Ahora, juezas, profesoras, periodistas o activistas que trabajaban para conseguir avanzar han sido condenadas a la clandestinidad y están amenazadas de muerte o han tenido que huir dejando atrás toda una vida. ¿Es el peor país para ser una mujer? La pregunta se responde sola. 

Lo cierto es que todo puede ir a peor. Porque cuando parecía que era imposible retroceder más en derechos, y con la macabra coincidencia del tercer aniversario de su llegada al poder, los talibanes han aprobado una ley que prohíbe que a las mujeres se les vea el rostro y que hablen en público. ¿Se imaginan no poder pronunciar una sola palabra fuera de casa? Piensen en esa generación de niñas que hasta hace unos años iba a la escuela, las que estaban a punto de pasar a la universidad, las que ejercían su profesión, las amas de casa. Silenciadas, enterradas en vida. Borradas del mapa, recluidas en sus hogares. Lo que ocurre en Afganistán tiene nombre: es un apartheid de género, como reconoce la ONU, que sucede ante la impasible mirada y abandono de la comunidad internacional, responsable en gran parte de la situación en la que está inmerso el país, tras años de permisividad con gobiernos corruptos y señores de la guerra. 

Que sus voces no se oigan en el espacio público es un paso más en la violencia que los fundamentalistas ejercen sobre las mujeres. Desde que tomaron Kabul han prohibido la educación de las niñas mayores de doce años, han cerrado escuelas y universidades, han restringido su forma de vestir, su acceso a la práctica de deporte e incluso han prohibido la emisión de películas en las que salen actrices. Niñas y adolescentes que no tendrán referentes, que no pueden estudiar ni trabajar. El infierno en la tierra. Seguro que recuerdan la imagen de un talibán borrando el rostro de una mujer en un escaparate que se viralizó hace algunos meses. Se convirtió en un símbolo de la represión que sufren las afganas. Por desgracia, no es sólo una imagen icónica que postear en las redes, es la realidad que sufren millones de mujeres allí.

¿Qué será lo siguiente? Es aterrador incluso pensarlo. No nos olvidemos de ellas ni de un país en una situación desesperada, con una crisis económica y humanitaria sin precedentes. Y hagámoslo dejando el paternalismo a un lado, ese que en Occidente nos hace creer que lo que ocurre en Oriente Medio no nos afectará porque nuestras fronteras están separadas por miles de kilómetros. La misoginia, por desgracia, cala y se expande rápido. Ahí tienen la talibanización de Pakistán o la represión contra las mujeres que no quieren llevar velo en Irán. Pero también la de los gobiernos de países como Polonia, Hungría o Italia que ya han emprendido una batalla legal contra los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBI.  

'¿Dónde está mi nombre?', preguntaba la campaña que iniciaron las afganas en 2017. No dejemos de nombrarlas ni de denunciar el régimen terrorista en el que son obligadas a vivir. Porque, no lo olviden, ignorar su situación es una forma más de legitimar y perpetuar la violencia que los talibanes ejercen sobre ellas.

En los campus franceses y americanos movilizados contra la guerra en la Franja de Gaza se repite una reivindicación: los estudiantes exigen que sus universidades corten todo vínculo con los medios académicos israelíes y con cualquier empresa que mantenga relaciones con el Estado hebreo. 

La demanda, que está suscitando un acalorado debate, demuestra que la campaña global BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones), ha calado en todo el mundo, diecinueve años después de su lanzamiento. 

La BDS nació en julio de 2005, justo un año después de que el Tribunal Internacional de Justicia dictaminara que era ilegal el muro de separación construido por Israel en territorio palestino de Cisjordania y Jerusalén Este. El dictamen no surtió ningún efecto. Ciento setenta organizaciones palestinas muy variadas –sindicatos, asociaciones de mujeres, grupos de derechos humanos, redes de refugiados– hicieron entonces un llamamiento a un tipo de lucha no violenta que, en su opinión, había demostrado su eficacia contra el régimen de apartheid en Sudáfrica. 

Las tres modalidades de acción preconizadas se definen por el acrónimo. La "B" llama al boicot de las instituciones y empresas israelíes e internacionales que apoyan o se benefician del régimen de apartheid. Afecta a todos los ámbitos: político, económico, cultural, académico y deportivo. La "D" reclama la desinversión de todos los actores en instituciones y empresas que apoyen la política de Israel contra los derechos de los palestinos. La "S" pide a los gobiernos que sancionen a las autoridades israelíes mientras continúen esas políticas denunciadas. 

Mientras muchos gobiernos, incluido el francés, se oponen a estas reivindicaciones, Mediapart habló con Omar Barghouti, cofundador del BDS, que se encontraba de paso en París. 

Mediapart: Desde hace varias semanas, los campus de todo el mundo están ocupados por estudiantes que reclaman apoyo para los palestinos, piden un alto el fuego y exigen que sus instituciones rompan todo vínculo con establecimientos y empresas israelíes. ¿Empezó el BDS este movimiento? 

No. Se trata de un movimiento de base y no existe un mando central que dirija a los estudiantes. Por supuesto, está claro que adopta las exigencias del BDS, porque se centra en los derechos palestinos y promueve tácticas de boicot y desinversión para conseguirlo. 

En Estados Unidos, muchos líderes estudiantiles y docentes también están en contacto directo con el movimiento BDS, que es un movimiento semihorizontal muy laxo que funciona a través de socios. En Estados Unidos, uno de los principales es Jewish Voice for Peace, la mayor organización judía progresista del país. Sus secciones participan en campamentos estudiantiles de todos los Estados Unidos. 

En Francia, el vínculo con el BDS es menos directo. Aunque es cierto que la coalición BDS en Francia apoya la movilización en Sciences Po, la Sorbona y en todas partes. 

¿Cómo encaja el movimiento universitario con las consignas del BDS? 

Desde que existe el BDS, hace ya diecinueve años, estamos pidiendo el boicot académico a las instituciones israelíes, porque todas ellas son cómplices. El movimiento BDS no se dirige a individuos, sino a instituciones. El objetivo es la complicidad, no la identidad. Así que no nos dirigimos a los académicos, sino a las instituciones académicas israelíes. 

También pedimos la desinversión en empresas cómplices de la ocupación, los asentamientos, el apartheid, el genocidio que se está llevando a cabo actualmente en Gaza contra 2,3 millones de palestinos o cualquier otro crimen de guerra o crimen contra la humanidad cometido contra ellos. Una vez más, no importa quién sea la empresa. Puede ser francesa, china, israelí o americana. No importa. Si está implicada en violaciones de los derechos de los palestinos, tal y como los define el derecho internacional, la señalamos. 

Para los estudiantes activistas franceses, americanos, australianos, británicos o canadienses que quieran mostrar su solidaridad con los palestinos en sus instituciones, la forma más significativa de solidaridad es asegurarse de que su universidad no es cómplice de la opresión de los palestinos, ni la ayuda, la permite o se beneficia de ella. 

Hay dos formas de hacerlo: el boicot académico, que pone fin a todos los proyectos conjuntos con universidades israelíes cómplices, y la desinversión, que garantiza que la universidad no se abastece, compra, licita o contrata con empresas que favorecen la ocupación, ni invierte en ellas. 

Habla usted de la complicidad de las instituciones académicas israelíes con la ocupación. ¿En qué sentido cree que son cómplices? 

La lista es tan larga que me llevaría horas responder. Me gustaría mencionar el reciente libro de la antropóloga israelí Maya Wind, titulado Towers of Ivory and Steel (Torres de marfil y acero), que documenta la complicidad de las instituciones académicas israelíes con el sistema de colonialismo de asentamientos, apartheid y ocupación militar. Todo ello basado en una meticulosa investigación. 

No voy a hacer un resumen del libro, sólo dar algunos ejemplos. Las instituciones israelíes desde su creación siempre han sido diseñadas para ser un pilar del sistema de opresión y el diseño de armas y doctrinas que utiliza el ejército. Por ejemplo, la doctrina Dahiya, que se refiere a los suburbios del sur de Beirut, es una doctrina de fuerza desproporcionada desarrollada en la Universidad de Tel Aviv, con la participación del ejército y la industria militar israelíes. 

Otro ejemplo: el "código ético" del ejército israelí, que justifica matar a un gran número de civiles palestinos para atacar a un palestino "buscado", fue elaborado en la Universidad de Tel Aviv por Asa Kasher, el mayor y más famoso filósofo israelí especializado en ética. La elaboró con un general del ejército israelí. Ha sido duramente criticada por muchos especialistas en ética y organizaciones de derechos humanos. 

Antes de la movilización estudiantil, se produjeron las dos vistas ante el Tribunal Internacional de Justicia, la primera en enero, acusando a Israel de riesgo de genocidio en la Franja de Gaza, y la segunda en febrero, acusándolo de apartheid hacia los palestinos. ¿Cuál es su reacción? 

Es una victoria para el pueblo palestino que, tras décadas de colonialismo, apartheid y ocupación militar, por fin es escuchado por el Tribunal Internacional de Justicia, la más alta instancia jurídica del mundo. Eso es muy importante. Y no es sólo simbólico. 

La decisión del TIJ el 26 de enero indicando un riesgo plausible de genocidio cometido por Israel en Gaza tuvo un impacto enorme. Nosotros mismos quedamos muy sorprendidos. Por poner sólo algunos ejemplos, dos importantes empresas japonesas han puesto fin a su relación con Elbit Systems, la mayor empresa militar privada de Israel, citando la sentencia del TIJ.

Bolivia y Colombia han roto relaciones diplomáticas y el mes pasado Colombia detuvo sus importaciones militares de Israel. Hace unos días, Turquía ha decidido cesar todo comercio con Israel. Turquía es un importante socio comercial de Israel. 

Por lo tanto, la decisión del TIJ ha sido muy importante al reforzar el impacto del movimiento BDS, más de lo que habíamos visto hasta ahora. 

¿Y las empresas francesas? 

Carrefour y Axa son nuestros principales objetivos franceses. Hemos visto cómo se extendía el boicot a Carrefour en la región árabe: las franquicias de allí se quejan a la empresa matriz de Carrefour de que están perdiendo clientes a causa de la sucursal en Israel. Axa ha invertido en bancos y empresas israelíes implicados en los asentamientos y el sistema de apartheid [lo que la empresa ha negado recientemente, tras una acción del BDS].  

En los países occidentales, las manifestaciones de apoyo a Palestina y a la Franja de Gaza son a menudo combatidas, prohibidas y criminalizadas. ¿Le sorprende? 

En absoluto. Como activista de derechos humanos, llevo muchos, muchos años observando el declive del liberalismo y la democracia occidentales. He estudiado y vivido en Occidente, así que no me sorprende. Esta democracia siempre ha sido discriminatoria, un democracia que excluye a poblaciones no deseadas y permite el saqueo y la explotación del Sur. Nunca ha sido una verdadera democracia liberal, en el sentido de los ideales defendidos por ciertos intelectuales. 

La única sorpresa, debo admitir, es la magnitud y la rapidez de ese declive. Desde el comienzo del genocidio israelí se ha producido un colapso repentino, las máscaras se han caído de golpe. Ha sido escandalosa la represión de los gobiernos, el doble rasero en relación con Ucrania y la hipocresía de las llamadas democracias occidentales.  

Incluso a intelectuales judíos que defienden los derechos de los palestinos les han cancelado sus actos con el pretexto del "antisemitismo". Desde McCarthy en Estados Unidos no habíamos visto tal nivel de silencio contra el llamado "miedo rojo". Hoy existe miedo a Palestina en Occidente. 

Este nuevo macartismo es tan feo como el primero, tan represivo como el primero. Pero, como el primero, también refleja el hecho de que las potencias hegemónicas del Occidente colonial sienten que su hegemonía se desmorona. Así que actúan con una represión extrema, incluso con violencia, contra activistas estudiantiles pacíficos, contra oradores judíos que defienden los derechos palestinos, por no hablar de los palestinos y otras personas de color. Esta represión no tiene precedentes. 

A pesar de todo, parece usted optimista... 

Yo estudiaba en la Universidad de Columbia en 1985, cuando bloqueamos el Hamilton Hall, el mismo que ha sido ocupado por estudiantes la semana pasada. Entonces luchábamos contra el apartheid en Sudáfrica. Yo siempre llevaba una pancarta que decía "abolir el apartheid". Mis compañeros de ingeniería me preguntaban: "¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Realmente crees que el apartheid en Sudáfrica se derrumbará, que será abolido durante tu vida? 

Y yo respondía: "No, es muy poderoso, lo apoyan Reagan y Thatcher". Pero lo hacía por deber internacionalista, para defender la justicia en todas partes del mundo. Porque un éxito en Sudáfrica sería un éxito para Palestina, un éxito para los negros americanos, para todos los movimientos por la justicia. Y luego he visto derrumbarse el apartheid. Nadie puede quitarme esa esperanza y decirme: "¡qué romántico eres, qué idealista!. ¿Crees que alguna vez serás capaz de derrotar al apartheid israelí?". Sí, lo conseguiremos.

Caja negra

Esta entrevista se realizó el 5 de mayo. Fue releída por Omar Barghouti, a petición suya, el 7 de mayo.

Traducción de Miguel López

Una docena de hombres se afanan en desmantelar una modesta construcción en medio de una aldea desierta en las colinas rocosas del extremo sur de la Cisjordania ocupada. Mohammed al-Tel nació y creció con sus seis hermanos y hermanas en esta pequeña casa, con una vista fantástica de los valles dorados circundantes, que están prácticamente vacíos. En una última humillación, este palestino de 21 años se ve ahora obligado a demolerla por miedo a que se instalen en ella colonos israelíes. 

La mayoría de los 250 habitantes de su aldea, Zanuta, ya se han marchado; sólo quedan unos pocos hombres, recogiendo sus pertenencias, con el rostro contrito. Desde el 7 de octubre, todas las miradas están puestas los ataques de Hamás en Israel, en el que murieron 1.400 personas, y en la guerra subsiguiente en Gaza, que ya se ha cobrado más de 9.700 vidas palestinas. Los colonos israelíes armados de los alrededores aprovecharon la ocasión para intensificar sus ataques contra Zanuta, amenazando de muerte a varios residentes.  

"No hay palabras para expresar lo que siento. Ni siquiera sabemos adónde ir", murmura Mohammed al-Tel, disgustado. “Hace unos días, sorprendí a mi tío de 60 años sentado en una piedra frente al valle, llorando. ¿Qué puedo hacer? El padre de mi abuelo vivía aquí. Esta guerra ha fortalecido a los colonos. No pensábamos que tomaría tales proporciones, de lo contrario nos habríamos preparado". 

La aldea, un pequeño grupo de casas de construcción ampliadas con lonas y chapas, lleva mucho tiempo amenazada. Su escuela ya ha sido demolida dos veces. A sus habitantes no se les permite construir allí nuevas estructuras: Zanuta se encuentra en la Zona C, un área que representa el 60% de Cisjordania y que está totalmente bajo control administrativo y de seguridad israelí. 

A esta presión de las autoridades israelíes se suma la de los colonos de tres asentamientos situados alrededor de la aldea palestina, todos ellos ilegales según el derecho internacional. El más reciente, Meitarim, una granja y algunas instalaciones, se construyó sin permiso en 2021 en la colina de enfrente. Las autoridades israelíes hicieron la vista gorda. "Ya no sacábamos el ganado, sólo les dábamos de comer y beber. Vivíamos en una jaula", explica Mohammed al-Tel. Los habitantes, que viven de la agricultura y la ganadería, empezaron a endeudarse para comprar forraje. Pero tenían la intención de quedarse, costara lo que costara. 

Desde el 7 de octubre, las incursiones violentas de los colonos israelíes se han convertido en un hecho casi diario, y los residentes denuncian que han sido golpeados y que han destruido depósitos de agua y paneles solares. A finales de octubre, varios colonos vestidos con uniformes del ejército israelí, entraron en la aldea al atardecer y golpearon al padre de Moaz al-Tel en la cabeza con la culata de su rifle. "Luego le apuntaron a la cara y le dijeron: 'Si no te vas, te matamos'", cuenta su hijo, de 21 años, con cara de cansado, mientras reposa antes de salir a cargar un remolque con unos vecinos. 

"Todos los colonos tienen una M16. Cuando los jóvenes intentan reunirse para defenderse, piden ayuda al ejército", dice Abdelhadi al-Tel, de 26 años. El ataque a una familia el 27 de octubre, sobre la que los colonos arrojaron una granada aturdidora, hizo sonar la alarma. 

Al día siguiente se reunió la comunidad. "Les dije que lo más importante era que resistiéramos y nos quedáramos en nuestra tierra, todos juntos, porque no matarían a cien personas. Entonces uno de los residentes me preguntó: "¿Te harás responsable si matan a mi hijo?", explica Faiz al-Tel, de 45 años, que dirige la comunidad. “Estamos desolados. Los niños están afectados psicológicamente.” La gente de Zanuta está sobre todo sola.  

Faiz al-Tel culpa a la Autoridad Palestina de Ramala, que mantiene su cooperación en materia de seguridad con Israel, y a la falta de firmeza de la comunidad internacional. El ejército israelí no respondió a las preguntas de Mediapart. Los residentes palestinos les acusan de apoyar a los colonos, cuando no les ayudan directamente en sus ataques. 

Desde el 7 de octubre han sido asesinados 154 palestinos en Cisjordania (hasta el mediodía del 6 de noviembre), al menos siete de ellos por los colonos. El 11 de octubre, civiles israelíes atacaron la aldea de Qusra, cerca de Nablús, matando a cuatro palestinos. El 28 de octubre, Bilal Saleh, agricultor de 40 años, fue "asesinado mientras trabajaba en sus olivos", denunció la ONG israelí anti-ocupación B'Tselem. El 30 de octubre, Francia "condenó enérgicamente los ataques de colonos que han provocado la muerte de varios civiles palestinos [...] y la salida forzosa de varias comunidades". 

En menos de un mes, según las cifras recopiladas por B'Tselem, han sido desplazados a la fuerza 874 palestinos, entre ellos 320 menores, como consecuencia de esa violencia, y 13 comunidades, como Zanuta, han sido completamente borradas del mapa. A modo de comparación, en los 21 meses anteriores, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) contabilizó unas 1.105 personas obligadas por los colonos a abandonar sus hogares. Pero el año 2022 se ha caracterizado por un recrudecimiento de los ataques contra palestinos. Después del traslado de la población de la comunidad de Wadi as-Seq el 12 de octubre, la ONG Yesh Din tuiteaba el 18 de octubre: "Con la disculpa de la guerra, Israel está demostrando su deseo de limpiar el Área C de residentes palestinos.”

Ese día, a los palestinos les dieron una hora para evacuar su aldea, situada en las afueras de Ramala, en el centro de la Cisjordania ocupada. Colonos y soldados israelíes detuvieron a tres de ellos, así como a activistas israelíes que habían acudido a apoyarles. Los palestinos declararon al diario israelí Haaretz que habían sido duramente golpeados. A una intentaron violarla. Los agresores también orinaron sobre dos de ellos y les apagaron cigarrillos en el cuerpo. En una foto que circula por las redes sociales se les ve en ropa interior, con los ojos vendados y las manos atadas. El ejército israelí dijo a Haaretz que el comandante de la unidad había sido destituido.  

Desde la primavera de 2022, el ejército israelí está llevando a cabo una sangrienta represión en Cisjordania, tras una serie de atentados en Israel.  Ya han muerto desde principios de año más de 345 palestinos en este territorio ocupado desde 1967. El Estado israelí, mediante demoliciones y confiscaciones de tierras en nombre de objetivos estratégicos, amenaza la presencia palestina en varias zonas de Cisjordania, sobre todo en el sur y en el valle del Jordán. 

como responsable de la administración encargada de los territorios palestinos ocupados, el ministro supremacista judío Bezalel Smotrich avanza activamente en su ambición de anexionarse Cisjordania. Hasta ahora, la ayuda de las ONG internacionales que, como en Zanuta, financian varias infraestructuras, ha servido para frenar ese movimiento, al igual que la obstinación de los palestinos por permanecer en sus tierras, a pesar de las difíciles condiciones de vida. 

Los colonos israelíes son uno de los pilares de esta política israelí. Su violencia se ha intensificado en los últimos años, alentada por la era Trump y la llegada de un Gobierno de extrema derecha a Israel. "La gente puede pensar que son solo unos cientos de colonos agresivos, pero en realidad, el sistema israelí les da una impunidad casi total", señala Yehuda Shaul, uno de los fundadores de la ONG de veteranos israelíes Breaking the Silence. “La estrategia más eficaz que utilizan los colonos desde 1967 para apoderarse de tierras es crear granjas salvajes con una familia o unos pocos jóvenes". 

A través de esos "puestos avanzados", como la granja de Meitarim, frente a Zanuta, los colonos se establecen en zonas remotas de Cisjordania, protegidos por el ejército, y refuerzan su presencia en torno a comunidades beduinas aisladas. Dror Etkes, especialista en asentamientos en Cisjordania, calcula que los colonos habían tomado el control de alrededor del 10% de la zona C ya antes del 7 de octubre. 

Desde el comienzo de la guerra, estos civiles israelíes están aún más armados y, sobre todo, ahora están solos contra los palestinos. El grueso del ejército israelí se ha desplegado masivamente en Gaza y en la frontera norte, con lo que las zonas alrededor de los asentamientos en Cisjordania están bajo la vigilancia de los propios colonos, que son reservistas. "Para ellos, esta es la oportunidad perfecta para organizar traslados forzosos. Todos los ojos están puestos en Gaza y ahora son ellos el ejército", comenta Yehuda Shaul. 

"Ahora no podemos distinguir a los colonos de los soldados. Los mismos colonos que antes eran delincuentes y cuyas acciones a veces eran restringidas por los militares, se han convertido ahora en las autoridades", advierte Nasser Nawajah, activista palestino e investigador de B'Tselem, que nos recibe en su casa de Susya, no lejos de Zanuta. Desde el 16 de octubre, todas las entradas a la aldea están bloqueadas por montones de piedras, arrojadas por un colono vecino con una excavadora. Los residentes han sido golpeados y amenazados para que abandonen sus casas en 24 horas. 

Susya, con una población de unos 300 habitantes, dos tercios de los cuales son niños, ya había sido trasladada por la fuerza en 1986, tras la creación del asentamiento israelí del mismo nombre. Desde 2001, los palestinos intentan regularizar su presencia en el lugar, pero hasta ahora en vano. Algunos activistas israelíes han acudido a prestar su apoyo, con la esperanza de que su presencia tenga un efecto disuasorio. 

“Siempre he sido optimista, pero ahora estoy desesperado", dice Nasser Nawajah, cuyo cuñado resultó herido en el estómago por un disparo de un colono en un pueblo cercano. “La situación actual es muy similar a la Nakba de 1948 [el éxodo forzoso de unos 750.000 palestinos cuando se creó Israel - ndr]. La Nakba fue ejecutada por soldados y milicias paramilitares, igual que hoy.”

Traducción de Miguel López

"No podemos hacer nada, solo apoyar la libertad de Palestina". Así define Jihad, ciudadano palestino y asistente a la manifestación convocada este lunes en Madrid en apoyo a Palestina, la situación que vive su familia. Solo él y sus hijos viven en España, mientras que el resto está en su país. "Mis tíos están sufriendo los ataques". Jihad echa la vista atrás y concluye que "nos llevan matando desde el año 48 y nadie hace nada", mientras acusa a Israel y la Unión Europea de "no ayudar" a sus compatriotas.

Este sábado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el estado de guerra tras el ataque del Movimiento de Resistenica Islámica (Hamás). “Nuestro país está en guerra y la vamos a ganar”, declaró el presidente ultraderechista. Más de un millar de muertos después, los ataques continúan sobre la Franja de Gaza en un conflicto que tiende a parecerse al de 2014, cuando perdieron la vida más de 2.300 palestinos.

Tras estos ataques, varias asociaciones palestinas como Samidoun o Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina organizaron una concentración en Madrid en "solidaridad con Palestina".

“Una masacre y un genocidio contra el pueblo de Palestina”. Así expresa Víctor Taibo lo ocurrido durante los últimos días en Gaza. El miembro de Izquierda Revolucionaria, otra de las organizaciones presentes en la concentración, denuncia la situación “de apartheid y de genocidios” que sufre la población palestina. “Es absolutamente lamentable”, afirma Taibo sobre el anuncio del retiro de ayudas al desarrollo de la UE. “Estados Unidos y la Unión Europea muestran su verdadera cara y es el pueblo palestino el que lo sufre mediante "una ocupación salvaje”.

Manu Pineda, eurodiputado del Grupo de la Izquierda y presidente de la Delegación para las Relaciones con Palestina, cuenta emocionado a infoLibre cómo "el pueblo se manifiesta de manera organizada". Cambia el tono alegre por otro combativo para acusar a Israel de atacar "todos los días en Gaza, Cisjordania y Jerusalén" y denuncia los "excesos" en la incursión de Hamás. "Israel ya ha dicho que les va a cortar el agua, que los va a matar". Pineda compara estos ataques con "el Gueto de Varsovia" y acusa a Israel de matar a "más de 100 niños" en los tres últimos días.

Un grupo de jóvenes marroquíes también ha acudido a la concentración para posicionarse en contra de los bombardeos a Gaza. "Sentimos que es una matanza, solamente venimos a apoyar a nuestros hermanos palestinos", cuenta una joven española pero con orígenes del país africano. Piden el mismo trato para Palestina que para Ucrania y lo único que quieren es "la paz" y dejar la guerra de intereses "tanto económicos como de poder".

La concentración, que ha aglutinado a centenares de personas en la madrileña Puerta del Sol, ha sido replicada también en otras ciudades como Zaragoza o Santiago de Compostela.

La ONG Hengaw ha denunciado este sábado la "detención ilegal" de Amjad Amini, padre de Mahsa Amini, la joven kurda de 22 años que falleció hace justo un año bajo custodia policial después de ser arrestada por no llevar bien puesto el velo, informa Europa Press.

De acuerdo con un comunicado emitido por la organización en su página web, Amjad Amini ha sido arrestado por la Guardia Revolucionaria de Irán nada más salir de su casa, y ha sido trasladado a "un lugar desconocido".

A pesar de que las autoridades iraníes habían advertido a la familia de que no celebraran el aniversario de la muerte de su hija, los Amini anunciaron que "como cualquier familia en duelo", acudirían a la tumba de Mahsa.

Según la organización, el ambiente en la ciudad de Saqqez, y en los alrededores del domicilio de la familia Amini y las calles que conducen hacia la tumba de Mahsa, está "altamente militarizada" con las fuerzas de seguridad desplegadas y armadas en la localidad.

La muerte de Amini desató una oleada de movilizaciones bajo el lema 'Mujer, Vida, Libertad' y encabezadas principalmente por mujeres, que tuvo su epicentro en Teherán pero se extendió a otros puntos del país. La llegada a la Presidencia en 2021 del ultraconservador Ebrahim Raisi derivó en una mayor severidad en lo relativo al respeto de este tipo de restricciones. Esto ha incrementado el descontento popular, que se suma a las crecientes críticas a las autoridades por las restricciones a los derechos civiles de mujeres, opositores, activistas y periodistas, así como por el ahondamiento de la crisis económica.

En respuesta, las autoridades recurrieron a una brutal represión que dejó más de 500 muertos, según organizaciones no gubernamentales, y que derivó en la apertura de miles de procesos contra participantes en las mismas, incluidas condenas a muerte y ejecuciones.

La amplitud de las protestas y las reclamaciones sociales, así como las condenas por parte de la comunidad internacional, llevaron a Irán a anunciar en un primer momento la retirada de las calles de la 'Policía de la moral'. El Gobierno de Irán ha eximido en todo momento de responsabilidad a los agentes implicados en la detención de Amini y ha apuntado a potencias extranjeras e "infiltrados" como responsables de las protestas. El propio Raisi ha descrito esta semana la muerte de Amini como "un incidente" y ha defendido la actuación de las autoridades.

Por su parte, el Parlamento iraní está estudiando un proyecto de ley para ampliar los castigos contra mujeres y niñas que no usen el velo en espacios públicos, un texto que ha llevado a relatores de Naciones Unidas a hablar de un "apartheid de género". Así, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha mostrado esta semana su "grave preocupación" por el proyecto y ha dicho que incluye también "prohibiciones de viaje y la retirada al acceso a servicios sociales", así como el uso de tecnología de vigilancia para analizar la vestimenta y comportamiento de las iraníes.

También, Amnistía Internacional ha denunciado que las autoridades iraníes han cometido durante el último año "un sinfín de crímenes para erradicar cualquier desafío a su férreo control del poder", incluidos homicidios, ejecuciones arbitrarias, torturas, acoso a familiares de las víctimas y represalias contra mujeres y niñas que cuestionan el uso del velo.

A pocas horas de que el Tribunal Supremo examine las peticiones contra la primera parte de la reforma judicial que otorgaría al primer ministro israelí poderes excesivos y sin control, se acumulan los obstáculos en el camino hacia el régimen iliberal soñado por Benjamin Netanyahu y sus aliados.

De hecho, Israel podría encontrarse ante una crisis constitucional histórica en cuestión de semanas, o incluso días, y los miembros de su función pública ante una elección crucial y sin precedentes: ¿deben obedecer una ley, rechazada por la mayoría de la población, que iniciaría un cambio en la naturaleza del régimen? ¿O deben obedecer al Tribunal Supremo si declara nula la reforma del gobierno?

Tras ocho meses de movilización, no se ha debilitado la revuelta de la sociedad civil que ha sacado a la calle a millones de opositores –prácticamente uno de cada dos israelíes–, hostiles a una evolución inspirada en el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

Pero Netanyahu y sus aliados "fascistas racistas", como los acaba de definir el ex director del Mossad Tamir Pardo, ya no parecen capaces de contener la reciente expansión y evolución del movimiento popular contra la reforma. Los organizadores de las manifestaciones ya no se limitan a denunciar los peligros que amenazan a la "democracia" israelí tal y como ha funcionado desde la creación del Estado en 1948.

Siguen proclamando su apego a los valores democráticos, pero también se preguntan a sí mismos y a sus compatriotas sobre la naturaleza verdaderamente democrática de un Estado que lleva medio siglo ocupando y colonizando la tierra de otro pueblo y que ha decidido, por voluntad propia, convertirse en un Estado de apartheid. ¿Podemos servir a un Estado así? Esa es la pregunta que se hacen hoy.

El ejemplo viene de lo más alto, del corazón mismo del sistema institucional de Israel. A principios de mes, Gali Baharav-Miara, la fiscal general del Estado de Israel, anunció al primer ministro que apoyaba las peticiones de invalidación de la ley de reforma de la justicia, cuya decisiva primera parte fue adoptada en tercera lectura por la Knesset en julio.

Las peticiones deben ser examinadas a partir del martes 12 de septiembre por los quince jueces del Tribunal Supremo –que excepcionalmente se reunirán por primera vez en la historia de Israel– y Gali Baharav-Miara, a quien el ministro (Likud) de Cooperación Regional, David Amsalem, denunció hace unas semanas como "la persona más peligrosa de Israel", considera que esta ley "privaría al público de un medio crucial de defenderse contra el ejercicio arbitrario del poder" y asestaría "un golpe fatal a los cimientos del sistema democrático". Por ello, concluye, "no queda más remedio que declarar nulo este proyecto de ley".

Dada la postura hostil adoptada por la fiscal general, será un abogado privado quien defienda el texto del gobierno ante el Tribunal Supremo. Una situación bastante extravagante.

Otro aspecto desconcertante de esta crisis, cuyo desenlace nadie puede prever todavía, es la postura radicalmente hostil adoptada por Tamir Pardo, director del Mossad entre 2011 y 2016, en su columna de principios de agosto en Yediot Aharonot. Conocido por haber definido en junio de 2018 al Mossad como "una organización criminal con licencia", Pardo, que fue nombrado jefe de los servicios de inteligencia israelíes por Netanyahu, desde que dejó la dirección del Mossad nunca ha ocultado sus reservas sobre el carácter irracional, por no decir aventurero, del primer ministro. 

Ahora sabemos que Pardo, en 2011, con el apoyo del entonces jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, desafió la decisión de Netanyahu de lanzar un ataque contra Irán, que consideraba ilegal porque no había sido aprobado ni por el Gobierno ni por el gabinete de seguridad. El primer ministro amenazó inicialmente con dimitir y acabó abandonando su plan.

Tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, un preocupado Pardo movilizó a varios de sus predecesores para tratar de convencer a Netanyahu de que estaba cometiendo un error al aconsejar al presidente americano que retirara a su país del acuerdo nuclear con Irán.

La semana pasada, con el aval de los "Comandantes por la Seguridad de Israel" (CIS), organismo que reúne a más de 540 altos oficiales superiores y directores de los servicios de seguridad, Pardo publicó un artículo en el que afirmaba que "Israel se acerca cada día un poco más al fin del sueño sionista". "Mesiánicos y fascistas, dice, han unido a Netanyahu a un bloque ultraortodoxo, ultranacionalista y antisionista y han transformado su partido de derechas, democrático, en una formación racista, ultraortodoxa y autoritaria".

"Los racistas fascistas ahora en el poder anhelan el estallido de un conflicto apocalíptico en el que los judíos habrán derrotado a todos los demás, los habrán expulsado, los habrán matado si se resisten o los habrán obligado a vivir permanentemente con un estatus inferior", añadió.

Por si no hubiera sido escuchado, este espía retirado insistió en el tema un mes después en una entrevista con Associated Press. "Aquí hay un Estado de apartheid", insistió. “La cuestión de los palestinos", añadió Pardo, "es una de las más acuciantes para Israel en la actualidad". Más que el programa nuclear iraní. Cuando yo dirigía el Mossad, le decía a Netanyahu que tenía que decidir cuáles eran los límites de Israel. Porque un país que no tiene límites no tiene fronteras. Y si el Estado de los judíos no tiene fronteras, se arriesga a la destrucción.”

La perspectiva de Tamir Pardo, cruel, vertiginosa y creíble, porque se basa en realidades indiscutibles, es especialmente contundente con Netanyahu y su coalición ya que es difícil acusar a su autor de islamo-izquierdista o de antisemita. También coincide con el análisis expuesto por unos 2.300 firmantes –profesores, intelectuales, artistas, rabinos, israelíes y amigos de Israel– en la petición que acaban de enviar a los miembros y dirigentes de las organizaciones de la comunidad judía de Estados Unidos.

Bajo el título "El elefante en la habitación", los autores del texto señalan que "existe un vínculo directo, en Israel, entre los recientes ataques a la justicia y la ocupación ilegal de millones de palestinos (...) que se ven privados de casi todos los derechos fundamentales, incluidos los de votar y protestar. Y que se enfrentan a una violencia constante: sólo este año, las fuerzas israelíes han matado a más de 190 palestinos en Cisjordania y Gaza y han demolido más de 590 edificios. Los colonos queman, saquean y matan con total impunidad". "Sin igualdad de derechos para todos, ya sea en un Estado, en dos o en cualquier otro marco político, existe el peligro de una dictadura", escriben los firmantes.

Guiados claramente por el mismo análisis de la situación y decididos a abrir los ojos de sus compatriotas a la presencia "en la habitación" de un elefante llamado "ocupación", los líderes de la revuelta popular no dudaron, hace unas semanas, en organizar por primera vez manifestaciones en los mismos territorios ocupados. Una cerca de la casa del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ex delincuente y líder del partido ultranacionalista y racista Poder Judío, en el asentamiento de Kiryat Arba, cerca de Hebrón. La otra en el asentamiento de Kedumim, cerca de Nablus, junto a la casa del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso.

Smotrich, ferviente militante del supremacismo judío, a quien le gusta definirse como un "fascista homófobo", exigió y obtuvo de Netanyahu, además de su cartera de Finanzas, el título de "ministro en el Ministerio de Defensa", que le da plena autoridad sobre los asentamientos y la vida cotidiana de los palestinos en Cisjordania.

 Al llegar a Kiryat Arba, los manifestantes fueron guiados por la policía y la milicia personal de Ben Gvir hacia el jardín de Kahane, que lleva el nombre del difunto fundador del partido racista Kach, que propugnaba la "limpieza étnica" de los palestinos, lo que había llevado a su prohibición por el Tribunal Supremo. Se dieron cuenta de que el jardín de Kahane estaba junto a la tumba, custodiada por la policía, de Baruch Goldstein, el colono que en 1994 masacró con un fusil de asalto a veintinueve fieles palestinos durante la oración en la Tumba de los Patriarcas.

"Para muchos de los manifestantes fue una sorpresa, y también una vergüenza, descubrir cómo habían podido dar el nombre de Kahane a un jardín y que la tumba de Goldstein se había convertido en un lugar de peregrinación", señalaba Haaretz, cuya editorial dedicada a la manifestación titulaba: "Los centristas israelíes han descubierto el jardín de Kahane. Más vale tarde que nunca".

¿Qué parte de esto se debió a la "vergüenza de los centristas" o a la nueva lucidez de los votantes tradicionales de "Bibi", por fin decididos a "sacar la cabeza del agujero", como esperaba hace unas semanas Yael Lotan, del movimiento de militares Breaking the silence? Es demasiado pronto para saberlo. Lo que ya está claro, sin embargo, es que la popularidad de Netanyahu está cayendo en picado. Algo que este "adicto a las encuestas", en palabras de un antiguo ayudante, no puede ignorar.

Según un sondeo del diario Maariv publicado a finales de agosto, en caso de elecciones, la actual coalición de derecha-ultraderecha-religiosa-colonial no obtendría la mayoría, sino sólo 54 de los 120 diputados (frente a los 64 actuales), y la oposición contaría con 57 diputados (frente a 46) a los que podrían añadirse 11 diputados árabes. Otro sondeo del Channel 3 de televisión muestra que el 56% de los israelíes teme una "guerra interna", mientras que otro muestra que un tercio de los israelíes se plantea abandonar el país.

Al parecer muchos inversores ya lo han hecho. Un informe del Ministerio de Finanzas reveló la semana pasada que el volumen de inversión extranjera cayó un 60% (respecto a 2022) en el primer trimestre.

Netanyahu, acostumbrado, en momentos de tensión, a evocar su pasado como miembro de una unidad de élite o la muerte de su hermano en el asalto de Entebbe, corre ahora el riesgo de verse decepcionado si espera el apoyo del ejército. Un ejército al que más de doscientos estudiantes de bachiller se negarán a alistarse si se hace más patente la amenaza de dictadura y continúa la ocupación de Cisjordania, como han anunciado en una carta abierta.

Los militares, tanto en activo como en la reserva, que han dado un apoyo espectacular al movimiento de la sociedad civil desde el principio, no se han tomado bien las críticas de la extrema derecha, que les ha acusado de privilegiados. Y también se tomaron muy mal los rumores de destitución del Jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, considerado demasiado tolerante con la indisciplina de sus tropas.

Sin llegar a sugerir un golpe de Estado para salvar la democracia, algunos coroneles y generales no ocultan que han leído o releído recientemente The Democratic Coup d'État (El golpe de Estado democrático), publicado en 2017 por Oxford University Press. El libro contiene un análisis detallado del escenario de la Revolución de los Claveles que puso fin pacíficamente a la dictadura portuguesa en 1974. 

Otros, como el ex general Amiram Levin, que fue jefe del Mando Norte del ejército israelí, se hacen eco de las acusaciones de los opositores más radicales a la ocupación, argumentando que "nunca ha habido democracia en Cisjordania desde hace cincuenta y siete años. Existe un apartheid total". Obligado a ejercer su soberanía, el ejército se está pudriendo en su interior al quedarse de brazos cruzados viendo lo que hacen los colonos amotinados. Se está convirtiendo en cómplice de crímenes de guerra".

Gil Regev, veterano de la guerra del Yom Kippur, hace medio siglo, que cuando tenía 22 años derribó dos aviones enemigos a los mandos de su F-4 Phantom del escuadrón 201, y perdió a siete de sus compañeros, mientras que catorce fueron hechos prisioneros, cree hoy que en Israel, "sin fuerza aérea, no hay ejército. Todo depende de los reservistas, que son civiles. No se pueden imponer misiones de combate a la gente", explica.

“Una misión de combate se basa en el voluntariado, en un contrato no escrito", prosigue”. Lo que significa que los voluntarios no tienen que obedecer a un Estado mesiánico y corrupto; no tienen por qué obedecer a exconvictos o a personas encausadas como hay en este Gobierno. Si el plan del gobierno sigue adelante, el país se convertirá en una dictadura. Por lo tanto, propongo que el jefe del Estado Mayor del ejército, el director del Mossad y el director del Shin Bet vayan juntos a ver al primer ministro para explicarle que su plan puede llegar a provocar la desintegración del ejército. Y decirle: basta ya. Eso requiere más valor que estar en el campo de batalla. Mucho más. Pero pasarán a la historia.”

Traducción de Miguel López

Un grupo de relatores de Naciones Unidas han tildado de "apartheid de género" el nuevo borrador de ley que revisa el Parlamento de Irán para ampliar los castigos contra mujeres y niñas que no usen el velo en espacios públicos, en un endurecimiento de las medidas a raíz de las protestas desatadas en septiembre de 2022 tras la muerte bajo custodia de una mujer detenida por supuestamente llevar mal puesto el 'hiyab', informa Europa Press.

"El borrador puede ser descrito como un tipo de apartheid de género, ya que las autoridades parecen estar gobernando a través de una discriminación sistemática con la intención de forzar a las mujeres y niñas a una sumisión total", han denunciado los relatores en relación con el Proyecto de Ley para Apoyar a la Familia Promoviendo la Cultura de la Castidad y el Hiyab.

Así, han subrayado que "el borrador de ley impone duros castigos a mujeres y niñas por no cumplir (el uso del velo), lo que podría llevar a una aplicación violenta (de la medida)". "El proyecto viola además derechos fundamentales, incluidos los de participación en la vida cultural, la prohibición de la discriminación de género, la libertad de opinión y expresión, el derecho a protesta pacífica, el derecho a acceder a servicios sociales, educativos y sanitarios y la libertad de movimiento", han añadido.

"La cultura se forma y evoluciona con la participación de todos", han reseñado, al tiempo que han sostenido que las autoridades buscan autorizar a las instituciones a denegar servicios públicos y oportunidades a las personas que no cumplan con esta ley a través de la vinculación de la "desnudez, falta de castidad, ausencia de hiyab y actos contra la decencia pública" con "alteraciones de la paz".

En este sentido, han hecho hincapié en que "el convertir en un arma la 'moral pública' para denegar a mujeres y niñas su libertad de expresión es algo que desempodera y que reforzará y expandirá la discriminación de género y la marginación, con consecuencias negativas más amplias para los niños y la sociedad en su conjunto".

Los relatores han señalado además a la aplicación desde principios de julio de un nuevo sistema de castigos en relación con el uso del velo, acompañado del redespliegue de agentes de la 'Policía de la moral' tras meses de retirada por las protestas a raíz de la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini.

"Los castigos incluyen la privación de una serie de derechos básicos, sociales y económicos, que afectan de forma desproporcionada a mujeres económicamente marginadas", han explicado los relatores, que han vuelto a reclamar a las autoridades que "reconsideren la legislación sobre la obligatoriedad del 'hiyab', en línea con el Derecho Humanitario, y que garanticen el disfrute total de los Derechos Humanos por parte de las mujeres y niñas en Irán".

Los firmantes son el relator especial sobre la situación de los Derechos Humanos en Irán, Javaid Rehman, sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan; y derechos culturales, Alexandra Xanthaki; además de Dorothy Estrada Tanck, Elizabeth Broderick, Ivana Radacic, Meskerem Geset Techane y Melissa Upreti, del grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas.

Eran casi las 11 de la mañana del sábado 28 de enero. En el barrio palestino de Silwan, en Jerusalén Este, cinco israelíes se dirigen hacia el Muro de las Lamentaciones en Shabbat. Un palestino de 13 años, Muhammad Aliwat, residente en esta parte de la ciudad ocupada y anexionada por Israel desde 1967, les tiende una emboscada. Tiene un arma.

Suenan disparos. Dos colonos israelíes se desploman, heridos: un padre de 47 años y su hijo de 23. Otro colono, armado, respondió disparando al agresor, que cayó, también herido. Pocos minutos después, apareció la policía israelí. Las callejuelas de Silwan fueron completamente acordonadas, los dos heridos fueron trasladados a un hospital de la ciudad y el agresor fue rodeado y detenido.

Se trata del segundo tiroteo en Jerusalén Este menos de 24 horas después de un atentado mortal en el que murieron siete personas y tres resultaron heridas la noche anterior, el peor cometido contra israelíes desde 2008. Unas horas más tarde, el ambiente sigue siendo tenso en Silwan, el barrio superpoblado de la parte oriental de la ciudad, con una fantástica vista de la cúpula negra de la mezquita de Al Aqsa.

Hay rastros de sangre en el suelo y agujeros de bala en un Toyota gris. Las etiquetas muestran que la policía israelí ha estado allí y su nivel de alerta se ha elevado al máximo. "Esto es aterrador, sencillamente aterrador. ¡Dos tiroteos en un fin de semana! Puedes salir de casa y que te disparen", dice toda alarmada una joven israelí.

En este barrio de callejuelas empinadas viven cerca de 60.000 palestinos –muchos de ellos con miedo a ser desplazados–  rodeados por más de 500 colonos. Los colonos están comprando las casas una a una, legalmente, ayudados por pudientes organizaciones religiosas y extremistas que utilizan testaferros. Luego viven atrincherados, con una bandera israelí en el tejado, en medio de casas palestinas, lo que crea tensiones inevitables. Son frecuentes las incursiones policiales, al igual que las detenciones, las demoliciones de viviendas y los avisos de desahucio.

A pocos kilómetros, al otro lado de la Ciudad Vieja, en Neve Yaacov, un asentamiento israelí de Jerusalén Este, donde se produjo el tiroteo mortal del viernes por la noche, Yocha Israel, una mujer de unos sesenta años, relata lo que presenció aquella noche. Eran las 20.00 horas cuando un palestino aparcó su coche y apuntó con su arma a los fieles que salían de la sinagoga tras las oraciones vespertinas.

“Ese viernes vi atrocidades", afirmó. Vi al asaltante disparar a algunos de mis amigos en la cabeza. También intentó disparar a mi marido, pero por suerte está bien.” El agresor, Khairy Alqam, de 21 años, fue abatido por la policía. Dos días después del ataque, Yocha dice tener miedo y no sentirse segura en ningún sitio. "Todos me parecen sospechosos", dice. 

Esa misma noche hubo una mezcla de sirenas de las ambulancias y de la policía con un concierto de bocinas, petardos y fuegos artificiales. Los palestinos de Jerusalén Este celebraban el atentado, al igual que en el resto de Cisjordania y la Franja de Gaza. "Me deprime ver que nuestra sociedad está tan herida y rota que podemos celebrar la muerte de esta manera", dijo una joven palestina de Jerusalén. "Pero, ¿qué se puede esperar de un adolescente que ha vivido toda su vida bajo la ocupación? ¿Que traiga flores?", dice otro palestino de 35 años. “Por desgracia, somos nosotros quienes pagaremos el precio. La única forma de detener esto es acabar con el apartheid en el que vivimos.”

Unos días antes, el ejército israelí mató a nueve palestinos e hirió a una veintena en una incursión en el campo de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania, la más sangrienta en dos décadas. Según el ejército, la operación tenía como principal objetivo detener a combatientes palestinos de la Yihad Islámica, sospechosos de planear "atentados terroristas inminentes en Israel", según el ministro de Defensa Yoav Gallant.

"Había disparos en todas direcciones, los soldados disparaban a todo lo que se movía, fue una auténtica carnicería", dijo un residente de Yenín, en el funeral de cuatro de los "mártires" unas horas después. Las víctimas de aquel día eran combatientes armados, pero también una madre, Majda Obeid, abatida por dos disparos – "uno en el cuello, otro cerca del corazón", según su hijo – cuando observaba los combates demasiado cerca de su ventana. “Mientras Israel siga con esta política, nadie conocerá la paz, la seguridad y la estabilidad", afirma Mohammad Sabbagh, presidente del comité popular del campo de refugiados de Yenín. “Ni los palestinos ni los israelíes.”

Hay que decir que, desde hace un año, Israel ha venido reprimiendo masivamente una insurrección incipiente. Todo se aceleró la pasada primavera, tras una oleada de atentados en los que murieron dieciocho personas en territorio israelí. El ejército lanzó una vasta operación para "eliminar" una nueva forma de resistencia armada, más joven, al margen de los partidos tradicionales y concentrada principalmente en el norte de Cisjordania, en la vieja ciudad de Naplusa o en Yenín y sus aldeas circundantes.

Cada nueva incursión es recibida con disparos de combatientes palestinos armados y las operaciones siguen intensificándose. Al mismo tiempo, la falta de perspectiva política en estas partes del territorio palestino no ayuda: la Autoridad Palestina, debilitada y completamente desacreditada, ha perdido el control desde hace años y parece desbordada por la situación. Según Naciones Unidas, 2022 fue el año más mortífero para los palestinos de Cisjordania desde el final de la segunda Intifada (2000-2005), y no parece que 2023 vaya a invertir la tendencia, con treinta muertos en un mes.

“Pero esto no nos pilla de sorpresa", afirma Daniel Seidmann, abogado israelí del movimiento anticolonización Terrestrial Jerusalem, especialista de la zona. “Esta ola de terror no se detendrá fácilmente: cada uno de los terroristas tenía una historia. El de Neve Yaacov dijo que a su abuelo lo mató un israelí; el de Silwan, de 13 años, creció en este barrio bajo un régimen colonial hostil. Esta oleada se resolverá por una de estas dos vías: o por un auténtico proceso político –que por el momento no tiene ninguna posibilidad de surgir– o por un estallido de violencia. 

Con Jerusalén al borde del abismo y el pueblo israelí de luto, es mucho lo que está en juego para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Menos de un mes después de su investidura, tendrá que controlar su nueva coalición. Tiene experiencia en este tipo de crisis y sabe que la calma no viene con más represión, pero esta vez el contexto ha cambiado.

Enfrentado a una oposición creciente y a manifestaciones que reúnen a decenas de miles de israelíes en Tel Aviv cada sábado por la noche, el apodado Bibi parece depender cada vez más de sus aliados de extrema derecha, a los que ha asignado los más altos cargos de seguridad. Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Pública, ya está pidiendo que se facilite a los civiles el porte de armas: "Quiero que los israelíes puedan defenderse. En Silwan hemos visto que eso ha podido salvar vidas", afirmó.

En un primer momento, Benjamin Netanyahu instó "a la gente a no tomarse la justicia por su mano". Pero al día siguiente, al término de una reunión de gabinete, prometió "una respuesta firme y adecuada, con calma y determinación", aprobando nuevas medidas: la ampliación de los permisos de tenencia de armas, la revocación de los derechos de seguridad social de "familiares de terroristas que apoyan el terrorismo" y el tapiado inmediato de su casa antes previo a su demolición.

Para Israel se trata de un "efecto disuasorio"; para los palestinos es un "castigo colectivo y venganza gubernamental", que sólo lo ven como una forma de castigar a las familias que a continuación se ven en la calle. El lunes 30 de enero se debate en el Consejo de Ministros otro proyecto de ley destinado a retirar la nacionalidad o la tarjeta de residencia a esas familias, lo que permitiría expulsarlas. 

Desde Washington a París, se han multiplicado los llamamientos a la calma desde las capitales extranjeras, pero aquí resuenan en el vacío. Se espera que Antony Blinken, Secretario de Estado americano, viaje a Jerusalén y Ramala a principios de esta semana para debatir medidas de desescalada, un viaje previsto desde hace tiempo, pero cuyo alcance también parece limitado.

Traducción de Miguel López

La violencia, a veces excesiva e indecente, del reciente debate en la Asamblea Nacional francesa sobre una propuesta de resolución "que condena la institucionalización por parte de Israel de un régimen de apartheid contra el pueblo palestino" (véase nuestro artículo) exige, me parece, volver a la realidad de la situación sobre el terreno. Al parecer, todo ocurrió en el Parlamento como si se tratara de juzgar si el término "apartheid" era adecuado para definir el tipo de régimen impuesto por Israel a los palestinos de Cisjordania, la Franja de Gaza e Israel. O si el uso de esa palabra era una caricatura retórica, una anticipación polémica, un término militante, una alucinación ideológica, o incluso un antisemitismo declarado. 

El problema, por desgracia, es que ya no estamos en esa pantalla. Israel es responsable, dentro de sus fronteras y en los territorios palestinos ocupados, del crimen de apartheid. Eso es un hecho claramente establecido. Tan indiscutible como la continua ocupación militar y la expansión de los asentamientos en Cisjordania. Tan indiscutible como la estrategia del statu quo basada en el uso impune de la fuerza militar cada vez que el otro bando viola la regla no escrita del silencio de las armas. Como acabamos de ver, una vez más, en Gaza, donde tras la muerte de un comandante de la Yihad Islámica, el viernes 5 de agosto, por un ataque selectivo, el ejército israelí respondió al fuego de represalia del movimiento islamista con bombardeos que causaron la muerte de muchos palestinos. 

El apartheid, después de haber sido la ideología de un régimen establecido en un lugar concreto —Sudáfrica— en un momento concreto del siglo XX, ha sido considerado oficialmente desde 1976 como una violación del derecho internacional constitutiva de un crimen contra la humanidad, condenado y castigado como tal. Aunque su nombre está históricamente vinculado al régimen racista sudafricano, ahora es un concepto jurídico independiente, con identidad y vida propias, que puede existir sin estar necesariamente basado en una ideología racista. Para el derecho internacional, existen de hecho dos definiciones de apartheid en la actualidad. 

La de la Convención Internacional de las Naciones Unidas, que se adoptó en noviembre de 1973 y entró en vigor en julio de 1976. Y la del Estatuto de Roma, que entró en vigor en julio de 2002, por el que se creó el Tribunal Penal Internacional y que considera el apartheid como uno de los diez crímenes de lesa humanidad bajo su jurisdicción. Los dos textos difieren en algunos aspectos, pero comparten una base común: el delito de apartheid se define como "los actos inhumanos cometidos en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y de dominación de un grupo racial sobre cualquiera o todos los demás grupos raciales, y con la intención de mantener ese régimen". Más detallada que el Estatuto de Roma, la Convención de la ONU enumera nueve "actos inhumanos" que caracterizan el delito de apartheid. Estos actos inhumanos incluyen "la adopción de medidas legislativas o de otro tipo destinadas a impedir que un grupo o grupos raciales participen en la vida política, social, económica y cultural del país y la creación deliberada de condiciones que impidan el pleno desarrollo del grupo o grupos en cuestión, en particular, privando a los miembros de un grupo o grupos raciales de los derechos humanos y libertades fundamentales, como el derecho al trabajo, el derecho a formar sindicatos reconocidos, el derecho a la educación, el derecho a salir de su país y a regresar a él, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y de residencia, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas.” 

Sobre la base de estas dos definiciones, el abogado Michael Sfard y cinco juristas de renombre, entre ellos un ex fiscal general del Estado, examinaron en base al derecho internacional, en la primavera de 2020, el estatuto cívico y jurídico y la vida cotidiana de los palestinos para la ONG israelí Yesh Din ("Hay justicia"). Su respuesta fue clara: "En Cisjordania  se perpetra el crimen contra la humanidad del apartheid. Los autores del crimen son israelíes y las víctimas son palestinas". 

No era la primera vez que se acusaba al gobierno israelí. Desde que en 2002 se inició la construcción del muro, que serpentea más de 700 km por Cisjordania, se viene  acusando a los dirigentes israelíes de establecer un régimen de apartheid. Ya en 2005, el politólogo israelí Menachem Klein denunció el plan del gobierno de imponer una mayoría judía en Jerusalén gracias al muro. Llamó a esta estrategia "Spartheid": ¡apartheid conseguido con medios espartanos! 

En enero de 2021, B'Tselem, el centro de información israelí para los derechos humanos en los territorios ocupados, declaró en un informe que "un régimen que utiliza leyes, prácticas y violencia organizada para cimentar la supremacía de un grupo sobre otro es un régimen de apartheid. El apartheid israelí que promueve la supremacía judía sobre los palestinos no surgió en un día, ni de un solo discurso. Se trata de un proceso que se ha ido institucionalizando y explicitando, con mecanismos introducidos a lo largo del tiempo en la ley y en la práctica para promover la supremacía judía. Estas medidas acumuladas, su omnipresencia en la legislación y en la práctica política, y el apoyo público y judicial que reciben, constituyen la base de nuestra conclusión: se ha alcanzado el listón para calificar al régimen israelí de apartheid.” 

Cuatro meses después, en un informe de 213 páginas, Human Rights Watch concluyó que "los elementos constitutivos de los crímenes contra la humanidad del apartheid se encuentran en el territorio palestino ocupado, como parte de una única política del gobierno israelí. Esta política consiste en mantener la dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos en todo Israel y en los territorios ocupados. Se acompaña, en el territorio ocupado, de una opresión sistemática y de actos inhumanos contra los palestinos que allí viven”. 

En febrero de 2022, Amnistía Internacional apoyó estas acusaciones demostrando, en un estudio de 30 páginas, que "casi toda la administración civil y militar, así como las instituciones gubernamentales y pseudo gubernamentales [israelíes] participan en la aplicación del sistema de apartheid contra la población palestina en Israel y los territorios palestinos ocupados". Y el pasado mes de marzo, el jurista canadiense Michael Lynk, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, respaldó esta acusación de la ONU al presentar un informe de 19 páginas al Consejo de Derechos Humanos en el que concluía que la situación en los territorios palestinos "se parece al apartheid". "El sistema político de gobierno arraigado en el territorio palestino ocupado, que confiere derechos, ventajas y privilegios sustanciales a un grupo racial, nacional y étnico, mientras somete intencionadamente a otro grupo a vivir detrás de muros, puestos de control y bajo un dominio militar permanente (...) cumple los criterios para demostrar la existencia del apartheid", dijo. 

Todas estas acusaciones, hay que decirlo, se basan en un hecho importante y determinante: la votación por parte de la Knesset (parlamento israelí), en julio de 2018, por iniciativa de Benjamin Netanyahu, de una "ley fundamental", de valor prácticamente constitucional, que cambia la definición del Estado adoptada en 1948 por Ben Gourion y los pioneros en la Declaración de Independencia. Según este nuevo texto, Israel ya no es un Estado judío que "asegurará la completa igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus ciudadanos, independientemente de su credo, raza o sexo, y garantizará la plena libertad de conciencia, culto, educación y cultura", sino "el Estado-nación del pueblo judío*". El cambio es crucial. 

Porque el primer artículo del nuevo texto especifica que "el derecho a ejercer la autodeterminación nacional dentro del Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío". "Esta ley", señala B'Tselem, "establece que distinguir a los judíos en Israel (y en todo el mundo) de los no judíos es fundamental y legítimo. Señala a todas las instituciones estatales no sólo que pueden, sino que deben, promover la supremacía judía en toda la región bajo control israelí”. La votación de este texto llevó a Avraham Burg, exdiputado laborista, expresidente de la Knesset y presidente de la Agencia Judía, a pedir al Tribunal de Distrito de Jerusalén que borrara su inscripción como judío en el registro de población del Ministerio del Interior. 

Burg, hijo de un fundador del Partido Nacional Religioso, antiguo oficial paracaidista, heredero de esa "aristocracia sionista" que gobierna el país casi desde su creación, explicaba a Mediapart, en enero de 2021 (lea nuestra entrevista aquí), las razones de su decisión. "Lo que ahora define ya a Israel es sólo el monopolio judío. Sin el equilibrio constitucional de derechos y libertades. Según esta ley, un ciudadano de Israel que no sea judío está sometido a un estatus inferior, comparable al que se asignó a los judíos durante generaciones. Lo que era aborrecible para nosotros, lo estamos infligiendo ahora a nuestros ciudadanos no judíos. Esta legislación es, de hecho, una nueva definición de las relaciones entre mayorías y minorías en Israel. También es un cambio en mi definición existencial. En mi identidad. En estas condiciones, mi conciencia me prohíbe ahora pertenecer a la nacionalidad judía, ser clasificado como miembro de esta nación, lo que implicaría para mí pertenecer al grupo de los amos. Un estatus que rechazo”. 

Por supuesto, no se puede pedir a un propagandista de Netanyahu como el diputado francés Meyer Habib o el ministro Eric Dupond-Moretti, que se hicieron oír durante el debate parlamentario, que entiendan —y mucho menos compartan— esta opinión. O que renuncien al chantaje de antisemitismo a quienes critican o denuncian la política del Estado de Israel. Aunque este chantaje sea la peor manera de luchar contra el verdadero antisemitismo. 

Este despreciable proceso ha sido el arma de disuasión masiva de la derecha israelí y sus fanáticos en el extranjero durante años. Pero uno esperaría que aquellos que se definen como amigos de Israel y que están apegados a la existencia del Estado judío fueran lo suficientemente lúcidos como para constatar y denunciar sus errores, faltas y crímenes. Y las responsabilidades de sus representantes y dirigentes elegidos como primer paso hacia la necesaria transformación de Israel en un país como cualquier otro. Criticable. Y condenable. 

¿Cómo se puede, se pregunta el diario Haaretz, condenar la invasión militar rusa de un país vecino, Ucrania, en violación del derecho internacional, sin compararla con la ocupación militar israelí, en violación del mismo derecho internacional, de territorios palestinos? ¿Cómo puede la mayoría de los israelíes aceptar sin indignarse que a un diputado "árabe israelí", es decir, palestino de Israel, que denuncia el robo de la tierra de su pueblo, le responda un dirigente de derechas y futuro primer ministro —Naftalí Bennett—: "Vosotros, los árabes, seguíais trepando a los árboles cuando ya existía un Estado judío"? 

¿Y cómo se puede aceptar la total impunidad del ejército cuando sirve ciegamente a los colonos, abre fuego como si fuera un ejercicio contra civiles palestinos o mata a la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh con una bala de francotirador en la cara, a pesar de que estaba identificada por la inscripción "Prensa" en su chaleco antibalas? ¿Y además intentando afirmar que fue víctima de un disparo palestino? 

Tal vez haya llegado el momento de que Francia y Europa hagan comprender al régimen israelí que, respetando su historia y su pueblo, sus amigos no pueden seguir aceptando su obstinada negativa a negociar, la continuación de su ocupación militar, la intensificación de su colonización y su recurso sistemático a la violencia armada para preservar el statu quo en el que se ha instalado. 

La crisis ucraniana demuestra que no faltan herramientas para presionar a un país que viola el derecho internacional. ¿Pero quién se atreve a señalar que Israel lo hace todos los días?

* Existe la leyenda de que la Declaración de Independencia firmada el 14 de mayo de 1948 y leída el 15 de mayo por David Ben Gurion definió el Estado de Israel como "judío y democrático". En realidad, el adjetivo "democrático" no aparece en el texto de la Declaración. Se indica que el Estado "desarrollará el país en beneficio de todos sus habitantes" y "se fundará en los principios de libertad, justicia y paz enseñados por los profetas de Israel". También se afirma que "respetará los principios de la Carta de las Naciones Unidas".

Aquí puedes leer el artículo original en francés:

El arzobispo emérito de Sudáfrica y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, uno de los grandes símbolos de la lucha contra el apartheid, ha fallecido este domingo a los 90 años de edad en Ciudad del Cabo, según ha anunciado el Gobierno sudafricano y ha recogido Europa Press.

El anuncio de su muerte ha sido realizado por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, que ha descrito su fallecimiento como "otro episodio de duelo nacional durante el adiós a una generación que nos entregó una Sudáfrica liberada", en el comunicado oficial recogido por News24.

Tutu había sido hospitalizado en varias ocasiones durante los últimos años para tratar infecciones asociadas con el cáncer de próstata que padeció durante la década de los 90. Finalmente, Tutu falleció "en paz" durante su convalecencia en el centro de atención médica para pacientes de avanzada edad Oasis, en Ciudad del Cabo, según ha confirmado por su parte la doctora Ramphela Mamphele, presidenta interina de la fundación del arzobispo, en una declaración en nombre de la familia Tutu, sin dar detalles sobre la causa de la muerte.

El nombre de Tutu está unido por importancia al del gran líder de la lucha por los Derechos Civiles en Sudáfrica, Nelson Mandela, unidos a pesar de sus diferencias en la lucha contra el apartheid en Sudáfica; una política de segregación racial "por naturaleza mala, inmoral y absolutamente irreconciliable con la palabra de Dios", declaró en su día el sacerdote anglicano, nacido en 1931 en Klerksdorp, en la antigua república del Transvaal, durante lo que se conocía por aquel entonces como la Unión Sudafricana.

Su figura comenzó a cobrar extraordinaria prominencia a partir de 1978, como director del Consejo Eclesiástico Sudafricano, punta de lanza en su campaña contra la segregación. Seis años después, Tutu recibiría el Premio Nobel de la Paz, antes de ser elegido como arzobispo de Ciudad del Cabo en 1986, uno de los años más violentos de la era del apartheid.

En esos momentos, Tutu redobló sus esfuerzos para conseguir la imposición de sanciones contra el Gobierno, dirigió marchas de protesta y usó su púlpito para desafiar la represión estatal. Con la victoria de Nelson Mandela como primer presidente de la República Sudafricana en 1994, Tutu asumió un nuevo papel como presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación del país.

La comisión investigó las atrocidades del apartheid, y Tutu pasó a adoptar una función unificadora entre blancos y negros del país, al tiempo que adoptó una postura crítica contra los sucesivos gobiernos del histórico Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, al que criticó durante años por sus escándalos de corrupción, el mayor obstáculo para alcanzar la utopía de la "nación arcoiris" en la que esperaba que se convirtiera el país.

De 2007 a 2013, ya en sus últimos años de vida pública, Tutu presidió la organización de Los Ancianos, un grupo independiente de veteranos líderes mundiales que trabajaron juntos por la paz y los Derechos Humanos.

El expresidente de Argelia Abdelaziz Buteflika ha fallecido a los 84 años, según ha anunciado este viernes la Presidencia argelina y recoge Europa Press. Buteflika padecía las consecuencias de un derrame cerebral que sufrió en el año 2013, lo que le dejó inhabilitado y provocó que se le viese en público en limitadas ocasiones.

No obstante, se mantuvo en la Presidencia hasta 2019, cumpliendo casi 20 años en el cargo, al que accedió en 1999. El expresidente presentó su renuncia a la Presidencia del país africano después de que el Ejército demandase su inhabilitación por motivos de salud.

La renuncia se produjo también mientras miles de argelinos pedían la renuncia en multitudinarias manifestaciones, que estallaron cuando el exmandatario anunció su decisión de presentarse a un quinto mandato. El anuncio del mandatario, imposibilitado físicamente y que no hizo campaña en las elecciones de 2014 -en las que, pese a ello, se impuso con casi el 81 por ciento de los votos-, provocó un intenso malestar contra él y su círculo por el estancamiento político y económico del país.

El histórico líder argelino se había visto confinado a una silla de ruedas tras sus problemas médicos en 2013 y durante su último mandato participó en muy escasos actos -siempre sin hacer declaraciones- y se dirigió a la población a través de misivas, una situación descrita por sus críticos como una Presidencia epistolar.

Por ello, el anuncio sobre su nueva candidatura desencadenó una indignación que derivó en las mayores movilizaciones desde la independencia para pedir la salida de poder del mandatariomovilizaciones y su círculo político, empresarial y militar de confianza -conocido como Le Pouvoir-, que acabó por llevar al entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Ahmed Gaed Salá, a proponer su inhabilitación por motivos médicos. La propuesta de última hora de Buteflika para aplazar las elecciones y celebrar una conferencia nacional fue igualmente rechazada, y finalmente tuvo que anunciar su renuncia, arrinconado y con su imagen política totalmente dañada.

Desde entonces, ha estado fuera del ojo público, alejado de la política nacional y sin verse salpicado directamente por decenas de juicios por corrupción abiertos contra personas de su círculo y antiguos altos cargos de sus gobiernos, entre ellos su hermano, Said Buteflika, considerado como su confidente y uno de los poderes en la sombra a causa de su incapacitación.

Sin embargo, su salida de la Presidencia no ha puesto fin a la crisis política en el país africano, si bien la ha suavizado, debido a que los manifestantes mantuvieron su rechazo al mandatario interno, Abdelkader Bensalá -hasta entonces presidente del Senado-, y a su sucesor tras las elecciones de diciembre de 2019, Abdelmayid Tebune. Las protestas se han mantenido desde entonces, si bien han estado marcadas por un aumento de la represión, y se han centrado en la exigencia de un cambio profundo en el sistema político vigente en el país desde la independencia de Francia en 1960 y en la necesidad de alejar a Le Pouvoir de la primera línea, algo que va más allá de la retirada de Buteflika y que refleja la profunda crisis social y económica que atraviesa el país desde hace años.

El ascenso al poder de Buteflika

El expresidente nació en 1937, sin que esté claro entre los biógrafos si lo hizo en la ciudad de Tlemcen, en el oeste de Argelia, o en Uchda, en Marruecos, y con menos de 20 años se unió a las filas de la resistencia contra el poder colonial francés.

Buteflika estuvo durante la guerra contra Francia bajo el ala de Huari Bumediene, quien posteriormente se convertiría en el primer presidente tras la independencia del país, una etapa en la que se convirtió en ministro para Juventud y Turismo a los 25 años y de Exteriores un año después. Fue en este último cargo, en el que permaneció hasta 1979, cuando se convirtió en una de las figuras de lo que sería conocido como el Movimiento de Países No Alineados, abogando por la inclusión de la China comunista en Naciones Unidas y como una voz importante contra el Apartheid en Sudáfrica.

Asimismo, se posicionó del lado del líder palestino Yaser Arafat en el conflicto palestino-israelí -llegando a invitarle a comparecer ante Naciones Unidas en 1974 cuando era presidente de la Asamblea General-, lo que supuso un paso histórico para el reconocimiento internacional de la causa palestina.

Sin embargo, fue finalmente cesado un año después de la muerte de Bumediene, momento en el que se abrió una investigación contra él por presunta corrupción, lo que le llevó a abandonar Argelia a principios de los ochenta, si bien volvió al país en 1987.

En los años posteriores estalló en Argelia la guerra civil tras la decisión del Gobierno -con apoyo del Ejército- de cancelar las elecciones parlamentarias de 1991 tras la victoria en primera vuelta del islamista Frente Islámico de Salvación (FIS), una guerra que dejó más de 150.000 muertos. La figura de Buteflika, apoyado por las Fuerzas Armadas, resurgió a finales de los noventa y fue elegido presidente en abril de 1999 -una votación que tuvo lugar después de que el resto de candidatos retiraran sus candidaturas por temor a un fraude orquestado por el Ejército- con el compromiso de poner fin al conflicto.

Fin de la Guerra Civil

Ya en el poder, aprobó una amnistía a los milicianos no responsables de asesinatos o violación que entregaran las armas, una ley que fue aprobada en referéndum en septiembre de ese año y que ayudó a reducir el nivel de violencia en el país y allanó el camino para el fin de la guerra en 2002.

El fin del conflicto, que supuso un impacto devastador para el país, llegó tras la eliminación casi total del Grupo Islámico Armado (GIA) -un grupo armado integrado principalmente por el Movimiento Islámico Armado (MIA) y descontentos del FIS tras la anulación electoral-. Por contra, una escisión del GIA -el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC)- se mantuvo activo y juró posteriormente lealtad a la organización terrorista Al Qaeda y logró extender su influencia a zonas del sur sahariano del país, convirtiéndose en la principal amenaza de seguridad para el Gobierno de Buteflika tras la guerra civil.

Durante sus sucesivos mandatos, Buteflika logró estabilizar el país gracias al repunte económico que permitieron los ingresos por el petróleo y el gas, si bien las autoridades no procedieron a una diversificación económica que hizo a Argel dependiente de estos sectores.

Asimismo, el país se vio sumido en un letargo político y económico por el inmovilismo del círculo de poder, integrado por numerosas figuras de la lucha por la independencia y los empresarios cercanos a Le Pouvoirque hicieron negocio durante el 'boom' de la primera década del siglo XXI. Esta situación fue generando un creciente malestar por la falta de expectativas de la población, una situación que fue en ebullición en el marco de la conocida como 'Primavera Árabe' y que aumentó durante el último mandato de Buteflika a pesar de una serie de reformas cosméticas destinadas a aplacar el descontento.

Finalmente, Buteflika cayó en desgracia después del citado anuncio sobre su intención de presentarse a los comicios a pesar de llevar cinco años casi inhabilitado y sin aparecer en ningún foro internacional debido a su salud, lo que fue asumido como una burla por parte de la población a su posibilidad de elegir a un nuevo líder en las urnas.

Su fallecimiento deja a África sin una de sus principales figuras durante el proceso de descolonización y del Movimiento de Países No Alineados -que dio voz a África, Asia y América Latina-, muy lastrada por lo prolongado de su mandato y por no haber llevado a la práctica el ideario con el que logró un fulgurante ascenso a nivel nacional e internacional.

Entre el 12 de abril (inicio de Ramadán) y el 13 de junio (formación del Gobierno israelí) hemos presenciado un minúsculo capítulo dentro del relato de 100 años de guerra contra Palestina. Los sucesos de esos 60 días han mostrado un escenario nuevo en la etapa histórica de Palestina bajo el apartheid.apartheid

Parece que no hay forma de diferenciar estos sucesos de 2021 con 2014, 2012 o 2008 si solo se enumeran los datos: 250 palestinos en Gaza muertos. 67 niños y niñas. 2.000 heridos. 11 israelíes muertos. 1.000 palestinos detenidos.

Y de nuevo coincidiendo con una crisis política en Tel Aviv después de cuatro elecciones en dos años y la amenaza de unas quintas elecciones. Otra campaña electoral en forma de represión y masacres, como denunció un diputado israelí en CNN.

Sin embargo, el cambio ha estado a la vista aunque el inicio fue parecido a otras escaladas de enfrentamiento.

El 12 de abril, Israel felicitaba el inicio de Ramadán con un Tel Aviv luminoso: "Feliz Ramadán a nuestros residentes y amigos". El 21% de los ciudadanos de Israel son nativos palestinos, la mayoría musulmanes, y en ese mensaje su Estado les estaba extranjerizando. A casi 2 millones de sus ciudadanos indígenas, su Estado les llamaba “residentes”. Israel les aplica 65 leyes de segregación y además les enviaba esta felicitación envenenada degradando su ciudadanía a una "residencia" de forasteros en su propia tierra. Junto a esto, Tel Aviv desplegó sus fuerzas armadas y su maquinaria legal para intensificar la represión en Jerusalén coincidiendo con Ramadán.

La batalla de la Puerta de Damasco

En los primeros días de Ramadán, las fuerzas israelíes cargaban para desalojar las escalinatas de la Puerta de Damasco y cortaban la electricidad a la mezquita de Al Aqsa. Impedía el popular reparto nocturno de comida que celebra el fin del ayuno diario. Además, en una Jerusalén sin turistas, Israel buscaba militarizar más la Puerta de Damasco y la mezquita de Al Aqsa con barreras y detectores de metal. Esta batalla ya la perdió Israel en 2017 cuando trató de enjaular la mezquita de Al Aqsa y la llegó a clausurar como medida de presión. Israel lo intentó de nuevo en abril de 2021. A la represión policial se sumaron grupos de israelíes recorriendo Jerusalén gritando “muerte a los árabes” y linchando impunemente a los palestinos que encontraban. Con el paso de los días se repitieron esas turbas israelíes en Jerusalén y otras ciudades apaleando y asesinando palestinos. Israel financia marchas racistas de este tipo con más dinero cada año.

Como en 2017, la batalla de la Puerta de Damasco se saldó con una pequeña victoria palestina, la primera de otras posteriores. La batalla de Al Aqsa sin embargo evolucionó a otra dimensión.

La batalla de Sheikh Jarrah y Silwan

Los tribunales israelíes no tienen competencia legal para determinar sobre la propiedad privada en un territorio ocupado militarmente. A pesar de ello, en una farsa de proceso judicial que viene de hace décadas, sus jueces decidieron que el barrio palestino de Sheikh Jarrah en Jerusalén debía ser desalojado antes del 2 de mayo de 2021 y entregado a una organización de colonos. Esta organización prometía apoderarse de todo el barrio y expulsar a todos los palestinos. Este acto de desposesión ha sido el ADN israelí: en 1948 los colonos europeos sólo tenían la propiedad del 6% del suelo de Palestina mientras el 94% pertenecía a los indígenas. Hoy los nativos solamente poseen el 3% del suelo dentro de Israel. El despojo continúa en Cisjordania y Jerusalén con los nativos recluidos en guetos desconectados. Como dijo un colono de EEUU a la palestina Mona el Kurd: “si no soy yo, será otro quien te quitará la casa”. Ese colono huía de sus delitos en EEUU adoptando una fraudulenta identidad judía para obtener el premio de una casa palestina gratis. En Sheikh Jarrah la dura represión policial incluyó rociamiento de aguas tóxicas y gases lacrimógenos dentro de las viviendas o amenazas de muerte a los palestinos por el vicealcalde israelí de Jerusalén.

Vaciar Sheikh Jarrah de palestinos es importante para Israel porque le permite conectar colonias ilegales. Tal como hace la compañía ferroviaria española CAF en Jerusalén: conectar con su tranvía las colonias en territorio ocupado y extender en Palestina el apartheid made in Spain.

Otro barrio palestino de Jerusalén, Al Bustan, tiene orden de demolición del Ayuntamiento israelí. Hay que insistir en que Israel no tiene legitimidad y destroza el IV Convenio de Ginebra. En Al Bustan 1500 nativos, el 60% niños, serán desposeídos bajo disfraces legalistas. La limpieza étnica contra los nativos (“residentes provisionales”) se disfraza bajo sofisticadas estrategias judiciales, electorales, administrativas, urbanísticas, arqueológicas, religiosas y económicas. El objetivo es que no quede ni un solo palestino, como en Jerusalén Oeste, donde siguen en pie las casas de los nativos pero ocupadas por colonos israelíes. Los propietarios fueron arrojados a campos de refugiados. Así se da realidad material a su mitología y su estrategia de judaizar la ciudad de forma fraudulenta. Los turistas que pasean por la ciudad vieja de Jerusalén no saben que el barrio judío es impostado. Israel lo levantó en 1968 tras arrasar el histórico barrio magrebí construido en tiempos de Saladino hace casi mil años.

El ejército, los tribunales, los colonos y las excavadoras israelíes siempre están listos para actuar en cualquier punto del territorio palestino. Como en Beita, Nablus, donde en sólo unas semanas los invasores han levantado una ciudad en los olivares del pueblo palestino. A veces Israel renuncia a una colonia para que el foco mediático se sitúe ahí y tratar de ocultar 73 años de despojo a los nativos.

La batalla de Al Aqsa

En medio del Ramadán y del uso intenso de las mezquitas, las fuerzas israelíes convirtieron la explanada en un escenario de guerra con asaltos repetidos de día, de noche y en el interior de las mezquitas. Para Israel es estratégico hostigar las mezquitas para provocar la ira musulmana en todo el mundo. De esta forma la colonización se disfraza ante los medios como una batalla religiosa irresoluble. Además, grupos israelíes exigen el derribo de las mezquitas de Al Aqsa y de la Cúpula de la Roca para construir un “Tercer templo” judío en su lugar.

Esta continua opresión israelí en Jerusalén hizo explotar las manifestaciones palestinas por todo el territorio. En las ciudades dentro del Estado israelí (Jaffa, Nazaret, Haifa, Lod, Acre o Uhm al Fahem) los nativos con ciudadanía israelí arriaron las banderas de Tel Aviv e izaron banderas de Palestina. El alcalde israelí de Lod reconoció que había perdido el control de la situación y Netanyahu declaró el estado de emergencia.

Esta revuelta palestina unida aterrorizó a la sociedad colona israelí y se sucedieron con impunidad las turbas con linchamientos a palestinos.

Las manifestaciones mostraron la victoria de la identidad nativa unida frente a la fragmentación que ha buscado el gobierno israelí. Los medios occidentales también utilizan categorías disolventes para los palestinos de Israel, tales como beduinos del desierto, drusos, cristianos de Galilea, árabes israelíes, etc.

La Intifada de la unidad

Esta revuelta unitaria explotó finalmente con la convocatoria de una huelga general indígena el 18 de mayo para los tres trozos en que está partida temporalmente la Palestina histórica: Estado de Israel, guetos de Cisjordania y gueto de Gaza. La convocatoria no partió de ninguna facción política. Fueron jóvenes y organizaciones de base de Jerusalén y del Estado de Israel. El seguimiento fue masivo desde Haifa a Galilea, Nablus o Gaza. Toda la sociedad palestina conectó con su insurrección de 1936 contra la opresión británica y sionista, cuando se inició el despojo nativo con la llegada de colonos europeos. El Manifiesto por la Dignidad y la Esperanza recorrió toda Palestina en esos días expresando el significado de la reunificación de la conciencia nacional palestina. Se destruyeron las separaciones físicas y prisiones categóricas impuestas por el régimen colonial: la prisión de los guetos de Cisjordania, la prisión de la ciudadanía bajo apartheid en el Estado israelí, la prisión de Gaza, y la prisión de Jerusalén. Se fijaba como objetivo unitario acabar con todas las estructuras coloniales sionistas.

La batalla en toda Palestina

Frente a la intensa represión en Jerusalén, desde Gaza se avisó el 10 de junio de que comenzaría el lanzamiento de cohetes. Israel ignoró la advertencia e inició una operación de gran escala contra Gaza.

Describir estos enfrentamientos como una guerra entre “Israel” y “Hamas” es una manipulación. Se trata de Israel contra Gaza, o contra Palestina. ¿Por qué se nombra un partido político en sólo uno de los bandos?

La operación israelí “El guardián de los muros” anunciaba la muerte de centenares o miles de personas en la enjaulada franja. Hay que recordar que los dos millones de personas que sobreviven en Gaza fueron despojados, amontonados y encerrados en esa cárcel costera israelí.

Los cohetes artesanales se enfrentaron a la tecnología militar del s.XXI durante diez días. Todos los medios del planeta nos cuantificaban a diario los cientos de cohetes lanzados por los nativos pero nunca nos dieron el dato del número de misiles y bombas arrojados por Israel.

Israel anunció que iba a pisar el acelerador con su inhumana doctrina Dahiya, de máxima devastación y fuerza desproporcionada sobre civiles. Consiste en que el territorio agredido “retroceda 20 años”, o incluso “a la edad de piedra”. Esta doctrina militar forma parte del currículo de la Universidad de Tel Aviv, con la que se asocian universidades de todo el mundo en lugar de boicotearla. Siguiendo esta estrategia, Israel ha buscado destruir el mayor número de infraestructuras y la economía del gueto de Gaza. Cuando los donantes internacionales financien de nuevo la reconstrucción de Gaza, la economía israelí sacará su tajada. La destrucción israelí en Gaza alcanzó al único laboratorio Covid, bancos, comercios, factorías, librerías, edificios de agencias de prensa o accesos a hospitales.

Además Israel ha repetido otra doctrina iniciada en 2014: eliminar familias enteras intencionadamente, bombardeando la casa cuando estén dentro el mayor número de miembros. Así fueron exterminadas cuatro generaciones de la familia Al Qawlaq con 21 miembros, desde los 90 años hasta los 6 meses de edad. El superviviente Shoukry Al Qawlaq enumeraba durante 33 segundos a sus familiares asesinados. También las familias Abu al Auf, Ashkontana, y hasta 19 familias.

Pero inesperadamente a los diez días, el régimen israelí pasó de amenazar que sólo habría descanso “dejando Gaza en completo silencio”, a repentinamente detenerse con un alto el fuego. Israel podría haber matado a miles de palestinos como en 2008 o 2014 sin rendición de cuentas.

Los militares israelíes nos dan la respuesta al reconocer frustrados que aumenta inexorablemente la cantidad y tecnología de los cohetes de Gaza año tras año a pesar del bloqueo a la franja. El mito de las defensas israelíes (Cúpula de hierro) se derrumbó cuando desde Gaza cuadruplicaron los cohetes lanzados diariamente respecto a 2014. La metrópoli de Washington acudió en socorro de su protectorado con dos ayudas extras: una durante la batalla de 735 M$ en misiles, y otra tras el alto el fuego de 1.000 M$ para rellenar el agotado sistema defensivo israelí en sólo diez días. Los cálculos israelíes estiman las reservas de cohetes en Gaza para varios meses de enfrentamiento continuado, y con modelos superiores que no se han utilizado todavía.

Durante una semana el aeropuerto de Tel Aviv estuvo cerrado, frente a sólo unas horas en 2014. El aeropuerto de Eilat a más de 200km de Gaza también tuvo que ser cerrado. Instalaciones industriales y puertos israelíes fueron atacados y también fueron cerrados. Los ataques a ciudades israelíes y la muerte de 11 civiles infundieron el terror.

Por otro lado, los tanques y soldados israelíes no sólo no se atrevieron a entrar en la cárcel costera, sino que ni siquiera osaron aproximarse al muro. Un único soldado israelí murió en la lejanía por un cohete anticarro disparado desde el gueto de Gaza. Fue suficiente mensaje para un ejército más especializado en la represión y ejecución de civiles que en el enfrentamiento bélico.

A pesar de estas evidencias, el ejército israelí emitió su proclamación de la victoria llamando “terroristas neutralizados” a las 67 niñas y niños palestinos asesinados. Pero incluso los medios israelíes extremistas, que también llaman terroristas a los bebés palestinos, mostraron su temor por el futuro. Otros asumieron que el balance de poder estaba cambiando. Algunos medios se preguntaron qué ocurriría si Líbano se sumase en un futuro a una acción conjunta con Palestina.

El significado de la victoria palestina combinando formas de resistencia

Israel hubiera deseado ser una democracia liberal como Australia o EEUU tras haber hecho desaparecer a los indígenas. Al no conseguirlo, su destino será el mismo que el régimen de apartheid de Sudáfrica.

Hace años ya se rebasó la superioridad demográfica indígena (51%) frente a la sociedad colona (49%) entre el río Jordán y el Mediterráneo, y va en aumento. Sin contar las refugiadas y refugiados del exterior y a pesar de la limpieza étnica incesante. Además, el esfuerzo israelí durante 73 años por fragmentar la identidad palestina y el territorio ha fracasado con la reunificación de toda la sociedad nativa en estos dos meses de resistencia.

En el mundo hubo masivas manifestaciones de solidaridad que revelan el fracaso de los lobbies sionistas y gobiernos occidentales tratando de reprimir ese apoyo. En Madrid, miles de personas desbordaron toda previsión.

La victoria palestina en distintos frentes ha generado múltiples repercusiones.

El precio para Israel

El ejército israelí sueña con una operación contra Gaza para destruirla hasta los cimientos enviando a los palestinos al desierto de Sinaí. La realidad es que ese ejército ya no se atreve a acercarse a la franja, y además, no estamos en 1948. Israel no puede expulsar o asesinar a dos millones de personas. Sólo puede reforzar el bloqueo inhumano, bombardear y asesinar regularmente para retrasar lo más posible lo inevitable.

La sociedad colona israelí es la que ha vivido como un shock el mensaje de que su sociedad de apartheid y guetos nativos tiene fecha fin,apartheid algo que ya saben sus élites. Las bajas civiles israelíes son lamentables, pero la sociedad colonizadora debe comprender que cuanto más tiempo sostenga el régimen más alto va a ser el precio que va a pagar. La defensa palestina mató 11 civiles israelíes en una semana; en 2014 fueron la mitad en mucho más tiempo. La sociedad israelí nunca ha vivido bajo el terror y la muerte real que ella ha impuesto a las sociedades de su alrededor. Damasco y el territorio sirio continúan siendo bombardeados por Israel habitualmente. Los civiles de Líbano conocen ese precio. El nuevo Primer Ministro, Naftali Bennett, cuando era comandante dio la orden de masacrar en 1996 a los civiles que estaban refugiados en un edificio de la ONU en la aldea de Qana, Líbano. Más de cien murieron despedazados mientras dormían, la mitad mujeres y niños, y Bennett siempre ha estado orgulloso de ello. También la población civil de Jordania, Egipto, Iraq y otros países han pagado un alto precio en el pasado.

Naftali Bennet fue elegido líder del gobierno colonial al final de este ciclo de 60 días. Por primera vez Israel ha necesitado cooptar un indígena oportunista para salir de la crisis política desatada por la rivalidad entre los clanes políticos sionistas. Dos indígenas de igual apellido ayudan a sostener los crímenes y el apartheid: uno en el gobierno de Tel Aviv, Mansour Abbas, y otro dentro de los guetos, Mahmoud Abbas. También los reyezuelos de los bantustanes sudafricanos de Pretoria ayudaron temporalmente a sostener el régimen de apartheid. Este nuevo gobierno será una continuidad de los anteriores, porque el motor es el mismo: capturar más tierra con menos indígenas y por los medios que sea necesario. Pero cada vez necesitará más violencia para conseguir menos resultados, con un precio a pagar cada vez más alto como lo pagó la sociedad Afrikaner en Sudáfrica.

El impacto en la Metrópoli occidental

Las potencias occidentales son la Metrópoli colonial del artefacto israelí. Durante este tiempo han recitado el derecho de Israel a defender su régimen de apartheid. Presionaron a la administración colonial indígena de Mahmoud Abbas (llamada Autoridad Palestina) para que reprimiera las revueltas. Los nuevos normalizadores del régimen de apartheid (Emiratos, Bahrein, Marruecos) no tuvieron ningún papel en esta crisis. Se presionó a los regímenes habituales (Jordania, Egipto y Qatar) para que colaborasen en sofocar la protesta y la resistencia. Pero a Occidente no le quedan opciones. La UE lleva tiempo haciendo gestos para tratar de cooptar a Hamas tal como se hizo con la OLP en 1991. Hace dos años la UE sacó a Hamas de la lista europea de grupos terroristas. De alguna forma Occidente busca sentar a Hamas en una mesa para que acepte un futuro de guetos y apartheid a cambio de dinero. apartheidPor ese motivo, un estrecho aliado de EEUU y UE, como es el régimen de Marruecos, invitó al líder de Hamas a los pocos días del alto el fuego.

Pero no existe ese futuro de guetos y apartheid a los que se denomina “Estado palestino”, eternamente prometido y demorado. Occidente puede seguir recitando la farsa de la “solución de dos Estados” en las instituciones internacionales y medios de comunicación. La reunificación de los palestinos ha enterrado el ataúd que contenía ese antiguo cadáver de los dos Estados.

La repercusión internacional

Las masivas manifestaciones, las acciones directas contra empresas israelíes y el bloqueo a buques israelíes por todo el mundo, han continuado incrementando la solidaridad con Palestina.

En 1991 disminuyó la solidaridad mundial con Palestina por varios factores: la caída de la URSS y la nueva hegemonía mundial, la OLP negociando con el régimen de apartheid de Tel Aviv apartheid mientras simultáneamente el régimen de apartheid de Pretoria se desplomaba, la revocación forzada en la ONU de su Resolución 3379 que declaraba el sionismo como una ideología racista, los Acuerdos de Oslo, la creación de la administración colonial indígena llamada Autoridad Palestina, etc.

A partir de 2004 y 2005 comenzó a recuperarse la solidaridad con la sentencia del Tribunal de la Haya sobre el muro del apartheid y el lanzamiento de la campaña de boicot internacional a Israel, BDS.

Hoy en todo el mundo se está extendiendo el consenso sobre el apartheid israelí y se recupera su rol de colonizador de Palestina. Israel pierde la guerra social y legal a pesar de los esfuerzos de los lobbies israelíes en muchos países por acallar las críticas y ganar su legitimidad mediante un Lawfare represivo.

El procedimiento de la Corte Penal Internacional seguirá avanzando con dos únicos caminos: emitir órdenes de detención contra líderes israelíes, o cerrar el caso demostrando que es un Tribunal occidental para juzgar solamente a quien occidente decida. Cualquiera de las dos decisiones tendrá muchas repercusiones y las dos perjudican a Israel ante los pueblos del mundo.

Antonio Guterres borró de la web de la ONU en 2017 un informe interno señalaba a Israel como régimen de apartheid, pero otros informes empiezan a amontonarse, e incluso gobiernos occidentales comienzan tímidamente a usar el término.

Se convertirá en una norma describir a Israel como régimen de apartheid con diferentes grados de opresión hacia los nativos palestinos, apartheidsegún dónde se encuentren.

En la dimensión bélica, la victoria de los palestinos frente al ejército del régimen nuclear israelí también tiene resonancias en la región. Ha quedado expuesta la vulnerabilidad de la sociedad colona. No es casual que unos días después de la victoria del gueto de Gaza, y del agradecimiento de un portavoz militar palestino a Irán, Antony Blinken dijera que EEUU mantendrá cientos de sanciones contra Irán, al margen de lo que suceda con el Acuerdo Nuclear. Es decir, el Acuerdo Nuclear no sobrevivirá porque Irán no aceptará añadir nuevas concesiones, ya sean sus misiles o su relación con sus aliados.

La repercusión para la sociedad palestina

Ya hemos visto algunos significados de este proceso de 60 días para la sociedad palestina.

Internacionalmente, la Autoridad Palestina ha quedado aún más expuesta como un Departamento de Asuntos Indígenas subordinado de Occidente e Israel. Mahmoud Abbas ni siquiera se atreve a acusar de apartheid al régimen de apartheid con el que colabora. Su función principal es la represión subcontratada, aplicando las detenciones masivas o el asesinato de activistas de base. Los dirigentes de la Autoridad Palestina se manejan en medio de la corrupción política y económica, y harán cualquier cosa por perpetuarse y sostener la estructura colonial. En medio de estos 60 días, Abbas canceló el teatro de unas supuestas elecciones por el riesgo de que otro le quitase el puesto. Pero sus días como gobernador indígena del gueto están a punto de finalizar, y no solamente por su edad. Tras su represión a los propios palestinos, en Occidente condenan a Abbas de forma hipócrita mientras eligen sustituto. Abbas no recibirá honores de Occidente a pesar de haber desempeñado la función que se le encomendó de sofocar los derechos palestinos.

En el final de este período de 60 días, el 12 de junio, el centro palestino de encuestas realizó uno de sus sondeos periódicos. El 80% de los palestinos afirmaban que Gaza había ganado el enfrentamiento con Israel. Valoraban positivamente a cada foco de insurrección y resistencia: 89% aprobaron las acciones de los palestinos de Jerusalén, 86% apoyaron las protestas de los palestinos ciudadanos de Israel y 77% respaldaron la resistencia armada de los palestinos de Gaza. El minúsculo número de palestinos que apoya la gestión de la Autoridad Palestina (11%) y la de Abbas (8%) representa a la clase privilegiada que vive gracias a ella.

El escritor palestino asesinado por Israel, Ghassan Kanafani, advirtió de que uno de los enemigos del pueblo palestino son las oligarquías indígenas.

El pueblo palestino se ha reunificado pero no tiene un sujeto político en forma de un nuevo movimiento nacional de liberación. La OLP se suicidó en 1991. El próximo mes de octubre se cumplen 30 años de la fatídica Conferencia de Madrid que dio lugar a los Acuerdos de Oslo. Coincidiendo con esa fecha, se celebrará una primera tentativa para impulsar ese nuevo movimiento nacional palestino que rompa con Oslo y el apartheid:apartheid la ruta alternativa, Masar Badil. Antes o después un nuevo movimiento palestino acabará naciendo.

En Occidente hemos olvidado muchas lecciones. Una es que cuando un pueblo está determinado a ser libre aplicará el máximo de sufrimiento propio durante su lucha, por muy desfavorable que sea con respecto al sufrimiento del opresor.

En Occidente se ha instalado un fraudulento consenso, por un ego de salvadores blancos, de que exclusivamente el boicot acabó con el apartheid en Sudáfrica. A eso se une un revisionismo de Nelson Mandela y otros líderes indígenas sudafricanos. En los años 60 el Congreso Nacional Africano decidió responder con la lucha armada a las masacres del régimen de Pretoria. Para ello creó un brazo armado autónomo, Umkhonto weSizwe (MK). La autodefensa armada indígena ha sido imprescindible en las luchas de descolonización, y también lo fue en Sudáfrica. Las sociedades coloniales o entidades ocupantes han pagado un precio de inseguridad física. Como en Argelia o Vietnam. La sociedad israelí sabe que el precio a pagar será cada vez más alto.

Ante la criminalización de la resistencia indígena en cualquiera de sus formas, declarando terrorista al movimiento por el boicot, o a la autodefensa armada, hay que recordar la legalidad internacional. Especialmente el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Resolución 3070: “La Asamblea General reafirma la legitimidad de la lucha de los pueblos para librarse de la dominación colonial extranjera por todos los medios posibles, incluida la lucha armada”.

____________

Daniel Lobato es activista en solidaridad con Palestina

Al asesinar a niños [en Gaza], dónde está la ONU, UNICEF, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Liga Árabe [y] la Unión Europea para exigir (…) que se lleve a los mandos militares y políticos [de Israel] a la Corte Penal Internacional. Pablo Jofré Leal

El asesinato de miles de judíos en campos de concentración fue un genocidio, igual que el espectáculo televisivo que hemos visto estos días os de concentración fue un genocidiocon el exterminio de los palestinos en la Franja de Gaza: el campo de concentración al aire libre más grande del mundo, como se ha dicho. Yo escribí una breve introducción en este periódico, Israel y la tierra prometida, para comprender la actitud racista, arrogante y sangrienta del régimen israelí de apartheid en la actualidad. En el artículo cito las palabras de Ajamu Baraka: “el sionismo es hitlerismo”. Y llego a la conclusión de que las matanzas de palestinos que estamos viendo hoy son una continuación de lo que Israel ha hecho a lo largo de su historia.

Ana Frank, de 14 años, nos cuenta en su Diario el miedo y el horror del Holocausto nazi, igual que la niña palestina Nadine Abdel-Tait, de 10 años, cuando se dirige al mundo hablando inglés desde Gaza para explicar el sufrimiento de los niños palestinos y de su pueblo. El trauma de su mensaje se puede resumir con estas palabras: “No one can sleep at night. I try to sleep, but I can’t because of the missiles and the cries of children” [Nadie puede dormir por la noche. Yo intento dormir, pero no puedo debido a los misiles y a los gritos de los niños]. Un misil israelí destruyó la casa de un vecino suyo, matando a 8 niños y 2 mujeres. Nadine se siente aterrada y nos confiesa el miedo que tiene a que le ocurra algo así a su hermano menor. En medio de todo este horror, causado por Israel, ella expresa su dolor cuando ve tantas casas destruidas y mirando a la cámara y al mundo, declara: “Quiero hacer algo, pero no puedo. Tengo solo diez años”. Nadine sueña con ser médico para ayudar a su pueblo, pero como señala: “Nadie está a salvo en Palestina”.

Esta es una cuestión muy importante. Israel no solo está masacrando al pueblo palestino, sino que también está destruyendo su futuro. Los niños no pueden ir a la escuela. La aviación israelí bombardea todo. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación de Asuntos Humanitarios, los daños de las redes eléctricas permiten solo un suministro de unas cuatro horas al día. Y muchísimas personas en Gaza tienen problemas para el acceso al agua potable. Se tienen que refugiar en las escuelas de la ONU. Los gazaríes han visto el bombardeo de sus escasos hospitales y hasta el principal laboratorio de vacunas para la pandemia de covid-19. Israel está haciendo todo lo posible para que no puedan vacunarse los palestinos, utilizando la pandemia como arma biológica. China, sin embargo, ha donado 200.000 dosis de covid-19 y un millón de dólares de ayuda, según ha manifestado el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian.

Con el supuesto bombardeo de las estructuras militares de Hamás, Israel quiere exterminar al pueblo palestino. Ana escribe en su Diario que “los alemanes bombardean sin ninguna misericordia”. Y “a personas inocentes las meten en la cárcel para esperar su destino”. “Hitler nos quitó la nacionalidad hace ya tiempo”. Hoy, Nadine nos cuenta que los israelíes bombardean Gaza sin ninguna misericordia. En realidad, los sionistas les han arrebatado a los palestinos su nacionalidad, su dignidad y les han robado sus tierras. Nadine nos habla de los videos que ha visto sobre niños en Estados Unidos, Rusia y otros países. Siente envidia de verlos jugar y divertirse, mientras que en Gaza solo puede oír el ruido atronador de los misiles cada día.

Ana escribe que se imagina “los campos de concentración y las celdas solitarias”. El sábado, 12 de febrero de 1944, dice en su Diario que sueña muchas cosas, como la libertad, los amigos, el sol, el azul del cielo. Se siente confusa y solo quiere soñar porque va a explotar. Para ese sentimiento de angustia y ansiedad cree que lo mejor es llorar. Y eso es lo que le ocurre a Nadine: “Sueño con poder ayudar a mi gente. Pero, ¿cómo puedo hacer eso? No tengo el derecho de seguir aprendiendo (…) Solo lloro cada día”. También sueña el Dr Yasser Abu Jamei, un psiquiatra palestino, cuando escribe una carta en This Must End [Esto tiene que terminar] y advierte que “los palestinos han vivido décadas de humillación y de maltrato”. “En 1948 nos expulsaron de nuestra tierra; más de 600 pueblos fueron destruidos; cientos de miles fueron asesinados o desarraigados; casi 800.000 terminaron viviendo como refugiados en diferentes sitios del mundo”. Y termina diciendo: “Sueño que mis hijos puedan vivir, crecer y aprender en un lugar seguro. Este es el mismo sueño que tienen los pacientes que yo veo”. “Se necesita una acción política AHORA para acabar inmediatamente con estos bombardeos mortales y también con la ocupación ilegal y el sitio de Gaza”. Ya se ha alcanzado un alto el fuego, pero no hay nada que celebrar hasta que no se cumpla la resolución de la ONU de 1947, donde se aprobó la partición de Palestina en dos Estados, uno hebreo y otro árabe. Y hasta que Israel no se retire de los territorios ocupados. El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al Maliki, ha declarado: “Queremos ver a los palestinos libres, en un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como su capital”.

Biden ha repetido que “Israel tiene derecho a defenderse”. Y también ha confesado que él no es judío, pero “sí sionista”. Israel no se defiende, sino que ocupa territorios palestinos y comete crímenes de guerra, como estamos viendo. Todo con la ayuda de EEUU. Noam Chomsky ha subrayado que “Israel sigue la estrategia de terror y expulsión”. Esta guerra se libra entre un país que recibe de EEUU millones de dólares en armamento, contra una población ocupada que no tiene fuerza aérea ni armada ni artillería. Así, Israel puede matar a miles de palestinos inocentes indiscriminadamente y dejar a miles de familias sin casa. Esta verdad no implica una defensa del lanzamiento de cohetes desde Gaza, no. Pero si estudiamos las causas de esta guerra permanente, vemos que los palestinos sí tienen derecho a defenderse. El Dr Abu Jamei lo deja bien claro: “Vemos una Cisjordania dividida y ocupada por cientos de colonos viviendo en asentamientos construidos sobre los escombros de casas palestinas, que además han hecho un infierno viviente de las vidas de los palestinos”. La creación de un Estado palestino, implicaría el desmantelamiento de los asentamientos ilegales, la soberanía efectiva de los territorios palestinos y el cumplimiento del derecho internacional.

En su artículo Israel, the Big Lie [Israel, la gran mentira], Chris Hedges cuestiona la honestidad de EEUU como bróker porque financia y defiende los crímenes de Israel contra el pueblo palestino. “Israel no defiende el estado de derecho. No es una democracia. Es un régimen de apartheid”. Ambos países “se han envenenado con la psicosis de guerra permanente”. Según Hedges, en Israel se ha producido un giro hacia la derecha y los movimientos por la paz y la izquierda, que protestaban contra la ocupación israelí, ahora están casi “moribundos”. El gobierno de derechas de Netanyahu miente cuando afirma que lucha contra el terrorismo, pues la realidad es otra, ya que se alía con regímenes represivos como Arabia Saudita. En Israel hay grupos matones de derechas, como el Im Tirtzu, que asalta a disidentes, palestinos, árabes israelíes y a los inmigrantes africanos de los suburbios de Tel Aviv. Hedges informa que “estos judíos extremistas han fijado como objetivo a los palestinos del barrio de Sheikh Jarrah, pidiendo su expulsión”. A estos extremistas los apoyan grupos antiárabes como el Partido Otzma Yehudit y el movimiento Lehava, que exige que todos los palestinos de Israel de los territorios ocupados “sean expulsados a los estados árabes de los alrededores”. La palabra “lehava” significa: “prevención de asimilación en la Tierra Santa”. Vimos en televisión a estos grupos radicales, protegidos por la policía, gritando: “Muerte a los árabes”.

Hedges, que ha trabajado siete años como corresponsal en el Oriente Próximo, señala que en el sistema educativo israelí se usa el Holocausto desde los primeros cursos para describir a los judíos como “víctimas eternas”. En realidad, se trata de una “máquina de adoctrinamiento” para justificar el racismo y el odio al otro. Encontramos, pues, un paralelismo entre Israel y EEUU. “Los dos países caminan a gran velocidad hacia el fascismo del Siglo XXI, envueltos en una lengua religiosa que revocará nuestras libertades civiles y extinguirá nuestra anémica democracia”.

_____________________

Juan José Torres Núñez es escritor.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el seguimiento ha sido muy elevado y numerosas instituciones públicas y financieras no han abierto sus puertas durante la jornada, mientras que las universidades y escuelas han suspendido sus clases.

Durante la jornada se han registrado protestas y enfrentamientos en varios puntos de Cisjordania que se han saldado con un periodista herido tras recibir el impacto de una bala de goma.

El incidente ha tenido lugar en un enfrentamiento entre agentes israelíes y manifestantes palestinos en la localidad cisjordana de Al Biré, situada cerca de Ramala y en los alrededores del asentamiento de Beit El. Incidentes similares han tenido lugar en la localidad de Luban al Sharquiya, al sur de Nablús, en Hebrón y en el norte de Cisjordania, sin que haya informaciones sobre los heridos.

La ley aprobada por el Parlamento israelí estipula que "Israel es la patria histórica del pueblo judío, que tiene un derecho exclusivo a la autodeterminación nacional en él", declara Jerusalén como capital del país, y quita al árabe su designación de idioma oficial junto con el hebreo, rebajándolo a un "estatus especial" que permite su uso dentro de las instituciones israelíes.

La nueva ley afectará a 1,8 millones de palestinos con nacionalidad israelí y a los más de 4,8 millones de palestinos que residen en Cisjordania y en la Franja de Gaza.

La población árabe de Israel está compuesta principalmente por descendientes de los palestinos que permanecieron en su tierra durante el conflicto entre árabes y judíos que culminó en la guerra de 1948. Cientos de miles se vieron obligados a abandonar sus hogares o huyeron.

Los que permanecieron tienen plenos derechos ante la ley, pero dicen que se enfrentan a una discriminación constante, citando servicios inferiores y asignaciones injustas para educación, salud y vivienda.

Abbas y Netanyahu enfrentados sobre la Ley de Estado Nación 

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, criticó la semana pasada durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se trata de "una ley racista" que "cruza todas las 'líneas rojas'". "Esta ley llevará a la creación de un Estado racista, un Estado de Apartheid, y anula la solución de dos estados. Esta ley discrimina a los ciudadanos palestinos-árabes de Israel", advirtió.

En esta misma línea, incidió en que "esta ley constituye una grave violación y un peligro real, tanto a nivel político como legal, y recuerda al Estado de Apartheid que existió en Sudáfrica".

"Pedimos por ello a la comunidad internacional (...) que actúe para rechazarla y condenarla como racista, legal y declararla nula y sin efecto, como hizo Naciones Unidas al condenar el Apartheid en Sudáfrica en múltiples resoluciones en el pasado", remarcó.

En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, horas después defendió la ley desde ese mismo podio y manifestó que "es absolutamente ridículo cuando Israel es llamado racista por hacer el hebreo su lengua oficial y de la estrella de David su bandera nacional, cuando Israel es descrito como un Estado de Apartheid por declararse el Estado-nación del pueblo judío".

En este sentido, dijo que "representados en la ONU hay más de cien países que tienen un único idioma oficial, a pesar de que muchos otros idiomas se hablan en esos países; hay más de 50 países que tienen cruces y medias lunas en sus banderas, a pesar de que en ellos viven no musulmanes y no cristianos; y hay decenas de países que se definen como estados-nación de un pueblo particular, a pesar de que hay muchas minorías étnicas y nacionales en sus fronteras".

"Ninguno de esos países es denigrado y difamado por celebrar su identidad nacional única", manifestó, al tiempo que afirmó que "lo que es único del pueblo judío no es que tenga un Estado-nación, es que muchos aún se oponen a que lo tenga".

Por último, Netanyahu recalcó que "algunos creen que Israel no puede ser judío y democrático, pero eso es falso, ya que Israel es ambos y siempre seguirá siéndolo".

Quizá el único mérito que a veces tienen las decisiones de Trump es que dejan las cosas cruelmente claras. Su diktat sobre Jerusalén termina de un plumazo con tres quimeras que venían prolongándose demasiado tiempo. Una, la de una posible neutralidad de Estados Unidos en el conflicto israelo-palestino. Otra, la de la vigencia de un proceso de paz fallecido cuando un extremista israelí  asesinó a Rabin en 1995. La tercera, la de la viabilidad de un Estado palestino en los bantustanes que le quedan a este pueblo en Tierra Santa.

Israel ha ganado. Por goleada y sin que nadie le chiste.  De iure o de facto, es dueño de todo el territorio del Antiguo Mandato Británico en Palestina. Los palestinos –musulmanes y cristianos- que allí siguen viviendo lo hacen en una especie de reservas indígenas, cercadas por todas partes. Con Jerusalén ocurre lo mismo: desde que conquistara su mitad oriental en la guerra de 1967, Israel ha ido extendiendo y profundizando su control sobre toda la ciudad y todos sus suburbios, convirtiendo en guetos a sus tradicionales barrios árabes.

No existe la menor posibilidad de construir un Estado viable en el puzle compuesto por la franja de Gaza y las reservas palestinas de Cirsjordania. Basta con mirar un mapa para darse cuenta.  Y sin embargo, la diplomacia europea ha vivido los últimos lustros haciendo como que seguían siendo posibles tanto la fórmula de los dos Estados como el sueño de un Jerusalén que fuera capital de uno y otro. Ese marear la perdiz les resultaba lo más cómodo.

No estoy diciendo que la solución de los dos Estados con Jerusalén como capital compartida no fuera la única razonable; los que hayan seguido mis andanzas por  Oriente Próximo desde los años 1980 sabrán que la apoyaba con mi corazón y mi cerebro. Lo que estoy diciendo es que la persistente colonización israelí de Jerusalén oriental y de las mejores parcelas de Cisjordania ha terminado por hacerla físicamente imposible.

Así que afrontemos la realidad, aunque sea obligados por la brutalidad de Trump. Y la realidad es que solo hay un Estado en Tierra Santa, el israelí, y que ese Estado es dueño y señor de todo Jerusalén. Ahora bien, ¿qué ocurre con los palestinos que allí viven? ¿Van a seguir siendo parias en una tierra que durante siglos, si no milenios –palestino viene de filisteo-, también fue suya? ¿No se asemeja esta situación a la de los negros en la Sudáfrica del apartheid? ¿No piensa la comunidad internacional exigirle a Israel que conceda la plenitud de derechos civiles, incluido el voto, a los árabes de los territorios conquistados en 1967 y que, medio siglo después, siguen sujetos a su gobierno?

Quizá el de Trump termine siendo un regalo envenado para Israel. Porque, como ya intuyó Edward Said, el conflicto de Tierra Santa está dejando de ser uno entre dos aspiraciones nacionales en un mismo espacio para pasar a ser el de una minoría oprimida en ese espacio. Y esto último solo tiene una solución civilizada: la que sellaron De Klerk y Mandela para Sudáfrica, la igualdad que a Israel le pone los pelos de punta.

En una declaración recogida por Europa Press, leída durante la noche en la cadena pública ZBC, los militares han asegurado que Mugabe, "presidente de la República y jefe del Ejército", "está sano y salvo" junto a su familia y "su seguridad está garantizada".

Posteriormente, el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha dicho que ha podido hablar con el mandatario, de 93 años, quien le ha confirmado que está "confinado" en su residencia pero se encuentra "bien". Más dudas hay respecto al paradero de su mujer, Grace, quien según algunas fuentes tanto opositoras como del gobernante ZANU-PF, se encontraría en Namibia.

Precisamente, ha sido la decisión de Mugabe de allanar el camino para que su mujer sea su sucesora en el poder la que ha provocado la intervención del Ejército, históricamente uno de los baluartes del poder del presidente y que durante todos estos años se había mantenido leal a este en sus momentos más duros.

El motivo ha sido la destitución del vicepresidente Emmanuel Mnangagwa, considerado su heredero natural ya que fue uno de los líderes históricos de la guerra de liberación del país. Conocido popularmente como Cocodrilo, Mnangagwa fue acusado de traición por el presidente, por su supuesto intento de querer sucederle.

Tras su cese, el ya exvicepresidente, que ha ocupado importantes cargos como ministro de Defensa y ha servido de enlace entre el Ejército y el ZANU-PF, huyó del país, asegurando que se sentía amenazado, aunque prometió volver para ocupar el puesto que se merecía.

La decisión de Mugabe no gustó en las filas del Ejército, de ahí que su comandante, el general Constantino Chiwenga, lanzara una clara advertencia este lunes de intervención, que finalmente se ha hecho efectiva.

"Debemos recordar a quienes están detrás de los actuales chanchullos traidores que, si se trata de proteger nuestra revolución, el Ejército no dudará en intervenir", fueron las palabras del comandante del Ejército, un estrecho aliado de Mnangagwa, alertando de que la "purga" contra miembros del ZANU-PF que tienen un pasado vinculado a la "liberación" del país debía cesar "inmediatamente".

En su mensaje leído por el general Sibusiso Moyo esta madrugada, el Ejército se ha pronunciado de manera similar, negando que lo que estaba llevando a cabo fuera un golpe de Estado, pese a la presencia de tropas en las calles y la toma de la televisión estatal, dos de los pasos claves en todo golpe.

El objetivo son los "criminales"

Según ha explicado, el objetivo del Ejército son "solo los criminales" en torno al presidente que "están cometiendo crímenes que están causando sufrimiento económico y social en el país con el fin de llevarles ante la justicia". "Tan pronto como hayamos cumplido nuestra misión esperamos que la situación vuelva a la normalidad", ha precisado.

Igualmente, ha apelado a los veteranos de guerra, otro de los pilares del poder de Mugabe hasta ahora, a que desempeñen "un papel positivo en garantizar la paz, la estabilidad y la unidad del país". Los veteranos ya se han pronunciado a favor de la actuación del Ejército, aunque han considerado necesario que Mugabe sea cesado de su cargo tanto como presidente como al frente del ZANU-PF.

La noticia de la intervención del Ejército no ha generado reacciones masivas de los ciudadanos que, a tenor de lo cuentan los medios zimbabuenses, han seguido con su rutina, quizá a la expectativa de que se aclare la situación y sobre todo quién está al frente del país.

Por lo pronto, Mnangagwa ha regresado a Zimbabue, según ha desvelado The Guardian, pero por ahora no ha aparecido en público ni ha hecho declaraciones. También ha regresado al país el líder histórico de la oposición, Morgan Tsvangirai, quien estuvo cerca de arrebatar el poder a Mugabe en las elecciones de 2008 y forzó un acuerdo que le convirtió en primer ministro.

El secretario general del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), Douglas Mwonzora, ha contado al diario NewsDay que Tsvangirai tiene previsto mantener encuentros este jueves. El líder opositor ha permanecido los dos últimos meses en Sudáfrica recibiendo tratamiento contra un cáncer de colon.

Por otra parte, según las informaciones de los medios locales, también se habrían producido algunos arrestos, el más sonado de todos el del líder de la Liga Juvenil del ZANU-PF, Kudzai Chipanga, uno de los más acérrimos defensores de que Grace Mugabe siga los pasos de su marido. También está detenido el ministro de Economía, Ignatius Chombo, otro aliado de la primera dama.

Ascenso de Grace Mugabe

La esposa del mandatario, de 52 años, ha ido ganando relevancia y poder a la sombra de su marido en los últimos tiempos. Con el apoyo declarado de las juventudes y de un grupo conocido como G-40, Grace aspiraba hasta los sucesos de este miércoles a convertirse oficialmente en vicepresidenta del partido en el congreso que el ZANU-PF tenía previsto celebrar en diciembre.

Los expertos coinciden en destacar que el Ejército no ha cesado públicamente a Mugabe y ha seguido refiriéndose a él como su comandante, para apuntar que no estaríamos en un golpe de Estado al uso, puesto que tampoco ha habido una suspensión de la Constitución. Sin embargo, parece evidente que el veterano dirigente no es quién tiene ahora mismo las riendas del país.

"Es un golpe en todo menos en el nombre. Los soldados han tomado efectivamente el control del Estado zimbabuense", ha incidido el analista zimbabuense Alex T. Magaisa, para quien "no hay ninguna duda de que esto marca el final de una era" en el país.

En su opinión, el "mayor error cometido" por el presidente, más allá de intentar crear una "dinastía Mugabe" y cesar a Mnangagwa, ha sido "olvidar de dónde venía". "No ha sido la gente la que le ha mantenido en el poder en sus años de crepúsculo sino el poder de los militares. Como garantes de su autoridad, el Ejército tenía el poder de retirar esa garantía como han hecho ahora", ha escrito Magaisa en African Arguments.

"Irónicamente, el monstruo que Mugabe creó y que le apoyó cuando estaba en peligro ha vuelto para consumirle. Su presidencia vivió por las armas y ahora ha sido neutralizada por las armas", ha resumido el experto.

Salah Khawaja, palestino de 46 años y activista no-violento por los Derechos Humanos, fue detenido por Israel el pasado 26 de octubre a las dos de la madrugada. Las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron en su domicilio en Ramallah, apresando a Salah delante de su familia e incautando todos los teléfonos y ordenadores. Durante al menos quince días, Salah será sometido a un aislamiento sin asistencia jurídica o visitas familiares por imposición del tribunal militar israelí.

Khawaja, que ya estuvo diez años en prisión y tenía prohibido salir de Palestina, es una de las figuras protagonistas de la organización no-violenta Stop The Wall que promueve el desmantelamiento del ilegal muro del apartheid, en cumplimiento de la sentencia del 9 de julio de 2004 del Tribunal de la Haya. Esta sentencia no sólo está incumplida por Tel Aviv sino que su construcción está en ampliación permanente. Asimismo, Khawaja es uno de los líderes del movimiento palestino Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS), una iniciativa no-violenta que agrupa a más de 170 organizaciones palestinas de base, agrarias, sindicales, asociaciones de mujeres, etc. Hace once años lanzaron al mundo la petición de Boicot a Israel por su ocupación de Palestina y su régimen de apartheid. Esta petición de Boicot a Israel es idéntica al exitoso boicot internacional realizado a la Sudáfrica del Apartheid. Ésta se basa en exigir al gobierno de Tel Aviv la aplicación de los Derechos Humanos, ejecutar las decenas de resoluciones dictadas por la ONU e incumplidas sistemáticamente por Israel, acatar la decisión de la Corte Internacional de Justicia y someterse a la Legislación internacional.

Desde el movimiento BDS se subraya que no es un movimiento antijudío o antisemita por varias razones. Por un lado, el movimiento lo integran un gran número de judíos críticos con Israel, por lo tanto no es una cuestión religiosa. Por otro lado, más de un 20% de la ciudadanía de Israel es de origen palestino y está afectada por el Boicot de la misma forma que en Sudáfrica la población negra marginada, y también afectada por el boicot, suponía el 90% de habitantes. Tal como se logró con Sudáfrica, lo que busca el boicot es luchar contra el racismo de Estado, eliminando su carácter ideológico sionista y conduciendo a Israel a la legalidad internacional.

El movimiento internacional no-violento BDS (cultural, empresarial, político o institucional) está experimentando un potente crecimiento en todo el mundo en los últimos años. Universidades, empresas, artistas e incluso fondos de inversión se están retirando o rechazando colaborar con el estado de Israel. En España, en muy poco tiempo, más de sesenta municipios y diputaciones se han declarado “Espacios Libres de Apartheid Israelí” por resolución plenaria. Estas resoluciones están siendo impugnadas en los tribunales españoles por ACOM, organización vinculada a la embajada de Israel que acusa a estos ayuntamientos de racistas y antisemitas.

Este crecimiento constante mundial del BDS ha provocado que Israel haya pasado de ignorarlo a convertirlo en su mayor amenaza, destinando enormes recursos a combatirlo incluyendo al Ministerio de Asuntos Estratégicos. El pasado 28 de marzo, Israel realizó en Jerusalén unas jornadas específicas para definir su estrategia de ataque al BDS. En las jornadas participaron el Presidente de Israel, Reuven Rivlin, el embajador de EEUU y varios ministros que no tuvieron reparos en amenazar con el “ataque civil a los activistas BDS de todo el mundo utilizando las capacidades de los servicios de inteligencia israelíes” (Ministro Inteligencia Yisrael Katz) o la retirada de la ciudadanía a uno de los líderes del movimiento, Omar Barghouti (Ministro Interior Aryeh Deri).

Otra de sus estrategias está centrada en presionar a los gobiernos de todo el mundo, especialmente a sus aliados, para conseguir que, por medio de las legislaciones y tribunales nacionales, prohíban el ejercicio de la libertad de expresión que supone el apoyo al Boicot. En Francia, Manuel Valls ha actuado rápidamente bajo esas directrices israelíes y, aunque no se ha atrevido a legislar explícitamente contra la libertad de expresión, en la práctica ha reprimido y prohibido muchos actos de solidaridad con Palestina. Igualmente numerosos activistas franceses han sido detenidos por el mero hecho de portar una camiseta apelando al Boicot a Israel. Incluso la Corte de Casación francesa, equivalente a nuestro Tribunal Supremo, dictó una sentencia en 2015 contra el Boicot a Israel.

Esta actuación de algunos gobiernos y tribunales nacionales en Europa va en contra de las directrices europeas. La propia Federica Mogherini, responsable de Asuntos Exteriores de la UE y firme aliada de Tel Aviv, reconoció no compartir el Boicot a Israel, pero aseguró que “la UE se mantiene firme en la protección de la libertad de expresión y la libertad de asociación de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual es aplicable en el territorio de los estados miembros de la UE, y esto es así en particular con respecto a BDS”

Por tanto no cabe ninguna duda de la legitimidad natural y legal del ejercicio de la libre expresión por la sociedad, aplicada a un objetivo político no-violento que busca acabar con la opresión injusta e ilegal que sufre el pueblo palestino, de la misma forma que las democracias mundiales lo aplicaron con la Sudáfrica del Apartheid.

La lógica israelí de acción-reacción nos indica que a medida que el apoyo al Boicot continúe creciendo, la represión será mayor. El encarcelamiento de Salah Khawaja se enmarca en este contexto de mayor represión al movimiento BDS y materializa las amenazas que el régimen de Israel anunció hace unos meses. Es posible que no sea el último y, en todo caso, no es diferente a los más de 7.000 presas y presos políticos palestinos (340 menores de edad) encarcelados por actividad política no-violenta catalogada de “terrorismo”. También Nelson Mandela fue considerado terrorista durante décadas. Las organizaciones de solidaridad con el pueblo palestino en España vamos a exigir a nuestro gobierno que reclame a Netanyahu la puesta en libertad inmediata de Salah Khawaja y del resto de activistas por los Derechos Humanos de Palestina.

Por todo lo anterior, desde el movimiento BDS sabemos que la victoria estará de nuestro lado. No solamente hay que ver su creciente apoyo o la experiencia de Sudáfrica, es más sencillo aún: el BDS alcanzará sus metas porque a las sociedades no se las puede frenar en sus expresiones políticas no-violentas. Es una cuestión de razón y de derecho natural, y es una de las vías para que se logre una paz con justicia en Palestina.

#FreeSalah.

_________________

Daniel Lobato pertenece al movimiento BDS y es integrante de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop)