La Unesco ha declarado al barrio granadino del Albaicín, junto con la Alhambra, Patrimonio de la Humanidad. Sus laberínticas calles y sus miradores son un reclamo dentro del esqueleto de la ciudad que ningún turista quiere perderse, lo que se ha convertido, de otro lado, en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos. Es más el pasado abril se creó la plataforma ciudadana Albayzín Habitable para luchar “contra el crecimiento ilimitado y corrosivo de la industria turística”. Una de sus miembros, Olalla Luque, aporta a infoLibre un significativo dato: “Hay 7.000 personas censadas, empadronas en el barrio, y las plazas turísticas, contando las hoteleras y las de apartamentos y pisos turísticos, son más de 7.000”, lamenta.

“Tenemos una compañera que vive en una calle donde hay 55 viviendas y sólo 11 son de vecinos, todas las demás son apartamentos turísticos, legales e ilegales, y hostales u hoteles. Cada vez hay menos vecinos y tiendas”, ejemplifica, para añadir: “En otra de las calles más importantes de la zona, había dos locales, uno era un bar y el otro una tienda, y los han convertido en apartamentos turísticos también”. Asegura que han realizado el trabajo de  “comprobar las casas que aparecen como turísticas en páginas de la Junta de Andalucía, con la realidad, y son muy diferentes”, critica. Han armado, de hecho, “un grupo de mapeos de apartamentos turísticos” con el que buscan lograr un dibujo “de las que son legales y las que no”, conscientes de que no es una tarea fácil. “En páginas webs como la de Mil anuncios se pueden alquilar apartamentos que ni siquiera se dan de alta como turísticos, aunque lo son, porque se ven los casilleros de las llaves puestos en las ventanas”, añade.

 “En otras ciudades como Barcelona o Valencia”, asevera Luque, “sí que hay algunos mapas sobre esto, pero en Granada no”, por lo que lo están “haciendo de forma manual”. Además, han presentado alegaciones “al borrador del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)” de la ciudad para intentar ponerle coto a ese fenómeno, como antes elaboraron propuestas ligadas a “una consulta que se hizo sobre el futuro de la vivienda turística en Granada”. Y han solicitado un encuentro con la alcaldesa, la popular Marifrán Carazo, que esperan desde mayo.

De momento no ha habido respuesta a su petición de reunión, pero ya tienen clara sus demandas que pasan por cuestiones como que “se refuercen los equipos de inspección municipal, se revoquen licencias en zonas saturadas y donde el porcentaje de vivienda turística supere el 10% del total, se prohíba la transformación de bajos comerciales en pisos del alquiler temporal, o se reduzca a 15 personas como máximo el tamaño de los grupos de turistas, que bloquean el transporte público”. “Quién va a mantener el barrio patrimonio de la Humanidad si no hay vecinos”, se pregunta Luque, quien cierra apuntando que “en otros países” del entorno europeo “ya se han puesto medidas” contra la presión turística. Y esta no decrece en el conjunto del Estado.

El país recibió 64,3 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto de este año, lo que es un 11,2% más que en el mismo periodo de 2023 y un nuevo récord. Histórico es, asimismo, el gasto que realizaron los turistas durante su estancia, que sumó 86.471 millones de euros y creció un 17,6%, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Únicamente en agosto viajaron a España 10,9 millones de personas, un 7,3% más que un año antes, que desembolsaron cantidades por valor de 15.363 millones de euros, un 13% más.

En ese contexto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación centrada en la publicidad de pisos turísticos ilegales, en el marco de sus competencias. “No podemos consentir que miles de viviendas que no disponen de licencia para esa actividad, sigan ejerciendo como tal”, ha defendido su máximo responsable, Pablo Bustinduy. A través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propusieron a las ciudades que se adhirieran a la iniciativa. “La premisa es muy clara: si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de ésta es ilegal y deber ser perseguida”, en palabras del ministro, para quien es “una manera de intervenir en una realidad que está afectando muy negativamente a la vida de millones de personas”, al tener “un impacto enorme sobre la oferta disponible de viviendas en alquiler, los precios y sobre el tejido social porque se están vaciando barrios”, según expuso en RTVE.

Si bien, por ahora, de acuerdo a lo trasladado por el ministerio a este periódico, sólo han “recibido información por parte de 36 municipios, correspondientes a diez comunidades autónomas” distintas. Cuando en España, a la luz de datos del INE de nuevo, hay un total de 8.132, es decir, que se han implicado el 0,4% del global, aunque no todos padecen los efectos de la llamada turistificación. Con todo, desde el área del Gobierno que comanda Bustinduy quieren dejar claro que la Dirección General de Consumo continuará adelante con unas “actuaciones tendentes a perseguir la publicidad de pisos turísticos que no cuentan con la habilitación preceptiva”. Al tratarse de acciones que “están abiertas”, han rehusado aportar más detalles sobre el asunto, para remitirse a lo comentado por Bustinduy, quien sí ha afirmado que “en ciudades como Madrid, hasta el 90% de las viviendas que se destina al alquiler turístico de corta duración, no dispone de licencia para ello”.

¿En qué puede acabar el proceso arrancado por el ministerio? El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, cree que con multas. Mantiene que “es necesaria la colaboración entre el ministerio, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que cada uno actúe en el marco de sus competencias” de cara a “sancionar a las empresas que incurren en alquileres ilegales de pisos turísticos”. A su juicio, mientras el departamento ministerial de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, “puede sancionar a las plataformas que hagan publicidad ilícita a nivel nacional”, las autonomías y los municipios “pueden multar en sus respectivos ámbitos” territoriales y competenciales.

“¿Es normal que alguien sin licencia para esa actividad abra un bar, lo publicite y haga negocio, mientras los establecimientos legales a su alrededor intentan hacer las cosas bien y pagan impuestos?”, lanzan otras fuentes de la órbita de Sumar, para responderse: “No". "Pues con los alquileres turísticos debe ser igual. Si quienes especulan con esas viviendas sienten que se les vigila y se les multa, tendrán menos incentivos para hacer lo que hacen”, concluyen. Toca esperar todavía para conocer el resultado de la conjura del Ministerio de Consumo, de la mano de aún pocos municipios, contra los pisos ilegales.

Un total de 37 ayuntamientos realizaron un gasto social por habitante inferior al 60% de la media de gasto (56,74 euros por habitante), de los de los cuales la mayoría de ellos se encuentran en la Comunidad de Madrid, según el informe anual de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales elaborado al respecto tras analizar 404 consistorios, ha recogido Europa Press.

En esta séptima edición, la asociación ha analizado los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a 'Servicios Sociales y Promoción Social', con datos correspondientes al Presupuesto Liquidado 2022 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos.

A partir de esa información, el estudio clasifica estos ayuntamientos en varias categorías: 'Excelentes' (un total de 37 ayuntamientos), 'Corporaciones Excelentes' (8 ayuntamientos que reuniendo los criterios de excelencia en 2022 han conseguido elevar el gasto social más de un 60% durante el periodo de 2019-2022) y 'Pobres' (37 ayuntamientos con menos de 56,74 euros por habitante, frente a la media que se sitúa en el 94,57 euros por habitante).

En función de lo que las estadísticas de la Unión Europea consideran la pobreza de las personas --aquellas que obtienen ingresos inferiores al 60% de la media de la Renta de las personas del país--, el documento califica como 'Pobres' a aquellos ayuntamientos que tuvieron un gasto inferior al 60% de la media.

En concreto, esos 37 ayuntamientos que realizaron menor gasto social por habitante, atendieron a sus 2.544.015 vecinos con un gasto en Servicios Sociales y Promoción Social (23) del 5,12% respecto a su Gasto Total, cuando la media nacional se situó en un gasto del 10,06%.

Además, buena parte de los ayuntamientos 'pobres' en 2022 también lo fueron en la edición anterior de 2021 (el 65%), señalándose en el informe su reincidencia en un "lamentable" ejemplo de persistencia.

Dentro de estos, la Comunidad de Madrid es la que aporta el 41% de los ayuntamientos pobres en inversión social con 15 ayuntamientos, seguida de la Comunidad Valenciana con 8; Andalucía, Cantabria, Castilla La-Mancha, Extremadura y Murcia con 2, y Baleares, Canarias y Galicia con un solo ayuntamiento pobre en inversión social.

En lo que se refiere a la categoría 'Corporaciones excelentes', son ocho los ayuntamientos que han logrado impulsar su gasto social un 60% durante su mandato de 2019-2022.

En términos generales, el conjunto de las corporaciones locales han impulsado su gasto social elevando la calidad y la cantidad de los servicios ofrecidos, según recoge el informe, alzando los 3.691 millones de euros.

Aunque estos ocho ayuntamientos repartidos en Andalucía (3), Cataluña (2), Canarias (1), Galicia (1) y Valencia (1) han conseguido elevar esa inversión más de un 60% y en concreto Nerja (Málaga) lo ha aumentado en más de un 200%.

Por último, en los considerados como ayuntamientos con niveles de 'excelencia social', son solo 37, apenas el 9,16% de los ayuntamientos que han participado en el estudio. Una cifra que baja considerablemente con respecto a los datos del año anterior, ya que en 2021 fueron 57 los que obtuvieron esta calificación.

Al haberse incrementado este año el nivel del gasto social para ser merecedor del reconocimiento al 160% de la mediana de gasto efectuada por el conjunto de los ayuntamientos hasta alcanzar una inversión mínima de 151,31 € por habitante/año.

Es por ello que sólo 3,4 millones de habitantes pueden sentirse beneficiados de unos ayuntamientos que ponen a disposición de sus Servicios Sociales una inversión económica de Excelencia, lo que apenas representa el 11,20% de los 30,57 millones de habitantes que residen en España en municipios mayores de 20.000 habitantes.

La Comunidad Autónoma que aporta un mayor número de Ayuntamientos con un inversión económica en Excelencia vuelve a ser Andalucía con 16 ayuntamientos, por la considerable incidencia económica del servicio de ayuda a domicilio del sistema de la dependencia gestionado por las Entidades Locales andaluzas, seguida de Cataluña con 6, la Comunidad Valenciana con 4, País Vasco con 3, Baleares y Canarias con 2, y Aragón, Castilla La Mancha, Galicia, y Murcia con 1; no alcanzando representación en el ranking Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Navarra y Madrid.

El perfil medio de estas poblaciones urbanas en excelencia social se sitúa en ciudades medias con una población de 36.500 habitantes, debiendo destacarse que únicamente tres capitales de provincia (Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Granada) alcanzan criterios de excelencia social en la séptima Edición.

La Mediana de Gasto efectuada por el conjunto de ayuntamientos se sitúa en esta edición en 94,57 euros por habitante, lo que representa un aumento del 6,43% respecto al ejercicio 2021, habiéndose realizado por el conjunto de ayuntamientos un gasto en Servicios Sociales superior a los 3.691 millones de euros, un 10% más que en el ejercicio precedente.

El portavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada y exalcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, ha anunciado el inicio de contactos para recabar apoyos para presentar una moción de censura si en 72 horas no dimite el regidor granadino, Luis Salvador, que gobierna en minoría con su teniente de alcalde, José Antonio Huertas, edil de Cs.

En rueda de prensa, en la que ha mostrado el documento para registrar la moción de censura con las diez firmas de los ediles socialistas, que son la lista mayoritaria en el Pleno municipal, Francisco Cuenca, que ha comparecido acompañado de todos los corporativos de su grupo, ha indicado que su propósito es iniciar las conversaciones con el PP, sin descartar "ninguna fórmula" ante una situación "tan inédita", según recoge Europa Press.

A partir de ahí, continuaría con todos los grupos, a excepción de Vox, y con los concejales no adscritos, en una situación que "requiere de altura de miras" en orden a "propiciar" un "acuerdo para desalojar al señor Salvador" con "los concejales que de verdad quieran a Granada" y con base en "ideas", "proyectos" y "soluciones".

El PSOE parte en este contexto como lista más votada con "un plus de responsabilidad", ha explicado Cuenca, quien, a preguntas de los periodistas sobre la situación de los no adscritos, ha señalado que "si en vez de cuatro" hay más apoyos a su propuesta de moción será "mejor para la ciudad".

Preguntado por si los no adscritos, entre los que está el ex presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, que abandonó su formación en mayo pasado, se pueden considerar tránsfugas, se ha remitido al informe técnico jurídico encargado por su formación para ver "quién está en el marco de la ley actual en posible transfuguismo".

Sobre si la participación de los dos que proceden del grupo de Cs, Manuel Olivares y Lucía Garrido, ha señalado que sería el primero y no la segunda, que concurrió como independiente, el único que tiene "limitaciones" y obligaría, si participara en la propuesta de moción, a sumar un apoyo más de los 14 que, como mayoría absoluta del Pleno, marca la ley como necesarios.

Según el informe jurídico encargado por el PSOE, la doctrina para la mayoría reforzada para la presentación de una moción de censura ha evolucionado partiendo de que lo que marca la ley electoral es que hay que "sumar un proponente por cada concejal suscriptor de la moción que al momento de presentarla formara o hubiera formado parte del grupo político municipal del alcalde o hubiera abandonado el grupo político al que estuviese adscrito al inicio de su mandato".

En cualquier caso, ha incidido en que la vía más rápida para ir a un Pleno de investidura que permitiera un nuevo equipo de gobierno "en no más de diez días" sería la dimisión del alcalde para lo que ha pedido responsabilidad en el ámbito nacional a Cs, si bien ha dejado claro que el PSOE afronta la resolución de esta crisis en el ámbito municipal.

En el Ayuntamiento, la situación "ha saltado por los aires", ha indicado Cuenca al comienzo de una intervención en que ha responsabilizado al PP de la misma por haber formado parte del "pacto de los trapos sucios" como ha denominado al que sirvió para constituir gobierno local tras la investidura de Salvador como alcalde en junio de 2019.

"El PP fue el que nos metió en el lío" y sus ediles "han traicionado y han dejado tirada a esta ciudad" tras dejar sus responsabilidades en el equipo de gobierno local, derivando todo ello en "la peor crisis desde el punto de vista institucional democrática", ha mantenido Cuenca, que posteriormente ha señalado a estos ediles que, "si les queda algo de dignidad y respeto a Granada, tienen la oportunidad de demostrarlo" en las negociaciones que ha planteado para firmar la moción de censura contra Salvador.

Ha afeado que de momento estén "en la barrera a tirarle al muñeco, como si ellos no tuvieran nada que ver", mientras que al resto de grupos y ediles les ha pedido que "asuman su responsabilidad". De Cs, ha matizado que "si les queda algo de respeto y dignidad", que su grupo tiene sus "dudas", deberían "dar un paso atrás".

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha dado por concluida la instrucción en el llamado caso Serrallo y ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, procesando al que fuera alcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y a nueve de sus ediles —seis de los cuales aún ejercen como concejales en el Ayuntamiento de la provincia— además de otros altos cargos del Consistorio, informa Europa Press.

En este caso se investigan posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, cohecho y tráfico de influencias a raíz de la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.

Así consta el auto de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la jueza procesa a un total de 17 personas por este caso, dando traslado a las partes para que en el plazo de 20 días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

Entre estas personas se encuentran los ediles que apoyaron en su día en una Junta de Gobierno Local el expediente que dio luz verde a la operación, seis de los cuales aún siguen en el grupo municipal del PP; además del que fuera director de Obras Municipales, Manuel Lorente, un interventor, la exdirectora de Urbanismo, entre otros altos cargos; y el promotor Roberto García Arrabal.

El origen de este caso se encuentra en la adjudicación en 2006, por parte del Ayuntamiento de Granada a la sociedad propietaria del Centro Comercial Serrallo Plaza, de una concesión administrativa en los Espacios Libres SG-11 para hacer un parque de atracciones infantil.

La jueza sostiene que al amparo de esta concesión "han sido introducidos usos y aprovechamientos prohibidos en el Plan General de Ordenación Urbana para este tipo de suelos", catalogados como zona verde. Concretamente, se ha permitido construir una sala de fiestas con discoteca y un pabellón cubierto de pista de patinaje con bar cafetería. Lo que, presuntamente, contraviene lo establecido en la normativa urbanística.

Sostiene la jueza que el entonces alcalde de Granada, que ha sido procesado por siete delitos, "tenía pleno conocimiento de las operaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Granada y participaba activamente en la toma de decisiones" a pesar de tener delegadas las funciones en materia urbanística. De este modo, la magistrada afirma que tenía "conocimiento absoluto de la operación especulativa llevada a cabo en los Espacios Libres del Serrallo" y "existen indicios de su participación en ella".

De hecho, en su auto recuerda que Torres Hurtado presidió la Junta de Gobierno Local del 26 de julio de 2012 en la que, a propuesta de la entones concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, también procesada en esta causa, se aprobó por unanimidad el cambio de uso de estos terrenos, alterando los establecidos en el Plan General.

Igualmente, se habría producido un incremento real del aprovechamiento del Plan Parcial y, en definitiva, "se ha sustraído al uso público y general gran parte de un Sistema General de espacios libres con una parcelación ilegal del mismo, que ha permitido unas construcciones que ni en su volumen ni en su destino a uso terciario lucrativo de discoteca se ajustan al planeamiento general, el cual contravienen".

Estas construcciones tampoco "respetan la concesión ni en cuanto a su objeto exclusivo de parque infantil ni en cuanto al objeto de la concesión existente, ni en cuanto a su adjudicatario único, por lo que habría supuesto una alteración sustancial del pliego y del precio de la adjudicación del mismo", agrega el auto.

Incide la jueza en que "ni el alcalde ni el equipo de gobierno han realizado actuación alguna para reponer la legalidad urbanística conculcada sino que, por el contrario, para lograr la impunidad" y "legalizar a posteriori lo ilegalmente ejecutado" se elaboraron unas ordenanzas de edificación, aprobadas mediante acuerdo del pleno el 24 de mayo de 2013.

"A continuación, el Ayuntamiento inició una innovación-modificación puntual del Plan General —"sin cumplir la legalidad" por ser competencia de la Junta— para integrar estas ordenanzas, lo cual ha sido paralizado por la Junta de Andalucía. Es más, en agosto de 2014 se requirió al Ayuntamiento para que anulara las licencias y proyectos de urbanización ilegalmente concedidos, pero se rechazó a propuesta de la concejal de Urbanismo y del alcalde y con el voto favorable del Pleno del Ayuntamiento.

También están procesados en esta causa los miembros de la citada junta de gobierno local de 26 de julio de 2012 en la que se aprobó el cambio de usos de esta zona, como presuntos autores todos ellos, de un delito de prevaricación urbanística.

Los concejales procesados que integran actualmente el grupo municipal del PP son Juan García Montero, María Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y María Francés. A ellos se suman los ya exediles Juan Antonio Mérida, Isabel Nieto y Vicente Aguilera.

En el auto la jueza hace constar que, según el informe del Jefe de Servicio de Conservación de Edificios, el presupuesto de las obras de demolición de los pabellones de la sala de fiestas y el bar kiosco es de 114.872 euros, de acuerdo al informe redactado por una empresa.

En cuanto a la cantidad a la que pudiera ascender la indemnización a terceros de buena fe, precisa que en el Ayuntamiento se está tramitando procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial por una cuantía básica de 415.000 euros.

Los concejales del PP recurrirán

Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Granada que han sido procesados han anunciado que recurrirán el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 para que esta causa continúe por el trámite de procedimiento abreviado, previo a un posible juicio.

A través de un comunicado, el grupo municipal del PP ha mostrado su "más absoluto respeto" hacia la decisión del Juzgado, aunque ha querido dejar "claro" que está "en desacuerdo" con ese dictamen.

El coordinador del grupo, Juan Antonio Fuentes, ha señalado que, "como no puede ser de otra manera", el Partido Popular es "siempre respetuoso" con las decisiones judiciales, pero ha insistido en que tanto él como los demás concejales del grupo que están investigados por este asunto entienden que no hay "ningún motivo" para que la causa siga adelante.

De hecho, ha recordado que los investigados ya presentaron hace meses un recurso ante la Audiencia Provincial de Granada en el que mantenían que no había razones para tal investigación, puesto que lo que hicieron en su día fue —ha dicho— "votar favorablemente un expediente en una junta de gobierno que tenía los informes técnicos y jurídicos favorables".

Fuentes ha agregado que no comparte la decisión de la juez porque ésta "ni siquiera ha esperado a que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre nuestro recurso", algo que puede parecer "por lo menos precipitado". Además, ha indicado que en el propio auto que este lunes se ha dado a conocer se reconoce que este dictamen ahora emitido no es firme.

"Especifica que cabe interponer un recurso y, evidentemente, es lo que vamos a hacer", ha subrayado Fuentes, que está procesado en esta causa junto a los también ediles en activo Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Francisco Ledesma y María Francés.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha denunciado ante la Fiscalía a la filial del colectivo ultraderechista Hogar Social en Granada, después de que jóvenes de esta organización supuestamente se situaran a las puertas de la mezquita del Albaicín, el pasado sábado, portando pancartas, gritando consignas tales como "terroristas", "os financia Daesh" y "fuera de Europa", y lanzando una bengala.

Según ha informado la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado en un comunicado del que se hace eco Europa Press, la denuncia detalla la presunta comisión de delitos de odio y abunda en la supuesta "estructura delictiva" de Hogar SocialHogar Social por la que se podría imputar "un delito global contra todas las personas que contribuyen económicamente a la misma".

En este sentido, la organización denunciante, que lleva a la Fiscalía el tema en colaboración con la Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado, pide que se tenga en cuenta que, en aplicación del Código Penal, las personas que financian Hogar Social pueden ser "corresponsables de las actuaciones delictivas de esta plataforma de apoyo al odio y la discriminación".

Esta red nacional ya ha denunciado a la estructura matriz de Hogar Social en Madrid, cuya cúpula es investigada por hechos similares a los acaecidos en Granada, como fue el presunto intento de ataque a la mezquita de la M30.

Esa denuncia y proceso judicial, en la que en solitario se encuentra personada la red como acusación particular, representa "uno de los pocos procesos judiciales contra la derecha extrema en España en activo", ha detallado el comunicado.

En Andalucía, la red ha reaccionado al supuesto ataque a la Mezquita Mayor de Granada ofreciendo "un sistema de personación inmediata ante cualquier tipo de ataque islamofóbicoislamofóbico que se dé en el Estado para lo que, durante esta semana, se han acumulado más de 17 denuncias y documentado actos de vandalismo contra las personas musulmanas, refugiados y migrantes de España", tras los atentados yihadistas de Cataluña.

Según esta red de apoyo, el Ayuntamiento de Granada también va a interponer denuncia ante la Fiscalía por estos actos, subrayando que esta administración local "condena toda práctica de discriminación en sus múltiples formas".

"Pedimos a la Junta de Andalucía que se sume a esta acción judicialJunta de Andalucía y se persone en la misma" pues "nos consta su preocupación y compartimos su interés en acabar con esta lacra", ha añadido la red, que ha concluido pidiendo un pacto andaluz contra la islamofobia y los delitos de odio. Se trata de "dar respuesta y unidad frente al terror" a la par que se propone "Granada como símbolo de este acuerdo", ha afirmado el presidente de la Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Estanislao Naranjo.

El legado de Federico García Lorca está un paso más cerca de instalarse definitivamente en Granada. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la Fundación Federico García Lorca establecieron este jueves "una hoja de ruta" que permita "desbloquear" el traslado del legado del poeta al Centro García Lorca de Granada, como recoge la agencia Europa Press. Las negociaciones para mover el archivo de Madrid a Granada se vieron congeladas tras las supuestas irregularidades descubiertas en la gestión de los fondos públicos con los que se construyó el edificio que lo albergaría. Laura García Lorca, sobrina nieta del escritor y presidenta de la Fundación, dijo estar "convencida" de que el legado llegaría a Granada durante el año 2017.

Según han informado el Ministerio y la Junta en una nota conjunta, durante la reunión celebrada en Madrid en "un ambiente de buena disposición y diálogo", se ha acordado que a mediados de junio se reúna Consejo Rector del Consorcio del Centro García Lorca para asegurar la viabilidad del funcionamiento del futuro centro. Además, la reunión de junio tendrá como objetivo "el examen de la última auditoría realizada a la Fundación y materializar aspectos administrativos pendientes". Tanto el Ministerio como la Junta dicen confiar "en que la llegada del legado de Lorca sea una realidad en un corto espacio de tiempo".

El traslado del archivo desde la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde se encuentra actualmente, hasta el centro construido expresamente para él se demora ya dos años. El proceso se detuvo tras la denuncia presentada en 2015 por Laura García Lorca contra Juan Tomás Martín, secretario de la Fundación, por un desfase en las cuentas de 12 millones de euros. Las instituciones retiraron entonces a la presidenta sus competencias de gestión, y la familia se negó a trasladar los fondos en esas condiciones. La auditoría de la Fundación reveló en octubre de 2016 un desfase entre ayudas recibidas y gastos de 3,8 millones de euros. 

Este pasado miércoles, la presidenta de la Fundación Federico García Lorca y sobrina del poeta, Laura García Lorca, adelantaba que estaba cercano el "acuerdo" con las instituciones para que el legado lorquiano pueda ser trasladado a Granada, si bien consideraba "un poco precipitado" que pudiera estar cerrado para el 5 de junio, fecha del nacimiento del escritor de Fuente Vaqueros. Laura García Lorca señaló además que ese "acuerdo" permitiría "retomar" el proyecto del centro cultural, ideado para albergar el legado de Federico, "como se ideó desde el principio".

La llamada fiesta de "la Toma" de Granada, que conmemora la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos en 1492, volverá a celebrarse oficialmente este lunes, como cada 2 de enero, pese a que ahora es el PSOE el que gobierna el Ayuntamiento. Los socialistas, que se ausentaban cuando estaban en la oposición, mantienen los actos alegando que suponen un tributo a la fundación del "Estado moderno", según afirma oficialmente el Consistorio, presidido por Francisco Cuenca.

Cada año el aniversario de "la Toma" se convierte en cita de grupos ultraderechistas, frente a los cuales se manifiestan colectivos antifascistas. Diversos grupos de extrema derecha, desde falangistas a organizaciones caritativas sólo para españoles, ya han lanzado convocatorias para los actos de este lunes. Es previsible que vuelvan a verse entre los asistentes saludos a la romana y banderas con el águila de San Juan, parte del escudo de los Reyes Católicos que fue rescatada por la simbología franquista. La celebración de "la Toma" obliga a un dispositivo especial de seguridad.

La fiesta posee evocaciones nacionalcatólicas, a juicio de sus críticos. La corporación procesiona bajo mazas escoltada por militares y asiste a una misa en la que se realiza una ofrenda floral en el sepulcro de los Reyes Católicos.

El alcalde, Francisco Cuenca (PSOE), tomó posesión en mayo con el apoyo decisivo de Ciudadanos, así como de IU y Vamos Granada. Entre todos desalojaron al PP, que llevaba 13 años en la alcaldía, tras la sonada detención del anterior alcalde, José Torres Hurtado, por su presunta implicación en un caso de corrupción. Aunque desde el principio Ciudadanos, cuyo apoyo es fundamental para el PSOE, dejó claro que quería mantener "la Toma" tal y como se celebra hasta ahora, el alcalde acarició la idea de sustituir esta celebración por el Día de Mariana Pineda, la emblemática liberal granadina ejecutada en 1831 durante la restauración monárquica de Fernando VII. "Hay una propuesta encima de la mesa y la valoraremos con el resto de grupos", dijo el alcalde en mayo.

La sustitución de la fiesta es una reivindicación de asociaciones como Granada Abierta o la Plataforma contra el 2 de enero. El anuncio del alcalde de que estudiaría esta posibilidad provocó la reacción inmediata del PP, que llevó una moción al pleno que garantizaba el mantenimiento de "la Toma". La aprobación de la moción, con el único voto en contra del concejal de Izquierda Unida, supuso una demostración de fuerza del PP, que impuso su relato.

"La Toma" de Granada, según la moción aprobada, supuso "el inicio de un nuevo concepto que con el devenir del tiempo será el caldo de cultivo para la Ilustración y la democracia europea, base para los derechos fundamentales y las libertades públicas". "Sin demagogias que juzguen una época con los parámetros de otra", añade el texto, ", se puede decir que Granada junto a España entra en la modernidad". La moción destaca que "la Toma" se ha actualizado, de forma que en 1976 se empezó a decir "Viva el Rey", cuando antes se lanzaban vivas a Franco.

El texto señala que, "ante las declaraciones de grupos políticos" poniendo en cuestión "la Toma", el PP entiende que su sustitución sería "totalmente inadecuada", por lo que propone el siguiente acuerdo: "Que la Toma de Granada se mantenga como fiesta local en nuestra ciudad y se reconozca su valor histórico".

El acuerdo fue aprobado con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos. El concejal de IU votó en contra y los tres de Vamos Granada se abstuvieron. No es la primera vez que el PSOE amaga con sustituir o alterar "la Toma", a cuyos actos no asistieron –al menos oficialmente– sus ediles en los tres últimos años. Ya en 2000 el alcalde socialista José Moratalla se mostró partidario de desmilitarizar la fiesta, aunque finalmente reculó.

"Una bronca entre radicales", según el alcalde

El Gobierno local socialista ha fijado ahora una posición que mantiene la celebración, pero intenta marcar distancias con el PP afirmando su voluntad –así lo ha dicho el alcalde– de que la fiesta no se convierta en "una bronca entre radicales", en referencia a los grupos ultraderechistas y antifascistas. En lo que se refiere al desarrollo concreto de los actos, el Ayuntamiento también pretende darle un toque festivo a la jornada con la incorporación de desfiles de moros y cristianos de municipios de la provincia como Cúllar, Zújar y Benamaurel. "La Toma muestra a Granada como espacio de convivencia de las tres culturas. Con el desfile de los moros y cristianos, es una fiesta más abierta todavía", sostienen desde el Ayuntamiento.

"Eso es puro maquillaje, un popurrí folclórico que añade aún más confusión", afirma Francisco Vigueras, coordinador de Granada Abierta, un colectivo que en la mañana del lunes organizará unos actos alternativos de carácter eminentemente cultural. "La Toma es un espectáculo bochornoso para empezar el año, que además constituye un efecto llamada a la extrema derecha. Igual que desaparecieron las fiestas del 18 de julio, debe desaparecer ésta", afirma Vigueras, que recuerda que personalidades como Federico García Lorca se pronunciaron contra "la Toma". En 1995 un manifiesto contra esta celebración reunión las firmas de Carlos Cano, Miguel Ríos, Luis García-Montero, Amin Maalouf, Antonio Gala, Ian Gibson, José Saramago, Juan Goytisolo... SOS Racismo también ha pedido su supresión. "Una fiesta que requiere un enorme dispositivo de seguridad no es una fiesta", apunta Vigueras.

Además de por los aspectos simbólicos y por el efecto llamada a grupos de ultraderecha que supone, "la Toma" es criticada por sus detractores por una interpretación de la historia que juzgan falseada y fomentada por la propaganda nacionalcatólica del franquismo, que presentó "la Toma" como una liberación de la ciudad de la opresión y el atraso del Islam, abriéndole las puertas a la civilización occidental. Mientras la Plataforma contra el 2 de enero pide cambiar esta fiesta por otra en honor a Mariana Pineda el 26 de mayo, hay amplios sectores de la ciudad que continúan apoyando esta tradición. Una asociación con notable presencia en el debate público y los medios de comunicación, Granada Histórica, ha solicitado al Gobierno central (PP) que declare "la Toma" Bien de Interés Cultural (BIC).

El pasado agosto, apenas dos meses después de la firma del acuerdo tácito de gobernabilidad al que habían llegado en Granada el PP y Ciudadanos, la orden de investigación que solicitó la Fiscalía de Medio Ambiente sobre el alcalde José Torres Hurtado (PP), dos de sus concejales y otros altos cargos con el objetivo de investigar las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en la gestión de un pabellón municipal, abrió la primera brecha entre ambas formaciones. Ciudadanos, a través de su portavoz, Luis Salvador, aseguró que su partido sería "implacable" ante los casos de corrupción y que pediría la dimisión de cualquier público afectado. 

Torres Hurtado llegó a la Alcaldía gracias a la abstención de los cuatro concejales de Ciudadanos y bajo la premisa de que se cumplieran dos acuerdos: un programa de 50 puntos y un compromiso "verbal" del presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, de que Torres Hurtado dejaría el puesto antes de 2016. Además, el "acuerdo de regeneración democrática" que rubricaron ambos partidos incluía que cualquier miembro debía abandonar su cargo público si era imputado por corrupción. 

Sin embargo, a mediados de diciembre, Torres Hurtado todavía no había dejado el puesto que todavía hoy mantiene. Además, la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, fue citada a declarar como imputada (ahora investigada) el diez de diciembre por un presunto delito de prevaricación en el marco del caso Serrallo, una de las operaciones incluidas en la "trama corrupta" que ahora investiga el juzgado de instrucción número 2 de Granada y que este miércoles salpicó al alcalde. Nieto –que también se mantiene en su cargo– se negó a dimitir. Y ahí es cuando el acuerdo tácito de gobernabilidad entre el PP y Ciudadanos sufrió una nueva sacudida. 

El portavoz naranja, Luis Salvador, anunció entonces que si la concejala no había dimitido antes del día de su declaración dejaría de apoyar todas las iniciativas que el gobierno de Torres Hurtado presentara en el Ayuntamiento. Como eso supondría, a su juicio, llevar al Consistorio a una situación de parálisis, Ciudadanos se vería "obligado" a presentar una moción de censura. Finalmente Nieto declaró como investigada sin haber dimitido el diez de diciembre, en plena campaña electoral. Y ese mismo día Luis Salvador, que durante semanas pidió la dimisión de la concejala, anunció que su grupo retiraba el apoyo al PP. Esa moción de censura habría requerido una acuerdo a tres entre el PSOE, Ciudadanos y Vamos Granada, la marca de Podemos en la localidad.

Presión al PP 

Han pasado cuatro meses desde entonces y la concejala Isabel Nieto sigue en su cargo y Torres Hurtado en el suyo. Ciudadanos mantuvo su compromiso de no apoyar algunas de las principales iniciativas del alcalde conservador. Por ejemplo, se negó a aprobar los presupuestos para 2016; y se abstuvo en la votación de las nuevas ordenanzas fiscales, que finalmente el PP logró aprobar gracias a un "acuerdo puntual" con el PSOE e IU. Esas ordenanzas incluyen la entrada en vigor de un IBI social que beneficia a familias de ingresos más bajos.

No obstante, Ciudadanos no volvió a hablar de la moción de censura. Incluso desde el equipo de Gobierno del PP se intentó quitar hierro a la amenaza del partido naranja señalando que el entendimiento volvería una vez que se depositara "la última papeleta", en relación a las elecciones del 20-D. A preguntas de infoLibre Luis Salvador admite que se optó por "otras medidas de presión" como impedir que el PP pudiera aprobar cuestiones importantes y para las que necesitaban su apoyo. "Pensamos que así moverían ficha, pero salieron a su rescate PSOE e IU y le dieron esa muleta", señala.

De hecho, Salvador culpa a los socialistas de que no se volviera a plantear la opción de la moción de censura. Lo cierto es que el mismo día en que Salvador aludió a esa posibilidad, el portavoz municipal del PSOE, Francisco Cuenca, aclaró que no respaldaría a la formación en naranja. A mitad de febrero –justo cuando se fraguó el pacto de investidura a nivel estatal entre Sánchez y Rivera– fue IU quien puso encima de la mesa esta posibilidad, pero esta vez fue Ciudadanos quien declinó con el argumento de que "no viene a cuento" y de que "se malinterpretaría". 

Mientras, fuentes del PSOE afean al partido naranja su "connivencia" con el PP y recuerdan que votó en contra de una moción presentada por los socialistas para hacer una auditoría de la gestión de la Concejalía de Urbanismo, en el punto de mira de las últimas investigaciones. Salvador se defiende argumentando que su voto en contra se debió a que el programa de 50 puntos que suscribió con el PP ya incluía una auditoría externa completa del Ayuntamiento. Esta fiscalización todavía no se ha iniciado, si bien, según el portavoz naranja, el Consistorio sí ha iniciado las gestiones para pedir al Tribunal de Cuentas que se encargue de hacerla. Pero el órgano fiscalizador del Estado tiene un calendario propio de elaboración y publicación de informes, por lo que la hipotética fiscalización podría tardar años en hacerse. 

Una vía reactivada 

La vía de la moción de censura se reactivó este miércoles después de que Torres Hurtado fuera detenido por la Policía Nacional en el marco de una investigación judicial sobre una supuesta red de corrupción en el Ayuntamiento basada en la concesión de favores a promotores a cambio de contrapartidas. No obstante, tanto el PSOE como Ciudadanos hicieron un llamamiento a la calma. "Las relaciones con el PP están rotas, pero estamos en los primeros días, queremos dar pasos firmes, no precipitarnos. Lo primero que pedimos es al PP y a Mariano Rajoy que deje de mirar para otro lado y que si Torres Hurtado sigue negándose a dimitir insten a sus concejales a retirarle el apoyo", dice Salvador. 

Lo cierto es que, a priori, la opción de la moción de censura no resulta demasiado cómoda para los partidos, pues requiere llegar un acuerdo a tres entre el PSOE, Ciudadanos y Vamos Granada, la marca de Podemos en la localidad. En el partido naranja aseguran que harán "todo lo que haga falta" para que Torres Hurtado deje de ser alcalde, pero se resisten a señalar si les bastaría con que su puesto lo ocupara otro concejal conservador no imputado. 

Tampoco el PSOE ha aludido directamente a la moción de censura. El portavoz municipal socialista, Paco Cuenca, compareció en rueda de presa y dijo que daba "24 horas" al alcalde para presentar su renuncia. Precisó que ese es el plazo que da a los conservadores antes de iniciar una ronda de contactos con el resto de grupos de la oposición "para buscar una solución". 

Desde Podemos, la diputada por Granada Ana Terrón avanzó este jueves el apoyo de la formación si se propone una moción de censura, pero pidió responsabilidades a Ciudadanos por estar sosteniendo hasta ahora la gestión de Torres Hurtado. "Ciudadanos tiene la fea costumbre de apoyar lo peor de cada casa: al PSOE en Andalucía y al PP en Madrid", criticó. 

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), ha sido detenido, así como la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, y varios empresarios y constructores de la ciudad. Los arrestos se producen en el marco de una operación contra la corrupción urbanística, según Europa Press. 

Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario, pero por ahora ha trascendido que se prevén más de doce detenciones. El alcalde, según las fuentes consultadas por la agencia, se encuentra detenido en su propia casa, pero podría ser trasladado a comisaría, aunque se prevé que quede en libertad en calidad de investigado.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional están registrando este miércoles el Ayuntamiento de Granada, en concreto la sede de Urbanismo, así como varias empresas y domicilios, entre ellos la casa del alcalde.

La operación está a cargo del Juzgado número 2 de Granada y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. La UDEF central y el Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía de Granada realizan las investigaciones. 

Un modus operandi basado en la recalificación

La Fiscalía imputa al alcalde y a la concejala, además de a numerosos empresarios y técnicos del Consistorio, los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, prevaricación, estafa, cohecho, maquinación para variar el precio de las cosas y falsedad documental, según recoge Ideal. 

Según expertos de la UDEF citados por el periódico local, la manera de actuar era sencilla. Desde el Ayuntamiento de Granada se avisaba de los planes urbanísticos a empresas afines para que estas pudieran comprar los terrenos pertinentes a bajo precio. Tras la recalificación que se ordenaba a los técnicos municipales, estos terrenos multiplicaban su precio.

Los mandos de la operación citados por el periódico aseguran que las irregularidades se remontan a 2006. En el centro de las investigaciones se encuentra el llamado caso Serrallo, basado en la construcción de una discoteca y una pista de patinaje en las faldas de Sierra Nevada. 

Moción de censura por el 'caso Serrallo'

La concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, ya fue imputada en noviembre por el caso Serrallo. Además, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, pidió este martes una moción de censura contra el alcalde. El dirigente hizo referencia en un comunicado a "un informe de la UDEF que apunta a posiblesactos delictivos ante el hecho de que el Ayuntamiento, y el área de Urbanismo en particular, no reclame dos millones y medio de euros que se deben a la ciudad" por la operación urbanística de la zona del Serrallo, al sur de la capital. 

San Miguel Alto es el cerro que, por encima del Albaycín granadino, observa imperturbable los cambios que el paso del tiempo ha imprimido sobre la ciudad de Granada. Un camino escarpado de empedrado y tierra lleva hasta una colina que esconde bajo su suelo decenas de cuevas habitadas, cuya propiedad llevan años disputándose ocupantes y Ayuntamiento. Un conflicto histórico que en la madrugada del pasado 20 de marzo se saldó con la detención de uno de sus moradores en una operación policial que de momento, no ha logrado expulsar del terreno a sus ocupantes, que trabajan ahora para reivindicar su derecho a poblar las cuevas y denunciar la brutalidad de la que dicen, fueron víctimas durante la actuación de la Policía municipal.

Habitadas en algunos casos por gente cuya titularidad ha sido acreditada en los tribunales, simplemente ocupadas en otros, o cedidas entre propietarios, las cuevas configuran un mosaico de situaciones jurídicas tan dispares que complican la resolución temprana de un conflicto que el Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, ha decidido enmendar con operaciones policiales. No obstante, ninguno de los sucesivos intentos de desalojo realizados en 2007, 2010, 2013 y 2014 parece haber logrado otra cosa que acrecentar las tensiones y poner cada vez más en entredicho la forma de proceder y las motivaciones del Consistorio nazarí.

Obstinado en el sellado de las cuevas y en expulsar a sus moradores, el Ayuntamiento de Granada apenas invierte recursos en el acondicionamiento de la zona. Un acceso visiblemente deteriorado, carente de cualquier alumbrado y con nulas condiciones de seguridad pública, son muestras visibles del estado de abandono en el que viven buena parte de los vecinos de una de las zonas históricas de la ciudad de la Alhambra. Las quejas de los vecinos ya son poco más que un rumor resignado, cansados de que la Administración relegue sistemáticamente todas sus peticiones de mejora. "Llevamos años pidiendo que nos pongan al menos farolas, son años subiendo a nuestras casas con una linterna”, protesta una vecina que lleva más de seis décadas viviendo en una de las casas próximas a las cuevas. “Y de la policía olvídate, aquí jamás suben", reprocha. Una situación que el concejal de IU, Paco Puentedura, sólo explica con el “interés del Ayuntamiento en que se degrade la zona para generar un problema social”, creando un campo abonado que perjudica a sus vecinos tradicionales y genera conflicto.

Operación policial y declaración de ruina inminente

Amparados en “motivos de seguridad” y en un informe de riesgo de ruina inminente elaborado por el Ayuntamiento, la madrugada del pasado 20 de marzo un dispositivo de la Policía municipal, equipado con material antidisturbios y acompañado de maquinaria para proceder al sellado de siete cuevas, despertó a los vecinos que habitan la colina. Un despliegue que la concejala de Urbanismo del Consistorio de Granada, Isabel Nieto, calificó como “necesario” a fin de “evitar que aquello se convirtiera en un en un campo de batalla”. Justo el escenario que paradójicamente describen indistintamente los vecinos del cerro. “Yo me desperté con el sonido de una pelota de goma”, relata uno de los moradores de las cuevas.

“Llegaron a las seis y pico y a las siete ya estaban dando palos”, recuerda. Hechos que Nieto desmiente: “Se acudió a las siete de la mañana con autorización judicial y con Policía”, reconoce, pero precisa que fue “a efectos de evitar que se organizara un ejército de personas, de manera que en unas cuantas horas todo había terminado sin ningún tipo de enfrentamiento.” Un punto de vista que tampoco coincide con el de alguno de los vecinos de la zona, que afirman que la Policía lo cercó todo, cerrando las salidas, lo que hizo que algunos de los muchachos que viven allí se pusieran nerviosos.

Maquinaria pesada en una zona de especial protección

“Destruyen las cuevas. No lo permitiremos”, rezan varios carteles al que acompaña el logotipo de una máquina excavadora. Lo han creado los moradores para denunciar el uso de maquinaria pesada sobre el cerro de San Miguel, una zona que está especialmente protegida y sometida a “cautela arqueológica”. Una catalogación que obliga al Ayuntamiento a presentar ante la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía un “proyecto de intervención arqueológica”.

Se trata de un documento que según esta Administración “no consta” en su registro. “El Ayuntamiento no respetó todas las cautelas que establece Cultura”, declaró a infoLibre Paco Puentedura, que anuncia que presentarán una denuncia por incumplimiento de las exigencias de esta Administración. En este sentido, los testimonios de los vecinos del cerro coinciden con las afirmaciones del edil.

Un paraje privilegiado amenazado por la especulación

La necesidad urgente de sellar algunas de las cuevas para garantizar la seguridad de la gente, es el principal argumento que emplea el Ayuntamiento de Granada. Sin embargo, tanto para los moradores como para Paco Puentedura, la declaración de ruina inminente es sólo una maniobra del Consistorio para forzar el desalojo y disponer de un terreno de gran valor turístico y especulativo y que hasta la fecha, se ha mantenido fuera los circuitos habituales de una de las ciudades que acoge más turistas de toda España.

En este sentido, el edil alude a un documento redactado por el Consistorio en el año 2007 y anulado por la Junta de Andalucía que explicaría el interés especulativo de la zona. “El Ayuntamiento lo dejó escrito negro sobre blanco en el Plan Especial AlbaycínPlan Especial Albaycín, donde ya se definía la intención de hacer una zona de alojamientos turísticos”. Una sospecha que se ve reforzada con la existencia de un antiguo proyecto hotelero en la colina. Un plan que por el contrario, desmiente con rotundidad la concejala Nieto: “Eso es imposible porque es una zona de especial protección paisajística y es una zona de suelo no urbanizable, de manera que allí no se puede construir nada”

Doble venta del terreno y múltiples propietarios

Ni la declaración de ruina inminente, ni las operaciones policiales serán suficientes para clarificar los derechos de titularidad de un terreno, cuya suma de propietarios legítimos, sugiere los tribunales como único escenario posible para dirimir los derechos de unos y otros. El Ayuntamiento, parcialmente propietario de unos 26.000 metros cuadrados, adquiridos en la subasta que la Delegación del Gobierno realizó en la década de los setenta, tiene que lidiar con propietarios cuyos derechos de titularidad sobre las cuevas –situadas en el mismo área–, se derivan de la venta a los moradores que en los años 50 realizó el Patronato de Santa Adela, entonces propietario de la colina. Un proceso de doble venta sobre un mismo territorio que sólo puede resolverse a través de procedimientos judiciales. En este sentido, al menos siete vecinos de San Miguel ya habrían logrado demostrar la titularidad de las cuevas.

El Cerro de San Miguel se enfrenta ahora a una compleja situación administrativa en la que la convivencia entre propietarios legítimos con moradores okupas y vecinos tradicionales, dificulta la acción conjunta en nombre de la defensa de los derechos de quienes se han hecho llamar trogloditas. Una coyuntura que ha degenerado en un abandono que perjudica a sus más antiguos y legítimos vecinos, al tiempo que allana el terreno al Ayuntamiento para justificar futuras acciones de desalojo como las acontecidas el pasado mes de marzo. De momento, los vecinos junto con el respaldo de Stop Desahucios Granada luchan por combatir el derecho a habitar las cuevas de San Miguel.

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Quién:@LasCuevasResist

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