La investigación por parte del juez Antonio Serrano-Arnal de los contratos de publicidad de Bankia a las empresas acusadas de pagar más de 800.000 euros a Rodrigo Rato han abierto una brecha entre el exvicepresidente del Gobierno y su círculo de confianza durante su etapa como presidente de la entidad bancaria.

El magistrado trata de determinar si Rato percibió comisiones ilegales a cambio de adjudicar a las empresas Zenith Media y Publicis Comunicación España al menos dos contratos presuntamente amañados por más de 20 millones de euros. Serrano-Arnal también sigue la pista a los más de 6,5 millones de euros que el exministro de Economía del Gobierno de José María Aznar ingresó sin pagar impuestos en España. 

En declaraciones realizadas a la Agencia Efe, el expresidente de Bankia defendió la "licitud" de su actuación, aunque eludió una posible responsabilidad en los contratos publicitarios, que según su versión fueron objeto de un concurso "competitivo" en que se valoró a las empresas conforme a baremos objetivos por una comisión en la que él no participaba, tal y como consta, según dijo, en el expediente de dicho concurso que debe obrar en poder de la entidad.

Rato precisó, además, que los pagos realizados por el Grupo Albisa, del presunto testaferro Alberto Portuondo Coll, que permanece en prisión desde el 16 de agosto, responden "a trabajos profesionales con contenido documentados adecuadamente". Sin embargo, este empresario aseguró que los pagos se realizaban por informes "verbales".

Arellano y Portuondo

Rato hizo estas declaraciones habida cuenta de que el juez Serrano-Arnal está realizando un seguimiento de las adjudicaciones, en las que aparecen personas de confianza de Rato. Y lo hace con la intención de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados en los contratos. En el horizonte del caso, se trata de determinar si Rato actuó en solitario o con la participación de otras personas, como por ejemplo es el caso de su secretaria personal Teresa Arellano Carpintero o el mencionado Portuondo Coll.

De los pequeños retazos conocidos de las declaraciones de los imputados, que permanecen secretas, y de las informaciones publicadas por los medios de comunicación, solo ha trascendido el alejamiento de Teresa Arellano con su jefe, con el que mantenía una estrecha relación profesional y de confianza de más de tres décadas. Tanta confianza tenía que llegó a tener a su nombre varias de las empresas de Rato.

Pero a esta ruptura se une la declaración de Pilar Trucios, cuyo cargo oficial en Bankia en 2011 era el de directora general adjunta de Comunicación y Marca. Este puesto, enmarcado dentro del apartado de altos directivos, implicaba unos ingresos de 398.000 euros anuales. Y según ha trascendido de su declaración como testigo, Trucios ha acusado a Rato de ser el auténtico inspirador de las adjudicaciones a Zenith y Publicis, por las que supuestamente percibió las comisiones ilegales.

La directora de comunicación

Tanto en el caso de la secretaria de confianza como en el de la directora general de Comunicación, ambas tratan de eludir cualquier responsabilidad en la adjudicación de contratos, que en conjunto superan los 20 millones. El primero de los contratos, tal y como consta en las actas de la reuniones del consejero de administración del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) celebradas el de 2 y 24 de marzo de 2011, fue defendido por Trucios.

La directora de Comunicación y Marca compareció para aportar información sobre la campaña que iba a dar a conocer el nombre de Bankia como la resultante de la fusión de siete cajas de ahorros, entre las que se encontraban Caja Madrid y Bancaja.

De los 13.660.000 euros destinados a esta campaña "masiva", que no llegó a permanecer activa ni dos meses, 12.650.000 tuvieron como destino la central de medios Zenith. Otros 851.508 euros acabaron en las arcas de Publicis.

En su segunda comparecencia en el consejo de administración de BFA, Pilar Trucios intervino para "informar sobre el desarrollo de la campaña de publicidad que se ha puesto en marcha para la presentación de la nueva marca Bankia el pasado 2 de marzo". Además, dió cuenta de los próximos pasos previstos en la campaña, como por ejemplo la comunicación con empleados y clientes y la señalística de oficinas.

En ningún momento Trucios, que al igual que el presunto testaferro Portuondo formó parte del grupo de asesores externos en comunicación que pilotaron la fusión de las siete cajas de ahorros, anunció ningún reparo a la adjudicación. En ese momento, la flamante directora de comunicación, que es integrante del Opus Dei, mantenía una estrecha relación profesional con Rato. Este vínculo, según fuentes del consejo de administración de Bankia, se iniciaron a instancias del presidente en España del banco de inversiones Lazard, Jaime Castellanos, amigo y socio de Rato.

Asesora de Lazard

Trucios, que con una empresa personal asesoró a Lazard en España en el área de comunicación, también había trabajado en el diario económico Expansión. Pero Trucios apenas permaneció un año en su puesto directivo, que abandonó "por iniciativa de la empresa", con una indemnización de 759.167 euros, tal y como consta en uno de los informes apartados al caso Bankia que se investiga el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional.

Precisamente este magistrado mantiene una pieza separada en la que investiga una transferencia de 6 millones de euros de Lazard a Rato, cuando todavía era presidente de Bankia. En ese mismo periodo de tiempo el ex director gerente del FMI otogó a la empresa de su amigo Castellanos contratos por un valor superior a los 16,9 millones de euros.

Otros 8,3 millones

Pero la ruptura más traumática para Rato ha sido la protagonizada con su secretaria personal durante más de tres décadas. Ella, en declaraciones realizadas al diario El Mundo, aseguró sentirse traicionada por su jefe. Arellano Carpintero, que sucedió a Trucios como máxima responsable de comunicación, trata de eludir, de esta forma, una posible responsabilidad en la adjudicación de una segunda tanda de contratos a Zenith y Publicis, por un total de 8,3 millones, que al igual que Trucios descarga en Rato.

La actual dirección de Bankia, presidida por José Ignacio Goirigolzarri, también ha tratado de marcar distancias con el ex director gerente del FMI. Y por eso en agosto tomó la decisión "por prudencia" de paralizar los contratos con Zenith Media y Publicis. En el caso de la primera de estas empresas, la entidad financiera está tratando de rescindir con antelación el contrato que le liga a esta central de medios.

El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha confirmado en un auto de este viernes la fianza de 800 millones de euros que el pasado 13 de febrero impuso a Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y a Francisco Verdú; pero también a Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

Y lo hace en respuesta al recurso presentado por el exvicepresidente de Bankia y anterior máximo responsable de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas. El que también fuera presidente de la Generalitat Valenciana trataba de evitar pagar su parte de los 800 millones que Andreu exigió como responsabilidad civil a los cuatro banqueros y a las dos entidades financieras.

"Como se indica en el auto recurrido, existen indicios racionales y fundados de que el inculpado había participado en la comisión de un delito, tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal, y que tales indicios no se sustentan en opiniones, sino en un informe técnico elaborado por dos profesionales independientes", especifica Andreu en su auto de este viernes, al que ha tenido acceso infoLibre. Este delito se refiere al falseamiento de las cuentas.

El magistrado hace suya la principal conclusión de los peritos, que ha servido de base para la acusación: "Los estados financieros de BFA y de Bankia incluidos en el folleto de emisión no expresaban la imagen fiel de la entidad".

Por su parte, Bankia ha iniciado ya la reclamación de 133,3 millones al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Esta es la suma que la entidad financiera considera la parte de la fianza de 800 millones de la que se tiene que hacer cargo Rato, según confirman a infoLibre fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes explican que la Bankia inició pocos días después de consignar en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional los 800 millones un procedimiento "amistoso" que trata de conseguir que el exgerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los otros tres directivos, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú, aporten una sexta parte de la cifra total.

Andreu impuso en febrero pasado la fianza con carácter solidario para Rato, los otros tres directivos, Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Y la interpretación que hacen desde la entidad financiera atribuye a cada una de los imputados un pago alícuota de 133,3 millones. Este es el motivo por el que el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri ha iniciado un procedimiento civil contra Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú.

Interponer una demanda

En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, Bankia anuncia que interpondrá una demanda contra los directivos, por lo que la decisión final podría correr a cargo de la Justicia ordinaria.

Precisamente, una de las cosas que se deberá determinar es el patrimonio de los cuatro directivos, con la intención de que asuman en la medida de sus posibilidades su parte de la fianza. Es decir, Bankia pretende que Rato y los otros ejecutivos respondan con sus propiedades.

Hasta su detención, Rodrigo Rato había logrado evitar que su patrimonio fuera conocido por el juez Andreu. Y lo ha conseguido gracias a que un primo del exvicepresidente del Gobierno avaló los tres millones de fianza que también le impuso Andreu, aunque en este caso por su responsabilidad en la pieza separada de las tarjetas black.

Patrimonio oculto

El pasado miércoles la representación legal de UPyD presentó un escrito ante Andreu en el que reclama al juez que requiera al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) que informe sobre las investigaciones que afectan a Rato en todo aquello relativo a su patrimonio: "Relevante a los efectos de la eventual responsabilidad civil a que el mismo está sujeto en la presente causa".

La formación política dirigida por Rosa Díez también quiere que el juez encargue un informe a la Policía Judicial sobre la situación patrimonial de Rato. "Que incluya todos los bienes, sociedades y cuentas existentes en el extranjero en relación con los diversos viajes y desplazamientos realizados", especifica UPyD en el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre.

UPyD, que está personado como acusación popular en el caso Bankia, envió este escrito después de que se conociera que Rato regularizó su patrimonio gracias a la amnistía fiscal impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En el escrito, la formación magenta reclama al juez que ordene la retirada del pasaporte a Rato y le prohíba salir de España ante los "reiterados" viajes que ha realizado a Suiza durante los últimos meses. La representación legal Alberto Salazar, uno de los miles de perjudicados por la salida e Bolsa, se ha unido a la petición de UPyD.

La documentación aportada por Lazard Servicios Financieros al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu pone de manifiesto que Rodrigo Rato firmó durante el periodo de tiempo que trabajó para su socio y amigo Jaime Castellanos tres contratos, que según la entidad justifican el pago de 6,7 millones de euros en 2011 y 2013 al exvicepresidente del Gobierno. En etos años Rato ya trabajaba en Caja Madrid y Bankia, e incluso en 2013 ya había abandonado la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción investiga el pago a Rato en 2011 de más de 6,2 millones por parte de Lazard, sociedad presidida por Jaime Castellanos. Este abono se realizó cuando Rato ya era el máximo responsable de Bankia, entidad financiera que contrató por su parte a Lazard. Según el sumario, Castellanos se embolsó 5,3 millones de forma efectiva, pese a que los contratos concedidos inicialmente por Rato a la firma de su socio y amigo superaban los 16,9 millones.

El primero de estos contratos, a los que ha tenido acceso infoLibre, se firmó el 28 de noviembre de 2007. Rato ya había abandonado el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este contrato se especifica que Rato, que sería nombrado director general de Lazard y presidente del consejo asesor europeo de Lazard, comenzaría su trabajo en "una fecha próxima al 1 de febrero de 2008". En ese documento, Lazard destaca que el ex director gerente del FMI "tendrá derecho a un pago inicial de 3 millones de dólares en unidades de acciones restringidas de Lazard Ltd".

Sueldo de 1 millón de dólares

Estas acciones restringidas podrían ser canjeadas el 31 de marzo de 2011. Además, por cada año natural Rato, según el contrato, tenía derecho a una compensación fija de 3 millones de dólares para cada uno de los años 2008, 2009 y 2010, siendo el sueldo base de un millón de dólares y el resto, de dos millones, un pago garantizado al finalizar el año.

Este primer contrato fue firmado por Pedro Pasquín Echanove, en nombre de Lazard Asesores Financieros, y Georges Ralli, en el de Maison Lazard SAS. Pasquín también era socio de Rato en la empresa Paracuga, en la que participaban Jaime Castellanos y Joaquín Güell Ampuero.

Precisamente, el propio Rato se vio obligado a rectificar el contenido de su primera declaración como imputado en Bankia, el 20 de enero de 2012, en la que negó ser socio de Castellanos. Pero en realidad sí mantenían en común una sociedad propietaria de un local comercial en Alcorcón (Madrid). Al mismo tiempo que habían sido socios en Paracuga, una firma que fue constituida el 30 de octubre de 2009. 

Cifras inferiores

Pero las cifras efectivamente abonadas por Lazard, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, son sensiblemente inferiores a las cantidades previstas para 2008. En este ejercicio Rato cobró 628.150 euros brutos.

El 28 de abril de 2009, casi dos años después, Rato suscribió un segundo contrato con Lazard, que sustituye al anterior. Mantiene la vigencia del pago inicial de 3 millones de dólares en unidades de acciones restringidas y fija el salario en un millón de dólares, bajando las percepciones anuales en dos millones.

Este segundo acuerdo, también firmado por Pedro Pasquín Echanove, Georges Ralli y Rodrigo Rato, establece dos retribuciones adicionales. La primera es un bonus extraordinario garantizado, que se pagaría el 2 de mayo de 2011, por un importe no inferior a los 6 millones de dólares.

Seguir en Lazard

Mientras, el segundo es un incentivo ordinario discrecional por año natural de un importe a determinar y que se pagaría en "unidades de acciones restringidas". El escrito de Lazard especifica que en marzo de 2011 Rato recibió estas acciones restringidas de Lazard Ltd. por un valor bruto de 2,15 millones de euros. Pero el acuerdo especifica que en ambos casos el pago del incentivo está sujeto a que Rato continúe trabajando para la sociedad.

La documentación muestra un anexo, en el que se da cuenta de la entrega de 3 millones de dólares a Rato en virtud del contrato de acciones restringidas, aunque en una fecha en la que el exvicepresidente del Gobierno ya era presidente de Bankia: "Este contrato, de fecha de 2 de mayo de 2011, está suscrito entre Lazard Ltd, sociedad exenta de Bermudas, en representación de su filial y Rodrigo Rato", especifica el documento, que completa que las acciones se desbloquearían en marzo de 2013.

Pero un punto del contrato vuelve a incluir un requisito para que Rato cobrara sus incentivos: "En caso de que el empleado incurra en una terminación del contrato de trabajo por cualquier razón antes de la fecha de otorgamiento, el empleado no tendrá derecho a percibir ninguna parte de las acciones restringidas".

Presidencia de Caja Madrid

Sin embargo, la documentación aportada por la firma presidida por Jaime Castellanos al juez Andreu indica que en 2009 Rato percibió 777.975 euros brutos de Lazard, por 1.334 euros de 2009, año en el que apenas estuvo unos días antes de incorporarse a la presidencia de Caja Madrid el 27 de enero.

El tercero de los contratos, firmado en esta ocasión sólo por Pedro Pasquín Echanove y Rato, pero no como en las dos ocasiones anteriores por Georges Ralli, establece los términos de la extinción de la relación laboral. Con fecha de 22 de enero de 2010, unos días antes de que Rato fuera nombrado presidente de Caja Madrid en sustitución de Miguel Blesa, especifica un único pago por terminación de contrato de 6 millones de dólares brutos en la forma de acciones de Lazard Ltd.

Y esta suma, siempre según este último contrato, serían "pagaderos" el 2 de mayo de 2011 en acciones restringidas de Lazard Ltd, siendo la fecha de "desbloqueo" de dicha concesión el 31 de marzo de 2013.

Percepciones en especie

La documentación aportada por Lazard especifica que en 2011 Rato cobró finalmente casi 6,2 millones de euros de Lazard en percepciones en especieLazard. En concreto por el canje de acciones. Esta suma es precisamente la que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

En 2013, cuando el exvicepresidente del Gobierno ya había abandonado Bankia, percibió otros 482.732 euros, que también procedían, siempre según Lazard, del canje de acciones. Todas estas acciones fueron depositadas por Rato en una cuenta de Lazard y en otra de un fondo de inversión denominado Fidelity, sin especificar en qué país. 

El 28 de octubre de 2009 Caja Madrid, todavía con Miguel Blesa de presidente, suscribió un contrato con el banco Lazard, entidad financiera en la que Rodrigo Rato Rodrigo Rato trabajaba bajo la dirección de Jaime Castellanos, amigo personal del propio ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La entidad financiera madrileña encargó al banco franconorteamericano, de forma “estrictamente confidencial”, la venta de las acciones que la caja tenía en la compañía asturiana de energías renovables Generaciones Especiales, SA (Genesa). Las acciones se vendieron en junio de 2011, siendo Rato presidente de Bankia.

Venta de Genesa

Lazard obtuvo 1,56 millones por este trabajo, que consistió en vender el 20% de la compañía Genesa al grupo portugués EDP-Hidroeléctrica del Cantábrico, el socio mayoritario, pues controlada el 80% de la empresa. Así, el trabajo del banco de fue sencillo, pues EDP poseía una opción preferente de compra sobre las acciones en poder de Caja Madrid.

Genesa, con sede en Oviedo, nació en 2004 por la fusión de la antigua Genesa, una sociedad de Hidroeléctrica del Cantábrico (HC) para el negocio de la cogeneración eléctrica, y Desa, una compañía madrileña participada por HC y Caja Madrid y dedicada a energías renovables. Las actividades de cogeneración fueron excluidas de la nueva Genesa y asumidas por HC.

Unos 250 millones

Según el diario digital elConfidencial.es, la operación no fue un gran negocio para Caja Madrid, pues apenas ingresó 250 millones, una cuarta parte de lo que esperaba conseguir por esta participación. El contrato hubiese pemitido a  Lazard obtener hasta 7,2 millones si la venta de las acciones hubiera llegado a los 1.000 millones de euros.

En total, los contratos otorgados por Caja Madrid y Bankia desde el 28 de octubre de 2009 se elevaron hasta los 19,6 millones de euros, aunque el banco de Castellanos percibió una cantidad inferior al no cumplir los objetivos marcados en los acuerdos. Como por ejemplo con una fusión bancaria, por la que estaba previsto que Lazard ganara 10 millones de euros.

Matías Amat

El contrato de 28 de octubre de 2009, mediante el cual la entidad financiera madrileña encarga a Lazard que le asesore para que Caja Madrid venda sus acciones en la empresa asturiana Genesa, viene encabezado con el nombre del consejero delegado de la Sociedad de Promoción y Participación Empresarial de Caja Madrid (SPPE), Ángel Córdoba.

Aunque no fue firmado por el director de negocios de Caja Madrid, Matías Amat, en calidad de responsable de la Sociedad de Promoción y Participación Empresarial de Caja Madrid, hasta el 2 de diciembre de ese año, tal y como queda registrado de forma manuscrita en el contrato.

Precisamente, el 2 de diciembre Rato, al que la prensa daba por seguro sucesor de Blesa, ya negociaba en Caja Madrid el reparto de los consejeros de su Presidencia, con lo que chocaba de forma directa con las intenciones del PSOE de Tomás Gómez.

Tarjetas B

Matías Amat fue una de las cuatro personas de Caja Madrid que mantuvieron las tarjetas black con la creación de Bankia, junto con el propio Rato; el ex secretario de Estado del PP José Manuel Fernández Norniella y el director general, Ildefonso Sánchez Barcoj.

La coincidencia de las fechas del contrato, que Jaime Castellanos denomina en la Audiencia Nacional “mandato”, con el periodo en el que Mariano Rajoy hizo pública su decisión de designar a Rato como sucesor de Blesa, han convencido al abogado de UPyD en el caso Bankia, Andrés Herzog, para presentar un escrito en el que solicita al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que solicite todos los correos electrónicos de Rato en su etapa en Lazard.

Pero también los de la etapa de Rato en Caja Madrid y en Bankia. De esta forma, UPyD quiere determinar si el contrato de 28 de junio de 2009, por el que Lazard acabó percibiendo 1,3 millones de euros, tuvo alguna relación con el cobro de 6 millones por parte de Rato en 2011.

Un millón de dólares

Según la declaración de Castellanos en la Audiencia Nacional, Rato percibía hasta su salida de Lazard el 22 de diciembre de 2009, un millón de dólares anuales, una cifra a la que había que añadir un plus en función de los objetivos conseguidos.

La documentación a la que ha tenido acceso infoLibre muestra que Castellanos facturó un total de 1,56 millones de euros a Bankia entre enero de 2010 y el 27 de junio de 2011 por la venta de las acciones de Genesa, por las que Caja Madrid obtuvo cerca de 210 millones de euros. Esta operación se produjo siendo ya Rato el hombre fuerte de Bankia.

Rato ocultó en su declaración de 20 de diciembre de 2012 en la Audiencia Nacional que en 2011 percibió “un poco más de 6 millones de euros”, un hecho que el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar solo reconoció tras las pregunta del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón en su segunda declaración como imputado, celebrada el 14 de octubre pasado.

Designado por Rajoy

Pero la coincidencia del contrato con la designación de Rato por Rajoy no es la única a destacar. Pues según el abogado de UPyD Andrés Herzog, el 30 de octubre de 2009, tan solo dos días después de que se firmara el acuerdo por la desinversión de Genesa, el ex director gerente del FMI creó una empresa junto con otros tres compañeros de Lazard.

Rato se vio obligado a reconocer (tras negarlo inicialmente en sede judicial) que desde el 30 de octubre de 2009 tenía negocios con su "amigo" Castellanos, en concreto la propiedad de un local comercial.

El resto de socios en la sociedad denominada Paracuga eran personas vinculadas con Lazard, como por ejemplo Pedro Pasquín, que fue el encargado de firmar los contratos de asesoría a Caja Madrid y a Bankia.