El candidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, hizo este domingo campaña en un local de McDonald's en el estado clave de Pensilvania, donde acusó a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, de haberse inventado que de joven trabajó para esta cadena de comida rápida, según informe EFE.

El republicano hizo una parada en un local de la franquicia a las afueras de Filadelfia, donde se puso un delantal y pasó unos minutos cocinando patatas fritas junto a los empleados y repartiéndolas a través de la ventanilla para recoger pedidos desde el vehículo. "Me encanta McDonalds. Me encantan los empleos. Y creo que es inapropiado cuando alguien dice por todas partes que trabajó en un McDonald's (...) pero nunca trabajó en un McDonald's", afirmó el republicano sobre su rival demócrata.

Según la campaña de Harris, la vicepresidenta trabajó durante el verano de 1983 en un McDonald's de la ciudad de Alameda (California), atendiendo en la caja registradora y cocinando patatas fritas, para pagarse los estudios en la Universidad de Howard, en Washington. Harris, que no ha ofrecido más detalles al respecto, suele explicar esa historia para mostrar cercanía con las clases trabajadoras y distanciarse de Trump, un magnate inmobiliario que heredó el imperio de su padre.

El republicano, un gran consumidor de comida rápida que en 2019 repartió hamburguesas de McDonald's en un evento de la Casa Blanca, ha acusado sin pruebas varias veces a Harris de haberse inventado esa parte de su currículum. Ian Sams, portavoz de Harris, dijo este domingo que Trump miente por desesperación: "Él no puede entender lo que es tener un trabajo de verano porque le dieron millones en bandeja de plata y luego los desperdició”, señaló.

Harris no menciona en sus memorias su experiencia en McDonald's y aparentemente la primera vez que habló de ello en público fue en su primera campaña presidencial de 2019, cuando se unió a los trabajadores en huelga de esa empresa en Las Vegas.

McDonald's ha eludido responder a varias solicitudes de información de medios estadounidenses que pedían confirmar si Harris trabajó en el restaurante hace 40 años.

Trump tiene un largo historial difundiendo falsedades sobre el pasado de sus rivales políticos y fue uno de los principales defensores de la teoría de la conspiración de que el expresidente Barack Obama (2009-2017) había nacido en Kenia y, por tanto, la Constitución estadounidense le impedía ser presidente.

Un hombre espera tranquilo mientras su hijo come pollo frito con patatas a la hora de la comida, cuando salen los niños que no comen en el colegio y que no tienen actividades extraescolares por la tarde. Lee, vecino del barrio madrileño de Vallecas, elige este restaurante de kebabs y pollo frito “para salir del paso”.

“Muchas veces no me da tiempo de cocinar. Yo puedo aguantar un rato, pero él necesita comer”, dice este cocinero de Perú que lleva 14 años en Madrid y trabaja cerca del Parque del Retiro. También influye en su decisión que le gustan los kebabs, que el lugar “está tranquilo” y el precio de este lugar de reciente apertura. Como en muchos establecimientos de este tipo se pueden encontrar ‘combos’ que incluyen bebida y patatas por menos de cinco euros cuando los precios de los menús del día, más equilibrados, se han disparado en años recientes.  

En los 1,3 kilómetros que separa el Puente de Vallecas hasta la curva que hay después del estadio del Rayo Vallecano por la Avenida de la Albufera, una de las principales vías de Vallecas, hay veinte establecimientos que ofrecen kebabs, pollo frito, hamburguesas, pizzas o bollería industrial. Esto equivale a comida rápida cada 65 metros en promedio sin contar las tiendas de alimentación donde se venden gominolas, refrescos, bebidas energéticas azucaradas y otros productos de alto nivel calórico pero escaso valor nutricional.

“Los colegios situados en áreas en desventaja económica tienen una mayor disponibilidad de establecimientos de alimentación poco saludables que aquellos que se encuentran en zonas aventajadas. De hecho, las escuelas en barrios desfavorecidos con comercios de comida poco saludable en los alrededores superaron en un 62% a aquellas situadas en zonas de nivel socioeconómico medio”, concluye el informe Desigualdades económicas alimentarias en el entorno escolar en el contexto de Europa del Sur que elaboraron el profesor Manuel Franco y su equipo, que estudian desde hace años la relación entre economía y salud desde distintas perspectivas. Sus investigaciones han cristalizado en el proyecto Heart Healthy Hoods.

“Cuando viví en Baltimore descubrí el impacto del barrio sobre la dieta, pero también el papel que juegan el tiempo y la educación. Sin tiempo no puedes cocinar o hacer una compra en condiciones”, dice este profesor doctor de la Universidad de Alcalá de Henares, que señala a la educación como herramienta que contribuye a un mayor cuidado de la salud.

Mucha gente compra comida rápida no sólo por falta de tiempo o por algo relacionado con su nivel educativo, sino también por dinero, como recuerda Alma Palau, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. La economía actual convierte frutas, verduras o incluso los menús del día que ya no bajan de 13 euros en objetos de lujo frente a los kebabs, las pizzas, las hamburguesas y el pollo frito de la Avenida de la Albufera. Influye también el marketing dirigido a sectores específicos de la población. Julia Díez, integrante del equipo del profesor Franco, ha estudiado el impacto de este geomarketing en los barrios.

La comida rápida no discrimina por barrios y abunda en zonas como Moncloa, con un constante ir y venir de jóvenes de distintas universidades de Madrid que manejan sus propios gastos, o en zonas del centro, plagadas de turistas. Pero los Kentucky Fried Chicken (KFC), Popeye’s Famous Louisiana Chicken, Burger King, McDonald’s tienen menos presencia en las calles Ortega y Gasset, Príncipe de Vergara, Goya y otras con mucha presencia comercial que en Avenida de la Albufera, Marcelo Usera, Bravo Murillo y otras calles de Vallecas, Usera, Carabanchel, Cuatro Caminos y Tetuán. En este último barrio ha vivido Julián Domínguez desde hace veinte años.

“Los negocios de comida en el barrio duran muy poco tiempo y van por modas del momento. Lo que antes eran pizzas y hamburguesas ahora son empanadas o pollo frito. Lo que sí se mantiene con el paso de los años son los kebabs”, dice este mexicano, que destaca la naturaleza multicultural de la zona desde que llegó ahí hace veinte años y que dirige a un grupo de personas de distintos países que se juntan los martes para correr en el Parque del Retiro.

Apasionado del deporte, Domínguez alerta de la falta de espacios al aire libre y zonas verdes para hacer ejercicio en su zona, por muy llenos que estén algunos gimnasios.

También se refiere a los espacios verdes Héctor Porras, de Vallecas, que ha pasado mucho tiempo en la zona de Nueva Numancia y las inmediaciones del estadio del Rayo Vallecano, donde estudió la ESO. Sus padres trabajan en Villaverde.

“A 15-20 minutos puedes encontrar dónde hacer deporte. En Villaverde encuentro espacios al aire libre a 10 minutos andando”, dice este joven de 16 años que estudia un grado de Formación Profesional en emergencias sanitarias. Prefiere la actividad al aire libre, pero la falta de tiempo le ha llevado a pagar 20 euros al mes de gimnasio, aunque reconoce que algunos de sus amigos se gastan más.

El testimonio de este joven confirma las tesis del doctor Franco sobre la relación entre determinados barrios y la existencia de zonas para hacer deporte al aire libre, una herramienta eficaz en la lucha contra la obesidad, que afecta a más de 8 millones de personas en España, de las cuales 1,5 millones son niños, según el último informe del Sistema Nacional de Salud y otros estudios.

Un hombre adulto con poca actividad física necesita unas 2.000 calorías al día por las 1.500 de una mujer. Un kebab tiene de media 739 calorías, según la OCU, a lo que cabría añadir unas 200 calorías de patatas fritas y 150 de refresco, salvo si fuera un refresco “light” o “zero”.

Un menú Whopper con patatas pequeñas acumula 1.000 calorías con refresco normal o 880 calorías con refresco sin azúcar. En McDonald’s, un menú similar con Big Mac contiene 970 u 820 calorías, respectivamente. Un menú KFC para dos personas con 5 piezas de pollo crujiente y 5 alitas picantes acumula 1.972 calorías, o sea casi 1.000 por persona. Tres piezas clásicas de pollo en Popeye’s tienen 1.092 calorías sin contar patatas ni refresco, que lo llevarían hasta las 1.300.

Estos menús suponen más de la mitad de la energía que una persona necesita en un día sin aportar apenas vitaminas, minerales, fibra y otros componentes esenciales para la salud y, sumadas al resto de comidas, con frecuencia exceden el total de lo que necesita una persona en un día. La mitad de la aportación energética de muchos de estos menús proviene de grasas cuando los expertos en nutrición recomiendan que no más del 30% de las calorías consumidas en un día tengan esa procedencia. Si cada gramo de hidrato de carbono y de proteína contiene 4 calorías, cada gramo de grasa tiene 9, lo que convierte la comida rápida en un combustible de la obesidad, de enfermedades cardiovasculares, la diabetes y otros problemas de salud.

Los datos confirman la creciente consolidación de la comida rápida. Burger King saca pecho con los 270 establecimientos que ha abierto en España en los últimos cinco años, con la ambición de alcanzar los 900 para 2024. McDonald’s está cerca de los 600, mientras Kentucky Fried Chicken se acerca a los 250 y Popeye’s supera los 50.

Todos los tipos de establecimientos de comida rápida crecieron en 2022, según el informe Comida rápida y a domicilio, de DBK. Las ventas de las hamburgueserías crecieron un 26%, hasta los 2.810 millones. La facturación de las pizzerías aumentó un 4,2%, hasta los 745 millones de euros, mientras que las ventas de las bocadillerías crecieron un 8,4% y las de otro tipos de comidas como el pollo frito o los Poke, mucho más sanos y equilibrados, un 17,3%.

Un dato de la Federación Española de Diabetes pone el acento en la necesidad de trabajar en la prevención y en la educación: el 80% de los adolescentes obesos lo seguirán siendo de adultos. Esto obedece a los hábitos, arraigados en la educación y amenazados por la publicidad invasiva y en la casi omnipresencia de comercios con comida poco saludable como señalan las investigaciones del profesor Franco. De ahí que expertos como Palau apoyen la propuesta de Valentín Fúster y otros expertos de incluir una asignatura de educación alimentaria como herramienta para que los jóvenes mejoren sus hábitos.

Desde la red OPEN (Obesity Policy Engagement Network), con filial en España, Susana Monereo y Victoria Buiza abordan la obesidad como un problema de salud pública, ya que encuentra sus raíces y tiene consecuencias en los recursos públicos y en la respuesta que se le da desde la política como ocurrió con el abuso del tabaco. 

Hace unos meses enviaron un decálogo de derechos de las personas con obesidad, centrado en su derecho a información, formación, diagnóstico y tratamiento, en medidas de prevención, en convertir su situación en prioridad sanitaria, en la necesidad de sensibilizar sobre el tema, en promover la investigación, en poner especial énfasis y recursos en la obesidad infantil, en empoderar a los pacientes y en luchar contra el estigma, pues la obesidad es para ellos un fracaso colectivo, no individual.

“El problema es cuando los padres no están. Comen lo que les dejan o en sitios de comida rápida. Le llamamos la ruleta rusa ir a comer al kebab. Siempre que vamos en grupo, hay uno al que le sienta mal y acaba en la cama”, dice Porras al reconocer que muchos de sus amigos recurren a esta dieta dos veces por semana.

“En mi familia todos cocinan y desde pequeño me educaron para cocinar”, dice este joven de Vallecas en un guiño a los hábitos familiares, a la educación y a la prevención frente a un gigante que no para de crecer. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de enviar un mensaje bastante curioso a los denunciantes. En una sentencia dictada el 11 de mayo, la corte europea dice que es posible ser condenado por hacer públicos documentos de interés general y a la vez ser reconocido como denunciante.

En este caso, el TEDH ha confirmado la multa de 1.000 euros impuesta a Raphaël Halet, uno de los dos exempleados (el otro es Antoine Deltour) del gigante de la consultoría con sede en Luxemburgo PriceWaterhouseCoopers (PWC) que hicieron posible que saliera a la luz el escándalo de LuxLeaks.

Raphaël Halet, con la ayuda del periodista de Cash Investigation Édouard Perrin, reveló las importantes ventajas fiscales que concede Luxemburgo a las empresas que desean instalarse en su territorio. Cientos de documentos que demuestran al mundo entero lo que algunos sospechaban desde hace años: Apple, Amazon, Ikea, McDonald's o BNP Paribas se beneficiaron de acuerdos exorbitantes (los famosos rulings) con las autoridades luxemburguesas, lo que les permitía pagar una cantidad ridícula de impuestos sobre sus beneficios.

Después de que PriceWaterhouseCoopers denunciara en Luxemburgo, los lanzadores de alertas Antoine Deltour y Raphaël Halet fueron condenados a penas de prisión, suspendidas en primera instancia, en junio de 2016; el periodista Édouard Perrin fue absuelto.

En apelación, en marzo de 2017, Antoine Deltour fue nuevamente condenado (con suspensión de la pena). Por su parte, Raphaël Halet fue condenado al pago de una multa de 1.000 euros y de 1 euro por daños y perjuicios.

Finalmente, en enero de 2018, el Tribunal de Casación de Luxemburgo anuló la condena de Antoine Deltour, pero confirmó la de Raphaël Halet, al tiempo que reconocía a ambos hombres la condición de denunciantes.

La decisión del TEDH, que se sienta jurisprudencia, (aunque sólo sea una sentencia de la Sala todavía recurrible y no una sentencia de la Gran Sala), era muy esperada. Sin embargo, en su sentencia (que puede leerse aquí), que contó con cinco votos a favor y dos en contra, la Corte Suprema considera que se da un justo equilibrio entre la necesidad de preservar los derechos de la empresa y la necesidad de preservar la libertad de expresión del denunciante.

Así, aunque se reconoce la condición de denunciante de Raphaël Halet, se le confirma la condena. Al querer nadar y guardar la ropa, la decisión de los jueces europeos puede considerarse contradictoria.

Para el TEDH al igual que para el Tribunal de Apelación, los documentos revelados por Raphaël Halet no tenían el suficiente interés como para ser absuelto. El carácter desinteresado de su gesto explica la escasa cuantía de la multa, que no es disuasoria para su libertad de expresión ni para la de otros empleados, juzga el Tribunal Europeo.

El TEDH reconoce, al igual que el Tribunal de Apelación, que “las revelaciones eran de interés general” y admite que podían “interpelar y escandalizar”. Sin embargo, concluye que “las revelaciones del demandante eran de menor interés que el daño sufrido por PWC, después de considerar que eran poco pertinentes”. La Comisión consideró que “los documentos no aportaban información esencial, nueva y desconocida hasta entonces”.

Para el TEDH, el Tribunal de Apelación ha cumplido los tres criterios de calificación: “Información esencial, nueva y desconocida”. En conclusión, “las revelaciones del demandante no tenían el suficiente interés para ponderar el daño que había reconocido en PWC”.

Al determinar, con esta sentencia, que Luxemburgo no vulneró la libertad de expresión de Raphaël Halet, la CEDH adopta una noción bastante restrictiva del derecho de alerta. Se trata de “una mala noticia para la libertad de expresión y la libertad de informar”, ha señalado la Casa de los Lanzadores de Alerta (MLA, por sus siglas en francés).

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Encontrarse ante un hecho consumado. A Mathieu Causse, ganadero establecido a unos kilómetros de la localidad de Espalion, en el norte del Aveyron, quizás es esto lo que más le molesta. “Con toda las informaciones de cualquier punto del planeta que recibimos hoy en día, resulta sorprendente que ni siquiera sepamos lo que ocurre a 15 minutos de casa. ¿Cómo ha podido avanzar una iniciativa así en la sombra?”.

Como otros vecinos, este agricultor, descendiente de una larguísima estirpe de trabajadores agrícolas de Aveyron, descubrió el inminente establecimiento de un restaurante McDonald's en Espalion, una vez concedido el permiso de construcción. Él, que forma parte de varias organizaciones profesionales, no lo vio venir. El colmo es que se produce en un departamento “en el que los valores del buen comer son algo identitario”.

La noticia de la llegada de McDonald's comenzó a circular durante el verano. Y no es raro que sorprenda: Espalion apenas tiene 4.600 habitantes. Y todo el Aveyron, muy rural, es uno de los departamentos franceses donde menos presentes estaban (hasta la fecha) las cadenas de comida rápida: sólo hay seis McDonald's... y ningún Burger King. Únicamente Córcega ha evitado, a día de hoy, la llegada de las dos cadenas de franquiciados.

Inmediatamente se creó una asociación, “Pas de Micmac à Espalion” (Micmac, fuera de Espalion). Después de la recogida de firmas (lleva recabadas más de 700 firmas), la convocatoria de una manifestación y de dirigirse a numerosos políticas, estos vecinos buscan otros medios para impedir la llegada de la cadena asociada a la industria agroalimentaria y a la expansión suburbana. La lucha contra la artificialización del suelo se encuentra precisamente entre las propuestas elaboradas por la Convención Ciudadana por el Clima. Pero no es fácil oponerse al mastodonte... y a los intereses de ciertos empresarios locales.

Michel Neyrolles, propietario del Super U de Espalion y gerente de varias empresas en el Aveyron, fue quien vendió su terreno a la cadena estadounidense –una de las pocas parcelas del municipio donde podía instalarse, debido a las zonas inundables debido a la proximidad del río Lot. Para dejar superficie suficiente, el empresario trasladó la gasolinera del supermercado al otro lado de la carretera.

¿Por qué McDonald's? “En nuestras pequeñas ciudades, no hay muchos inversores... No he encontrado otro”, señala a Mediapart (socio editorial de infoLibre), y añade: “Hay demanda comercial. La gente de nuestro pueblo va hasta Rodez para ir al McDonald's”.

Rodez, capital del Aveyron, se sitúa a unos 30 kilómetros. Hay tres McDonald's, entre la propia localidad y los alrededores.

A la salida de Espalion, en dirección a Aurillac, el 6 de enero apareció el cartel: “Construcción de un restaurante McDonald's”, puede leerse en el cartel colocado entre un Super U y una zona arbolada. ¿El problema? Da la espalda a la carretera y, por lo tanto, no es visible desde la vía pública, tal y como estipulan las normas de publicación de permisos de edificación.

Según el expediente que Mediapart ha podido consultar en el ayuntamiento, el edificio previsto tiene una superficie de 160 m², a la que se añade un aparcamiento de 16 plazas. Tiene capacidad para 178 clientes, con una plantilla de 20 a 25 personas.

Señal de que no hay suficientes argumentos para defender la construcción de este nuevo McDonald's –la empresa ya tiene cerca de 1.490 establecimientos en Francia–, es que cuando tratamos de hablar con el alcalde de Espalion, Éric Picard (derecha), no ha querido atendernos. Tampoco lo ha hecho la propia empresa, que delega su comunicación en la agencia Plead para evitar tener que responder a las peticiones de los periodistas (véase la Caja negra).

La apertura de este establecimiento permitirá crear 47 puestos de trabajo y dejará cuatro millones de euros en la zona, según un comunicado de prensa. “Estamos impacientes por prestar un servicio esperado y contribuir al dinamismo local de Espalion”, se puede leer en el texto enviado por la agencia Plead.

Bernard Petit, uno de los miembros más activos del colectivo, no puede creerlo. “En medio de una epidemia, cuando el covid es especialmente grave en casos de sobrepeso, diabetes y enfermedades cardiovasculares, no tiene sentido dejar que se abran este tipo de negocios alimentarios”. Ingeniero químico jubilado, este vecino de Espalion está harto de los informes parlamentarios sobre la salud y el medio ambiente que “se acumulan” y “no tienen ninguna eficacia en el ámbito local”. ¿El último? El informe de la diputada Sandrine Josso (LREM), publicado en diciembre, sobre la evaluación de las políticas públicas de salud ambiental. En las conclusiones se pide, en particular, una “estrategia nacional de prevención de la obesidad”...

Sin embargo, los efectos de la comida rápida sobre la salud están bien claros. Un artículo científico publicado en el Journal of Internal Medicine, en 2013, llegó a correlacionar la densidad de locales de McDonald's con la prevalencia de la obesidad en 45 países.

¿Y si este nuevo McDonald's se abasteciese de productos locales? ¿Elaborar los Big Macs con filetes locales procedentes de la agricultura sostenible? Mathieu Causse, que alimenta a sus animales con sus propios cereales y hace pastar a sus vacas todos los veranos en la meseta, no se lo cree ni un segundo. “En cualquier caso, no venderé mis productos a esa enseña... Porque, a la larga, se asociaría McDonald's con productos de calidad, lo que devaluaría la verdadera calidad. La “Burger charolesa” que lanzó la empresa, por ejemplo, no tuvo consecuencias para los productores locales. La carne se vendía a través de mayoristas y supermercados”.

En 1999, el desmantelamiento del McDonald's de Millau

Por no hablar de la carne importada. En su página web, la empresa afirma que “el 75% de los productos alimenticios comprados por McDonald's” proceden de “empresas alimentarias francesas”. Esto no da ninguna garantía sobre el origen de las explotaciones ganaderas.

En el centro de Espalion, el comercio local se encuentra en horas bajas. La pequeña tienda Burgers de l'Aubrac, a dos pasos del Puente Viejo, bajó la persiana hace dos años. Los pocos restaurantes y cervecerías existentes están cerrados por las medidas sanitarias impuestas.

“¿McDonald's ha venido a callarnos?”, espeta Sébastien Persec desde su pequeña granja de Aubrac, a pocos kilómetros de Laguiole. Portavoz de la Confederación Agrícola y Ganadera del Aveyron, este ganadero está convencido de que es la alimentación ecológica, y no la industrial, la que debe alimentar al mayor número de personas. “Lo mejor que nos podría pasar sería que este establecimiento de comida rápida estuviese poco frecuentado y una transformación, como la del Après-M [Después de McDonalds], en los barrios del norte de Marsella: tras el confinamiento, los antiguos empleados de McDonald's convirtieron el lugar en un centro social”.

Para Sébastien Persec, que cría a sus animales sin proteínas añadidas, “la gastronomía del Aveyron desempeña un papel importante para atraer a los visitantes a la región. La gente no viene aquí a encontrar la misma comida basura que en otros lugares”.

Comida basura. En el verano de 1999, la expresión fue noticia en los medios de comunicación nacionales y la figura de José Bové emergió en el debate público. Junto con otros agricultores que, como él, vivían en el Larzac, este activista y fundador de la Confederación Agrícola y Ganadera decidió reaccionar ante el embargo de Estados Unidos del queso de Roquefort, decidido tras el cese de las importaciones francesas de carne de vacuno con hormonas: el grupo procedió a “desmantelar” el McDonald's de Millau, entonces en construcción. A los pies del Causse du Larzac, conocido por su lucha contra el campo militar en los años 70 y famoso por sus explotaciones de ovejas, el grupo está decidido a defender los alimentos locales de calidad y, en particular, el famoso Roquefort, la primera denominación de origen regulada de Francia, creada en 1925.

“Luchábamos sobre todo contra la carne de vacuno tratada con hormonas procedente de Estados Unidos”, explica Christian Rouquayrol, que participó en la acción en su momento y fue acusado. Hoy, una nueva enseña intenta sumarse al paisaje: Burger King. El 11 de mayo apareció un permiso de construcción junto a una rotonda. La lucha adquirió una nueva dimensión. “Salimos del calvario del confinamiento de la primavera con ganas de recuperarnos, con ganas de aprovechar para cambiar las cosas... Y nos encontramos con este proyecto de Burger King en Millau. La movilización partió de ahí; el mundo que queremos no es este mundo de la velocidad, donde comemos mal y que nos hace sensibles a las pandemias”.

Picnics en los terrenos en cuestión, carteles por todo Millau, reuniones con el colectivo Espalion... Pero más que en el norte del Aveyron, la noticia de la llegada de un segundo restaurante de comida rápida a esta zona del Parque Natural Regional de las Grands Causses, clasificado por la Unesco, causó asombro. Hasta tal punto que influyó fuertemente en la segunda vuelta de las elecciones municipales del año pasado: la candidata socialista Emmanuelle Gazel, que, al contrario que el alcalde saliente, había mostrado su hostilidad al proyecto durante la campaña, acabó ganando la segunda vuelta, por unos 40 votos de los cerca de 16.000 votantes de la ciudad de Millau.

Grégoire de Saint-Jorre dirige un hotel-restaurante a pocos kilómetros, en las gargantas del Tarn. Trabaja principalmente con productores locales en un radio de 30 km. Esto es lo contrario de las cadenas de suministro de comida rápida. “Detrás de estas multinacionales de comida rápida, encontramos toda la mecánica de la agricultura industrial que ya no queremos. ¿Cómo es posible permitir que se siga permitiendo construir estos establecimientos cuando en Francia hay un 17% de adultos obesos?”. A Grégoire le conmueve aún más el hecho de que la señalización de McDonald's en Millau esté por todas partes... incluso en las camisetas del equipo de rugby local. “Cuando lo vi en la camiseta de mi hijo, me quedé de piedra. Ese no es el mundo que quiero dejar a mis hijos”.

Más allá de la cuestión alimentaria, la construcción de un nuevo restaurante de comida rápida en Millau plantea problemas urbanísticos. El emplazamiento elegido para este futuro Burger King es la entrada norte de la ciudad, a la salida de las Gargantas del Tarn, en el corazón de la zona residencial de Bellugues, una zona que no tiene nada de comercial.

Para los residentes de la zona, la situación es difícil de asimilar... sobre todo porque este proyecto no habría salido adelante sin la venta municipal de una superficie comunal –un bolódromo– colindante con el terreno del propietario que accedió a la construcción. Bastante satisfecho con la decisión, el vecino que alquila el terreno, dice a Mediapart: “La instalación de Burger King revalorizará la ciudad. Traerá dinamismo”. Confiado en el proyecto, asegura: “Hemos escuchado algunos diálogos disparatados... Pero los contrarios al proyecto no podrán hacer nada contra el permiso de obras..., se ha concedido según las reglas del juego”.

“Tierra sensible”

Sin embargo, esto no es seguro. Cuando vendió sus terrenos a finales de 2019, el ayuntamiento no consultó a los vecinos, como se exige cuando se desclasifica una parcela comunal. Para que la venta pasara por el pleno, el alcalde saliente, Christophe Saint-Pierre, se limitó a calificarla de proyecto de “gran restaurante”.

Según varios documentos que Mediapart ha podido consultar, entre ellos el expediente de la licencia de obras, el alcalde era, sin embargo, perfectamente consciente de que se trataba de un establecimiento del gigante estadounidense de la comida rápida. Cuando el Ayuntamiento dio su visto bueno a la venta el 12 de noviembre de 2019, lo justificó en una carta: “Para que se pueda llevar a cabo la construcción de un restaurante Burger King”.

“Cuando el alcalde hablaba de un gran restaurante, mucha gente se imaginaba a un chef con estrella...”, explica Doq Vernel, presidente de la asociación La Defensa de Bellugues creada por los propietarios de las casas contiguas al solar, que se sienten engañados por las autoridades municipales.

La asociación interpuso dos acciones legales. Una se refiere a la no consulta vecinal; la otra, a la validez de la licencia de obras en algunos puntos concretos, como el número de plazas de aparcamiento (40) en relación con el número de plazas del establecimiento (140 plazas; 176 en total más 25 empleados al día): tal proporción hace temer a los vecinos afluencia de coches al barrio.

De hecho, la rotonda de Bellugues está en el eje de un importante tráfico. La de las autocaravanas en la temporada de verano. Lo mismo ocurre con las furgonetas de mercancías que circulan por el viaducto de Millau para evitar el peaje. Una simple visita al sitio a mediodía permite observar el flujo constante de vehículos. A esto hay que añadir la pendiente de la carretera que desciende desde el Causse Rouge, en la que los vehículos llegan a toda velocidad. Según los planos de Burger King, que Mediapart ha podido consultar, allí se instalaría el paso de peatones y el acceso para personas con movilidad reducida.

“Todo se hizo a escondidas", lamenta Emmanuelle Gazel, la nueva alcaldesa. “No teníamos la menor sospecha de que una cadena como Burger King fuera a establecerse aquí”. ¿Conseguirá la nueva alcaldesa oponerse al proyecto, como prometió durante la campaña electoral? Legalmente, no puede impugnar las decisiones de su predecesor. Tampoco puede ir contra una instalación en una estructura privada. Sólo puede “seguir de cerca” los recursos presentados por los vecinos... y animar a Burger King a trasladarse a otro lugar. “Tenemos muchos solares industriales que rehabilitar y les hemos ofrecido otras ubicaciones, en una zona comercial. Queremos evitar en lo posible la artificialización del suelo”, explica a Mediapart.

Ahora bien, es precisamente esta rotonda de entrada a Millau, por ver pasar un gran número de coches, Burger King ha elegido, nos indica –de forma anónima– el prospector del cartel de este proyecto. “Los flujos a la salida de las gargantas del Tarn son una ventaja para nosotros, dice. Los otros emplazamientos propuestos por el ayuntamiento no son adecuados, ni en términos de acceso ni de visibilidad”. De hecho, el proyecto se ha suspendido por el momento, debido a los recursos legales, reconoce el prospector, que sabía “muy bien” que Millau sería “una zona sensible”.

Los proyectos de McDonald's y Burger King en los terrenos del Aveyron no se detienen ahí. Un poco más al sur, en Saint-Affrique, McDonald's también ha intentado instalarse. La empresa se había puesto en contacto con el anterior alcalde, el socialista Alain Fauconnier, para establecerse en la zona de la estación de tren, que debe beneficiarse de un programa de rehabilitación urbana. Su sucesor, Sébastien David (Los Republicanos), elegido el pasado mes de junio, ha cambiado de marcha: “No he recibido a ningún representante de McDonald's en mi despacho y ningún McDonald's se instalará en los terrenos del municipio”, asegura a Mediapart. Sin embargo, la zona de la estación va a ser vendida a un promotor inmobiliario, y una vez que las parcelas pasen a ser propiedad privada, el ayuntamiento ya no podrá opinar. “Hemos reescrito el proyecto del antiguo equipo. Sin embargo, no habrá espacio para un restaurante de comida rápida en este complejo”, promete el alcalde de Saint-Affrique.

Por último, en Rodez, un Burger King abrirá sus puertas a mediados de abril. La estructura del edificio ya se deja adivinar, al borde de la rotonda de Calcomier, a la salida de la ciudad en dirección a Cahors. El director, Laurent Segade, anunció en la prensa local la creación de 70 puestos de trabajo. En realidad, como hemos visto, la contratación, lanzada en colaboración con el servicio público de empleo, es para puestos a tiempo parcial (24 horas semanales). Lo mismo ocurre en la vecina Lozère, donde un establecimiento, dirigido por el mismo Laurent Segade, debería abrir sus puertas en Mende antes del verano.

Estas aperturas simultáneas no son una casualidad. Según nuestras informaciones, Burger King, que ya cuenta con 400 establecimientos en Francia, ha puesto en marcha un amplio plan de desarrollo, con aperturas de tiendas previstas en 27 departamentos.

Sin embargo, ni Laurent Segade ni la dirección de Burger King han respondido a nuestras preguntas. Al igual que McDonald's, la cadena de comida rápida delega las relaciones con la prensa en una agencia de comunicación. Así que la agencia Publicis nos hizo primero una serie de preguntas (véase la Caja Negra)... y finalmente no nos facilitó ningún contacto con la dirección de Burger King. Sólo se recibimos un comunicado de prensa en el que se destacan los puestos de trabajo directos e indirectos creados por la llegada de la marca a Rodez y Millau. “Un restaurante es un lugar animado 7/7 días a la semana, por la noche, acogedor y accesible al mayor número de personas”, dice el texto transmitido por Publicis.

Parece que estas multinacionales no se sienten tan cómodas con la idea de instalarse en el Aveyron. Se les puede entender... Entre los antiguos combatientes del Larzac, los jóvenes de Extinction Rebellion, que se han puesto de parte de otros colectivos como L'Ami des lobbies, y los vecinos que pretenden llevar la batalla legal hasta el final, los gigantes de la comida basura se enfrentan a una alegre resistencia. Y ésta todavía no ha dicho su última palabra.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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El 18 de mayo de 2020, una coalición de sindicatos, entre ellos el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU), presentaba una denuncia contra el grupo McDonald's por “acoso sexual sistemático” ante la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, que se encarga de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social en todo el mundo). Según los denunciantes, se trata de la primera denuncia de “acoso sexual generalizado en una empresa multinacional” en función de los principios directores del organismo internacional.

Los testimonios recabados por los sindicatos van desde comentarios sexistas hasta agresiones físicas a las empleadas en Australia, el Brasil, Chile, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. “Se constata la existencia de un problema que no es sólo cosa de algunos garbanzos negros. Se trata de algo cultural, incluso sistémico en la empresa”, añade Nicholas Allen, coordinador internacional del SEIU, una de las principales organizaciones sindicales del sector servicios de EEUU.

Dos años antes, en septiembre de 2018, un año después del inicio del movimiento MeToo, empleadas estadounidenses de McDonald's ya daban la voz de alarma. Se manifestaron en más de diez estados de EEUU contra el acoso sexual en los restaurantes de comida rápida del gigante norteamericano. “¡Toma tu hamburguesa, toma tus patatas fritas, quita las manos de mi culo!”, cantaban por las calles de St. Louis (Misuri).

En Estados Unidos, como en Francia, la mayoría de los restaurantes son franquicias. Esto permite a McDonald's eludir cualquier responsabilidad. McDonald's Francia, contactado por Mediapart (socio editorial de infoLibre), no ha respondido a nuestras numerosas preguntas sobre su sistema de franquiciado, pero sin embargo nos indicó que “dentro de la marca, las competencias, la motivación y las cualidades profesionales siguen siendo reconocidas con independencia del género, origen o incluso trayectoria académica y profesional... Todos nuestros clientes, cuando abren la puerta de un restaurante, ven que nuestros equipos son el reflejo de una Francia diversa y el espejo de los territorios en los que estamos presentes. Nuestros restaurantes, y esto es algo inherente a todos nuestros equipos, son lugares de tolerancia y donde convergen todas las culturas y orígenes”.

“Se trata de una batalla permanente aquí, en Estados Unidos”, dice Bryce Covert, periodista de The Nation que sigue de cerca el acoso sexual en McDonald's. “La cadena siempre remite a la franquicia, pero es McDonald's quien decide qué ropa usan los empleados, cómo se hace la comida, qué comunicación se mantiene con los clientes, a veces incluso tienen control directo sobre las horas de trabajo o la nómina. Ejercen tanto control sobre los restaurantes que no pueden asegurar que no tengan ninguna responsabilidad en lo que pueda pasar allí”.

El 28 de julio de 2020, en un artículo titulado McDonald's, un verdadero problema de acoso sexual, la periodista se hizo eco del testimonio de varias trabajadoras, que describían el calvario sufrido en el trabajo, testimonios que se parecen como dos gotas de agua a los recabados en Francia.

En su investigación, Bryce Covert habla de los cambios que la delegación estadounidense de McDonald's realizó a raíz de las protestas de los empleados: “En respuesta a la presión, la empresa anunció el año pasado un nuevo programa de formación sobre acoso sexual que aplicaría de forma paralela a una formación sobre violencia en el trabajo, intimidación y prejuicios inconscientes en establecimientos propiedad de la empresa y que ‘está a disposición de los franquiciados', según un portavoz de la empresa. También dijo que había ‘mejorado’ su política de prevención de la discriminación, del acoso y de las represalias y puesto en marcha una línea telefónica gratuita para atender las preocupaciones de los empleados. Pero estos cambios son insuficientes, insistieron los abogados de los trabajadores”.

“Si los trabajadores tuvieran derecho a organizarse, habría muchos menos asuntos de este tipo”, advierte Nicholas Allen. “En los países donde el nivel afiliación sindical es más importante es donde tenemos conocimiento de una menor violencia de género y sexual. McDonald's no responde claramente a esta petición y se limita a comunicar. Y no es suficiente”.

Cada vez se alzan más voces en este sentido, y la lucha colectiva de los empleados de la cadena podría comenzar por luchar contra la violencia sexista y sexual, “que es casi una cultura corporativa en McDonald's”, acusa Anne-Laure (nombre supuesto), ejecutiva de la sede central de McDonald's en la localidad francesa de Guyancourt.

En 2015, dos trabajadoras de la sede francesa denunciaron el acoso moral que supuestamente sufrían por parte de su jefe. Mediapart ha tenido acceso a un informe de investigación de la inspección de trabajo que data de 2016. La inspectora de trabajo entiende que "doña B." sufrió acoso moral y en sus conclusiones añade: “De manera más general, se desprende del carácter casi unánime de los testimonios de las mujeres que don R. adopta un comportamiento claramente diferente hacia las mujeres que no parece justificado por consideraciones objetivas (vigilancia desmedida, reproches frecuentes y aparentemente injustificados)”.

La dirección, lo mismo que los restaurantes, minimizó el malestar de las trabajadoras. En las conclusiones presentadas por la directora de Recursos Humanos, con quien también nos pusimos en contacto, se afirma que existen “desavenencias mutuas”. “Como supervisor, don R. podría haber sido más proactivo a la hora de tratar de poner remedio las desavenencias mutuas”, resume la responsable de Personal.

El desafío es importante, dado el tamaño de la empresa. La expansión del gigante americano de la comida rápida, en las ciudades y zonas comerciales de Francia, parece no tener límites. McDonald's Francia cuenta a día de hoy con cerca de 1.490 restaurantes y se enorgullece de ser el “principal reclutador de jóvenes en Francia”, empleando a más de 74.000 personas... o casi. Según las cifras de McDonald's, el 80% de los restaurantes están en manos de franquicias, más de 310 de ellos. Una multitud de pequeños jefes sobre los que el gigante estadounidense descarga su responsabilidad como empleador. Como media, los franquiciados tienen entre 4 y 5 restaurantes.

“Mientras todo va bien, estamos todos unidos y trabajamos juntos. Pero tan pronto como algo sale mal, el franquiciado es quien decide deshacerse de la persona o del gerente causante del problema. Cuando el problema es el franquiciado y su gerente, entonces no pasa nada y McDonald's Francia se lava las manos”, confía una antigua empleada del holding que posee el multifranquiciado Yvan Dupuis-Bardinal, en Nîmes.

Si bien McDonald's ha llevado al extremo la taylorización del trabajo, si bien cada hamburguesa y cada pepinillo saben más o menos iguales en todos los restaurantes de Francia, el gigante de la comida rápida deja de lado su intervencionismo cuando se trata de las condiciones de trabajo de los empleados. Como coordinador internacional de la SEIU, Nicholas Allen cree que, en todo el mundo, “McDonald's está tratando de trocearlo todo lo más posible. El propósito de la franquicia es minimizar su responsabilidad legal. Y en Estados Unidos, está aún menos regulado que en Francia, no existe un verdadero derecho laboral o de contratos”.

A McDonald's le gusta trocear su negocio como trocea los tomates, muy finos. Por ejemplo, hay restaurantes en París gestionados directamente por el grupo. Sin embargo, con el fin de reducir al mínimo su responsabilidad jurídica, McDonald's ha decidido crear cuatro entidades diferentes para sus restaurantes parisinos. McDo París Norte, McDo París Sur, McDo Este Parisino y McDo Oeste Parisino.

Hay muchos franquiciados que hacen muy bien los deberes y trocean al máximo. Por ejemplo, Bernard Simmenauer, en la región de Tours, posee 18 restaurantes y otras tantas empresas, a las que hay que añadir el holding. Un imperio en el que los empleados no tienen voz ni voto en un proceso por el que se pirra McDonald's.

En 2017, la asociación React publicó un informe detallado sobre el sistema de McDonald's en Francia y detalló el truco: “Un restaurante de McDonald's es una empresa legalmente distinta de las demás. Pero es muy raro que un solo restaurante emplee a más de 50 empleados equivalentes a tiempo completo. Así, un franquiciado puede contar con una veintena de restaurantes y emplear a más de mil asalariados, aplicando la legislación laboral que rige en las empresas de menos de 50 empleados. Mientras nadie reclame el reconocimiento de un grupo de empresas –llamado “unidad económica y social”–, estos restaurantes se considerarán unidades autónomas y jurídicamente distintas”.

“Su división tiene dos fines, debilitar a los sindicatos y pagar menos impuestos”

Este sistema permite a la mayoría de los restaurantes de McDonald's no contar con un comité de empresa, que sólo son obligatorios en empresas con 50 o más empleados. Adiós a los delegados sindicales, a las negociaciones anuales y al pago de incentivos. “Su división sirve para dos cosas, para debilitar a los sindicatos y para pagar menos impuestos”, opina Anne-Laure, que trabaja en la sede central en Guyancourt.

Ante esta injusticia, Eva Joly y el sindicato CGT emprendieron acciones legales. En diciembre de 2015, los miembros del comité de empresa de McDonald's Oeste Parisino, que en ese momento contaba con 900 empleados y 16 restaurantes, presentaron una denuncia por fraude fiscal y apropiación indebida, denuncia presentada por Eva Joly, entonces eurodiputada y abogada de Los Verdes.

En 2016, la Fiscalía Nacional Financiera (PNF, por sus siglas en francés) abrió una investigación preliminar encomendada a investigadores de la Oficina Central de la Policía Judicial Especializada en Fraude Fiscal (OCLCIFF). Contactada por Mediapart, la PNF indica que la investigación sigue en curso.

“Lo que queremos es un juicio penal. Queremos una audiencia pública, para que los empleados puedan estar presentes. El perjuicio son años de participación empresarial que no se ha distribuido dado que la empresa no ha declarado beneficios”. Efectivamente, oficialmente, la compañía estaría en déficit. Este déficit se crea artificialmente por las tasas que McDonald's Francia pagaría a otra filial del grupo en Luxemburgo, país que ofrece condiciones fiscales de oro a las grandes empresas.

En enero de 2014, se le preguntó al expresidente de McDonald's Francia sobre esto en Capital y finalmente se rindió: “¡No hay nada malo en la optimización fiscal”. En enero de 2020, McDonald's rompió la barrera de los 100.000 millones de dólares de ventas, y sólo en Francia, las ventas ascendieron a 5.100 millones de dólares, según las cifras de 2018.

En 2019, Leïla Chaibi, diputada europea del Francia Insumisa, por iniciativa de una comisión de investigación ciudadana sobre McDonald's, visitó varios restaurantes para escuchar a los empleados. “Está todo pensado para que no exista organización colectiva de los trabajadores, lo que les permite precarizar las condiciones de trabajo. McDonald's es, en primer lugar, contratos muy precario, contrato indefinidos a tiempo parcial con un gran margen horario, pocos derechos y una alta rotación”. La asociación React estima que la tasa de rotación en McDonald's es del 88%, muy por encima de la media nacional del 13%.

“Los empleados de McDonald's de todo el mundo tienen la misma quemadura en el antebrazo, la quemadura causada por la parrilla. El Big Mac de París y de Nueva York sabe igual. Una entidad, una identidad y, sin embargo, su sistema de franquicia lo fragmenta todo. Fui a la zona de Roan y a 20 km de allí, había una diferencia salarial del 30%”, recuerda.

La compartimentación se hace entre los restaurantes de una franquicia, y luego entre las franquicias. La empleada de la oficina central, Anne-Laure, incluso cree que McDonald's hace todo lo posible por dividir a los empleados de los restaurantes de los de la oficina central.

Desde la sede de McDonald's Francia, en Guyancourt, Anne-Laure cuenta las presiones diarias, las denuncias penales y laborales que no dejan de multiplicarse, la externalización a marchas forzosas de todo un departamento y el clima de terror que reina en la sede, tal como documentaron nuestros colegas de StreetPress (véase la Caja Negra). “La dirección hace todo lo posible por que los trabajadores enfadados de la sede central y los de los restaurantes no se junten. Sin embargo, trabajamos para la misma compañía y en el mismo clima nocivo. El día que logremos movilizar a todos los que han sufrido por la gestión de McDonald's, en los restaurantes y en la sede central, entonces la cadena tendrá mucho que temer”.

“En la sede, por lo menos tenemos la WAM que promueve la discriminación positiva, WAM de Women at McDonald's”, ironiza Anne-Laure. Los miembros de este club cerrado son elegidos por la dirección. “Y sólo hay unas pocas mujeres y en altos niveles de responsabilidad”, explica la ejecutiva, que asegura que no hay empleadas sin cargos ejecutivos con representación en el WAM. Concretamente, las mujeres que ocupa cargos de responsabilidad se reúnen de vez en cuando e invitan a otras mujeres, como la exministra Rachida Dati o la empresaria Sandra Le Grand, a quienes encuentran inspiradoras. En esta conferencia “animada, llena de risas e intercambios”, esta última “definió la ambición de hoy”, según se puede leer en su web. El evento se clausuró con la firma de su libro #Ambición, “ante participantes que estaban bastante satisfechos con la conferencia que habían podido presenciar”.

“Todo pura comedia”, espeta Anne-Laure. “En términos de acciones concretas para la igualdad de género en McDonald's, no se está haciendo nada”. Preguntado por el WAM, McDonald's no ha respondido. “Nuestra vigilancia es total para luchar eficazmente contra comportamientos inaceptables, contra cualquier discriminación sexual, de género y de origen”, responden desde la dirección, a preguntas de Mediapart.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Han pasado dos décadas pero el esqueleto derruido de los antiguos ministerios de Defensa de Yugoslavia y Serbia continúan tal y como se quedaron la madrugada del 30 de abril de 1999, después de que la aviación de la OTAN los demoliese con sus bombas. Es el recordatorio de una ofensiva que la mayoría de los serbios ven como una agresión histórica, y que significó el final de la guerra de Kosovo, iniciada tres años antes.

Desde una garita un soldado vigila el recinto, y una pancarta en cirílico dice: “Ministerio de Defensa y del Ejército de Serbia”. Es la única reseña que anuncia lo que significa ese tropel confuso de cemento y ladrillos rojos hundidos y perforados. A la escena, propagandística de por sí, el Ayuntamiento de Belgrado ha decidido colocarle en la fachada una enorme lona publicitaria con la imagen de varios militares tras la bandera nacional y la frase “Solo puede hacerlo quien no conoce el miedo, ¡adelante!”, atribuida a Vojvodas Živojin Mišić, considerado un héroe tras participar en guerras como las de finales del siglo XIX contra los turcos.

La operación Fuerza Aliada, como se llamó a la campaña de bombardeos, fue la segunda gran maniobra de guerra de la OTAN desde su creación —la primera se produjo en 1995 durante la guerra de Bosnia—, y la justificó alegando que el entonces presidente serbio, Slobodan Milošević, estaba llevando a cabo una campaña de limpieza étnica contra los albaneses de la provincia autónoma de Kosovo. Aun así, cuando el que fuera secretario general del organismo militar transnacional, Javier Solana, ordenó los ataques sobre lo que quedaba de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), lo hizo sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, una decisión que suscitó controversia y acusaciones de crímenes de guerra por la muerte de civiles en, al menos, 90 incidentes. Posteriormente también se supo que la Alianza Atlántica había llegado a utilizar uranio empobrecido en varias de las más de 23.500 bombas que arrojó, escudándose en la inexistencia de un texto que prohibiese expresamente su uso.

Una lona publicitaria cubre los restos del antiguo ministerio de Defensa de Yugoslavia. En ella se lee: “solo puede hacerlo quien no conoce el miedo, ¡adelante!”. ALBERTO MESAS

Como sucede en todos los conflictos las cifras cambian en función de quién las aporta, pero reuniendo los datos oficiales de ambos contendientes e informes como el de la ONG Human Rights Watch, en los casi 80 días que duró el asedio aéreo (del 24 de marzo hasta el 11 de junio) murieron entre 1.200 y 5.000 civiles, casi 500 soldados yugoslavos y más de 100 policías, y tres periodistas chinos. También perdieron la vida dos soldados estadounidenses en un accidente de helicóptero que en ese momento no estaba en combate. Los heridos de la población civil rondaron los 10.000 y los que huyeron a zonas alejadas del combate o buscaron refugio en otros países se contaron por decenas de miles.

Esto último es lo que le pasó a Čedomir, el propietario de un puesto callejero itinerante de comida típica que él mismo prepara, en el barrio de Stari Grad (el centro de Belgrado). Es sábado y su sobrina Ljerka, una adolescente de 17 años, está en la tienda y accede a hacer de traductora al inglés. “Lo intentaré, pero no habléis muy rápido”, advierte.

Čedomir cuenta cómo poco más de una semana después de que empezasen a caer las bombas tuvo que cruzar la frontera de Rumanía: “Mi padre era electricista en una empresa de reparación de aviones, un día llegó y sus jefes les dijeron a todos que ya no podían trabajar allí porque corrían peligro. Decían que los aviones estaban bombardeando fábricas como esa y que tenían que cerrar”. Efectivamente, después de los primeros días eliminando objetivos militares, la OTAN pasó a destruir infraestructuras económicas y estratégicas como puentes, edificios gubernamentales, plantas de industria pesada y energética o sedes de medios de comunicación.

“Entonces vivíamos en Savamala [en la orilla oriental del río Sava], yo tenía 12 años […] Mi hermana, que era enfermera, y mi madre, que cuidaba a mi abuela, se quedaron en Belgrado, pero a mi hermano pequeño y a mí nos mandaron con mi padre a Timisoara [al oeste de Rumanía]”. Allí, explica, su padre no tardó en encontrar trabajo en un taller de autobuses hasta que, casi tres meses después, regresaron: “Nos enteramos de que la guerra había terminado y queríamos volver a casa cuanto antes, pero mi padre desconfiaba [...] llamó a un montón de parientes y amigos hasta convencerse”.

Apenas un año después de la intervención transatlántica otra ONG, Amnistía Internacional, publicó un informe en el que acusaba a la OTAN de haber cometido crímenes de guerra durante la Operación Aliada, que en opinión del organismo violó el derecho internacional. Entre otras actuaciones, criticaba el bombardeo sobre las sedes de la radio y la televisión de Belgrado, donde murieron casi 20 civiles. Una semana después del dosier, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia contraatacó con otro texto. A través de la ex fiscal jefe suiza Carla del Ponte, la Corte de La Haya promulgó un análisis jurídico elaborado por expertos que exculpaba completamente a la OTAN de haber cometido irregularidades en las ofensivas aéreas y la eximía de responsabilidades penales por la muerte de civiles. No obstante, diez años después de la intervención transnacional, del Ponte publicó un libro en el que tildaba de controvertida la intervención de la OTAN.

Nacionalismo y odio

No es fácil encontrar en Belgrado a un serbio dispuesto a manifestar su opinión real acerca de la guerra y el conflicto kosovar. Muchos se excusan diciendo que ha pasado mucho tiempo y hay que dejarlo correr, o que eran jóvenes y no recuerdan bien lo que sucedió, otros rescatan ambiguas evasivas antibelicistas como “la guerra estuvo muy mal” o “es mejor para todos que haya paz”. Quizá porque hace calor y por los soportales donde ha aparcado no transita mucha gente Ranko, un taxista belgradense que ya conducía el suyo cuando Yugoslavia todavía eran seis repúblicas, se abre a decir lo que piensa.

A pesar de mostrarse apático hacia la política y asegurar que nunca ha votado, tiene interiorizado ese argumento del ellos frente al nosotros, de la Serbia que solo se defendió del agravio kosovar y por ello fue víctima de la injerencia militar extranjera: “[en 1998] Kosovo llevaba muchos años provocando y burlándose de Serbia, y luego los terroristas del UÇK empezaron a atacarnos […] Nosotros solo queríamos un país unido y sin enfrentamientos, pero entonces llegó Europa a bombardearnos [...] Me da igual lo que crean los putos albaneses y que Europa los haya reconocido. Ellos son de Serbia y siempre formarán parte de Serbia, aunque no les guste”.  

Una pancarta delante del Parlamento de Serbia (antiguo Parlamento de Yugoslavia) acusa a la guerrilla albanesa UÇK de haber secuestrado y asesinado a civiles serbios. ALBERTO MESAS

Es verdad que a principios de los 90 el UÇK, el autodefinido Ejército de Liberación de Kosovo, comenzó a crecer, a comprar armas de contrabando en Albania y a consumar ataques contra comisarías y autoridades yugoslavas en Kosovo, pero Ranko obvia, no se sabe si por interés o desconocimiento, los años anteriores de hostigamiento contra albaneses kosovares instigado por Serbia —cierre de medios en lengua albanesa, despidos masivos en empresas e instituciones públicas, prohibición de cátedra a profesores...—. Al hablar de la guerra de Bosnia tampoco cuenta cómo los líderes político y militar serbobosnios (Ratko Mladić y Radovan Karadžić, condenados a cadena perpetua en La Haya por crímenes de guerra y contra la humanidad) ejecutaron en torno a 8.000 bosnios musulmanes por razones étnicas, un antecedente sobre el que la OTAN cimentó su intervención.

Dudoso futuro de Serbia y Kosovo en la UE

Pese a la desconfianza general de la sociedad y el rechazo frontal —y en ocasiones violento— de algunos grupos, como el Partido Radical Serbio del ultranacionalista  Vojislav Šešelj, hace unos años el Gobierno serbio inició los trámites para entrar en la Unión Europea. Bruselas concedió 2025 como la fecha aproximada del ingreso serbio, pero le exigió a su Gobierno que completara ciertos objetivos en los ámbitos económico o de conquistas sociales para que llegue a producirse la incorporación. Entre esas metas está la que Serbia jamás ha aceptado: el reconocimiento de Kosovo como un país independiente y soberano. Este es el mayor escollo y donde Europa incide con más vehemencia para que ambos territorios logren un acuerdo mediante el diálogo. Sin embargo, en los últimos meses la tensión no ha parado de intensificarse por episodios como la imposición kosovar de aranceles a productos serbios, o su amago de crear un ejército propio; comportamientos que alejan sistemáticamente de Europa a las dos naciones.

Kosovo proclamó unilateralmente su independencia en el año 2008, e inmediatamente países como Estados Unidos, la gran mayoría de los países de la UE y las antiguas repúblicas que conformaban Yugoslavia, excepto Bosnia y Herzegovina, reconocieron esa independencia. Por supuesto Serbia se niega a hacer esa concesión y continúa considerando a Kosovo como una de sus provincias autónomas junto a Vojvodina (al norte). Debido a posibles similitudes con la situación en Cataluña, España tampoco ha llegado a reconocer jamás a Kosovo como un país independiente.

Ranko es tajante sobre el tema del ingreso de Serbia en la UE: “La Unión Europea es un timo, allí los jefes son Alemania y Francia y los demás países obedecen [...] Aquí hay muchas cosas que no funcionan bien, hay mucha corrupción, pero la UE no nos va a solucionar nada [...] Nosotros no queremos saber nada de Europa, ¿para qué?, Europa siempre nos ha maltratado”.

Un monumento en el Parque Tašmajdan de Belgrado recuerda a los niños muertos durante los bombardeos de la OTAN. A.M.

Con respecto a la hipotética entrada de Serbia en la OTAN, el pasado marzo el Instituto Europeo de Asuntos Exteriores publicó una encuesta cuyos datos son contundentes. Según el sondeo casi el 80% de los serbios se opone al ingreso en la Alianza transnacional. Del mismo estudio se desprende que más del 60% no está dispuesto a aceptar una disculpa oficial del organismo, cuya actuación tildan de “campaña al servicio de los intereses de Estados Unidos y Occidente”. Por el momento la incorporación de Serbia a la Organización continúa en el aire, algo que desea más el Gobierno que la población.

En 20 años han cambiado muchas cosas en Belgrado, se han asentado multinacionales como McDonald's o Starbucks, se han erigido edificios modernos de compañías extranjeras y se ha trabajado en su promoción, ofreciéndola al turismo como una capital europea moderna. Sin embargo, y tal y como sucedía a finales de los años 90, el nacionalismo excluyente hacia los albaneses continúa, muchos serbios exhiben pegatinas en sus coches con la frase "Kosovo es Serbia", en los mercadillos se siguen vendiendo souvenirs que hacen referencia a una Yugoslavia unida y a una Serbia con Kosovo en su territorio, y los principales periódicos generalistas siguen hablando y recordando la guerra desde las crónicas de desfiles militares y las fotos con banderas de la patria; y lo hacen porque, aunque hayan pasado 20 años, la intención es que no se olvide nunca.

La Comisión Europea ha concluido que Luxemburgo no concedió ayudas fiscales ilegales a la compañía McDonald's, puesto que los acuerdos que alcanzó con la firma cumplen con la legislación internacional y con el acuerdo de doble imposición entre Estados Unidos y el Gran Ducado.

Bruselas inició una investigación en profundidad en diciembre de 2015 ante la sospecha de que Luxemburgo y McDonald's habían cerrado pactos en virtud de los cuales la sociedad norteamericana evitaba el pago del Impuesto de Sociedades en el país europeo desde 2009.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ha evaluado si las autoridades luxemburguesas aprobaron excepciones en disposiciones de la legislación fiscal del país y del acuerdo sobre doble imposición con Estados Unidos que otorgaban una ventaja sobre otras compañías en una situación legal comparable.

Sin embargo, la Comisión Europea ha concluido que el trato fiscal que Luxemburgo dio a McDonald's Europe Franchising "no viola el Tratado de Doble Imposición" con Estados Unidos, por lo que los 'tax rulings' que el Gran Ducado concedió a la sociedad estadounidense "no infringen las normas europeas sobre ayudas de Estado ilegales", ha informado en un comunicado.

Los beneficios no tributados que ha investigado Bruselas provienen del pago de derechos por las franquicias que operan en Europa por el uso de la marca de la empresa y servicios asociados. La oficina central de Luxemburgo era la responsable de las decisiones estratégicas y contaba con dos ramas: una en Suiza y otra en Estado Unidos.

En un primer acuerdo fiscal, Luxemburgo confirmó que McDonald's Europe no tenía que pagar impuesto de sociedades en el país puesto que los beneficios estaban sujetos a imposición en Estados Unidos. A pesar de que McDonald's debía probar cada año que los ingresos transferidos eran declarados y estaban sujetos a imposición, no eran tributados en este país: mientras que para la ley luxemburguesa la empresa tenía presencia fiscal imponible en Estados Unidos, no existía a ojos de la legislación estadounidense.

Ante esta situación, McDonald's solicitó un segundo acuerdo fiscal, en el que afirmaba que Luxemburgo debía seguir liberando a la empresa del pago de impuestos por estos beneficios. En septiembre de 2009 las autoridades del país levantaron a McDonald's la obligación de probar que los ingresos por derechos estaban sujetos a impuestos en Estados Unidos, de forma que desde ese momento no tributó en Luxemburgo, aunque tampoco en Estados Unidos.

"Nuestra investigación en profundidad ha demostrado que la razón para la doble no imposición en este caso es un desajuste entre las leyes fiscales de Luxemburgo y de Estados Unidos y no un trato especial", ha explicado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

"Por supuesto, sigue siendo cierto que McDonald's no pagó impuestos por estos beneficios y esto no debería ocurrir según nuestro punto de vista", ha lamentado también la danesa, quien ha celebrado que el Gobierno de Luxemburgo haya aprobado medidas para que en el futuro haya un caso similar.

La estrategia de optimización fiscal en Europa de McDonald’s, al igual que la de Starbucks, Amazon o Apple, lleva años bajo el foco de unas instituciones comunitarias que tratan de frenar de una vez por todas la elusión fiscal de las grandes multinacionales en el Viejo Continente. Sin embargo, los pasos dados tanto por el Ejecutivo comunitario, que tiene abierta una investigación por esta cuestión, como por las autoridades de algunos Estados miembro parecen no haber amilanado al gigante estadounidense de la comida rápida. Desde que se puso la lupa sobre su esquema de ingeniería fiscal, la multinacional norteamericana, en lugar de dar un paso atrás, ha decidido llevar a cabo una remodelación de su estructura en Europa para hacerla “más opaca” de cara al escrutinio público, según se desprende del informe Unhappier Meal, elaborado por tres organizaciones sindicales europeas y hecho público a mediados de mayo.

La estrategia de optimización fiscal de McDonald’s en suelo europeo se puso en cuestión por primera vez en enero de 2014, cuando el diario francés L’Express desveló que el fisco galo estaba investigando a la compañía estadounidense por la presunta evasión desde 2009 de más de 2.200 millones de euros gracias a un complejo montaje a través de sus franquicias. Unos meses después, en febrero de 2015, tres organizaciones sindicales europeas –EPSU, SEIU y Effat–, dos norteamericanas y la ONG británica Change to Win hicieron público un informe, bajo el título Unhappy Meal, en el que calculaban que entre 2009 y 2013 la “agresiva y potencialmente abusiva” estrategia de optimización fiscal de la cadena de comida rápida  a través de filiales en Luxemburgo y Suiza podría haber costado a los gobiernos de la Unión Europea “más de 1.000 millones de euros en impuestos”.

Bruselas abrió entonces una investigación formal sobre el trato fiscal dispensado a la compañía en Luxemburgo. La Comisión Europea decidió dar un paso al frente después de comprobar que McDonald’s Europe Franchising, la firma radicada en suelo luxemburgués utilizada por el gigante de la comida rápida para recolectar los cánones que los restaurantes europeos y rusos tienen que abonar por el uso de la marca, se había beneficiado de dos resoluciones fiscales concedidas por las autoridades del Gran Ducado para minimizar casi al máximo el pago por el impuesto de sociedades. “Hasta el momento, la evaluación de la Comisión ha demostrado que, debido en particular a la segunda resolución fiscal concedida a McDonald’s Europe Franchising, esta empresa no ha abonado ni en Luxemburgo ni en los EEUU prácticamente ningún impuesto sobre sociedades por sus beneficios obtenidos”, señaló entonces el Ejecutivo comunitario.

Desde aquel día, el gigante de las hamburguesas no se ha escapado del escrutinio europeo. En marzo de 2016, la compañía fue interrogada por segunda vez –la primera data de noviembre de 2015– por los miembros del Comité de Impuestos del Parlamento Europeo. Sólo un mes después, las autoridades francesas concluyeron su propia investigación sobre el asunto e hicieron público su veredicto: una multa histórica de 300 millones de euros por la utilización de su ingeniería fiscal para ahorrarse el pago de tributos. Y, en junio, se reveló que Estados Unidos y Luxemburgo estaban en plenas negociaciones para enmendar sus acuerdos fiscales bilaterales y cerrar así los agujeros creados por el escenario de la doble imposición del que se benefició McDonald’s. Demasiados frentes abiertos para el gigante de la comida rápida en el Viejo Continente.

Nueva estructura "opaca"

Pero lejos de dar un paso atrás ante el escándalo protagonizado, la multinacional respondió con una remodelación de su estructura en Europa, su segundo mercado más importante tras el estadounidense. “Tras el anuncio de la investigación de la Comisión Europea, McDonald’s modificó sustancialmente su estructura corporativa, aumentando su complejidad y limitando la capacidad de las partes independientes de revisar sus finanzas y estrategias de optimización impositiva”, señala el informe Unhappier Meal, elaborado por las organizaciones sindicales EPSU, SEIU y Effat. El estudio revela que la cadena de restaurantes ha optado por un esquema fiscal “más opaco” que impide el “escrutinio público” porque muchas de las nuevas sociedades que se han creado en determinadas jurisdicciones sólo están obligadas a hacer pública la “mínima” información financiera.

Cambio de estructura fiscal de McDonalds en Europa.

El primer movimiento se produjo en diciembre de 2016, cuando McDonald’s comunicó que transferiría su domicilio fiscal de Luxemburgo a Reino Unido, un país en plena salida de la UE que meses antes había anunciado que trataría de mitigar parte del impacto del Brexit rebajando el impuesto de sociedades a menos del 15%. Así, el gigante de la comida rápida informó de su intención de crear un holding, cuyo nombre no desveló, en suelo británico que recibirá la mayor parte de los ingresos por acuerdos de licencia fuera de Estados Unidos. “El hecho de que McDonald's decidiera trasladarse al Reino Unido después de que ese país votara en referéndum abandonar la Unión Europea plantea la posibilidad de que esté estructurando sus holdings de propiedad intelectual para minimizar cualquier supervisión de la Comisión Europea”, señala el estudio.

Por otro lado, unos días después la compañía estadounidense decidió mover las oficinas de McD Europe Franchising SARL, la sociedad investigada por las instituciones comunitarias, a Delaware (EEUU), una jurisdicción que se caracteriza por “sus reglas de secreto bancario”. “Este cambio significa que la información financiera ya no estará disponible para el público, ya que bajo la ley corporativa de Delaware la sociedad no está obligada a presentar públicamente sus informes anuales con los estados financieros”, señalan los sindicatos. Con estos cambios, la estructura fiscal del gigante de las hamburguesas en Europa ha dejado de ser un esquema de rama única que pasaba principalmente por Luxemburgo y se ha convertido en un árbol con múltiples ramas y empresas interpuestas a lo largo y ancho del planeta: Delaware, Reino Unido, Holanda, Hong Kong o Singapur.

Los sindicatos buscan soluciones

Pablo Sánchez, portavoz de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (Epsu), explica a infoLibre que la opacidad de la nueva estructura impedirá “tener nuevos datos” sobre las actividades de la multinacional en Europa. Y se pregunta si el desmantelamiento de la sociedad en el Gran Ducado bajo la lupa del Ejecutivo comunitario y el traslado de su domicilio fiscal a Reino Unido puede afectar a la investigación en curso en Bruselas. “Sería una lástima que la Comisión no continuara investigando las prácticas de McDonald’s por el cierre de la empresa luxemburguesa bajo sospecha”, apostilla Sánchez. En diciembre de 2016, Cinco Días desveló que el Ejecutivo comunitario no tiene intención de parar el procedimiento. “Cualquier cambio en la estructura de McDonald’s en un futuro no afectará la investigación en curso”, señalaron fuentes comunitarias.

Cuestionado por la estrategia a seguir para tapar el agujero impositivo que deja la ingeniería fiscal utilizada por las grandes multinacionales, el portavoz de Epsu lo tiene claro. En primer lugar, Sánchez considera necesario la elaboración de una verdadera “lista negra de paraísos fiscales” y el establecimiento de “sanciones” para las jurisdicciones que la integren. En segundo lugar, cree indispensable crear un “registro único” de sociedades “obligatorio y armonizado” que permita consultar determinados datos sobre compañías de todo el mundo. “Y el país que no participe debe ser incluido en la lista negra”, apunta Sánchez. Y, por último, establecer una “base fiscal mínima consolidada a nivel europeo”, de modo que ningún Estado pueda tirar por los suelos sus tipos impositivos para las empresas. “Que todas paguen el mismo nivel impositivo en todos los países miembro”, sentencia.

McDonald’s y su presencia en paraísos fiscales

En mayo de 2015, tres meses después de que los sindicatos publicaran su primer informe sobre la ingeniería fiscal de McDonald’s en Europa, las mismas organizaciones y otras nuevas hicieron público un nuevo estudio, Golden Dodges: How McDonald’s Avoids Paying its Fair Share of Tax. Esta última investigación detallaba la existencia de 42 subsidiarias de la multinacional en diez paraísos fiscales diferentes –Brunei, Gibraltar, Bermudas o Hong Kong, entre otros–, a pesar de que McDonald’s sólo revelaba en sus informes anuales la existencia de 11 de dichas filiales. Sobre esta cuestión se preguntó a un portavoz de la empresa durante una reunión, en noviembre de ese mismo año, del Comité de Impuestos del Parlamento Europeo. “McDonald’s tiene dos filiales en Hong Kong, donde la compañía posee 230 restaurantes”, dijeron entonces desde la multinacional.

A pesar de las explicaciones, la Eurocámara siguió ahondando en la estructura corporativa de la multinacional a lo largo y ancho del planeta. En la siguiente sesión del Comité de Impuestos, la empresa fue cuestionada por las dos subsidiarias que poseía en Bermudas, un territorio en el que no tiene una sola tienda. En respuesta a las preguntas, la compañía aseguró que “ni McDonald’s Corporation ni ninguno de sus subsidiarios” tenían “intereses de propiedad” en McDonald’s Owner / Operator Insurance Company Ltd., una de las dos sociedades radicadas en el paraíso fiscal. “Sin embargo, una investigación posterior destapó que dos de los directores [de esa empresa] eran ejecutivos actuales o pasados de McDonald’s Corporation”, recuerdan los sindicatos europeos.

Además de los cambios en su estructura fiscal a nivel europeo, el informe señala que la firma de comida rápida ha continuado “haciendo un uso extensivo de paraísos fiscales en su estructura corporativa”, incluyendo “varias nuevas filiales en las Islas Caimán y Hong Kong” –que figuran en la lista gris de la UE– y asociándose con “corporaciones que hacen un uso similar” de las jurisdicciones offshore. Un ejemplo de estos movimientos fue la venta de más de dos millares de tiendas en China y Hong Kong a un consorcio de CITIC, una compañía de inversión china, y a la firma estadounidense de capital privado The Carlyle Group. La compañía asiática tiene actualmente más de 200 subsidiarias en las Caimán, mientras que la norteamericana cuenta con sociedades en las Islas Vírgenes Británicas o Bermudas.

Bruselas sigue dando pasos en su ofensiva contra la evasión fiscal de las grandes multinacionales en suelo comunitario. La Comisión Europea anunció a mediados de diciembre la apertura de una investigación en profundidad sobre las ventajas fiscales de Ikea en Holanda al sospechar que la firma de muebles sueca se ha estado aprovechando durante años de un trato de favor en materia impositiva que le ha permitido pagar un menor volumen de tributos que sus competidores. Es la novena investigación de estas características en los últimos tres años. Y puede que no sea la última. "Todas las empresas, grandes o pequeñas, multinacionales o no, deberían pagar su justa parte de impuestos. Los Estados miembros no pueden dejar que ciertas compañías paguen menos permitiendo que transfieran de manera artificial sus beneficios a otro lugar", avisó a través de un comunicado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, nada más conocerse la apertura de las pesquisas.

El Ejecutivo dirigido por Jean-Claude Juncker lleva desde 2013 analizando todas las resoluciones fiscales –conocidos como tax rulings, son acuerdos entre una compañía y un país en materia tributaria– selladas en los Estados miembro. Unas diligencias que han llevado a la Comisión Europea a a abrir desde entonces nueve importantes investigaciones en esta materia –ocho de ellas poniendo el foco en más de 40 compañías y otra centrada exclusivamente en el régimen fiscal británico–. Por el momento, Bruselas ha concluido seis de estos expedientes. Y el tirón de orejas ha sido mayúsculo. En total, el Ejecutivo comunitario ha exigido a cuatro países –Irlanda, Bélgica, Luxemburgo y Holanda– recuperar casi 14.000 millones de euros por los impuestos que Apple, Starbucks, Fiat, Amazon y otras 35 compañías consiguieron esquivar gracias a los trajes fiscales que les hicieron a medida. Ikea, McDonald's y la energética Engie, por su parte, están de momento bajo la lupa de Competencia.

Fiat y Starbucks: entre 40 y 60 millones

La primera decisión se tomó en la mañana del 21 de octubre de 2015. Un año después de la apertura de los respectivos expedientes, Bruselas concluyó que las ventajas fiscales ofrecidas por Holanda y Luxemburgo a Fiat y Starbucks, respectivamente, habían sido ilegales y exhortó a las autoridades de los dos Estados a recuperar "entre 20 y 30 millones de euros" de cada una de las multinacionales por la reducción indebida de su carga fiscal. "Las dos resoluciones investigadas aprobaron métodos artificiales y complejos para determinar los beneficios imponibles de las empresas, sin reflejar la realidad económica", explicaba la Comisión en un comunicado. Aunque dejaban claro que los tax rulings son legales, aseveraban que no se ajustan a las normas comunitarias cuando respalden métodos "que fijen precios de transferencia sin justificación económica y que trasladen indebidamente los beneficios a fin de reducir los impuestos pagados".

En concreto, la resolución aprobada por Holanda en el caso de Fiat en 2012 –cuando eran ministros de Economía y Finanzas del país los actuales vicepresidente de la Comisión y presidente del Eurogrupo, Frans Timmermans y Jeroen Dijsselbloem, respectivamente– permitió a la sociedad financiera de la marca automovilística tributar sólo "por una pequeña parte de sus beneficios reales". En el caso de Starbucks, el acuerdo firmado en 2008 facilitó que "la mayor parte de los beneficios" de la empresa de torrefacción de café usada por la cadena americana se trasladaran al extranjero, donde "tampoco se gravaban". "Espero que, con las decisiones adoptadas hoy, este mensaje llegue tanto a las administraciones públicas de los Estados miembro como a las empresas", señaló Margrethe Vestager. Según apuntan a infoLibre fuentes conocedoras del caso, a día de hoy estos dos países ya han recuperado todo el dinero escabullido.

700 millones perdidos en Bélgica

Dos meses después, el tirón de orejas se lo llevaba Bélgica. Tras un año de investigación, el Ejecutivo europeo reclamó a las autoridades belgas en enero de 2016 recuperar casi 700 millones de euros que 35 multinacionales se habían ahorrado durante una década en concepto de impuesto de sociedades gracias al conocido como régimen fiscal de beneficios extraordinarios. En virtud de ese sistema, presentado bajo el eslogan "Only in Belgium" ("Sólo en Bélgica"), se calculaba el beneficio real de una multinacional en base al beneficio medio hipotético que una empresa independiente habría tenido en situación similar. El resto registrado por la compañía se consideraba "beneficio extraordinario" –no tributaba–. Por ejemplo, si el beneficio total de una multinacional por sus actividades en Bélgica había sido de 10 millones y el beneficio real de una empresa independiente en un contexto similar era de promedio 4 millones, la multinacional sólo pagaba impuestos por esa cantidad y esquivaba la tributación de los otros seis millones restantes.

"En la práctica, el beneficio registrado real de las compañías en cuestión generalmente se reducía en más del 50% y en algunos casos llegaba hasta el 90%", señaló la Comisión Europea a través de un comunicado, en el que añadió que dicho régimen había constituido una "distorsión muy grave" que daña "gravemente" la competencia en la UE al no tratar "a los pequeños competidores de la misma manera que a las multinacionales". Al conocerse la decisión, la comisaria de Competencia rechazó desvelar en rueda de prensa el listado de firmas afectadas. No obstante, la posterior apertura al público del expediente arrojó luz en esta cuestión. Entre las compañías que se aprovecharon de estos acuerdos en suelo belga destacan, por ejemplo, la petrolera BP, la química germana BASF, la cervecera AB InBev y la sueca de equipamiento industrial Atlas Copco. Según las fuentes consultadas por este diario, ya se ha recuperado "la gran mayoría" del dinero evadido.

El récord de Apple en Irlanda

Pero el mayor varapalo hasta la fecha en materia de privilegios tributarios aprovechados por las grandes multinacionales se conoció en agosto de 2016. Tras una exhaustiva investigación, Bruselas declaró ilegales dos resoluciones fiscales emitidas por Irlanda con respecto a Apple que permitieron a la firma estadounidense reducir "artificial y sustancialmente" los impuestos pagados en suelo irlandés durante dos décadas. Según el Ejecutivo comunitario, la compañía dirigida por Tim Cook se benefició de esta manera de "un trato selectivo" que le permitió pagar menos tributos que otras empresas. "Apple consiguió pagar un tipo efectivo del impuesto de sociedades del 1% sobre beneficios generados en Europa en 2003 y que se redujo hasta el 0,005% en 2014", señaló la Comisión. Traduciendo, la tecnológica abonó en ese último año 50 euros en impuestos por cada millón de beneficios.

Según se explicó en un comunicado, el mecanismo era el siguiente: la "práctica totalidad" de los beneficios por ventas que obtenían las sociedades mercantiles irlandesas del grupo Apple –Apple Sales International y Apple Operations Europe, las únicas autorizadas para fabricar y vender productos de la marca fuera de América– se distribuían internamente a una "administración central", que sólo existía "nominalmente". Dichas ganancias, completaba la Comisión, "no fueron objeto de gravamen en ningún país". "A mí me habría llamado la atención", apostilló Vestager tras hacerse pública la decisión. En total, el Ejecutivo comunitario ordenó a Irlanda recuperar la friolera de 13.000 millones de euros que se habría ahorrado la compañía durante los años investigados –de 2003 a 2014–.

El gigante tecnológico criticó con dureza la decisión de la UE, asegurando que iba a provocar "un profundo daño en las inversiones y la creación de empleo" y aseverando que se estaba intentando "reescribir la historia de Apple en Europa" y "dar la vuelta al sistema fiscal internacional". Tampoco se mostró conforme el Gobierno irlandés, que apuntó que apelarían porque no se habían concedido "ventajas fiscales" de ningún tipo a la compañía. "La decisión no me deja otra opción que buscar la aprobación del gabinete de apelar. Esto es necesario para defender la integridad de nuestro sistema fiscal, para velar por la seguridad fiscal de los negocios y para desafiar a la invasión de las normas sobre ayudas estatales de la UE", apuntó el entonces ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan. 

Ante la dilación de Irlanda a la hora de tomar las medidas necesarias para recuperar el dinero evadido –tendría que haber sido una realidad a comienzos de enero de 2017–, la Comisión Europea intentó dejar claro el pasado mes de octubre que en este asunto será inflexible y anunció que llevaría al Estado ante el Tribunal de Justicia de la UE. "Ha pasado un año desde la decisión e Irlanda sigue sin haber recuperado esa suma, ni tan siquiera en parte", criticó la comisaria de Competencia. Un mes más tarde, el Ejecutivo irlandés desveló que había alcanzado un acuerdo con la multinacional estadounidense para ingresar los 13.000 millones perdidos. Según explicó el ministro de Finanzas, Paschal Donohoe, se espera que Apple comience a transferir el dinero a partir del primer trimestre de 2018.  

Los 250 millones de Amazon

El mismo día que Bruselas comunicó que llevaría el caso Apple ante el TJUE, la Comisión hizo público también el resultado de otra nueva investigación –última decisión en esta materia tomada hasta la fecha–. En concreto, el Ejecutivo comunitario exhortó a Luxemburgo a recuperar 250 millones de euros que el gigante de comercio electrónico Amazon había evitado pagar en concepto de impuestos entre mayo de 2006 y junio de 2014 gracias al traje fiscal a medida que le confeccionó Gran Ducado. "Luxemburgo concedió beneficios fiscales ilegales a Amazon. (...) Se le permitió que pagara la cuarta parte de los impuestos que pagan otras empresas locales sujetas a las mismas normas fiscales nacionales. (...) Los Estados miembro no pueden conceder a grupos multinacionales beneficios fiscales selectivos a los que no tienen acceso otros", apuntó Vestager. Debido a lo reciente del caso, el país tiene todavía de plazo hasta febrero para recuperar los 250 millones.

La ingeniería fiscal se hizo a través de dos compañías radicadas en Luxemburgo: Amazon EU –con 500 trabajadores en 2014, esta "empresa de gestión" se encargaba de adoptar decisiones y realizar actividades relacionadas con el negocio minorista de la compañía en el Viejo Continente– y Amazon Europe Holding Technologies –sin empleados, oficinas o actividad empresarial, esta "sociedad de cartera", fundada para cobrar los derechos de propiedad intelectual de la marca en Europa, actuaba como intermediaria entre la primera y la matriz en Washington–. Según explicaba Competencia a través de un comunicado, la firma tecnológica registraba mediante la primera sociedad –sujeta a tributación– los beneficios por su actividad en el continente, pero los transfería casi por completo en concepto de canon por derechos de propiedad intelectual a la "sociedad cartera", que no estaba sujeta al pago del impuesto de sociedades en el Gran Ducado. Gracias a esto consiguió eximir del fisco casi el 75% de sus ganancias.

McDonald's y Engie, también bajo la lupa

Bruselas también tiene abiertas en estos momentos otras dos investigaciones por el trato fiscal que Luxemburgo dio a McDonald's y a la energética francesa Engie cuando el actual presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, era primer ministro y ministro de Finanzas en el Gran Ducado y presidente del Eurogrupo. En el primer caso, Competencia sospecha de dos operaciones financieras que permitieron tratar una misma transacción como deuda y como inversión en acciones, lo que permitió que "una parte significativa de los beneficios registrados" por la empresa a través de los dos acuerdos "no fuera gravada en absoluto". En el segundo, creen que los pactos que McDonald's cerró con la Hacienda luxemburguesa en 2009 esconden ayudas de Estado ilegales que permitieron a la multinacional no pagar prácticamente ningún impuesto.

No obstante, Bruselas no se centra sólo en acuerdos concretos con grandes multinacionales. El pasado mes de octubre, con la negociación sobre el Brexit en uno de sus puntos álgidos, el Ejecutivo comunitario anunció la apertura de una investigación a Reino Unido ante las sospechas de que su legislación favorece que grandes multinacionales esquiven al fisco. En este caso, resulta paradójico que la posible laguna pueda encontrarse en las normativas británicas contra la evasión fiscal. La ley de Reino Unido impide que una matriz pueda operar con una filial extranjera a través de otra filial radicada en un territorio de escasa o nula tributación. Sin embargo, en 2013 se introdujo una exención que se aplica a ciertos ingresos financieros de grandes empresas que operan en Reino Unido. Ese cambio es el que está ahora bajo la lupa del departamento dirigido por Vesteger, que tendrá que ver si las multinacionales aprovecharon ese resquicio para esquivar el pago de impuestos.

La comisaria Margrethe Vestager ha dado otra estocada a los países de la UE que otorgan ventajas ilegales a las multinacionales a la hora de pagar impuestos. Ha ordenado a Luxemburgo que recupere los 250 millones de euros que Amazon se ahorró gracias a un tax ruling –pacto fiscal– firmado con el Gobierno del Gran Ducado en 2003 y prorrogado en 2011. Así, casi el 75% de los beneficios obtenidos por la compañía de Jeff Bezos en Europa entre 2006 y 2014 no tributaron, tras haber sido atribuidos indebidamente a una sociedad tapadera. Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha denunciado a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no haber recuperado aún los 13.000 millones de euros que Apple dejó de pagar en impuestos entre 2003 y 2014 en virtud de los privilegios fiscales que le concedió Dublín.

“Queremos transmitir el mensaje de que en la UE las empresas deben pagar su parte justa de impuestos”, ha advertido Vestager. Las normas comunitarias no sancionan a los países o a las multinacionales por estos polémicos pactos fiscales, pero sí exigen la recuperación de las cantidades perdidas por las haciendas nacionales. Es lo que ordena ahora a Luxemburgo con Amazon y lo que reclamó en agosto de 2016 a Irlanda por los impuestos perdonados a Apple. El Gobierno de Dublín tenía un plazo de cuatro meses para recuperar los 13.000 millones de euros, pero no sólo no ha cumplido sino que además parece que no ha puesto mucho interés en hacerlo.

“Entendemos que la recuperación en ciertos casos puede ser más compleja que en otros y siempre estamos dispuestos a ayudar”, explicó la comisaria Vestager, “pero los Estados miembros deben hacer suficientes progresos para restablecer la competencia”. Aunque Irlanda recurrió la decisión de Bruselas ante el TJUE, eso no le exime de recuperar la ayuda ilegal a Apple. Dublín se ha escudado en que no terminará de calcular la cantidad exacta que debe reclamar a la multinacional hasta marzo de 2018. Y la Comisión ha considerado insuficiente ese “progreso”.

Luxemburgo ha anunciado que estudia recurrir también ante el TJUE, aunque no es en absoluto la primera vez que el Gran Ducado es objeto de las denuncias de Bruselas por sus tax rulings. De hecho, las filtraciones de LuxLeaks destaparon en 2014 los beneficios fiscales indebidos que el Gobierno luxemburgués había pactado con 340 multinacionales entre 2002 y 2010. Precisamente mientras era primer ministro y ministro de Finanzas del pequeño país Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Comisión Europea. En 2015 Luxemburgo también fue requerido para que recobrase hasta 30 millones de euros en impuestos escamoteados por Fiat. La multinacional italiana ya ha pagado, mientras los tribunales deciden aún sobre el recurso que presentó el Ejecutivo luxemburgués.

También Holanda, Bélgica y Gibraltar

En realidad, Bruselas lleva desde junio de 2013 en plena ofensiva contra estas prácticas fiscales de los gobiernos. En diciembre de 2014 pidió a los Estados miembros información sobre todos los tax rulings que habían firmado. Un año después, pidió a Holanda que recuperara entre 20 y 30 millones en impuestos a Starbucks. En enero de 2016 le tocó a Bélgica, que desde 2005 ofreció a un mínimo de 35 multinacionales beneficios extraordinarios por un importe conjunto de 700 millones de euros. Entre ellas, según publicó en su día The Walll Street Journal, se encuentran la cervecera belga Anheuser-Busch InBev, British Petroleum, la química alemana Basf, la sueca Atlas Copco, la también belga Proximus Group, la textil francesa Celio y la estadounidense de componentes del automóvil Wabco.

En estos momentos aún se encuentran abiertas las investigaciones sobre las ventajas ilegales otorgadas por Luxemburgo a McDonald’s y a la multinacional francesa semipública GDF Suez, ahora rebautizada como Engie. En el primer caso, la cadena de hamburgueserías no ha pagado impuesto de sociedades desde 2009, pese a haber registrado más de 250 millones de euros de beneficios sólo en 2013. En el segundo, cuatro filiales de la compañía francesa firmaron transacciones financieras entre ellas que fueron tratadas al mismo tiempo como deuda y como inversión en acciones, lo que les permitió reducir la factura fiscal al mínimo. Finalmente, bajo escrutinio de Bruselas se hallan también 165 pactos fiscales firmados por el Gobierno de Gibraltar con otras tantas empresas entre los años 2011 y 2013.

Otra multinacional, Google, se encuentra igualmente en el punto de mira por sus técnicas de elusión fiscal. El Gobierno francés ya ha registrado dos veces la sede de la multinacional estadounidense en París, como parte de una investigación sobre un supuesto desvío de beneficios, unos 1.600 millones de euros, hasta el paraíso fiscal de Barbados utilizando las ventajas fiscales de Irlanda. Apenas un mes después, eran los inspectores de la Agencia Tributaria quienes irrumpían en la sede de Google en Madrid para investigar las técnicas de ingeniería fiscal utilizadas por el buscador en España. En Italia, además, el fisco reclama al buscador 227 millones de euros de impuestos eludidos entre 2009 y 2013.

Datos país por país para desnudar a las empresas

Además de las actuaciones contra Estados miembros y sus pactos fiscales con multinacionales, Bruselas ha emprendido acciones legislativas para combatir las prácticas de ingeniería fiscal de las grandes compañías. En mayo de 2016 el Ecofin aprobó la directiva que obliga a las empresas que facturen más de 750 millones de euros a proporcionar información detallada de sus actividades país por país. Así, desde el pasado 1 de enero están obligadas a comunicar el volumen de sus ingresos, sus beneficios, los impuestos que pagan, el número de empleados y el capital declarado y otros fondos propios en cada uno de los países donde operen. De esta forma se obtendrá una foto de cómo funcionan y tributan las multinacionales. Aunque, de momento, esa información no se hará pública.

Por ejemplo, Starbucks ha sido acusada en Francia de no pagar ni euro en concepto de impuesto de sociedades gracias a que la filial gala se mantiene permanentemente en deuda con la matriz europea, Starbucks Coffee Emea BV. Radicada en Holanda, esta sociedad firmó su correspondiente pacto fiscal con el Gobierno de ese país, el acuerdo investigado por la Comisión Europea que le ha permitido eludir el pago de 30 millones en impuestos. En 2015, Starbucks declaró en Francia unos ingresos de 95 millones de euros, pero unos beneficios de sólo 728.679 euros. En comparación, en España, con una facturación de 59,15 millones, registró resultados positivos de 2,78 millones. Es decir, Starbucks ganó en Francia cuatro veces menos que en España aunque su volumen de negocio es casi el doble. De esas cifras la organización ATTAC deduce que la compañía estadounidense rebaja artificialmente sus beneficios imponiendo a su filial francesa el pago de derechos sobre la marca y el logotipo, además de la compra de todos los productos de su carta, hasta el punto de registrar pérdidas. Hasta 2015 Starbucks acumulaba pérdidas de 45 millones de euros en el país vecino.

Algo parecido ocurre con Airbnb. La plataforma online de alquileres facturó en España el año pasado 2,92 millones de euros, pero pagó en impuestos sólo 55.211 euros tras declarar unos beneficios de 136.752 euros. La filial española de la multinacional estadounidense se llama Airbnb Marketing Services SL, posee un capital de sólo 3.006 euros y su objeto social es el marketing y el análisis de mercados. Como se ocupa de aclarar en sus cuentas anuales, “no está relacionada con la gestión de plataformas ni con la prestación de servicios online”online. De ello se encarga la matriz europea, Airbnb Holding LLC, con sede en Irlanda. Las comisiones por los alquileres en los que intermedia los cobra esta sociedad irlandesa. Y es en la isla donde paga los impuestos por la actividad que desarrolla en España.

Otra medida adicional contra las tácticas de elusión fiscal de las grandes compañías es la directiva que traslada al ámbito europeo las 15 recomendaciones que la OCDE aprobó en 2013 contra este tipo de prácticas. El objetivo en este caso es acabar con las “asimetrías híbridas”, las disparidades fiscales entre dos o más países que las multinacionales aprovechan para no pagar impuestos. Los analistas más críticos consideran que se trata sólo de una protección mínima, un buen comienzo pero insuficiente: las multinacionales dejan de pagar en Europa entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año gracias a los agujeros de las leyes fiscales nacionales, según los cálculos del comisario de Asuntos Económicos, Pierre Mostovici. Los Estados miembros tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 para trasladar las medidas a sus respectivas legislaciones nacionales.

Luxemburgo cambia sus pactos fiscales

¿Qué resultados prácticos ha tenido hasta ahora esta batería de actuaciones contra la picaresca fiscal de las multinacionales y algunos Estados miembros? En diciembre de 2016 Luxemburgo anunció que las transacciones financieras entre filiales de un mismo grupo –como las denunciadas por Bruselas en el caso de Amazon– deben realizarse en condiciones de mercado, sin las ventajas que les permitían los tax rulings.

Al tiempo, McDonald’s trasladaba su domicilio fiscal de Luxemburgo a Reino Unido, donde espera encontrar nuevas ventajas fiscales: tras el Brexit, el Gobierno de Theresa May quiere atraer a las empresas ofreciendo un impuesto de sociedades sustancialmente inferior al del resto de los países de la UE.

El caso es que su antecesor en el cargo, David Cameron, llegó a un acuerdo en enero de 2016 con Google por el que el buscador accedía a pagar 172 millones de euros en concepto de impuestos eludidos entre 2005 y 2015. Una cantidad a todas luces insuficiente para la oposición británica, que destacaba los 31.700 millones de euros que ha ingresado el buscador en una década.

En el comunicado donde anuncia las medidas contra Luxemburgo y Amazon, la Comisión Europea termina resumiendo su política fiscal en un “sencillo” principio: “Todas las empresas, grandes o pequeñas, deben tributar allí donde obtengan sus beneficios”.

"La decoración que se expuso en el día de ayer en mi restaurante se retiró tan pronto como llegó a conocimiento de la dirección del centro", señaló en su perfil de esta red social, según informa Europa Press.

Asimismo, explica que la intención de los empleados encargados de decorar el restaurante "ha sido muy desafortunada al entender que por proceder de un cementerio, una figura deteriorada podía ser un detalle alegórico a los difuntos".

"Pero en ningún caso se ha querido utilizar la imagen religiosa de la virgen y del niño por las que tenemos el más absoluto de los respetos y mi más particular devoción", expresó.

Realizadas todas las investigaciones pertinentes para tomar las justas medidas disciplinarias, y evitar que nunca vuelva a repetirse ningún malentendido similar, el dueño precisó "que un trabajador del restaurante, extrabajador de cementerios es el dueño de la figura, la cual le fue entregada en su anterior trabajo por encontrarse deteriorada por el paso del tiempo y no ha sido manipulada voluntariamente".

"Personalmente estoy realizando las gestiones para recuperar la figura lo antes posible y sufragar los arreglos necesarios para recuperarla", concluyó.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves que los trabajadores que construyen el Estado Internacional Jalifa de Doha para el Mundial de Fútbol de 2022 han sufrido "abusos sistemáticos", entre ellos ser objeto de trabajos forzosos, según ha podido saber Europa Press.

El informe El lado feo de un juego bonito: Explotación en una sede del Mundial de Qatar 2022, carga contra la "sorprendente indiferencia" de la FIFA ante "el lamentable tratamiento a los trabajadores inmigrantes". "El abuso contra trabajadores inmigrantes es una mancha en la conciencia del fútbol mundial. Para jugadores y aficionados, un estadio del Mundial es un lugar para los sueños. Para algunos trabajadores que han hablado con nosotros, es como una pesadilla", ha dicho el secretario general de AI, Salil Shetty.

"Pese a cinco años de promesas, la FIFA ha fallado casi totalmente a la hora de detener que el Mundial sea construido sobre abusos de los Derechos Humanos", ha lamentado, según un comunicado publicado por la organización. El informe se fundamenta en entrevistas a 132 trabajadores extranjeros de la construcción que participan en las obras en el citado estadio, que será el primero en ser terminado y acogerá una de las semifinales del torneo. Asimismo, otras 99 personas que trabajan en los espacios verdes de un complejo deportivo ubicado en los alrededores, donde entrenaron en invierno de 2015 equipos como el Bayern Munich, el Everton y el Paris Saint-Germain.

Entre los abusos denunciados figuran los malos alojamientos, el pago de sumas de dinero en sus países de origen para trabajar en las obras, ser engañados por el salario o el tipo de trabajo que realizarían, o no recibir remuneración durante meses. Además, algunos empleadores no concedieron o renovaron los permisos de residencia, les confiscaron la documentación o fueron amenazados por quejarse sobre las condiciones que sufrían.

"Endeudados, viviendo en alojamientos miserables en el desiertos, recibiendo sueldos nimios, la situación de los trabajadores inmigrantes contrasta con las estrellas futbolísticas que jugarán en el estadio", ha manifestado Shetty. "Todo lo que los trabajadores quieren son sus derechos: ser pagados a tiempo, abandonar el país si lo necesitan, y ser tratados con dignidad y respeto", ha añadido.

La 'Kafala'

Por ello, AI ha recalcado que la kafala (la legislación laboral basada en el patrocinio), que impide a los trabajadores cambiar de empleo o salir del país sin el permiso de sus empleadores, es una de las causas principales de la situación. En este sentido, ha valorado que las reformas anunciadas por las autoridades a la kafala, anunciadas a finales de 2015, "harán poco para alterar la dinámica de poder entre los trabajadores inmigrantes y sus empleadores".

La ONG ha reclamado a los patrocinadores del torneo, como Adidas, Coca-Cola y McDonalds, que presionen a la FIFA para que haga frente a la situación y desvele un plan para evitar nuevos abusos en los proyectos de construcción. "Acoger la Copa Mundial ha ayudado a Catar a promocionarse con un destino de élite para algunos de los principales clubes del mundo. Pero el fútbol mundial no puede ignorar los abusos en las instalaciones y estadios en los que se juega", ha recalcado Shetty.

"Si la nueva cúpula de la FIFA es seria acerca de pasar de página, no puede permitir que su evento global por antonomasia se celebre en estadios construidos sobre los abusos a trabajadores inmigrantes", ha remachado.

Respuesta de Catar

Por su parte, fuentes del Comité Supremo para la Entrega y el Legado de Catar han asegurado que el informe de AI "pinta un cuadro engañoso", si bien han reconocido que "existen desafíos en las condiciones de los trabajadores".

Así, han asegurado que varias compañías que no cumplían con su normativa han sido expulsadas de sus proyectos, resaltando que sus inspecciones son capaces de detectar los abusos, según ha informado el portal de noticias local Doha News. "Hay un compromiso con el progreso. Esta Copa Mundial es un catalizador para un cambio positivo", dijo el secretario general del organismo, Hasán al Zawadi, en una entrevista concedida esta misma semana.

Es una señal. Una bonita señal, pero nada más que una señal. La semana pasada, Amazon anunció que sus filiales europeas iban a declarar sus cifras reales de negocio en los países donde venden sus productos. Adiós a los resultados mutilados, maquillados gracias a la agrupación de las ventas en Luxemburgo, un país con una fiscalidad tan proclive a los acuerdos fiscales de las multinacionales. ¿Abandonará Amazon el pelotón de lo que Mediapart denomina los “intasables” y del que es buque insignia?Mediapartintasables Es poco probable. 

The Financial Times  y, posteriormente, The Washington Post fueron los primeros en dar a conocer una noticia (los días 22 y 24 de mayo), que Amazon no tardaría en confirmar, en un comunicado emitido el martes 26 de mayo. Desde el 1 de mayo, los productos que se vendan en países como Alemania, Gran Bretaña, Italia, España –y pronto en Francia– serán declarados, y por tanto estarán sujetos al correspondiente gravamen, allí donde se compren. Para ello, en estos países, se han constituido, o están en proceso de constitución, diferentes filiales de la empresa destinadas a tal efecto.

Para Amazon, no supone nada extraordinario. “Revisamos de forma regular nuestra estructura de empresa para asegurarnos de que estamos en condiciones de atender mejor a nuestros clientes”, asegura la compañía. [...] “Hace más de dos años que iniciamos un proceso de creación de filiales locales nacionales”. En realidad, se trata de un cataclismo de un calibre nunca visto entre los gigantes de la industria digital. Efectivamente, hace años que la empresa es toda una maestra en el arte de la optimización fiscal agresiva, todo un ejemplo de evasión fiscal casi absoluta. Gracias a leyes fiscales de lo más oscuras, Amazon se había hecho hasta la fecha una especialista en el arte de localizar sus costes y sus pérdidas en los países donde los impuestos son elevados y de repatriar sus beneficios a los territorios con una fiscalidad muy ventajosa, por no decir inexistente.

Tal y como recuerda BFM Business, por poner un ejemplo, Amazon pagó solo 5,8 millones de euros de impuestos sobre los beneficios en Francia en 2014, correspondiente a una cifra de negocios que solo en dicho país puede ser de 257 millones. Hay algo que todavía es más cuestionable, en noviembre de 2012, tras una estricta declaración ante los diputados británicos, la empresa se vio abocada a reconocer que su cifra de negocios real en Francia, en 2011, fue de 889 millones de euros, es decir, ¡ocho veces más que lo que había declarado aquel año! Fue la única vez que la empresa de Jeff Bezos habló de sus cifras. Actualmente, su cifra de negocios real debe de rondar los 1.000 millones de euros.

La situación es peor en Gran Bretaña (449 millones de libras, unos 625 millones de euros, declarados en 2013, correspondientes a un volumen local de ventas estimado de varios miles de euros) y en Alemania (según Reuters, en 2014, pagó 11,9 millones en concepto de impuestos de sociedades, en un mercado como el alemán, que absorbe el grueso de sus exportaciones, por un valor estimado de 10.000 millones de euros en ventas). Sin embargo, hasta este 1 de mayo, Amazon declaraba a las autoridades fiscales de cada país solo sus actividades paralelas, llevadas a cabo por las filiales instaladas fuera, mientras las ventas en toda Europa se facturaban desde Luxemburgo. En 2014, la cifra de negocios de Amazon en este minúsculo país fue lógicamente de... 15.500 millones de euros. Acto seguido, el dinero se evaporaba a otros paraísos fiscales, como Delaware, el agujero negro norteamericano de las finanzas y del comercio.

¿Por qué la empresa Amazon ha optado un día para otro por dar este giro? Es posible que hayan influido las presiones que se multiplican en torno a la empresa. Porque, si bien es cierto que ha defendido en todo momento que su estrategia fiscal era legal, no es eso lo que piensa la mayor parte de las autoridades fiscales afectadas, ni la Unión Europea, ni la OCDE, que coordina los esfuerzos internacionales para regular las prácticas de los “intasables”. En Francia, el fisco reclama a Amazon más de 200 millones de euros en concepto de atrasos impositivos y sanciones, solo en el periodo 2006-2010. En Estados Unidos, las autoridades le pide unos 1.500 millones correspondientes al periodo 2005-2012. Y, según las cuentas de la empresa, se espera también otras reclamaciones de China, Alemania, Japón, Gran Bretaña e, incluso, de Luxemburgo...

Amazon también está en el punto de mira de la Comisión Europea. Bruselas tiene sospechas fundadas de que Luxemburgo alcanzó acuerdos fiscales (rulings) muy favorables con grandes empresas para atraerlas a su territorio. En octubre, la Comisión abrió una investigación precisamente sobre el caso de Amazon. Avisó de que continuaría con el proceso hasta el final.

Una situación embarazosa para el Gobierno luxemburgués, que ya está siendo objeto de una investigación vinculada con una filial financiera de Fiat, y que hace años que alaba el establecimiento del rey del comercio electrónico en su territorio. Amazon, que cuenta con alrededor de un millar de asalariados en el país, debe probar que las empresas radicadas en el Gran Ducado no son sociedades pantallas destinadas a disfrutar ventajas fiscales de forma artificial.

Las dudas de la Comisión se han visto corroboradas por las revelaciones de Luxleaks, un consorcio de grandes medios de comunicación, entre ellos el diario Le Monde, informó de los rulings alcanzados por 340 empresas, entre ellas algunas compañías francesas (LVMH, BNP, Paribas, Axa, etc.). Amazon se encuentra entre ellas y se benefició supuestamente un gravamen de solo... ¡el 1% de su cifra de negocios declarada! El acuerdo data de 2003, cuando Jean-Claude Junker, actual presidente de la Comisión Europea, era primer ministro de Luxemburgo.

Y la cosa no queda ahí. Entre las reformas recomendadas por la OCDE, y adoptadas por el G20, en su lucha contra la evasión fiscal de las empresas, figuran algunas medidas que pueden comprometer directamente a Amazon. La idea de obligar a una multinacional que tiene depósitos en un país de instalarse en él fiscalmente progresa y es posible que llegue a adoptarse. Al contrario de lo que sucede con Google o Facebook, Amazon dispone de numerosos depósitos en toda Europa. Dado que estas medidas deberían entrar en vigor en 2017 o 2018, la empresa ha decidido adelantarse unos años al cambio que es ineludible.

Ejemplaridad

A preguntas de Rue89, Pascal Saint-Amans, encargado de coordinar la lucha contra la evasión fiscal de la OCDE, ve con buenos ojos “un cambio de paradigma” e imagina que “la reacción positiva de los medios de comunicación tendría que alentar a otras multinacionales a obrar en consecuencia”. Las reacciones de los medios de comunicación han tenido efectos positivos. Le Monde ha llegado a titular: “Amazon cede frente a la Unión Europea sobre la fiscalidad”. Sin embargo, es difícil ver las cosas con tanto optimismo. Porque la trampa existe y no es menor. Actualmente, nada indica que Amazon vaya a pagar impuestos en Francia o en Alemania. Ni que la empresa se haya hecho ejemplar, de la noche a la mañana.

En primer lugar, Amazon se ha cuidado a la hora de precisar en su comunicado que “el comercio electrónico es un negocio con escaso margen y con mucha competencia”. También añade: “Amazon sigue haciendo sustanciales inversiones en todo el mundo, lo que quiere decir que nuestros beneficios son bajos”. Y quien dice pocos beneficios dice pocos impuestos sobre beneficios. O peor, en 2014, la empresa perdió 241 millones de dólares. Lo que, en la mayor parte de los países, le daría derecho a créditos impositivos para años sucesivos, si volviera a tener beneficios.

Al fin y al cabo, es normal que una empresa que pierde dinero no pague impuestos sobre unos beneficios inexistentes, aunque el problema subyace en comprender por qué no gana dinero. Y en el caso de Amazon, la cuestión es muy delicada. Porque el funcionamiento de sus filiales está dirigido a hacerles perder dinero. Dicho de otro modo, incluso si las ventas a los clientes franceses se facturasen a una filial francesa, y no ya luxemburguesa, no está claro que esta filial tuviese muchos más beneficios, tal y como explica muy BFM Business. La investigación de la Comisión Europea ha puesto de manifiesto el sistema utilizado (disponible, en inglés).

En resumen, las filiales locales de Amazon pagan un importante canon a otras filiales por utilizar la tecnología del grupo. O bien reciben préstamos a tipos de interés muy elevados. Y la filial luxemburguesa que recibe todo el dinero, radicada en Delaware, no está sometida a cargas fiscales ni en Estados Unidos ni en Luxemburgo. A pesar de los resultados netos, que oscilan entre 118 millones de euros en 2012 y 347 millones en 2014, esta filial, Amazon Europe technologies holding CSS, paga por tanto... 0 euros de impuestos.

Estas prácticas no son completamente desconocidas. Son muy similares a las que emplea McDonald's, compañía que ha recibido un fuerte tirón de orejas de una coalición de ONG y de sindicatos. O a las de Starbucks, que también ha sido objeto de una investigación por parte de la Unión Europea. En Francia, Starbucks está permanentemente en pérdidas, desde que hizo su entrada en territorio francés en 2004, y nunca ha pagado impuestos. Al acabar con la centralización de sus ventas en Luxemburgo, aunque conservando su sistema de optimización, Amazon se alinea con algunos de los peores ejemplos existentes. Desde luego, no hay motivos para la satisfacción. El gigante del comercio electrónico tiene derecho, al menos de momento, a esperar a que las medidas aprobadas por la OCDE y el G-20 entren en vigor.

Mientras tanto, la Comisión Europea trata de cambiar las cosas. El propio Jean-Claude Juncker, a quien ha tomado la delantera la OCDE, hace varios meses que trata de pisar el acelerador. El pasado 27 de mayo, la Comisión precisó los detalles del plan contra la optimización fiscal que pretende presentar en el mes de junio. “Cualquier empresa, pequeña o grande, debe pagar su parte de impuestos correspondiente en el país en el que obtiene beneficios”, declaró Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión, mientras que Pierre Moscobici, comisario de Asuntos Económicos, instaba a “la reforma del sistema impositivo de sociedades en la UE”.

La Comisión se propone sobre todo volver a poner sobre la mesa un tema muy recurrente, la Base Imponible Común Consolidada del Impuesto de Sociedades (BICCIS). Este texto, que está listo hace más de cuatro años, propone que una empresa presente en varios países europeos aplique lo que los expertos llaman la tasa unitaria. Se trata de considerar a todas las filiales de una multinacional como una sola y única empresa, evaluar sus beneficios totales, con independencia de dónde estén radicadas, después dividirlas proporcionalmente en función de los países donde se lleva a cabo realmente la actividad de la empresa. Cada Estado sería libre de gravar como desee la porción de los beneficios que le ha sido “atribuido”.

Esta solución, adoptada por Estados Unidos para su comercio interior, se considera como el arma más segura para acabar de raíz con las estrategias de optimización más o menos leales de las empresas. Ya no son los expertos en fiscalidad quienes deciden dónde se localizan los beneficios, sino los Estados quienes toman la iniciativa. No obstante, no es casualidad si Europa todavía es un paraíso fiscal para las empresas, como se pudo constatar durante las últimas elecciones europeas. En la UE, las cuestiones fiscales deben alcanzarse con la unanimidad de los 28 Estados miembros. Es muy poco probable que todos logren ponerse de acuerdo sobre un principio tan radical, que ya ha sido apartado por la OCDE por las reticencias que suscitaba, Amazon lo sabe bien, y con este golpe de efecto, sin duda ha hecho girar los focos, durante una temporada, sobre sus discutibles prácticas.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La compañía estadounidense de restauración McDonald's ha decidido elevar a 10 dólares la hora el salario mínimo de los trabajadores de los establecimientos que gestiona en Estados Unidos, así como conceder vacaciones pagadas a aquellos empleados que lleven más de un año en la compañía, según informa en un comunicado.

En concreto, a partir del 1 de julio, el salario más bajo que tendrá un empleado de los restaurantes no franquiciados de McDonald's, con categoría de hasta responsable de restaurante, se ajustarán hasta superar en un euro el sueldo mínimo marcado por las autoridades, en torno a nueve euros.

Además, a partir de esa fecha los empleados de la cadena de comida rápida tanto a jornada completa como parcial que lleven al menos un año trabajando en la empresa comenzará a recibir vacaciones pagadas.

Por ejemplo, un empleado que trabaje de media 20 horas semanales tendrá derecho a recibir aproximadamente 20 horas de vacaciones pagadas al año. Si el trabajador decide no disfrutar de estos días, la compañía le pagará las horas trabajadas.

En concreto, más de 90.000 empleados, que equivalen a aproximadamente el 10% de la plantilla de los restaurantes de McDonald's en todo el mundo, se beneficiarán de estas dos mejoras. La compañía recuerda que los más de 3.100 establecimientos franquiciados que tiene en el país toman sus propias decisiones sobre la remuneración de empleados.

Más ayudas a la educación

Por otro lado, McDonald's ha decidido ampliar su oferta educativa, que realiza a través del programa Archways to Opportunities, con ayudas para la matrícula universitaria y educación secundaria gratuita, medidas de las que podrán disfrutar los empleados tanto de sus establecimientos propios como de los franquiciados.

"Hemos estado trabajando en un amplio paquete de beneficios para nuestros trabajadores, la gente que lleva nuestra marca a la vida diaria de nuestros clientes en los restaurantes de Estados Unidos", subrayó el presidente y consejero delegado de McDonald's, Steve Easterbrook.

En este sentido, añadió que la empresa ha escuchado las propuestas de sus empleados y ha descubierto que, además de subidas salariales, descansos pagados y ayuda financiera para completar sus estudios supondrán un cambio real en sus carreras y sus vidas.

McDonald's es otra de las empresas intasables. Este término, acuñado por Mediapart hace más de dos años, alude a las multinacionales, del sector de las nuevas tecnologías pero no es exclusivo a ellas, que dominan a la perfección el arte de no pagar impuestos y que hacen auténticos juegos malabares con las leyes fiscales bordeando la legalidad. Un informe publicado el pasado 25 de febrero en Bruselas pone al descubierto que el rey norteamericano de la comida rápida no tiene nada que envidiar a expertos en optimización fiscal agresiva como Google, Apple o Starbucks.

El texto –que firman varios sindicatos europeos y norteamericanos y la ONG británica War on Want– describe con todo lujo de detalles la estrategia adoptada por McDonald's y su impacto en Europa, donde la compañía cuenta con 7.850 establecimientos que le suponen un volumen de negocio de 20.300 millones (es decir casi el 40% de los ingresos mundiales). El sistema McDonald's se articula en torno a una minúscula filial con sede en Luxemburgo, que percibe casi todos los ingresos relacionados con la propiedad intelectual del grupo. En Europa, cada establecimiento franquiciado de la marca paga al grupo una parte de su volumen de negocio por royalties, en concepto de propiedad intelectual. Y estas importantes sumas van a parar directamente a Luxemburgo, un país muy considerado con las grandes empresas, tal y como hemos publicado en diversos reportajes. 

La filial luxemburguesa de McDonald's, denominada McD Europe Franchising SARL, sólo cuenta con 13 asalariados, pero entre 2009 y 2013 su volumen de facturación fue de 3.700 millones de euros y sólo pagó... 16 millones de euros de impuestos. “Es vergonzoso ver cómo una empresa multimillonaria, que paga salarios bajos a sus empleados, también trata de eludir su responsabilidad de pagar los impuestos que le corresponden, necesarios para financiar los servicios públicos de los que dependemos todos”, denuncia en un comunicado Jan Willem Goudriaan, secretario general de la Federación Sindical Europea de los Servicios Públicos (FSESP), uno de los autores del informe. “Pedimos a la Comisión Europea y a las autoridades fiscales de los diferentes países, así como a la comisión especial creada recientemente en el Parlamento Europeo, que vigile estas prácticas fiscales de McDonald's y que tome las medidas que correspondan”, insiste.

En 2012 y 2013, se abonaron más de 1.000 millones de euros a McD Europe Franchising en concepto de royalties. Un negocio muy rentable para esta sociedad, que también tiene filiales en Ginebra (Suiza) y en Illinois (EEUU). Según las cuentas depositadas en Luxemburgo y a las que ha tenido acceso Mediapart, en el año 2012 obtuvo 172 millones de euros de beneficios y, en 2013, 284,3 millones. En 2012, sólo pagó un 1,8% de impuestos sobre estos beneficios, tasa impositiva que fue del 1,46% en 2013. Si el gravamen fiscal hubiese sido el de aplicación en Luxemburgo, del 29,22%, esta filial tendría que haber abonado en cinco años la nada desdeñable cifra de ¡1.000 millones adicionales!

¿Qué argucia ha permitido el jugoso milagro de McDonald's? Sobre todo, una ley aprobada en 2009 en Luxemburgo y que se ha aplicado desde el primer mes en vigor. Este incentivo fiscal, conocido con el nombre de patent box, prevé una exoneración del 80% sobre los beneficios de la utilización o de la cesión de derechos de propiedad intelectual como las patentes, las marcas o los derechos de autor. El patent box acaba de aprobarse también en Irlanda y en el Reino Unido y está en vigor ya en Luxemburgo y en Bélgica, países que ven en él una forma eficaz de atraer a las empresas a sus territorios, más aún cuando la OCDE, que ha encabezado en los últimos meses una cruzada para desmontar los sistemas de evasión fiscal utilizados por las empresas, no ha logrado hasta la fecha alcanzar un consenso para poner en marcha reglas sobre las patent boxes.

Sin embargo, la Comisión Europea ya ha pedido información a los 10 Estados miembros en los que, de un modo u otro, está en vigor este incentivo fiscal (Francia, por ejemplo, está en el punto de mira por su crédito fiscal para la investigación, también discutible). Aunque Luxemburgo inicialmente se resistió, finalmente proporcionó las informaciones solicitadas.

La sospecha de existencia de un acuerdo con Luxemburgo

No es la primera vez que se habla del asunto en Francia. En enero de 2014, el semanario L'Express desveló la existencia de este sistema y reveló que el fisco francés había abierto una investigación y que que calculaba que McDonald's evadía alrededor de 330-650 millones de euros al año. En octubre de 2013, investigadores franceses estuvieron en la sede la de empresa. Se inició una investigación a la empresa, como se ha abierto un procedimiento a Microsoft (que acaba de pagar la suma inicial de 16,4 millones), Amazon, Yahoo!, Google, Facebook o eBay...

Según las cifras que manejan los sindicatos en su informe, la evasión fiscal en Francia es todavía mayor, puede rondar entre los 386 y 713 millones de euros, a los que en teoría hay que sumar varios cientos de millones en concepto de multa. Francia es el primer mercado europeo de McDonald's y el segundo más rentable del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos. En 2013, sus 1.342 restaurantes vendieron comida por valor de 4.400 millones de euros (impuestos no incluidos).

El informe recoge que desde el año 2009, McDonald's Francia ha cedido a la filial de Luxemburgo una parte importante de sus derechos de propiedad intelectual. Y como por arte de magia, ya que debía abonar una parte significativa en Luxemburgo, sus beneficios se han hundido. “A pesar de que su volumen de negocio creció un 37% entre 2008 [...] y 2013, sus beneficios cayeron un 14% en este periodo”, advierte el texto.

El semanario L'Express publicaba en 2014 que las franquicias francesas tenían que pagar a la empresa matriz, vía Suiza y de Luxemburgo, el 4% de su cifra de negocios en concepto de publicidad y “entre el 10% y el 20% por comisiones de explotación”. Este informe cifra en un 5% lo que se debe abonar, además de la publicidad, a tenor del contrato de franquiciado italiano. Este contrato habla también del pago de un “alquiler mensual” adicional, “calculado sobre el porcentaje de las ventas”, sin precisar más.

Un portavoz de la firma, preguntado por Reuters, se ha limitado a negar estos días que las actuaciones sean ilegales. Un año antes, Jean-Pierre Petit, presidente de McDonald's Francia, también se había manifestado en estos términos en un programa de televisión, en el canal M6. Sin embargo, se mostraba muy nervioso y titubeaba a la hora de ofrecer explicaciones. Después de defender que la información de L'Express era “totalmente falsa”, “completamente errónea en lo que respecta a Francia”, reconoció que su empresa hacía circular el dinero “pasando por un número de países, lo que permite cierta optimización fiscal”. “¡No hay nada malo en la optimización fiscal!”, terminó por decir.

El caso de McDonald's recuerda al de Starbucks, que está siendo investigado por la Unión Europea. En Francia, Starbucks se encuentra en pérdidas desde que hizo su irrupción en el país, en 2004, por lo que nunca ha pagado impuestos. Y en 2011, cuando la cafetería norteamericana aseguraba a sus inversores haber logrado 40 millones de dólares de beneficios en Europa, había declarado pérdidas por valor de 60 millones a las autoridades fiscales británicas, alemanas y francesas (los tres países representan el 90% de su actividad en el continente).

Al estudiar la contabilidad de McDonald's, los sindicatos constataron también otro hecho inquietante: el gravamen impositivo al que está sometido la empresa es inferior al que recoge el patent box luxemburgués. Si se hubiese sometido al pie de la letra a este incentivo fiscal, tendría que haber pagado, entre 2009 y 2013, un total de 194 millones de euros más, es decir, ¡12 veces más que los impuestos pagados!

Del informe se deduce la posibilidad de que McDonald's y Luxemburgo hayan alcanzado un acuerdo fiscal, uno de esos famosos tax rulings (acuerdo fiscal) que sacan los colores al país desde que han trascendido las condiciones en que se aplican. El asunto no podía estar de mayor actualidad: la Comisión Europea anunció la semana pasada su intención de hacer todo lo posible por aumentar la transparencia con relación a estos acuerdos, en Europa, gracias, sobre todo al intercambio automático de datos entre los Estados implicados. Un portavoz de la Comisión, en declaraciones a Bloomberg, aseguró que las informaciones del informe sobre McDonald's se estudiarían “minuciosamente” en Bruselas.

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Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Según el diario, desde 2009 McDonald's ha transferido 2.200 millones de su facturación directamente a sus filiales en Luxemburgo y Suiza sin que el fisco galo hubiera recaudado lo que le correspondía por el IVA y el impuesto a los beneficios, que se calcula equivaldría a entre 330 y 650 millones de euros cada año.

Bajo el control del Alto Tribunal de Versalles, se llevó a cabo con total discreción una investigación en la sede de la empresa en Francia, situada en la localidad de Guyancourt (Yvelines), desde la mañana del 15 de octubre hasta el alba del día siguiente.

"Como la mayoría de las grandes empresas, hemos sido objetivo de peticiones rutinarias de información por parte de los inspectores de hacienda, a la que hemos respondido siempre", aseguró la Mcdonald's a L'Express, que rehusó entrevistarse con el diario.

Francia se ha convertido en 35 años en el segundo mercado más rentable de McDonald's tras Estados Unidos, ya que la compañía cuenta con más de 300 franquiciados en el país que poseen 1.300 locales, el 80% del total.

Este sistema de franquicias es el que ha permitido la evasión fiscal y lo que está dando los dolores de cabeza a los servicios del Ministerio. Los 300 franquiciados deben entregar a la empresa americana el 4% de su cifra de negocio por "gastos de publicidad" y entre el 10% y el 20% por comisiones de explotación.

Una vez transferidas estas cantidades, "estos empresarios independientes pagan sus impuestos, invierten y crean puestos de trabajo debido a la propia naturaleza de su negocio". Los ingresos por franquicia constituyen el principal motivo de responsabilidad de la marca, casi dos terceras partes de sus márgenes.