El 23 de febrero de 1983, poco después de su victoria en las elecciones, el Gobierno socialista de Felipe González tomaba una de las decisiones que marcaría aquella primera legislatura: la expropiación de Rumasa, el poderoso y opaco holding empresarial de José María Ruiz-Mateos. El proceso, que trataba de evitar una crisis financiera en un momento económicamente delicado, ocupó la portada de los periódicos durante meses, generó un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y Alianza Popular y terminó costando 3.600 millones al erario público. La justicia, a través de los 1.500 procesos judiciales y administrativos generados por la expropiación, ha dado la razón a las tesis del Estado y se ha mostrado contraria a las reclamaciones de la familia. 

¿Qué pasó?

La decisión del Gobierno se publicó en el BOE del 24 de febrero, donde se anunciaba la expropiación, "por razones de utilidad pública e interés social", de "los bancos y otras sociedades que componen el grupo Rumasa, S. A.". En realidad, cuando el Ejecutivo socialista emitió la orden, ni siquiera sabía exactamente cuántas empresas componían el holding dirigido por Ruiz-Mateos, el mayor conglomerado de la economía española. De hecho, ese fue el desencadenante del conflicto: desde 1978, el Banco de España venía exigiendo al conglomerado, que incluía 18 bancos en el momento de su expropiación, la realización de una auditoría externa —todavía no eran obligatorias por ley—, algo a lo que Ruiz-Mateos se había resistido. Cuando fue expropiada, Rumasa estaba formada por más de 230 empresas con 65.000 empleados, entre las que se encontraban Banco Atlántico, Galerías Preciados, Hispano-Alemana de Construcciones, Hotasa o Loewe.

La andadura del imperio Rumasa se inició en 1961, cuando la empresa entonces denominada Ruiz-Mateos Hermanos, S. A. logró hacerse con un importante contrato de exportación de vinos de Jerez al Reino Unido. "Desde un principio", explicaba el economista Julio Argüelles, uno de los primeros en estudiar el funcionamiento de la compañía, "la política de crecimiento estuvo basada en la incorporación de empresas con dificultades o en crisis, estrategia que respondía a una concepción especulativa de los negocios". Esto fue posible en parte gracias a "la bondad del ciclo económico", pero también a "un notorio intervencionismo estatal y un elevado grado de discrecionalidad administrativa, que permitió a Rumasa gozar del favoritismo activo y pasivo de las autoridades".

A finales de enero de 1983, Rumasa rescindió el contrato con la auditora Arthur Andersen, que estudiaba el holding desde 1981, un procedimiento que para entonces se encontraba ya al 75%. Esta auditoría había sido acordada con el Fondo de Garantía de Depósitos, entidad creada en 1977 a imagen de sus homólogas europeas y dependiente del Banco de España, temeroso de que las operaciones de Rumasa fueran demasiado arriesgadas y pusieran en peligro el sector bancario del conglomerado, que suponía un cuarto del negocio. "Si Rumasa rompe con Arthur Andersen, lo consideraríamos gravísimo y se le enviarán los inspectores del Banco de España", amenazaba en febrero el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer. Acabaron haciendo algo más que eso. Tras la expropiación, el Gobierno descubrió que las 230 empresas con las que contaban eran en realidad unas 700, aunque parte de ellas se usaban como pantalla. "Este laberinto societario procuró a Rumasa una eficaz protección frente a las firmas auditoras, autoridades monetarias e inspección tributaria", escribió Argüelles. 

Desde finales de 1982, el Banco de España daba la voz de alarma sobre la fragilidad del entramado de Rumasa. En un informe, la entidad advertía de que era habitual "la utilización del crédito por una sociedad distinta de la que figura como titular del mismo" o de que era "práctica generalizada que el pago de intereses de los créditos se realice mediante la concesión de nuevos créditos", entre otras conductas temerarias. El Gobierno tenía distintas opciones, desde la insistencia en las auditorías hasta la expropiación, pasando por la expulsión de los bancos de Rumasa del Fondo de Garantía. Pero, según informaría después la prensa, un encuentro entre Ruiz-Mateos y Boyer pocos días antes del anuncio dejó claro al segundo que el primero no iba a dar su brazo a torcer. La decisión final se tomó en un Consejo de Ministros de más de 12 horas. 

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Mientras la policía entraba en la sede central del grupo, José María Ruiz-Mateos se preparaba para huir al extranjero, primero a Londres y luego a Fráncfort, desde donde sería extraditado en 1985. Tras una auditoría en profundidad, el Gobierno dilucidó que las firmas acumulaban pérdidas de 346.000 millones de pesetas y deudas por valor de un billón de pesetas. En 2003, Carlos Solchaga, que entonces era ministro de Industria y sería ministro de Economía entre 1985 y 1993, insistía en Informe Semanal en que "la mayor parte [de las empresas] tenían un valor patrimonial negativo" —es decir, que tenían menos de lo que debían— y que se sostenían exclusivamente gracias a la concesión de créditos por parte de los bancos del grupo, para los que las empresas deficitarias eran un peligroso lastre. De no haber procedido a la expropiación, defendía, el país se hubiera "metido en una crisis bancaria". 

La oposición no parecía estar de acuerdo: pocos días después de la orden de expropiación, Alianza Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que sería desestimado por el Tribunal Constitucional a finales de ese mismo año con un empate en la votación que decidió el presidente. Pese a lo disputado de la sentencia, el tribunal volvería a responder de la misma forma a otras cuestiones de inconstitucionalidad en 1986 y en 1991. La justicia, española y extranjera, ha dado la razón a la Administración en los cientos de procesos juidiciales iniciados por la familia Ruiz-Mateos sobre los distintos aspectos de la expropiación —solo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en 1993 al Estado español por la excesiva duración del proceso—. Sin embargo, en los procesos contra el propio José María Ruiz-Mateos por falsedad documental, estafa y apropiación indebida, el empresario salió absuelto: aunque los tribunales reconocían probado que se alteró la contabilidad de los bancos del grupo, cuando se inició el proceso la falsedad en documento mercantil no estaba tipificada en el Código Penal. 

Tras la expropiación, el Gobierno procedió a una reprivatización del grupo. Ninguna empresa quiso adquirir el conglomerado completo, así que la Administración fue despiezando Rumasa y vendiéndola por sociedades en una operación que se alargó hasta entrados los noventa. Mientras, Ruiz-Mateos seguía en el debate público, primero fundando el partido político Agrupación Ruiz-Mateos, con la que fue elegido europarlamentario en 1989. En 1991 adquirió, además, el Rayo Vallecano, uno de los pilares de la reconstrucción de su imagen pública sobre la que se sostendría luego el entramado Nueva Rumasa, última aventura empresarial de la familia, por el que serían condenados seis de sus hijos. Posteriormente, el empresario sería condenado por alzamiento de bienes por su actuación en la agencia de viajes Mundo Joven. En 2018, cuando llevaba tres años fallecido, la Audiencia Nacional le encontró culpable de fraude fiscal en el Rayo Vallecano. 

¿Cómo se informó de ello?

La expropiación de Rumasa fue una noticia muy seguida por los periódicos de la época, como se puede esperar de un movimiento de estas características. Junto con la devaluación de la peseta para hacer frente a la inflación, esta era, además, la primera gran medida económica del primer Gobierno de izquierdas desde la II República, por lo que fue observada con lupa por los diarios conservadores. "El Gobierno aplasta a Rumasa", titulaba el ABC el día de la expropiación, achacando la decisión a que "Alfonso Guerra amenazó con dimitir si no se incautaba el grupo". Mientras, la oposición alertaba sobre el "rodillo socialista". 

Pero la cobertura mediática del caso fue más allá del proceso de nacionalización y reprivatización. El personaje de José-María Ruiz Mateos interesó a los medios durante años: el propio empresario se esforzaba por tener su atención con campañas un tanto estrafalarias. En 1989, a la entrada de un juzgado, delante de las televisiones y después de haber realizado una especia de performance-escrache, agredió al ya exministro Boyer al grito de "Mariconazo" y "Que te pego, leche", consigna esta última que seguiría siendo conocida décadas después y que él mismo utilizaría en su breve carrera política, cuando firmaba los carteles de su partido con un "que me votes, leche". 

La posterior compra del Rayo Vallecano y el lanzamiento de Nueva Rumasa, que utilizaba la figura de la matriarca Teresa Rivero en la imagen de marcas como Dhul, Trapa y el propio club de fútbol, hicieron que los Ruiz-Mateos permanecieran en el imaginario colectivo mucho más allá de 1983. 

¿Qué consecuencias tuvo?

La expropiación de Rumasa tuvo un coste para el Estado de más de 3.600 millones de euros, generó 1.500 recursos judiciales y se alargó durante 32 años, hasta que fue finalmente liquidada en 2015 con un activo de 160 millones de euros. Pero la extensión más obvia de Rumasa fue Nueva Rumasa, nueva aventura familiar de los Ruiz-Mateos, dirigida en esta ocasión por sus hijos y con Teresa Rivero como imagen de la marca.

Desde 2017, varias sentencias han establecido que el nuevo grupo que la familia creó rescatando el nombre del anterior era una vez más un gigante con pies de barro: la financiación del conglomerado se sostenía sobre la emisión de pagarés a inversores, que se usaban para obtener créditos con los que comprar inmuebles que sirvieran como aval de créditos futuros. Seis de los hijos del empresario cumplen pena de prisión. 

¿Qué aprendimos?

El caso Rumasa fue la primera gran nacionalización de la democracia, pero no ha sido la única. Si la sección bancaria del holding era la que en última instancia originó la decisión del Gobierno, ha seguido siendo el sector financiero el que ha concentrado las intervenciones más sonadas. Con la crisis de 2008, se intervinieron total o parcialmente las cajas Unnim, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Caja Castilla La Mancha, Cajasur y Banco de Valencia, una tendencia que llegó a la nacionalización del grupo responsable de Bankia en 2012.

En este último caso ha tenido especial importancia el debate sobre la posible ocultación o manipulación de las cuentas de la entidad, pero también la labor supervisora del Banco de España. Desde el caso Rumasa, el Estado ha puesto en marcha distintos mecanismos de control de los bancos que entonces apenas empezaban a esbozarse. Pero la última crisis financiera ha cuestionado duramente si los procesos existentes son suficientes como para garantizar la correcta marcha del sistema bancario. 

La quinta lista de los mayores morosos que publica la Agencia Tributaria no ha deparado grandes sorpresas respecto a años anteriores. Excepto quizá que ha aumentado el ritmo de reducción de la deuda: un 7,8% respecto a la anterior, referida a 2017. Si hasta entonces el volumen de lo reclamado había caído sólo un 1,9% desde que se publicó el primer listado, en diciembre de 2015 –apenas un 0,5% en 2017 respecto al año precedente–, en esta ocasión la deuda se ha reducido hasta los 14.100 millones de euros, desde los 15.600 millones de hace cuatro años. Es decir, del 9,6% total de recorte, casi cuatro quintas partes corresponden a 2018.

El número de los morosos se queda este año en 4.028, cuando en 2015 se elevaban a 4.855: una disminución del 17%.

Pero la cabeza de la clasificación no ha cambiado apenas en todos estos años. Los 17 mayores morosos, los que deben más de 50 millones, continúan teniendo los nombres de las grandes inmobiliarias fulminadas por la debacle del ladrillo. Todas ellas suman una deuda de 1.919,9 millones de euros, si a los impagos de las sociedades se les unen los atribuidos a sus principales accionistas. Así, Reyal Urbis continúa siendo el mayor moroso, con 353,23 millones de deuda. Aun voluminosa, es 8,2 millones menor que la del año anterior. Sin embargo si se suman las cantidades en el debe de Isolux Corsán e Isolux Corsán Concesiones, el montante del malogrado grupo de ingeniería supera a Reyal Urbis, con un total de 369,83 millones de euros.

Les siguen las empresas de uno de los protagonistas del hundimiento inmobiliario, Rafael Gómez Sánchez, empresario cordobés conocido como Sandokán. Grupo Inversor Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2000 de Inversiones y Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez acumulan, junto con el propio Sandokán como persona física, una deuda de 242,23 millones de euros. Vittone 1842 SL, una empresa de licores de Girona, debe al fisco 134,23 millones. Otro caído del ladrillo es el grupo malagueño Aifos, que a sus 98,64 millones añade 32 millones de Sun Farm, también propiedad del matrimonio formado por Jesús Ruiz Casado y Teresa Maldonado Taillefer, así como las deudas personales de ambos. En total, 129,89 millones de euros. De hecho Ruiz Casado y Maldonado Taillefer son las dos personas que más deben a Hacienda (más de 15,7 millones cada uno) después del número uno de la lista, el empresario Agapito García Sánchez, que mantiene ese puesto desde 2015.

Banreal Holding SL, una empresa de servicios financieros, repite un año más en el listado, con una deuda de 98,39 millones a la Agencia Tributaria. Tras ella, continúan los damnificados del ladrillo: Grupo Pra SA, con 97,94 millones de euros y el grupo de Francisco Hernando Contreras, El PoceroEl Pocero, que alcanza los 87,84 millones. Le pisa los talones la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), una polémica ONG dedicada a la venta de cupones sin autorización, según Hacienda, que la sancionó por ello en 2015. Debe 86,13 millones de euros.

En la clasificación aparece también Anca Corporate, una sociedad formada por el empresario hotelero Antonio Catalán y la familia Cosmen, propietaria de los autobuses Alsa. Su deuda con el fisco, 81,93 millones. A Promaga, constructora del empresario gaditano Manuel Gaviria, Hacienda le reclama 70,93 millones, mientras que a la inmobiliaria Natica Classic le apunta 60 millones de euros. Rematan la lista otros dos grandes del fiasco del ladrillo: Nozar, con 56,87 millones de euros, y Martinsa-Fadesa, con 50,33 millones.

Desaparece de la lista la sociedad del paraíso fiscal de Man

Por el contrario, han desaparecido dos de los mayores morosos de ediciones anteriores. Se trata en primer lugar de los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, dueños de Portocarrio SL, Portocarrio Valores, Portocarrio Viviendas y Fomensa Hispania. Los Cort Lagos desbancaron el año pasado a Agapito Sánchez como las personas físicas con mayor deuda, cuando sumaban 27,8 y 28,06 millones de euros respectivamente. Salir de la lista no significa que se haya abonado toda la deuda, sólo que ésta ya no alcanza el millón de euros. La segunda es Oceanus Maritime Limited, una sociedad radicada en la isla de Man –un paraíso fiscal– y propietaria de un yate de lujo, que fue durante dos años la segunda empresa más endeudada de la lista. Llegó a deber 227,72 millones de euros.

Entre las personas físicas con mayor volumen de deuda, además de los ya citados destaca de nuevo el exbanquero Mario CondeMario Conde. Aún se le exige el pago de 12,37 millones de euros, por debajo de los 14,96 millones de 2017 pero muy por encima de los 9,93 millones de euros con que se estrenó en la lista.

Ruiz Mateos, clubes de fútbol y Rodrigo Rato

Nombres ya habituales entre los mayores morosos siguen siendo los de la familia Ruiz Mateos, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y el antiguo dueño de Viajes Marsans y expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Las empresas de los hijos de Ruiz Mateos –Garvey, Dhul, Nueva Rumasa y otras– acumulan una deuda con el fisco de 21,87 millones de euros. Las de Arturo Fernández en torno al grupo Cantoblanco deben 19,36 millones. Y las empresas de Díaz Ferrán Air Comet y Spanair superan los 21 millones de deuda fiscal.

Otro sector bien representado entre los mayores morosos es el del deporte. Clubes de fútbol como el CF de Murcia –18,3 millones de euros–, el Mérida –4,8 millones–, el Hércules de Alicante –3,9 millones–, el Real Jaén –11,16 millones–, el Rácing de Santander –3,26 millones–, la Unión Deportiva de Salamanca –13,62 millones de euros–, acompañan a los de baloncesto como el Lleida –1,04 millones– y el Girona –10,12 millones– o el Estudiantes de Madrid –8,21 millones–. Entre las novedades deportivas de la lista cabe destacar al ex motorista Sito Pons, que debe a Hacienda 1,95 millones de euros. Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, continúa un año más en el listado de morosos, con 1,36 millones, al igual que el exjugador del FC Barcelona Gabriel Milito, a quien se le reclaman 1,84 millones de euros. Otro exbarcelonista, Dani Alves, por el contrario, ha salido de la lista.

Siguen sin pagar lo que deben a la Hacienda pública el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo RatoRodrigo Rato –1,02 millones–, y Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, 1,13 millones. Lo mismo puede decirse de Francisco José Ortiz von Bismarck, a quien el fisco reclama 1,28 millones de euros, y  del juez Pascual Estevill –3,7 millones–, que fue condenado por corrupción. Además, entre los mayores morosos se encuentran dos organizaciones políticas: Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid –con poco más de un millón de euros– y Fundescan, una fundación ligada a la UGT canaria –1,05 millones–.

Desde Paz Vega hasta Okeysi

Entre los famosos del espectáculo se han estrenado en la lista la actriz Paz Vega, con casi 2,5 millones de euros, mientras que Patricia Conde se mantiene –debe 1,83 millones– y el cantante Miguel Bosé y el personaje televisivo Kiko Matamoros se caen del listado.

El empresario Javier Merino, exmarido de la actriz Mar Flores, que suma 3,4 millones de euros de deuda a través de tres empresas –Star Petroleum, Multipetróleos y Multipromotur– acompaña también a Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, con 18,41 millones en el debe fiscal.

Antonio Navalón, periodista de El País y moroso desde 2015, continúa 2,01 millones. El articulista de La Razón César Vidal también se mantiene, con una deuda de 2,7 millones. Ya no aparece el grupo Intereconomía.

Entre las marcas del sector textil se han estrenado los dueños chinos de la cadena de tiendas Okeysi, que se unen así a Caramelo, Hakei y Blanco, en concurso de acreedores.

Seguridad Integral Canaria, una de las empresas del polémico Miguel Ángel Ramírez, ha aumentado su deuda con Hacienda hasta alcanzar el último año los 6,36 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado este viernes la apertura de juicio oral por la estafa de Nueva Rumasa contra 15 personas, entre ellas seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos, para los que impone una fianza de algo más de 496 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atribuye a los 15 acusados delito continuado de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública contra Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos y el empresario Ángel de Cabo, además de otras ocho personas, todos ellos responsables del Grupo Nueva Rumasa. Además, señala a 57 empresas como responsables civiles subsidiarias y a nueve personas en calidad de partícipes a título lucrativo, entre ellas siete hijas y un hermano del empresario fallecido en septiembre de 2015,

La Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de prisión para cada uno de los seis hijos de Ruiz-Mateos imputados en el caso por idear, según su escrito de acusación, un sistema de financiación del Grupo de naturaleza piramidal entre 2009 y 2011 consistente en captar fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses, cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectos emitidos y avalados por

sociedades del Grupo.

Deudas de 577 millones de euros

En el auto de apertura de juicio oral, De la Mata describe todas las prácticas irregulares presuntamente ideadas por los acusados: la forma en que simulaban movimientos de efectivo, que en realidad eran traspasos entre cuentas del Grupo; cómo realizaban " operaciones fuelle" con sociedades pantalla para generar créditos ficticios como forma de obtener liquidez a corto plazo; cómo usaban testaferros en sociedades formalmente ajenas, unas prácticas que agravaron la situación económica de las empresas del Grupo, cuyas deudas acumuladas en 2009 alcanzaban los 577 millones de euros.

El escrito del magistrado no concreta el número de sociedades del Grupo porque éste no puede "fijarse con seguridad", ya que, aunque su publicidad alude a 107 empresas, algunos documentos internos recogen listados de hasta 164 españolas y 48 extranjeras e informes de administradores concursales relacionan 171 empresas. Además, el análisis conjunto de la documentación mercantil, societaria y bancaria disponible permite al juez conectar directa o indirectamente los hechos investigados con 445 sociedades, 56 de ellas extranjeras.

Según el juez, ante esta situación de insolvencia y la imposibilidad de recurrir a mayor financiación bancaria, los responsables de Nueva Rumasa urdieron una trama consistente en la captación de inversores. Así, entre 2009 y 2011 los fondos captados a los inversores, que constituyeron la única financiación del Grupo, "no se destinaban ni a los que se publicitaba ni a la propia sociedad emisora, sino que servían para atender deudas de otras sociedades del grupo o para adquirir otras sociedades de renombre para seguir consolidando el engaño de la garantía generalizada", explica el auto.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 relata también en el auto –contra el que cabe recurso en un plazo de 30 días– la operativa de ocultación del patrimonio que los acusados desarrollaron a partir de 2011 ante las obligaciones de pago que tenían que afrontar, así como las declaraciones de concurso voluntario de las principales empresas del Grupo, según ha informado Europa Press.

Denunciaron 1.409 perjudicados

Un total de 1.409 perjudicados por el Grupo Nueva Rumasa presentaron denuncia por esta estafa y reclaman 171 millones de euros, de modo que, a la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, el juez fija en algo más de 496 millones de euros las cantidades a depositar por los acusados principales, seis hijos de José María Ruiz Mateos. El juez señala a 57 empresas del Grupo como responsables civiles subsidiarias y nueve partícipes lucrativos, entre ellos, Joaquín Yvancos, el que fuera el abogado de José María Ruiz-Mateos.

En lo que respecta al delito de estafa, De la Mata indica en su auto que los investigados actuaron con manifiesto ánimo de lucro y, como únicos beneficiarios, utilizaron engaño para producir error a los inversores, induciéndoles a invertir sus ahorros mediante préstamos que eran documentados en reconocimientos de deuda de distintas empresas del Grupo Rumasa pese a su manifiesta insolvencia.

En este caso el engaño se produjo, explica, al realizarse la transmisión patrimonial bajo el engaño de una aparente solvencia, unos intereses remuneratorios altos, una campaña publicitaria "manifiestamente engañosa" y un compromiso de invertir los capitales obtenidos en la consolidación y ampliación del Grupo.

"Obvio es significar que, de haber conocido las circunstancias económicas reales de las empresas y los verdaderos propósitos de los imputados, los inversores no hubieran realizado las operaciones de préstamo, ya que desde el primer momento no pensaban devolver el dinero", detalla.

Salvaguardar su patrimonio

Sobre el delito de alzamiento de bienes, el juez afirma que los imputados idearon y pusieron en práctica diversas estrategias para salvaguardar su patrimonio a la vista del cúmulo de responsabilidades penales y patrimoniales que podrían derivarse de las prácticas irregulares ya mencionadas.

En cuanto al delito de blanqueo de capitales, De la Mata destaca que "toda la operativa desplegada por los imputados tuvo desde su comienzo la finalidad de ocultar los capitales captados desde el mismo momento de su obtención, con la finalidad de hacerlos desaparecer para aprovecharse de los mismos" mediante la creación de una trama de sociedades mercantiles extranjeras, ubicadas en paraísos fiscales o países de baja

tributación, el uso de testaferros o el desarrollo de una serie de prácticas financieras "por completo irregulares, sin más finalidad que la creación de capas de opacidad".

El delito contra la Hacienda pública, el magistrado sólo lo atribuye a José Ramón Romero López, sobre el que explica que durante el tiempo que estuvo al frente de la oficina del Grupo Nueva Rumasa en Jerez de la Frontera obtuvo ingresos que no declaró.

Anticorrupción ha solicitado la entrada en prisión de 6 hijos del fallecido José María Ruiz-Mateos durante 16 años por el caso Nueva Rumasa.

Según ha informado el diario El Español, la fiscalía ha entregado el escrito de acusación después de que el juez de la Audiencia Nacional José de las Mata cerrase la instrucción del caso. Así, el Ministerio Público acusa los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso de delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, así como los miembros de la familia Zoilo Pazos y Alfonso Barón.

Los hechos se remontan desde el año 2009 al 2011 durante los cuales los hermanos, junto al padre –que falleció en septiembre de 2015– idearon un sistema de financiación para el Grupo Nueva Rumasa que consistía en la captación de fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con alto intereses. Dichas inversiones se publicitaron en los medios de comunicación, ocultando siempre a los inversores la verdadera situación económica de todo el grupo empresarial, incapaz a esas alturas de hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones.

La mayor parte de los fondos fueron dirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid de la que los acusados disponían en función de las necesidad de la empresa, incluidos los gastos personales de la familia.

Así, según el diario que dirige Pedro J. Ramírez, se estima que mediante 13 emisiones los acusados estafaron más de 337 millones de euros a más de 4.100 personas, de los que dejaron sin devolver 289 millones. También se desconoce el destino de, al menos, 82 millones de euros que los hermanos Ruiz-Mateos retiraron en efectivos de las cuentas bancarias.

La acusación también se dirige a ellos, el liquidador Ángel de Cabo y sus colaboradores, por un delito de alzamiento de bienes por la venta de las sociedades del Grupo Nueva Rumasa al entorno de los hermanos Ruiz-Mateos.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido la investigación sobre el presunto fraude en la emisión de pagarés por parte de Nueva Rumasa y ha dictado este lunes un auto de transformación a procedimiento abreviado en el que procesa a quince personas, entre ellas seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos (Zoilo, Pablo, Álvaro, Francisco Javier, José María y Alfonso) , Ángel de Cabo y otras ocho por delitos continuado de estafa cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

Según ha informado Europa Press, en el mismo auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 suspende el procedimiento judicial de seis personas, entre ellas la esposa de Ruiz Mateos, Teresa Rivero Sánchez, y da traslado del más de medio centenar de acusaciones personadas en este procedimiento para que formulen escrito de acusación, sobreseimiento o la práctica de diligencias con carácter excepcional.

De la Mata explica en su resolución que, ante las circunstancias de práctica insolvencia que presentaban las empresas del Grupo Nueva Rumasa, sus responsables decidieron captar fondos con los que poder revertir esa situación y también aplicarlos en su propio beneficio, apelando para ello al ahorro del público mediante agresivas campañas en los medios de comunicación, en las que ofrecían a sus clientes invertir en sus sociedades productivas más conocidas.

Para ello ofrecían retribuir esas inversiones con elevados intereses, y mostraron una imagen de solvencia y bonanza empresarial del Grupo Nueva Rumasa, que en ese momento carecía de sustento real.

Préstamos por pagarés

El mecanismo ideado por los hermanos Ruiz-Mateos Rivero, su padre y Manuel Sánchez Marín consistió en la obtención de préstamos de los inversores cuya devolución junto con el abono de los intereses se garantizaría mediante la entrega de "pagarés de empresa" o "pagarés corporativos" no a la orden, emitidos y generalmente avalados por sociedades del Grupo Nueva Rumasa, aprovechando la confianza que los consumidores venían depositando en los productos comercializados por sus empresas con mayor presencia en el mercado bajo marcas conocidas que se incluían estratégicamente en la publicidad.

Para obviar el control que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pudiera ejercer sobre ese mecanismo de financiación, los investigados establecieron como condición que la inversión mínima fuera de 50.000 euros, según detalla el auto.

El número total de inversores, según sus propios responsables fue, al menos, de 4.110 personas. De acuerdo con información proporcionada por tales responsables, el importe total de los fondos captados de esos inversores fue de 337.377.450,60 euros.

El análisis de las cuentas bancarias por parte del auxilio judicial, dice el juez, ha permitido identificar la entrada en las cuentas de Grupo Nueva Rumasa de, al menos, 243.476.514 euros procedentes de los adquirentes de pagarés entre febrero de 2009 y febrero de 2011.

El importe de los intereses con que debían retribuirse tales fondos era de 47.975.828,64 euros. Por tanto, para hacer frente a esos compromisos de pago se emitieron pagarés por parte de 13 sociedades del Grupo Nueva Rumasa por un importe total de 385.353.279,24 euros, de los que solo llegaron a abonarse (por parte de 5 de esas sociedades) 96.239.433,24 euros quedando sin pagar 289.113.846,01 euros, señala la resolución judicial.

Los fondos captados a los inversores se destinaban casi en su totalidad a una caja común desde las que se redistribuía al resto de sociedades del Grupo Nueva Rumasa, en cuya estructura empresarial se encontraba también un sector internacional, integrado por un centenar de sociedades extranjeras con domicilio en varios países de nula o baja tributación, con el objetivo fundamental de obtener la mayor opacidad para proteger las propiedades inmobiliarias y las marcas comerciales más relevantes del Grupo.

Casi 90 sociedades implicadas

En el mismo auto, el juez procede también contra 89 sociedades como responsables civiles y otras 2 como partícipes a título lucrativo, en cuanto que participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, según el magistrado, puesta al servicio del Grupo, que funcionaba como una sola empresa a efectos financieros y de responsabilidad empresarial.

La pertenencia de sociedades mercantiles a otras sociedades extranjeras, unido al empleo de testaferros y despachos fiduciarios, argumenta De la Mata, "no tenía más finalidad que dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad, estando bien claro en todo momento que el mismo pertenece en última instancia a la familia Ruiz Mateos".

El empresario Jose María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada falleció esta mañana a los 84 años de edad en un hospital del Puerto de Santa María (Cádiz), según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la familia.

El fundador de Nueva Rumasa estaba ingresado en el centro hospitalario gaditano desde mediados de agosto cuando sufrió una caída en el Puerto de Santa María que le provocó una fractura de cadera, cuya operación se complicó con una neumonía. 

Ruiz Mateos será enterrado mañana en Rota (Cádiz), su localidad natal, donde nació en 1931.

Durante los últimos años, el patriarca de la familia Ruiz-Mateos ha visto deteriorada su salud. De hecho, el pasado 18 de junio ingresaba en el hospital madrileño Gregorio Marañón de Madrid por un empeoramiento de su salud tras pasar su primera noche en la cárcel Soto del Real por una orden judicial.

Ocho días despues, el 26 de junio, el empresario jerezano fue puesto en libertad por resolución del juez ante el deterioro de su estado y los síntomas de Parkinson acreditados por un informe médico, según indicaba su abogado Marcos García-Montes.

La excarcelación se produjo en respuesta a una petición del equipo jurídico del abogado, que había recurrido el decreto de prisión y solicitado la suspensión de la pena ante la "enfermedad muy grave con padecimientos incurables" de su defendido. Según varios informes, presentaba un deterioro de su habilidad cognitiva y funcional.

El juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha condenado al empresario jerezano José María Ruiz Mateos y a su hijo Francisco Javier a abonar más de 92 millones de euros a los acreedores de la sociedad José María Ruiz Mateos, principal emisor de los pagarés de Nueva Rumasa.

Dicho juzgado ha dictado sentencia en la que declara culpable el concurso de la sociedad y responsables al padre y al hijo, a los que condena a que abonen el déficit patrimonial de la empresa.

En dicha sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se absuelve al empresario Angel de Cabo y a su segundo Ivan Losada, ya que la despatrimonialización de la compañía fue anterior a su entrada en la misma, al tiempo que se absuelve al sobrino de Ruiz Mateos, Zoilo Pazos, por ser solo el administrador de derecho y no de hecho, que eran los Ruiz-Mateos.

El exministro socialista de Economía y Hacienda Miguel Boyer, falleció este lunes a los 75 años de edad de una embolia pulmonar en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, donde había ingresado de urgencia esta misma mañana, según informaron a Europa Press fuentes de la familia.

El fallecimiento se produjo sobre las 12.15 horas de este lunes, después de que ingresara en estado crítico en el citado centro hospitalario por urgencias a primera hora de la mañana. Boyer sufrió un ictus el 27 de febrero de 2012 que le dejó, entre otras secuelas, problemas de movilidad.

Boyer fue el ministro de Economía y Hacienda del primer Gobierno presidido por Felipe González. Durante su gestión en el Ejecutivo puso en marcha medidas liberalizadoras que contradecían puntos del programa socialista, algo que le provocó enfrentamientos con un sector interno del partido. Entre sus decisiones más destacadas están la expropiación de Rumasa a José María Ruiz-Mateos el 23 de febrero de 1983, el conocido como decreto Boyer, que liberalizó los horarios comerciales y la Ley de Arrendamientos Urbanos, al transformar los contratos de alquiler, que hasta entonces podían tener carácter vitalicio, en temporales. Las tensiones internas unidas a la controvertida expropiación de Rumasa hicieron que en 1985 presentase su dimisión como ministro.

En 1996 pondría fin a su relación con el PSOE y comenzó a acercar posturas con el PP y con su presidente por entonces, José María Aznar, que le incluyó en la lista del patronato de la FAES (Fundación de Análisis y Estudios Sociales) en 2002. Después, en 2011 Boyer abandonaría el think tank por distanciarse del pensamiento de los conservadores. Fue nombrado presidente de la Comisión Asesora de la Competitividad en marzo de 2011 por el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Amplia trayectoria económica y empresarial

Miguel Boyer Salvador nació el 5 de febrero de 1939 en San Juan de Luz (Francia), en el exilio, y estudió en el Liceo Francés de Madrid, licenciándose, más tarde, con premio extraordinario, en Ciencias Físicas y Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid.

Boyer se afilió al PSOE en 1960, siendo encarcelado por ello cinco meses posteriormente. Será en diciembre de 1976 cuando ingrese en la ejecutiva socialista que dejaría tan sólo unos meses después por diferencias con otros miembros y cambiarla por la Federación Socialdemócrata de Fernández Ordoñez que abandonaría para volver al PSOE cuando ésta se integra en UCD. Fue director de Estudios del Instituto Nacional de Industria (INI), director de Planificación Estratégica de Explosivos Río Tinto y director de Planificación y Estudios del Instituto Nacional de Hidrocarburos.

Asimismo, Boyer, que desempeñó el cargo de presidente del Banco Exterior de España, fue miembro del Review Committee de la European Organization for Nuclear Research (CERN, Ginebra) y miembro –como uno de los dos expertos– del Comité de Expertos para el Estudio de la Unión Monetaria y Económica de Europa. Además, fue presidente de Cartera Central y presidente y consejero delegado de Grucycsa, así como vicepresidente de FCC Construcción y presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).

Después del derrame cerebral sufrido en febrero 2012, que le obligó a permanecer ingresado durante casi dos meses en la Clínica Ruber de Madrid, el exministro de Economía en el primer Gobierno de Felipe González fue dejando los puestos de consejeros que ostentaba en compañías cotizadas.

Consejos de Urbis y REE

Así, el 20 de marzo de 2013 abandonaba el cargo de consejero que ocupaba en Reyal Urbis como representante de Corporación Financiera Issos. En abril de este año renunció también al cargo de consejero independiente de Red Eléctrica de España, único asiento en una cotizada que ocupaba ya.

El exministro estaba casado en segundas nupcias con Isabel Preysler, con la que tenía una hija, Ana. Su primera mujer fue la ginecóloga Elena Arnedo, con la que tuvo dos hijos.

Los restos mortales de Boyer fueron trasladados a las dos de la tarde al Tanatorio Parque San Isidro de la capital. Momentos antes abandonaban el lugar su viuda y su hija. A la clínica se acercaron el también exministro de Economía durante el Gobierno de González Carlos Solchaga, quien elogió la figura del político tanto en su papel como "hombre muy importante de la Transición" como su faceta más intelectual.