Los relojes se atrasarán una hora en España la madrugada de este sábado al domingo y a las tres volverán a ser las dos, un cambio enfocado a un ahorro de energía cada vez más cuestionado y que tiene efectos negativos en la salud, como trastornos del sueño o una reducción de la productividad, según apuntan algunos expertos.

"Los motivos de este cambio horario responden a la voluntad de ahorrar energía con el fin de aprovechar al máximo las horas de sol y, por tanto, ajustar el consumo para lograr una mejor sincronización entre las horas en que es necesario utilizar luz artificial y aquellas en que no lo es”, explica el catedrático del Departamento de Economía de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Maria Arauzo.

El cambio de hora se empezó a implementar en Europa durante la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de ahorrar energía durante el conflicto, y se generalizó por la crisis del petróleo en los años 70 de forma coordinada entre los Estados miembros de la Unión Europea, explica Arauzo.

“Ahora bien, esta política no está exenta de críticas y, en los últimos años, son muchas las voces que destacan sus inconvenientes y piden la eliminación del cambio horario estacional”, afirma el catedrático de la URV.

Entre los inconvenientes, los expertos destacan las afectaciones a la salud y las dificultades del organismo para adaptarse, sobre todo en el caso de los menores y de la población de más edad, ya que se producen trastornos del sueño similares a los del jet lag.

También hay problemas de ajuste con el resto del mundo, pues no todos los países siguen esta práctica, como la adaptación de los horarios de los medios de transporte; el funcionamiento de algunas explotaciones ganaderas, en las que los animales no se ajustan fácilmente a los nuevos horarios; o una reducción de la productividad.

"El principal inconveniente, sin embargo, proviene de las dudas en torno a si el cambio de hora, tal como se aplica —una vez en marzo y otra en octubre—, tiene realmente alguna incidencia sobre el consumo de energía y si, en consecuencia, es necesario o no, sobre todo teniendo en cuenta la lista de inconvenientes mencionados”, apunta Arauzo.

Europa cuenta con cuatro franjas horarias: una primera con Islandia, Irlanda, Reino Unido y Portugal; una segunda que va desde España hasta Macedonia del Norte e incluye a todos los países del centro de Europa; una tercera que va desde el Báltico hasta Chipre; y una cuarta con Rusia, Bielorrusia y Turquía.

“Si nos fijamos en la distribución geográfica de estas zonas horarias, no cuesta mucho ver que hay varios ejemplos de países cuya adscripción a una zona determinada no parece muy racional. En este sentido, por ejemplo, Reino Unido y España no comparten zona horaria, cuando geográficamente están uno encima del otro”, dice Arauzo.

El catedrático considera que la gestión del cambio de hora y de las zonas horarias no puede hacerse de manera independiente y que sería necesario un reajuste a escala europea “para acabar con disfuncionalidades que, en este momento, ponen en cuestión la principal motivación para llevar a cabo el cambio de hora: el ahorro de energía”.

En este sentido, argumenta que las condiciones tecnológicas han cambiado mucho desde que se empezó con el cambio horario, ya que ahora hay sistemas de iluminación más eficientes, y los horarios laborales han variado e incluyen el teletrabajo.

El fracaso de las políticas de rehabilitación de vivienda es cada vez más profundo. Las ayudas para mejorar la envolvente de los edificios se han agotado en prácticamente todas las comunidades autónomas y el objetivo para 2030 está cada vez más lejos. Según los administradores de fincas, solo se rehabilita cada año en España el 0,15% del parque que tiene que ser renovado, unas 30.000 viviendas, de las más de 21 millones que necesitan reformarse para ser eficiente desde el punto de vista energético. El Gobierno se ha marcado por ahora la meta de rehabilitar 1,2 millones para 2030, pero a este ritmo solo se alcanzarán unas 285.000, menos de la cuarta parte.

Los portavoces del Colegio Profesional de Administradores de Fincas dibujaron este martes un futuro negro para la rehabilitación de viviendas en España. Las obras son caras, las ayudas se han acabado y las disputas en las juntas de vecinos hacen extremadamente difícil lograr acuerdos, un cóctel que promete empeorar todavía más estas actuaciones. Entre 2022 y 2024, los fondos Next Generation de la Unión Europea subvencionaron alrededor de dos terceras partes del coste de cada obra, pero los fondos se han acabado y no hay nuevas ayudas a la vista.

"Tenemos por delante una intervención que es de tamaño imposible", dijo este martes Pedro Abascal, presidente del Consejo General de Administradores de Fincas, durante la presentación de las propuestas que tiene su organización para revivir la rehabilitación energética de viviendas. El Colegio afirma que de los 25 millones de viviendas que hay en España, el 42% fueron construidas antes de 1980, "sin requisitos de aislamiento", y otro 45% entre 1980 y 2007, cuando se modernizó el Código Técnico de la Edificación. "Más del 85% de los hogares de España están mal aislados y son ineficientes energéticamente", añadió Antoni Jaume, el delegado en Baleares de la organización.

Las previsiones que han publicado este martes los administradores de fincas son más pesimistas que las que tiene el Ministerio de Transición Ecológica. Según la última actualización del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), publicada en septiembre de 2024, en los últimos tres años se han reformado alrededor de 62.000 fachadas al año, y el ministerio espera acelerar esta cifra hasta las 96.000 en 2025 y las 150.000 en 2027. Con la meta de llegar a las 300.000 rehabilitadas solo en 2030, algo realmente difícil teniendo en cuenta la situación actual. El PNIEC recoge incluso que el objetivo inicial del Gobierno de rehabilitar 1,2 millones de viviendas antes de 2031 se ha quedado corto, y ahora aspira a 1.377.000 hogares renovados para esa fecha.

Aunque España avanza en dirección contraria, la situación podría corregirse con el Plan Nacional de Renovación de Edificios que prepara el Ministerio de Vivienda y que precisamente acaba de salir a consulta pública previa. Según la Directiva europea de eficiencia en edificios, el plan debe estar listo antes del 31 de diciembre de este año, y según adelanta el Gobierno, incluirá "una trayectoria nacional para la renovación del parque de edificios residenciales".

Los administradores de fincas también esperan que el plan incluya nuevas subvenciones para impulsar la rehabilitación, porque si la inversión en mejoras energéticas ya ha sido baja con las ayudas europeas, a partir de ahora se van a desplomar. "Aparte de los Next Generation que todavía están pendientes de darse, ahora mismo no hay ayudas en España a la rehabilitación energética. Es verdad que el Ministerio de Vivienda tiene intención de sacar nuevas subvenciones y la propia directiva europea de rehabilitación energética obliga a que debe haber apoyo público, así que esperamos que pronto se activen", explicó Jaume. 

El único apoyo que pueden encontrar ahora mismo los vecindarios que quieran mejorar su fachada, cambiar la cubierta o instalar bombas de calor son los certificados de ahorro energético (CAE), unos bonos que recogen el ahorro energético que ha logrado la vivienda con una determinada intervención y que se venden a empresas energéticas que tienen la obligación de ahorrar energía. El problema es que hace falta la ayuda de intermediarios, generalmente consultores energéticos, y que la ayuda que se recibe es pequeña. Si aislar una fachada cuesta unos 20.000 euros por vecino, los certificados devuelven unos 1.000 euros por vivienda.

Los administradores de fincas también plantean al Gobierno varias medidas drásticas para que el nuevo plan de rehabilitación energética tenga éxito. Por ejemplo, obligar a que los edificios de baja eficiencia tengan que realizar estas obras, que ahora son voluntarias. Según afirman, no tiene sentido poner el objetivo de reformar más de un millón de hogares y luego dejar a los vecinos decidir. "Somos la primera línea en las rehabilitaciones energéticas y vemos que este no es el camino", aclaró Peio Mendia, presidente de administradores de fincas en Navarra. "Los vecinos toman decisiones en función de si se van a mudar o de si su hijo va a entrar en la universidad, no para mantener al día su comunidad".

Otra de sus propuestas clave es hacer obligatorio el Libro del Edificio, un estudio sobre la situación energética del inmueble y sobre qué obras concretas hacen falta para mejorar su eficiencia. Según los administradores, ahora mismo hay riñas en todas las juntas de vecinos para decidir qué hacer: poner aislante en la fachada, cambiar directamente toda la fachada, instalar paneles solares, invertir en calderas eléctricas… y el debate impide que se tomen las decisiones de forma técnica. "No podemos estar jugando a que un primo me ha dicho esto, o mi amigo aquello. Si mi vivienda tiene una letra G en eficiencia, tiene que haber un documento de un arquitecto o un consultor que me diga exactamente qué tengo que hacer", insistió Pedro Abascal, presidente del Consejo.

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha denunciado este miércoles ante el Ministerio de Consumo a los portales inmobiliarios Idealista y Fotocasa por publicar sistemáticamente anuncios de viviendas en su web sin certificados energéticos, así como por posible estafa, debido a que gran parte de las ofertas que sí los incluyen tienen etiquetas aparentemente falsas o incompletas. También han denunciado a la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro porque utiliza en sus anuncios un distintivo confuso que imita a la etiqueta energética, pero que no es legal.

La organización de consumidores ha estudiado 450 anuncios alquiler y venta de pisos en seis ciudades de España y ha determinado que uno de cada tres (el 33,8%) de los publicados en Idealista y Fotocasa no incluye el sello energético, pese a que es obligatorio, según el Real decreto de eficiencia energética de 2021. Como la normativa obliga a que los portales que se hagan eco de las ofertas también incluyan ese certificado, CECU ha optado por denunciar directamente a las dos webs. "Como había decenas de inmobiliarias implicadas, creemos que es más útil vigilar y sancionar a las plataformas que los agregan", señala Eloy Gutiérrez, responsable de Vivienda en CECU.

De los anuncios que sí tienen sello energético, el 74,2% "están incurriendo en un posible fraude", según la federación, porque están incompletos, porque el certificado está "en tramitación" o porque la letra que atribuyen a una vivienda es errónea teniendo en cuenta el consumo medio y las emisiones que publica el anuncio. Por ejemplo, incluyen una vivienda de Barcelona publicada en Idealista con unas emisiones de 52 kg CO₂/m² al año con una letra D, que en realidad debería ser una F. 

En el caso de Idealista, además de tener anuncios sin catalogación energética, también permite publicarlos con el certificado energético "en tramitación", una práctica que no contempla la ley. También son habituales los anuncios que alegan estar exentos de la obligación de poseer el certificado, pero, según el informe de CECU, ninguno de los que se han analizado cumplía con los requisitos para acogerse a esta exención.

Mientras que en la web Fotocasa, cuando un anunciante publica un anuncio sin esta información, el propio portal proporciona por defecto y de forma arbitraria unos valores predeterminados sobre el consumo y las emisiones que no se corresponden con la clase energética indicada, una "práctica engañosa", según la federación.

Las inmobiliarias son, de lejos, las que más incumplen la normativa, principalmente porque ocho de cada diez anuncios los suben estas empresas. De los anuncios fraudulentos o sospechosos de incurrir en fraude, el 81% corresponden a inmobiliarias, y el resto a particulares.

La denuncia queda ahora en manos del Ministerio de Consumo, que tendrá que decidir si investigar y sancionar a las empresas. Las multas pueden ser leves o graves, según el caso. Por ejemplo, la ley de eficiencia energética cataloga como leve "publicitar la venta o alquiler de edificios [...] sin hacer mención a su calificación de eficiencia energética", con multa de 300 a 600 euros por anuncio. Mientras que "exhibir una etiqueta que no se corresponda con el certificado de eficiencia energética válidamente emitido, registrado y en vigor" es una infracción grave, con sanción de 601 a 1.000 euros.

Paralelamente, la federación ha denunciado también ante Consumo a Alquiler Seguro por incluir en sus anuncios de internet certificados energéticos incompletos, que no están permitidos por ley. Junto a las fotos del inmueble incluye simplemente un color para la vivienda (equivalente a una letra energética, sin hacer mención a cuál) y da un número, sin aclarar si corresponde a emisiones de CO₂ o al consumo energético anual de la casa.

El informe, que recoge casos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma de Mallorca, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, concluye que el mercado de la vivienda en España tiene una importante falta de transparencia en consumo energético, pese a ser una figura clave en el gasto de las familias. Un hogar medio gasta entre 600 y 1.000 euros de media al año en energía, y la eficiencia de la vivienda es determinante en esa cifra. 

"En general, el consumidor pone muy poca atención en la eficiencia de una vivienda, sobre todo al alquilar, porque se encuentra con un mercado tan tensionado y difícil que solo se fija en el precio mensual del alquiler. Pero es que tener un piso deficiente en energía supone sumar cada mes otros 100 o 150 euros en facturas", señala Eloy Gutiérrez.

El Ministerio de Transición Ecológica ha puesto en marcha un nuevo sistema para incentivar a los hogares, oficinas y fábricas a realizar reformas e inversiones para mejorar la eficiencia energética de sus edificios y procesos productivos. A las ayudas existentes hasta ahora se suma un mecanismo de certificados de ahorro energético que se pueden vender a terceras empresas y conseguir un dinero extra para financiar la obra, ya sea sustituir ventanas, mejorar el aislamiento de la fachada o instalar bombas de calor o paneles solares. Ya hay una decena de proyectos que han usado este sistema, entre ellos una reforma de una urbanización de Alcorcón (Madrid), donde los vecinos han recuperado el 30% del coste de la instalación.

El mecanismo sustituirá al actual Fondo Nacional de Eficiencia Energética y consistirá en un mercado privado de compra-venta de títulos de ahorro de energía. El sistema se ha importado de otros países europeos que lo emplean desde hace más de una década, como Francia o Italia, y se ha puesto en marcha a raíz de la nueva directiva de eficiencia energética, que entró en vigor el pasado octubre. La Unión Europea ha impuesto a los gobiernos un objetivo de ahorro de energía enorme entre 2021 y 2030. En el caso de España, si la directiva anterior marcó un ahorro de 16.000 toneladas equivalentes de petróleo (ktep) entre 2014 y 2020, la nueva obliga a reducir 53.600 ktep durante esta década, un objetivo tres veces más ambicioso.

Para alcanzar esas cotas de eficiencia energética en solo nueve años, los hogares y empresas tendrán que gastar miles de millones de euros en nuevos aparatos de aire acondicionado, aislar edificios y tuberías, o en actualizar vehículos y maquinaria industrial. Es ahí donde entra en juego el mecanismo de certificados de eficiencia, que hará que la inversión sea algo más barata, sin contar con el propio ahorro sobre las facturas que tienen siempre estas actuaciones.

Cuando un particular —una comunidad de vecinos o una compañía— invierta dinero para ahorrar luz, gas o carburante, recibirá un Certificado de Ahorro Energético (CAE) oficial del Gobierno que recogerá exactamente cuánta energía (expresada en kilovatios hora al año) ha dejado de consumir el edificio o la empresa gracias a esa actuación. Ese CAE solo tiene una finalidad, venderlo a una compañía energética por un precio que determinen las dos partes. De esta manera, cuanto mayor sea la reforma y más energía sea ahorre, más dinero recibirá el propietario por la venta de sus CAE. Desde Transición Ecológica insisten en que este mecanismo no se trata de una subvención o ayuda, sino de una transacción, por lo que el Gobierno no intervendrá en esta compra-venta de certificados.

Fuentes del Gobierno insisten en que no pueden decir cuál podría ser el precio razonable por un CAE, ya que dar una cifra aproximada lanzaría una señal de precio que desestabilizaría el mercado. Desde Transición Ecológica se limitan a estimar que vendiendo estos títulos se puede recuperar "fácilmente" hasta el 60% de la inversión si se trata de una obra de recuperación de calor, que consiste en sustituir una caldera de gas por una bomba de calor y aislar las paredes. En otras actuaciones se puede recibir un 30% o un 40% del coste total, dependiendo del ahorro de energía que aporte la reforma. En todo caso, por un solo CAE siempre se pagará menos de 0,18 euros, porque a partir de ese precio será más rentable para las compañías energéticas pagar su cuota habitual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Un caso práctico. La reforma de la comunidad de vecinos de Alcorcón, que culminó en enero, supuso un ahorro anual de 8,78 millones de kWh para la comunidad, por lo que recibieron 8,78 millones de CAE. Aunque no se conoce el precio al que vendieron sus certificados, la empresa que hizo la reforma, Remica, afirma que reembolsaron al vecindario el 30% del coste total de la intervención. En este caso, la obra consistió en cambiar una caldera de gas comunitaria por una bomba de calor e instalar paneles solares para cinco bloques de 2.400 viviendas.

Aunque el sistema CAE pueda parecer complejo, ya se ha empleado en 16 actuaciones en España, principalmente industriales, y está ideado para que los propietarios que realizan la actuación solo tengan que ocuparse de contratar la remodelación y de vender los CAE al mejor precio posible.

Los certificados se pueden vender directamente a una compañía energética, que son los destinatarios finales de los CAE, pero normalmente serán empresas intermediarias avaladas por el Gobierno (llamadas compañías delegadas) las que se harán con ellos, ya que habrá cientos de millones de títulos que gestionar en el mercado, y será inabarcable para las grandes energéticas. Estas firmas delegadas se encargarán de contratar a un perito que certifique que el ahorro energético de la obra es verídico y luego gestionarán el papeleo administrativo para avalar el certificado. Una vez que el CAE tiene el visto bueno de Transición Ecológica, las compañías delegadas lo venderán a la empresa energética que quiera hacerse con él.

La normativa europea establece que el ahorro de energía al que está obligado cada Estado debe ser financiado por las compañías energéticas del país. En los últimos diez años esos pagos se han hecho al Fondo de Eficiencia Energética (FNEE), donde cada comercializadora de luz, gas y carburantes aporta anualmente una gran cantidad de dinero en función de su cuota de mercado. Con ese fondo, el Gobierno financia ayudas para mejoras de eficiencia energética en todos los sectores de la economía.

Sin embargo, el nuevo objetivo de eficiencia para 2030 es demasiado grande. En 2024, las 455 empresas energéticas españolas que están obligadas a pagar al fondo nacional de eficiencia deberían ingresar 784 millones de euros al FNEE, el doble que en 2023, debido a los objetivos más ambiciosos de la nueva directiva. Este salto es el que ha motivado introducir otra fórmula más asequible para las compañías, los certificados CAE.

Desde el pasado octubre, cuando entró en vigor la nueva directiva, las empresas energéticas españolas pueden elegir entre pagar cada año su cuota al FNEE o comprar certificados CAE, ya que ambas fórmulas sirven para lo mismo: promover inversiones en eficiencia. Como las compañías pueden adherirse al sistema que quieran, los certificados CAE siempre serán más batos que 0,18 euros por kWh, que es el precio que ahora tiene el fondo de eficiencia. La introducción del sistema de certificados es paulatina, y en 2024 el FNEE todavía representará al menos el 40% de todo el ahorro energético español, según ha fijado el Gobierno. Año a año este mecanismo irá desapareciendo hasta que el CAE ocupe todo el sistema, y en 2026 el FNEE solo representará como máximo el 10% del mercado de eficiencia energética.

El Gobierno espera que la compra-venta de certificados estimule poco a poco las inversiones de eficiencia en todos los sectores, ya que es más rápido que el sistema anterior. Una actuación en un edificio tarda en total tres semanas o menos en recibir su CAE y venderlo, mientras que el sistema del fondo nacional de eficiencia supone que el Estado recaude el dinero, publique las bases de las subvenciones, haya un proceso de adjudicación y el dinero se entregue al propietario, un sistema que se alarga meses o años.

Transición Energética estima que primero serán los grandes proyectos industriales los que se sumarán al comercio de certificados, y poco a poco los hogares, las oficinas y el transporte. En total, calcula que la inversión total en intervenciones de eficiencia mediante el sistema de certificados movilizará 41.400 millones de aquí a 2030.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "al final" vaya "a hablar aunque sea solo un poco" en el Senado sobre ahorro energético, ya que así, "podemos hablar de España sin insultar a nadie", según informa Europa Press.

Así lo ha asegurado Feijóo después de que Sánchez haya pedido comparecer en el Pleno del Senado para presentar el plan de ahorro energético del Gobierno que se debatió la pasada semana en el Congreso en la convalidación del decreto ley.

Feijóo ha dicho que tiene "mucho interés" en decirle a Sánchez "lo que opina" y cuáles son las propuestas del PP en materia energética. "Nos gustaría que nos explicase él por qué estamos en esta situación", ha exclamado. "Además, creo que es bueno que comparezca en el Senado porque mientras comparece en el Senado los ministros no nos van a insultar y eso es muy importante", ha apostillado el presidente del PP.

Al respecto, ha señalado que "esta mañana ya ha insultado otro ministro, antes de comer puede que le toque al siguiente y por la tarde ya no sé cuántos ministros nos insultarán"; por eso, ha continuado, "por lo menos, durante el tiempo del debate en el Senado, podemos hablar de España sin insultar a nadie, que es el objetivo de esta comparecencia, hablar de España sin insultar a nadie", ha afirmado.

En relación con los insultos, ha dicho que "hacia mi persona los acepto, llevo algunos años dedicándome a la política, y he visto que el deporte favorito de los nacionalistas, podemitas y de los socialistas en Galicia era insultarme" y "cuando más me insultaban más votos teníamos y cuanto más veces me insultaban más mayorías absolutas sabácamos".

"Si necesitan 22 ministros para turnarse e insultar a un ciudadano será porque no tienen mucho que hacer", ha señalado, pero ha dejado claro que no acepta que el Gobierno "insulte a los españoles maquillando la realidad en la que están viviendo". "Ese insulto me duele especialmente".

Así lo ha indicado Feijóo, que ha participado junto con el presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el coordinador general del PP y presidente provincial, Elías Bendodo, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande en la Junta Directiva del PP de Málaga.

En cuanto a uno de los "fracasos" del Gobierno ha citado la política energética porque "ha limitado de forma irresponsable la capacidad de producción energética de España".

"Mientas los polacos, los alemanes y otros países de la UE potenciaban sus centrales térmicas, aquí se han cerrado todas; mientras los portugueses, y otros países de la UE estaban incrementando sus potencialidad hidráulica, aquí no se ayuda a ello; y mientas la mayoría de los países y la UE señala que la energía nuclear es verde, aquí se ha dado plazo de finalización a las centrales nucleares españolas, que producen el 20% de la energía que consumimos", ha enumerado.

Es más, ha lamentado que "el mismo año que Alemania incrementaba sus centrales térmicas, aquí cerrábamos incluso aquellas que habían hecho inversiones millonarias para cumplir el reglamento de emisiones de la EU".

A su juicio, España "ha perdido competitividad y vulnerabilidad". "El resultado es que, cuando apagas un sistema y fuente de energía que funciona antes de enchufar una nueva fuente de energía que aún no funciona, tenemos un problema energético al que hemos introducido todavía más dificultades".

"Sánchez ha sabido combinar a la perfección la irresponsabilidad política energética con la irresponsabilidad política en asuntos exteriores", ha advertido, por otro lado, Feijóo.

Así, ha criticado, en un momento de crisis energética que invade a toda la UE, "el volantazo" en la política de exteriores de España, que "ha conseguido que uno de los grandes países proveedores de gas, el país que más gas vendía a España en unas condiciones óptimas, como es Argelia, haya pasado a vender el que nos vendía a nosotros a vendérselo a Italia y hacer grandes acuerdos con Francia".

"Es evidente que lo que ha ocurrido en la política exterior de España ha impactado negativamente en la política energética", ha dicho y se ha referido a las declaraciones de Sánchez sobre ir a Argelia: "Lo que debería era haber ido a Argelia antes de tener un problema con Argelia y no ahora a intentar solucionar el problema que él ha generado", ha sentenciado.

Por otro lado, ha aludido a la subida de la factura de la luz y como los "costes energéticos están cuestionando la viabilidad de empresas españolas". "Ahora la única solución que se le ocurre al Gobierno, sin hablar con los sectores que lo tienen que aplicar; con las Comunidades, que tiene que vigilar, y sin hablar con la oposición y en contra del reglamento de la UE, es obligar a los ciudadanos, a los comerciantes, a los escaparates y tener la broma de sacarnos y ponernos la corbata en función de que nos interese ponerla o sacarla".

"Esto no tiene ningún sentido; no tiene ningún sentido poner límites a la producción de energía en el país; proponer al mismo tiempo recortes drásticos en el consumo de la energía que necesitan empresas para operar y limitar la producción de energía en el ámbito hidráulico, de las térmicas y nucleares", ha enumerado, además de que "no tiene ningún sentido subvencionar con 400 millones de euros a los consumidores franceses con esa excepción ibérica", ha señalado.

Por ello, ha pedido a Sánchez que "confíe en España y los españoles", que "abandone la vía de la imposición y apueste por la vía de los incentivos al ahorro de las familias, que ofrezca ayudas y bonificaciones a aquellos particulares y empresas que se comprometen y consiguen bajar el ahorro de energía, que confíe en las capacidades energéticas del país y ponga a trabajar todas las fuentes de energía instaladas", además de que "sea el primero en dar ejemplo".

"No le puedes pedir esfuerzo a las familias y ciudadanos y que tu Gobierno sea el más caro de la democracia española en 40 años. Eso es lo contrario a dar ejemplo", ha advertido.

Por otro lado, ha incidido, asimismo, en que un Ejecutivo "responsable" ha de buscar "soluciones, bajar el diapasón del insulto, evitar discusiones y buscar puntos de encuentro", porque "solo así podemos unir a España ante la reconstrucción del país".

Durante su intervención, tras advertir de que el curso político que se inicia es "decisivo" para España, ha lamentado que el país y los españoles están "en un momento de enorme incertidumbre y cada día, cada semana y cada mes hay más familias, ciudadanos, autónomos, pequeñas y medianas empresas, preocupadas por la situación".

"Estamos preocupados por la situación porque sabemos, después de casi cuatro años, que este Gobierno no es capaz de hacer frente a la difícil situación que atraviesa el país", ha advertido, al tiempo que ha señalado que el Ejecutivo "no ha estado ni está concebido para hacer frente a una crisis, sino para resistir en el Gobierno".

Ha recordado que se acusó al PP "de catastrofistas" en relación con la inflación o la advertencia del riesgo de entrar en una desaceleración económica, entre otros. "Hace tan solo unas semanas, sin embargo, todos los que nos llamaban catastrofistas nos advierte de que vamos a tener un otoño e invierno muy duros".

Por ello, ha criticado que Sánchez y su Gobierno "siempre hacen lo mismo. Desprecian todo lo que diga el PP" y, segundo, "niegan la realidad" y cuando esa realidad es evidente "llegan tarde a buscar soluciones".

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia, que debe aprovechar los 70.000 millones de euros que la Unión Europea destinará a España hasta 2026 para reactivar la economía sacudida por la pandemia, se ha traducido hasta el momento en 188 convocatorias de proyectos, de las que 133 se encuentran ya cerradas, 40 están abiertas y 14 aún se encuentran pendientes de formalizar. Así consta en el portal web del plan, que reúne sólo las convocatorias publicadas por los ministerios, sus organismos dependientes y las comunidades autónomas. Fuera quedan, por tanto, las que surjan de la iniciativa de ayuntamientos y diputaciones provinciales u otras entidades locales.

Esos proyectos son aún escasos, si se tiene en cuenta que suman unos 5.755 millones de euros, según la suma realizada por Funcas, el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorro, apenas el 21,3% de los primeros 27.000 millones de euros que se han consignado en los Presupuestos del Estado de 2022.

Las dudas sobre la capacidad de España para gestionar la lluvia de millones que le está proporcionando la UE se pueden convertir en certezas a la luz de los primeros pasos en la digestión de los fondos. Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes: España es el país que menos fondos estructurales fue capaz de gastar entre 2014 y 2020 y que más denuncias acumula por su mal uso.

La falta de personal técnico, con la suficiente cualificación, era una de las rémoras de las que ya advertían los expertos antes de que llegaran los primeros fondos. Además, en un informe interno desvelado por El País, la empresa Airbus ha expresado sus quejas sobre la falta de coordinación y de liderazgo de los ministerios a la hora de poner en marcha el Perte Aeroespacial, en el que el consorcio multinacional está especialmente interesado. Se trata de uno de los cinco Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica previstos, de los que sólo uno ha sido aprobado por el Consejo de Ministros –el del vehículo eléctrico–, mientras que tanto el aeroespacial como el de la cadena agroalimentaria no han pasado de la fase de estudio y los otros dos, para la salud de vanguardia y del español como impulsor de la economía, son de momento meros anuncios.

El Perte del vehículo eléctrico es el que contará con mayor financiación pública, 4.300 millones de euros, de los que 400 millones están destinados al Plan Moves III, a conceder ayudas –de 4.500 a 7.000 euros– a particulares, autónomos y administraciones para que compren vehículos eléctricos e híbridos enchufables. También se subvencionará la adquisición e instalación de infraestructuras de recarga. Otros 100 millones de euros del Plan Moves II se dedicarán a subvencionar “proyectos singulares” y “desarrollos experimentales e innovadores” relacionados con el vehículo eléctrico.

Otra de las convocatorias más generosas es el Fond-ICO Next Tech para proyectos digitales innovadores “de alto impacto”, en el que el Ministerio de Economía ha comprometido 2.000 millones de euros. Igualmente habrá 1.000 millones más en ayudas a los ayuntamientos para “la transformación digital y sostenible del transporte urbano”: descarbonización de las ciudades, mejora de la calidad del aire y mitigación del ruido.

Estas son, de momento, las convocatorias más sustanciosas. El Perte para la salud de vanguardia está diseñado para emplear 982 millones de euros. El siguiente en la lista son los 670,1 millones de euros que costará crear 65.000 plazas públicas gratuitas para niños de hasta tres años. Para incentivar el autoconsumo energético y el almacenamiento con fuentes de energía renovable en viviendas se han reservado 660 millones.

Buena parte de las convocatorias se refieren a los ejes obligados por la Unión Europea: la transición ecológica y la digital. Los fondos deben utilizarse también para promover la cohesión económica, social y territorial, la competitividad, la resiliencia, la productividad, la salud, la educación, la investigación, el empleo, la estabilidad financiera…

Así que hay convocatorias estrella para financiar la transformación digital de las administraciones –92,7 millones de euros– o para reforzar la conectividad de los centros públicos: 150 millones de euros. Para reforzarla en polígonos industriales y logísticos se destinarán 100 millones más. Pero la mayor cuantía se la llevará el Programa Único-Banda Ancha del Ministerio de Economía, que concederá 250 millones a operadores de telecomunicaciones para que desplieguen infraestructuras de banda ancha de muy alta velocidad en zonas sin cobertura adecuada.

Para inversiones en I+D destinadas a redes 5G y 6G se han asignado 95,25 millones de euros. Incluso hay dinero para proyectos de inteligencia artificial: 50 millones.

Otro tanto ocurre con la eficiencia energética: 10,3 millones para conseguirla en el Ministerio de Defensa y 91,37 millones en el Ministerio del Interior. Además, se ha diseñado un programa completo para promover la rehabilitación energética de edificios, nutrido con 300 millones, el programa PREE. Una parte, 50 millones, se dedicará específicamente a los municipios “de reto demográfico”; es decir, a los que tienen menos de 5.000 habitantes. También para esta franja se reserva el Programa DUS 5000, 325 millones en ayudas a la transición ecológica. Es decir, a la rehabilitación energética, el autoconsumo, la climatización renovable, el alumbrado con reducción de contaminación lumínica y la movilidad sostenible. Según el ministerio de Teresa Ribera, ya han recibido más de 1.500 solicitudes de ayuntamientos. El 30 % de las peticiones corresponden a municipios de menos de 500 habitantes y el 50%, de menos de 1.000. La mayoría de ellos se sitúan en Castilla y León, y en Andalucía.

No obstante, las convocatorias del plan no se ciñen a proyectos tecnológicos o industriales. También incluyen iniciativas sociales. Por ejemplo, se subvencionarán proyectos piloto para cambiar el modelo de los cuidados de larga duración con hasta 110 millones de euros. El Ministerio de Derechos Sociales, además, ha firmado un convenio de casi 450 millones de euros con las comunidades autónomas para subvencionar proyectos relacionados con la dependencia, la infancia o la creación de entornos accesibles para los discapacitados.

Aparte de la ya citada creación de plazas públicas de guardería, otra partida sustancial, de 361,5 millones de euros, se dedicarán a subvencionar estancias de formación en universidades, tanto extranjeras como españolas, así como a ayudar a las universidades españolas a “atraer talento internacional”.

El tratamiento de las adicciones –6,6 millones para entidades sin ánimo de lucro–, la atención a las mujeres víctimas de explotación sexual –220.000 euros– o un convenio de inclusión para la infancia con Save The Children –7,6 millones– tienen cabida en el plan europeo. El sistema de seguimiento telemático para maltratadores ya ha sido adjudicado a Telefónica en un contrato de 44,4 millones de euros.

Mayor volumen posee el apartado relativo a la formación profesional. Para ocupados del sector del turismo, desde hostelería hasta agencias de viaje y aerolíneas, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha reservado 40 millones de euros. Para cualificación profesional en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación el Ministerio de Educación destina 87,7 millones. La adquisición de competencias digitales se llevará 50 millones más. El Ministerio de Trabajo, además, ha incluido en el Plan de Recuperación el contrato de 1,1 millones de euros para evitar ciberataques en sus sistemas informáticos. El SEPE sufrió un ataque de hackers el pasado mes de marzo, que retrasó el trámite de miles de prestaciones.

Un buen número de convocatorias se refieren a suministros de todo tipo de equipos de investigación científica y material de laboratorio. El CSIC, el Ciemat o el Instituto de Astrofísica de Canarias, por ejemplo, financiarán la compra de citómetros de flujo, espectómetros de masas, portamuestras para criomicroscopios electrónicos, sistemas de dosimetría o el diseño de un telescopio-interferómetro.

También se financiará la adquisición de equipos de alta tecnología sanitaria: radiología vascular intervencionista –85,2 millones--, TAC –141,6 millones--, cardiología intervencionista –66,9 millones–. Ya se ha adjudicado el contrato con una organización investigadora para que se lleven a cabo los ensayos clínicos de la vacuna contra el covid que ha desarrollado el CSIC: 2,03 millones de euros para Optimapharm. Otros 575.000 euros se han destinado al suministro de equipos para que el Instituto de Biomedicina de Valencia investigue mutaciones del coronavirus.

Finalmente, hay convocatorias sorprendentes. El Ministerio de Transportes y Adif han incluido pequeñas obras en carreteras y redes ferroviarias. Hay dos convocatorias para mejorar los cierres laterales que impiden los atropellos de animales en carreteras y autopistas. Y otras tres para levantar pasarelas de peatones en la M-40 de Madrid, una carretera de Salamanca y sobre las vías de la estación de Renfe en A Coruña. Adif también financiará con cargo al Plan de Recuperación el balasto necesario para renovar el acceso ferroviario al puerto de Sagunto, que costará 577.000 euros. E incluso las asistencias técnicas para vigilar las obras en túneles de Lugo, Málaga, Almería y Cantabria.

Llama igualmente la atención que el Ministerio de Cultura haya incluido las ayudas a la producción de películas en el plan. Pero uno de sus componentes, el número 25, tiene como objetivo precisamente impulsar la industria de la cultura y “dinamizar el sector audiovisual”. Serán 12 millones de euros para subvencionar proyectos cinematográficos, 1,23 millones para la organización de festivales de cine y 300.000 euros para impulsar la participación de películas españolas en festivales.

Del mismo modo habrá subvenciones, por un monto total de un millón de euros, para sufragar las estancias en el extranjero, de hasta dos meses de duración y por importe máximo de 10.000 euros, de escritores españoles. La condición es que hayan publicado al menos una obra. Con cargo a los fondos europeos se financiará igualmente el servicio de información turística del Centro de Arte Reina Sofía: 922.386 euros.

Más curiosidades: el escaneo y tratamiento bibliográfico de El Adelantado de Segovia, que costará 160.000 euros, está incluido en el Plan de Recuperación. Lo mismo que las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Tabacalera en Madrid. El Ministerio de Hacienda ha presupuestado el contrato en 5,8 millones. Mucho más dinero costarán las obras para la transición energética de los 42 edificios del conocido como Patrimonio Sindical Acumulado: 98,23 millones de euros. Con el dinero europeo también se sufragará la modernización energética de 54 instalaciones del Consejo Superior de Deportes, entre ellos sus tres centros de alto rendimiento deportivo. La factura final ascenderá a 75 millones de euros.

La sombra del Plan E es alargada. Los 13.000 millones de euros en inversiones públicas con los que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiso impulsar la creación de empleo en 2008 tuvieron un impacto limitado y las críticas por la naturaleza de los proyectos subvencionados fueron constantes. El Gobierno de Pedro Sánchez calcula en 2,6 puntos porcentuales el crecimiento del PIB que propiciarán los fondos de la UE sólo en 2021. El Banco de España, en cambio, lo reduce a 1,3 puntos, tras recordar precisamente el Plan E, cuyo “efecto multiplicador sobre la actividad y el empleo” fue “relativamente reducido”. Y destacar la “elevada incertidumbre” que existe sobre la capacidad de las administraciones públicas y el sector privado para “ejecutar proyectos de inversión por un volumen tan elevado en unos plazos tan cortos”. Por ese motivo, reclama una “muy rigurosa” selección de los proyectos.

Rehabilitación de viviendas para hacerlas más eficientes energéticamente. Es la segunda partida más grande de inversión que contemplan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno este jueves, pero pocos saben de qué se trata esta actuación y de su importancia para combatir el cambio climático, para aliviar la factura de luz y gas, para generar puestos de trabajo y para "vivir mejor". Una auténtica revolución silenciosa, en vista de que el Ejecutivo, gracias a los fondos europeos, va a quintuplicar la inyección de dinero en esta materia. De los 570 millones estimados en los PGE de 2021 a los casi 2.900 millones que plantea el proyecto de las cuentas públicas antes de pasar por el escrutinio parlamentario. 

Suena un poco aburrido. "Rehabilitación de viviendas" no es un buen eslogan para una buena pancarta revolucionaria. No conmueve a las masas. Pero no hay nadie que maneje mínimamente el asunto, desde los burócratas más comprometidos con la administración hasta los ecologistas más ecologistas, que niegue su potencial para la transformación. En esencia, se trata de la reforma masiva del parque de viviendas español para, sin consumir combustibles fósiles o pagar cientos de euros en el recibo de la luz, pasar menos frío en invierno y menos calor en verano.

Hace falta hacerlo por tres motivos principales. En primer lugar, por lo evidente: el confort térmico que no implique un gasto desorbitado en consumo energético es bienestar y calidad de vida. En segundo lugar, porque España tiene un compromiso de reducción de emisiones causantes del cambio climático y no todo va a ser instalar renovables: hace falta bajar la demanda y reducir el impacto del parque de viviendas. En tercer lugar, porque genera empleo. Hasta 100.000 nuevos puestos de trabajo al año, prevé el Ejecutivo en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, para mejorar un 32,5% la eficiencia energética hasta 2030. 

No será fácil. Al habla el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, el organismo dependiente de Transición Ecológica que hasta hace poco capitaneaba la rehabilitación energética de nuestras casas. "Hay que multiplicar por diez el ritmo actual. Estamos entre 20 y 30.000 viviendas rehabilitadas al año. Hay que llegar a 300.000 al año". Para el ingeniero, más allá de las metas climáticas, esto se trata de "mejor calidad de vida". De "vivir mejor". 

1.151 millones que se movilizan ya

Más cifras. El Gobierno gastará 2.900 millones de euros de los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas. En los presupuestos generales del Estado se plantearon 570 millones: se quintuplica la cifra. La medida irá destinada, sobre todo, al 80% de viviendas por debajo de la calificación energética A: es decir, que no son eficientes energéticamente. Cuando pega el sol, hace demasiado calor en la casa: y cuando fuera aprieta el frío, la vivienda es incapaz de mantenerse a una temperatura confortable sin calefacción. Además, el 40% fueron construidas antes de 1980. 

Los datos fueron ofrecidos por el Ejecutivo en los dos decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, fruto de la iniciativa del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana. El departamento antiguamente conocido como de Fomento relevará al IDAE en la gestión de la rehabilitación energética. Y mediante esas dos normas, se movilizan ya 1.151 millones de esos 2.900 planteados en los PGE, a cargo de los fondos Next Generation EU. Next Generation EU

El primero de los decretos ofrece deducciones en el Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) de hasta el 60% para las reformas, hasta un máximo de 15.000 euros. Cuanto más se avance en eficiencia energética gracias a la obra, mayor es el porcentaje, con ese tope como máximo. El segundo implanta, directamente, subvenciones: para comunidades autónomas, para ayuntamientos, para administraciones y para propietarios de la vivienda. 

En este último decreto se barajan tres actuaciones principales. La primera está dirigida a los llamados "Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP)". Es decir, barrios donde la administración identifique una necesidad urgente de reforma para que los vecinos vivan en casas más eficientes, ahorren en la factura y contribuyan a la acción climática. En esta primera línea de ayudas, el dinero se transfiere a las regiones y ésta, a su vez, lo pasan a los ayuntamientos para que identifiquen zonas susceptibles de rehabilitación y se pongan en contacto con los propietarios. 

"Se necesita de la actuación decidida del Ayuntamiento", aseguran fuentes del Ministerio de Agenda Urbana. Son los que tienen que dirigirse, proactivamente, a estos propietarios y convencerles para la obra. La subvención del Gobierno también está condicionada al ahorro final, del 40% hasta el 80%, ampliable al 100% si los propietarios o arrendatarios son vulnerables económica o socialmente. El extitular de la cartera José Luis Ábalos reconoció en junio su temor a que ese porcentaje que tendrían que pagar los vecinos como derrama disuadiera a los interesados, pero espera que el ahorro en la factura resultante amortice el esfuerzo en pocos años. 

La segunda de las medidas está dirigida a los propietarios que quieren abordar la reforma de su edificio o de su vivienda unifamiliar sin esperar a que el Ayuntamiento identifique su vivienda como parte de un barrio especialmente necesitado. Una vez más, la subvención puede alcanzar el 100% si los beneficiarios cumplen criterios de vulnerabilidad, y la ayuda puede alcanzar los 18.800 euros por vivienda. La última está dirigida a las viviendas que quieren mejorar la eficiencia sin abordar una transformación completa, con un monto máximo de 3.000 euros por casa y el 40% de la actuación. 

Todas estas posibilidades se suman a una línea de ayudas ya abierta y que aún gestiona el IDAE: el programa PREE 5000, destinado a los municipios de menos de 5.000 habitantes como parte del reto demográfico. Hay para todos. 

Los pequeños detalles

Pero las fuentes del Mitma ponen el foco en la letra pequeña, las pequeñas modificaciones de la normativa que pueden acelerar el proceso. En primer lugar, si recibes una ayuda para la rehabilitación energética, ya no tributará como ganancia patrimonial, lo que podía ser un problema a la hora de la declaración de la Renta. "Es una oportunidad para esos barrios socialmente abandonados", aseguran desde Agenda Urbana. En segundo lugar, se ha cambiado la Ley de Propiedad Horizontal para que solo sea necesaria la mayoría simple de los vecinos para que un edificio se lance a ser eficiente energéticamente. Y en tercer lugar, se instaura la tan ansiada ventanilla única: la creación de oficinas municipales de rehabilitación, que agrupen todo el papeleo necesario. 

Para Groizard, una de las claves de estas oficinas es que sean proactivas, no solo reactivas. Que no solo se encarguen de la burocracia, sino que den un paso adelante para buscar posibles beneficiarios. Es el gran problema de la eficiencia energética: la mayoría está muy ocupada de llegar a fin de mes y de sacar su casa adelante como para afrontar una reforma incómoda de beneficios poco tangibles. "Hay que llegar y todavía nos falta trabajo", reconoce el director del IDAE. "Para eso, además, hay que trabajar mucho con el tercer sector, con gente que trabaja con familias en situaciones de vulnerabilidad, que conoce las dinámicas". En términos de carga mental, no es lo mismo quien tiene un chalet unifamiliar que quien sobrevive hacinado en un pequeño piso de una gran ciudad masificada. Y esta revolución silenciosa va dirigida, sobre todo, a estos últimos. 

Todo esto está muy bien, pero... ¿qué se hace?

¿En qué consiste reformar energéticamente una vivienda? ¿Qué es lo que se hace exactamente? Una de las actuaciones más importantes es el aislamiento adecuado de paredes y ventanas para mantener el confort térmico en todo momento y no sea necesario conectar el aire acondicionado o la calefacción, con el consiguiente impacto ambiental. Pero no solo. También se aborda la iluminación, con bombillas que gasten menos y alumbren lo mismo (¡o mejor!). Y la calefacción, claro, para intentar jubilar antiquísimas calderas de carbón e incluso, si es posible, el gas natural, apostando por biomasa en zonas rurales o por bombas de calor, en ciudades, que pueden calentar una casa con el 70% menos de consumo. 

Parece accesorio, pero no lo es. Para cumplir con los objetivos climáticos es imprescindible abordar esta serie de reformas en las que, reconoce el Gobierno, España va muy retrasada con respecto a la media europea. La UE lo tiene claro en uno de sus principios para la acción medioambiental: "la eficiencia, primero". También, y sobre todo, en nuestras casas. 

La contaminación lumínica ha crecido, al menos, un 49% en los últimos 25 años, según datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), una cifra que los investigadores califican de "alarmante" y ante la que la Sociedad Española de Astronomía alerta de que a corto plazo se agudizará si el Proyecto de Decreto Ley para la eficiencia energética, cuyo plazo de alegaciones termina esta semana, se aprueba de acuerdo con la propuesta actual, informa Europa Press.

El estudio, en el que participa el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) a través de la Oficina de Calidad del Cielo, incluye solo datos de satélites, que son muy limitados para detectar la luz azul, que es la contaminante, de manera que los expertos advierten que la cifra de aumento real podría incluso alcanzar el 270%, es decir, casi cuatro veces más a nivel mundial.

La contaminación lumínica, producida por la iluminación nocturna, constituye un problema medioambiental cuyo impacto en la salud humana y en la de los ecosistemas ha sido comprobado. El trabajo de del IAA-CSIC concluye que en los últimos 25 años se ha producido un "alarmante aumento".

El investigador de la Universidad de Exeter y doctor vinculado al IAA-CSIC Alejandro Sánchez de Miguel, ha señalado que la preocupación por la contaminación lumínica surgió en el ámbito astronómico, por la pérdida de calidad del cielo, pero con el tiempo se van conociendo cada vez mejor sus consecuencias, más allá del derroche energético.

De hecho, asegura que hay estudios que muestran una asociación entre niveles elevados de exposición a luz azul durante la noche y un mayor riesgo de padecer cáncer de mama y de próstata, y también se relaciona la contaminación lumínica con problemas en los ecosistemas, como la desaparición masiva de poblaciones de insectos.

El estudio ha examinado las emisiones de luz de 1992 a 2017 y destaca el "impacto oculto" de la transición de la tecnología de diodos emisores de luz (LED) de estado sólido.

A ese respecto, avisa de que las luces LED emiten más luz azul que las tecnologías de lámparas anteriores, pero los sensores satelitales son ciegos a la luz azul y, por lo tanto, subestiman el nivel de emisiones.

"Nuestro estudio muestra que el problema es mucho más grave de lo que creíamos y que podríamos hablar de un aumento que puede alcanzar un 270% a nivel mundial y un 400% en algunas regiones", concluye Sánchez de Miguel.

La eficiencia eleva el consumo energético

Los hallazgos ponen también de manifiesto que el uso de tecnologías más eficientes ha contribuido a empeorar el problema. Este efecto rebote tiene antecedentes históricos, en los que el aumento de la eficiencia en la iluminación y la reducción de su coste generan un aumento del consumo en lugar de un descenso, ya que comienzan a iluminarse regiones oscuras o se programa el alumbrado desde el atardecer.

El constante aumento de la iluminación nocturna ha ocasionado que la mitad de Europa y un cuarto de Norteamérica sufran una "pérdida de la noche" generalizada, con la consiguiente modificación de los ciclos día y noche.

La Oficina de calidad del cielo del IAA-CSIC está analizando imágenes de la Estación Espacial Internacional para verificar o descartar los diferentes escenarios posibles y acaba de concluir un nuevo informe para proporcionar los últimos datos disponibles en la materia de cara a elaborar los próximos decretos de reducción de la contaminación lumínica actualmente en periodo de alegaciones, tanto a nivel estatal como autonómico.

El investigador considera asimismo que el nuevo proyecto de Decreto Ley nacional para la eficiencia energética ignora el conocimiento científico actual, aumentará la contaminación lumínica en España y amenazará la sostenibilidad.

Ese borrador establece valores de iluminación máximos excesivos, se favorece el uso de la luz muy azul -la más perjudicial- en lugar de promover la luz cálida, obliga a iluminar superficies hoy oscuras y prohíbe tanto reducciones grandes de intensidad como el apagado de instalaciones en horario de bajo uso, en contra de la tendencia en los países vecinos.

España será el segundo país de Europa, tras Italia, que más dinero recibirá del plan de recuperación aprobado por la UE para sacar a la economía comunitaria de la crisis en que la ha sumido el covid-19. Un total de 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 millones vendrán en forma de ayudas a fondo perdido. Pero los fondos deberán tener un destino muy preciso. Se trata de recuperar la actividad que tan dañada ha resultado tras dos meses de coma inducido, sí, pero también de espolear el cambio de modelo productivo. Y en una dirección bien definida: hacia una economía sostenible y digital. El Gobierno debe presentar ahora sus planes de inversión y reformas, pero sólo serán aprobados los proyectos que impulsen la transición ecológica y la digitalización. “El futuro de Europa radica en la inversión en los sectores y las tecnologías clave, desde el 5G hasta la inteligencia artificial, pasando por el hidrógeno limpio y la energía renovable marina”, proclamó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando presentó el plan de recuperación.

El final del camino suena a futuro prodigioso y parece claro, pero en el punto de partida España tiene un modelo productivo con actividades de mucho peso donde dominan lo analógico, lo contaminante y lo precario. Pese a lo mucho que se ha hablado durante tantos años sobre la necesidad de cambiarlo, y de aprovechar las crisis para hacer la transformación, la economía nacional sigue anclada en un patrón del que cada vez son más patentes las fisuras. Se vio tras la recesión que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria y vuelve a sangrar la herida con el golpe del coronavirus.

El 18% del PIB español descansa sobre dos sectores fundamentales: el turismo y la construcción. Entre ambos aportan casi el 21,5% del empleo. De la dependencia de la economía nacional del turismo ha dado buena cuenta este verano inaudito sin visitantes extranjeros. El 12,3% del PIB procede de esta actividad, cuya contribución además ha crecido 1,3 puntos desde 2015, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El turismo es el responsable de 2,6 millones de puestos de trabajo, el 12,7% del empleo. La construcción aporta mucho menos, un 5,6% del PIB en 2018, pero el 8,8% de los afiliados a la Seguridad Social. Cierto también que la crisis del ladrillo ha encogido a la mitad el sector, que en 2009 alcanzaba el 10,1% del PIB, de acuerdo con los datos de la Contabilidad Nacional publicados por el INE. Modernizar ambos pilares de la economía es una tarea necesaria, a la vista de los daños que infligió en la construcción la crisis de 2008 y los que ahora amenaza con dejar en precario estado de salud al turismo la crisis del covid-19en precario estado de salud al turismo la crisis del covid-19.

Los empresarios de uno y otro sector se han apresurado a reclamar parte del suculento pastel de fondos que va a venir de la UE. Millones que van a llover sobre dos ramas de actividad caracterizadas por la atomización en pequeñas empresas, el uso intensivo de mano de obra poco cualificada, la baja productividad, una cultura de innovación no muy propensa a los cambios tecnológicos y con problemas de sostenibilidad. Cómo empujar al turismo y la construcción hacia la economía verde y digital es la cuestión.

“No existe una varita mágica que diga 'hágase' y transforme el chiringuito de playa en una instalación sostenible y tecnológica”, advierte Antonia Díaz, profesora de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. A su juicio, el método adecuado es combinar “palo y zanahoria”; es decir, que las administraciones den incentivos que para que las empresas orienten su actividad hacia la dirección deseada, mientras desalientan los proyectos que van en dirección contraria. Por ejemplo, subvenciones a la construcción de hoteles ecológicos, pero recargos en el IBI a quien lleve a cabo obras de rehabilitación de edificios que no respeten los criterios de sostenibilidad. “No existen milagros ni cosas tremendamente sofisticadas”, aclara, “únicamente que las administraciones piensen de forma global”, al tiempo que explican que los resultados “no van a ser inmediatos y llevará tiempo verlos”. “Además, el dinero de la UE es para ese tipo de proyectos y para nada más... Es una inversión que hay que hacer y que no tiene coste de corto plazo”, recalca.

Rehabilitación de edificios y trenes de mercancías

Como ejemplos concretos, Díaz cita la rehabilitación de edificios para ganar eficiencia energética, donde advierte la existencia de un amplio margen de mejora: en España sólo el 5% de los inmuebles cuenta con certificación energética C o superior –la A es la más alta, con un gasto casi nulo de energía externa, y la G más baja, unos 2.120 euros al año, entre calefacción, agua y refrigeración–. La más habitual en España es la E, con un gasto anual de unos 1.000 euros, según los cálculos del portal Fotocasa. Los edificios nuevos suelen estar por encima de la C, pero sólo representan el 2% del parque de viviendas actual.

Según explica la profesora de la Carlos III, incentivar este tipo de proyectos tiene beneficios obvios si se tiene en cuenta que el sector residencial es el responsable del 30% de las emisiones de COy dos terceras partes de esas emisiones proceden de la calefacción y el aire acondicionado. Pero, además, son unos grandes creadores de empleo y permiten elevar la cualificación de la mano de obra que se emplee en ellos. Finalmente, harían de la construcción un sector menos dependiente de la obra nueva y del ciclo económico, asegura Díaz. Como también ha explicado en sus artículos, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, Francia o Italia, en España la construcción de edificios está “hipertrofiada en número de empresas y empleo”, pero es también el subsector que menos valor añadido genera por trabajador. Proporciona el 53,7% de las empresas y el 42,6% de los puestos de trabajo, pero el valor añadido por trabajador de la ingeniería civil multiplica por 24 el suyo.

Otra actividad con margen potencial es del transporte ferroviario de mercancías, que se encuentra en España en plena fase de liberalización, con la entrada de operadores privados en competencia con Renfe. En la Unión Europea, sólo el 17,4% de los movimientos de mercancías se realizan en tren. En España, la cuota apenas llega al 4%. El transporte por carretera, el 76,4% en la UE, es, de hecho, uno de los sectores más contaminantes. El objetivo de Bruselas para 2030 es sustituir por ferrocarril el 30% del transporte por carretera a distancias superiores a los 300 kilómetros, lo que evitaría la emisión de 290 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Algo parecido ocurre con la movilidad urbana, para lo que hace falta impulsar la demanda de vehículos híbridos o eléctricos, gravando los coches más antiguos, desplegando redes de repostaje eléctrico o de hidrógeno y electrificando el transporte público, por ejemplo.

Imitar a Francia e Italia

Entre 10.000 y 12.000 millones de euros en inversiones públicas ha reclamado ya el vicepresidente de Exceltur, la patronal del turismo, José Luis Zoreda, para su sector. Ese dinero es el que necesita para “la reconversión integral de las grandes fábricas o destinos turísticos de los años 70” y transformarlos en “entornos más protegidos, sostenibles y deseables para turistas y residentes”.

Pablo Díaz Luque, profesor de Estudios Económicos y de Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experto en turismo, confirma que, una vez recuperado el sector del pozo en que lo está dejando el covid-19, no tiene sentido replicar el modelo antiguo que ya ha mostrado todas sus fisuras. “Competir en precios siempre es malo, y más cuando otros destinos en el norte de África, por ejemplo, pueden ofrecerlos más baratos aún; también por el tipo de público al que atraes”, advierte. Díaz Luque cree que con la alta calidad de los hoteles españoles es posible captar a otro tipo de turista. Sin ir más lejos, a quienes reivindican la flygskam, o vergüenza a volar en sueco. A juicio del profesor de la UOC, debería recuperarse el proyecto del AVE low cost o AVLO, para eludir el transporte aéreo y seducir a los turistas nórdicos o de otros países europeos que renuncian a los aviones por su poder contaminante. “Ya está pasando, hay turistas muy concienciados que han dejado de venir a Canarias porque tienen que coger un avión”, precisa, “así que tener los sellos de sostenibilidad y de turismo verde ayudaría a cambiar el modelo”. O impedir que proliferen ofertas como las que acaba de anunciar Ryanair: un millón de vuelos a cinco euros el billete.

Ese mismo perfil también estaría interesado en el cicloturismo, asegura Pablo Díaz. Muy desarrollado en Europa, incluso con vías internacionales, en España se encuentra aún en pañales. Y puede formar parte de la “democratización geográfica de la experiencia turística” que aconseja también el experto. Pasar de concentrar la actividad turística en las zonas costeras a aprovechar los recursos del interior y del turismo rural. “Que hasta el último hotel rural tenga un buen wifi, un sistema de reservas y una cadena de comercialización adecuadas”, pide. Díaz Luque pone como ejemplo a Francia e Italia, que ponen en valor sus destinos de interior. “Y nosotros”, recuerda, “estamos tan surtidos de castillos y pueblos con plazas medievales como ellos”.

No se trata de empezar a captar de repente sólo a viajeros “con alto poder adquisitivo y buen comportamiento”, tras desechar a los habituales de Salou o Lloret de Mar –“aunque este verano quizá estemos echándolos de menos”, precisa–, sino de compaginar a los de alta conciencia medioambiental, que prefieren los destinos rurales y el cicloturismo, con los turistas de gran gasto. “Estoy convencido de que se reanudarán las campañas para traer a rusos, chinos y estadounidenses, que contratan estancias más largas y se gastan mucho más dinero que los turistas de proximidad, como los franceses”, defiende.

Preservar los centros urbanos

Pablo Díaz invita también a abandonar la turistificación de los centros urbanosturistificación de los centros urbanos. Por los problemas de convivencia con la población local que ha generado, por la pérdida de autenticidad que ha provocado –y que termina disuadiendo al viajero de visitar zonas hiperturistificadas– y por los efectos que ha hecho patentes la pandemia: centros de las ciudades que han quedado muertos sin turistas extranjeros. “Hay que propiciar un desarrollo del turismo urbano armónico con el desarrollo de la ciudad, hasta ahora ha faltado una mirada a largo plazo”, sostiene.

Por el mismo motivo, Díaz Luque considera que debería desalentarse las tentaciones para precarizar el empleo en un sector ya de por sí castigado por la alta temporalidad y la baja cualificación. Evitar que el exceso de flexibilización destroce las condiciones laborales de las camareras de piso –las kellys– y que el low cost laboral se traduzca en contratos en negro en la restauración y la hostelería.

Además, los mismos incentivos que Antonia Díaz pedía para la mejora de la eficiencia energética de las viviendas se pueden aplicar a los hoteles. Recuerda el profesor de la UOC que existe toda una tecnología para medir la huella de carbono, el impacto medioambiental de los alojamientos turísticos, cuyo uso puede estimular las administraciones. También menciona Pablo Díaz los smart destinations, los destinos inteligentes, que hacen uso de la tecnología para mejorar la calidad del turismo y la calidad de vida de los residentes: sensores de tráfico y aparcamiento, respeto al entorno, reducción del impacto visual y de la contaminación, máxima eficiencia energética... “Que el turismo deje de ser un sector depredador y se convierta en un ejemplo de actividad sostenible”, resume Antonia Díaz.

El stock de viviendas sin vender en España es de 1,7 millones. La cuarta parte están en manos de la banca y del llamado "banco malo", Sareb, que se hizo cargo de los peores activos de los bancos nacionalizados. Es tal la cantidad de pisos sin vender, en un contexto de crisis, falta de crédito y salarios a la baja, que según los expertos hará falta más de una década para recuperar el equilibrio entre oferta y demanda.

En plena crisis, son los fondos de inversión y particulares extranjeros los que compran vivienda. Pero empiezan a exigir algo nuevo: que los inmuebles sean energéticamente eficientes. La exigencia supone un problema porque la mayor parte de los edificios no han sido construidos con criterios de eficiencia, ahorro de energía y reducción de emisiones. 

El último informe del Ministerio de Industria y del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) revela que de 450.080 edificios en los que se ha auditado el consumo de energía, apenas 62.000 cumplían con estándares mínimos de ahorro. La mayor parte, un 86% de los edificios examinados, se encuadraban en los últimos tres escalones (la escala tiene siete, de más eficiente, calificado con "A", a menos eficiente, calificado de "G").

Máximo y mínimo

La diferencia entre la máxima calificación energética “A” y la más baja “G” supone un 80% de consumo de energía. Eso es lo que están mirando con lupa los únicos que en este momento compran inmuebles en España: los grandes fondos de inversión. En ciudades como Barcelona, sostienen fuentes del sector, los fondos sólo se interesan por edificios que aseguran el ahorro energético.

Para los vendedores, especialmente la banca, la exigencia, cada vez más común, es un problema. Las certificaciones de edificios existentes indican que la mayor parte de los inmuebles derrochan energía y se sitúan en la parte baja de la escala: un 51% en la calificación "E", el 10% en la "F" y el 25% en lo más bajo de la escala, la calificación "G".

La situación del parque de viviendas choca con los objetivos asumidos por la Comisión Europea para 2030, con una reducción del 40% en las emisiones de gases, un 27% de cuota de energías renovables y un 30% de eficiencia energética. Bruselas recomienda –no exige– un objetivo de rehabilitación de edificios del 2% anual, lo que llevaría a duplicar la inversión en eficiencia energética en la UE hasta alcanzar los 80.000 millones de euros en 2020.

El Gobierno, con calma

En ese marco, el Gobierno español se lo toma con calma. En abril de 2013 aprobó un plan de fomento del alquiler y de la rehabilitación, pero ha tardado más de un año en dar forma al plan mediante convenios con las Comunidades Autónomas y fórmulas para repartir los 2.300 millones de euros en ayudas a la rehabilitación y medidas de eficiencia.

Pese al retraso en las actuaciones, expertos como el exdirector del IDAE Javier García Breva consideran que España tiene ante sí una gran oportunidad de ahorro y de creación de empleo. García Breva sostiene que por cada euro invertido en eficiencia se recuperan 4,5 por el ahorro en importaciones de combustibles fósiles.

El debate sobre la eficiencia energética aumenta de intensidad al ritmo que se incrementan los precios. Hasta el Ministerio de Fomento, en documentos enviados a Bruselas, admite que el precio de la electricidad y del gas se va a disparar en los próximos años.

En opinión de Jorge Morales (Fundación Renovables), la subida de precios de la electricidad responde a un mercado mal diseñado, a merced de las grandes compañías y especialmente desprotegido desde marzo, cuando entró en vigor la nueva metodología de cálculo del recibo eléctrico. De ahí la importancia del ahorro y la rehabilitación, acciones que García Breva califica como "la verdadera reindustrialización del país".