La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha acordado, en un auto fechado el 30 de octubre, el sobreseimiento provisional de la causa que se sigue desde junio de 2013 en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros de Esperanza Aguirre Manuel Lamela y Juan José Güemes, por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de privatización de la gestión de hospitales en Madrid.

A todas ellas los querellantes les atribuían los presuntos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. Aunque no cabe recurso, los magistrados aseguran que se podría acordar la reapertura del procedimiento en el caso de que apareciesen nuevos elementos que permitieran apreciar la naturaleza penal de determinadas conductas. 

La asociación de facultativos Afem interpuso una querella que fue estimada por el titular de ese juzgado, el magistrado Marcelino Sexmero, quien llamó a declarar en calidad de imputados a los extitulares de Sanidad pero también a otros altos cargos como la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria o el ex director general de Hospitales, Antonio Burgueño. Y también a representantes de las empresas de sanidad privatizada como la Fundación Jiménez Díaz, el Grupo Ribera Salud; Capio Sanidad (ahora IDC Salud); Unilabs y Asisa. Asimismo, el instructor ordenó enviar una comisión rogatoria a Luxemburgo para que investigue a HC Investments BV, el fondo holandés que controla la antigua Capio.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial entienden que no existió delito y dan por el momento carpetazo a este proceso al estimar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por Güemes, Flores, Burgueño y las compañías Asisa y Unilabs y a los que se había adherido el Ministerio Fiscal y el resto de querellados contra el auto del juez Sexmero tras la querella criminal presentada por AFEM. El primero de ellos alegó que la querella era "un supuesto de acción penal instrumentalizada políticamente con fines espurios". 

No obstante, resulta extraño el hecho de que la Audiencia Provincial obvie uno de los aspectos centrales de la querella de Afem, que aludía a las supuestas irregularidades cometidas en la puesta en marcha y funcionamiento de los hospitales Infanta Elena, en Valdemoro; Rey Juan Carlos, en Móstoles y el Hospital de Torrejón de Ardoz. Estos centros funcionan bajo un régimen de concesión administrativa lo que significa que tanto la parte no sanitaria como la sanitaria está gestionadas por empresas privadas a las que la Administración paga una cantidad por paciente al año. De hecho, en la querella se pedía que se investigaran supuestas irregularidades del Servicio Madrileño de Salud en el concierto para asistencia sanitaria suscrito con Fundación Jiménez Díaz, así como supuestas negligencias en el control del gasto público, la facturación intercentros (las operaciones o las consultas de pacientes adscritos a unos centros que se derivan a otros) y derivación del paciente a través del denominado call centercall center. 

Pues bien, los jueces se centran en otro asunto, el plan de privatizar la gestión de seis hospitales que no son los previamente citados (en concreto el Infanta Cristina y el del Tajo, el Infanta Leonor, el del Sureste y el del Henares), a la que renunció la Comunidad de Madrid después de que el TSJ madrileño desestimara los recursos de reposición presentados por la Comunidad y las empresas contra la suspensión cautelar de este proceso dictada el pasado septiembre a instancias de Afem, que había recurrido por la vía administrativa la adjudicación de la gestión de estos hospitales a las compañías privadas HIMA San Pablo, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL. A día de hoy estos centros siguen funcionando bajo un modelo mixto. 

En este sentido, los jueces aluden al hecho de que se diera marcha atrás en el cambio de modelo de gestión por lo que “difícilmente podríamos llegar a la conclusión de que estamos en presencia de unos hechos que pudieran ser incardinados en un tipo penal”. “Las divergencias en el modelo de gestión –añaden– podrán residenciarse en cualquier ámbito, pero debe descartarse al respecto el ámbito del proceso penal”, aseveran. 

Este hecho ha generado una gran extrañeza en Afem. Su abogado, Miguel Muga, ha señalado a infoLibre que el objeto de la querella es distinto al objeto del archivo. "La querella no tiene nada que ver con el contencioso, nos ha parecido muy extraño", asevera. Muga señala que ante esta decisión no cabe recurso, aunque el juez sí ha dejado abierta la posibilidad de una reapertura del caso en el caso de que los querellantes aportaran nueva documentación. 

En su auto, la Audiencia Provincial de Madrid asume el criterio de la Fiscalía y asevera que la querella "contiene una mezcolanza de hechos que nada tienen que ver con la causa que ha dado origen a la misma, que es el cambio del sistema de gestión de los mencionados hospitales, por lo que difícilmente puede pedirse a un tribunal penal que se pronuncie sobre manifestaciones que en realidad no son sino discrepancias con criterios políticos o incluso administrativos en cuanto a la gestión de la sanidad de la Comunidad de Madrid, pero que difícilmente puede entenderse que revistan naturaleza jurídico penal, porque en todo caso y hasta el momento, se circunscriben al ámbito político-administrativo”.

Falta de legitimidad

Otro de los argumentos en los que los jueces de la audiencia basan su decisión es la falta de legitimidad de Afem para personarse como acusación particular. Tal y como habían alegado el exconsejero Güemes, Asisa, Unilabs y la Comunidad de Madrid, determinan que la asociación no está capacitada para ejercer la acusación particular bajo el argumento de que "en ningún momento ha acreditado un perjuicio concreto y específico" respecto a la lista de delitos que imputan a los querellados. No obstante, señala que "se encuentra perfectamente legitimada el ejercicio de la acción popular". La Fiscalía también había esgrimido la falta de legitimidad del colectivo de médicos en varios escritos presentados el pasado verano en los que se adhería a los recursos de los imputados. En esos mismos escritos el Ministerio Fiscal arremetía contra el magistrado Sexmero y sostenía que sus pasos se encaminaban no a comprobar hechos concretos sino a buscar cualquier "descuadre de datos" de apariencia delictiva. 

A punto de cumplirse un año de que un juez aceptase la querella de la asociación de médicos AFEM por la privatización de hospitales madrileños iniciada en 2003, la Audiencia provincial ha desplegado una maniobra insólita para no verse obligada a resolver sobre el recurso que contra la admisión de esa misma querella plantearon los imputados, entre los que figuran los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como las empresas Capio –ahora rebautizada IDC Salud- y Ribera Salud.

En una providencia fechada el pasado día 12, la Sección Segunda de la Audiencia madrileña pide “a las partes” que “manifiesten si continúan manteniendo el recurso de apelación interpuesto en las presentes actuaciones o [si], por el contrario, desisten del mismo”.

Pero en la causa solo queda un recurso pendiente: el planteado justamente por aquellos a quienes el titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, citó a declarar como imputados al mismo tiempo que aceptaba la querella. Si los querellados –cuatro personas físicas, más las empresas Capio, Ribera Salud, Asisa y Unilabs- desisten del recurso, Sexmero tendrá vía libre para reemprender las investigaciones. Y, por supuesto, para tomarles declaración como imputados.

La Audiencia, que en febrero tumbó el primer recurso del caso –que impugnaba la simple apertura de diligencias-, justifica el contenido de su resolución con un argumento que ninguno de los juristas consultados alcanza a comprender: que el Gobierno de Madrid ha renunciado a desarrollar la segunda fase de la privatización sanitaria –que pretendía externalizar otros seis hospitales- y, en consecuencia, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) ha dado por concluido el contencioso impulsado también por AFEM. 

Privatizaciones aún no ejecutadas

Algunas fuentes deslizaron con cautela una hipótesis: que la Audiencia Provincial busca evitar un pronunciamiento sobre la admisión de la querella porque si finalmente tiene que resolver, será para desestimar el recurso de los querellados. De ser cierta esa teoría, la Audiencia estaría ofreciendo a los querellados la opción de declarar voluntariamente ante Sexmero antes que verse forzados a ello por mandato judicial.

La providencia no hace ninguna mención a que ese contencioso que dio por acabado el TSJM –proceso similar a una demanda civil pero en el que se impugnan decisiones de una administración pública- se refería a privatizaciones todavía no ejecutadas. En cambio, la querella –penal, es decir, con hipotéticos delitos en liza- alude a los hospitales públicos que ya funcionan bajo gestión privada. Ese es el caso de los hospitales Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos de Móstoles, ambos gestionados por Capio; y del de Torrejón de Ardoz, inicialmente adjudicado a Ribera Salud pero ahora bajo la batuta de Sanitas.

La querella se dirige contra cuatro antiguos altos cargos de la sanidad pública madrileña y contra las cuatro empresas que resultaron beneficiarias de la primera oleada privatizadora: Capio Sanidad –la nueva IDC Salud-, Ribera Salud, Asisa y Unilabs. Según AFEM, lo sucedido con ese proceso privatizador muestra indicios de ocho delitos: realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho , fraude y malversación de caudales públicos.

Entrega al juzgado

El mismo día en que el juez Sexmero aceptó la querella, no solo citó como imputados a los querellados sino que ordenó enviar una comisión rogatoria a Luxemburgo para recabar información sobre el fondo opaco que controla la antigua Capio y actual IDC. Sexmero recabó luego la información publicada sobre ese punto por infoLibre, que, tres meses antes de que Afem presentara su querella, había desvelado cómo los verdaderos propietarios de Capio se ocultan tras cinco sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Este diario entregó al juzgado toda la información mercantil internacional que, en julio de 2013, obraba en su poder. 

La querella abordaba también cómo dos exconsejeros madrileños de Sanidad que jugaron un papel clave en el proceso privatizador se habían incorporado, tras su cese como cargos públicos, a empresas beneficiarias de la “externalización”.

El primero de ellos es Manuel Lamela, que ganó fama como político por su persecución del equipo de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés –el caso del doctor Montes-, al que acusó en falso de matar a enfermos terminales con sedaciones irregulares. 

Tras el fiasco del Severo Ochoa, Lamela cesó como consejero de Sanidad y, entre junio de 2007 y el mismo mes de 2008, asumió la cartera madrileña de Transportes. Artífice del proceso privatizador iniciado en 2003, Lamela terminó por dejar la política institucional. Y se incorporó a Assignia Infraestructuras. Esa compañía participaba, al menos en junio de 2013, en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, “licitados y adjudicados durante la etapa en la que este era consejero de Sanidad”, dice la querella de AFEM “El propio Lamela –agrega la denuncia- inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad en la que trabaja”.

Querella también contra Güemes

Ese hospital, en régimen de gestión mixto –los servicios médicos se gestionan desde el sector público– era uno de los seis que el Gobierno madrileño pretendía privatizar. Es, por tanto, uno de los afectados por el contencioso que el TSJM dio por liquidado una vez que el actual presidente de Madrid, Ignacio González, renunció a sus planes privatizadores.

El segundo exconsejero contra el que se dirige la querella de los médicos es Juan José Güemes. Consejero de Sanidad entre junio de 2007 y marzo de 2010, Güemes saltó de nuevo a la palestra a comienzos de 2013. Fue entonces cuando se supo que la empresa de la que entonces era consejero, Unilabs, había resultado beneficiada con la gestión de los análisis clínicos de la sanidad pública madrileña. Y había sido Güemes quien, como consejero, privatizó justamente ese servicio. La revelación periodística terminó con su dimisión como miembro del órgano de administración de Unilabs. 

El fondo LBEIP BV, ligado al Lloyds Bank, radicado en Holanda, especializado en infraestructuras y cuya cartera de inversores constituye un misterio inextricable, acaba de hacerse con el control (55%) de la empresa Phunciona SA, que gestiona los servicios no médicos del hospital público de Arganda (Hospital del Sureste). Así lo han confirmado a infoLibre fuentes de FCC, que en unión de Bankia sumaba hasta ahora mayoría en Phunciona a través de la sociedad Global Vía Infraestructuras SA.

Autorizada por la UE el pasado día 18, la operación de Arganda es la segunda que en una semana introduce al fondo LBEIP en la sanidad pública madrileña. La primera, aprobada por la Comisión Europea el 5 de marzo, le permitió hacerse con el 49% de la compañía que explota los servicios no sanitarios de otros dos hospitales –los de Parla y Coslada-, aunque Sacyr, que ingresó 90 millones por la venta de esos títulos, sigue conservando ahí la mayoría al quedarse con el 51% de las acciones. 

Del fondo LBEIP BV (Lloyds Bank European Partners Infrastructure Partners BV) poco se sabe, más allá de que gestiona "fondos de pensiones". Su socio único es otra sociedad homónima pero con el sufijo LP (Limited Partnership, un tipo de sociedad en comandita), domiciliada en Londres y sobre el que este diario no ha logrado ninguna información mercantil o financiera. El Banco Sabadell gestiona el negocio local del Lloyds. Pero sus portavoces niegan poseer cualquier dato sobre el fondo de inversión en infraestructuras LBEIP dado que la operación no tiene su origen en España.

La operación llega en un momento en que las constructoras buscan soltar lastre para concentrarse en sectores prioritarios. "Estos eran activos no core [no básicos o estratégicos]", señalan fuentes cercanas a FCC que subrayan la pertenencia del LBEIP al Banco Lloyds. La batida en retirada de Sacyr y el tándem FCC-Bankia se produce, además, justo después de que el Gobierno de Madrid se viese forzado a renunciar a su plan para privatizar nuevos hospitales.

Siete hospitales con inversores desconocidos

Tras la llegada del fondo LBEIP BV, son ya siete los hospitales integrados en la red pública madrileña cuya gestión total o parcial está en manos de grandes fondos de composición opaca. Cuatro de esos hospitales permanecen bajo el mando de Capio –ahora llamada IDC Salud-, el gigante de la sanidad pública privatizada cuyos verdaderos propietarios se ocultan tras cinco sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Desde la segunda oleada privatizadora, lanzada en 2008 por Esperanza Aguirre  y que esta vez ya preveía la cesión de los servicios sanitarios a empresas privadas, Capio gestiona cuatro hospitales integrados en la red pública: Valdemoro –inaugurado en 2007–, Móstoles, la Fundación Jiménez Díaz y el de Collado Villalba, por el que cobra un canon mensual de 900.000 euros pese a que todavía no ha entrado en funcionamiento. 

Sujeto a una concesión administrativa para 30 años otorgada en junio de 2005, el hospital de Arganda pertenece a un grupo de hospitales anterior: aquel que el Gobierno de Madrid usó como banco de pruebas para su proyecto de privatización sanitaria. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) seguiría prestando directamente los servicios sanitarios y las empresas concesionarias obtendrían una concesión de hasta tres décadas  y el pago de un canon anual a cambio de construir el edificio.

En el caso de Arganda, tres gigantes –FCC, Caja Madrid y OHL, que ahora sigue conservando su 33,33% original en Phunciona dado que, según sus portavoces, no ha vendido una sola de sus acciones a LBEIP– acudieron de modo conjunto al concurso.

Lo ganaron, se garantizaron el cobro de un canon global de 277,89 millones de euros con cargo al erario madrileño, construyeron el hospital y, una vez inaugurado en 2007, pasaron a explotar todos los servicios no sanitarios del complejo: desde la cafetería a los aparcamientos, de los locales comerciales a la lavandería y la administración.

Causa y efecto

En efecto, la venta de activos fue propuesta a la UE tanto por Sacyr como por Phunciona justo después del varapalo asestado por la justicia madrileña a la tercera fase de privatización hospitalaria y la consiguiente renuncia del Gobierno regional a seguir adelante con ella, lo que ocurrió el 27 de enero.

Diez días después, el 7 de febrero, Sacyr pidió a la UE autorización para vender al LBEIP BV el 49% de HC SL –la compañía que gestiona los servicios no sanitarios de los hospitales de Parla y Coslada–. Y el día 20, el conglomerado Phunciona –donde, junto con FCC-Bankia participa OHL– siguió la misma senda y comunicó a Europa que planeaba dar entrada al fondo.

Tras un año largo de protestas capitaneadas por la asociación de médicos Afem y con una querella estancada en espera de que la Audiencia de Madrid revalide o anule la imputación de la antigua cúpula sanitaria del Gobierno de Madrid, el Tribunal Superior de Madrid ratificó en enero la paralización del proceso por el que otros seis hospitales quedarían bajo gestión de distintas empresas. 

El nombre de una de ellas, la puertorriqueña Hima San Pablo Inc, había aflorado meses antes durante una investigación del Fondo de Garantía de Depósitos de EEUU: el impago del crédito concedido a una de sus filiales coadyuvó a la quiebra del Eurobank, una de las entidades financieras que en 2010 cayeron en el Estado Libre Asociado.

Renuncia tras el castigo judicial

El golpe del TSJM cayó a plomo sobre el Gobierno de Madrid tras una fallida maniobra del entonces presidente de la Sala de lo Contencioso y esposo de una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, Gerardo Martínez Tristán, para buscar un escenario judicial –el pleno de la sala– hipotéticamente más favorable a las tesis privatizadoras.

Que el Tribunal Superior revalidase las tesis de los demandantes –que si la privatización no se paralizaba antes de que las empresas adjudicatarias tomasen posesión de los hospitales, el proceso sería irreversible– implicó un castigo de tal magnitud que el Ejecutivo regional renunció de inmediato a su plan. 

Anunciada ayer lunes por Sacyr, la venta del 49% de la sociedad que explota los servicios no sanitarios dos hospitales públicos madrileños, el de Parla y el de Coslada, ha introducido en escena a un nuevo fondo internacional que agrupa a inversores desconocidos y cuya estructura accionarial arranca en Holanda: exactamente igual que la de Capio –ahora llamada IDC Salud–, la opaca compañía que desarrolla la gestión sanitaria de cuatro hospitales de la red pública madrileña y cuyos verdaderos propietarios se ocultan tras cinco sociedades de las Islas Caimán.

Tras la operación, que ha reportado a la constructora Sacyr 90,2 millones de euros, su nuevo socio es ya el Lloyds Bank European Infrastructure Partners BV (LBEIP BV), una filial del conglomerado que encabeza el banco británico del que toma su nombre y focalizado en las infraestructuras.

Constituido como sociedad limitada (eso significan las siglas BV), el fondo holandés tiene como accionista único, según la nota oficial de Sacyr, a otra filial del Lloyds Bank, el Lloyds Bank European Infrastructure Partners LP, con sede en Reino Unido. Para Sacyr, la operación con Lloyds "se engloba dentro de la estrategia de Sacyr Concesiones de dar entrada en sus concesiones a un socio financiero que maximice la rentabilidad de sus activos y aporte capital para el desarrollo de nuevos proyectos (greenfield), sector en el que ostenta una posición de liderazgo mundial".

Pero los planes del fondo Lloyds para la sanidad madrileña van más allá: la Comisión Europea recibió el 20 de febrero otra solicitud de venta de acciones a LBEIP BV, esta planteada por OHL y FCC-Bankia, que, como Sacyr, explotan en régimen de concesión los servicios no sanitarios de otro hospital público de la comunidad, el de Arganda del Rey. Una información fechada en marzo de 2012 y divulgada por el Foro Institucional del Inversor detallaba que el mayor interés inversor en torno a Lloyds Bank European Infrastructure Partners Limited se había manifestado en "fondos de pensiones europeos". 

La venta de acciones de Hospitales Concesionados SL, la filial a través de la que Sacyr explotaba hasta ahora en solitario los hospitales de Parla y Coslada, no ha sido notificada a la CNMV pero sí a la Comisión Europea, que publicó el 5 de marzo su visto bueno a la operación. En lo que respecta al hospital de Arganda, la Comisión no se ha pronunciado todavía. En los dos casos hay un segundo nexo además de la presencia de Lloyds Bank European Infrastructre Partners BV: tanto OHL como Sacyr están siendo investigadas dentro de la pieza separada del caso Gürtelcaso Gürtel con la que el juez Pablo Ruz busca esclarecer si el PP aceptó donaciones ilegales de personas que luego se vieron beneficiadas con contratos públicos.

Tanto el hospital de Parla como el de Coslada y Arganda pertenecen a la primera hornada de la privatización de hospitales. En su caso, no fue la gestión sanitaria lo que pasó a manos privadas sino la de los servicios adicionales. Bajo el manto del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2011, el Ejecutivo regional adjudicó la construcción de varios hospitales a distintas empresas a cambio de concederles la explotación de distintos servicios por hasta 30 años.

El segundo paso privatizador ya afectó a la gestión sanitaria. Empresas como Capio y Ribera Salud asumieron la dirección de otros hospitales. Pero fue el tercer episodio de lo que parecía un proceso imparable el que dio al traste con los planes del PP madrileño: tras un año largo de protesta sostenidas capitaneadas por la asociación de médicos AFEM en contra de la privatización de seis nuevos hospitales y una vez que el Tribunal Superior de Madrid confirmó la suspensión del proceso, el Gobierno regional anunció que renunciaba al plan. 

La renuncia fue anunciada el 27 de enero. El 7 de febrero la Comisión Europea ya recibió la "notificación conjunta de un proyecto de concentración" para el hospital cuyos servicios gestiona Sacyr. Y dos semanas más tarde, llegó la comunicación del consorcio que lidera OHL.

Los médicos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las organizaciones impulsoras de la marea blanca, sostienen que el cálculo del dinero que recibirían las tres empresas adjudicatarias por hacerse con la gestión de los seis hospitales que la Comunidad de Madrid quiere privatizar se hizo de forma irregular. Los profesionales se basan en los datos del informe económico que acompañaba a los pliegos del concurso para demostrar que la Consejería de Sanidad utilizó dos métodos diferentes para calcular el coste por habitante de la asistencia sanitaria y, por tanto, el dinero que recibirían las adjudicatarias HIMA San Pablo, Ribera Salud y Sanitas por hacerse cargo tanto la parte no sanitaria como la asistencial de los seis centros. Los profesionales, que estudian la posibilidad de presentar un nuevo recurso contra el concurso suspendido de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, creen que el hecho de que los precios no estén bien calculados "es motivo de nulidad de los contratos".

El departamento del consejero Javier Fernández Lasquetty se defendió este martes a través de una carta de su director general de Gestión Económica, Jesús Vidart, después de que El Mundo adelantara esta información el pasado 6 de enero. El la misiva, la consejería desmiente "tajantemente" que utilizara dos métodos diferentes para calcular cuánto cuesta atender a los madrileños en los hospitales públicos de la Comunidad. 

Un aspecto clave en el coste del servicio sanitario es la llamada facturación intercentros. Es decir, lo que un hospital paga a otro cuando este último atiende a un paciente que, por su lugar de residencia, debería acudir al primero. Una práctica que se puede dar también cuando se trata de intervenciones complejas comos los trasplantes... y que es muy habitual entre los hospitales nuevos (los privatizables) y los viejos, porque estos últimos cuentan con más recursos (helipuertos, radioterapeutas de guardia, resonancias de guardia, radiólogos intervencionistas, etc.).

Lo que sostienen los profesionales de Afem en su estudio es que para calcular el alcance de esa facturación –necesaria para saber el coste total de la asistencia sanitaria– se utilizaron datos combinados de dos años diferentes, 2011 y 2012, elaborados también con métodos distintos y, por tanto, "no equiparables". Los médicos creen que este es un asunto clave, pues si los datos estimativos del coste por habitante son incorrectos, también lo será la previsión de ahorro que se establecería según el precio del contrato de licitación de dichos hospitales. El cálculo de la Comunidad es que la privatización de la gestión ahorrará a las arcas públicas un 20%. 

Así, según datos de la memoria económica recogidos en el Cuarto Informe Afem: Cálculo del coste de la asistencia sanitaria especializada en Madrid, en 2011, se aplicó la fórmula de la Unidad de Complejidad Hospitalaria (UCH), un sistema internacional que aglutina a los pacientes en grupos de diagnóstico que consumen más o menos los mismos recursos y suponen los mismos gastos. Hay cerca de 100 codificados por números. Y a cada uno de esos números se les asigna después un peso relativo respecto a su diagnóstico. De esta manera, se determina que un alta por un parto sin complicaciones está en el mismo grupo que una craneotomía, si bien el primero tiene un peso de 1 mientras el segundo lo tiene de 4,88. Así se puede determinar que el coste de la craneotomía es 4,88 veces mayor que el de un parto sin complicaciones. No obstante, el coste económico concreto de cada procedimiento depende de cada hospital porque a la citada fórmula se le aplican otros parámetros como los costes fijos o de mantenimiento que, lógicamente, son más elevados en los hospitales grandes o de referencia porque cuentan con más instalaciones u ofrecen más y más caros servicios. 

En su informe, los profesionales también recogen las tablas que demuestran que en 2012 la Consejería se basó en el sistema de precios públicos, que son los que determina una Administración que debe cobrar por servicios públicos a particulares no cubiertos por la Seguridad Social y aseguradoras. Este sistema también utiliza la concentración de pacientes en grupos de diagnóstico, si bien  no les asigna después un peso relativo. Así, una craneotomía –una operación quirúrgica por la que parte del cráneo se elimina para acceder al cerebro– tendría por este método el mismo coste que un parto sin complicaciones. La diferencia entre ambos métodos, detalla Afem en su informe, llega al punto de que tomando como ejemplo los datos del Hospital Gregorio Marañón, la diferencia del coste llega casi a los 100 millones según el método utilizado. Los médicos estiman, por tanto, que ambos métodos "no son equiparables" y que ambos no pueden usarse en años consecutivos porque arrojarían "resultados impredecibles". 

Precios públicos 

Además, Afem también detecta otra irregularidad que, a su juicio, podría acabar por beneficiar a las empresas adjudicatarias. En este caso en relación a la parte calculada en base a precios públicos. El cálculo del coste de la asistencia se realizó con los datos de 2009, pero la facturación intercentros real se hará con los datos correspondientes a 2013 si la privatización se produce en estas condiciones. Y según Afem, la diferencia de costes de hospitalización entre los dos años es de más de 50 millones de euros en la Comunidad de Madrid. De esta forma –explican los médicos– se estaría "regalando" un 2% de la facturación intercentros a las empresas como consecuencia de la diferencia entre el cálculo del precio del contrato y su puesta en funcionamiento. 

El presidente de Afem, Pedro González, explicó en rueda de prensa este martes que cuando la Comunidad fijó las cápitas que figuran en los pliegos de la externalización convocada en mayo aún no estaban en vigor los precios públicos aprobados para 2013, vigentes desde septiembre, por lo que esta diferencia, "que puede ser de millones de euros", irá "en beneficio de las adjudicatarias".

Sin embargo, en su carta, Vidart también dice que es "absolutamente falso" que para la facturación intercentros actual o futura se vayan a utilizar precios de 2009. "Los precios públicos que se utilizan son los vigentes en el momento de la prestación de la asistencia sanitaria. Actualmente los precios vigentes son los aprobados en 2013", señala. Los pliegos parecen dar la razón a la consejería, pues los pliegos recogen que "el precio de los servicios sanitarios será el que corresponda

en la fecha de la asistencia a los precios públicos vigentes en ese momento", aunque sí detalla que el importe de los precios a aplicar en la facturación por los servicios prestados por la concesionaria se minorará en un 10%, con excepción de las altas hospitalarias correspondientes a los ingresos urgentes no programados.

El proceso de cesión a manos privadas de la gestión de otros seis hospitales madrileños construidos con dinero público vive sus momentos más determinantes estos 9 y 10 de enero. Los cincuenta magistrados que componen la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) están llamados estos días a decidir si el mayor plan privatizador de la sanidad española sigue o no adelante. Y eso ocurrirá porque el anterior presidente de esa Sala, el juez Gerardo Martínez Tristán –casado con una consejera de Cospedal y ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP– decidió acumular bajo una instancia entonces controlada por él mismo todos los recursos sobre forma y fondo relacionados con este proceso que se estaban tramitando en diferentes salas del tribunal madrileño. 

De hecho, este magistrado fue recusado formalmente por el PSM a causa de su parentesco, si bien esta inciciativa no salió adelante. Ahora, como ha pasado a ser miembro del órgano de gobierno de los jueces, Martínez Tristán ya no puede ejercer como magistrado. Le sustituye el juez Miguel Ángel Vegas Valiente.

01. Recurso del PSM contra su supuesta "falta de legitimación" 

El primero de los escritos que resolverá la Sala será el recurso presentado por el PSM contra el auto de la Sección Tercera de este mismo tribunal en el que los jueces argumentaban que este partido no estaba legitimado para recurrir el proceso por no ser parte directa en la adjudicación. A través de este último escrito se levantó una suspensión cautelar que esta misma instancia había dictado dos semanas antes, el 10 de julio de 2013. El razonamiento del tribunal, que no entró en el fondo del asunto, fue que los seis diputados socialistas que lo firmaban –residentes en las zonas de influencia de los hospitales– no ostentaban "un interés legítimo". Los socialistas habían argumentado que la Consejería de Sanidad intentó mejorar las condiciones de la licitación ante la falta de ofertas.

En concreto, se refirieron a la reducción casi a una décima parte de la garantía que debían depositar las empresas aspirantes que la Comunidad llevó a cabo cinco días antes de expirar el plazo de ofertas. Pasó de más de 200 millones a apenas 28. Y eso se hizo cambiando la fianza que debían depositar de un 5% del valor total del contrato –de diez años de duración– que recogían los primeros pliegos al mismo porcentaje pero sólo sobre el valor de un año. De hecho, finalmente Ribera Salud, que opta a los hospitales de Vallecas y Arganda aportó un depósito de 11,7 millones de euros; Sanitas entregó una garantía de 4 millones por el de Coslada e HIMA San Pablo 11,2 millones por los de San Sebatián de los Reyes, Aranjuez y Parla. 

02. Recurso de la Comunidad tras la suspensión cautelar que pidió AFEM 

Aunque la primera suspensión cautelar de este proceso, que sólo duró catorce días, fue consecuencia de esa impugnación del PSM, el recurso que más preocupa al Gobierno regional es el que impuso la Comunidad de Madrid frente al auto de la Sección Tercera por el que cuatro jueces acordaron de nuevo la suspensión cautelar de la privatización el 11 de septiembre de 2013 tras un recurso de AFEM, el colectivo de médicos impulsor de la marea blanca. En esta ocasión, El TSJ de Madrid sí puso la lupa sobre el cambio de reglas de última hora en la privatización de los seis hospitales. Y además de suspender cautelarmente el proceso –como pedía AFEM– consideró que el Ejecutivo regional introdujo una "modificación sustancial" que "podría haber limitado el principio de libre concurrencia". 

En su escrito contra la "publicación" de los pliegos, entre otros motivos, los médicos también argumentaron que la Consejería de Sanidad había cambiado las condiciones de la licitación a cinco días de que se cerrase el plazo de presentación de documentación para las empresas que querían acceder a la gestión de los seis hospitales. Señalaron, sin cuestionar el derecho del Ejecutivo a privatizar la gestión de seis hospitales más, que la Consejería había flexibilizado las condiciones al cambiar la cantidad económica que las empresas tenían que presentar a modo de aval. El departamento de Javier Fernández Lasquetty argumentó que el auto de suspensión no contenía "la precisión que requiere una medida cautelar".

03. Recurso de CCOO ante su expulsión del proceso 

El pleno de la Sala también abordará el recurso de reposición del sindicato CCOO contra el auto de la Sección Octava que inadmitía el recurso interpuesto por este sindicato por falta de legitimación y lo expulsaba por tanto del proceso. Esta organización recurrió al tribunal porque el Gobierno de Madrid se negó a suspender el proceso privatizador tras un requerimiento suyo en el que argumentaba que el el Ejecutivo regional carecía de “potestades legítimamente atribuidas” para llevar a cabo la privatización y que había privatizado los hospitales por la vía de hechos, es decir, sin trámite administrativo.

04. Recurso de la Consejería ante la suspensión dictada por un juzgado de lo contencioso

Asimismo, la Sala debatirá el recurso de apelación de la Comunidad frente al auto del 2 de septiembre de 2013 del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid que acordó también la suspensión del procedimiento. En su auto, el juez Carlos Gómez Iglesias consideró que el ahorro que presupone la Comunidad con este proceso "resulta una incógnita en el momento actual". Y señaló que no se entendía bien cómo los encargados de gestionar este servicio "asumen sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia", entre otros argumentos. Este escrito provocó la ira del consejero Lasquetty, que respondió con un duro ataque personal contra el magistrado. De él dijo que emitía "opiniones de tipo personal y político impropios de un auto en un juzgado".

05. Solicitud de medidas cautelares de AFEM y AMYTS en otros juzgados 

Por otro lado, la Sala también tratará la solicitud de medidas cautelares planteadas por AFEM y el sindicato médico AMYTS, que reclaman la suspensión del procedimiento contractual. Ambas asociaciones presentaron sendos escritos contra las diferentes resoluciones de adjudicación de los seis hospitales a las tres empresas ganadoras del concurso. El argumento utilizado en todos los casos fue el cambio en las condiciones de adjudicación de estos centros en pleno concurso. Para tener más opciones de éxitos, estas organizaciones presentaron recursos en varios juzgados de lo Contencioso de la capital. Ahora la Sala deberá decidir sobre los dos que todavía no se han resuelto. 

06 y 07. Recursos de otros diputados del PSM por falta de legitimidad 

Por último, la Sala verá el recurso de varios miembros del PSM, distintos de los citados anteriormente, a los que también se expulsó del proceso por falta de legitimidad a pesar de que son residentes en las zonas de influencia de los hospitales. También decidirá sobre la solicitud de suspensión del proceso de estos representantes políticos, que recayó en el juzgado de la Contencioso Administrativo número 28 de Madrid, que se inhibió después a favor de la Sección Tercera del TSJM.