Hace exactamente un año que murió mi madre.

Mi madre vivía en una casa llena de libros y, en sus últimos años, cuando ya no podía leer, aun entonces, se levantaba con dificultad del sillón en el que pasaba sus días y se acercaba a las estanterías para pasar su dedo por los lomos de los libros, elegir uno, llevárselo con ella al sillón, abrirlo y mantener la mirada fija en las letras durante mucho rato. A veces, muy seria y concentrada, cogía un lápiz y subrayaba la lectura. Cuando sus hijos íbamos a ver qué había subrayado con tanto empeño, veíamos que eran palabras al azar, sin ninguna relación entre ellas.

Contratar a una trabajadora interna para que se ocupara de ella, de que no quemase la casa o de que no se cayese en el baño, fue muy dificultoso. Mi madre era muy independiente y solitaria, le gustaba vivir sola. Después de años de insistencia hubo un día en que aquello fue inevitable y aquel mismo día supimos lo que nos esperaba, a todos. Según vio que la señora llegaba con unas bolsas, mi madre se las tiró al descansillo y le cerró la puerta en las narices. Porfiamos con ella un buen rato llegando incluso al encontronazo físico, lo tiraba todo al suelo y, cada vez que abríamos la puerta, mi madre la cerraba de un golpe. Fui yo la que la senté en el sillón casi de un empujón y la grité: “Es así, mamá, tienes que aceptarlo” y ella, en un terrible arranque de lucidez, dijo: “Me habéis vencido”. Y la señora que venía a ayudarnos a cuidarla pudo entrar. Después, claro, fue empeorando, y ya no bastaba con una señora, necesitaba dos o tres, para todas las horas del día y de la noche. Y eso que sus hijos (tres) íbamos todos los días a pasar horas con ella y los fines de semana enteros. Pero llegó un momento en que no podíamos moverla, ni asearla, ni alimentarla, teníamos que trabajar y, además, todos sus hijos tenemos ya más de 60 años; estamos entrando en nuestras propias vejeces. Pagar más ayuda era ya impensable. Entonces hubo que llevarla a una residencia. Ese día, aun en su estado, luchó con fiereza. Me dio un bastonazo a mí y otro a mi hermano y prácticamente la tuvimos que llevar en volandas. Creo que ese fue un día para mí más triste que aquel en el que murió.

Llegó a la residencia con la cabeza bastante entera. Al entrar dijo: “Me traéis aquí para morir, ¿no?”. Le dijimos que no, que era para que se repusiera. Después, muchos días nos preguntaba que si nos estábamos ocupando de limpiar su casa, para cuando volviera, pero llegó el día en que comprendió que no iba a volver, y lloró desconsolada. En la residencia no duró siquiera un año. La residencia nos costaba más de 4.000 euros al mes, un dinero que salía de su pensión (alta) y de lo que aportábamos los tres hermanos. Se supone que era una buena residencia, pero yo querría morir antes de tener que pasar allí un solo día. Entiendo que mi madre tuviera prisa por morirse y, aunque no tuvimos más remedio, nunca me quitaré la culpa de no haber hecho algo más por intentar que pasara en su casa, con sus cosas, sus últimos días.

Pienso mucho en las vejeces que nos esperan desde entonces. Mi primera experiencia con una residencia me hizo entender que es en la vejez —y no en la juventud— cuando las diferencias de clase, si no más evidentes (siempre son evidentes), sí se hacen mucho más dolorosas. Son lugares terribles y sólo una sociedad que no piensa en la vejez ni en la muerte ha podido naturalizar el hecho de que nuestros viejos (nosotros y nosotras mismas) estén condenados a terminar sus días allí. En algunos países nórdicos las residencias son apartamentos individuales, atendidos por profesionales. También muchos ayuntamientos proporcionan ayuda profesional que acude a las casas. No una hora a la semana, como aquí, sino 24/7. Supongo que estos servicios estarán en recesión y bajo la tensión privatizadora que sufren los servicios públicos en todo el mundo. Pero aquí hemos pasado de no tener nada a tener lo peor; para quienes no pueden pagarse un cuidado adecuado, claro. La mayoría que no puede pagar el precio del cuidado digno que necesitan y merecen sus familiares, tendrá que vender esa ansiada vivienda de los padres que esperaban llegar a tener en herencia como único patrimonio… Eso si existe.

Mi madre murió en una residencia muy cara y se supone que muy buena. Tenían a los residentes muy atendidos, el servicio médico era bueno, la decoración era agradable y la comida (para quien podía comer) era apetecible. Las enfermeras y auxiliares eran cariñosas y los trataban bien. Pero pasó sus últimos días sentada en un corro con personas desconocidas cada una con su propia enfermedad mental o su propio grado de vejez. Una chillaba, otro señor insultaba e incluso agredía, muchos eran como muebles, otra cantaba a voces y muchas, muchas personas, lloraban. Nadie hablaba con nadie, los viejos son como islas inexpugnables para los demás excepto, quizá y sólo a veces, para sus hijos e hijas. Y no tenía nada suyo a su alrededor, nada que le recordara quién era o qué había sido; ni un objeto querido, nada a lo que aferrarse. Mi madre, que llegó allí hablando y reconociéndonos, se hundió en la negrura muy rápido y, lo peor de todo, muy triste. 

Pienso mucho en esos viejos que tienen que sufrir la avaricia y la maldad de las políticas de Ayuso. Pienso mucho en las residencias de Ayuso. Pienso en esas personas que, después de toda una vida luchando y viviendo con carencias, acaban sus días comiendo comida escasa y podrida; en esos ancianos que tienen hambre y que ni siquiera pueden protestar porque les amenazan con la expulsión. Pienso sin parar en tantas familias que no tienen más remedio que ingresar a sus familiares, a sus padres o madres, y que se los encuentran con el pañal mojado porque nadie se lo ha cambiado en horas; pienso en esas trabajadoras agobiadas, mal pagadas y que aun así intentan hacer su trabajo lo mejor posible, pero que no llegan. Pienso en las llagas sin curar, en los que murieron ahogados en las residencias porque no les desviaron a un hospital, adonde sí enviaron a quienes pagaban un seguro médico, pienso en los que se caen por la noche y nadie los recoge hasta el día siguiente. Pienso en que Ayuso riega con millones a la empresa de su novio (que también es la suya) mientras le quita el presupuesto al servicio de paliativos, el que ayuda a morir con dignidad y el menor dolor posible.

Sé que es natural que los jóvenes no piensen en la vejez y en la muerte. Pero esta es una sociedad de hijos únicos de padres mayores que se tendrán que hacerse cargo, ellos solos, de sus progenitores… o abandonarlos a este sistema cada vez más injusto, más inhumano. A mi hijo ya le he dicho que, cuando no pueda, que me dé una pastilla, que ya lo dejo yo preparado y escrito. Mientras llega el día, la verdad es que si hay un motivo para quemar las calles es este. Los viejos que son y los viejos que seremos no nos merecemos esto. Ayuso y su novio seguro que mueren en su casa con todo el cuidado necesario. Malditos sean.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Rafaela para quienes la conocemos en Parla. Falita, para quienes vivieron con ella sus primeros años en Fuenlabrada. Acaba de cumplir 89 años. Comienza a vivir su año número 90 y su profesora en el Centro de Educación de Personas Adultas de Parla ha organizado una pequeña fiesta, con cuidados regalos manuales y con presencia de sus hijas y algunos miembros de su familia.

Viene Rafaela, Falita, ayudada por una persona que la acompaña y con su bastón y aquí pasa sus dos horas de clase, junto a otras mujeres poco más jóvenes que ella que acuden asiduamente para hacer aquello que no pudieron hacer de niñas, ni de madres, ni tampoco de jóvenes abuelas.

Comparte la clase, además, con un par de hombres mayores y con otro puñado de mujeres venidas de lugares como Marruecos, Nigeria o Perú, dispuestas a aprender a leer y escribir, viniendo cada día, después de dejar a los niños en clase y antes de tener que hacer la comida e ir a recogerlos. 

En el mes de abril, a principios de abril, justo después de acabar la Semana Santa, completó sus 89 años y se adentró decididamente en los 90. Es verdad que necesita algunas ayudas, algún apoyo, pero sigue viviendo en su domicilio y sigue viniendo, acompañada, cada día a clase. 

De cuantas personas estudian en la sede central del CEPA, en la calle Galilea de Parla (Madrid), sin duda Rafaela es la más mayor, aunque, para decirlo todo, en algunos talleres que impartimos en centros sociales, culturales, o de mayores, tenemos alguna persona que supera con creces los 90.

Se trataba de una fiesta sorpresa, pero no queríamos realizar una fiesta de cumpleaños más. Ese momento lo dejamos para los días siguientes, en los que hijas, nietos, yernos, fueron desfilando por su casa para felicitarla. Queríamos un encuentro agradecido con sus compañeras y con sus profes. 

No reparamos en la cantidad de tiempo y dedicación que requiere cualquiera de estos eventos, máxime cuando, excepto la tarta de cumpleaños, todo hubo de quedar preparado, sorpresas y regalos incluidos, antes de que el Viernes de Dolores todo el centro se cerrara por vacaciones. Rafaela lo merece, pero para hacerlo realidad siempre hay personas dispuestas a echar el tiempo, la dedicación y las horas de trabajo necesarias para que todo salga bien.

Pese a sus 89 años, Rafaela, como casi todas las mujeres que la acompañan en clase, no ha nacido en Parla. Ya quedó dicho. Rafaela vino de Fuenlabrada, en aquellos años en los que estas localidades no eran ni la décima parte de lo que hoy son. 

Baste recordar que en 1960 Parla no contaba ni con 2.000 habitantes, mientras que diez años después superaba levemente los 10.000. Pero es que Fuenlabrada, en aquellos mismos años, tenía pocos más o menos habitantes que Parla. Al cabo de los años Fuenlabrada ha llegado a los 190.000, mientras que Parla va por los 137.000. 

Lo dicho, Rafaela era una inmigrante interior, aunque de una localidad cercana, en la que siempre ha sido conocida como Falita. Muchas de sus compañeras vienen de Extremadura, o de alguna de las Castillas. Las más jóvenes de tierras mucho más lejanas, más allá de los mares.

Aquí, en Parla, hizo su nido y vivió su vida. En torno a su familia y a la Administración de Loterías, la lotera de Parla vio crecer a sus hijas, que hoy siguen su camino, la una como profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Parla, mientras que la otra sigue administrando el despacho de Lotería.  

Algunas de estas mujeres mayores son viudas. Cobran una modesta pensión y casi todas ellas han sobrevivido a la depresión, a la tentación de sumergirse bajo las aguas del duelo permanente, al miedo a la vida desencadenado que puede conducirte a dejarte morir. 

Rafaela, como muchas de ellas, ha encontrado en las nietas que la sacan de casa y hasta emprenden viajes con ella, o en las aulas que visitan cada día, un motivo para seguir adelante, para reír, o llorar juntas, para contarnos sus vidas, no menos importantes que las de cualquier tuercebotas, magnate o influencer desenfocado.

De eso nos ocupamos en este tipo de Centros. Cosas que no puede hacer una Inteligencia Artificial por mucho que haya aprendido de nosotros. Convertirse en puntos de encuentro donde el conocimiento, los afectos, la cultura (y las culturas) de las gentes, encuentran nuevas oportunidades de expresarse, seguir aprendiendo y compartir experiencias y apoyo mutuo.

Mayoritariamente mujeres, jóvenes y mayores, viudas, casadas, solteras. Pero todas ellas decididas a vivir una nueva oportunidad de aprendizaje, de convivencia, que muchas veces no pudieron vivir porque la fuerte presión de sus mundos lo hacía imposible. Ejemplos vivos de voluntad de ser y decisión de vivir.

Rafaela es la más mayor, la decana, la más longeva, la que más tiempo lleva en esta brecha y un ejemplo de resistencia, no sólo de resiliencia. Pero todos tenemos la inmensa suerte de verlas cada día, compartir destellos de sus vidas, escuchar sus historias, recopilarlas, escribirlas, contarlas. Entre nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos.

Ellas y no esos hombres que mandan a nuestros hijos a las guerras. Ellas y no esos bastardos que bombardean a inocentes. Ellas son las mujeres valientes, enamoradas de la vida, que la abrazan cada día y salen a defenderla. Ellas merecen como nadie la canción de Silvio. 

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

Ramona Carvajal fue una de las primeras en sufrir un desprecio institucional convertido en norma. Era 26 de junio de 2020. No habían pasado ni tres meses desde el fallecimiento de su madre Alejina en la Fundación Jiménez Díaz, a la que llegó tras casi un mes enferma en la residencia Vitalia de Griñón, un municipio del sur de Madrid. Y asistía ojiplática al enésimo intento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de negar la evidencia. El Ejecutivo regional rechazaba, a pesar de su publicación en infoLibre, la existencia de los Protocolos de la Vergüenza. Pero Carvajal tenía una grabación con la doctora que trató a su madre que evidenciaba la existencia y aplicación de los mismos. Un audio que se publicó en los medios. Y que Ayuso despachó a su manera aquel viernes: "[No se pueden sacar conclusiones] de conversaciones, opiniones, 'porque yo quise', 'porque yo creo', 'porque yo dije'...".

Han pasado casi seis años de aquella primera ola de la pandemia, en la que 7.291 usuarios de residencias murieron –solo en los meses de marzo y abril– sin recibir atención hospitalaria. Y la baronesa conservadora y el Ejecutivo regional mantienen la confrontación directa. Es una guerra tremendamente desigual con un objetivo claro: deslegitimar a las víctimas para intentar que su lucha por la verdad y la justicia se vea como una simple maniobra política. Una estrategia del odio que no es nueva. Ya se desplegó con Pilar Manjón y su asociación tras los atentados del 11M. O con Curra Ripollés y la suya tras el accidente del Yak-42.

Algo de esto sabe Maite Rodríguez. Al fin y al cabo, contra ella disparó públicamente Miguel Ángel Rodríguez, el todopoderoso jefe de Gabinete de Díaz Ayuso. Sucedió hace casi un año, cuando apareció en el programa Lo de Évole contando cómo su madre, Petra, había fallecido en la residencia Los Ángeles de Getafe. Era la primera vez que aparecía en los medios. Y se encontró con una mano derecha de la presidenta desatada en redes un domingo noche. "Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares", escribió. Y media hora después, añadió: "La primera señora que sale –era Maite– no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid".

Era mentira. Y tuvo que rectificar a la mañana siguiente. Pero el daño ya estaba hecho. Su bulo, que fue compartido más de siete centenares de veces, tuvo más de un millón de visualizaciones. "A día de hoy, sigue sin borrar esos mensajes", recuerda la mujer. Desde la oposición pidieron su cese. Pero Ayuso le arropó. De nuevo, despreciando a las víctimas. "Siempre están criticándonos con lo mismo. Siempre nos están llevando con las mismas mierdas", lanzó desde su escaño en la Asamblea de Madrid, al tiempo que, siguiendo el guion clásico, acusaba a la izquierda de "retorcer el dolor de las víctimas".

Desde la cúspide política e institucional de la región, con la potencia mediática que eso tiene, ha hablado de "mareas de rebotados" –en referencia al movimiento Marea de Residencias– que han quedado fuera de las listas electorales de la izquierda. O ha sostenido que tras la lucha por la justicia de las víctimas hay un negocio: "Cuatro frustrados que quieren vender libros". Misma estrategia desplegada esta semana. El lunes, dijo que se estaba "implementando un relato para retorcerlo y vivir de él" por parte de "activistas y ex políticos". Y el miércoles, calificó a las víctimas como "plataforma de frustrados de la izquierda".

"Me indigna pensar que en algún momento podamos llegar a normalizar que personas con poder en las instituciones se puedan permitir el lujo de destrozar la vida dos veces a las familias", lanza Rodríguez. "Es inhumano. Sientes impotencia, rabia, dolor", coincide Carvajal. Una carga que llevan arrastrando casi seis años. María Amor Gutiérrez habla de "crueldad", "maldad" y "falta de empatía" con unas personas que, en algunos casos, han necesitado apoyo psicológico para seguir mirando hacia delante. Ella perdió a su madre, Eleuteria, en la residencia Sanitas de Carabanchel, donde apenas llevaba mes y medio. Con 94 años, no la derivaron a ningún hospital. "Era muy buena y tuvo que sentir mucha tristeza", dice al otro lado del hilo telefónico.

Más suerte tuvo la madre de Carmen Martín. Ella no murió. Pasó el coronavirus de forma asintomática en la residencia Valdeluz de Leganés. Pero eso no suaviza ni un ápice la indignación que siente su hija cada vez que escucha los exabruptos, insultos o humillaciones de la presidenta madrileña: "No tiene alma, no tiene empatía, no tiene corazón". Una estrategia de odio que, coinciden varias de las víctimas, busca poner a parte de la sociedad en su contra. Y eso, tiene consecuencias. "Es raro el acto en el que no pase una persona que nos insulte", expone Carvajal. "Con un desprecio, con un odio", completa Martín.

Un clima de odio que también conoce Mercedes Huertas, cuyo padre, Juan, falleció en la residencia Adolfo Suárez. "Todos los días recibo insultos o amenazas", señala. Y al que también hace mención Carmen López: "En las redes recibimos insultos constantemente, pero somos conscientes de a lo que nos exponemos". Su madre, Carmen, falleció en un hospital tras estar cuatro días agonizando en la residencia Parque Los Frailes, en Leganés. Ella, en principio, estaba dentro del grupo de residentes a los que se impedía la derivación –estaba en silla de ruedas–, pero un error de la médica de la centro, que pensaba que la mujer caminaba, permitió el traslado.

En la misma rueda de prensa en la que tildaba a los familiares de las residencias de "plataforma de frustrados de la izquierda", Ayuso defendió su misa funeral en la catedral de La Almudena como un acto de "apoyo y respeto" a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El doble rasero ante la tragedia. "En nuestro caso, no se ha hecho ningún homenaje", recuerda Gutiérrez. "¿Por qué somos víctimas de segunda? Fallecieron en condiciones inhumanas", asevera Carvajal. "Ha sido el mayor homicidio de la democracia", remata Huertas.

Las víctimas con las que ha charlado infoLibre también enmarcan los últimos improperios de la presidenta regional en el actual contexto judicial, con algunos de sus ex altos cargos investigados en diferentes causas por un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. "Ve que se le empieza a acercar el problema", desliza López. El pasado lunes, Carlos Mur, ex director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los famosos protocolos que impedieron la derivación de residentes a hospitales, confirmó al juez que por encima de él en el organigrama tenían conocimiento de los mismos.

Era la primera vez que Mur declaraba como investigado en un juzgado. En su comparecencia, trató de reducir su participación en los protocolos a una labor de coordinación, revisión, firma y envío. Y dijo que los mismos habían sido redactados por Francisco Javier Martínez Peromingo, quien luego le sucedería en el cargo, y otros 22 geriatras más. El pasado diciembre, este último trató de sacudirse su responsabilidad diciendo que los protocolos eran discriminatorios y que traslado por escrito su oposición a los mismos a Mur.

Uno y otro, eso sí, coincidieron en señalar que las residencias no se medicalizaron. Algo que sabía perfectamente el Gobierno regional. El 20 de marzo de 2020, Mur envió un correo electrónico, desvelado por El País, con copia a dos consejeros –entre ellos el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero– y a tres altos cargos alertando de que el plan de medicalizar las residencias no estaba funcionando y de que habría que trasladar a los hospitales a más personas de las previstas. Tres días antes, Ayuso había dicho en Telecinco que "en su práctica totalidad" las residencias "están todas medicalizadas". Mintió, una vez más.

La vida, entendida como reparto de tiempos, decisiones y expectativas, ya no se parece a lo que fue. Durante décadas dimos por sentado que la vida avanzaba siguiendo un mapa fijo: estudiar, formarse, trabajar, formar una familia, jubilarse. Una secuencia lineal, ordenada y relativamente predecible. Sin embargo, en los últimos años ese mapa ha empezado a desdibujarse. La longevidad crece, la natalidad cae, el trabajo se transforma, las familias se retrasan y la neurociencia revela que maduramos más tarde de lo que creíamos. Con ello, las etapas de la vida ya no duran lo mismo ni significan lo mismo.

Hoy vivimos más y también vivimos distinto. Durante toda nuestra vida el cerebro humano pasa por fases diferentes. Estos ciclos se dan gracias a los hitos conseguidos durante los años y que se acompañan de unas experiencias concretas. Cada hito y etapa se puede identificar por conocimientos específicos adquiridos a través de vivencias determinadas. Así, podemos ver que estos cambios no responden a patrones uniformes, se dan cuando la persona experimenta acontecimientos específicos que son significativos. Ejemplos de estos hitos pueden ser: terminar los estudios, independizarse, formar una familia, la compra de la casa o el coche, entre otros.

Hasta hace unas décadas se podía observar que el paso por estas etapas se daba de manera generalizada en rangos específicos de edad. Hoy en día, la situación socioeconómica y demográfica no es la misma y esto ha cambiado. Pero, ¿cómo influye esta realidad en nuestra biología?

Gracias a los avances médicos, nutricionales y tecnológicos, las personas no solo vivimos más, sino mejor. La esperanza de vida supera en muchos países los 85 años y la llamada “vida útil” se estira: seguimos física y cognitivamente activos mucho más tiempo que generaciones anteriores. Este fenómeno, que algunos expertos denominan paso de una sociedad envejecida a una sociedad de longevidad, implica que las fronteras entre juventud, madurez y vejez se vuelven más difusas.

La ciencia del cerebro refuerza este cambio. Investigaciones recientes muestran que la corteza prefrontal, responsable del juicio y de la planificación, termina de madurar entre los 25 y los 30 años, mucho después de lo que se pensaba. Por eso algunos estudios hablan ya de una “adolescencia extendida”, que no terminaría a los 18, sino más cerca de los 30. En otras palabras: no solo vivimos más años, sino más etapas dentro de esos años.

A este alargamiento vital se suma otra tendencia: la natalidad desciende en casi todos los países desarrollados. Las familias se forman más tarde, si es que se forman. La edad media del primer hijo no deja de aumentar. El resultado es una pirámide poblacional transformada: menos niños, más adultos mayores, y una población con más longevidad que juventud.

Este aplazamiento generalizado de decisiones (tener hijos, emanciparse, estabilizarse laboralmente), alarga la juventud, complica la entrada en la adultez y hace que las transiciones vitales ya no ocurran al mismo tiempo para todas las personas. La norma hoy es la diversidad de ritmos.

La prolongación de la vida activa también está redibujando el mercado laboral. La fórmula clásica (estudiar 20 años, trabajar 40 y jubilarse a los 65) se ha roto. Ya no encaja en un mundo en el que la longevidad aumenta, la tecnología desplaza empleos y la reinvención profesional se vuelve imprescindible.

Cada vez más personas cambian de ocupación a los 40 o 50 años, continúan formándose, emprenden, se reinventan. Para muchos, la llamada “segunda juventud profesional” es una realidad: un tramo vital de descubrimiento y oportunidad que antes no existía.

En paralelo, la jubilación deja de ser un punto final. Se convierte en una transición flexible: algunas personas trabajan más allá de los 67, otras emprenden proyectos, otras alternan descanso y actividad. Donde antes había un cierre definitivo, hoy hay múltiples caminos.

La unidad tradicional de etapas (infancia, juventud, adultez y vejez) ha dado paso a una constelación de microfases:

Las decisiones vitales ya no están ordenadas cronológicamente. Algunas personas estudian con 50, otras emprenden con 60, otras se reinventan con 35 y otras deciden no seguir un camino convencional. La flexibilidad amplía las oportunidades, pero también multiplica las dudas.

¿Cuándo empieza la edad adulta? ¿En qué momento se espera estabilizarse? ¿Qué significa “envejecer” cuando a los 70 se sigue activo? Si la vida cambia, también deben cambiar nuestras instituciones. La escuela, la universidad, las empresas, el sistema de pensiones, la sanidad, la vivienda… todos fueron diseñados para una vida más corta y lineal. Hoy deben enfrentarse a nuevas preguntas:

El futuro no será de quién viva más, sino de quienes sepan rediseñar la vida en función de estos cambios.

El alargamiento de la vida no es solo un dato demográfico: es un cambio en la civilización. Nos obliga a reconsiderar qué significa ser joven, adulto o mayor. A entender que la vida ya no es una línea recta, sino un viaje flexible, con etapas reversibles, decisiones aplazadas y oportunidades múltiples.

Vivir más debería ser sinónimo de vivir mejor: con más aprendizaje, más relaciones, más proyectos y más libertad para elegir. Y para que eso sea posible, nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestras propias expectativas deben actualizarse.

Porque vivir más años no es el reto. El reto es reimaginar la vida que queremos vivir dentro de esos años.

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Fernando Díez Ruiz es profesor asociado en la Universidad de Deusto y Elene Igoa Iraola es profesora e investigadora de la Universidad de Deusto. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Puedes leer el artículo original aquí.

La gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia sigue siendo un tema opaco y enmarañado. Los bulos y la falta de transparencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han provocado un desconocimiento generalizado sobre los sucesos que desembocaron en la muerte de 7.291 personas durante la pandemia de covid-19.

Esta falta de información ha provocado una necesidad de movilización por parte de las familias de las víctimas, que luchan para que la verdad salga a la luz. Por ello, la editorial Maldragón ha publicado el libro-cómic “7291”, que recoge testimonios reales de parientes de víctimas y profesionales de las residencias.

“Lo que más hemos visto es tristeza y dolor”, asegura Boris Ramírez, ilustrador y coguionista de la obra. Él, junto a Raúl Cordero, y la Asociación “7291 Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias”, han estado un año recopilando toda la información del “peor episodio de discriminación y desamparo vivido en nuestro país”.

Ramírez cuenta a infoLibre que antes de comenzar con este proyecto no era consciente de lo poco que conocía el tema en realidad: “Crees que estás informado, pero al ponerme, me di cuenta de todos los bulos que me había creído”. Asegura que hablar de ello “es importante porque ha tenido muy poca visibilidad”. 

Mayte Rodríguez, de Verdad y Justicia, junto a trabajadoras de los centros y víctimas de la asociación, han sido las que han puesto voz a los sucesos vividos a causa de los llamados Protocolos de la Vergüenza. En el libro-cómic se plasma cómo se han sentido excluidos y aseguran que nadie les ha escuchado. “Se ha deshumanizado a las víctimas”, afirma Ramírez.

Durante el proceso de investigación, los autores han podido comprobar que las trabajadoras de las residencias sentían que habían sido demonizadas por la opinión pública. Ellas eran la única cara visible del problema. Sin embargo, también fueron víctimas de un sistema que las había abandonado y sin cuyos medios era imposible ejercer un trabajo digno.

La obra, de 56 páginas, intenta acercarse a las muertes en residencias con “el mayor respeto posible”. “Lo que más me importaba era que se sintieran representadas; que expresáramos lo que queríamos expresar”, afirma Rodríguez, a lo que añade que el resultado se ha recibido con alegría por todas las partes.

La Asociación, junto a Marea de Residencias, sigue pidiendo que se investigue. El año pasado, 109 familias registraron en la Fiscalía de Madrid la primera macrodenuncia por las muertes en residencias. Sin embargo, declaran que no se ha investigado nada: "Después de cinco años seguimos sin que nadie asuma nada, pero no vamos a parar. Queremos que se investigue de una vez, porque nuestros mayores merecen justicia y memoria", asegura Carmen López desde Marea.

Este abandono por parte de las instituciones y el hecho de que estas 7.291 muertes “hayan sido sepultadas por montañas de bulos y falta de imágenes”, cuenta Ramírez, han movilizado la creación de esta obra, publicada en la editorial de la cual Cordero es el editor. En el prólogo, la Asociación Verdad y Justicia agradece el trabajo de estos autores “por devolver la dignidad a las 7.291 personas que sufrieron una muerte cruel y agónica, su único delito fue vivir en una residencia en la Comunidad de Madrid”.

Mientras tanto, las asociaciones de víctimas siguen luchando para llevar ante la justicia a los responsables y que esta etapa oscura de la historia de nuestro país no caiga en el olvido. 

Hasta el presente, el tema del cuidado de los mayores se ha venido tratando como un negocio. La prueba de lo que digo está en que la mayoría de las residencias son propiedad de entidades privadas o fondos de inversión. Se resalta más lo de “residencias”, que lo de “cuidados”.  En tales centros residenciales los mayores que lo pueden pagar están como recluidos en una “jaula dorada” esperando a morirse por muchas que sean las atenciones y servicios. Y, una vez más, cabe el debate sobre si dichas residencias deben ser públicas o privadas. No me opongo a las privadas para los que opten por éstas y se lo paguen de su bolsillo. Pero, como otros servicios, éste debe ser de titularidad pública y, además, prestados directamente por el Estado. Y ya sean privados o públicos, los trabajadores de tales centros deben tener “vocación” y ser retribuidos como corresponde a su especialidad.

Cuando digo prestados directamente por el Estado, quiero decir que no valen “concesiones” o “externalizaciones”, que no son más que eufemismos para tapar negocios de “amiguetes”. Con todo, la inspección estatal deberá estar “ojo avizor”, para evitar posibles maltratos de trabajadores ante el “desamparo” de los mayores. Uno de los excesos más frecuentes de las empresas concesionarias, tanto en este, como en otros sectores, es la reducción de plantilla. Como empresas de lucro, es el modo más fácil que tienen de aumentar beneficios, lo cual redunda en la calidad de un servicio, cuyo principal objetivo debiera ser atender bien a personas vulnerables. Es absolutamente indigno tener a personas sin cambiarles los pañales cada vez que lo necesiten, o suministrarles comida en mal estado por falta de personal cualificado y vocacional... Esto, por no citar a los miles de mayores que murieron solos durante la pandemia en el Madrid de la presidenta Ayuso...

“Los poderes públicos garantizarán, aparte de una pensión suficiente, con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”, según indica el artº 50 de nuestra Constitución. Es cierto que, cuando se publicó la Constitución, la ciudadanía no era consciente de las necesidades de la vejez, ya que era la familia, fundamentalmente, la que se preocupaba de los mayores. Pero los tiempos han cambiado y, la verdad, los problemas que hoy plantea la tercera edad son muy serios, y necesitados de mucha inversión, reforma y, sobre todo, vocación. Sólo citaremos, aparte de las residencias, clubes de jubilados, el desarrollo de ciertos trabajos adecuados a sus edades, participación en organismos sociales, o poder acceder a nuevas formas de esparcimiento y cultura, etc.

Además, España es un país que envejece cada año. Por tanto, el tema es acuciante. Tanto que, si no fuese por los/as inmigrantes, muchos de nuestros mayores se verían solos y abandonados a su suerte... Pero, si lo miramos desde el punto de vista económico y socio-laboral, este sector de  los cuidados reportaría tal cantidad de trabajo que haría rentable la inversión en él, y siempre teniendo muy presente, a efectos salariales, la especialización de los cuidadores.

Cómo organizar los últimos años de vida de nuestros mayores rebasaría los límites de este artículo. Si les preguntásemos a ellos, seguro que la mayoría preferiría el “calor del hogar” a la frialdad de un hotel-residencia, que identificarían con una especie de asilo. Otros preferirían estar acompañados y haciendo vida en común con “colegas” que, de jóvenes, hubieran tenido la misma profesión, etc. En fin, que cada grupo se organizaría en función de sus circunstancias y habilidades. 

Lo que sí he querido destacar en este escrito es la urgencia que el Estado tiene de preocuparse de este asunto. Los países nórdicos europeos, como siempre, suelen tener un modelo, que España debe adaptar, entendiendo que el problema de la dependencia y del cuidado de los mayores es un tema de Estado y, por tanto, no debiera obedecer al color político de quien gobierne.

Aquí lo dejo...

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Manuel Vega Marin es socio de infoLibre.

Escribir algo sobre las personas mayores para el 1 de octubre no por habitual deja de ser relevante, en la medida en que se intenta el enfrentamiento generacional, un día tras otro. Empezamos a indignarnos con quienes caen en esa falsa disyuntiva que penaliza a quienes cobramos una pensión que nos permite vivir, una situación falsamente generalizada que no se corresponde con la realidad. Por principio, una gran mayoría no cobra la pensión máxima (3.200 brutos con descuentos de hasta del 37%) y la media se sitúa en 1.400 euros, por lo cual muchísima gente no llega al salario mínimo interprofesional, y peor si se trata de no contributivas (pensión media 547euros). [1]

Quien acepta reforzar ese discurso de jóvenes contra mayores, si se lo cree es pura ingenuidad o, de lo contrario, es lo que necesitan las entidades financieras para que se contraten planes privados. El ataque al sistema público de pensiones ni es gratuito ni es de hoy. Viene de lejos con ataques más o menos creíbles, pero siempre con la misma intención de socavar la sostenibilidad o exagerar lo bien que se vive con la jubilación.

El problema de raíz es el mercado, el debilitamiento del Estado, una fiscalidad enemiga de la justicia social, la especulación inmobiliaria, los bajos salarios. La juventud está sufriendo las consecuencias del capitalismo más salvaje de los últimos tiempos y hay quien encuentra más fácil culpar a las personas mayores (o a la inmigración). Con el agravante de debilitar los derechos humanos de las personas que han dejado de “producir”, que viven más porque las sociedades son más longevas como un triunfo de la humanidad. Como si la pensión fuera caridad y no un derecho afianzado con nuestras cotizaciones, apoyado por impuestos, una conquista de la clase trabajadora, un modelo de solidaridad de carácter colectivo, público, que se aleja del sálvese quien pueda que condena a la gente con menos recursos.

Incluso con la pensión máxima, si hay que pagar un alquiler, las personas mayores se encuentran en igualdad de condiciones que cualquier persona joven con un sueldo similar. Muchas veces tienen que ayudar a sus descendientes, a veces su pareja tiene una pensión mísera. A pesar de que una gran cantidad empezaron a trabajar antes de los 14 años; pensar que la edad de 16 años para poder trabajar se selló por ley en 1980, cuando los diez millones actuales tenían más de 20 años.

Esas personas cotizaron alrededor de 40 años, no pudieron estudiar y procuraron que sus hijos e hijas lo hicieran.

La obligatoriedad de escolarización hasta los 14 años (la EGB) es de la ley de 1970 y no se cumplió hasta la década de los ochenta, imaginaros qué trabajos realizaba una gran mayoría. Por eso, en estos momentos parece pertinente visibilizar los niveles de estudios de las personas mayores, sabiendo que no estudiaron porque no podían, y que sus trabajos han sido de muchas horas, a veces a la intemperie, otras por turnos, y encima lucharon por la democracia con riesgos evidentes. Tal vez, sería pertinente insistir en que los derechos se defienden, y pueden desaparecer sin una defensa colectiva. [2]

Hagamos un repaso con cifras redondas para facilitar la lectura. De las 9.700.000 personas mayores de 65 años (2023), tienen pensión de jubilación entre 6.000.000 y 6.700.000 con diferentes situaciones (alrededor del 66%). Sus niveles de estudios demuestran con claridad las desigualdades sociales que sufrieron, la escasez que soportaron incluso en la alimentación, sobre todo los de mayor edad que vivieron la guerra y la hambruna posterior. Por supuesto, agravado para las mujeres. Veamos los niveles de estudios con el Censo de 2023:

Desde el 38,9% que tienen solamente primaria o menos hasta el 30,6% que consiguieron el equivalente a la EGB (que la mayoría no cursó con la ley del 70) que en determinadas zonas era bastante deficitaria. Los más jóvenes (entre 65 y 69 años en 2023) nacieron entre 1956 y 1960, por lo cual cursaron una primaria hasta los 10 años y unos pocos habrán continuado en condiciones penosas para completar un bachillerato de bajísimo nivel primero y todavía menos el llamado bachillerato superior. Imaginaros las condiciones de vida en la infancia de quienes nacieron antes, cumpliendo 10 años en 1946, 1947 o 1948, y no se puede ni imaginar si tenían esa edad entre el 36 y el 39. Si ahora cumplen entre 85 y 89 años, un 68,5% cursaron sólo primaria o menos. Puede que, en alguna gran ciudad, hayan recibido unas enseñanzas de mayor nivel o hayan podido estudiar un tiempo más.

Estamos hablando de un 69,5% de personas mayores de 65 años, en España 2023, que no tienen ni la E.S.O. Un reducido grupo del 30,5% ha superado ese nivel.

Por lo cual, es útil reproducir unas palabras en un Blog reciente:

“Soy un boomer y cobro una pensión digna, y no pido perdón por ello. Tampoco acepto que nos usen como chivo expiatorio para ocultar la responsabilidad de quienes concentran privilegios. Mis nietos no necesitan que les retribuyan a cargo de mi pensión: necesitan salarios dignos, vivienda asequible, estabilidad laboral y un futuro en el que puedan confiar. Y deben saber que eso no se lo dará, ni en Francia, ni en España, ni en Europa, la extrema derecha.” (Quim González Muntadas, Blog, septiembre 2025)

Partimos de unos discursos donde siempre se culpa al más débil. En lugar de identificar a las grandes empresas que evaden impuestos con subterfugios legales, otras que se niegan a reducir la jornada para acumular beneficios indecentes, cuando deberían invertir en procesos y tecnología para que la organización del trabajo generara mayor productividad. Y no nos olvidemos del mantra del absentismo, cuando están aumentando los accidentes laborales por los ritmos o las horas de trabajo.

Si la gente joven no va a tener suficientes años de cotización será por los contratos temporales, las medias jornadas obligadas, las extras no pagadas, el abuso de los períodos de prácticas y los bajos salarios. La derecha sigue negándose a subir el mínimo interprofesional, a reducir la jornada, al control horario, etc. Hay sectores donde es posible cualquier barbaridad de jornadas, horarios, descansos, saltándose los convenios y en algunos casos con un convenio que rebela la poca potencia de la fuerza de trabajo para conseguir reivindicaciones. Esos son los más débiles que necesitan de las leyes para tener unas condiciones dignas, o convenios sectoriales estatales que les protejan.

Con la edad de jubilación ocurre otra cosa: debería diferenciarse por tipos de trabajo, la voluntariedad para continuar ya existe, pero en algunas actividades deberían poder jubilarse antes (en el diálogo social ya están en ello). La uniformidad ya es una situación del pasado, en todos los sentidos. Ni la jubilación ni el envejecimiento son homogéneos y la diversidad es un valor a tener en cuenta basado en la realidad. No se trata de diferenciaciones forzadas ni de consideraciones minoritarias, es necesario un análisis objetivo de las discrepancias reales entre unas vidas laborales y otras, entre unas condiciones de trabajo penosas y otras más dignas.

La situación de las mujeres va evolucionando, pero todavía son necesarios aumentos importantes para superar la brecha de género y abandonar los riesgos de pobreza, que deberán ir acompañados de otras mejoras en ayudas, servicios sociales o dependencia. Las pensiones de viudedad son una vía directa a la pobreza severa, la media no supera los 900 euros. Unas políticas públicas apropiadas contribuyen a compensar las desigualdades. En el fondo, las desigualdades o las discriminaciones, sean a jóvenes, a mujeres, a inmigrantes o a personas mayores tienen que ser la diana de esas políticas públicas para defender la justicia social, que garantice la cohesión que necesitan las sociedades democráticas.

Unas palabras de Victoria Camps (2025)[3] revelan con claridad el trasfondo de la cuestión de la pérdida de objetivos y valores colectivos imprescindibles para el desarrollo humano (económico, social, cultural, etc.)

“La libertad individual deviene puro egoísmo, mientras que la equidad no está orientando de forma clara y evidente las respuestas a los desafíos que presentan los grandes problemas de nuestro tiempo”

“… ese momento reflexivo ha desaparecido de las mentes de los individuos que, inmersos en el consumismo y programados por la publicidad, identifican la facultad de ser libre con la satisfacción inmediata de cualquier deseo”.

Reiterando aquello que deberían aplicar quienes han entrado en la seducción de las generalizaciones, que tienden a olvidar a los seres humanos concretos. Las personas mayores somos muy heterogéneas, la juventud tampoco es uniforme, las desigualdades y las discriminaciones campan a sus anchas en nuestras sociedades. Enfrentar generaciones es una trampa que favorece la desconfianza en el sistema público de pensiones y promueve el sálvese quien pueda de la privatización. Se dirige hacia la falta de confianza en el diálogo social (que hasta ahora ha sido efectivo para conservar el sistema), promoviendo el individualismo contrario a la solidaridad intergeneracional, que es la clave del desarrollo de la humanidad. Negando las luchas de la clase trabajadora por los derechos laborales, sociales y humanos, olvidando que sin justicia social la democracia no es posible.

Finalizamos sintetizando la advertencia de Daniel Innerarity: la sociedad es compleja, la democracia es compleja, desconfiemos de quienes plantean análisis de buenos y malos y venden recetas simples para solucionar los problemas.

[1] Federación de Pensionistas, Fundación 1º de Mayo y Confederación Sindical de CCOO (2025): Observatorio social de las personas mayores 2024

[2] Artal, R.M: elDiario.es – 20/09/205 

[3] Camps, V (2025): La sociedad de la desconfianza. Arpa. Barcelona.

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Estella Acosta es orientadora y profesora asociada de la UAM, jubilada.

Un hombre de 93 años ha fallecido en una residencia de ancianos de Zaragoza por inhalación de humo tras la explosión de la bombona de oxígeno que estaba en su habitación, en un suceso que ha dejado también 22 heridos por intoxicación, han informado fuentes del ayuntamiento de la capital aragonesa, según recoge EFE.

La explosión, que originó una importante cantidad de humo, se ha producido en torno a las 23.10 horas de la noche del viernes en una habitación de la planta baja de la residencia DomusVi Zalfonada, en el número 56 de la calle Salvador Allende de Zaragoza.

Desde el primer momento se ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia en el que han participado de forma coordinada dotaciones de la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios. 

Los efectivos, apuntan desde la Policía Nacional, han intervenido rápidamente para evacuar a los residentes, llegando a romper ventanas para sacar a las personas atrapadas.

La víctima ha fallecido por inhalación de humo y 22 personas han resultado heridas también por intoxicación y han sido evacuadas en ambulancias a diferentes centros sanitarios.

DomusVi tiene capacidad para 150 personas, pero en el momento de los hechos había 132 residentes. De ellos, unos 50 estaban en la planta baja y han sido evacuados.

Los servicios sociales están buscando una alternativa para 35 residentes cuyas habitaciones estaban en la planta baja y a las que de momento no pueden regresar, apuntan desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Las habitaciones de la segunda y tercera plantas no se han visto afectadas.

Decenas de familiares se han acercado al lugar a interesarse por los ancianos, como también lo ha hecho la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. 

Las causas del incendio están siendo investigadas. Agentes de la Policía Científica, la Policía Judicial y el Juzgado de Guardia están llevando a cabo las diligencias oportunas.

Se sabe cuántas son cada año, si fueron más hombres o más mujeres, qué edad tenían, dónde vivían y por qué causa fallecieron. Las estadísticas que publica el INE dibujan periódicamente un mapa detallado de cómo es la mortalidad en nuestro país. Paralelamente, y con un poquito más de retraso, el Ministerio de Sanidad elabora un informe que analiza los patrones de las defunciones que ha habido en todo el periodo de un año. Se ve si aumentan, si descienden. Y también se dan algunas pistas de por qué lo hacen. El último se publicó este mes de diciembre y concluyó que en 2022 se incrementó el número de muertes, sobre todo, por dos factores: por el calor y por la epidemia de gripe. Fueron los mayores de 85 años los principales perjudicados. Ahora bien, ¿cuántos de ellos vivían en residencias? Ahí las estadísticas no dan respuesta. Ninguna. El dato, simplemente, no existe.

Pero volvamos al primero. Hace dos años, los fallecimientos de mayores de 85 años supusieron el 48,6% del total, según se desprende del documento de Sanidad. Fueron prácticamente la mitad. Avancemos ahora un año. Y hagámoslo con las cifras del INE, que da la posibilidad de ampliar la horquilla y ver las defunciones de los ancianos de más de 80. Ahí la cosa cambia y el porcentaje se eleva mucho más. En concreto, hasta el 61%. La cifra es elevada, pero no por ello sorprendente o negativa. "Que los fallecimientos que hay en España se concentren en las personas más mayores significa que algo estaremos haciendo bien", señala Hicham Achebak, investigador postdoctoral del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Ahora bien, eso es una mera lectura preliminar. Tras ella llega la pregunta: ¿Puede reducirse esa mortalidad? ¿Hasta qué punto? Ahí ya no sirve sólo con saber quién muere y de qué, sino dónde y cómo lo hacen.

Eso es más complicado. Se desconoce cuántos mayores de 80 años viven en geriátricos, a pesar de que la población de esta edad supone el 77,8% de los residentes en estos centros. No se empadronan cuando ingresan. Y el DNI, a partir de los 70, es permanente. Es decir, que no hace falta renovarlo ni tampoco actualizarlo. De este modo, los certificados de defunción difícilmente reflejan en algún momento la dirección de una residencia. Ahí está el primer fallo. Es imposible saber, en síntesis, cuántos residentes fallecen.

No ocurre en todos los países. Como explica la doctora en epidemiología por la Universidad de California, María Victoria Zunzunegui, otros países de nuestro entorno como Francia y Reino Unido, que sí analizan estos datos, establecen que entre un 22% y un 25% de las defunciones anuales ocurren entre mayores residentes de geriátricos. Si trasladáramos ese porcentaje a nuestro país, continúa, habría alrededor de 100.000 ancianos de residencias fallecidos cada año. En el propio centro o en el hospital. "Pero no lo sabemos con exactatitud", lamenta.

Lo denunció ella misma en un artículo publicado en la revista Gaceta sanitaria en 2022 en el que criticaba esta "situación anómala". "No es posible conocer el número de muertes de las personas que viven en residencias dado el bajo porcentaje de defunciones ocurridas en las residencias con un certificado de defunción en el que figura la residencia como domicilio habitual. Tampoco es posible saber cuántas personas procedentes de una residencia fallecen en el hospital después de su ingreso", señalaba en el documento.

El epidemiólogo Fernando García López lo firmó con ella —y también junto a Vicente Rodríguez, del Grupo de Investigación sobre Envejecimiento— y reclama soluciones. "Debería modificarse el formulario con el que se rellenan las defunciones y que se concrete también si la persona estaba o no institucionalizada", señala. Si no, dice Achebak, otra opción es que el empadronamiento en el centro sociosanitario sea una condición sine qua non para ser ingresado. Fórmulas hay, aseguran todos las voces expertas consultadas.

La advertencia no radica en ningún caso en un mero deseo de conocimiento. A él se suma la necesidad de responder a la pregunta que se formula Achebak: ¿hay mortalidad evitable? ¿Cuánta y cómo puede actuarse sobre ella? García López es muy claro. "Todo aquello que no se mide no existe. Por eso si no medimos los fallecidos en las residencias es imposible que veamos la magnitud de este dato", señala. Y que detectemos posibles o potenciales problemas.

Volvamos a lo que sí sabemos. El incremento de la mortalidad del año 2022, según Sanidad, se debió fundamentalmente a la ola de gripe y al calor. Ese año hubo 9.799 defunciones por neumonía e influenza. De ellas, el 63,5% ocurrieron en mayores de 85 años. En cuanto a lo segundo, continúa el documento, se sabe que "las olas de calor empeoran el pronóstico de muchos pacientes que presentan enfermedades crónicas, sobre todo en personas mayores". Por eso se puede concluir que "las olas de calor ocurridas durante el verano contribuyeron al aumento de las tasas de mortalidad por otras causas de muerte" como, por ejemplo, Alzheimer, diabetes mellitus y septicemia. En concreto, el número de defunciones por estas causas subió respectivamente un 28%, un 24% y otro 28% entre 2021 y 2022.

Los datos del INE también llegan a conclusiones similares. A lo largo de todo 2023 hubo 11.880 fallecimientos por neumonía e influenza, de las cuales el 76% se concentró en ancianos mayores de 80 años. En el mismo periodo murieron 79.887 personas de esas edad por problemas circulatorios. Y 10.215 por enfermedades infecciosas. Y 11.131 por Alzheimer. Destaca esas causas Zunzunegui y no por casualidad, sino porque el calor, señala, también empeora esas dolencias. En términos relativos, las circulatorias supusieron el 30% de todas las muertes de mayores, las infecciosas el 3,8% y el Alzheimer el 4,2%. No puede decirse no obstante, completa la experta, que todas ellas sean o evitables o prevenibles, pero tampoco lo contrario. Porque faltan datos.

Si los hubiese podría actuarse sobre ese porcentaje que sí es evitable o prevenible. Por ejemplo, si en los meses de julio y agosto se detecta un pico de fallecimientos en residencias por enfermedades circulatorias, o entre diciembre y enero otro por neumonía o influenza, podría deducirse que no hay una adecuada climatización de los centros. Así lo señala Achebak. "Tener esos datos podría revelar que no hay una infraestructura física adecuada o que en periodo vacacional la cantidad de personal disponible en esos centros no es el suficiente", explica. Dicho de otro modo: los datos de mortalidad, de existir, no sólo revelarían cuántas muertes hay, cuándo y por qué, sino cómo es la calidad de vida en estos centros. Tanto públicos como privados.

¿Hay muchas muertes por infecciones? ¿Hay otras tantas por caídas? Tener respuesta daría margen para la actuación. "La opacidad" por el contrario, "impide que haya rendición de cuentas", sentencia Zunzunegui.

A partir del 1 de enero los trabajadores que quieran jubilarse con el 100 % de la pensión tendrán que tener 66 años y ocho meses cumplidos, aunque la jubilación sin penalización seguirá siendo posible a los 65 años si se cuentan con 38 años y 3 meses cotizados a la Seguridad Social, según informa EFE.

La reforma del sistema de pensiones de 2011, acordada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con patronal y sindicatos, estableció la subida progresiva de la edad ordinaria de jubilación de 65 a 67 años, aunque mantuvo la posibilidad de retirarse a los 65 años para carreras más largas de cotización.

La norma estableció un periodo transitorio desde 2013 hasta 2027 para elevar la edad de jubilación, según consta en la siguiente tabla, en la que también se especifican los años que hay que tener cotizados para poder seguir jubilándose a los 65 años sin reducción en la pensión.

 AÑO     EDAD LEGAL   PARA JUBILARSE A LOS 65 AÑOS

2013   65 años y 1 mes     35 años y 3 meses o más

2014  65 años y 2 meses     35 años y 6 meses o más

2015  65 años y 3 meses     35 años y 9 meses o más

2016  65 años y 4 meses          36 o más años

2017  65 años y 5 meses     36 años y 3 meses o más

2018  65 años y 6 meses     36 años y 6 meses o más

2019  65 años y 8 meses     36 años y 9 meses o más

2020 65 años y 10 meses          37 o más años

2021       66 años     37 años y 3 meses o más

2022  66 años y 2 meses     37 años y 6 meses o más

2023  66 años y 4 meses     37 años y 9 meses o más

2024  66 años y 6 meses          38 o más años

2025  66 años y 8 meses     38 años y 3 meses o más

2026 66 años y 10 meses     38 años y 3 meses o más

2027       67 años     38 años y 6 meses o más

Asimismo desde 2013 comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo para calcular la pensión, transición que finalizó en 2022, año desde el que ya se calcula con los últimos 25 años cotizados.

La reforma de pensiones del actual Gobierno de coalición, que se completó en 2023, estableció como novedad un periodo de cómputo dual que entrará en vigor en 2026 y que aplicará para el cálculo de la pensión la más beneficiosa de dos posibilidades: o los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 meses peores, o el periodo de cómputo actual (25 últimos años).

La edad efectiva de jubilación ha subido 1,1 años en la última década y ha llegado a los 65,2 años en 2024, una media que en el caso de las mujeres sube a 65,6 años, mientras que para los hombres baja a 64,8 años. 

Según los últimos datos disponibles de la Seguridad Social, hasta noviembre de este año se habían jubilado 338.771 personas, de las que el 71 % lo hizo a la edad ordinaria o superior con una media de 66 años, frente al 29 % que se retiró de forma anticipada con una media de 63,2 años.

En el caso de la jubilación anticipada, la edad media sube a 64 años si es voluntaria y baja a 62,8 años para la no voluntaria.

Hace una década la jubilación anticipada involuntaria suponía una de cada cinco altas al sistema y eran consecuencia del aumento de los despidos durante los años de la crisis financiera, mientras que ahora es minoritaria y solo representa el 3,5 % del total.

La edad sube a los 68 años en el caso de la jubilación demorada, una modalidad incentivada desde 2022 que casi se ha duplicado en el último lustro, ya que acumula un 9,4 % de las altas frente al 4,8 % que suponía en 2019.

Porto es el pueblo zamorano más elevado y más alejado de la capital. A más de dos horas, encajado en su esquina noroeste con Ourense y León, por carreteras muy complicadas donde la nieve del invierno aísla aún más a su población. En los meses más duros de la España rural despoblada, de diciembre a marzo, en Porto quedan unos 60 vecinos, muchos son mayores y algunos viven solos. María Arsita Díaz, que en 2021 volvió de Madrid al pueblo para cuidar a sus padres, es la encargada de organizar encuentros diarios y de algo más: de estar pendiente si alguien falta, alguien no recogió sus medicinas, a alguien hace unos días que no se le ve por el bar o las calles.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Porto es, entre las 12 y las 14:30 de lunes a viernes un poco de todo: gimnasio, espacio para talleres, salón de juegos, estudio de creatividad. “De septiembre a noviembre tenía a unas 25 personas en las actividades, pero este mes serán unas 10 o 15. Muchos se han ido a pasar las Navidades con sus hijos. Diciembre, enero y febrero se van del pueblo por el frío y también por el acceso: nieva mucho en estas carreteras, ponerte malo aquí es más complicado que en una ciudad”, cuenta Díaz a infoLibre. Ella trabajaba en Madrid como vigilante de seguridad y ahora, con 56 años, siente mucha satisfacción por la labor que desempeña en este empleo municipal de dinamizadora y cuidadora, y por el agradecimiento de los vecinos.

En estas fechas, está aún más pendiente de los pocos que se quedan. “El otro día hicimos una comida todos después de la clase, otro día un chocolate, en Reyes hacemos chocolatada otra vez, bingo. Lo que queremos es que ellos salgan y hagan cosas. La gente del pueblo, que ha trabajado muchísimo, lo que necesita es compañía, que alguien le haga caso y disfrutar de la vida”, dice. Por la tarde, ellos mismos salen en grupos de paseo por los alrededores. El año pasado tenían un comedor municipal, “que venía muy bien porque así la mayoría no comían solos, tenían ese momento para tomarse las pastillas”, pero ese servicio está a la espera de que alguien quiera hacerse cargo de él. Los recursos humanos escasean en el medio rural.

Entre la encargada del bar y ella tienen controladas las faltas. “Todo el mundo está pendiente de todo el mundo. Miras a la chimenea y no sale humo y ya te preocupas”, cuenta. Ella cree que, pese a las carencias, los mayores están mejor en los pueblos. “Los que están obligados a estar en las ciudades, donde trabajan sus hijos, si pudieran estaban aquí. En un pueblo, por ejemplo, si salen y se despistan no pasa nada, alguien te acompaña a casa”.

En los municipios más despoblados lo que sobran ahora son espacios físicos comunes: antiguas escuelas, aquellos teleclubs. A veces se equipan algunos con una subvención puntual, un proyecto “fogonazo”, pero falta lo más importante: “dinamizarlos, convertirlos en lugares de encuentro constante”, indica a infoLibre Ramón Gelabert Chasco, coordinador de proyectos de la Fundación Patronato Europeo de Mayores (PEM). Eso es lo que la entidad ha hecho con el centro comunitario en Campoo de Yuso, un pueblo de 688 habitantes en el sur de Cantabria. Una evaluación del impacto social de este proyecto demostró que es un lugar en el que se combate la soledad, el aislamiento y la falta de protagonismo social. La Organización Mundial de la Salud lo considera un espacio de referencia mundial amigable con las personas mayores.

En el centro ofrecen talleres y servicios variados, algunos con copago como la fisioterapia, en colaboración público-privada. Recuperaron una furgoneta municipal en desuso para trasladar a los vecinos en esta zona dispersa. “El transporte funciona todo el día; el hacer y el estar cambia la manera, permite envejecer en comunidad, mejorar la autonomía de las personas y que puedan quedarse en el pueblo. A lo que no llegamos es a cuando hay situaciones de dependencia, eso es lo que nos falta, porque en esos casos los hijos se los llevan”, explica.

La mayoría de los usuarios de su centro son mujeres viudas porque, aunque han conseguido avances, aún cuesta que los hombres del pueblo, que se reúnen en el bar para la partida, dejen de verlo como “el lugar donde van las señoras”. “Son mujeres que viven solas, hacen las cosas de casa por la mañana y ya no tienen nada más que hacer, salvo pasear y ver la telenovela. Yo siempre digo que luchamos contra Ana Rosa Quintana y las telenovelas. Ahora hay muchos programas de ir a las casas de la gente, pero lo que nosotros queremos es sacar a la gente de casa, que se encuentren, que tengan un lugar donde alguien les esté esperando”, dice. Y sentencia: “Si algo de futuro tiene el medio rural es que sea un buen lugar para envejecer. Es el lugar ideal para envejecer, pero ahora mismo no te atrae, te expulsa, faltan servicios, transporte, espacios de socialización”.

La pandemia del covid-19 hizo familiar el término soledad no deseada. En los últimos años, Reino Unido y Japón le dieron a la soledad nada menos que sendos ministerios. Es un mal contemporáneo sobre el que crece la sensibilidad social. “En periodos como este de las Navidades la expectativa es de mucha felicidad, de estar rodeados de gente, y ese contraste de las expectativas con las diferentes realidades es lo que lo hace más duro. Yo veo que cada vez se habilitan más planes, talleres, alternativas de encuentro para quienes las necesiten, comidas, cenas en los momentos más señalados. Esa sensibilidad la estoy viendo este año más que nunca a nivel de las organizaciones”, explica a infoLibre Raquel Losada, directora de investigación y conocimiento aplicado de Fundación Intras, entidad que coordina ‘Moai labs’, el primer laboratorio europeo dedicado a la investigación e innovación social en el ámbito de la soledad no deseada y el aislamiento social de las personas mayores.

Los expertos se esfuerzan para que el término ‘soledad no deseada’ no se conciba como un problema individual sino como un asunto colectivo. “Trabajamos con colegios para que desde pequeños entiendan lo que es esta problemática, que sea un término que evoque una imagen, una realidad, que las personas sean capaces de empatizar con lo que sufren otros, porque este es un problema un poco de todos”, indica Losada. Y concluye: “Las transformaciones sociales empiezan y cuajan en la comunidad, y es ahí donde tenemos que darnos cuenta de que cada uno de nosotros formamos parte de esto. Apelamos a colocar este problema en la comunidad y en nosotros mismos”. 

“Enviad esto a vuestras yayas, que vean el contenido que se están perdiendo”. “Ojalá este baile de bachata de Ana Belén y Broncano suponga el empujón definitivo para conectar con las yayas de este país”. El martes La Revuelta tuvo una invitada que sí conoce toda España y aprovechó para publicar varios mensajes en X apelando a un público que por ahora se le resiste, quienes están en edad de jubilación. Pero no usó esa expresión, ni “personas mayores”, ni tampoco “personas en edad avanzada” o “los mayores”. Usó un término que no por coloquial o extendido deja de ser incorrecto: “yayas”, cuando ni todas las mujeres mayores lo son ni las mujeres mayores quieren ser definidas sólo por ese rol familiar.

Es una manera de hablar aún común, pero no inocua. “Puedes haberlo dicho sin mala intención, pero lo que hace, y más con la gran capacidad de amplificar que tiene La Revuelta, es perpetuar el imaginario de que lo único que pueden ser las mujeres mayores es abuelas”, explica a infoLibre Mónica Ramos Toro, geroantropóloga feminista y coordinadora técnica del Grupo Social UNATE, especializado en personas mayores, de Cantabria. “Existe la idea de que una mujer mayor es una abuela, que hace ricas croquetas, quizás con andador, pero las mujeres mayores son muy diversas: también son personas que se masturban, escriben novelas o se envían tuits con alguien de Sídney”, recuerda.

Ramos menciona cómo en una charla de la pionera corresponsal Rosa María Calaf los alumnos se sorprendían de que estuviese viajando por el mundo con 79 años. Y destaca también las entrevistas que ha dado la actriz María Galiana en las que sugiere que le habría gustado haber podido proyectar, desde el enorme escaparate que era Cuéntame, un modelo de abuela diferente, que hubiera ido evolucionando como Merche, su hija en la ficción. Cuando La Revuelta hizo su llamamiento a las “yayas” en Twitter, con el anzuelo de Ana Belén, muchas mujeres, con y sin nietos, pidieron al programa que no las llame abuelas. Recordaron que pueden serlo, no serlo y, siempre, ser otras muchas cosas.

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) es otra de las entidades que trabaja para combatir el estereotipo de persona mayor instalado socialmente: “Se tiene una imagen de personas que pierden la capacidad de pensar, de decidir, que tienen valores trasnochados, que no están al día”, indica a infoLibre Pili Castro Blanco, profesora de psicología del envejecimiento en la Universidad de Deusto y vocal de la SEGG. Y añade: “Existe la creencia de que envejecer es algo malo, cuando es algo natural, y de que a medida que nos hacemos mayores valemos menos, cuando hay cosas en las que se gana. Algunos estudios sobre la felicidad dicen que somos más felices con 70 que con 40”. La peor consecuencia de este estereotipo es cuando se piensa que alguien no va a hacer algo determinado por su edad y lo que acaba pasando es que no se le ofrece.

La forma de hablar y las imágenes que aparecen en los medios de comunicación sobre las personas mayores perfilan a un grupo homogéneo, pero lo cierto es que es un sector de la población mucho más diverso que el resto, advierten tanto Ramos como Castro. “Tendemos a meterlas a todas en un cajón chiquitito y a pensar que todas las personas mayores son diferentes del resto de la sociedad”, indica la antropóloga. “Ser mayor no te obliga a ser de una determinada manera, eso depende de la forma de vida que hayas tenido y de las oportunidades”, apunta la psicóloga. Además es el grupo más amplio: entre los 65 y los 95 años hay muchos mundos.

La conversación en X sobre los tuits de La Revuelta no dejaba matiz de este asunto sin tocar. Algunas personas se referían a que no se habría escrito eso si el invitado hubiera sido un hombre, y otras decían de diferentes formas que “lo último en lo que uno piensa al ver a Ana Belén es en una yaya” (aunque la cantante, de 73 años, sí lo es). “Ana Belén tiene una imagen que rompe con el estereotipo de persona mayor: está bien, es guapa, mantiene su estilo”, anota Castro. “Ana Belén no fue al programa por ser abuela, no se la entrevistó por eso, entonces vemos claramente que esa palabra está fuera de lugar, y al edadismo se suma el machismo, claro”, opina Ramos, quien recuerda que en justamente en las fechas navideñas que vienen hay mujeres mayores que sólo sufren un papel que no han elegido y del que no las dejan desprenderse: “Hay mujeres que odian las navidades, que se les llene la casa de gente, seguir preparando el cordero de siempre, cuando lo que realmente querrían es simplemente tomarse unos aperitivos, unas copas, bailar y reírse”.

Los medios de comunicación tienen en este, como en otros temas sociales, una responsabilidad especial para contribuir a educar a la sociedad y a desterrar estereotipos, o al menos para dejar de perpetuarlos. Castro considera que el edadismo aún es algo de lo que se está comenzando a tener conciencia. Pero el trabajo de los expertos ya tiene años, hay manuales específicos para comunicar correctamente sobre este sector de la población y evitar caer en los errores más comunes. Un término que aún se escucha y se lee, “tercera edad”, se reevaluó a partir de una asamblea mundial en 2002 y ahora se considera que lo correcto es referirse a esa etapa como “vejez” y a quienes la viven como “personas mayores”.

Información sobre prestaciones y servicios (36,1%), brecha digital (26,1%) y cuidados (10,6%) son las principales consultas que hacen las personas mayores, según se desprende del primer informe del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) llevado a cabo por la Fundación HelpAge International España y cuyas conclusiones ha recogido Europa Press.

Este documento expone los motivos por los que se sienten discriminadas las personas mayores, si conocen qué es el edadismo y a qué problemas se enfrentan a medida que su edad avanza. El edadismo, como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un fenómeno social que la propia OMS define como los estereotipos, los prejuicios y la discriminación contra otras personas o autoinfligido por razones de edad.

En España, cerca del 20% del total de la población son personas mayores y, según la proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 podría alcanzarse el 27,4% por lo que la Fundación HelpAge International España ve fundamental contar con servicios que permitan poder vivir una vejez plena, poniendo los derechos de las personas mayores en el centro.

Para ello cuenta con el Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM), un servicio gratuito de ámbito estatal que busca mejorar la información y atención proporcionada a los mayores ante situaciones de discriminación por razón de edad. Por ello, ofrece información y asesoramiento a este colectivo para orientales en el modo de plantear una queja o una denuncia ante un caso de discriminación, así como facilitar información sobre prestaciones y servicios a su alcance para facilitar su empoderamiento.

En su primer año de funcionamiento, el SEAM atendió 587 consultas de 463 personas. Los tres principales motivos de consulta, de un total de 12, fueron información sobre prestaciones y servicios (36,1%), brecha digital (26,1%) y cuidados (10,6%). El estudio recoge el trabajo realizado entre septiembre de 2022 hasta finales de 2023.

Otras consultas destacadas están relacionadas con consumo (5,5%), soledad (5,3%), abuso y maltrato (4,9%), centros de salud/salud (3,2%), residencias (3,1%), economía y patrimonio (3,2%), accesibilidad (1,9%), herencias (0,7%) y alimentos (0,5%).

Entre las consultas clasificadas como información sobre prestaciones y servicios se encuentran, entre otras, consultas sobre prestaciones económicas de la Seguridad Social e información sobre recursos dirigidos a las personas mayores. Mientras, las consultas de brecha digital giran principalmente alrededor de las dificultades para acceder a trámites administrativos como consecuencia de la digitalización de los servicios y, en el caso de las consultas sobre cuidados, se centran en problemas derivados de situaciones de dependencia y trámites sobre el acceso a la ley de atención a la dependencia.

En las consultas sobre consumo se plantean situaciones sobre tratos no adecuados ante el acceso a bienes y servicios; y las de soledad suelen ir acompañadas de otros motivos ya que estas situaciones se suelen detectar por el equipo del SEAM en el transcurso de la valoración de otras consultas. Las consultas sobre salud se refieren a asesoramiento en la interposición de quejas al servicio de atención al paciente por situaciones de discriminación en el ámbito sanitario, solicitudes de información sobre teléfonos de servicios de salud, tribunales médicos o traslados/cambios de centros o de facultativos.

Las consultas clasificadas en el motivo de residencias responden a consultas sobre viviendas alternativas residenciales, información sobre plazas en residencias públicas, quejas por maltrato institucional y solicitud de asesoramiento sobre régimen de visitas en residencias, entre otras.

En el caso de las de abuso o maltrato, se centran en situaciones de maltrato doméstico o bien institucional (entorno de residencias) pero el informe puntualiza que son minoritarias, lo que, entre otras razones, puede estar motivado porque existen otros servicios especializados en este problema. En cuanto a las consultas sobre economía y patrimonio se centran en temas de pensiones y problemas con las comunidades de propietarios.

Respecto a los alimentos, giran en torno a situaciones problemáticas entre hermanos por el cuidado a sus padres, situación similar a las consultas sobre herencias, mientras que las de accesibilidad se centran en la falta de accesibilidad en las viviendas y la carencia de accesibilidad universal: información sobre ayudas económicas para la rehabilitación de vivienda y espacios accesibles, información sobre accesibilidad y mejoras en el domicilio, o asesoramiento para presentar reclamaciones o demandas.

Sobre los canales de consulta, un 94% de las consultas llegan por vía telefónica, un 5% por correo electrónico y un 1% por chat. Además, seis de cada 10 personas que atiende el SEAM son mujeres, que realizan consultas tanto sobre sí mismas como sobre personas a las que cuidan (madres, abuelas, tías, etc) o sobre su entorno (vecinas).

Por edad, las llamadas más frecuentes al SEAM provienen de personas de entre 75 y 79 años (18%), seguidos de los menores de 55 (16%), de entre 65 a 69 (13,1%), de 80 a 84 (11,7%), de 70 a 74 (11,1%), de 60 a 64 (10,6%), de 55 a 59 (10,6%), de 85 a 89 (5,7%) de 90 a 94 (3,1%) y de 95 a 99 (0,3%).

Por comunidades autónomas, más de la mitad de las consultas provienen de la Comunidad de Madrid (25,3%), Andalucía (21,5%) y Castilla y León (11,4%), seguidas de Cataluña (7,3%), Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, ambas con 5,7%.

El informe también expone diversas realidades observadas por las profesionales que atienden las consultas y que reflejan las experiencias de las personas mayores. Así, se constata que las personas mayores se sienten, en algunas ocasiones, desorientadas ante los cambios producidos por la evolución de su ciclo vital y denuncia los retrasos, "algunos de ellos muy graves", que se dan en el reconocimiento de las situaciones de dependencia, con una ausencia de reclamaciones por parte de los mayores y sus familiares.

También aprecian casos de ausencia de denuncias ante Fiscalía por parte de facultativos médicos ante casos de abuso y maltrato, y lamenta que no existan protocolos comunes para la actuación sanitaria ante estas situaciones.

Además, el estudio pone de manifiesto la inquietud de las personas de edades cercanas a la de jubilación por sus derechos en el caso de perder autonomía así como un "notable desconocimiento" por parte de los mayores sobre los recursos y servicios destinados a ellos y denuncia que existe "una situación de extrema vulnerabilidad" cuando hay que realizar obras de accesibilidad en los edificios donde viven los mayores si sus vecinos se niegan.

Por otro lado, insiste en la necesidad de "más y mejores recursos" para las personas cuidadoras de personas mayores dependientes y lamenta los problemas en la calidad de la asistencia sanitaria a los mayores, sin olvidar su riesgo a la soledad, entre otras cuestiones.

Por todo ello, el estudio concluye con una serie de recomendaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de este colectivo, proteger sus derechos y eliminar cualquier forma de discriminación basada en la edad, basadas en la prevención, detección e intervención con el fin de favorecer la inclusividad de los mayores; reforzar los servicios sociales para ofrecer un acompañamiento cercano, personalizado e integral; mejorar la calidad de los servicios sanitarios; proteger su salud mental; reforzar la coordinación sociosanitaria y promover y reforzar los servicios de orientación jurídica para personas mayores.

El titular llamó hace no mucho tiempo la atención. En Ourense ya hay más pensionistas que cotizantes. El éxito como país que supone vivir cada vez más años (en Galicia, la media está en 86 años para las mujeres y 80 para los hombres) también dejaba al descubierto el reto de financiar de manera digna las últimas etapas de la vida. 

En realidad, muchas provincias en toda España se encuentran en una situación delicada porque lo que la Seguridad Social ingresa por cotizaciones e invierte (evitemos decir gasta) en prestaciones no cuadra. 

Toca elegir si resignarse a dejar a los mayores a un lado, y que se las apañen como puedan (al fin y al cabo, ¡no hay dinero!), o acompasar la alegría que supone para un país que sus ciudadanos tengan vidas más largas con la oportunidad de un cambio de modelo. 

La reforma de las pensiones comandada por José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social, y acordada con la Comisión Europea (y esto es muy importante, porque en Bruselas se mira con lupa la sostenibilidad financiera del sistema), es un paso, así como el blindaje de su subida conforme al IPC. No nos engañamos: no hay que elegir entre la dignidad de nuestros mayores y las oportunidades de nuestros jóvenes. La dignificación de las condiciones de trabajo impulsada por Yolanda Díaz al frente de Trabajo, con subida del salario mínimo, mejoras para sectores como las empleadas del hogar o los riders, entre otros, es otro paso. 

Pero faltan otros muchos, también en otros campos y más allá del esencial aprovechamiento de los fondos europeos: la reindustrialización, el incremento de la productividad, la mejora en la educación y la capacitación o, por qué no decirlo, la reforma fiscal pendiente para fortalecer la tracción pública, única capaz de reducir las desigualdades y dar oportunidades a las personas más vulnerables. Toca elegir: o nos resignamos al sálvese quien pueda y vaciamos lo público (imagínense quién sale beneficiado) o fortalecemos lo público para que nadie se quede al margen. 

En cuanto a las residencias, España y Galicia han optado claramente por el sálvese quien pueda. Por hacer de la vejez un negocio que nutre las cuentas de empresas privadas, en ocasiones con base o raíces en paraísos fiscales, que a menudo nos ofrecen imágenes miserables de usuarios mal cuidados, habitaciones o comida en mal estado. Y eso, los que tienen la suerte de lograr plaza entre listas de espera y precios altos. 

En Galicia, con pensiones bajas, la oferta sigue siendo mayoritariamente privada (sólo una de cada cuatro plazas es pública o concertada), con cuotas imposibles de pagar para la mayoría salvo que se sacrifiquen ahorros o contribuyan familiares. Y no todo el mundo tiene ahorros en una sociedad en la que las familias cada vez son menos numerosas. Hay apenas 3,3 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, que son más de 700.000 en Galicia, más de un cuarto de la población total (ver aquí este artículo de Marcos Pérez Pena en Praza Pública).

Por eso, que la Xunta se haya enfrentado al Gobierno y la nueva regulación del ministerio de Derechos Sociales liderado por Ione Belarra, rebelándose contra la rebaja del número máximo de residentes por centro sin aclarar tampoco si incrementará la ratio de trabajadores, es revelador, como explica este artículo de Lara Carrasco. Todo ello pese a recibir fondos públicos del Gobierno, como denuncia Pladigmare:

Si la pandemia nos enseñó algo es lo mal preparadas que estaban las residencias privadas. Dramática fue la mortalidad en las de DomusVi frente a las públicas, como explicó Manuel Rico en su investigación al respecto, de absoluta referencia. Y dramática fue la falta de preparación de lo público, en exigencia de trabajadores, profesionales sanitarios e inspectores, todavía sin revertir pese a la nueva estrategia. 

En las dos páginas escasas que dedica el programa electoral de Alfonso Rueda no hay ni una cifra. Ni un compromiso de inversión, ni un bosquejo de modelo concreto. Sólo verbos como “reforzaremos”, “incrementaremos” “impulsaremos” o “extenderemos”. Compromisos concretos, ninguno. Parecido es el del PSdeG, con cuatro referencias contadas a las residencias y tres a los centros de día, sin concreción alguna. Algo más de detalle ofrecen Sumar y Podemos, pero sin duda el más profuso es el del BNG, con un análisis basado en datos y compromisos concretos sobre número de residentes por centro, tipos de módulo y un catálogo de medidas que abordan buena parte de los ángulos de los cuidados. 

Salvo los reproches al PP por no construir nuevos centros públicos (algo que su propio programa reconoce al reivindicar un esfuerzo reciente y todavía en curso), las residencias siguen siendo, pese a todo lo que ha llovido, un asunto de segunda en un país con una necesidad de primera categoría. 

Julio de 1981. Llega a la mesa del Tribunal Constitucional el despido de un trabajador que acaba de cumplir 65 años. El motivo: la edad podría menoscabar sus capacidades físicas o intelectuales. Pero el tribunal es claro: "No es razonable presumir esa ineptitud con carácter general y a una misma edad para todos los trabajadores". El fallo, así, da la razón al empleado. Pero el TC también matiza: la jubilación forzosa garantiza el derecho al trabajo de otro grupo. Concretamente, de uno más joven.

Este fallo es tan solo uno de los ejemplos de que el edadismo también está presente en la justicia. La sentencia viene recogida en el informe El edadismo hacia las personas mayores en las sentencias del Tribunal Constitucional, publicado por HelpAge España y elaborado por la politóloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid Aída Díaz-Tendero Bollaín y el profesor de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València Fernando Flores.

"Lo que busca esta investigación es ver qué casos por discriminación por edad han conseguido llegar al Constitucional y analizar qué dice en sus sentencias. En 40 años de existencia, al tribunal han llegado múltiples casos de discriminación por razón de sexo o de raza pero, sin embargo, por edad tan sólo ha habido 18. Es un número bajísimo", explica el profesor. De ellas, 15 (el 83,3%) se refieren a asuntos laborales: jubilaciones forzosas, despidos colectivos o limitaciones de acceso a plazas en puestos públicos. Y esto, precisamente, explica el quid de la cuestión.

Empecemos por el principio. El edadismo es un concepto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como "los estereotipos, los prejuicios y la discriminación contra las personas debido a su edad". Las propias personas mayores lo definieron a la organización HelpAge como: "Acciones directas o indirectas por las cuales alguien es excluido, considerado diferente, ignorado o tratado como si no existiera, por su edad". Un ejemplo: la exclusión financiera.

Para entender esta forma de discriminación, según señala el informe de HelpAge, hay que distinguir bien dos conceptos: el envejecimiento y la vejez. El primero es objetivo; el segundo, construido sobre unas bases subjetivas que, además, son muy concretas. Nacen de la percepción de que las personas mayores son improductivas, inactivas y, en muchos casos, enfermas. Son, todos ellos, atributos radicalmente contrarios a los que se asocian a una persona titular de derechos: sujeto autónomo, independiente, productivo y cooperante.

Esas construcciones subjetivas sobre la vejez se extienden, también, entre las propias personas mayores. Son ellos, a consecuencia del edadismo, los primeros que muchas veces no identifican que los tratos que están recibiendo son fruto de la discriminación. Por eso es complicado que accedan a la justicia. "Llama mucho la atención que la gente no haya llegado a los tribunales cuando se ha sentido discriminada por razón de su edad. Muchas veces aceptan que esas discriminaciones son aceptables o forman parte de la vida", señala Flores. "Creo que hay un edadismo autoinfligido en el que uno mismo acepta que en realidad ya es mayor, que ha pasado su tiempo y que es normal que ciertas cosas le ocurran", añade.

Y así se construyen una de las dos barreras que, según Flores, existen entre los ancianos y la justicia. "Por un lado, los mayores son los que a veces piensan: '¿De verdad me voy a meter en juicios con mi edad?", explica. Por otro, entra en juego el edadismo en sí mismo. "Los mayores tienen más complicado informarse o acceder a abogados. Al final, tienen menos herramientas", dice.

Pero no es sólo eso. El informe de HelpAge también incide en que, si bien la discriminación por razón de sexo, raza o religión es condenable sin discusión, la que se produce por razón de edad es algo más volátil. Es una condición, dice el estudio, "sospechosa de discriminación". Forma parte de esas "condiciones personales o sociales" a las que hace referencia la Constitución Española en su artículo 14, que recoge el principio de igualdad y el derecho a que nadie sea discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. Toda discriminación fuera de esas categorías, señala el informe, necesita fundamentarse "muy sólidamente".

Así, afirma Flores, resulta complicado traspasar la jurisprudencia que, como en la sentencia de 1981, alude a la llamada "solidaridad intergeneracional". "El Constitucional, en muchas sentencias, establece que eso es válido para limitar el acceso al trabajo de las personas mayores, pero eso son argumentos del siglo pasado", critica. Según el informe, esa aceptación de que la vejez es la ruptura con la época anterior es tan sólo una de las tendencias que el TC ha mostrado a la hora de sentenciar en torno a la vejez. El resto son o bien asociar esa época vital con la invalidez, o hacerlo con una etapa productiva, o tratar de resolver la tensión que existe entre ser mayor y titular de derechos.

El profesor y autor de la investigación cree que es momento de desterrar estas ideas. Y que ya hemos empezado a andar el camino para ello. "Ahora estamos comenzando esa reivindicación. Parte de la sociedad está empezando a ver que hay un problema en su relación con la vejez", sostiene. Lo compara con lo que sucedió con la discapacidad. "Hace años a nadie se le ocurría que poner rampas en las calles o mejorar la accesibilidad de las viviendas fuese una obligación. Hoy lo vemos absolutamente racional y apoyamos que la legislación obligue a hacerlo, por ejemplo", recuerda.

Hacia ahí hay que caminar con el edadismo. Y cree que hubo un punto de inflexión en este sentido tras la pandemia. "Lo sucedido en las residencias ha sido como un fogonazo de luz. La gente ha podido ver que aparcar a los mayores en centros controlados por entidades financieras y fondos es algo que no puede aceptarse", explica. Sabe bien de lo que habla porque forma parte de la comisión ciudadana creada el pasado mes de septiembre con el objetivo de "buscar la verdad y la reparación para las víctimas" de los fallecidos.

El 15 y 16 de septiembre el tribunal celebró dos jornadas de comparecencias de residentes, familiares, trabajadores, expertos, médicos, periodistas y autoridades con responsabilidades políticas en 2020. "Nadie nos dijo que haya habido un cambio positivo desde la crisis sanitaria. O bien están igual, o peor", lamenta Flores. Sin embargo, situarlo en el debate ya es un paso. El envejecimiento de la población, añade, hará el resto, previsiblemente.

"La pirámide poblacional se está haciendo peligrosamente gruesa por arriba sin que por abajo la sostengan", dice. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 los mayores de 65 años suponían el 19,9% del total de la población española. En 1998, al comienzo de la serie histórica, tan sólo eran el 16,3%. En 2037, se espera que el porcentaje ascienda hasta el 26%.

En artículos anteriores en infoLibre ya he planteado algunas de las cuestiones esenciales sobre el tema de los derechos de las personas mayores, el envejecimiento activo, las políticas públicas o los problemas del edadismo en general. No quisiera repetirme, pero la conmemoración del 1 de octubre merece algunas reflexiones

En este caso, me pide el cuerpo enumerar algunas de las cuestiones que me interpelan de forma más directa, por deformaciones, prejuicios, enfoques preocupantes, acerca de las personas mayores. Como están incluidas en esos artículos mencionados, es mejor señalar obstáculos de forma concisa, casi como ideas diana, que merecen un papel en cualquiera de las propuestas para las políticas públicas.

Puede darse el edadismo más evidente, que todo el mundo entiende enseguida: considerar a las personas mayores como no productivas, llegando incluso a denostar la percepción de la pensión para la que han aportado durante toda su vida laboral.

Hay otros edadismos: como el más engañoso de las actitudes protectoras, estilo paternalista, entendiendo que las personas mayores necesitan atenciones y cuidados (lo positivo) hasta negarles las capacidades, la autonomía o la libertad. Personas “dependientes” en todo, cuando los grados de dependencia pueden ser variados, diferentes, con distintos niveles en distintos ámbitos de la vida. “Son como niños”.

El edadismo infantilizante también es una forma de cosificación de las personas mayores, al negarles todas sus capacidades, cuando son heterogéneas las situaciones, los tramos de edad, la presencia de la enfermedad, la vida activa en determinados planos.

Una consecuencia de los edadismos ocultos es el adanismo. Algunas personas jóvenes actúan como si el mundo empezara con ellas, negando lo desarrollado por sus mayores. La contrapartida son los mayores que viven en el pasado sin reconocer los profundos cambios que ha sufrido la sociedad. El equilibrio necesario podría dar enormes frutos.

Otro edadismo puede crearse con el exceso de respeto irreflexivo, exagerar la valoración de las aportaciones de las personas mayores suele ser una manipulación interesada para venderles algo.

“Los cuidados son un derecho, no un nicho de negocio”.

“Hay una gran inequidad en la longevidad en función de los grupos sociales y económicos a los que se pertenece”: frase textual del documento sobre el Decenio del envejecimiento saludable, en relación con la Agenda 2030. Pero se sigue enmarcando todo como un colectivo homogéneo y resultan falsas algunas de las premisas. Sobre todo las que reivindican “la libertad de las personas mayores para elegir”. Si las desigualdades impiden vivir más y mejor, si las brechas de clase, estudios, género o digital implican graves dificultades para muchas de las actividades actuales de nuestra sociedad, si los trastornos mentales no están ni siquiera incluidos en muchos programas, si las personas mayores no han tenido oportunidad, no han aprendido a elegir. Entonces, pretender que puedan elegir libremente en la vejez es una visión no sólo utópica sino errónea. Ya me han escuchado o leído mencionando el ejemplo de Amartya Sen: se puede elegir ayunar por razones religiosas, pero quien no tiene comida no tiene la capacidad de elegir, pasa hambre.

Es necesario, como se plantea en los documentos internacionales:

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Estella Acosta Pérez es orientadora y profesora asociada de la UAM, jubilada.

Marea de Residencias vuelve este miércoles a Bruselas. Después de la visita del pasado mes de diciembre, dos representantes de la plataforma de familiares y trabajadoras de centros de mayores serán recibidos este 20 de septiembre en audiencia pública por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para defender lo que, precisamente, exigieron hace casi un año y se ha aceptado ahora: que sea Europa la que investigue "la pasividad de las instituciones ante la mayor vulneración de derechos perpetrada en la corta historia de nuestra democracia". Y más concretamente: que se diriman responsabilidades en la elaboración y aplicación del Protocolo de la Vergüenza que en la Comunidad de Madrid dejó a 7.291 personas fallecidas sin recibir asistencia sanitaria.

No hay demasiada esperanza en la cita, pero sí convencimiento de la importancia del paso que supone. Y de que es vital para esclarecer lo ocurrido durante las peores semanas de la pandemia. "Llevamos trabajando desde 2019, antes incluso de la pandemia, y notamos que estamos metidos en un fango en el que cada movimiento que damos es un esfuerzo titánico, pero no pararemos hasta que algún día consigamos lo que creo que es obvio que hace falta", señala Carmen López, portavoz de Marea de Residencias.

Se refiere a lo que pidieron en diciembre. El objetivo entonces pasaba —y pasa ahora— por lograr que una misión de eurodiputados visitara la Comunidad de Madrid para investigar "en profundidad", dijeron entonces, qué pasó en las residencias madrileñas. "Tras tres años y medio de las muertes [...] seguimos viendo cómo la impunidad es total, no se investiga, no se hace justicia, no hay reparación, y por tanto la historia podría volver a repetirse en un futuro", lamenta ahora la organización en una nota de prensa.

Pero no sólo esperan eso. También pidieron entonces que se promulgara "una ley marco estatal de obligado cumplimiento que establezca unos criterios mínimos para preservar la dignidad y el buen trato en las residencias de todo el territorio español, garantizando los derechos humanos y constitucionales de todos los ciudadanos institucionalizados". Y que se construyan, amplía López, más residencias públicas de gestión directa que impidan a las empresas privadas entrar en el sector y "especular". "Queremos que nunca vuelva a pasar lo que pasó en pandemia", lamenta la portavoz.

La cita de este miércoles consistirá en una defensa de cinco minutos de las peticiones realizadas, a lo que seguirán las palabras de distintos eurodiputados y del propio Comité de Peticiones. Tras un receso, explica López, Marea de Residencias volverá a tener un espacio para contraargumentar lo expuesto y reafirmar sus exigencias. En la anterior visita, a la que acudieron invitados por el eurodiputado anticapitalista Miguel Urbán, la plataforma se reunió con varios eurodiputados españoles entre los que se encontraban también Estrella Dura del PSOE, Idoia Villanueva de Podemos y Ernest Urtasun, entonces de Catalunya en Comú.

En ese encuentro, los familiares también explicaron que las reuniones con estos líderes políticos fructuficaron en varias peticiones y enmiendas al informe Enseñanzas extraídas y recomendaciones para el futuro, un documento publicado por el Parlamento Europeo el pasado 12 de julio en el que se concluyó, apuntó Marea de Residencias, que el sistema sociosanitario necesita "cambios profundos". El texto, adoptado con 385 votos a favor, 193 en contra y 63 abstenciones, pidió concretamente, según explicó Marea de Residencias, que los Estados "pongan fin a las prácticas de triaje discriminatorias, en particular las que utilizan la edad, las condiciones médicas preexistentes y la calidad de vida como criterio único". Es decir: que no se vuelvan a aprobar protocolos de la vergüenza.

Precisamente este fin de semana, Marea de Residencias y Verdad y Justicia, otra plataforma de familiares y trabajadores surgida tras la pandemia, arrancaron las primeras jornadas de la comisión ciudadana que pretende esclarecer lo ocurrido en la Comunidad de Madrid durante las peores semanas de la crisis sanitaria. El "tribunal ciudadano" presidido por el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín acogió el pasado viernes 15 de septiembre las comparecencias de residentes, familiares y trabajadores, a las que siguieron el sábado 16 las de expertos, médicos, periodistas y autoridades con responsabilidades políticas en 2020.

El testimonio más destacado fue el del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid desde agosto de 2019 a octubre de 2020, Alberto Reyero, que se encargó de la gestión de los centros de mayores durante la primera ola, cuando murieron 9.468 personas. "La primera noticia que tuve sobre este protocolo fue el día 20 de marzo. Era la segunda versión, nunca tuve conocimiento del primero. Cuando me explicaron los criterios médicos de aquel documento, me eché las manos a la cabeza", dijo, sobre el Protocolo de la Vergüenza.

El pasado mes de junio, el exconsejero declaró por segunda vez ante un tribunal, al que confirmó que el documento existió y se aplicó, al contrario de lo que sostiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su testimonio entonces, además, fue ratificado por Yolanda Fuentes, ex directora general de Salud Pública dimitida en mayo de 2020 por el empeño de Ayuso de solicitar el paso de Madrid a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, el Tribunal Supremo admitió a trámite el pasado mes de agosto el recurso de casación que interpuso el Ayuntamiento de Leganés contra la Comunidad de Madrid por "inactividad" al no medicalizar las residencias. Los magistrados tendrán que determinar ahora si la aplicación del Protocolo de la Vergüenza obligaba a la región a tomar medidas alternativas que garantizasen la atención sanitaria.

Los números nunca mienten y, en democracia, aún menos. En los años 80, cuando España se alejaba de la dictadura franquista y el voto comenzaba a consolidarse como forma de acción política, unos jóvenes ilusionados con el futuro y con un deseo irrefrenable de cambiar el mundo representaban el 35% del electorado. La población con derecho a voto mayor de 64 era entonces tan solo el 16% del total.

Una pandemia, varias crisis económicas, una guerra en Europa y más de 40 años después, las cosas han cambiado de forma radical. Ni los jóvenes parecen tan ilusionados ni tampoco son tantos. Su peso en el electorado se ha reducido significativamente, perdiendo ese poder que tenían antaño para cambiar las cosas. Mientras, la importancia de los más mayores se ha disparado. En las próximas elecciones del 23J, un 25% del electorado será mayor de 64 años y tan solo un 21% estará comprendido entre los 18 y los 34 años.

Esta bajada sideral del peso de los jóvenes en el electorado tiene consecuencias a nivel político. Sus propuestas no son escuchadas por los grandes partidos ni reflejadas en sus programas electorales, y, al representar tan poca población, las acciones políticas benefician más a las personas mayores que a ellos. Esta es la tesis que sostiene el economista José Ignacio Conde-Ruiz en su libro La juventud atracada: Cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes (Península, 2023), donde a lo largo de sus nueve capítulos desarrolla cómo la democracia española se ha convertido en algo parecido a una gerontocracia.

“Queríamos que fuera lo más divulgativo posible”, relata el autor, que formó parte del comité de expertos encargado de elaborar el factor de sostenibilidad de las pensiones y que actualmente es miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos, órgano presidido por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El libro está escrito junto a su hija, Carlotta Conde Gasca, la cual se encargó de hacer accesible y ameno el contenido y los datos aportados por el economista. “Uno de los principales objetivos del libro es que los jóvenes tomen conciencia de sus problemas y puedan contraargumentar a los mayores que les acusen de ser unos vagos o de quejarse por todo”, recalca Conde-Ruiz.

Precisamente, las discusiones alrededor de algunos de los estereotipos alrededor de la llamada generación Z fueron una de las principales inspiraciones para que el economista escribiera La juventud atracada. En su opinión, los jóvenes actuales son, pese a haber aguantado varias crisis económicas, una pandemia, niveles de desempleo altísimos y unas condiciones laborales muy precarias, tratados de forma muy injusta por las personas mayores. “Cuando me juntaba con personas de mi generación todo era: ‘No, es que los jóvenes se quejan de vicio, no se esfuerzan, no quieren trabajar, no quieren salir de casa’. Y claro, yo pensaba ¿cómo puede convivir esta visión con las circunstancias tan adversas a las que se enfrentan los jóvenes? Creo que los mayores pueden tener cierta envidia de la juventud, pero no recuerdo una visión tan negativa hacia ellos cuando yo era joven’”.

Ya desde su tesis doctoral hace más de 20 años, cuando estudiaba cómo la demografía afectaría a las decisiones políticas sobre el diseño del Estado del Bienestar, Conde-Ruiz comenzó a ver que el futuro de los jóvenes iba a ser mucho más complicado que el de su generación. Sus circunstancias, con una economía a favor, una demografía favorable y una política que les acompañaba y escuchaba al representar un gran porcentaje del electorado, les impulsaba hacia un desarrollo mucho más sencillo. Por contra, la Generación Z tiene muchos más palos en las ruedas: “Los jóvenes deben construir su futuro sobre una población envejecida, una política que no les escucha por ser tan pocos y varias crisis a sus espaldas”. Además, según el economista, las crisis dejan “cicatrices” en quienes las sufren y, en el caso de estas nuevas “generaciones de las crisis” esas consecuencias harán que su desarrollo laboral no sea tan bueno como el de las personas que llegaron antes. “Desde la generación de la Segunda Guerra Mundial nunca ha habido una que haya vivido tantos eventos históricos traumáticos en tan poco tiempo como la actual y eso te acaba vertebrando”, zanja Conde-Ruiz.

Las cicatrices fruto de las crisis son especialmente relevantes en las capas más pobres de la población, por ejemplo, en el caso de los jóvenes sin recursos que no pudieron acceder a clases telemáticas durante la pandemia. En opinión del economista este periodo dejará en ellos heridas en su formación que arrastrarán toda su vida. “Tú sabes que ese problema se soluciona con dinero para dedicarlo, entre otras cosas, a tutorías personalizadas, pero, pese a todo, no se quiso invertir en educación. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo, con la inflación disparada se revalorizaron todas las pensiones un 8,5% sin importar la renta”, subraya Conde-Ruiz, poniendo esta situación como ejemplo de cómo el gran peso de los mayores en el electorado hace que sus preferencias, como pueden ser las pensiones, no se puedan tocar: “Los políticos saben que, si ponen en duda algo destinado hacia ellos, pierden las elecciones”, concluye el economista.

Para Conde-Ruiz, las personas mayores deben tomar conciencia de esta realidad e intentar ser más generosas con las personas jóvenes a la hora de decidir su voto, porque si no estas pueden “votar con los pies”. “Cuando yo salía de España, en mi época, me sentía muy incómodo. Sin embargo, ahora veo a mi hija entenderse perfectamente y tener muchas cosas en común con personas de otros países. Por eso, creo que la generación Z es la primera generación global y por eso opino que si aquí no se sienten escuchados o cómodos se van a ir. Así, por puro egoísmo, si los mayores se dan cuenta de eso, tomarán más en cuenta los intereses de los jóvenes y no solo los suyos”, sostiene el economista.

Según Conde Ruiz, los ancianos son muy generosos dentro de su familia, prestando desinteresadamente dinero e incluso manteniendo a sus hijos y nietos durante las crisis, pero no lo son tanto a la hora de votar. En este caso, nuestros mayores casi siempre priorizan las medidas que más les favorecen y no piensan demasiado en el largo plazo. “El Estado del bienestar es como una familia y, si electoralmente nos comportáramos como una familia, estoy seguro de que tendríamos en cuenta medidas a largo plazo que favorecieran también a los jóvenes. Cuando los ancianos salen a protestar por sus pensiones me parece genial, pero estaría bien que también salieran cuando España queda en los últimos puestos en el informe PISA”, afirma.

La tendencia del electorado envejecido no va a cambiar en muchos años. De hecho, continuará creciendo hasta que en el año 2050 el peso de las personas mayores de 65 años pasará del 25% actual al 35%. Por ese motivo, para abandonar el cortoplacismo y que la voz de los jóvenes se oiga, Conde-Ruiz propone algunas medidas para paliar esta desigualdad: “Creo que ya es hora de bajar la edad de voto a los 16 años, no tiene sentido que una persona de esa edad pueda trabajar y no votar. También sería interesante poner en marcha medidas para incentivar el voto, ya que el electorado joven es más abstencionista, crear instituciones independientes que velen por los intereses de los jóvenes en cuestiones que les afecten como el cambio climático y las pensiones o aprovechar bien los fondos Next Generation de la Unión Europea”, propone Conde-Ruiz,

Pese a esta desigualdad en el electorado a favor de los mayores, en esta campaña electoral para las elecciones del 23J sí estamos viendo medidas destinadas al voto más joven. Una de ellas, y quizás la que más debate ha generado es la propuesta de la herencia universal, planteada por Sumar. El partido de Yolanda Díaz propone dar 20.000 euros a todos los ciudadanos que cumplan 18 años para ayudarles a desarrollar su proyecto vital. “Me parece una medida muy valiente. No sé si es la mejor solución, pero está claro que existe una gran desigualdad en la riqueza en España y esta es la primera propuesta que supone mover una gran cantidad de recursos destinados exclusivamente a los jóvenes”, celebra el economista.

Una de las grandes preguntas es cómo se va a financiaría ese 1% del PIB necesario para costear la herencia universal. En ese debate, Conde-Ruiz también ve un reflejo de la desigualdad generacional: “Nadie se planteó cómo se financiaba la subida de todas las pensiones al 8,5%, incluso las más altas, siendo para ello necesario muchísimo más dinero que para la herencia universal”, sostiene el autor que, sin embargo cree que ese 1% del PIB se podría invertir mejor y de forma más beneficiosa para los jóvenes destinándolo a educación, sobre todo por la necesidad constante de formación en innovación y nuevas tecnologías.

Quería pedir ayuda e implicación a la sociedad, para así poder presionar y tratar de cambiar muchas de las situaciones tan complejas por las que están pasando miles de personas en muchos centros residenciales y para personas con discapacidad. También pedir implicación y cambio para que las personas puedan prolongar la estancia en sus hogares lo máximo posible, rodeadas de sus familiares y de su entorno, ofreciéndoles las mismas ayudas que dan a muchas empresas privadas subvencionándoles las plazas (en muchas ocasiones superando con creces los 2.000 euros). En algunos casos estas empresas actúan indebidamente, incumpliendo la normativa y los convenios reguladores, sobre todo en su actividad principal, poniendo en riesgo la salud de residentes y trabajadores.

Algunos familiares y empleados,  ya desde antes de la entrada de la Covid, advertimos que las condiciones en las que se encontraba el sector eran muy complejas y precarias, sabiendo que en algún momento algo grave podía pasar. Aclarar que nunca pensamos que podría llegar a la magnitud que ha llegado dejando tantos fallecidos. La falta de personal, los problemas estructurales, la falta de profesionalidad, el abandono que sufre el sector, la precariedad socioeconómica de muchos trabajadores y un sinfín más de situaciones, hicieron la fórmula perfecta para que todo reventase; creando una de las situaciones más devastadoras de los últimos años. Pero “como son mayores,” da la sensación de que este término justifica lo ocurrido.

La entrada de la Covid nos demostró que teníamos razón, dejando miles de fallecidos en unas circunstancias de extrema gravedad. Nuestra situación personal es muy difícil de afrontar, ya que no es comprensible que demos unos cuidados tan indignos a las personas que pueden ser nuestros padres, madres, hermanos/as, abuelos/as y nosotros mismos el día de mañana. Muchos profesionales huimos cansados y destrozados anímicamente de este sector porque no nos dejan desempeñar bien nuestro trabajo, tratándonos de debilitar mediante actuaciones muy injustas, al más grave estilo mafioso. Como trabajador soy víctima y testigo directo del gran dolor y sufrimiento que hicieron y están haciendo pasar a miles de personas. Resaltar que muchas empresas no deberían estar funcionando, porque no ofrecen un trabajo digno para una persona, ni un sitio decente para pasar los últimos años de nuestra vida, incumpliendo con total impunidad sus obligaciones. Espero que entre todos cambiemos esta situación tan compleja en una sociedad cada vez más envejecida. Esperemos que mañana todos tengamos un final de vida tranquilo y sin sobresaltos adicionales por terceras personas, simplemente por una gestión que no va dedicada al bienestar del ciudadano, sino a potenciar y enriquecer a grandes empresas e inversionistas.

Como saben algunos lectores, soy ex trabajador y denunciante, colaboro con varias plataformas de familiares y trabajadores para no permitir estas atrocidades. Escribí el libro Lodo y Fango en las Residencias, plasmando mi vivencia y la de trece personas más (trabajadores y familiares) que representan miles de situaciones muy duras y trágicas. Soy familiar por parte de mis difuntos abuelos, pasando tres de ellos por estos centros, permaneciendo dos de ellos más de ocho años en residencias diferentes. Un total de más de veinte años inmerso en esta odisea. Toda esta situación ha reventado mi ser más profundo y me ha creado un dolor que indudablemente me acompañará toda mi vida, pero me siguen haciendo daño por el dolor que causan a los demás, todo derivado de la injusticia y de miles de situaciones muy complejas vividas en primera persona, quizás esta sea la clave de mi insistente lucha.

A continuación enumeraré varios de los problemas por los que están pasando actualmente miles de personas silenciosamente, como si a nadie le importara, situaciones que si se dieran con otros colectivos, pondrían a la sociedad en pie:

1. Época estival y deshidratación: nos llega información preocupante; ya en algunos centros se están dando temperaturas superiores a los 30 grados, incluso en ocasiones superándolos con creces.  El deterioro cognitivo y la vejez en sí hacen que bebamos y nos hidratemos menos, incluso llegando a perder la sensación de sed. En las habitaciones donde hay concentradores de oxígeno, aumenta la temperatura considerablemente. La falta de personal y muchos de los problemas citados anteriormente, son precursores de que no se tenga controlada la hidratación de cada residente. El sindicato Mats y Marea de Residencias ya han demandado la implementación de acciones para mitigar el calor. Es un mal que se da año tras año y que yo personalmente he comprobado. Se aconseja a las familias que estén pendientes de esta situación y que en caso de notar calor en alguna visita, coloquen si pueden un termómetro que registre máximas y mínimas, si el registro puede ser por horas mejor (se evita que se manipule).

2. Por algún causal y siempre en épocas estivales y vacacionales, disminuye considerablemente el número de trabajadores por turno, siendo una norma generalizada y normalizada, llegándose a duplicar el trabajo porque la plantilla se reduce a la mitad de lo que estipulan por normativa, teniendo un impacto muy grande hacia el trabajador y los cuidados que recibe el residente. El problema siempre es el mismo; la falta de personal. Es inexplicable y da la impresión de que en los pliegos de condiciones que les estipulan a estos centros no sean importantes estas cuestiones organizativas y que afectan directamente al buen funcionamiento y a la básica atención de las personas, más aún cuando publicitan unos cuidados de calidad. A esto le sumamos la falta de profesionalidad del sector, lo mal remunerados que están sus trabajadores para la carga y la productividad que tienen, los turnos complicados para la conciliación y las proposiciones “indecentes”, que en muchas ocasiones ofrecen a los trabajadores para suplir la necesidad de incorporación de personal; proposiciones que si no aceptas es como si fueras  en contra de los intereses de la empresa. Otro tema importante es la carga emocional y la presión que en muchas ocasiones ejercen sobre el trabajador, sin poder desempeñar tu trabajo de forma profesional, haciéndote víctima y verdugo a la vez. Según información de la Cadena Ser, la Comunidad de Madrid quiere que el personal sanitario de las residencias públicas trabaje más horas para cubrir las vacaciones de verano. Mediante carteles publicitarios en estos centros firmados por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), ofrece al personal sanitario, al diplomado en enfermería (Due) y al personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería (Tcae) un “segundo” contrato laboral temporal de, como máximo, 30 horas semanales. Sumando los dos contratos, hacen un total de 67 horas semanales. Es dantesco que el personal en estos centros siempre esté bajo mínimos, ya que el impacto que tiene en su actividad principal, “cuidar a la persona”, es muy grande, al igual que un exceso de horas en un trabajo tan físico para una plantilla que lleva años aguantando. Pero más preocupante es lo que está pasando en el sector privado/concertado, ya que directamente esos permisos y bajas no se cubren. Curiosamente estos días ha contactado un/a excompañera de una de las residencias donde trabajé, otro/a gerocultor/a que no puede más. Trabaja en el turno de noche y dice que tiene sesenta y seis residentes para él/ella, de los cuales cuarenta y nueve son severos y grandes dependientes. Entre sus funciones, tiene que hacerle como mínimo tres cambios a cada persona, reflejándolos en un registro. También tiene la obligación de acostar a todos los residentes que el turno de tarde, y una vez más por falta de personal y de tiempo, deja sin acostar. A estos cambios se le tiene que sumar una recena a media noche y varias ingestas hídricas y más en época estival. Tiene que acudir a cada llamada de habitación cuando lo requiere un residente. En muchas ocasiones tiene que atender las urgencias que puedan ocurrir a mitad de la noche y se necesite mayor supervisión (vómitos, diarreas, diferentes situaciones de enfermedad, fallecimientos…). El trabajador/a no puede cumplir con todos sus cometidos por exceso de trabajo. Está obligado a meter en el registro de datos digital los tres cambios, las ingestas y las recenas obligándoles en muchas ocasiones a falsear los datos para así cumplir con las presiones de la dirección, porque realmente no hay tiempo para todo. También me comentaba muy triste que no puede cogerse una baja, ya que su situación económica y social no se lo permite, teniendo familia a cargo; y en caso de que se la cogiera, al ser enfermedad común, perdería el plus de noche que tiene por horas, repercutiéndole en su economía sin poder llegar a final de mes. La situación es dramática. También me contó que hacía poco tiempo había ido una inspección y que en principio todo correcto. Que no entendía cómo no comprobaban personal, carga asistencial y la multitud de problemas que se están dando cuando los datos están reflejados. Simplemente se basan en registros de actuación.

3. Muchas de estas empresas no actúan adecuadamente amparadas por unas inspecciones y unas medidas sancionadoras muy livianas para la repercusión y el impacto que tiene en la salud de las personas que viven en muchos de estos centros. Un ejemplo claro es una de las empresas en las que trabajé, donde curiosamente en seis años han pasado ocho directores. En esta empresa tambien tuvieron varios problemas y escándalos con la justicia en su país de origen,  obteniendo como resultado final: “dos exejecutivos en prisión preventiva en Francia un año después de las revelaciones de infolibre", acusados de los delitos de abuso de confianza, fraude, abuso de activos corporativos, blanqueo de capitales, organización y corrupción. Posiblemente todo esto solo sea la punta del Iceberg, por eso es tan importante que se haga una buena investigación en profundidad. Pero no hay intención de ello, cosa que los que llevamos años pidiendo verdad y justicia no llegamos a comprender. Por otro lado no entendemos el abandono y el poco caso que hacen nuestras instituciones a la hora de escuchar a trabajadores, familiares y muy tristemente algún residente que se ha atrevido y ha podido alzar su voz. Dejando en situación de desamparo e indefensión a cualquier persona. Lo he vivido en mis propias carnes. Nunca perdonaré a una justicia que creo que se ha equivocado al no reconocer el gran daño que me hicieron.

Por todos estos puntos y muchos más que se pueden leer en otros artículos, es importante que nuestra sociedad nos ayude y luche uniéndose para combatir una realidad muy triste que se está dando en un supuesto sistema donde continuamente invertimos nuestro tiempo en la búsqueda del bienestar.

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Alejandro J. Salado Monreal es técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico en atención sociosanitaria y escritor del libro 'Lodo y fango en las residencias'.

Cada año, para el día 15 de junio, se elige un tema para la celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Para 2023, el tema ha sido: "Cerrar el círculo: Abordar la violencia de género (VBG) en las respuestas basadas en políticas, leyes y evidencias para la vejez".

Y aunque es muy necesario, diría que ineludible, poner en marcha políticas que contribuyan a la erradicación de la violencia de género hacia las mujeres mayores, todavía no es posible dejar de dedicar unas líneas al acontecimiento más terrible vivido en este último trienio.

Y no es posible porque la consecuencia última fue la muerte.

En Madrid (y en toda España), las 7.291 personas mayores que, debido al maltrato otorgado por la aplicación de los denominados "protocolos de la muerte" en las residencias durante los peores momentos de la pandemia, no sólo perdieron la vida, pusieron de manifiesto la crisis de cuidados a la que asistimos.

La pandemia afloró el debate sobre la necesidad del cambio de modelo de cuidados, fundamentalmente, de larga duración. Y se hace necesario un consenso entre las diferentes fuerzas políticas, dado que se debiera alejar de la politización el modelo de país.

Las administraciones más cercanas a la ciudadanía son las encargadas de prestar los servicios de cuidados dada la proximidad, aunque el planteamiento no siempre lleve consigo esta premisa.

Los cuidados se han de facilitar desde el propio domicilio hasta las diferentes alternativas de alojamiento. Hemos progresado en la configuración teórica de las residencias, pero aún queda mucho trabajo por hacer para lograr una adaptación completa. Esto implica no solo cambios físicos, sino también un cambio en el enfoque de atención, poniendo a la persona en el centro. Para lograrlo, se alcanzó, el pasado julio, un Acuerdo de Acreditación y Calidad entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas, aunque no fue respaldado por todos. Desafortunadamente, Madrid decidió no participar en este Acuerdo, lo que muestra que tienen un modelo de cuidados diferente, aunque no lo conozcamos en detalle.

La toma de conciencia de la existencia de abuso y maltrato en la vejez o en otra etapa de la vida es necesaria pero no suficiente para garantizar los cuidados y lograr una sociedad cuidadora, base imprescindible para que se erradique todo tipo de violencia. Pero, además, al igual que con otras categorías, es necesario legislar en torno a la situación que queremos proteger y/o garantizar. En este caso los cuidados.

Así, si enmarcamos el derecho al cuidado en los derechos sociales, se le otorga un carácter prestacional implicando la realización de acciones positivas por los poderes públicos, como ya han apuntado autores como Añón en el 2010 y Gracia en 2021. Por ello, se hace necesario enfocar los derechos sociales desde la teoría compleja de los derechos humanos y considerar los derechos sociales como derechos fundamentales, para situarlos como derecho subjetivo en sentido amplio.

Debemos entender los derechos, no como esferas protegidas frente a la intervención de terceros, sino como posiciones normativas implícitas en la calidad y dignidad de la vida humana.

Por tanto, podríamos comenzar a hablar, como ya apuntaba Marrades (2016), de que el derecho al cuidado resulta esencial para el desarrollo de una vida digna y que requiere de una protección con las mayores garantías, de ahí que deba considerarse derecho fundamental y que establece prestaciones de atender para alcanzar el bienestar, de ahí su carácter social.

Algo tan obvio como que, si nos cuidáramos más, reduciríamos las posibilidades de ejercer violencia de cualquier tipo.

En este día, como Secretaria de Mayores de la Comisión Ejecutiva de la Ciudad de Madrid del Partidos Socialista Obrero Español, animo al diálogo para que convirtamos nuestra sociedad, especialmente Madrid, en una sociedad cuidadora para todas las personas que en ella conviven, en todos los ciclos vitales, pero, especialmente, protejamos y defendamos a quienes sufren el abuso y/o maltrato (de cualquier tipo) y sobre todo, establezcamos mecanismos suficientes y eficaces para erradicar y evitar el abuso o maltrato institucional.

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Ana María Aguilar Manjón es secretaria de Mayores del PSOE-Madrid Ciudad.