El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una nueva pieza de investigación respecto de las entidades ING Bank, Caixabank, Ibercaja, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucursal en España por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la presunta actividad delictiva de esta última, informa Europa Press.

Por otro lado, el juez ha archivado la causa respecto a Conde-Pumpido Varela -hijo del exfiscal General del Estado- y otras cuatro personas que estaban siendo investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales relacionados con esta entidad.

Por contra, envía a juicio a otras diez personas por esta causa, que investiga al banco pantalla Bandenia, dedicado al movimiento internacional de divisas para ocultar al fisco a los verdaderos titulares de los capitales, según la instrucción realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Por lo que respecta a la nueva pieza, que el juez denomina Bandemia-blanqueo, tiene relación según el auto dado a conocer este viernes con el magistrado con la gestión de cuentas corrientes de Bandemia abiertas en las tres entidades bancarias citadas.

El banco holandés ING ha vendido su centro telefónico de atención al cliente, a Servinform, una empresa sevillana especializada en externalización de servicios. La venta de la unidad de negocio incluye el traspaso de sus 157 trabajadores, que dejarán de depender de ING el próximo día 16. La operación ha suscitado las protestas de los afectados, a los que se les mantendrá el sueldo base y la antigüedad, pero perderán todos los beneficios sociales establecidos en el convenio de bancaconvenio de banca, que hasta ahora les era aplicable, pues les corresponderá el convenio de telemarketing o el de oficinas y despachos, con peores condiciones. Así, dejarán de ingresar entre 4.000 y 5.000 euros al año tras quedarse sin aportación a su plan de pensiones, seguro médico y otros incentivos, explican fuentes del comité de empresa.

Además, ING ha anunciado la medida a los pocos días de publicar unos beneficios ordinarios antes de impuestos de 214 millones de euros en 2018, un 44% más que el año anterior. El comité de empresa teme que la venta del call-center sea sólo el primer paso de una estrategia que también afectará a otros departamentos, en concreto al de calidad y al de negocios. El año pasado ya fue externalizado el servicio de recepción, que concluyó con cinco despidos y la subrogación de una empleada. Y ya antes ING había vendido los servicios generales y casi todo el departamento de calidad. Además, más del 30% del personal que trabaja en la sede de ING en Las Rozas (Madrid) es “personal externo”, subcontratado, que trabaja codo con codo con la plantilla del banco, pero con peores condiciones, denuncia el comité, que también protesta en una nota interna por el hecho de que la negociación con Servinform se ha desarrollado “con el máximo secreto posible”.

Los representantes de la plantilla quieren convocar una huelga la próxima semana e incluso están estudiando presentar una demanda por cesión ilegal de trabajadores contra el banco. El año pasado un acuerdo de última hora con los trabajadores hizo desistir a éstos de seguir adelante con la demanda de conflicto colectivo que habían interpuesto en la Audiencia Nacional contra la entidad por no respetar los horarios del convenio sectorial.

Los 157 empleados afectados por el traspaso a Servinform son gestores “muy especializados y altamente cualificados”, empleados de banca, no teleoperadores, precisan a infoLibre fuentes el comité de empresa, del sindicato CCOO. La mayoría llevan más de una década trabajando para ING. Sus sueldos pueden alcanzar los 40.000 euros brutos al año, mientras que los del convenio de telemarketing el sueldo base no llega ni a 15.000 euros en la categoría de teleoperador. Los niveles del convenio de oficinas y despachos son incluso inferiores.

Como el resto de los trabajadores del sector financiero, los gestores telefónicos de ING están ahora adaptándose a la directiva Mifid II, que les exige no sólo competencias sobre los productos que venden sino también conocimientos sobre los derechos del consumidor. Por eso están realizando cursos de formación y pruebas de aptitud. La CNMV exige un mínimo de 80 horas para el personal que ofrece información sobre créditos e hipotecas, y 150 horas para los asesores. En el caso de los gestores telefónicos de ING, no todos han concluido los cursos y pasado los exámenes, asegura el comité de empresa. Y ahora no saben si Servinform les proporcionará la formación necesaria o en qué condiciones.

Para mejorar la organización

Este periódico ha preguntado a la empresa de outsourcing por la operación con ING, las condiciones laborales de sus nuevos trabajadores y los cursos Mifid, pero ha declinado responder. Por su parte, un portavoz del banco holandés explica que la venta del servicio de atención telefónica es “un paso más que busca estar mejor organizados y ser más eficientes”. ING dice que los trabajadores externalizados “mantendrán los derechos y obligaciones laborales, entre otros antigüedad y salario, tal y como dice el Estatuto de los Trabajadores”. Pero no facilita el precio por el que ha vendido la unidad de negocio ni precisa qué va a ocurrir con la formación de estos empleados. “La relación con nuestros clientes a través del call center ha sido clave para ING desde el principio”, añade el portavoz, quien asegura que más del 90% de las llamadas recibidas se atienden ya a través de “colaboradores externos”.

Según cifras de la propia empresa, en 2018 los gestores telefónicos consiguieron 2.500 millones de euros gracias a un total de 15.876 hipotecas. El consejero delegado de ING, César González-Bueno, reveló en la presentación de resultados del banco el pasado 21 de febrero que sus clientes llaman al call-center una vez cada seis mesescall-center y van a las oficinas una vez cada tres años. La entidad holandesa cuenta con 29 sucursales repartidas por toda España y con una plantilla que al cierre de 2017 ascendía a 1.286 empleados, tal y como consta en el anuario estadístico de la patronal bancaria. Fue en esa misma presentación donde González-Bueno anunció el récord de beneficios. También presumió de una morosidad de las más bajas del mercado, del 0,85%. Con 3,9 millones de clientes, ING aumentó en 2018 un 14% sus ingresos, hasta 616 millones de euros. Los depósitos crecieron un 3% y los créditos, un 14%.

Precedentes

Antes que ING, Bankia externalizó entre abril y diciembre de 2013 seis de sus unidades de negocio, cuando estaba en pleno proceso de reducción de plantilla tras el rescate europeo. Fueron traspasados un total de 616 trabajadores a Accenture, IBM, Manpower, Grant Thornton y Promontoria. Pero los tribunales pusieron en entredicho estos acuerdos tras ser denunciados por los trabajadores afectados. Además, la Audiencia Nacional tumbó otro acuerdo similar por el que Banco Mare Nostrum (BMN) externalizó su área de Operaciones a una filial de Accenture, Energuia Web. El pacto establecía recortes salariales de hasta el 35%, el aumento de la jornada anual, la reducción de los días de vacaciones y la supresión del plan de pensiones, entre otras rebajas, para 150 trabajadores cedidos.

La Audiencia Nacional dictaminó que tal acuerdo era “un pacto frontalmente opuesto a la normativa nacional y comunitaria” que “persigue un fin prohibido por el ordenamiento”: alterar el derecho al “mantenimiento de las condiciones contractuales y convencionales de los trabajadores cedidos [a Energuia Web]”. Los argumentos de la Audiencia Nacional, apoyados en la normativa de la Unión Europea y en jurisprudencia del Tribunal Supremo, coincidieron con los esgrimidos por los juzgados de lo Social, de Barcelona y Valencia, que anularon las externalizaciones de Bankia: la ley prohíbe modificar las condiciones laborales de los trabajadores antes de que sean cedidos a la nueva empresa. Tiene que ser ésta la que negocie después con sus empleados recién adquiridos el cambio de convenio colectivo y los recortes salariales. Justo lo contrario de lo que hicieron Bankia, BMN y ahora ING con sus externalizaciones.

Santiago Alonso, responsable del sector de telemarketing de CGT, que tiene la mayoría en el comité de Servinform, subraya que el acuerdo para traspasar a los trabajadores de ING es “ilegal”. “Son gestores financieros, no teleoperadores, y deberían seguir teniendo el convenio de banca”, advierte. Esta misma empresa también se hizo en su día con el servicio de atención telefónica del Banco Popular, hoy integrado en el Santander, explica Alonso, que critica la “tradición negativa para los trabajadores” de Servinform. “ING ha contratado a la peor subcontrata posible”, resalta.

Multas y 'bonus'

“Para justificar la venta sólo nos han dicho que era el momento de hacerlo desde el punto de vista operativo”, apuntan las fuentes del comité consultadas, “y que la decisión se ha tomado en Holanda”. En 2018 ING tuvo que pagar una multa de 775 millones de euros tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía holandesa por incumplir los controles para evitar que los clientes utilizaran sus cuentas a fin de blanquear dinero. Una de las causas de la falta de supervisión adecuada fueron la falta de gasto de personal en el departamento holandés responsable de esa tarea. Como consecuencia de esa sanción, que lastró sus resultados en 2018 y supuso un fuerte perjuicio para la reputación del banco, dimitió el director financiero, Koos Timmermans y el resto de la ejecutiva de ING renunció a sus bonusbonus. Pero también los ha suprimido para el resto de la plantilla, lamenta el comité español.

El año pasado, además, el Banco de España multó igualmente a ING, en esta ocasión con 450.000 euros, por una infracción muy grave: “incumplir el deber de veracidad informativa debida a sus socios, depositantes, prestamistas y al público general”. Según explicó entonces el banco a Europa Press, se produjo un “error técnico” por el cual ING envió a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (Cirbe) “solicitudes automáticas de información” sobre clientes que querían contratar algún producto financiero. ING dice que no obtuvo “beneficio alguno” con estas peticiones.

Los bancos adscritos a la Asociación Española de Banca (AEB) registraron un beneficio atribuido de 10.168 millones de euros en los nueve primeros meses de 2017, lo que supone un 12,4% más que en las mismas fechas del año anterior, ha informado Europa Press.

Estas entidades incrementaron su margen de intereses en un 5,1% al alcanzar los 44.065 millones de euros, con una reducción del 6,5% de los costes financieros, de acuerdo con los datos de la patronal bancaria.

El margen bruto del conjunto de estos bancos creció a un ritmo del 4% anual, en los 63.889 millones de euros, mientras que los gastos de explotación crecieron menos de un 1% anual.

El resultado de la actividad de explotación de las entidades de la AEB se situó, tras dotaciones y provisiones, en unos 18.265 millones de euros, lo que implica un 12% más.

Crecen los depósitos a clientes

Los depósitos a la clientela se situaron en 1,4 billones de euros, lo que implica un crecimiento del 2,7% anual, mientras que los créditos fueron de 1,5 billones de euros, con una reducción del 1%.

Así, la ratio de préstamos sobre depósitos se sitúa en el 108%, cuatro puntos porcentuales menos que hace un año, continuando con la tendencia descendente de los últimos ejercicios.

El conjunto de estos bancos situó su morosidad en el 4,7%, frente al 5,8% de las mismas fechas de un año antes, si bien la patronal aclara que está calculada con un perímetro distinto, dado que la del año anterior estaba calculada teniendo en cuenta al Popular.

La ratio de solvencia de estos bancos, por su parte, se situó en el 12,2% medida según los requerimientos de Basilea y en el 11% en términos de CET1 fully loaded.

Los inversores presentaron en 2016 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un total de 1.205 reclamaciones, de las que casi el 90% tenían por objeto los bancos: por sus manos pasa el grueso de los ahorros de los españoles. Y en el 51,3% de los casos el organismo regulador dio la razón a los clientes.

Según la última memoria elaborada por la CNMV, se tramitaron 743 denuncias, la mitad que en 2015 y el 16% de las que debieron estudiarse en 2014 –4.520–. La cifra se encuentra a años luz de las 10.900 recibidas –y 5.724 tramitadas– en 2012, cuando estalló el escándalo de las preferentes.

La mayoría de las reclamaciones se refieren a irregularidades en la información que los bancos facilitan a los clientes sobre los productos financieros que intentan venderles –el 26%– y en la evaluación por parte de la entidad de la idoneidad de los inversores para adquirir esos productos. También el cobro de comisiones acumuló un 11,3% de las quejas. Por lo que respecta al tipo de producto financiero, el 34% de las denuncias tenía por objeto “instituciones de inversión colectiva”; es decir, fondos y sociedades de inversión.

El informe analiza también las reclamaciones que los inversores presentan en los servicios de atención al cliente y defensores del cliente de los bancos. Son muchas más: 14.173 referidas sólo al mercado de valores, que son sobre las que tiene competencia la CNMV. De ellas, las entidades admitieron 9,299, pero los servicios de atención al cliente resolvieron a favor del inversor sólo el 27,8% y los defensores del cliente menos aún, el 23,7%. Es decir, la CNMV da más la razón a los consumidores –el doble, en realidad– que los servicios de atención de los bancos.

En cualquier caso, la memoria destaca que sólo un mínimo número de las quejas presentadas en los servicios de atención al cliente de los bancos se reiteran después ante la CNMV. Apenas 560 de las 14.173 registradas en 2016, sólo un 4%.

Además, el organismo que preside Sebastián Abella trasladó el 3,2% de las reclamaciones al Banco de EspañaBanco de España y un 1,2% a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía.

El 100% en contra: Catalunya Banc

Las entidades que mayor número de reclamaciones recibieron el año pasado son también las que mayor volumen de clientes tienen. Del Banco Santander la CNMV resolvió 133 quejas; del BBVA 106, del Banco Popular, 75; de Bankia, 75, y de Caixabank, 59. Pero, porcentualmente, el ránking cambia. En los casos de Catalunya Banc, Banco Popular-e y Deutsche Bank, la CNMV resolvió en su contra entre el 70% y el 100% de las quejas que atendió. Las ocho reclamaciones tramitadas sobre Catalunya Banc, antes de ser adquirido por el BBVA, terminaron en informes a favor de los clientes. Lo mismo ocurrió con 13 de las 14 denuncias contra el BancoPopular-e y con cinco de las siete cursadas contra Deutsche Bank. Contra Caixabank se pronunció en el 62,3% de los casos, y contra el Santander, en el 56,7%.

Por el contrario, las 10 reclamaciones tramitadas contra Abanca fueron resueltas a favor de la entidad gallega, y de las 13 estudiadas contra el holandés ING, sólo resultaron desfavorables cuatro.

La memoria resalta el aumento del número de ocasiones en que el banco acepta la pretensión del cliente o llega a un acuerdo con él. Así, la entidad más diligente en este aspecto fue Bankia, tras dar la razón a sus clientes en 15 ocasiones y cerrar un acuerdo con otros nueve de ellos. Banco de Sabadell cerró del mismo modo un total de 19 casos, BBVA lo hizo en otros 12 y el Santander en 11 más. Por el contrario, ING, Self Trade Bank, Bancopopular-e y Catalunya Banc no llegaron a ningún acuerdo con sus clientes en todo el año.

Los informes motivados que elabora la CNMV con cada reclamación admitida no tienen carácter vinculante. Sin embargo, cuando el dictamen da la razón al inversor, el organismo requiere al banco para que en el plazo de un mes conteste si acepta el informe y si va a rectificar o no. En el 45,8% de los casos, las entidades aceptaron la resolución de la CNMV, un considerable aumento respecto al escaso 7,3% de 2014, destaca la memoria.

Aun así, el organismo revela que en cuatro expedientes –dos del Banco Santander, uno de Bankinter y otro de ING—las entidades no le remitieron las alegaciones que les había pedido, lo que tacha de “mala práctica”.

Servicios de atención al cliente

Los servicios de atención al cliente de Bankia fueron los que mayor número de quejas recibieron el año pasado. Un total de 4.209, casi el doble de las 2.644 recibidas por el Santander y de las 2.053 presentadas al BBVA, pese a que el número de clientes de estos dos grandes bancos es mucho mayor. Al Defensor del Cliente acuden muchos menos inversores: sólo 248 al de Caixabank, el que más trabajo tuvo el año pasado, y 144 el de BBVA. No obstante, las quejas presentadas contra la entidad catalana representan el 42% de las reclamaciones recibidas por todos los defensores del cliente en 2016.

También fue Bankia la entidad que más denuncias desatendió, 1.170, seguida del Santander –248– y del BBVA –231–. Pero porcentualmente Liberbank es el banco que más quejas rechazó, un 30,7%, junto con el Banco Castilla-la Mancha—30,4%–, integrado en Liberbank, y del Banco Popular –29,9%–.

La memoria también clasifica los servicios de atención al cliente por su capacidad de resolución. Los que más reclamaciones dirimieron son los del Banco Santander, el BBVA y Bankia. Pero las entidades que más dictaminaron a favor de sus clientes fueron otras de mucho menor tamaño: Evo Banco les dio la razón en el 78,3% de los casos, BNP Paribas en el 66,7% y Uno-e Bank –integrado en el BBVA– en el 61,5%. En el otro extremo de la clasificación destaca Bankia, que sólo resolvió a favor del cliente en el 21,4% de las quejas; Banco Santander, en el 20%, y Banco Popular, en el 18,7%.

Los defensores del cliente más favorables a los inversores fueron el de Deutsche Bank –47,4%– y el del Banco Sabadell –44,4%–. Por el contrario, el menos inclinado a dar la razón al consumidor fue el de Caixabank –en sólo un 6,3% de los casos–, curiosamente el que mayor número de quejas recibe en toda España.

Numerosas consultas, no demasiada información

Además de reclamaciones, la CNMV recibe consultas de los inversores, un total de 8.028 en 2016. La mayor parte de ellas se referían a la devolución a los accionistas minoritarios de Bankia del dinero invertido en la salida a Bolsa de la entidad, que investiga la Audiencia Nacional. De ese reintegro quedaron excluidos los inversores que compraron acciones en el mercado secundario, después de la salida a Bolsa de la entidad.

Pese al interés suscitado por la cuestión, la respuesta del organismo regulador fue en todos los casos que carece de competencias para pronunciarse sobre el acuerdo ofrecido por Bankia a sus clientes o sobre las compensaciones económicas recibidas por éstos.

Parecida contestación recibieron los inversores que preguntaron a la CNMV sobre las sociedades de inversión chipriotas inscritas en los registros oficiales del organismo pero sin sede permanente en España: para resolver sus reclamaciones deben acudir a la institución competente de Chipre.

Finalmente, la CNMV reconoce que son “numerosos” los escritos donde se le solicita información sobre los procedimientos sancionadores que tramita. Una información que el regulador deniega siempre por su carácter reservado y confidencial.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha requerido a 41.200 empresas para que devuelvan las bonificaciones de las que se beneficiaron en el pago de cuotas a la Seguridad Social por formar a sus trabajadores. Tras cruzar la vida laboral de estos empleados/alumnos con los datos que de ellos posee la Seguridad Social, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae, la antigua Fundación Tripartita), encontró irregularidades en 68.910 empresas, a las que en enero reclamaba un total de 31,25 millones de euros por esas subvenciones de cuotas indebidamente aplicadas en 2015. Cuatro meses después, el pasado mayo, el Ministerio de Empleo remitió al senador de Podemos Óscar Guardingo Martínez el listado de las empresas a las que se les reclama la devolución de las bonificaciones. En una respuesta escrita, se incluyen los nombres de esas 41.200 empresas, entre las que figuran algunas de las principales compañías del país: Mercadona, Inditex, Ikea, Vodafone, Mapfre, Telefónica, Renault o ING, por ejemplo.

Las afectadas que en enero recibieron el resultado de “no conforme” pudieron presentar alegaciones, pues no siempre se trata de ilegalidades. De hecho, la CEOE asegura que en el 25% de los casos se trata de “meras cuestiones formales”, de errores que se subsanan. De ahí, la variación en el número de empresas del primer listado al segundo. La ley establece que sólo pueden participar en estos cursos asalariados que coticen en concepto de formación profesional –es con esta cuota, el 0,7% de la nómina, con lo que se financian–. De los 2,37 millones de trabajadores inscritos para formarse con cargo a sus empresas, 30.035, el 1,27%, incumplían este requisito básico, según el informe elaborado en enero por la Fundae. La mayoría –11.229– figuraban en una empresa distinta a la comunicada a la fundación, otros cobraban prestaciones de desempleo, no estaban dados de alta en la Seguridad Social, e incluso 4.727 eran en realidad autónomos.

Mientras la patronal defiende que la formación bonificada es la que mejor funciona, porque nadie mejor que las propias empresas conocen sus necesidades, los sindicatos sitúan el grueso del fraude en las empresas más pequeñas y en las llamadas “entidades organizadoras”, consultoras de formación que también ayudan a las pymes a gestionar sus créditos. El 61,5% de las empresas que optaron en 2015 por este tipo de cursos tenían menos de cinco trabajadores. Pese a que la mayoría de las empresas del listado remitido por Empleo son, en efecto, sociedades limitadas, también aparecen algunas de las mayores compañías de la economía nacional. Así, a las ya citadas, se les añaden Repsol y Unión Fenosa entre las energéticas; grandes del automóvil como Peugeot, Volvo, Scania, Man, Mercedes Benz, Nissan y Volkswagen; las mayores constructoras, Ferrovial, ACS, Acciona, FCC, e Ibercaja, Bankinter, Cofidis y BNP Paribas en el sector financiero.

Clubes de fútbol, 'El Mundo', Aguirre Newman

Llama la atención también la profusión de clubes de fútbol. Empleo reclama dinero al FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Getafe, el Rayo Vallecano, el Villarreal y el Éibar entre los de Primera División. Entre los de Segunda, a la Unión Deportiva Almería y al Huesca. Incluso la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y la Sociedad Española de Fútbol Profesional, que también preside Javier Tebas, tendrán que devolver las bonificaciones indebidamente aplicadas a las cuotas de sus trabajadores. El Joventut de Badalona de baloncesto figura igualmente en el listado remitido por Empleo.

Los mayores grupos de comunicación deberán igualmente ajustar cuentas por los cursos de formación que impartieron a sus empleados en 2015. Atresmedia –Antena 3, La Sexta, Onda Cero–; Comeresa Prensa, la sociedad instrumental encargada de tecnología, producción y sistemas del grupo Vocento –Abc, El Correo Español, El Norte de Castilla–, Unidad Editorial –El Mundo, Marca, Expansión– y Ecoprensa, que edita El Economista, aparecen en la lista de empresas. Como también dos periódicos del grupo Prensa Ibérica, Faro de Vigo y La Provincia, Diario de Ibiza, Última Hora, Diario de Navarra y el digital Vozpopuli.

Las farmacéuticas Grifols, Novartis y Boehringer Ingelheim, se suman a otras compañías como Deoleo –líder mundial en aceite de oliva–, la cementera Cemex Latam, la ingeniera Carbures, Bridgestone –neumáticos–, las tecnológicas Samsung y Ericsson, Gamesa, marcas de consumo como Freixenet, Segura Viudas, Bimbo y Panrico, Swarovski, Tous, Naturhouse, la inmobiliaria Aguirre Newman…

De la seguridad 'low cost' a los VTC y la ONCE

Además de a dos de las firmas de Miguel Ángel Ramírez, empresario canario de la seguridad privada low cost, Seguridad Integral Canaria, Ralons y Marsegur, a la líder del sector Prosegur le reclama Empleo que devuelva bonificaciones indebidamente aplicadas. O, con una actividad mucho más sofisticada, a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, a Bolsas y Mercados Españoles (BME) e incluso a AIAF Mercado de Renta Fija y a Iberclear, la empresa que registra compensa y liquida los valores que cotizan en los mercados.

Ares Capital, la empresa que mayor número de licencias de VTC –la competencia de los taxistas– posee en España, también ha sido requerida por Empleo. Es el caso igualmente de Ilunión, empresa de la ONCE para insertar personas con discapacidad. Y de las sociedades de estiba y desestiba de los puertos de Cádiz, La Luz, Gijón, Sevilla y Tarragona.

Aparte de las empresas, pidieron descuentos para formar a sus plantillas pero no los aplicaron correctamente organizaciones como Greenpeace, la catalana Òmnium Cultural y Cáritas Diocesana u órdenes religiosas como los Legionarios de Cristo. El PACMA (Partido Animalista) figura en la lista al lado de colegios profesionales como los de economistas, veterinarios, marinos mercantes o censores de cuentas.

Finalmente, organizaciones empresariales locales y provincial han tenido el mismo problema que Unespa –la patronal del seguro–, el Gremio de Editores de Cataluña, la UGT catalana y la de Aragón o CCOO en Murcia y La Mancha. Varias cámaras de comercio, denominaciones de origen y cofradías de pescadores aparecen en el listado, pero también la Autoridad Portuaria de Marín y Pontevedra, y el Ente Público Portos de Galicia. O sociedades municipales como la EMT –autobuses de Madrid–, la de Vivienda de Gijón y el Metro de Bilbao.

Cada vez menos empresas interesadas

En 2015 un total de 372.337 empresas obtuvieron descuentos en sus cotizaciones a la Seguridad Social por la formación que querían impartir a sus empleados. En 2016 los han solicitado sólo 368.418 empresas, lo que supone un descenso del 21,8% desde 2014. Sólo los Permisos Individuales de Formación (PIF), que la empresa autoriza y paga a los trabajadores que quieren hacer un curso, sufrió un desplome del 42,5% entre 2015 y 2016.

La CEOE culpa de la caída del interés de las empresas por este tipo de formación a la reforma de 2015, que ha aumentado la inseguridad jurídica y los controles burocráticos, además de extender la exigencia de cofinanciación a las pymes de menos de 10 trabajadores: ahora deben aportar el 5% del coste. Antes sólo se requería un 10% a las empresas de entre 10 y 49 trabajadores, el 20% a las de 50 a 249 empleados y el 40% a las que sobrepasaban esa plantilla.

Este jueves la junta de acreedores de TP Ferro, la empresa que construyó y explota el AVE entre Figueres (Girona) y Perpiñán (Francia), rechazará la última propuesta de Pérez y su socio, la francesa Eiffage, para evitar la liquidación. Así que ACS, la constructora de Florentino Pérez, y la firma gala ya han redactado una demanda ante un tribunal de arbitraje internacional por la que piden una indemnización de 485 millones de euros a los estados español y francés, según informa El Confidencial.

No es la primera demanda que ambas empresas han presentado para resarcirse de las pérdidas del negocio. Y es que TP Ferro entró en concurso de acreedores en marzo de 2015, cuatro años después de haber sido inaugurada la línea del AVE. Su escaso tráfico le impide cubrir una deuda que asciende a 460 millones de euros. Por lo que ACS y Eiffage quieren activar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, como ya hiciera Florentino Pérez con el proyecto Castor: el Estado debe indemnizarles por los daños e incluso hacerse cargo de la infraestructura.

Pues bien, ya en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero inyectó 128 millones de euros en TP Ferro y amplió tres años el periodo de la concesión para compensarle por los retrasos en la puesta en marcha de la línea. La firma hispano-gala había conseguido la adjudicación en 2003, con el Ejecutivo de José María Aznar. La inversión inicial para construir los 44,4 kilómetros del tramo del AVE ascendía a 1.000 millones de euros, de los cuales 636 millones procedían de fondos públicos comunitarios. El resto lo pusieron con sus créditos BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, ING, Royal Bank of Scotland y hasta una veintena de entidades. La línea incluía 8,3 kilómetros de túnel bajo los Pirineos, una obra puntera de ingeniería. El coste inicial terminó disparándose hasta los 1.200 millones de euros.

Después, con los ingresos en caída libre, TP Ferro no dudó en reclamar ante un tribunal de arbitraje 93 millones de euros de compensación y 350 millones de sobrecostes, que el laudo le negó. También exigió 100 millones de euros en ayudas a fondo perdido, que Fomento no le concedió.

Ahora, sin embargo, y para mantener activo el servicio, el ministerio y su equivalente francés se ven abocados a hacerse cargo de la línea y el magnífico túnel por su carácter “estratégico y único”. Es decir, el Estado –por tanto, los contribuyentes– tendrá que asumir la gestión de una infraestructura deficitaria.

Entre los acreedores de Florentino Pérez no sólo se encuentran los bancos citados, sino también los fondos de Avenue Capital, Bluemountain Capital, Bank of America y Neuberger Berman que, a la búsqueda de negocio,compraron a los prestamistas parte de la deuda.

Un contrato de 111 millones sin concurso público

Otro tanto ocurrirá con la desaladora de Escombreras (Murcia). Fue construida por Hydro Management en 2006 y explotada por Tedagua, ambas pertenecientes al grupo ACS, sin que mediara concurso público alguno. El contrato estipula una duración de 25 años. La planta costó 111 millones de euros. Estaba destinada a suministrar agua potable a 26 municipios, pero en 2013 sólo abastecía a tres: Cartagena, Torre Pacheco y Murcia. También iba a ser la fuente de la que iba a beber Novo Carthago, un complejo urbanístico de 10.000 viviendas, dos campos de golf y hoteles que a día de hoy no sólo no existe sino que, además, llevó a los tribunales por corrupción a la exalcaldesa de Cartagena y senadora del PP Pilar Barreiro.

Como la desaladora nunca ha superado el 20% de su capacidad de producción y el Gobierno murciano, además, ha incumplido reiteradamente los compromisos de pago con las sociedades de Florentino Pérez, éste le ha reclamado en los tribunales no sólo las facturas sino también 600 millones de euros, de los cuales 200 millones corresponden al “lucro cesante”, por el dinero que la empresa ha sido incapaz de ganar.

Según el informe de fiscalización de las cuentas autonómicas elaborado por el Tribunal de Cuentas, en 2013 la planta sólo produjo 4,07 hectómetros cúbicos. En 2015 ha alcanzado los 7,84 hectómetros cúbicos, muy lejos aún del mínimo de 10,06 necesarios para que la empresa abandone las pérdidas. En el último ejercicio cuyas cuentas el órgano ha podido fiscalizar, 2013, la desaladora cerró con unos números rojos de 13,24 millones de euros. Y, según el Tribunal de Cuentas, esos resultados no van a mejorar “en tanto no se alteren las condiciones sobre las que se desarrolla el actual modelo de gestión de la planta”, puesto que “las obligaciones de pago y compromisos asumidos por Desaladora de Escombreras [la empresa pública creada para amparar el proyecto] en los contratos de arrendamiento, operación y mantenimiento […] son muy superiores a la cifra de negocio alcanzada por la sociedad”. Esos compromisos de pago, que Florentino Pérez exige al Gobierno murciano, ascienden hasta 2034 a 445,56 millones de euros, calcula el Tribunal de Cuentas.

Además, el Ejecutivo autonómico ha pagado ya a la empresa 72 millones en transferencias corrientes y de capital, y 18 millones más en acciones y para restituir desequilibrios patrimoniales.

Mientras tanto, la desaladora es objeto de una comisión de investigación en el Parlamento de Murcia, y la Fiscalía Superior de la Comunidad ha abierto un procedimiento que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 5 por los delitos de prevaricación, malversación y fraude. En mayo, la Policía Nacional y la Guardia Civil registraron las oficinas de la planta, el Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Agricultura.

Según explicaron los directivos de ACS que comparecieron en la comisión de investigación el pasado mes de julio, el grupo de Florentino Pérez negocia con el Gobierno murciano el pago de casi 180 millones de euros, 91 millones por la planta y 87 por los créditos que pidió para construirla.

Tres autopistas radiales sin tráfico y en quiebra

Parte de una tercera reclamación de Florentino Pérez se dilucidará el próximo 1 de octubre. Para entonces el Ministerio de Fomento deberá asumir dos de las 10 autopistas radiales que se encuentran en quiebra o en liquidación. ACS participa en los tres grupos de empresas que construyeron la R2, R3 y R5. El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid fijó en el primer día de octubre la fecha para liquidar la R3 –Madrid-Arganda del Rey–y la R5 –Madrid-Navalcarnero–, si el Gobierno no se hace cargo de su gestión. La R2 –Madrid-Guadalajara– se encuentra aún a la espera.

Pero todas tienen en común con el AVE a Francia y el proyecto Castor que ACS ha recurrido a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración para que el Estado pague el fracaso empresarial. Fomento se resiste y ha procurado demorar al máximo el momento en que deba adoptar una resolución. Propuso a los acreedores de las concesionarias asumir la deuda, superior a los 4.000 millones de euros, pero con una quita del 50%pero con una quita del 50% y pagando el resto en 30 años. Los bancos rechazaron la oferta. El Gobierno incluso proyectaba crear una empresa pública que nacionalizaría no sólo las radiales en quiebra sino también otras rentables cuyas concesiones no renovaría.

Las radiales fueron otra adjudicación del Gobierno de José María Aznar. Inauguradas en 2004, su tráfico nunca alcanzó las previsiones: 70.000 vehículos diarios sólo la R3 y R5, que se han quedado en 19.000, y gracias a que el volumen ha aumentado en los dos últimos años de recuperación económica. Si a la anemia de ingresos se les suman los sobrecostes de las expropiaciones y las ampliaciones de obra que llevaron a cabo algunas de ellas, el resultado ha sido el concurso de acreedores y la amenaza de liquidación.

En cualquier caso, el Tribunal Supremo ya ha dejado claro en varias sentencias que el Estado no debe rescatar las autopistas. Resolvía así las demandas presentadas tanto por Accesos de Madrid –sociedad participada por ACS, Abertis y Sacyr para construir y gestionar las R3 y R5– como por Henarsa –ACS, Abertis y Bankia, que explota la R2–. Las concesionarias alegaban que la falta de tráfico debido a la crisis económica es un “riesgo imprevisible”. El Supremo, en cambio, considera que la empresa debe asumir ese riesgo al hacer su plan económico-financiero, por lo que no puede imputarle el error a la Administración. Las previsiones de tráfico, abunda el Alto Tribunal, no forman parte del contrato de concesión.

Castor, en la factura del gas durante 30 años

Pero la madre de todas las responsabilidades patrimoniales asumidas por el Estado por negocios fracasados de Florentino Pérez es sin duda el proyecto Castor: 1.350 millones pagados en tiempo récord a ACS por el cierre del almacén de gas submarino que se intentó situar a 21 kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón).

El proyecto lo firmaba Escal UGS SL, propiedad en un 66,7% de ACS y el resto en manos de la canadiense Dundee Energy. Fue aprobado en 2006 por el Gobierno del PSOE, que en 2009 le concedió la declaración favorable de impacto ambiental. Un año más tarde, Castor fue considerado de utilidad pública. Pero cuando se inyectó gas en 2013, comenzaron a producirse movimientos sísmicos en la costa de hasta magnitud 3 en la escala de Richter. Hasta 33 diarios. Así que el Gobierno terminó cerrando el almacén y Escal UGS devolvió la concesión.

Eso sí, a cambio de activar una cláusula que le permitía reclamar una compensación si tenía que renunciar al contrato antes de los 25 años estipulados. El Gobierno intentó anularla en el Tribunal Supremo, pero éste, a diferencia de lo ocurrido con las radiales, le dio la razón a Florentino Pérez. Como la instalación no se va a desmantelar, sentenció, debe compensarse a Escal UGS puesto que el Estado “presumiblemente obtendrá un beneficio futuro con su explotación”.

Así que en octubre de 2014 la compañía pública Enagás comenzó la “hibernación” de Castor –su sellado–, que concluyó el pasado mes de marzo, y desde entonces también se ocupa de su mantenimiento. También será Enagás la encargada de cobrar en las facturas de gas de los consumidores durante los próximos 30 años los 1.350 millones pagados a ACS por su “lucro cesante”. Como a esa cifra se le va a aplicar un interés anual del 4,27%, la factura final que abonará el contribuyente alcanzará los 4.731 millones de euros a lo largo de tres décadas.

Citibank, Cajas Rurales Unidas, Novagalicia Banco (actual Abanca), Bankia, Bankinter, Banco Sabadell, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank y BBVA son los 10 bancos que acumularon más reclamaciones de sus usuarios en 201410 bancos que acumularon más reclamaciones , según datos elaborados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Este ránking coincide con el publicado por Banco de España en 2013publicado por Banco de España en 2013. Lo único que ha cambiado es la posición en el podio por número de reclamaciones. Así, la institución bancaria confirmó que las entidades con más reclamaciones en el año 2013 fueron Bankia, Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell, BBVA, Banco Popular, Cajas Rurales Unidas, Novagalicia, Bankinter y Citibank.

También Facua-Consumidores en Acción confirma estos datos. En 2014, la organización de consumidores ha registrado, por orden de mayor a menor, a los bancos más reclamados por sus socios. Algunos de ellos coinciden con los de la lista de la OCU y de Banco de España: La Caixa, Caixabank, Unicaja, Banco Popular, Banco Pastor, Caja Rural del Sur, BBVA y Banco Santander.

La enumeración de entidades se repite en un caso más, en los informes elaborados por la Asociación de Usuarios de la Banca (Adicae): Caixabank, BBVA, Banco Santander, Bankia, Citibank y Banco Popular son los más reclamados, según sus datos.

En total, en 2013 se atendieron 81.466 casos de clientes insatisfechos, de los que se registraron 34.645 reclamaciones con apertura de expediente, una cifra récord que supuso un aumento del 142,1% respecto al año anterior. Del ejercicio de 2014 todavía no se conoce el número total de reclamaciones.

Sin embargo, la OCU denuncia que, en los casos en los que Banco de España da la razón a los clientes, más del 75% de las reclamaciones interpuestas en 2013 no recibieron respuesta por parte de las entidades.

Según la OCU, los bancos más insatisfactorios para los clientes son Novagalicia Banco y Bankia, mientras que los más halagados por sus usuarios son ING Direct, Triodos y Caja de Ingenieros.

La encuesta realizada a 8.000 socios de la OCU apunta que la cualidad más valorada de una entidad bancaria es su transparencia y la sencillez de sus productos: que sean de fácil comprensión y que especifiquen claramente las comisiones que van a cobrar al cliente.

Las reclamaciones más repetidas

Cláusulas suelo, preferentes, comisiones indebidas, titularidad de cuentas o uso fraudulento de tarjetas de crédito son los principales motivos de reclamación.

Facua-Consumidores en Acción posiciona al sector bancario como el segundo más reclamado en su informe de 2014, después de las telecomunicaciones. La organización apunta que, en su registro, el grueso de las reclamaciones a entidades se produce por el cobro de comisiones abusivas.

En este ámbito, Facua denunció a diez bancos en noviembre de 2014 por aplicar comisiones “no justificadas en ningún servicio solicitado ni aceptado expresamente” por los usuarios. Los denunciados por esta entidad fueron Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Banco Popular, Bankinter, Banco Mare Nostrum (BMN), Liberbank, Caixa Ontinyent y NGC Banco (Abanca).

Asimismo, en diciembre del mismo año, Facua volvió a denunciar a once entidades por el cobro de “comisiones abusivas cuando se ingresa dinero en efectivo en una cuenta de otra persona o en otra entidad por ventanilla”. En este caso, las entidades denunciadas fueron Abanca, Bankinter, Barclays, La Caixa, Cajasur Banco, Kutxabank, BMN, Popular, Sabadell, Santander y Unicaja. Según Facua, los once bancos denunciados argumentaron que la comisión representa un justificante “especial o adicional” por indicar el nombre o el concepto del ingreso en una cuenta ajena.

Adicae advierte de que un cliente puede pagar "hasta 567 euros al año a su entidad en comisiones". Una de las subidas más significativas, según este informe de la asociación, se encuentra en la comisión de  mantenimiento anual de la cuenta corriente, que en 2014 asciende, de media, un 29,42% más que en el año anterior.

Como ejemplos más frecuentes de comisiones abusivas destacan los cobros por utilización del cajero automático de la entidad situado en un establecimiento comercial o aeropuerto, por el ingreso en ventanilla en una cuenta de titularidad ajena, por realizar un reintegro en una sucursal distinta de la que es cliente siendo de la misma entidad y por gastos de correos por el envío de recibos.

La organización de consumidores asegura que el segundo motivo más numeroso por reclamación registrado por Facua son las conocidas como cláusulas suelo. Adicae también afirma que estas cláusulas tienen un volumen de reclamaciones muy grande "porque tienen un efecto muy fuerte en la economía de las familias y es un caso muy mediático", dice Fernando Herrero, responsable de Comunicación.

Herrero destaca que el segundo de los motivos más frecuentes de reclamaciones a bancos es "el asunto de las preferentes, los pequeños accionistas de Bankia" y otros productos tóxicos.

Imagen de la valoración de las entidades bancarias en la última encuesta de la OCUFuente: OCU

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, anunció este jueves la sexta rebaja de tipos de interés desde el año 2011, hasta el mínimo de 0,05%. Esta rebaja junto a otras medidas impulsadas desde el BCE tiene como objetivo estimular la economía mediante un aumento del flujo de crédito bancario, que el pasado mes de junio retrocedió en España un 7,4%.

Una de las explicaciones a esta tendencia se encuentra en los elevados tipos de interés que imponen las entidades bancarias para los créditos al consumo. Los tipos llegan al 10% para aquellos créditos financiados hasta cinco años y al 7% si son más de cinco, según datos del Banco de España recogidos por la Asociación de Consumidores de Bancos Cajas y Seguros de España (Adicae).

"Esto evidencia la completa desconexión que existe entre el tipo de interés oficial y los tipos de interés que imponen realmente las entidades financieras", aseguran a infoLibre desde ADICAE. "Se continúa con una tendencia iniciada con las cláusulas suelo, en las que la banca se negaba a rebajar los tipos de interés de sus productos", añaden.

Según el propio Banco de España, los actuales intereses de los préstamos se encuentran muy por encima de los que se registran, de media, en la eurozona, donde para un crédito al consumo de hasta cinco años se establecen tipos del 5,89%. O del 3,15% para aquellas operaciones financiadas a un tiempo superior.

En estos momentos, para un préstamo de 5.000 euros a un plazo de 2 años, diferentes comparadores online ofrecen tipos de interés que varían entre el 6 y el 13,5%. Algunas entidades financieras pueden llegar a imponer en la contratación de un crédito al consumo tipos de interés de hasta el 20%.

Oteando las diferentes páginas web de los bancos españoles, los productos ofertados varían de forma considerable. Por ejemplo, Deutsche Bank ofrece un crédito al consumo de hasta 60.000 euros con un plazo de 8 años y un tipo de interés que ronda el 11,49%. 

En el caso de Banco Popular, oferta a todos aquellos que tengan domiciliada su nómina en la entidad un préstamo desde 3.000 a 60.000 euros con un tipo de interés del 6% durante el primer año y el 8% el resto del tiempo. Mientras, el Banco Santander, que en los buscadores aparece como una de las entidades que impone tipos más elevados, concede un préstamo de 6.000 euros para financiarlo a dos años, sin ser cliente de la entidad, a un tipo de interés del 13,75%.

Si nos vamos a BBVA, Caja Laboral o ING Direct, las comisiones para un préstamo de 10.000 euros –a cuatro años sin ser cliente de la entidad– son del 8,5%, 8,95% y 8,5%, respectivamente. En caso de tener domiciliada la nómina, los tipos son del 7%, 6,95%y 7,5%, respectivamente.

Algunas entidades superan de forma llamativa la media y ofrecen créditos al consumo con tipos de interés superiores al 15%. Este es el caso de Bankinter, que propone a sus clientes financiación para cantidades de 3.000 a 6.000 euros con unos intereses nominales anuales que pueden alcanzar el 20%.

Desde Adicae consideran necesario que se reformulen las condiciones de los préstamos al consumo, aunque indican que hay que tener cuidado porque una bajada muy elevada de los tipos de interés "podría llevarnos nuevamente a una burbuja como la que nos ha conducido a esta crisis". "Los consumidores han aprendido mucho de todo lo que estamos viviendo estos últimos años y, por esa razón, nadie quiere ya pedir préstamos con las condiciones que ofrecen los bancos actualmente", concluyen.