Paulo Casaca, eurodiputado socialista portugués hasta 2009, fue el autor del informe que aprobó el pleno del Parlamento Europeo el 23 de abril de ese año y cuyas conclusiones incluyen una negativa tajante a que la institución garantice con dinero público el pago de las pensiones “adicionales y voluntarias” establecidas para los eurodiputados del fondo voluntario de Luxemburgo cuyas inversiones gestiona una sicav. El martes, infoLibre contactó con Casaca para recabar su opinión tras la polémica generada a raíz de las informaciones de este diario sobre la existencia del fondo y de la sicav de su propiedad, creada en 1994 para gestionar las inversiones y que en Luxemburgo solo tributa el equivalente al 0,01% de sus activos netos.

Cuando Casaca supo que, pese al acuerdo adoptado por el Parlamento y que validó las conclusiones de su informe, la Mesa de la institución decidió garantizar con dinero público el pago de esas pensiones si el fondo de Luxemburgo no pudiera hacerlo por sí mismo, Casaca se pronunció con dureza. Tras una conversación telefónica, el exeurodiputado y ahora directivo del laboratorio de ideas South Asia Democratic Forum, Casaca envió un email a este diario donde sostiene que el Parlamento se ha guiado por la misma filosofía que explica por qué son los ciudadanos quienes hoy viven el “drama” de pagar “los excesos financieros del sistema bancario”.

El informe elaborado por Casaca, cuyas conclusiones quedaron incorporadas al paquete de aprobación de las cuentas de 2007 y pueden consultarse en el punto 105 de la resolución, dice lo siguiente: el Parlamento "toma nota de la intención de negociar un convenio entre el Parlamento y el fondo [de pensiones de Luxemburgo]; señala que en la actual situación económica en ninguna circunstancia proporcionará el Parlamento dinero suplementario procedente del presupuesto para cubrir el déficit financiero, como hizo en el pasado, y que, para garantizar los derechos de pensión, el Parlamento debería ejercer plenamente el control del fondo y de sus políticas de inversión".

Incorporado al Balance 2012. Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera, el compromiso de pago de la institución figura bajo el siguiente epígrafe "Comentarios sobre el balance a 31 de diciembre de 2012", exactamente en la Nota J del documento.

El texto puede leerse directamente aquí, pero en francés, dado que este diario no ha logrado localizar la versión española. Y dice así:  "Una asociación sin ánimo de lucro fue constituida en virtud del derecho luxemburgués, la [denominada] Fonds de Pension-Députés au Parlement Européen [...], donde todas las contribuciones son invertidas para asegurar el pago de pensiones complementarias. Existe no obstante una obligación general para el Parlamento Europeo de garantizar el pago de esas pensiones a los beneficiarios en el caso de que los haberes del Fondo de Pensiones no lo permitieran en el futuro".

"El público –replica Casaca– no tiene nada que ver con la gestión del fondo y no puede ser responsabilizado en consecuencia por algo sobre lo que no tiene ninguna responsabilidad", añade Casaca en castellano aludiendo a cómo si el Parlamento paga –más aún– para cubrir el déficit eso será tanto como cargar sobre los ciudadanos el peso económico de un error ajeno. Y privado.

Déficit por "operaciones especulativas"

Desde 1990 y hasta 2009, cuando se estableció un sistema único de retribuciones y sistemas de previsión, el Parlamento garantizó cada año dos tercios de los ingresos del fondo de pensiones, cuyos integrantes ya tenían garantizada una jubilación en su país gracias a las cotizaciones públicas. Sólo entre 2000 y 2009 y según datos del Registro Mercantil de Luxemburgo, la Eurocámara desembolsó 95 millones de euros. Estrasburgo se ha negado a facilitar la cuantía total de gasto público destinado al fondo.

En diciembre de 2012, el fondo de pensiones de la sicav de Luxemburgo registraba 222,7 millones de déficit actuarial. Es decir, esa era la diferencia entre sus activos o bienes y sus obligaciones totales de pago, con independencia de la fecha de vencimiento.

Casaca, que “nunca” quiso participar en el fondo y que observaba su gestión como “poco transparente, nublosa”, sostiene que el advenimiento de la crisis destapó los agujeros contables del fondo. “Fue cuando se vio que el fondo estaba implicadísimo en operaciones especulativas y que había perdido muchísimo dinero”. Y entonces, añade, “se quería que el Parlamento pagase la diferencia, pero yo no estaba de acuerdo”. Aquello, conviene, era “un privilegio”.

“La gente –argumenta Casaca en castellano– no tolera que se haga justicia en causa propia”. ¿En beneficio propio? “Exacto. Es como si yo digo que a mí me asiste una razón muy poderosa para tener esto o aquello, pero nadie lo va a comprender porque el obrero dirá que también él cree que tiene una razón muy poderosa para cobrar el doble del salario y sin embargo no puede decidir por sí mismo en su favor. Ese es el principio: no podemos juzgar, o decidir, en beneficio propio”.

Luxemburgo: bajísima tributación y secreto bancario

De los 1.113 miembros del fondo contabilizados por el Parlamento en 2008, 100 son españoles de siglas y colores diferentes. Allí compartían intereses desde Willy Meyer –exjefe de la delegación europea de IU que dimitió dos días después de infoLibre desvelase la existencia del fondo y la sicav de su propiedad– a Miguel Arias Cañete y Cristóbal Montoro, del PP, pasando por la líder de UPyD, Rosa Díez, o los socialistas Elena Valenciano y Soraya Rodríguez –ambas han causado baja en el fondo–, Josep Borrell y Enrique Barón. Este último defiende a capa y espada el sistema de pensión complementaria –para los españoles será la segunda–, la existencia de una sicav y el hecho de que Luxemburgo fuese elegido como escenario de operaciones inversoras.

País fundador de la UE, Luxemburgo presenta las características más señeras de los paraísos fiscales: bajísima tributación y secreto bancario, lo que impide que sus socios comunitarios posean información automática sobre los ciudadanos de su país que poseen allí cuentas bancarias... o fondos de pensiones. Tras años de bloqueo, Luxemburgo se ha comprometido a compartir esa información a partir de 2015.

"Tengo un buen contacto ahora que se ha ofrecido a ayudarme, al sindicato y a mí, a darme información...¿te suena E. Barón?", preguntó Bernad a su interlocutor en la llamada. Pero el periodista, que en un principio no sabía a quién se refería, dijo: "¿Cómo?". "E. Barón", repitió Bernad, que completó: "Comisario principal de Información. Estuve el otro día reunido", confesó el secretario general de Manos Limpias en referencia al comisario general de Información, Enrique Barón Castaño.

Un portavoz de la Policía confirmó a infoLibre que Barón coincidió con Bernad, aunque negó que se ofreciera a suministrar información a Manos Limpias: "Fue un encuentro, no una reunión, que tuvo que ser en marzo de 2016, se conocieron de manera casual en una cafetería, en dónde el comisario había llevado a un amigo suyo, que es el que conocía a Bernad, y que fue el que les presentó". Bernad, según este portavoz, se encontraba con otras dos personas, uno de ellas un abogado y el otro un empresario. "Fue una coincidencia y estuvieron un rato corto y mantuvieron una conversación irrelevante. Ni antes de ese momento ni después ha vuelto a tener una relación con nadie de Manos Limpias. Además, en esa época no se sabía que estaba siendo investigado", completó el portavoz policial.

Granados le propuso

Con anterioridad, Barón fue director de Seguridad de la Comunidad de Madrid en sustitución de Sergio Gamón. En la comisión de investigación de la corrupción que se sigue en la Asamblea de Madrid, uno de los guardias civiles que asesoraban a Francisco Granados llegó a acusar a Barón de ser el que "filtró" el caso de los espías a la prensa. "Con la llegada de Enrique Barón, la Dirección General alcanzó un nivel que con el señor Gamón no tenía. Se establecieron contactos con determinadas personas que los medios identificaron como procedentes de las cloacas", llegó a declarar el ex guardia civil José Oreja.

Sin embargo, el propio Barón, en su comparecencia en la Asamblea negó haber tenido conocimiento de los seguimientos a políticos del PP por parte del personal de su dirección en su etapa en la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre. "Si yo hubiera visto cualquier actividad ilegal siendo director general, pese a quien pese y me cueste lo que me cueste, yo no me voy a prensa, me voy al fiscal o al juzgado", subrayó. Barón reconoció también que fue el entonces consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Granados, quien le propuso para el cargo.

"Escrito comisario UDEF"

Pero la alusión al comisario general de Información no es la única referencia de Bernad a los agentes de la Policía. En otra conversación, grabada el 8 de abril pasado, Bernad habla con una de sus secretarias. Y la empleada le explica que en el correo electrónico del pseudosindicato habían recibido un mensaje de uno de sus abogados: "Un email de Pedro Muñoz, que dice: estimada Isabel, para su presentación ante el TS [Tribunal Supremo]".

"¿Cuál es, qué es lo que ha presentado"?, preguntó de nuevo Bernad a su secretaria, que leyó el mensaje: "Escrito comisario UDEF". "Sácamelo", completó el secretario general de Manos Limpias.

El abogado Pedro Muñoz, explica en otras conversaciones Bernad, era la persona a la que Manos Limpias había encomendado las denuncias y querellas contra Podemos y sus dirigentes, que como son diputados en el Congresos están aforados en el Tribunal Supremo.

Precisamente, el pasado 15 de julio se conoció que el Tribunal Supremo archivó la séptima denuncia presentada contra Podemos y su líder Pablo Iglesias por el supuesto pago de más de 272.000 dólares del Gobierno venezolano por su labor de asesoramiento, al considerar que los hechos denunciados, a través de un artículo periodístico, no eran constitutivos de delito.

Informe PISA

Manos Limpias fue la responsable de varias de estas querellas, y la primera de ellas la interpuso en febrero de 2015 contra Pablo Iglesias ante el Supremo, ya que el ahora diputado electo en el Congreso era entonces eurodiputado en Bruselas, por lo que estaba aforado ante ese órgano judicial.

En una de estas querellas, Manos Limpias incluyó el informe de la Udef, denominado informe PISA [del acrónimo Pablo Iglesias Sociedad Anónima], pese a lo que fue archivada en abril de 2016. El documento fue incorporado a la nueva querella sin membrete policial y sin firma.

Según informó el diario digital El Español, el entonces jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, llamó a los magistrados de la Sala del Tribunal Supremo que tenía que decidir sobre la admisión o no de la querella presentada por Manos Limpias contra Podemos para defender el documento, que incluía ente los elementos de financiación de Podemos una beca de la fundación de El Corte Inglés, tal y como desveló infoLibre. Pocos días después, el comisario Vázquez fue nombrado jefe superior de la Policía en Galicia.

El comisario Vázquez se puso "a disposición" de los magistrados y se ofreció a explicarles y aportarles todos los pormenores y documentos relacionados con la investigación de las finanzas de Podemos y el denominado informe PISA. Finalmente, fue el propio Vázquez quien remitió en febrero el informe PISA al Tribunal de Cuentas, órgano que ya había fiscalizado las cuentas de Podemos.

La querella contra Errejón

Asimismo, Bernad reconoció en su declaración tras ser detenido que una parte de la personación de la querella contra el diputado y secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, la pagó el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, también en la cárcel y que según la Fiscalía Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz podría ser el máximo responsable de la red corrupta.

A la pregunta de su abogado sobre para qué había abonado Luis Pineda parte de una fianza de Manos Limpias, Bernad especificó que se trataba "de la querella de Íñigo Errejón". "En algún momento, en el que me faltaba algo de una fianza nos ha echado una mano", dijo Bernad, que especificó que Pineda le ha llegado a "echar una mano de 1.500 o 2.000 euros".

Denuncia a Zapata

Asimismo, Ausbanc también sufragó la multa al pseudosindicato tras ser condenado por una "denuncia maliciosa" contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por tuits que había difundido años antes. 

Las acciones legales contra Podemos también fueron objeto de atención en una conversación mantenida entre Bernad y una persona identificada con el nombre de Javier: "A lo mejor conseguimos que la Sala Segunda [del Tribunal Supremo] impute a Podemos".

En la misma conversación con Javier, minutos después, Bernad explica lo que él considera "la clave" para conseguir que la formación morada fuera investigada: "ABC ha vendido una moto, porque la documentación que ha aportado en el reportaje ya la tenían en el Supremo porque nos la dio a nosotros un diputado de la oposición y nos archivaron esa querella. La que no van a poder archivar es la del régimen iraní con el informe de la UDEF. Y puede ser un bombazo".

Podemos, acusación

La formación de Pablo Iglesias ejerce la acusación popular del caso Ausbanc después de presentar un escrito en el que reclamaba al juez Pedraz que investigara quién "contrataba" las querellas contra el partido.

Con su personación, Podemos pretende, "dado su protagonismo político incluso en sede parlamentaria, aclarar quién contrataba la interposición de dichas querellas y decidía contra quiénes habían de dirigirse y con qué otros actores pudieran estar en coordinación para alcanzar y maximizar sus propósitos delictivos", explica el documento, que fue adelantado por infoLibre.

Distintas resoluciones del pleno del Parlamento Europeo, así como informes de la Comisión de Control Presupuestario de la Cámara, constatan que los eurodiputados adscritos al fondo de pensiones que aún gestiona una sicav de Luxemburgo no solo veían cómo el erario público aportaba dos euros por cada uno que salía de su bolsillo –95 millones públicos en diez años– sino que ese euro supuestamente privado era también desembolsado por el erario público como adelanto por “dietas” para gastos generales.

El contenido de las resoluciones e informes corrobora lo que varios eurodiputados le contaron este lunes a infoLibre, en línea con lo ya adelantado la semana pasada por el exparlamentario Ignasi Guardans. Al confirmar la versión de las dietas, los papeles dejan en evidencia nada menos que a uno de los tres expresidentes españoles de la Eurocámara, el socialista Enrique Barón. Junto con los otros dos expresidentes españoles del Europarlamento, el también socialista Josep Borrell y José María Gil Robles (PP), Barón lanzó ayer un comunicado en el que defiende la sicav. 

Barón, que presidía el Parlamento Europeo cuando la Mesa de la Cámara aprobó crear –y financiar generosamente– este fondo de pensiones voluntario y propiedad de una "asociación sin ánimo de lucro" dueña de una sicav, se hizo una pregunta a renglón seguido: "¿Usted se cree que los miembros de de la Mesa del PE, los responsables de los grupos políticos y los jueces del Tribunal de Cuentas son unos chapuceros? Se dicen unas cosas inauditas... Lo que pasa que todo sale gratis".

El exdirigente socialista, que concedió una entrevista al programa Hoy por hoy que dirige Pepa Bueno en la Cadena Ser, no hizo ni una sola mención al hecho de que de cada 100 euros ingresados en ese fondo 68,5 eran públicos. Y esquivó profundizar sobre el hecho de que quienes lo suscribieron –entre ellos hay 100 españoles– ya tenían garantizada una pensión de jubilación en sus países de origen.

Uno de los documentos que ata con nudo marinero el fondo de pensiones de la sicav de Luxemburgo y las dietas que los eurodiputados cobraban hasta que en 2009 Estrasburgo asumió el pago de sus salarios y su cobertura de jubilación, desgrana los acuerdos de la sesión plenaria del 22 de abril de 2008. 

Que demuestren que lo reembolsaron

En esa jornada, la Cámara aprobó la gestión de 2006. Sobre el fondo de pensiones privado y voluntario de los eurodiputados, la resolución dice lo siguiente: “Constata [el Parlamento] que la cotización mensual al Fondo por diputado ascendía a 3 354,21 euros repartidos de la siguiente forma: un tercio, es decir 1.118,07 euros, pagado por el diputado y actualmente deducido de su dieta para gastos, y dos tercios, es decir 2.236,14 euros, pagados por el Parlamento”.

En teoría, el diputado debía reembolsar ese dinero. Pero el año antes, justamente el 24 de abril de 2007 y en la sesión donde quedó aprobada la gestión de 2005, el pleno había emitido una resolución que dice así: “Pide a los miembros del Fondo de pensiones voluntario que demuestren, antes de finales del mes de noviembre de 2007, que se han reembolsado a partir de una fuente privada de ingresos las cotizaciones deducidas de la dieta de gastos generales. En otro caso, los miembros del fondo se expondrán a que se les acuse de intentar asegurarse una renta complementaria disimulada”.

Parece que el aviso de la Cámara surtió efecto. El pleno que el 23 de abril de 2009 refrendó la gestión presupuestaria de 2007 dio vía libre a un punto donde la Cámara mostraba su alegría: “[El Parlamento] Se felicita por la información según la cual, como se preconizaba en las anteriores resoluciones de aprobación de la gestión, los diputados afiliados al fondo pagan ahora su contribución, que equivale a una tercera parte de la cotización, a partir de cuentas externas privadas y no mediante una deducción automática aplicada por la administración del Parlamento a las dietas para gastos generales”.

Vinculación con el Pacto de Toledo

O sea, que a partir de 2007 y hasta que el fondo de pensiones dejó de recibir dinero público en 2009, el origen del dinero privado ya era realmente privado. De lo ocurrido antes de 2005 se sabe poco: el Parlamento no considera oportuno informar a este diario sobre asuntos que, como este, fracturan el cliché de transparencia que siempre ha acompañado a la Cámara de Estrasburgo.

Tras negarse a hablar con este diario la semana pasada y expresar ayer martes una especie de júbilo oficial porque “por fin” podía defender su posición, Barón aseguró en la Ser que señalar esas dietas –que en teoría cubrían gastos de papelería y teléfono, entre otros– como origen del tercio aportado por cada eurodiputado del fondo es “una de las barbaridades que se han dicho”. Tras la entrevista, infoLibre intentó de nuevo sin éxito hablar con Barón. Luego, envió por una pregunta a su secretaria con el ruego de que se la hiciera llegar: si el dinero no salía de las dietas, ¿podría explicar cuál era su origen? No hubo respuesta.

Muy satisfecho del fondo –materializado a través de una asociación “sin ánimo de lucro” que a su vez posee todas las acciones de una sicav homónima–, Barón vinculó su creación nada menos que con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Pero el fondo fue aprobado por el Parlamento bajo el mandato presidencial de Barón el 12 de junio de 1990 con efectos de 1989. Y el Pacto de Toledo no vio la luz hasta marzo de 1995. “El Pacto de Toledo –argumentó Barón- recomienda que además de la cobertura para todos los ciudadanos aquellos que quieran mejorar su situación tengan un fondo de pensiones […]. Es una forma de ahorro. No es una inmoralidad”.

Las diferencias con el fondo de las Cortes Generales

El antiguo eurodiputado también trazó una analogía entre el fondo privado de pensiones que Congreso y Senado mantuvieron (y que gestiona el BBVA) y el que “tienen los funcionarios españoles”. A ese fondo privado de pensiones destinado a diputados y senadores liquidado en 2012, las Cortes Generales aportaban el 10% de la llamada asignación constitucional, mientras que el Parlamento Europeo copó el 68,5% de los ingresos totales del fondo, al menos entre 2000 y 2009.

En enero, la prensa económica informó con detalle de cómo la aportación de dinero públicos al fondo privado de los funcionarios permanecía congelada. En el mejor de los casos, y aunque se produjese un deshielo, esa aportación solo habría llegado a un 0,7% de la masa salarial y siempre que la masa quedase rebajada en ese mismo porcentaje.

Porque lo contrario –explicó el diario Expansión– implicaría una subida encubierta de retribuciones. Dado que no pudo hablar con él, este diario ignora si Enrique Barón conoce la abismal diferencia porcentual que media entre los fondos de pensiones de funcionarios y el de los eurodiputados.

Tras una semana que registró la dimisión del portavoz de IU en la Eurocámara, Willy Meyer, varios anuncios de bajas en el fondo por parte de socialistas –de Elena Valenciano a Soraya RodríguezSoraya Rodríguez–, un contradictorio discurso de la líder de UPyD, Rosa Díez, antes detractora de las sicavs y ahora partidaria de su normalización, y una silenciosa satisfacción en el PP –sabe que esta no es su guerra–, el Parlamento Europeo permanece varado en la opacidad.

Estrasburgo se niega a dar la lista

Pese a que Barón insistió ayer en que el fondo es “del Parlamento y no privado”, Estrasburgo lleva diez días negando a este diario la lista oficial de componentes del fondo bajo el argumento de que se trata de una iniciativa privada que la Cámara “aceptó apoyar” con dinero.

Tampoco es pública la información sobre el coste total que para el Parlamento Europeo ha implicado financiar desde 1990 y en dos tercios el fondo y, por ende, su sicav, un 70% de cuyos activos llegaron a estar invertidos en acciones. Los únicos datos sin sombra de duda sobre su fiabilidad y que infoLibre ha logrado obtener son aquellos que se encuentran disponibles en el Registro Mercantil de Luxemburgo.

Los tres presidentes españoles que ha tenido el Parlamento Europeo, Enrique Barón (PSOE), José María Gil Robles (PP) y José Borrell (PSOE) han lanzado un comunicado en el que defienden el fondo de pensiones para europarlamentarios creado en 1990 y gestionado por una sicav en Luxemburgo, cuya existencia fue desvelada por infoLibre. 

En la nota, los tres expresidentes señalan que lo que definen como "fondo voluntario de pensiones como ahorro" se constituyó en la legislatura de 1989 "a propuesta de la mayoría de la Cámara", pues antes de la creación del Estatuto del Diputado Europeo (que entró en vigor en 2009) , los europarlamentarios "no podían acogerse al sistema comunitario de pensiones aplicable desde el presidente de la Comisión al último de los funcionarios, a cargo del Presupuesto comunitario" y tenían "el régimen estatutario de sus respectivos Parlamentos". No obstante, los europarlamentarios españoles sí tenían garantizada una pensión de jubilación con cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por el Congreso de los Diputados.

Asimismo, Barón, Gil Robles y Borrell señalan que el fondo es una "asociación voluntaria sin fin de lucro de Derecho luxemburgués" y que su Consejo de Administración está constituido por diez miembros, cinco elegidos anualmente por sus afiliados, tres por la Mesa del Parlamento Europeo, un representante a propuesta del Banco Europeo de Inversiones y un experto y que sus cuentas "son auditadas anualmente por el Tribunal de Cuentas Europeo". No explican, sin embargo, que desde 1994 ese fondo se articuló a través de una sicav, un tipo de compañías para grandes capitales que en Luxemburgo solo tributa el 0,01% de los activos netos del fondo y está exenta del impuesto de sociedades. La gestión a través de la sicav hizo que al cierre de 2012 el abono por tributos de esta compañía fuera de 59,13 euros para una contabilidad de 164,7 millones de euros en activos. 

Sí señalan que la secretaría del fondo está en la sede del Parlamento Europeo y que su actual presidente es el exdiputado británico Richard Balfe. 

En el comunicado, tampoco explican que hasta 2009 ese fondo fue cofinanciado con dinero público, pues las aportaciones al fondo, según confirmaron a infoLibre portavoces oficiales de la Eurocámara, se regían por el siguiente sistema: por cada dos euros que depositaba cada inquilino de un escaño, el Parlamento aportaba otro. De hecho, entre 2000 y 2009, el Parlamento Europeo inyectó al fondo más de 95 millones de euros.

Otro de los asuntos que pasan por alto Barón , Gil Robles y Borrell es el hecho de que parte de los eurodiputados que formaban parte del fondo de pensiones utilizaban fondos públicos para financiar su aportación teóricamente privada, tal y como aseguraron algunos de ellos a este periódico.