La derechización de la magistratura en España muestra estos días una prueba más en la elección del nuevo presidente o presidenta de la Audiencia Nacional. El tribunal del terrorismo, el del narcotráfico a gran escala y las macrocausas de corrupción, el de mayor proyección mediática, tendrá de nuevo, casi con total seguridad, un presidente conservador. Ningún magistrado progresista se ha presentado a la convocatoria y, de los ocho que lo han hecho, seis de ellos han tenido algún vínculo con el PP al haber ocupado altos cargos en instituciones dirigidas por ese partido o haber sido aupados por ese partido para puestos judiciales de responsabilidad.

El último presidente progresista que tuvo el tribunal fue Ángel Juanes, que dejó el cargo para convertirse en vicepresidente del Tribunal Supremo en 2014, tras ocuparlo desde 2009. Le sucedió el conservador José Ramón Navarro. Y el que le seguirá será también de esa sensibilidad al no haber candidatos progresistas. Cuatro de los ocho que se han presentado ahora han ocupado cargos políticos en gobiernos autonómicos y locales del PP y otros dos fueron propuestos por ese partido para convertirse en vocales del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan a la "desmotivación" como causa de la ausencia de aspirantes de izquierdas. Tras las elecciones a su Sala de Gobierno de la semana pasada, en la que participan todos los magistrados, los tres puestos a elegir fueron para la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Entre los candidatos más significados políticamente se encuentra el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López. El ahora aspirante fue consejero de Justicia del PP, diputado en la Asamblea de Madrid y vicesecretario de Justicia del partido a nivel nacional cuando lo dirigía Pablo Casado y se reincorporó a su puesto en la Sala de lo Penal hace poco más de un año. Antes había sido magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta de ese mismo partido –puesto del que tuvo que dimitir después de que la policía lo parara por conducir su moto sin casco y sobrepasando el límite de alcohol– y hombre fuerte del sector conservador del CGPJ durante el mandato 2001-2008.

Otra de las candidatas señaladas por su vinculación con el PP es María Tardón, que fue concejala en el grupo municipal de ese partido en el Ayuntamiento de Madrid durante la alcaldía de José María Álvarez del Manzano, con el que ocupó el cargo de cuarta teniente de alcalde y responsable de la Policía Municipal. Tardón, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (moderada), ocupa actualmente el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Se trata de la única mujer en presentarse a la presidencia, lo que, según fuentes del Consejo, le da cierta ventaja para hacerse con el cargo gracias a los nuevos criterios que impone la ley de paridad.

Otros dos aspirantes también ocuparon puestos de responsabilidad en gobiernos del PP, aunque de menor importancia. Uno de ellos es el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2003 durante las presidencias de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Tras dejar el cargo, fue titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, donde investigó varios de los casos de corrupción más sonados de ese partido, como Púnica y Lezo. Miembro de la conservadora APM, Velasco está pendiente de que el Consejo decida si le abre expediente por unas declaraciones durante una conferencia en la que cargó contra la exministra de Igualdad Irene Montero (Podemos), a la que acusó de darle lecciones sobre el consentimiento "desde su cajero del Mercadona".

El magistrado de la Audiencia de Madrid Francisco Manuel Oliver Egea, que también opta a presidir la Audiencia, formó parte de los ejecutivos de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y de su sucesor, Ignacio González. Primero con un cargo menor, el de director de la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto, pero después, ya con González, dio el salto a otro mucho más relevante, el de director general de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid, dependiente del entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria.

Junto a los cuatro candidatos que han ocupado cargos con el PP, se encuentran otros aupados a puestos de responsabilidad judicial por ese partido. El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, también de la conservadora APM, fue vocal a propuesta de ese partido en el mismo CGPJ del que formó parte Enrique López, en el que ocupó el puesto de presidente de la comisión de Relaciones Internacionales. González también fue magistrado de enlace en Francia, puesto para el que fue designado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. También fue magistrado de la Audiencia Nacional, donde fue apartado en 2018 de todas las causas del caso Gürtel por "amistad manifiesta" con una de las partes, el PP.

También fue consejero del Poder Judicial a propuesta del PP hasta la última renovación de este año el aspirante Juan Manuel Fernández Martínez, actual magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Antes de entrar en el órgano de gobierno de los jueces, este magistrado de la APM había sido presidente del tribunal al que ha vuelto tras acabar su mandato.

Solo dos de los ocho candidatos carecen de vínculos con el PP aunque, según fuentes del CGPJ, también pertenecen a la derecha judicial. Durante su comparecencia este martes ante la comisión de calificación de ese órgano –la que se encarga de preseleccionar a los aspirantes–, el magistrado de la Audiencia Nacional Jesús Ricardo Gutiérrez presentó como uno de sus méritos el haber cuestionado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la ley de amnistía. Manuel Estrella, presidente de la Audiencia de Cádiz desde 2011, fue reelegido para el cargo en 2016 con el apoyo unánime del Consejo.

Fuentes del sector progresista muestran su preocupación por la ausencia de candidatos de esa sensibilidad, sobre todo tras las recientes elecciones a las salas de gobierno del Supremo, los 17 tribunales superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. Las asociaciones de derechas (APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) se hicieron con 104 de los puestos en liza. La única asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, solo obtuvo tres plazas. "Los presidentes de los tribunales y los de sus distintas salas son miembros natos de las salas de gobierno que, junto con el Consejo, forman la cúpula del Poder Judicial", advierte un juez progresista. "Si solo se presentan candidatos conservadores, la falta de pluralismo y el corporativismo seguirán ganando terreno en la carrera".

El Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional investiga si los últimos propietarios de las plantas de producción de aluminio en Avilés y La Coruña vaciaron la caja mediante la adquisición de bitcoins después de que los investigadores localizasen transacciones de la moneda virtual, informa Europa Press.

Según un oficio de la Unidad Central de Delincuencia Económica al que ha tenido acceso Europa Press, el análisis de la documentación bancaria que obra en la causa ha revelado transferencias de fondos con conceptos como 'Pago blockchain cripto' o 'Abono facturas BC'. Los agentes lo relacionan con la "compraventa de criptomonedas y cuyas beneficiarias son cuentas tituladas por la sociedad Viña y Sentido SL", que estaría vinculada a la trama.

Unas pesquisas que tienen lugar dentro de la causa investigada en la Audiencia Nacional después de que Tardón admitiese el pasado mes de diciembre la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa.

En el momento de la venta de sendas plantas, la empresa se decantó por la oferta del fondo suizo Parter Capital Group aunque, unos meses después, Parter vendió los edificios al Grupo Industrial Riesgo (GIR). El pasado mes de marzo una operación en la que ser registraron una decena de inmuebles en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas se saldó con la detención de varios ejecutivos del grupo.

Entre ellos el administrador único del Grupo Riesgo, Diego Peris, un ejecutivo administrador único de System Capital -mercantil que administraba Alu Ibérica AVL SL (la planta de Avilés)-, el presidente del Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech y una socia de System Capital, Alexandra Camacho.

Fuentes de Alcoa han señalado que la venta de las plantas de Avilés y La Coruña fue promovida, supervisada y avalada en todo momento por el Ministerio de Industria y contó con el apoyo de las Comunidades Autónomas de Asturias y Galicia y los representantes de los trabajadores. El hecho de que Parter vendiera la mayoría de sus acciones de Avilés y La Coruña a GIR fue, según detallan las mismas fuentes, un incumplimiento de contrato, lo que llevó a Alcoa a demandar a Parter por no cumplir con el contrato.

"Maniobras defraudatorias para detraer capitales" 

En el oficio, la policía judicial trata de dilucidar si los últimos propietarios de las plantas utilizaron una filial llamada Logiplus Worldwide SL como una de las sociedades que habría sido utilizada "para dar cobertura a las maniobras defraudatorias empleadas para detraer capitales de las plantas de producción de aluminio".

En esta línea, los investigadores señalan que el montante que Logiplus destinó a la compra de bitcoins tiene su origen en "fondos procedentes de las plantas de producción de aluminio, puesto que muchas de las transferencias fueron inmediatamente precedidas de otras por importes muy próximos e idéntica fecha".

En concreto, el oficio apunta que las transferencias procedían de cuentas corrientes tituladas por las fábricas de Avilés y A Coruña y contenían conceptos bancarios con el título "pago chatarra". Con todo, explican que "estas salidas de fondos ordenadas desde las cuentas de las plantas de producción parecen contrastar" con el destino final que se dio al dinero.

En total, el importe que llegó a transferirse desde la cuenta de Logiplus a Viña y Sentido, según le consta a los investigadores, ascendería a los 565.976 euros, que fueron enviados mediante 23 transferencias realizadas entre noviembre de 2020 y marzo de 2021.

De comercializar vino a invertir en criptomonedas

Los agentes destacan que la sociedad Viña y Sentido, a cuyo nombre figuran los bitcoins, tenía como objeto inicial la comercialización de vino, un "objeto social totalmente ajeno a la industria del aluminio". Así, y tras explicar que Francisco Alarcón fue nombrado administrador único de la mercantil en octubre de 2020, los investigadores señalan una "singular circunstancia": el mismo día de su llegada al puesto se produjo una ampliación social incorporando la actividad como "plataforma de inversión en criptomonedas".

Al mencionado Alarcón, como señala el oficio, "le constan varias detenciones policiales antiguas por reclamación judicial y por tráfico de drogas" y pesa sobre él una averiguación de domicilio y paradero emitida por el Juzgado de lo Penal Número 3 de Talavera de la Reina en el 2017. 

En este sentido, la UDEF detalla que el apoderado de esta sociedad, Francisco Javier Fernández de Bobadilla Lázaro, fue apartado de la empresa unos días después de que la jueza ordenara las detenciones de los implicados en el 'caso Alcoa'. Pero, además, señalan a Fernández de Bobadilla Lázaro como el socio fundador y administrador único del despacho Ackermann y Schwartz Attorney Al Law SLP, al que se investiga por su "implicación en los hechos".

Por último, los agentes explican que después de analizar una cuenta propiedad de Logiplus han constatado "numerosas transferencias ordenadas" bajo los conceptos 'pago de pedidos' o 'pago de factura' y cuya destinataria sería otra sociedad vinculada a los investigados: Lavandaeco SL.

Así las cosas, la UDEF conmina a la magistrada a que reclame a los bancos la identificación de los titulares y autorizados de las cuentas así como el extracto de movimientos desde su apertura y hasta la cancelación de las mismas.

La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha denegado este jueves la petición de libertad provisional del comisario jubilado José Manuel Villarejo por riesgo de fuga, según han informado fuentes jurídicas. Así lo ha decidido en un auto Tardón, que sustituye esta semana al nuevo magistrado instructor del caso Tándem, Manuel García Castellón, después de que Villarejo solicitase el pasado 18 de diciembre su puesta en libertad con medidas cautelares tras más de un año en prisión provisional por presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, extorsión y cohecho, entre otros.

La defensa del comisario jubilado propuso su libertad a cambio de "someterse a algún mecanismo de control telemático", visitas diarias de la Guardia Civil a su domicilio, un sistema de reconocimiento biométrico de la voz e "incluso" localización permanente en su vivienda de la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Villarejo, de 67 años, presentó su escrito cuanto todavía instruía el caso Tándem el magistrado Diego de Egea, antiguo juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6. Sin embargo, De Egea ha dejado la Audiencia Nacional y desde el 1 de enero se encarga de esta causa el magistrado titular, García Castellón, si bien ahora éste se encuentra de vacaciones y esta semana le sustituye María Tardón.

En el año y dos meses que el comisario lleva en prisión provisional, la Audiencia Nacional ya ha rechazado en varias ocasiones su puesta en libertad, siempre alegando un elevado riesgo de fuga. La última vez fue el pasado mes de noviembre y fue la Sección Tercera de la Sala de lo Penal la que lo denegó, añadiendo que además existía riesgo de destrucción de pruebas y que el investigado podía conservar capital oculto en extranjero.

Arturo Beltrán, presidente del tribunal que juzga a Elpidio Silva bajo la acusación de que delinquió en el caso Blesa al enviarlo dos veces a prisión, mantiene desde hace años una relación sentimental estable con la magistrada Pilar Oliván. Oliván preside la Sección 30 de la Audiencia de Madrid, justo la que hace un año anuló la instrucción del caso Blesa y los correos electrónicos enviados o recibidos por el financiero en su dirección corporativa como presidente de Caja Madrid, la extinta caja de ahorros cuyos activos heredó Bankia.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé como causa de abstención o recusación el "vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable" entre dos jueces que hayan participado en el mismo caso. Formal y procedimentalmente, el caso Blesa y el caso Silva no son la misma causa. Pero los protagonistas son los mismos. Y los hechos: es la investigación de Silva sobre Blesa y sus manejos en Caja Madrid la que ha terminado por sentarlo en el banquillo.

Ayer lunes, portavoces oficiales del TSJM declinaron de modo tajante pronunciarse sobre el asunto y confirmar o desmentir siquiera si el tribunal abordó antes del inicio del juicio si esa relación podía generar otro conflicto en un caso cuyo protagonista, Elpidio Silva, lleva un año declarándose víctima de una persecución política. 

En abril, infoLibre ya desveló que otra juez del primer tribunal encargado de procesar a Elpidio Silva, María Tardón, había sido consejera general de la asamblea de Caja Madrid bajo el mandato presidencial de Miguel Blesa. 

Relación "pública y notoria"

Tras una recusación que obligó a suspender el juicio durante dos meses y hasta la reanudación de ayer, Tardón fue apartada en mayo por la llamada Sala del 77 del Tribunal Superior, que dirime sobre las recusaciones planteadas, en este caso por el procesado. Pero ni Tardón ni los otros dos miembros de la terna judicial –Arturo Beltrán y Eduardo Urbano– habían considerado que su pertenencia al órgano de gobierno de Caja Madrid fuera motivo para dejar de juzgar al hombre que había encarcelado a Miguel Blesa, requerido sus correos electrónicos e intervenido su teléfono. Cuando infoLibre publicó en diciembre los primeros correos de Blesa, Silva ya iba derecho al banquillo.

El tribunal, y así lo confirmó entonces el TSJM a este diario, había estudiado la cuestión antes de que se iniciara la vista y concluyó que ningún elemento objetivo ni subjetivo impedía que María Tardón participase en el proceso al controvertido Elpidio Silva. La defensa del acusado, entonces ejercida por Cándido Conde-Pumpido hijo, supo del antiguo puesto ocupado por Tardón cuando infoLibre publicó la noticia.

Ahora, y a tenor de las informaciones recabadas ayer por este diario y de que la relación de Beltrán y Oliván es “pública y notoria”, expresión utilizada por jurista que exigió reserva de identidad, surgen dos posibles preguntas: ¿examinó también el tribunal este ángulo del caso, como hizo en lo relativo a María Tardón, o ni siquiera se planteó el debate? ¿no pudo encontrar el TSJ madrileño una terna de jueces cuyos miembros fueran por completo ajenos a Miguel Blesa y Elpidio Silva? De momento, no hay respuesta.

Lo que dice la ley

Esa es una incógnita a despejar por cuanto fuentes oficiales del TSJM se atrincheraron ayer lunes en el silencio. Las citadas fuentes ni siquiera accedieron a pronunciarse sobre si cabe o no aplicar aquí el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que enumera las causas de abstención y/o recusación por parte de un juez.

En su apartado número 15, ese artículo preceptúa la siguiente causa de abstención o recusación: “El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el juez o magistrado que hubiera dictado resolución o practicado actuación a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del proceso”. 

La presidenta de la Sección 30 de la Audiencia de Madrid, Pilar Oliván, no ha dictado ninguna resolución en el caso abierto contra Elpidio Silva a petición del fiscal jefe de la comunidad, Manuel Moix, y del propio Miguel Blesa, que ejerce la acusación particular. Pero fueron los autos de la sección que preside Pilar Oliván –participó en las deliberaciones y suscribió las resoluciones– los que alentaron la querella de Moix, que tanto en su denuncia como en su escrito de acusación previo al juicio cita con profusión los autos de la Sección 30.

Pilar Oliván no ha decidido nunca sobre la causa por prevaricación, retardo malicioso y delitos contra la libertad individual que se sigue contra Elpidio Silva. Pero sí lo hizo en el caso Blesa, que sin lugar a dudas está intrínsecamente vinculado al caso Silva: si Silva no hubiera investigado a Blesa con lo que la Fiscalía cree absoluta falta de respeto a las garantías procesales, la Fiscalía no le habría investigado a él.

En resumen y desde el punto de vista procedimental, el caso Blesa es una cosa y el caso Silva, otra: cada uno tenía un objeto distinto. Pero los protagonistas, aunque en posiciones opuestas, son los mismos. Y si Silva está hoy en el banquillo es justamente por los delitos que, según la Fiscalía, cometió mientras investigaba al financiero Blesa.

Doblemente imputado –en los juzgados de Plaza de Castilla por la compra del banco de Miami y en la Audiencia Nacional, por las preferentes–, Blesa ha logrado el mismo objetivo que ya consiguieron los principales imputados del caso Gürtel: sentar en el banquillo al juez que los investigaba mientras ellos continúan a la espera del resultado de una larguísima instrucción.

¿Y si fuera al revés?

Este diario preguntó a los servicios oficiales del TSJM qué ocurriría si, en lugar de haber avalado los autos de la Sección 30, Pilar Oliván hubiera elaborado en cada ocasión un voto particular que diese la razón a Silva en contra de Blesa. ¿Podría su pareja dirigir un juicio donde Blesa ejerce la acusación contra Silva o tendría el presidente de Caja Madrid motivos para temer por la deriva que pudiese tomar la vista? Tampoco hubo respuesta a esta pregunta.

El presidente del tribunal que juzga a Silva y presidente a su vez de la Sección Quinta de la Audiencia madrileña, alegó que, dado que había asistido a varias sesiones del juicio, no podía partir de nuevo desde cero. Pero el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) le confirmó en su puesto. Reanudado ayer tras su fallido intento por obtener un escaño europeo como cabeza de lista del denominado Movimiento Red, el juicio a Silva amenaza con expulsarlo de por vida –30 años– de la carrera judicial si es que finalmente pide el reingreso tras su excedencia.

Presidente desde el inicio del tribunal que juzga a Silva y presidente a su vez de la Sección Quinta de la Audiencia madrileña, cuando la Sala del 77 apartó a María Tardón también Beltrán intentó dejar la causa. Reputado profesional, Beltrán alegó entonces que, dado que había asistido a varias sesiones del juicio, no podía partir de nuevo desde cero. Pero el TSJM le confirmó en su puesto y tras apartar a María Tardón completó la terna con Santos Vijande, recién incorporado a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior. ¿Adujo también que su vínculo personal con la juez Oliván podía abrir un nuevo flanco tras lo sucedido con Tardón? Este diario lo ignora.

Sin salidas de guión

Pese a que la relación personal que mantienen Beltrán y Oliván no constituye ningún secreto en la escena jurídica madrileña, el abogado de Elpidio Silva, Gonzalo Boye, no ha hecho valer ese factor como causa para que el presidente del tribunal que juzga a su cliente se abstenga o sea recusado. Este diario intentó ayer lunes, sin éxito y durante toda la tarde, recabar la opinión de Boye sobre el asunto.

Para Elpidio Silva, que una vez reanudado el juicio prescindió ayer lunes de las provocaciones y salidas de guión que dominaron la primera vista, el Día D de su caída en desgracia llegó el 19 de junio de 2013.

Fue en esa fecha cuando la Sección 30 de la Audiencia anuló al completo la instrucción del caso Blesa en sus dos vertientes: la relativa a un crédito de 26,5 millones concedidos por Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán, antaño jefe de la patronal CEOE y hoy preso en Soto del Real; y la concerniente a la compra, por Caja Madrid y en 2008, del City National Bank of Florida , una entidad que costó más de 1.000 millones de dólares, cuyo valor se disolvió como un azucarillo en agua –lo dice el Banco de España- y de la que Bankia ya se ha desprendido.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid volverá a juzgar de nuevo desde el inicio el próximo 7 de julio al juez Elpidio José Silva por un presunto delito de prevaricación cometido al instruir el 'caso Blesa'.

El tribunal estará constituido por los magistrados Arturo Beltrán, Eduardo de Urbano y José de la Mata, este último en sustitución de María Tardón, recusada tras conocerse su integración en la Asamblea General de Caja Madrid.

La Sala ha requerido a Silva para que en el plazo de tres días manifieste si continúa con la defensa del abogado Cándido Conde-Pumpido Varela o designa otro letrado para que le asista.

Elpidio Silva, todavía magistrado aunque en excedencia y candidato a las europeas por el llamado Movimiento Red, no será juzgado por haber encarcelado al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, antes de que se celebren los comicios el próximo día 25. Salvo terremoto o ejercicio inédito de celeridad, resulta materialmente imposible conformar antes de esa fecha el nuevo tribunal encargado de la vista tras la recusación de uno de los tres miembros de la terna original, María Tardón, quien como desveló infoLibre el pasado 23 de abril perteneció a la asamblea de Caja Madrid entre 2003 y 2005 bajo la presidencia de Miguel Blesa y tras cesar como concejal del PP en la capital. Abogados cercanos a Silva añaden un argumento más que este diario no pudo verificar anoche: que la doctrina del Supremo impide juzgar a un candidato durante la campaña.

La decisión de la llamada Sala del 77 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la juez Tardón tuvo un inmediato efecto dominó: la abstención de Arturo Beltrán, presidente del tribunal que el 21 de abril abrió contra Silva una vista en la que se arriesga a 30 años de inhabilitación. Beltrán, que anunció su apartamiento pasadas las tres de la tarde, goza de notable prestigio en la carrera. Sabía desde antes de que el juicio arrancase el 21 de abril que Tardón había sido consejera general de la asamblea de Caja Madrid y, como ella, entendió que ese hecho no implicaba causa de abstención ni de recusación. Entre las competencias de la asamblea general de la entidad figuraba la aprobación de cuentas anuales y del informe de gestión, así como ratificar el nombramiento del presidente.

El auto –unánime– por el que los cuatro magistrados de la Sala del 77 aceptan la recusación de Tardón para diluir cualquier duda que su pasada pertenencia a Caja Madrid pudiera suscitar en el acusado asesta al fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, el primer varapalo del caso desde que en julio de 2013 interpuso contra Silva una querella por prevaricación, retardo malicioso y dos delitos contra la libertad individual, uno por cada vez que envió a Blesa a prisión. Como los abogados de Blesa y Gerardo Díaz Ferrán, que ejercen la acusación privada contra Silva, el fiscal Moix se opuso a la recusación de Tardón. Era, sostuvo, una maniobra “burda” para suspender el juicio.

La Sala del 77 ha entendido lo contrario. Y eso significa un auténtico desmarque de las previsiones iniciales: que el tribunal tumbaría la recusación y el juicio seguiría adelante como si nada hubiera sucedido. El perfil de Elpidio Silva, que desde el primer día optó por la estrategia de reventar el juicio, parecía jugar en contra de sus intereses. Sus continuas interrupciones y enfrentamientos con Arturo Beltrán eclipsaron incluso el importante testimonio de dos agentes de la Guardia Civil que desbarataron la tesis de la Fiscalía, según la cual Silva se apropió de los correos secretos de Blesa porque sí y vulnerando el derecho a la intimidad del expresidente de Caja Madrid.

Desde cero

En la práctica, el auto de la Sala del 77 implica que el juicio comenzará desde cero con un tribunal por completo nuevo, dado que si bien el tercer integrante del inicial, Eduardo Urbano, no ha sido recusado, tampoco podría asistir a sesiones en las que necesariamente deberían repetirse los interrogatorios ya practicados.

Según fuentes del TSJM, los componentes del nuevo tribunal han de salir de la lista de magistrados de la Audiencia Provincial que voluntariamente se ofrecen para participar en tareas del tribunal autonómico. El proceso de selección se anticipa lento, máxime por cuanto ninguno de los magistrados de cuatro salas de la Audiencia Provincial que resolvieron recursos de Blesa o Díaz Ferrán contra la instrucción de Silva podría juzgar al acusado.

Una vez formado el tribunal, las partes tendrán 10 días para recusar a alguno o algunos de sus componentes desde el momento en que conozcan la causa por la que el magistrado debería apartarse. En el caso de Silva, mediaron cinco días hábiles y no 10 –la Semana Santa cayó en medio– entre la notificación de quiénes integraban el tribunal y el inicio de la vista. El equipo de Elpidio Silva mantiene que fue la premura con que el TSJM abrió juicio nueve meses después de interpuesta la querella lo que explica que el anterior defensor de Silva, Cándido Conde-Pumpido hijo, no detectara la presencia de Tardón en el “supremo” –lo dice la ley de Cajas madrileña– órgano de gobierno de Caja Madrid.

A primera hora de la mañana circuló la idea de que, una vez incorporado el sustituto de Tardón el juicio se reanudaría en el punto en que quedó interrumpido el jueves 24 tras la recusación planteada por Silva. De inmediato, distintos juristas consultados por este diario coincidieron en que esa fórmula sería garantía automática de nulidad, dado que el nuevo miembro del tribunal, fuera quien fuese, en ningún caso habría asistido a las sesiones anteriores ni, por tanto, tendría capacidad para valorar por sí mismo las pruebas.

La denominada Sala del 77 del TSJ de Madrid ha admitido la recusación contra la magistrada María Tardón Olmos en la vista oral que se sigue en este tribunal contra el magistrado Elpidio Silva. La magistrada queda apartada de la causa. Además, el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha solicitado su abstención en el caso. Todo apunta a que habrá que repetir el juicio desde cero con un nuevo tribunal.

Elpidio Silvia recusó a Tardón por su pertenencia a la asamblea general de Caja Madrid entre 2003 y 2005 bajo la presidencia de Miguel Blesa, tal y como desveló infoLibre el pasado día 23 de abril. La Sala desestima la recusación promovida contra el presidente del tribunal,  Arturo Beltrán. Igualmente, rechaza la ampliación de la recusación instada por la representación de Elpidio Silva contra la magistrada María Tardón Olmos.

La Sala entiende que en Tardón "no concurre elemento alguno que cercene su imparcialidad" en relación con esta causa y "no cabría entender que afloren circunstancias que evidencien aquel interés directo o indirecto" al que aludía el acusado en su recusación.

Sin embargo, considera "con el fin de preservar la imagen de la Justicia y la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos", es necesario "examinar si concurre el requisito de la imparcialidad objetiva y "determinar si afloran hechos verificables que puedan crear dudas, si quiera indiciarias, o incluso aparentes, sobre la imparcialidad" de Tardón, lo cual ocurre en este caso.

La presentación de este incidente por parte del juez instructor del caso Blesa el pasado 24 de abril forzó al tribunal a suspender el juicio cuando estaba celebrando su cuarta sesión hasta que se resolviera. La magistrada María Tardón se había negado a abstenerse en la vista un día antes, cuando el acusado se lo reclamó "in voce" y no por escrito, justificando que su salida de Caja Madrid se produjo mucho antes de los hechos por los que Silva investigaba a Blesa, que datan del año 2008.

El todavía juez Elpidio Silva, que se arriesga a 30 años de inhabilitación por haber encarcelado al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, amplió la semana pasada su recusación contra Tardón con petición expresa de que durante ocho días se practicasen las pruebas que proponía: un contrato adjudicado a una empresa de Gürtel durante su etapa como concejal, una sentencia relativa al exmarido de una antigua empleada de Blesa y las relaciones de Tardón con el PP tras su reingreso en la judicatura centran las peticiones de Silva, según la información facilitada por su equipo. La Sala rechazó la ampliación de la recusación contra la magistrada.

El todavía juez Elpidio Silva, que se arriesga a 30 años de inhabilitación por haber encarcelado al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, amplió ayer lunes su recusación contra la magistrada María Tardón con petición expresa de que durante ocho días se practiquen las pruebas que propone. Un contrato adjudicado a una empresa de Gürtel durante su etapa como concejal, una sentencia relativa al exmarido de una antigua empleada de Blesa y las relaciones de Tardón con el PP tras su reingreso en la judicatura centran las peticiones de Silva, según la información facilitada por su equipo.

Como desveló infoLibre la semana pasada, Tardón, que es uno de los tres miembros del tribunal que juzga a Silva, fue consejera general de la asamblea de Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa entre septiembre de 2003 abril de 2005, fecha en que se reincorporó a la carrera judicial.

Ayer, fuentes del TSJM confirmaron a este diario que Tardón cobró al menos en 2008 una cifra no desvelada por sus colaboraciones con la fundación FAES, laboratorio de ideas directamente vinculado al PP y cuyo presidente es José María Aznar, amigo de Blesa y figura clave en su ascenso en 1996 a la cúpula de Caja Madrid, donde permaneció hasta 2010. En 2008, FAES publicó un informe de Tardón titulado El estatuto jurídico de la víctima. Tardón preside la Sección 27 de la Audiencia de Madrid, especializada en violencia de género.

"Ha colaborado con FAES igual que con asociaciones de mujeres, con el Congreso, el Senado, sindicatos de enfermería y el propio Consejo General del Poder Judicial", dijo una fuente oficial del TSJM a preguntas de este diario. Como el miércoles pasado, la misma fuente reiteró su convicción de que la pertenencia de Tardón a la Asamblea de Caja Madrid junto con "otros 317 consejeros generales" que ratificaron el nombramiento de Blesa como presidente y aprobaron sus cuentas y su gestión en absoluto la coloca en una situación comprometida como miembro del tribunal que juzga a Elpidio Silva durante una vista en la que Blesa ejerce la acusación particular y que quedó suspendida el jueves.

El presidente del tribunal, Arturo Beltrán, también ha sido recusado después de que Silva, que se ha granjeado numerosas críticas por sus continuas interrupciones durante el juicio, intentase cambiar de abogado el primer día del juicio, el lunes 21 de abril. El tribunal denegó el cambio bajo el argumento de que Silva se había instalado en el fraude procesal con el único objetivo de suspender el juicio.

Tanto el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, cuya querella contra Silva ha terminado por sentarle en el banquillo, como los abogados de Blesa y Díaz Ferrán –que ejercen la acusación particular contra el procesado aunque el primero sigue imputado en el caso donde se investiga la compra de un banco de Miami por Caja Madrid y el segundo está en prisión– se oponen a que Tardón sea apartada del juicio. La Fiscalía sostiene que la recusación es una "burda" maniobra dilatoria de Silva. Son las acusaciones de Moix –prevaricación, retardo malicioso y doble delito contra la libertad individual– las que han sentado a Silva en el banquillo.

La decisión está en manos de la llamada Sala del 77 del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) y, aunque ayer se esperaba un pronunciamiento adverso para Silva, nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá, máxime tras el reguero de informaciones sobre la juez Tardón que han ido saliendo a la luz una vez constatado que perteneció al máximo órgano de gobierno de Caja Madrid.

En 2007, el Tribunal Constitucional (TC) apartó del recurso sobre el Estatut catalán al magistrado Pablo Pérez Tremps porque tres años antes había elaborado un informe retribuido sobre las posibilidades legales de Cataluña en materia de política exterior y encargado por la Generalitat.

Lo "determinante", la duda sobre la imparcialidad

Ayer, las fuentes consultadas en el TSJM reiteraron que no es equiparable el caso de Pérez Tremps con el de Tardón porque los miembros de la asamblea de Caja Madrid “no participaban en la gestión de la entidad”, que es lo que sostiene la recusada. El auto con que el TC apartó a Pérez Tremps de las deliberaciones sobre el Estatut a petición del PP recalcó que no estaba en cuestión la imparcialidad del magistrado sino la apariencia de imparcialidad.

La resolución incluye el siguiente párrafo: “Lo determinante es, exclusivamente, si una parte del proceso tiene motivo, sopesando racionalmente todas las circunstancias, para dudar de la falta de prevención y de la posición objetiva del magistrado”.

Según el equipo de Elpidio Silva, que concurre a las elecciones europeas en nombre del llamado Movimiento RED, entre las pruebas propuestas en relación a María Tardón figura la de que el TSJM averigüe si la jueza pertenece o ha pertenecido al PP tras su reingreso de 2005 en la judicatura, si paga o ha pagado cuota al partido y si la ha desgravado en su declaración anual de renta.

También ayer, la revista Interviú informó de que Tardón participó recientemente en el tribunal que modificó una sentencia absolutoria y la convirtió en condenatoria contra el exmarido de una subordinada de Blesa en Caja Madrid.

Según la revista, la mujer emprendió acciones penales contra su marido, Rafael G.-S. P., después de que este le enviara a ella misma y a Blesa una serie de correos electrónicos en los que les acusaba de mantener una relación sentimental.

Otro elemento más de la cercanía a Blesa

La publicación asegura que durante su comparecencia como testigo en ese caso, Blesa negó que entre ambos existiera ningún vínculo amoroso o sexual, pese a que varios correos electrónicos del paquete aportado por Bankia a Elpidio Silva mientras investigaba los manejos de Caja Madrid indicarían lo contrario.

En primera instancia, el exmarido resultó absuelto. En segunda instancia, y mediante una sentencia de la que fue ponente un magistrado de la misma sección que preside Tardón pero no ella misma, el acusado fue condenado a multa de 2.400 euros y a no acercarse durante seis meses y un día a su exmujer por un delito de injurias graves. La copia electrónica de la sentencia obtenida ayer por infoLibre lleva fecha de enero de 2014 –no figura el día–. La resolución dictada en primera instancia aparece datada cuatro meses antes: 30 de septiembre de 2013.

La participación de Tardón en el tribunal que en segunda instancia condenó a Rafael G.-S. P. constituye para Elpidio Silva otro elemento más que la aproxima a Blesa y lesiona la apariencia de imparcialidad.

El todavía magistrado requiere igualmente al TSJM que analice cómo afecta a Tardón el hecho de que, durante su etapa como tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid (1999-2003) adjudicara un contrato por 267.000 euros de 2001 a Special Events, piedra angular en el entramado empresarial de la red Gürtel. 

La noticia se conoció en 2005, pero entonces de Special Events sólo se conocía su relación con Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y considerado por los investigadores del caso Gürtel como el lugarteniente del grupo que medró gracias a contratos con administraciones del PP y que, en contrapartida, aceptó pagos en negro del partido durante varias campañas electorales –lo dicen la Policía y Hacienda– y entregó cuantiosos sobornos a cargos públicos de ese partido.