Sara se quedó embarazada con solo 14 años. El proceso de gestación pasó desapercibido entre quienes debían cuidar de ella hasta el mismo día del parto, nueve meses después. Cuando comenzaron las preguntas, la adolescente señaló a su padrastro. El caso llegó a los tribunales, pero los jueces no fueron capaces de apreciar ningún delito de violencia sexual, a pesar de considerar probado que existieron relaciones entre ambos y que el acusado era efectivamente el padre del bebé.

El denunciado no negó los hechos, pero alegó encontrarse en un estado de inconsciencia durante el acto sexual, fruto de las altísimas dosis de alcohol ingerido. La menor, quien ocultó el embarazo a su familia, también exculpó al adulto y cargó con la responsabilidad afirmando que había sido ella quien había iniciado las relaciones sin que el adulto fuera consciente. La culpa es una de las consecuencias citadas con mayor frecuencia por las víctimas de violencia sexual en la infancia y la adolescencia, pero los jueces no supieron verlo. El padrastro de la joven fue absuelto.

"La indignación y la repulsa por unos hechos, por más justificada que esté su compartida extensión, nunca pueden actuar como un elemento que debilite el cuadro de garantías con el que una sociedad democrática quiere que sea enjuiciado cualquier acusado de un hecho delictivo", concluyeron los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra. 

Según el informe Por una justicia a la altura de la infancia, elaborado por Save the Children y basado en el análisis jurídico de sentencias, el 83% de los casos de violencia sexual contra niños que llegan a los juzgados terminan en condena. El estudio solo tiene en cuenta aquellos casos en los que existe resolución judicial, por lo que no figuran datos precisos sobre la tasa de sobreseimientos. En cuanto a las absoluciones, más de la mitad (58,9%) lo son por falta de pruebas.

Así le sucedió a Nuria. La Audiencia Provincial de A Coruña absolvió a su padre, denunciado por haber abusado de la joven cuando era menor. La absolución se apoyó en la ausencia de pruebas, pero también en el descrédito hacia el testimonio de la adolescente: "En el presente caso el análisis de todas las pruebas conjuntamente en los términos que quedaron expuestos nos llevan a la absolución del acusado", puesto que únicamente existió la declaración de la menor, cuyo testimonio, plasmaron los jueces en la sentencia, "genera dudas sobre su fiabilidad".

En diciembre de 2025, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidieron absolver a un hombre que había sido previamente condenado por un delito de abusos sexuales a una menor de 14 años. El motivo: apreciaron "serias dudas" sobre la solidez del relato de la joven. La justicia destacó además que la víctima había alterado su testimonio en las distintas fases del proceso judicial.

En este punto entra en juego un elemento clave: la prueba preconstituida. Se trata de una diligencia judicial que permite recoger anticipadamente el testimonio de una víctima con todas las garantías procesales, de modo que dicha declaración pueda ser utilizada posteriormente como prueba en el juicio. Su objetivo principal pasa por evitar que los supervivientes, más aún en el caso de los menores, se vean obligados a revivir lo sucedido una y otra vez en sede judicial. 

Según Save the Children, la prueba preconstituida solo se practicó en el 34,5% de los casos analizados y en un 1% fue solicitada pero no se efectuó. En un 63,8% de las resoluciones examinadas ni siquiera se menciona este elemento, por lo que no consta información sobre si llegó a tenerse en cuenta. En todo caso, advierte la organización, el hecho de que un dictamen judicial refleje la existencia de la prueba preconstituida no significa necesariamente que la denunciante no declare de nuevo en el juicio: "Observamos que incluso en el 60% de los casos en los que se ha grabado el testimonio, la víctima ha tenido que volver a declarar", lamentan.

La Audiencia Provincial de Salamanca reconoció, en una sentencia dictada en abril del año pasado, que el testimonio de la víctima no era suficiente para probar los abusos denunciados, pues no contaba con "la necesaria fuerza" debido a las "evidentes contradicciones existentes en sus variadas declaraciones y la inexistencia de corroboraciones periféricas que le doten de una mayor credibilidad". 

La denunciante había narrado agresiones sexuales por parte de la pareja de su madre, ambos denunciados con anterioridad por malos tratos. En ese extremo se atrincheraban también los jueces, quienes no comprendían que en aquella primera denuncia formulada la joven no hubiera expresado ningún episodio de abuso sexual: "Nada dijo [entonces] sobre esta supuesta agresión sexual que más tarde denunció y que hubiera sido muy fácil relatar", aseguraban los togados, sin ahondar en los motivos por los que una víctima puede tardar en verbalizar la violencia sufrida. 

"No es que los hechos analizados y que constituyen la base de la denuncia no sean ciertos, sino que no existe prueba bastante para, eliminada toda duda razonable, tener por ciertos los mismos y entender que sucedieran de la forma que se narra", concluían los jueces. 

El estudio La respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas, elaborado por Themis Mujeres Juristas en 2020, revela que "las sentencias absolutorias se basan fundamentalmente en el testimonio contradictorio de la víctima", poniendo de manifiesto que su relato "no es espontáneo" o que sus declaraciones en el juicio son "contradictorias con lo declarado en instrucción". En pocas sentencias, advertían ya entonces las expertas, "el tribunal aprecia que puede existir retracción en el testimonio de la menor por la convivencia con el agresor o la presión familiar".

En verano del año pasado, la Audiencia Provincial de Jaén condenó a nueve años y un día de prisión a un hombre de treinta años que había agredido sexualmente a una menor de once. En realidad, el acusado ya había pasado por los tribunales dos años antes y había resultado absuelto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó repetir el juicio, porque entendía que los primeros magistrados habían usado argumentos irracionales para justificar su decisión, cuestionando sistemáticamente la veracidad del relato expresado por la menor, una niña tutelada. 

Algo similar ha sucedido recientemente: el alto tribunal andaluz ha exigido celebrar de nuevo un juicio contra un acusado de abuso sexual infantil, al considerar que los jueces "no ofrecieron una justificación racional en torno al pronunciamiento absolutorio". Los hechos juzgados sucedieron hace nueve años, pero la víctima todavía no ha obtenido reparación.

Los menores denunciantes tuvieron en ambos casos que soportar la revictimización propia de dictámenes basados en prejuicios, pero también la dilatación de procedimientos judiciales que parecían interminables, una losa para su recuperación. "Más de un tercio de los procesos se prolonga más allá de los tres años y todavía hay procesos que llegan a durar más de cinco", expone Save the Children. Según sus datos, aproximadamente el 52% de los casos se resuelven en los tres primeros años, pero un significativo 40,9% de los procesos se extienden más allá del tercer año y un 12,1% dura más de un lustro. Las dilaciones indebidas están presentes en el 50,6% de las atenuantes.

Cuando Lidia tenía ocho años, sus padres se divorciaron. En ese momento, el progenitor de la pequeña pasaba tiempo con su hija a través de un régimen de visitas, compartiendo cama los fines de semana alternos en los que convivían. Allí fue donde le realizaría tocamientos e intentaría violarla, cuando solo tenía diez años. Los abusos se repitieron hasta que, dos años después, la pequeña contó lo sucedido en el colegio. El proceso judicial echó a andar un mes después de la denuncia, pero el juicio no tuvo lugar hasta cuatro años más tarde, tras haber sido suspendido y pospuesto. Al acusado, condenado a dos años y seis meses de prisión, se le aplicó una atenuante por dilaciones indebidas. Lidia arrastra secuelas graves desde entonces, fruto de lo sucedido y del proceso que vino después.

Con la justicia especializada, exponen desde las organizaciones, el proceso legal "no se alarga en el tiempo, facilitando la recuperación de los niños, niñas y adolescentes víctimas". 

Y es en el marco de la justicia especializada donde se encuadran las conocidas como Barnahus –casa de los niños, en islandés–, un modelo de atención integral centrado en la atención de los menores para evitar la victimización secundaria. El recurso permite realizar la grabación del testimonio en un entorno seguro, con profesionales especializados.

La primera de estas herramientas echó a andar en Tarragona en el año 2020. Nació como proyecto piloto y desde entonces se ha ido replicando por todo el territorio catalán, si bien son varias las comunidades que ya están implementándolo. La ley de protección a la infancia trató de incorporar el espíritu de este modelo al sistema judicial, apostando por una mejor coordinación entre administraciones, mientras que la conocida como ley del solo sí es sí trasladó estos principios al ámbito específico de la violencia sexual. 

Un estudio que evalúa el impacto del modelo en el caso de Tarragona, publicado en octubre de 2024 por la Universitat Rovira i Virgili (URV), expone las mejoras relevantes en cuestiones fundamentales como la duración de los procesos judiciales, la calidad probatoria, el número de sentencias condenatorias y la experiencia de las víctimas. Según concluyeron los expertos, este modelo conlleva una reducción generalizada de los casos que acaban en sobreseimiento: los archivos representan el 36,4% del total, frente al 57,4% registrado cuando no interviene este recurso.

Además, sólo un 11,6% de aquellos procedimientos en los que existía prueba preconstituida terminaron en sobreseimiento, una tasa que se eleva al 76,8% cuando no se pone en marcha este tipo de prueba. Barnahus también es un elemento clave en la reducción de los tiempos: la media de duración del proceso judicial se desploma hasta poco más de un año, la mitad de la media registrada en términos generales.

Pero para mejorar la atención judicial que reciben los menores en los tribunales, son necesarios recursos. La ley de protección a la infancia exige caminar hacia una justicia especializada, pero no ordena directamente la creación de nuevos juzgados. Fue la ley de eficiencia de la justicia la encargada de desarrollar finalmente la previsión de nuevos tribunales de instancia con secciones propias a finales del año pasado, pero solo se crearon tres secciones independientes: en Madrid, Barcelona y Málaga. A principios de julio, el Gobierno aprobó la creación extraordinaria de medio millar de nuevas plazas judiciales, la mayor ampliación hasta la fecha. Solo una de ellas será específica de violencia contra la infancia y la adolescencia. 

Nota al pie: todos los nombres propios usados en este artículo son ficticios.

Invisible, relegada al silencio y muchas veces impune. La violencia sexual durante la infancia constituye uno de los mayores fracasos sociales e institucionales de nuestro tiempo, el retrato impoluto de un sistema que enmudece y se demuestra incapaz de proteger a los más vulnerables. Supone, además, una quiebra de las expectativas vitales de la víctima y la desacralización de la familia como institución segura. Uno de cada cinco menores es víctima de violencia sexual, según el Consejo de Europa. En España, el 28,9% de las personas que tienen entre 18 y 30 años se reconoce como tal. Casi tres de cada diez jóvenes.

Esta última cifra proviene del estudio Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, confeccionado hace un año por el Ministerio de Juventud e Infancia. Se trata de la macroencuesta más completa en la materia hasta la fecha, basada en 9.037 entrevistas a personas jóvenes. Los resultados constatan que la violencia sexual en la infancia es estructural y no únicamente una dolorosa excepcionalidad, resulta más habitual de lo que aparenta y está marcada por un evidente sesgo de género: ellas se nombran como víctimas en mayor medida (33,6%) que los hombres encuestados (24,4%).

La adolescencia es el momento más peligroso para los menores. El 26% de las personas encuestadas se remonta a esta etapa cuando recuerda los abusos sufridos, frente al 6,3% que menciona la infancia y el 3,4% que habla de violencia continuada. Acercando la lupa a aspectos concretos como la etapa evolutiva, se puede constatar un viraje estadístico en términos de género: en la infancia, son los niños varones quienes tienden a sufrir más violencia (6,8%), en comparación con las niñas (5,8%). Ellos también padecen violencia sexual de manera habitual o recurrente en mayor medida (6,4%) que las chicas (4,1%). 

La noción de la familia como espacio seguro se desmorona en contextos de violencia durante la infancia. Es precisamente el entorno familiar el principal escenario de abusos, según el 46,6% de las personas entrevistadas. Le siguen el comunitario o vecinal (37,3%) y el escolar (36,9%).

Sin embargo, el perfil de los agresores varía sustancialmente según las características de la violencia y de las víctimas. En el caso de los abusos durante la infancia, el rostro de los abusos es precisamente el de quien se presupone garante del bienestar familiar: el padre, citado por el 21,6% de quienes expresan haber sufrido violencia durante la niñez. En cambio, durante la adolescencia entran en juego las relaciones afectivas: la pareja de la víctima es mencionada por el 34,1% de los encuestados. 

Los matices en función del género de quien responde a la encuesta son, una vez más, reveladores. Los hombres víctimas de violencia señalan mayoritariamente a sus padres (28,3%). Las mujeres, en cambio, señalan a sus novios (40,4%). 

El informe Agresión sexual en niñas y adolescentes, según su testimonio. Evolución en España (2019-2023), confeccionado por la Fundación ANAR a partir de las vivencias de 4.522 niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual que llegaron a la organización buscando ayuda, constata que los agresores son, sin apenas excepciones, hombres adultos: ellos constituyen el 94,3% y el 78,6% es mayor de edad.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar sus datos sobre sentencias condenatorias dictadas a lo largo del año pasado y los resultados muestran que el 23,5% del total de condenas impuestas a personas adultas corresponden a delitos de agresión sexual contra menores de 16 años. En el caso de los menores condenados, este porcentaje se eleva hasta el 58,3%.

Es en la esfera jurídica donde también ha decidido poner el foco la organización Save the Children. En un análisis publicado el año pasado, la entidad concluyó que el 98% de las personas que se sientan en el banquillo de los acusados son hombres. "Este dato evidencia una marcada tendencia de género en la comisión de abusos sexuales a la infancia", estiman los autores. En ocho de cada diez casos analizados –345 sentencias dictadas en 2023 y 2024–, el agresor es un conocido de la víctima. 

El mismo estudio confirma que los principales victimarios en el ámbito familiar son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares (8%). Fuera del hogar, el 75,2% de los agresores eran conocidos o amigos de la víctima. El 63% son personas sin antecedentes y quienes sí los tenían eran, en su mayoría, por delitos que nada tenían que ver con la libertad sexual. "Estos datos muestran que por lo general los agresores de este tipo de delitos son difícilmente identificables como potenciales agresores sexuales de niños y niñas en base a sus antecedentes", afirman. 

El 52,5% de las personas que participaron en la encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia reconoce haber convivido con los abusos a lo largo de su vida. Nadie les tendió la mano, ninguna institución supo reconocer la violencia y no encontraron la ayuda necesaria para ponerle remedio. Solo un 9,6% denunció lo sucedido ante las autoridades, siendo los varones quienes en mayor medida dan el paso (14,3%) en comparación con las mujeres (6,1%). 

Pero sí hay algo que hacen tanto los chicos como las chicas: contárselo a alguien. Así lo indica el 27,2% de los supervivientes. La inmensa mayoría (61%) se apoya en sus amigos a la hora de romper el silencio. La amistad se entreteje como el principal colchón para amortiguar el golpe, por delante de las madres (30,3%).

Según Save the Children, son precisamente las madres quienes, una vez conocen los hechos, deciden denunciar formalmente lo sucedido. Ellas son las encargadas de dar el paso en el 38,8% de los casos denunciados, por encima incluso de las propias víctimas, una decisión no exenta de consecuencias. Naciones Unidas ha señalado en diversas ocasiones que el sistema judicial español no protege a los niños de padres abusivos y tiene un sesgo discriminatorio contra las mujeres. Las conocidas como madres protectoras han cargado desde hace años con el peso de una justicia que no da credibilidad a su palabra. 

En cuanto a la respuesta institucional, solo el 3,8% de los profesionales de la salud y la educación, espacios claves para la detección, decide dar la voz de alarma. 

La ausencia de herramientas a disposición de los menores, la falta de un entorno seguro que funcione como tabla de salvación y el silencio impuesto como única vía para seguir adelante dejan secuelas en quienes han sufrido esta forma de violencia. La Fundación ANAR indica que casi siete de cada diez problemas asociados a la violencia sexual (68,6%) tienen que ver con la salud mental. Los supervivientes hablan de miedo (21,7%), ansiedad (19,6%) y tristeza (18,8%). Entre las víctimas adolescentes aparecen además conductas suicidas (7,2%), autolesiones (5,2%), baja autoestima (3,5%), trastornos alimentarios (2,4%), depresión (2%) y adicciones (1,9%). Pese a los datos, un 70,3% de las víctimas no recibe ningún tipo de tratamiento psicológico en el momento de los hechos.

Además de las consecuencias directas sobre su salud, las víctimas también soportan el descrédito que sobrevuela a su alrededor, responsable de sembrar una duda perpetua que dificulta su recuperación. En seis de cada diez casos (63,4%) se han apreciado fallos en el entorno social de la víctima. La mayoría tienen que ver con actitudes negligentes (41,5%): es decir, la falta de atención, consideración o actuación cuando se conoce el problema. 

Pero también existe un miedo genuino a la revictimización que pueda sufrir la víctima durante el proceso (21,8%). Y así la inacción se configura erróneamente como una forma de protección. En el entorno se asienta también la negación (17,9%), la culpabilización de la víctima (9,8%) y la justificación de la violencia (9%), conductas que no solo apuntalan las secuelas psicológicas, sino que disuaden a los menores a la hora de denunciar y los condenan a vivir con el peso de lo sucedido durante largos años. 

La Cañada sigue a oscuras. Lo que comenzó como un corte del suministro de la red eléctrica el 2 de octubre de 2020, en plena pandemia, se mantiene desde hace más de cinco años en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, que discurre por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid. Pero, de las 4.500 personas que viven allí, 1.800 están sufriendo algo que, en muchas ocasiones, es lo único que han conocido. 

Los niños y adolescentes de la Cañada sufren las consecuencias económicas, sociales y políticas de vivir apartados del mundo. Pero la posibilidad de salir de allí cada vez se hace más pequeña. Con la falta de electricidad, el ascensor social más efectivo de la democracia, la educación, se rompe ante una realidad: en la oscuridad y en el frío, no hay quien estudie. 

La excusa de Naturgy para dejar a toda una población sin luz fue que en el asentamiento había sobrecargas en la red debido a varios enganches ilegales. No ha habido soluciones reales, a pesar de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha establecido que se están violando derechos fundamentales como el de tener una vivienda digna. En este mismo escrito, se recoge que el Estado no está garantizando el derecho a la educación de la población de la Cañada. 

Precisamente, en la Cañada hay muchos que ni siquiera pueden ir a la escuela. Según un informe de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander, recogido por Vallecas Va, tan solo un 20% de los niños entre tres y seis años están escolarizados y de doce a dieciséis, solo el 24%. Los jóvenes tampoco pueden acceder a un centro que sea próximo, sino que se mueven hacia otras zonas madrileñas como Villa de Vallecas, Rivas-Vaciamadrid o Perales del Río, en Getafe, con alrededor de 1.296 desplazamientos diarios, según este mismo estudio. 

De ellos, no muchos logran superar la etapa. La falta de recursos en casa también hace que el abandono de la escuela llegue pronto. “Muchos de los chavales ven más viable ponerse a hacer una FP y quitarse los estudios rápido o directamente ponerse a trabajar para ayudar en casa”, cuenta María, profesora de un instituto de Vallecas, que escolariza a varios jóvenes de la Cañada. 

Tampoco si se quedan es fácil. Según el informe La Cañada Responde, realizado por el Centro Sira, junto al Grupo de Acción Comunitaria, un 78,4% de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Cañada Real tienen o han tenido dificultades en el aprendizaje y en su proceso educativo debido al corte del suministro eléctrico. Los propios familiares de los jóvenes acreditan en el estudio que sus hijos han empeorado su rendimiento y que su actitud frente a los estudios ha ido cambiando a peor. 

La propia forma en la que ha evolucionado la educación supone un problema para estos jóvenes. Ahora, con las nuevas tecnologías, tener una conexión a internet es casi indispensable para poder rendir en la escuela. De los libros de texto se ha pasado a los PDF y de los deberes a mano a las actividades interactivas. Algo que en la Cañada es prácticamente imposible. Y eso, en la escuela, se nota. 

Un 92% de la población en la Cañada tiene dificultades para realizar acciones que ahora nos resultan tan naturales como acceder al wifi o cargar el móvil, según el estudio de La Cañada Responde. “En la educación me ha afectado mucho. Justo antes de que cortaran coincidió con la pandemia y era todo online, así que tenía muchos problemas para poder cargar el ordenador e iba fatal el generador”, cuenta una de las entrevistadas por el Centro Sira.

“El acceso a poder estudiar en invierno a partir de las cinco y media de la tarde, o a poder tener internet para consultar o para realizar trabajos o aprender, está completamente delimitado”, explica Gabriela López Neyra, coordinadora del Centro Sira. La propia dependencia de los alumnos durante la pandemia, que ha derivado en un mayor uso de las TIC en las aulas, ha hecho que aquellos alumnos que no puedan optar a una conexión se queden atrás.

Tampoco sus padres pueden hacer mucho más por ellos. Desde el Centro Sira cuentan a infoLibre que, al no tener acceso a la electricidad, las tareas de casa se acumulan y, para solucionarlas, necesitan más tiempo y esfuerzo. Hasta hacer la comida se convierte en una odisea. “La estructura familiar también se ve afectada porque quienes son los proveedores de recursos sufren un impacto derivado de la falta de suministro eléctrico y no pueden atender a sus hijos”, denuncia López Neyra. 

La posición socioeconómica de los padres también condiciona la forma en que los hijos afrontan los estudios. Según un estudio de la Fundación Foessa, los estudios de los padres tienen un impacto directo sobre los estudios de los hijos. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en este informe, el 80,2% de las personas cuyas madres tenían estudios universitarios alcanzaron su mismo nivel. Pero si por el contrario, la madre no tenía estudios primarios, la cifra se reducía al 4,6%. Es simple: si los padres han podido estudiar, los hijos podrán estudiar. Y si no ha sido así, se convierte en casi una misión imposible. 

La distancia también es un gran impedimento a la hora de mantener la motivación por la escuela. La Cañada no tiene un centro propio y a los que pueden ir, en Rivas, Vallecas o Getafe, están a kilómetros y kilómetros del asentamiento. 

Antes de que consiguieran tener un autobús –un derecho que lograron hace solo seis años–, los alumnos tenían que ir en coche (si sus padres podían llevarles) o a pie. Aunque ahora pueden ir en transporte público, la mejora no ha sido suficiente. Los trayectos que hacen los alumnos para llegar a sus centros de estudio pueden durar horas y horas, si es que los autobuses pasan. Muchos de ellos tienen que esperar y perder un tiempo que, en muchas ocasiones, no pueden permitirse. 

De hecho, María cuenta que varios de sus alumnos no siempre llegan a la hora de clase. De nuevo, no porque no quieran, sino porque no pueden. “La ruta de la Cañada es complicada. Hay chavales que tienen que estar una hora esperando el autobús, llega tarde o no llegan porque la ruta falla. Entonces tienen más faltas y más retrasos, pero está justificado. No es solo una cuestión de ‘me da igual el instituto’. Son muchas las razones por las que puede haber absentismo”, cuenta María al otro lado del teléfono. 

La propia situación en la que se encuentran los vecinos de la Cañada causa que concentrarse sea una misión imposible. El informe del Grupo Sira también pone nombre a lo que muchos se imaginan que sucede cuando se corta el suministro eléctrico. En un entorno así, afloran el miedo, la ansiedad y el estrés. En concreto, el 90% de los vecinos de la Cañada sienten tristeza prácticamente a diario. 

Todo ello acompañado de la discriminación. En el mismo informe, los investigadores encontraron –a través de entrevistas– que un 54,3% de la población de la Cañada percibe que el estigma sobre ellos se ha agravado. Algo a lo que contribuye (como todo) la falta de electricidad. 

La imposibilidad de mantener una higiene debido a la falta de agua hace que el rechazo de los otros se encuentre con “justificación”. A ello también se le añade la etiqueta de criminalidad impuesta y normalizada por muchos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a justificar los cortes relacionando delincuencia y Cañada como si se tratasen de sinónimos. La frase “tener los Porsche ahí aparcados, bien; pagar las facturas, no”, todavía resuena en el asentamiento.

“Hay toda una narrativa institucional y mediática que ha conseguido criminalizar a la Cañada y eso afecta a los chavales que viven ahí. Al final cuando llegan a otros entornos, no saben si va a ser un lugar seguro, acogedor o si les van a juzgar; y eso hace que vayan a la escuela con esa percepción”, zanja López Neyra. 

Hoy Alejandro (nombre ficticio) ha vuelto a faltar a primera. No suele venir, pero ayer acordamos con su familia que lo iba a intentar. Llueve mucho, de hecho diluvia, y tengo la esperanza de que con este frío se le hayan pegado las sábanas y ya está. “Tal vez venga en el recreo”, me digo a mí mismo. Empapado, con chanclas y calcetines como detesto que venga, pero al menos viene y, con eso, me doy por satisfecho.

Historias como esta, de adolescentes que un día empiezan a descolgarse sin que nadie lo note del todo, son habituales en la escuela. Es un proceso silencioso: esa mañana lluviosa que, como Alejandro, faltan a primeras horas y terminan abandonando el barco ante una marea de problemas que los desborda.

En los centros atendemos llamadas de Servicios Sociales preguntándonos qué está ocurriendo. “Total, para qué”, es lo que seguramente se le pasa por la cabeza a muchos de estos chavales. Cuando alguien quiere darse cuenta, ya están fuera. Han dejado la escuela mucho antes de que la maquinaria burocrática escolar los dé oficialmente por perdidos.

Lo más desconcertante es que muchos de esos chicos y chicas entraron en el sistema educativo con la misma ilusión que esos otros que acaban con éxito. Fueron niños que corrían al recreo, que levantaban la mano para contestar y se emocionaban con cualquier actividad. Iban de la mano de sus padres con ilusión camino a clase, incluso esos días fríos y lluviosos, y ahora se sumergen en un océano de desesperanza. ¿Qué ocurre entre ese inicio luminoso y el final abrupto de la ESO? ¿Qué hace que un adolescente deje de creer en la escuela y, sobre todo, de creer en sí mismo?

Esa distancia que separa a Alejandro de su pupitre no es casual. La sociología lleva décadas recordándonos que la escuela no es un espacio neutro. Autores como Bernstein y Bourdieu explicaron cómo la cultura escolar se parece mucho más a la cultura de las clases pudientes que a la de quienes llegan desde entornos vulnerables. Para esos adolescentes, la escuela es un territorio ajeno donde se sienten torpes, fuera de lugar, juzgados. 

La distancia cultural no se vive como un concepto abstracto, sino como una sensación diaria: no entender lo que se espera de ti, no saber cómo estudiar, no encontrar sentido a lo que se enseña. Y cuando esa incomodidad se acumula durante años se transforma en algo más profundo: la convicción íntima de que “no vales para estudiar”. Es entonces cuando todo estalla y el barco empieza a hundirse.

En las entrevistas de sociólogos que han estudiado este fenómeno suele recogerse el testimonio de jóvenes que repiten una idea: “Era yo. Yo era el problema”. Se culpan de no haber sabido, no haber querido, no haber podido. Interiorizan el fracaso como identidad. Y cuando uno se siente así, abandonar el barco es una vía de escape. 

A esta herida se suma la forma en que está organizada la secundaria. El sistema educativo español funciona con una lógica profundamente reactiva: interviene cuando el conflicto ya ha estallado, cuando los suspensos se acumulan, cuando el alumno “da problemas”. Pero, para muchos adolescentes, cuando la escuela reacciona ya es demasiado tarde. La rigidez del sistema, las clases masificadas y la escasa ayuda individual agravan la distancia. En primaria, el vínculo de esos niños que van felices a clase y su tutora es estrecho; en secundaria, el alumno deja de ser un nombre con rostro para convertirse en un náufrago más de una lista interminable.

El aburrimiento, la desmotivación y el alumno que rompe una clase con su comportamiento son síntomas de algo más complejo, estructural, que probablemente se inició mucho antes: “no puedo seguir el ritmo”, “no entiendo lo que hago aquí” o “me da igual que me expulsen” son frases que quienes se dediquen a la enseñanza habrán escuchado muchas veces. 

La escuela interpreta todo ello como fallos individuales, no como señales de alarma del sistema. Y, así, el desenganche avanza. Primero se pierde el interés, luego la confianza, luego la asistencia. Muchos adolescentes como Alejandro empiezan a faltar porque no quieren enfrentarse a otra mañana de frustración. O tal vez porque han encontrado un incentivo ilusorio o perjudicial, sí, pero que les ofrece un marco de supervivencia emocional que la escuela no les da.

Existen experiencias educativas que infunden algo de esperanza. Por ejemplo, hay escuelas llamadas de segunda oportunidad, que tratan de reconstruir la autoestima de quienes llegan rotos, antes de que abandonen la escuela definitivamente. En esa labor de auxilio estamos ahora mismo embarcados también en muchos centros escolares apenas sin recursos, a través de equipos de trabajo creados para la ingente cantidad de situaciones de emergencia que nos desbordan en la labor cotidiana. 

Para que jóvenes como Alejandro tengan ganas de seguir remando, la maquinaria de la escuela y las instituciones que la rodean necesitan reconocer la vulnerabilidad sin estigmatizar, necesitan desarrollar arraigo en quienes sienten desapego y desconfianza. Y, para eso, hay que tener convicción. 

Quizá la pregunta que deberíamos hacernos no es por qué la cantidad de voces que hay tras el nombre de Alejandro prefieren no venir ese día lluvioso o aquel otro en el que sale el sol. Más bien, la pregunta sería por qué un sistema que presume de igualdad de oportunidades sigue funcionando como si todos partieran de la misma condición. No sé si ustedes son capaces de reconocer con convicción algún joven que quiera abandonar sólo porque no quiere aprender. Yo no soy capaz. 

Hoy ya no diluvia. Amanece un día soleado con la esperanza de que Alejandro deje de querer saltar del navío. El salvavidas está lanzado por si acaso. Falta navegar con él como navegaban esos padres que lo acompañaban con apenas cinco o seis años y que ahora ya no están tanto. Todo para que no naufrague en el barco de la escuela. 

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza.

El encuentro de therians convocado ayer en Barcelona, que resultó fallido ante la ausencia de estos jóvenes que actúan como los animales y tapan sus caras con máscaras, finalizó con incidentes cuando algunas personas lanzaron objetos y destrozaron mobiliario urbano, por lo que la Guardia Urbana y los Mossos intervinieron para desalojar la zona y detuvieron a cuatro personas.

Según los datos actualizados este domingo recogidos por EFE, la Policía de la Generalitat detuvo a tres personas, tres chicas menores de edad, acusadas de desórdenes públicos, mientras la Guardia Urbana detuvo a una persona mayor de edad.

Seguidores de los therians se habían dado cita a través de las redes sociales en la tarde de ayer en el Arc de Triomf de Barcelona, pero, finalmente, no aparecieron.

Sin embargo, hasta tres mil personas acudieron al lugar para poder ver y grabar con sus móviles a los seguidores de este nuevo fenómeno, que se ha hecho viral en las redes sociales.

Hacia las nueve de la noche, la concentración derivó en incidentes cuando algunas personas comenzaron a lanzar objetos y a romper mobiliario urbano, lo que obligó a la Guardia Urbana de Barcelona y a los Mossos d'Esquadra a intervenir para dispersar a los concentrados.

Los therians se han hecho famosos en las redes sociales, donde han publicado vídeos en los que aparecen enmascarados o enfundados en trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, imitando sus movimientos y sonidos. Algunos incluso interactúan con animales reales en parques y sitios públicos.

En agosto de 2024 una joven de 17 años, que estaba embarazada de 39 semanas, dio a luz en Burgos. Tras pasar por una cesárea, nació un niño que pesó tres kilos y medio. Pero no fue madre ella sola, tuvo al bebé junto a un hombre de 52 años. 

El padre de la criatura le sacaba 35 años. Ese nacimiento es el de mayor diferencia de edad entre ambos progenitores siendo uno de ellos menor de edad que tuvo lugar en 2024 en España. Pero no es un caso tan aislado como pueda parecer. Cada año decenas de hombres mayores de 30 años dejan embarazadas a menores de edad en nuestro país. 

Solo en 2024 hubo 63 nacimientos de esas características. Es una de las conclusiones del análisis que ha realizado infoLibre de los microdatos de la estadística de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La situación es clara: aún hoy se producen numerosos embarazos de chicas menores de edad y en muchas ocasiones el padre de la criatura es mucho mayor que ellas.

Al fijarse en los últimos cinco años, entre 2020 y 2024 —último ejercicio para el que hay datos disponibles de la estadística del INE—, la cifra sube hasta 335 menores de edad que han sido madres con un señor de más de 30 años.

El caso de Burgos es el de mayor diferencia de edad. Pero no es el único. En 2024 hubo 25 nacimientos en los que uno de los progenitores era menor de edad y la diferencia entre ambos era de al menos 20 años. Los siguientes con mayor diferencia se dieron en Valencia, donde una chica de 17 años tuvo un hijo de un hombre de 51, y en Toledo, donde otra chica de 17 años tuvo un hijo de un hombre de 49.

El patrón suele ser siempre el mismo: la madre ocupa el papel del progenitor de menor edad. Así pasó en 23 de esos 25 casos. Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de la ONG Save the Children en España, explica que "hay una razón cultural" para ello. 

"Se debe a la desigualdad de género y a cómo se concibe al hombre y a la mujer en la sociedad. Es parte del heteropatriarcado. Las niñas y las adolescentes están hipersexualizadas y, además, existen los mitos del amor romántico entre un hombre adulto maduro y una chica joven que no se dan a la inversa", cuenta la experta.

Estos embarazos, además, es fácil que escondan casos de abuso sexual infantil. "A un hombre de más de 30 años con una chica menor de 18 les separa una diferencia muy grande. Habría que estudiar caso a caso, pero es raro que se den relaciones consentidas y seguras", explica Perazzo.

Lo cierto es que a pesar de que en los últimos años han disminuido los embarazos infantiles en España, siguen produciéndose casos preocupantes. Como desvelaba infoLibre, aún a día de hoy hay niñas de menos de 16 años que se quedan embarazadas y dan a luz a hijos de hombres adultos. Más de 50 casos de ese tipo en los últimos cinco años.

Si en lugar de analizar únicamente los casos de menores de 16 años se amplía a todas las menores de edad —la propia OMS considera como infancia a todas las personas por debajo de los 18 años—, los casos se multiplican. 

Como ya se ha mencionado, ha habido más de 300 casos de menores de 18 años que han tenido hijos con hombres de más de 30 años en los últimos cinco años. Pero, de la misma forma, si en lugar de esa edad para los padres, se considera a todos los que tienen más de 25 años, la cifra escala por encima de los 800 casos.

En los últimos cinco años 841 niñas y adolescentes menores de edad han tenido un hijo junto a un hombre que tenía al menos 25 años. No solo la cifra es elevada, sino que es muy superior al fenómeno contrario. En ese mismo tiempo ha habido 52 chicos menores de edad que han sido padres junto a una madre de al menos 25 años.

Lo mismo sucede con el dato de 56 casos de niñas de menos de 16 años siendo madres con hombres adultos. Por contra, solo en una ocasión un niño menor de 16 ha tenido un hijo con una mujer de al menos 25 años. Pasó en 2023, cuando una mujer de 35 años dio a luz en Ceuta a una bebé fruto de su relación con un niño de 14 años.

"Estamos hablando en todos los casos de cómo se enfrentan los y las adolescentes a la sexualidad y a las relaciones con personas adultas. Por tanto, va a existir un desequilibrio de poder y una relación desigual por la diferencia de edad y madurez. Pero en el caso de los chicos los casos son poco significativos. Las cifras de violencia hacia las mujeres muestran algo mucho más estructural y por eso es necesario que pongamos ahí el foco", explica Perazzo.

De hecho, la tendencia es clara y suele situar a los hombres como los que más tienen hijos con menores de edad. Cada año unos diez hombres mayores de 40 años son padres junto a chicas que aún no tienen derecho a voto. En 2024 se registraron 13 casos de ese tipo. Del mismo modo, las mayores diferencias de edad entre progenitores —sin tener en cuenta que uno de los dos sea menor— las protagonizan hombres mayores.

En 2024 en España hubo 45 nacimientos en los que el padre tenía 34, 35 o 36 años más que la madre. Ninguna mujer sacaba tantos años al padre de su criatura. La diferencia máxima en la que una mujer era mayor que el padre fue de 20 años.

El caso más descompensado se dio en Lleida, donde una mujer de nacionalidad guineana de 29 años dio a luz a un hijo de un señor español de 65 años. El nacimiento se produjo en el mes de noviembre, a las 39 semanas de embarazo y el niño, que pesó 3,56 kilos, era el cuarto hijo de la mujer.

Más allá de la problemática con los embarazos infantiles y las relaciones desiguales por la diferencia de edad, en España, en general, nacen cada vez menos niños y niñas. En los últimos diez años el descenso de nacimientos ha sido de un 25,63%. Pero mirando solamente a aquellos de madres menores de edad, la caída es aún mayor: un 47,75%.

A pesar del descenso, se trata de una realidad que persiste. Cada año unas 1.500 menores de edad dan a luz en nuestro país. Decenas de ellas se convierten en madres junto a hombres adultos. En otros muchos casos, no se registran datos del padre.

"Tener relaciones con esa desigualdad con personas adultas tiene un impacto en cómo se desarrollan y relacionan esas niñas en su adolescencia pero también para cuando sean personas adultas. Solo que siga habiendo una niña sufriendo esa situación es algo ya muy grave", remata Perazzo.

En marzo de 2024, la Guardia Civil localizó a una niña de 13 años que había sido obligada a casarse con un hombre que le triplicaba la edad. Cuando la encontraron, la menor estaba embarazada. Pero no era la primera vez. De hecho, fue la interrupción del anterior embarazo lo que hizo saltar las alarmas. La niña abortó debido a malformaciones en el feto. Esa intervención llegó a conocimiento de la Fiscalía de Menores y esta avisó a la Guardia Civil.

El cuerpo policial detuvo al marido, de 42 años, y a los padres de ambos, acusados de un delito de trata de seres humanos tras haber concertado el matrimonio forzoso. En el caso de él, también se le imputaba un delito de agresión sexual, según informó la Guardia Civil. Como los hechos sucedieron en la provincia de Ciudad Real, la menor, embarazada, pasó a cargo del Gobierno de Castilla-La Mancha. La niña, ya con 14 años, acabó teniendo a la bebé y así consta en la estadística de nacimientos que gestiona el Instituto Nacional de Estadística (INE) en España.

Puede parecer una excepción, pero aún hoy en nuestro país existen numerosos casos en los que una niña o adolescente es madre junto a un hombre adulto, tal y como ha podido comprobar infoLibre tras realizar un análisis de los microdatos de la estadística de nacimientos.

En España en los últimos cinco años —de 2020 a 2024, último ejercicio con datos disponibles— se han producido 56 nacimientos en los que la madre tenía menos de 16 años mientras el padre tenía más de 25.

Esas niñas, que tenían entre 13 y 15 años en el momento del parto, no alcanzaban ni siquiera la edad legal de consentimiento sexual, que en nuestro país es de 16 años, tal y como establece el Código Penal desde que la elevara el Gobierno de Mariano Rajoy.

Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de la ONG Save the Children en España, explica la problemática de esa diferencia de edad y cómo puede esconder el abuso infantil: "Hay una diferencia de edad, de poder y de madurez, así que la relación está condicionada. Las dos personas no se están relacionando en condiciones de igualdad y el consentimiento de la menor de edad no es válido por esa diferencia en la madurez".

El caso de Ciudad Real es un claro ejemplo. De hecho, fue el nacimiento de 2024 de mayor diferencia de edad entre los padres con uno de ellos por debajo de la edad legal de consentimiento sexual. Se llevaban 28 años. Ese año hubo otros tres casos en los que una niña menor de 16 tuvo un hijo con un padre que le sacaba al menos 20 años.

Fueron tres niñas de solo 14 años: una dio a luz a un bebé de un padre de 38 años en San Fernando (Cádiz), otra a uno de un padre de 36 en Granada capital, y la tercera a uno de un padre de 34 en Valdemoro (Madrid).

De los 56 hombres, claramente adultos, que fueron padres junto a una menor de 16 en los últimos años en nuestro país, 33 —entre ellos los de San Fernando, Granada y Valdemoro— tenían más de 30 años en el momento del parto y, por tanto, como mínimo, doblaban la edad de las madres. Además, podría haber incluso más casos porque en muchos nacimientos de madres menores no se conoce o no se registra información sobre el padre de la criatura.

Perazzo recalca la importancia de que se cumpla con la edad legal de consentimiento sexual sobre todo en esos casos en los que una persona es mucho mayor que la otra. De hecho, el Código Penal establece una excepción a esa regla para cuando las relaciones sean entre individuos "próximos en grado de desarrollo o madurez física y psicológica". "La edad legal de consentimiento sexual en los 16 años es coherente, sobre todo con la excepción. No es lo mismo una relación entre dos adolescentes, que puede ser sana y desde el respeto, que entre un adolescente y un adulto", explica la experta. 

El análisis de los microdatos de la estadística hecho por infoLibre no muestra importantes diferencias según si los progenitores son españoles o extranjeros, pero entre las nacionalidades extranjeras destaca Rumanía. Los expertos con los que ha hablado este medio apuntan a otra variable que puede estar relacionada: la pertenencia al pueblo gitano. Los datos del INE no recogen ese tipo de información, pero las fuentes consultadas aseguran que puede ser una hipótesis para algunos de los casos, tanto cuando los padres son de nacionalidad española como cuando son extranjeros de nacionalidad rumana.

Javier Urra, psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y los Juzgados de Menores de Madrid y conocido por ejercer como defensor del menor de la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2001, explica que "entre los gitanos rumanos nómadas se producen estos casos de manera más significativa". "También suele haber un número importante de casos de gitanos españoles", detalla.

A ello se refiere también Catalina Perazzo, que recuerda dos casos judiciales de 2024 con dos niñas gitanas como víctimas: "Save the Children y la Fundación Secretariado Gitano denunciamos al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas unas sentencias en las que se aplicaban atenuantes a agresores por considerar que las relaciones sentimentales y sexuales entre niñas muy jóvenes y hombres adultos eran una práctica habitual de su cultura". 

"No es admisible. Por un lado, si es una violación de los derechos de esas niñas, no hay ninguna práctica que lo pueda justificar y, por otro, es una forma discriminatoria de dar por hecho estereotipos e institucionalizarlos", resume la experta de la ONG, que tiene como objetivo luchar por los derechos de la infancia.

Los embarazos infantiles han bajado en España en los últimos años. De los más de 500 nacimientos de madres menores de 16 años que se registraban anualmente en nuestro país entre 2009 y 2014, la cifra ha bajado a los algo más de 200 que se dan cada año desde 2020. Aunque a partir de 2022 se ha registrado un repunte.

El descenso es incluso mayor en el caso de las madres menores de 16 que tienen hijos junto a padres de más de 25 años. En 2011 llegó a haber 158 nacimientos con esa casuística. Ahora no hay mucho más de una decena al año. Aun así, año tras año se siguen registrando partos de este tipo en nuestro país. "La evolución natural y los cambios sociales y normativos hacen que tendamos a ese descenso de casos. Pero solo que siga habiendo una niña sufriendo esa situación es algo ya muy grave. La violencia contra la infancia está demasiado tolerada", explica Perazzo.

La experta cuenta que "biológicamente los cuerpos de las adolescentes no están preparados para soportar el impacto de una gestación y un parto". "No solo a nivel físico, también a nivel emocional. Las adolescentes lo que tienen que ser es adolescentes y tener la oportunidad de vivir su infancia y adolescencia de manera plena", detalla.

La gran pregunta es: ¿qué hace la Administración en esos casos en los que las madres son niñas y adolescentes menores de edad?, que pueden ser víctimas de abuso sexual infantil.

El Registro Civil es quien se encarga de recopilar los datos de nacimientos en España. De hecho, los padres de una criatura tienen que acudir al mismo a notificar el nacimiento si no lo ha hecho ya el propio hospital donde haya nacido. El registro es el que luego facilita la información al INE para la elaboración de la estadística de nacimientos.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Justicia, de quien depende el Registro Civil, si existe algún protocolo para cuando se detectan este tipo de casos o si se da alguna voz de alarma para investigar la posibilidad de casos de abuso sexual infantil. Justicia asegura que "en este momento no existe un protocolo en los registros civiles para estas situaciones". "No obstante, en el momento de la inscripción tanto la madre menor como su hijo ya deberían haber pasado por controles en el sistema sanitario", añade.

Lo cierto es que la Administración sanitaria sí cuenta con ciertas indicaciones para este tipo de casos. En 2024 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobó el Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y la adolescencia, elaborado por la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes, donde se encuentran representados el Ministerio de Sanidad y el de Justicia y las comunidades autónomas, entre otros actores. 

Este protocolo establece cómo deben actuar los profesionales sanitarios ante indicios de posibles casos de violencia hacia niños y niñas. Uno de los tipos que se detalla en el documento es la violencia sexual y se recoge el embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, como uno de los indicadores de un posible caso de esta.

El protocolo también indica que ante posibles indicios de un caso de violencia en la infancia, el personal sanitario debe notificarlo a los servicios sociales —dependientes de los ayuntamientos o las comunidades autónomas— y al menos a otra institución, que puede ser el juzgado de guardia, la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Ante las preguntas de infoLibre sobre este tema, el Ministerio de Sanidad ha respondido remitiendo de forma directa a este protocolo y a otros documentos guías del SNS. El protocolo, eso sí, no establece una indicación o mecanismo automático o diferenciado para los casos de embarazos infantiles.

A diferencia del ministerio, los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana —las tres comunidades autónomas que registraron más nacimientos de madres menores de 16 años en 2024— no han respondido a las consultas de infoLibre. A pesar de que este medio ha contactado en diversas ocasiones y por diferentes vías con estos Ejecutivos autonómicos en las últimas semanas para saber cómo actúan cuando se encuentran los partos de madres menores.

"El sistema tiene alertas. Otra cosa es si todas funcionan, pero hay mecanismos. Los servicios sociales, la sanidad, el ámbito educativo… Y también la fiscalía, que es quien tiene esa función de ver qué está sucediendo exactamente con algunos hechos y más si se trata de menores. No siempre es fácil porque el entorno o la familia calla y oculta qué ha pasado, pero en casos así hay que indagar con los servicios sociales y con los medios que se tiene", explica Javier Urra.

Lourdes Gaitán tiene una larga trayectoria laboral en la defensa de la infancia. El maltrato social a niños y adolescentes que estudia impulsa que, a sus 78 años, continúe su labor investigadora y de divulgación. Doctora en sociología y graduada en trabajo social, se centra en defender desde un punto de vista sociológico la consideración de la infancia como parte de la estructura social y a los niños y niñas como actores sociales. 

Gaitán, ya jubilada, ha trabajado en la Administración Pública y ha sido docente. Aún podemos leer nuevas aportaciones suyas en el mundo académico: es codirectora de la revista de la Universidad Complutense Complutense Sociedad de Infancias, y además, también participa en la Asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA).

Esta dedicación incansable le ha llevado a escribir varios libros e innumerables artículos, algunos de ellos en infoLibre, del que asegura es suscriptora desde sus inicios. Gracias al texto La extensión del sufragio universal: ciudadanía y participación democrática de la infancia y la adolescencia el próximo jueves 27 recibirá el Premio Librepensadores en el Ateneo de Madrid, en la quinta edición de los Premios infoLibre. En el artículo Gaitán reclama la necesidad social de incluir a los niños y adolescentes en el imaginario de personas con los mismos derechos que los adultos, porque, asegura, la sociedad democrática los necesita.

¿Por qué considera que es tan importante hablar sobre el derecho al voto de los niños y adolescentes?

Estamos hablando de edadismo. Lo que hacemos con los niños es edadismo también. Es considerar que los adultos somos los propietarios del saber y del conocimiento y considerar que nosotros decidimos cuando se es adulto, es decir con 18 años. Los niños están definidos como "aún no ser adultos".

Lo que yo defiendo es que las personas tenemos capacidades y conocimientos que no van estrictamente vinculados a la edad, sino a las experiencias que hemos vivido. Y que tenemos que enriquecernos con todo lo que nos pueden aportar los individuos nuevos que llegan a la sociedad. Porque si no hubiera renovación, seguiríamos todavía encendiendo el fuego frotando dos palitos.

¿Qué efectos positivos cree que tendría la incorporación de los niños y adolescentes al proceso electoral?

Lo que he querido en este artículo es no evocarlo como un favor que hacemos a los niños, sino entender que en el estado actual de la democracia incorporar gente nueva ha contribuido a renovar las democracias. A mí me parece que sería un beneficio para toda la sociedad incorporar a toda la ciudadanía porque todos tenemos cosas que aportar. Y sobre todo tiene que aportar la gente que tiene ideas más frescas y más nuevas.

¿Cree que necesitamos una educación democrática más fuerte?

Si te refieres a los adultos, sí.

Las encuestas reflejan el ascenso de la ultraderecha en intención de voto, ¿cuál es su opinión respecto al papel de los medios de comunicación? ¿Considera que actualmente facilitan esta conciencia democrática?

Son cosas diferentes. Sí que observamos que hay un desplazamiento hacia valores de derecha. El esfuerzo civilizatorio que se había hecho por las sociedades a partir de la Segunda Guerra Mundial se traducía en unas leyes internacionales que más o menos asumíamos.

A lo que estamos asistiendo es a una destrucción de eso, y los medios de comunicación tienen un papel. Pero es que yo soy de las personas que no piensa bajar los brazos ni rendirme. El que haya una tendencia no significa que vaya a inundar todo el campo del pensamiento que se ha hecho en todos estos años. Eso está en nosotros y saldrá adelante. Yo casi como socióloga me resisto. No lo demos por hecho, la gente seguimos pensando libremente. Y claro que los medios de comunicación son importantes porque son los mecanismos que tenemos para contarnos las cosas unos a otros.

¿Por qué se animó a escribir en infoLibre?

Soy socia desde los inicios. Me parece bien la oportunidad que tenemos de escribir. A mí me cuesta trabajo porque pienso mucho lo que escribo y las palabras, pero sin embargo me gusta tener la oportunidad de expresarme.

¿Qué significa para usted este premio?

Me gusta porque es un periódico que valoro y porque significa que hay un artículo escrito por mí que se ha valorado. Pero me importa sobre todo porque os haya llamado la atención precisamente un tema que tiene que ver con los chavales. No hay grupo social tan denostado como el de los adolescentes y las adolescentes. Lo que más valoro es el que os hayáis fijado en un artículo que dice que los niños y niñas adolescentes son personas, que piensan, que saben y que la sociedad democrática les necesita. Que necesita contar con ellos. No mañana, hoy, en el presente, porque son presente. Me gusta por la sensibilidad que habéis tenido y la visibilidad que ofrece hacia los niños.

La Plataforma de Infancia reclama reforzar la educación afectivo-sexual y la alfabetización digital entre los adolescentes ante un contexto de mayor riesgo digital: casi un 60% ha sufrido alguna forma de violencia sexual en el entorno digital y un 33% presenta un uso problemático de Internet, según informa EFE.

La pobreza, la violencia sexual y la salud mental son los principales retos de la adolescencia en España, según refleja el informe 'La adolescencia en España: hacia políticas públicas que garanticen sus derechos', elaborado por la Plataforma de Infancia, que advierte de la falta de políticas públicas específicas que den respuesta a sus necesidades y derechos.

En España, el 35,8% de los jóvenes entre 13 y 17 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. A ello se suman los problemas de salud mental, que afectan a más de un 20% y las cifras de violencia sexual, donde la mayoría de los casos registrados se produce contra adolescentes de entre 13 y 17 años.

"No se reconoce a la adolescencia como una etapa con necesidades propias, y eso la deja fuera de muchas políticas clave", explica Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, quien propone un cambio de enfoque que tenga en cuenta que son sujetos de derechos.

Para revertir esa situación, las organizaciones de infancia reclaman una prestación universal por crianza de 200 euros al mes hasta los 18 años, actualizar las cuantías del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) y garantizar comedores escolares gratuitos en todos los centros de secundaria para adolescentes en situación de pobreza.

"El coste medio de criar a un adolescente supera los 800 euros mensuales, pero es justo en esta etapa cuando más se reducen las ayudas. Esto demuestra que el sistema de protección social no está pensado para acompañar a las familias cuando más lo necesitan", concluye la responsable en la red de entidades de infancia.

En materia de salud mental, el informe insta a reforzar la atención psicológica pública y a aumentar la ratio de equipos profesionales especializados en salud mental infantil y adolescente, una de las más bajas de Europa.

También propone incorporar programas de prevención del malestar emocional y adicciones digitales en los centros educativos, garantizando una atención temprana y acompañamiento.

Si bien el análisis del artículo sobre la serie Adolescencia ilumina con precisión los síntomas de una crisis en la relación entre adultos y jóvenes –evidenciada en el fracaso del sistema  penal, la escuela y la familia para conectar significativamente con ellos–, considero que su  diagnóstico se detiene en la superficie de los efectos, sin profundizar en las causas subyacentes.  

La dificultad que señalan para que los adultos escuchen, amen y dediquen tiempo no es un fenómeno aislado sino, en mi opinión, una consecuencia directa de un sistema económico, un 'capitalismo agónico', que prioriza la productividad y la acumulación por encima del bienestar humano y las conexiones significativas. Las exigencias laborales extenuantes, la deshumanización progresiva de las interacciones y la constante presión por la supervivencia económica erosionan la capacidad de los adultos para estar presentes y disponibles emocionalmente para los jóvenes. 

Mientras que el artículo critica acertadamente la tendencia adulta a 'explicar sin escuchar' y la rigidez de las instituciones, no establece explícitamente cómo estas dinámicas son alimentadas por un sistema que valora la eficiencia por encima de la comprensión, la gestión del caos por encima de la atención individualizada y la subsistencia económica por encima del tiempo de calidad en familia.  

La propuesta final del autor de difundir la serie para fomentar la reflexión es valiosa, pero considero que el mensaje transformador crucial reside en conectar esta problemática con  las contradicciones inherentes a un modelo socioeconómico que nos empuja a la deshumanización.  

Como sugieren teóricos como Wallerstein y diversas corrientes marxistas, las tensiones internas del capitalismo actual están llegando a un punto crítico. En este contexto, la desconexión generacional que retrata Adolescencia no es solo un problema de  comunicación o de prioridades individuales, sino un síntoma de una crisis sistemática más profunda.  

En lugar de limitarnos a abogar por cambios en la actitud adulta –necesarios, sin duda–,  deberíamos impulsar una reflexión más profunda sobre cómo las estructuras económicas y laborales actuales moldean nuestras vidas y nuestras relaciones, dificultando la escucha activa, la expresión de afecto y la dedicación de tiempo genuino. El verdadero cambio transformador implicaría, quizás, cuestionar las bases de este 'capitalismo agónico' en lugar de buscar soluciones paliativas dentro de sus márgenes, evitando así caer en esos 'cambios lampedusianos', donde todo cambia para que nada cambie realmente.  

«El cambio es eterno. Nada cambia jamás. Los dos tópicos son "ciertos". Las estructuras son  los arrecifes de coral de las relaciones humanas, que tienen una existencia estable durante  un período relativamente largo de tiempo. Pero las estructuras también nacen, se  desarrollan y mueren». [ Wallerstein, I. - El moderno sistema mundial I.]  

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Rafael Casado Ortíz es socio de infoLibre.

"Las personas que somos altamente sensibles tenemos tendencia a tratar de controlar la realidad". La periodista asentía, ceñuda. "Esto lo he hablado con otros colegas", insistía el sensibilísimo entrevistado. Me imagino la sobremesa y, chico, me conmuevo.

No sé si lo habrán notado, pero el mundo, hasta hace nada poblado por santos y pecadores, se ha subdividido en un infinito número de identidades pseudopsicológicas que sirven para un roto y un descosido. La gente ya no se deja porque ha descubierto que su partener es un cabrón con pintas, sino porque se ha revelado como un "psicópata narcisista". Si me diese por rebuscar entre mis conocidos, malo sería que no aflorasen media docena apegados ansiosos y evitativos, dos o tres con TDAH y no menos de una veintena de lumbreras altocapacitadas.

Conste: estoy muy concienciado con el asuntillo de la chaladura, la salud mental y la alineación de los chacras (bromas aparte, yo mismo tengo informes psiquiátricos como para empapelar Versalles), pero el fervor que causan las etiquetitas diagnósticas me tiene fascinado. El mes pasado, en el programa de Sonsoles le midieron las meninges a Ana Obregón con un test de inteligencia. Ya son ganas de malgastar recursos: solo un genio podría plegar su árbol genealógico hasta convertirse en la madre de su nieta. El diagnóstico me recordó que hará veinte años se emitía (en esa misma cadena) un programa con el que los espectadores podían tentarse las entendederas sin moverse del sofá. Bastaba responder unas preguntas y sacar la cuenta de los aciertos. Aquello, que me pilló en el instituto, nos dio mucha vidilla. A la mañana siguiente, todos llegábamos al pupitre exhibiendo un cociente de plusmarquista: al rato podías palmar el examen de matemáticas, pero caramba, ¡con qué brillantez!

Siempre me han enternecido los afiliados de MENSA: camarada, tan listo no serás si necesitas un papel que te lo certifique. Últimamente no paro de toparme con un cincuentón patilludo que dice haber sido presidente del tan honorable círculo ecuestre y tener un puntaje mental que ríete tú de Albert Einstein. Por lo que sea, en vez de proponer una teoría unificada de las fuerzas que mueven el universo, el buen señor ha consagrado su vida al noble oficio de la consultoría. Para ese viaje no hacían falta alforjas.

Que hay gente listísima, taquicárdica, depresiva o con la capacidad de atención de una coquina es algo que no pongo en duda, pero me chifla que, en un mundo carcomido por la sospecha y el cinismo, cualquier hijo de vecino se adjudique una neurodivergencia tras el visionado atentísimo de tres reels de Instagram hechos por un cualquiera. Sin contexto, sin matices: solo el gozo de tener un delito nuevo en el pasaporte de la identidad. "Es que creo que soy…", me confesaban el otro día. Intrépido, quise tirar del hilo. Me bastaron dos minutos para comprender que ese amigable conocido estaba de enhorabuena: había encontrado un parapeto, un "es que yo soy así" para cada una de sus irritantes particularidades.

Entiendo la tranquilidad que da romper con un psicópata, porque, en ese caso, la relación se fue al carajo sin que tengamos una mijita de responsabilidad en su hundimiento. También, que adjudicándome tal tipo de apego, podría avasallar a mis amigos con el mayor de los egoísmos y luego librarme de colaborar en sus mudanzas excusándome en mi irremediable evitatividad. Incluso, que uno puede erigirse en el loco mayor del reino y ganarse la vida relatando el cotorreo que sonaba en su cabeza. Pero si cuando a uno le dice el cardiólogo que tiene las yugulares embuchadas en triglicéridos no sale de la consulta pensando que todo está hecho, con las cosas de la cocorota podríamos hacer lo mismo. No sé si afecta más a la vida la última chorrada que se le haya ocurrido a la psicóloga vitamina que un riñón perezoso. Lo que sí sé es que con lo primero se da muchísimo más la brasa.

Una comisión de investigación parlamentaria en Francia propone prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, después de haber analizado los daños causados en los adolescentes, sobre todo por TikTok, y decretar un "toque de queda digital" para los jóvenes de 15 a 18 años, según informa EFE.

La comisión de investigación, cuyo informe se adoptó el pasado día 4 pero cuyo contenido se ha hecho público este jueves, pretende conseguir una "sensibilización masiva" sobre los peligros de las redes sociales para adolescentes y jóvenes que están en proceso de construir su personalidad y traducirlo en "actos políticos".

Los dos ponentes, el diputado socialista Arthur Delaporte y la macronista Laure Miller, califican a TikTok en el texto adoptado de "veneno" y consideran que es "una red fuera de control al asalto de la juventud" porque su modelo económico y sus algoritmos están concebidos para "captar a cualquier precio la atención, en particular de los jóvenes".

En concreto, recuerdan que esos algoritmos lo que hacen es ofrecer los contenidos que atraen al usuario para que esté conectado el mayor tiempo posible, y la consecuencia es que por esa red controlada por el grupo chino ByteDance lo que dominan son "contenidos basura".

Los ponentes se quejan de que aunque "los responsables de TikTok prefirieron evitar responder a las preguntas" que se les plantearon en las comparecencias que organizaron, lo que quedó en evidencia es la "denegación por la plataforma del conjunto de elementos problemáticos" que se les plantearon.

A partir de su trabajo, los parlamentarios redactaron 43 recomendaciones para "salir de la trampa TikTok", empezando por la prohibición de las redes sociales, al margen de las mensajerías, a los menores de 15 años.

También un "toque de queda" para los jóvenes de 15 a 18 años para evitar que se conecten a las redes sociales entre las 22.00 horas de la noche y las 8.00 de la mañana. Igualmente apuestan por una gran campaña de información sobre los riesgos de las redes sociales, que vaya acompañada de propuestas de formación para los padres.

En dirección del sistema escolar, preconizan generalizar y asentar el dispositivo que se ha empezado a poner en práctica en Francia para imponer a los alumnos que apaguen sus móviles mientras están en los centros, prohibirlos en los liceos y reducir el espacio de las prácticas digitales.

En principio, el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales en Francia debería ser objeto de una autorización previa de los padres, en virtud de una ley que se adoptó en el verano de 2023, pero esa disposición no ha entrado en vigor por las dudas sobre si es conforme a la reglamentación europea.

Este verano, el mundo se ha dividido entre team Conrad o team Jeremiah. Muchos y muchas no tendrán ni idea de lo que estoy hablando y considerarán este artículo (sin spoilers) una tontería o una auténtica gilipollez, sin embargo, desde el pasado 16 de julio, una serie de Prime Video se ha convertido cada miércoles en punto de encuentro para miles de personas, literal y figuradamente porque muchas se han reunido en bares para verla juntas como si una final deportiva se tratara. Por dar solo un dato, 25 millones de espectadores vieron durante la primera semana los primeros capítulos de su tercera y última temporada. 

Se trata de El verano en que me enamoré (con una traducción al español mucho más acertada que su título original en inglés, The summer I turned pretty), un drama adolescente que no solo es una serie romántica que sigue los altibajos del triángulo amoroso protagonizado por Belly y los hermanos Fisher (sí, los Conrad y Jeremiah de los equipos de antes) a los que conoce de toda la vida porque sus madres son amigas y veranean juntos. La ficción, que es una adaptación a la pequeña pantalla de la trilogía homónima de Jenny Han (que, por cierto, nació en 1980), es un relato sobre la madurez emocional, las relaciones y contradicciones familiares, la pérdida, la amistad femenina y la nostalgia veraniega. Temas totalmente universales. 

Con todos estos ingredientes, se ha convertido este verano en todo un fenómeno viral que, aunque pueda parecer mentira al tratarse de un drama juvenil, ha conquistado sobre todo a las mujeres millennials, es decir, a las nacidas entre 1981 y 1996. Es más, según The New York Times, su audiencia principal son mujeres de entre 25 y 54 años. En cambio, su protagonista, Belly, cumple 16 en la primera temporada y 21 en la tercera. 

¿Por qué nos sorprende tanto que una serie sobre adolescentes no la vean solo adolescentes? "Es cierto que todos los productos culturales se conciben con un público objetivo ideal que va a ser quien los consume mayoritariamente, pero no debería ser, ni es, algo estanco", explica Andrea Proenza, periodista, investigadora y divulgadora en redes sociales, que también apunta a "una especie de vergüenza en el imaginario popular cuando se consumen este tipo de ficciones, tanto audiovisuales como literarias, fuera de la edad que te corresponde". 

Para esta experta, esto se debe a "una cuestión clasista que califica estas ficciones de géneros menores y, por lo tanto, menos dignos": "Se da por hecho que si eres adolescente puedes consumir cualquier cosa, pero, cuando creces, tu gusto debe evolucionar". Por esto, muchas mujeres, para explicar el fenómeno que se estaba viviendo en redes o unirse a la conversación, han salido a la palestra para justificar por qué estaban viendo esta serie. "Creemos que eso es motivo de vergüenza, cuando no lo es", defiende Proenza que también señala que "son de entretenimiento como cualquier otra". 

Por ello, estos días se han multiplicado las confesiones sobre los motivos sobre por qué "yo mujer adulta de más de 30" veo una ficción sobre adolescentes. Es el caso de las periodistas Patricia Gosálvez en El País, Mariola Cubells en la Cadena Ser o Lucía Tejo en Glamour. Un fenómeno que también se ha producido internacionalmente con artículos en la versión estadounidense de Elle o en la británica de Harper's Bazaar. "Tienen la capacidad de engancharnos más allá de estar alineadas con nuestras vidas y preocupaciones. Nadie cuestiona que millones de personas que no tienen nada que ver con el ámbito sanitario hayan estado enganchadas a The Pitt, por ejemplo, porque es una serie de calidad de HBO", insiste Proenza. 

Aunque no deba ser un motivo de vergüenza, la pregunta sigue estando ahí: ¿Cómo es posible que una serie adolescente tenga enganchada a tanto público millennial? La respuesta a este misterio, que en realidad no es tanto, es múltiple y podemos encontrar hasta seis razones. 

La primera, y como pasa con todos los productos culturales en realidad, responde a la capacidad que nos ofrecen de desconectar de nuestra vida. "Vivimos en un momento de mucha incertidumbre y a veces lo único que te apetece es ver o leer una ficción que no te haga pensar en nada más allá de un triángulo amoroso y una casa de verano en una zona pija de EEUU", apunta Proenza.

La segunda razón, y quizás más evidente, es la nostalgia que rodea a esta ficción en particular. "En El verano en que me enamoré todas las referencias son más de nuestra época, de esas series que nos han ido acompañando a lo largo de nuestra infancia, nuestra adolescencia y en los primeros años de nuestra vida adulta. Y por eso nos sentimos tan reflejados en ella y es eso lo que nos engancha tanto", reconoce a infoLibre una fan de la serie de 35 años, Patricia. "Nos remite a un momento vital con menos preocupaciones, a una zona que nos transmite confort", afirma Andrea Proenza. 

Por que ahora es El verano en que me enamoré, pero antes fueron series como Salvados por la Campana (1989-1993), Sensación de Vivir (1990-2000), Buffy, cazavampiros (1997-2003), Dawson Crece (1998-2003), Las chicas Gilmore (2000-2007), The O.C (2003-2007), One Tree Hill (2003-2012), Gossip Girl (2007-2012) o Crónicas Vampíricas (2009-2017). "Todos los que pertenecemos a esta generación nos hemos criado y hemos consumido a lo largo de décadas series de adolescentes", asegura Patricia. 

Por qué los millennials son, tal y como explica Sandra Parmo, psicóloga, creadora de contenido y fan de la serie, una "generación muy desencantada": "Este tipo de series juveniles nos recuerda a momentos en los que éramos más óptimas y cuando no estábamos desencantadas con la vida". "Los personajes de El verano en que me enamoré están en un punto en el que todo es posible entre comillas. En cambio, la nuestra ya no. Con 30 o 40 años, empezamos a hacer el duelo de todo lo que ya no podremos hacer", reconoce esta experta que recuerda que la precariedad, primero laboral y ahora en materia de vivienda, es un elemento muy presente en esta cohorte de edad.

Además, la representación que existe de esta generación en la ficción actual o bien son ya muy adultos inmersos en un profundo drama o en las comedias no son un espejo real en el que mirarse. "Nos apetece ver a personajes que están como nosotros, hechos un cuadro", defiende Parmo. 

No obstante, para Andrea Proenza, la nostalgia tiene un problema. "Se puede caer en la despolitización y en el inmovilismo, haciendo que queramos refugiarnos en un momento pasado, en lugar de hacer lo posible por construir un presente y un futuro mejores", sostiene. 

Muy relacionada con esta nostalgia, la segunda causa es la propia estética de la serie que va más allá de la ambientación idílica de Cousin Beach (que, aunque está inspirado en Cape Cod -Massachusetts-, las escenas de la playa y las casas se filmaron en la costa de Carolina del Norte). Aunque se supone que El verano en que me enamoré está ambientada en el momento actual, no lo parece porque sus personajes son personas analógicas más propias de los veranos de principios de los 2000 que de los actuales adolescentes de la generación Z o Alfa. 

"Es muy millennial code. Sus veranos se parecen a los nuestros en el sentido de pasar el tiempo fuera con amigos, y no como ahora que se pasan la vida en TikTok", reconoce Parmo. Por qué existen los móviles y las redes sociales pero no son el centro de sus vidas y prefieren una tarde en el salón recreativo o ver películas clásicas en el ordenador. En cambio, en otras series adolescentes los conflictos que pueden generar las pantallas y la vida online sí que tiene un gran peso. "Todos los que pertenecemos a esta generación no nos sentimos tan representados, se nos queda como algo infantil porque no es lo que nosotros hemos vivido en nuestra adolescencia", admite Patricia. 

Y aunque parezcan personajes sacados de una ficción de los 90 o principios de los 2000, Belly, Conrad, Jeremiah y compañía están, como explicó Vogue en 2023, "ansiosos por cumplir con ciertos estándares de respeto y humanidad" y no arrastran muchas red flags de aquella época que entonces se pasaban por alto y ahora chirrían: "A los chicos les importa si las chicas están cómodas. A las chicas les importa si los chicos están tristes. Y, por supuesto, no todos son chicas o chicos". 

Así en El verano en que me enamoré se evitan recursos dramáticos habituales en las series románticas juveniles actuales como la toxicidad en las relaciones, presentes en otros títulos contemporáneos como Élite, Maxton Hall o las películas de Culpa Mía. "En muchas series juveniles, la trama no es ni interesante. Aquí resulta creíble, los personajes son tangibles y presenta un conflicto menos forzado. Muchas de las situaciones que ellos viven, nos podemos llegar a sentir identificados con ellos", reconoce Sandra Parmo.

Además, para que la evocación a los 90 y 2000 sea total, incluso uno de los actores protagonistas, Christopher Briney que interpreta a Conrad, el mayor de los dos hermanos, recuerda a uno de los chicos de oro de aquella época: al Leonardo Dicaprio de Titanic, Romeo y Julieta y La playa. 

También estrechamente vinculada con la nostalgia, está la tercera razón: la banda sonora. Aunque muchas de las canciones que se escuchan son de Taylor Swift, también mezcla a las actuales estrellas de la generación Z como Olivia Rodrigo, Chappell Roan o Billie Eilish junto a canciones míticas de la década de los 90 y principios de los 2000. 

Solo durante los últimos capítulos de esta temporada se ha escuchado a The Rolling Stones con Wild Horses (1971), a Fleetwood Mac con Songbird (1977), a U2 con With or Without You (1987) —que se puede escuchar al final del siguiente vídeo—, a The Cure (versionados por Phoebe Bridgers) con Friday I'm in Love (1992), a Radiohead con No Surprises (1997), o a Red Hot Chili Peppers con Can’t Stop (2002).

Por último, dos razones que van de la mano. Por un lado, la elección de estrenar un capítulo semanalmente en una estrategia que recuerda a la que práctica HBO Max que logra así que sus últimos éxitos, como La casa del dragón, The White Lotus o La edad dorada, tengan repercusión durante, como mínimo, ocho semanas. "Incluso se parece a la experiencia que teníamos cuando éramos pequeños de ver la televisión. Ahora con el streaming, todo está mucho más hiperfragmentado", sostiene Sandra Parmo. 

Y, por otro, la conversación generada en redes sociales gracias a que no se puede consumir en formato binge-watching tan habitual actualmente, es decir, el acto de ver múltiples episodios de una serie de televisión de forma continuada y sin descanso. Al espaciar los capítulos, hay tiempo para comentar de forma unánime, sin spoilers y da tiempo a hacer análisis en profundidad y elucubrar sobre qué pasará en los siguientes episodios. Se permite así que, tal y como relata Parmo, que "las madres vean la serie con sus hijas adolescentes": "Las más jóvenes suelen ser más team Jeremiah que las mayores, que suelen ser más team Conrad".  

Pero también que Instagram y TikTok se hayan llenado de vídeos de El verano en que me enamoré. "Las redes sociales tienen una fuerte capacidad de viralización", señala Andrea Proenza que recuerda que ahora muchos de los montajes que se generan "llegan a ti casi sin quererlo" y "esta gran bola de contenido y conversación acaba llegando a todo tipo de públicos". 

Así, se han multiplicado los contenidos alrededor de esta serie, ya sea en formato de podcasts como Better With Glasses o análisis con miles de me gustas como los de Psicodepelicula. Incluso marcas y elementos tan masculinos como  equipos de fútbol, la Fórmula 1 o la ATP de tenis se han animado a debatir sobre si son team Conrad o team Jeremiah. Un debate que concluirá el próximo 17 de septiembre con la emisión del último capítulo de El verano en que me enamoré.

Como parte de su plan para recortar el presupuesto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump quiere modificar en torno a medio centenar de sus regulaciones, lo que incluye simplificar y flexibilizar la verificación de antecedentes para comprar armas, según ha informado EFE.

El controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha estado enviando personal para revisar el funcionamiento del ATF, del cual quiere eliminar a unos 540 de sus inspectores, dos tercios del total, informan este miércoles varios medios estadounidenses.

También pretende revisar unas 50 de sus normativas, lo que incluye, por ejemplo, la destrucción de archivos de dueños de armas de fuego pasados 20 años (en la actualidad deben guardarse de manera permanente) o extender el periodo de revisión de antecedentes previo a la compra de un arma de fuego de 30 a 60 días.

Todo esto busca reducir el volumen de burocracia con el que carga esta oficina que depende del Departamento de Justicia, el cual ha propuesto ya una reducción de presupuesto para la ATF del 25% para el próximo ejercicio fiscal, que arranca en octubre.

La fiscal general, Pam Bondi, incluso ha llegado a proponer fusionar la ATF con la Administración de Control de Drogas (DEA).

Estas medidas de recorte burocrático aumentan el riesgo de que se creen lagunas relativas a los antecedentes y datos de las personas que posean y quieran comprar armas, según argumentan asociaciones para el control de armas de fuego.

Y a esto se suma el plan para simplificar el formulario 4473 -el que requiere la ATF para iniciar el proceso de revisión de antecedentes- de las siete páginas actuales a tan solo tres, según adelantó el diario The Washington Post.

Desde el inicio del año han fallecido en EE.UU. 7.358 personas en incidentes con armas de fuego y 13.203 han resultado heridas, mientras que se han producido 192 tiroteos masivos, un término que incluye un mínimo de cuatro personas heridas o fallecidas, sin contar al agresor, según los últimos datos de la oenegé Gun Violence Archive.

De entre las víctimas, 503 adolescentes (entre los 12 y los 17 años) se cuentan entre los fallecidos desde que arrancó 2025, mientras que 1.424 han resultado heridos.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha informado este viernes que las derivaciones de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias o Ceuta a otros territorios empezarán, previsiblemente, en el mes de agosto, pese a las "resistencias" de las comunidades del PP, según ha informado EFE.

Así lo ha señalado la ministra tras presidir la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este viernes en Madrid, que ha durado unas dos horas y en la que el Gobierno ha informado a las comunidades sobre el real decreto que detalla cómo se realizarán los traslados de los menores.

Rego ha lamentado que las comunidades presididas por el PP hayan vuelto a acudir a esta reunión "con las manos vacías, simplemente a poner palos en las ruedas", pero ha recalcado que lo tratado hoy en referencia al decreto era a modo "informativo", por lo que "todo sigue su curso".

En la misma reunión se ha aprobado la distribución de 22 millones de euros para Canarias (8,5 millones), Ceuta (7), Melilla (4,5) e Islas Baleares (2), como parte de una partida presupuestaria que el ministerio da todos los años desde 2022 a las comunidades con mayor presión en sus sistemas y del que por primera vez recibirá fondos las Baleares.

Rego ha condenado que las "actitudes de bloqueo" de las comunidades presididas por el PP "desgraciadamente, están alargando innecesariamente los plazos", por lo que ha pedido "colaboración" y "amplitud de miras".

Ha precisado que el Gobierno siempre ha mantenido que los traslados empezarían en verano y "la idea original" es que fuera a principios, pero al final "será un poco más tarde", previsiblemente en agosto.

"Estos son los plazos de los que nos dotamos a pesar de las complicaciones y de la resistencia que está habiendo por parte de las comunidades del PP", ha expresado.

La ministra ha precisado que aún no hay una cifra definitiva del número de menores que serán trasladados, ya que ha habido muchos cambios desde las últimas estimaciones, que apuntaban a 4.000 desde Canarias y 400 desde Ceuta.

Entre otros, el compromiso del Gobierno adquirido esta misma semana de dar de alta de forma inminente a 827 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que hasta ahora tutelaba Canarias para cumplir con la orden del Tribunal Supremo, casi un millar de jóvenes que ya no computarán para estos traslados.

La ministra ha criticado la actitud "beligerante" de las comunidades del PP este viernes, "muy centradas en lo procedimental" y "con la única argumentación política de hacer prevalecer la agenda ultra de Vox", que es la que, en su opinión, está "perimetrando" las posiciones de esas autonomías en este tipo de reuniones.

También ha percibido a las comunidades muy preocupadas por la financiación, y la ministra ha dicho haber sido "muy clara" al recalcar que, tal y como señala el decreto de desarrollo tratado hoy, "todos los traslados de estos niños van a ser financiados por el Estado".

Ha precisado que en la reunión de este viernes no se ha tratado el tema de la financiación, porque se tratará en la próxima sectorial, convocada para julio, en la que se trasladarán "las tablas definitivas de lo que corresponde asumir a cada comunidad autónoma e irá aparejada también de una propuesta de financiación".

Rego ha asegurado que los recursos serán "suficientes", pero será una cuestión a tratar en esa próxima cita: "Yo creo que es adelantar un problema que todavía no existe", ha afirmado.

Lamentablemente la miopía de nuestra sociedad facilita la comisión de barbaridades institucionalizadas. En enero de 2019 publiqué un artículo sobre el maltrato institucional a menores que, desgraciadamente, no ha perdido vigencia a la luz de lo acontecido en relación con las presuntas irregularidades en prestaciones a extutelados por parte de fundaciones subcontratadas por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y el caso de violaciones y prostitución de una menor de 12 años bajo guarda de la Generalitat. Hace 6 años me referí a sucesos como los de los niños tutelados por la Generalitat que fueron objeto de abusos sexuales por sus tutores (Castelldans 2013 y Tortosa 2016), los de los declarados en desamparo y que la Generalitat sustrae de la familia sin supervisión judicial, los tutelados por la Generalitat de manera inadecuada (según entonces indicó el Síndic unos 600 del total de 7.000 entonces), o los no acompañados que escapan a la tutela de la Generalitat incurriendo incluso en delincuencia de bajo perfil, para los cuales no existe política específica alguna.

Los recientes sucesos en relación con la DGAIA parece que han motivado que el Govern tome cartas en el asunto para refundarla, por un lado retirándole las competencias en materia de ayudas y contrataciones, y por otro, reforzando la prevención revisando los protocolos. Para ello se crea una nueva Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), que se redimensionará con 300 nuevos profesionales. Parece una buena noticia, pero para nada es suficiente. Sorprenden dos puntos. Primero, la tardanza de la propia Administración en abordar un maltrato institucional (físico, moral y económico) de tamaño calibre que ha acabado por cronificarse. Segundo, la desfachatez de los responsables y representantes políticos en todos estos años para defender una gestión a todas luces pésima.

En cuanto a lo primero, transformar la DGAIA sin atacar la raíz del problema es una maniobra decorativa que podría encubrir intereses inconfesables (como por ejemplo cambiar algo para que nada cambie). Y es que una de las raíces del problema es el incremento brutal de menores no acompañados a los que atender sin una estructura correctamente dimensionada que, por otra parte, deviene en negocio cuando la fórmula consiste en otorgar millones de euros a gestores privados de centros residenciales para que se hagan cargo de ellos. Según cifras publicadas serían alrededor de 788 millones de euros entre 2016 y 2020 cuya gestión está siendo examinada por la Sindicatura de Comptes y la Oficina Antifrau. Para que se hagan una idea: el presupuesto de Andorra para 2025 es de 634 millones de euros. La solución del problema pasa necesariamente, cuando sea posible, por dar una salida de gestión pública al problema de menores no acompañados haciendo responsables de estos a sus familias y Estados de origen. La solución no es regar de millones a un sinfín de fundaciones dedicadas a vivir del drama, sino seguir el rastro del dinero “atribuido” irregularmente a algunos elementos de esta red clientelar amparada por el concepto de “tercer sector”, y acabar con la precarización de los trabajadores del sector

En cuanto a lo segundo, hemos sido testigos de una vergonzosa maniobra de ocultación del problema por parte de responsables y partidos políticos hasta el punto de que PSC, ERC y Comuns votaron en el Parlament en contra de adoptar medidas correctoras atendiendo el informe 3/2024 de la Sindicatura de Comptes, que evidencia la mala gestión con todo detalle. Un ninguneo parlamentario en toda regla al organismo de control. Hemos sido testigos también de cómo ERC (el partido político que ha gestionado este organismo los 10 últimos años) ha ignorado el problema hasta el punto de escudarse en la pandemia, la responsabilidad del violador, o la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la crisis del procés, sin asumir ninguna responsabilidad, para, además, acusar en sede parlamentaria a la Sindicatura de hacer el juego a la extrema derecha. Parece que los escaños son un medio de vida, y no un servicio público como debieran.

Como en enero de 2019, insisto en que no es suficiente con transformar la DGAIA ni depurar las responsabilidades pertinentes: para cambiar las cosas hace falta pretenderlo de verdad, adoptando medidas urgentes más efectivas, como el despliegue efectivo de la figura del procurador del menor previsto en el artículo 118 de la Ley del Parlament de Catalunya 14/2010, el sometimiento a control judicial efectivo de la actividad administrativa, sobre todo la relativa a sustracción de la tutela familiar, y la aplicación de principios administrativos como el de transparencia y acceso a documentación con objeto de facilitar el acceso de los interesados a los informes de la Administración que les afectan. Todo ello sin perjuicio de que los afectados puedan reclamar a la Administración, tanto las responsabilidades civiles como penales en que los funcionarios o instituciones implicadas hubieran podido incurrir, como el resarcimiento de los presuntos perjuicios causados por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que prevé la indemnización a quienes hayan sufrido un perjuicio injustificado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración.

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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.

Casi siempre que hablo con adolescentes, sobrinas, sobrinos, hijos o hijas de amigos, procuro contarles algo que pueda resultarles útil para la vida (bajo mi punto de vista, claro, igual mi aportación es tan prescindible como una yogurtera…).

La mayoría de las veces veo dibujada en sus caritas la súplica: “espero que la chapa de la tía no se alargue mucho, he quedado”, pero no desisto y por amor propio, seguramente, antes de que se arranquen con un: “señora suélteme el brazo” les digo algo que a estas alturas ya es un estribillo:

“Es muy probable que ahora no te interese esto que te cuento, pero puede que dentro de muchos años te acuerdes y… a lo mejor te viene bien”.

No siempre les doy consejos profundos, a veces, me contento con recomendaciones superficiales, no sé… que no se cierren a los nuevos sabores: “Anda, prueba las acelgas ¿Y si estás perdiendo la oportunidad de conocer al que podría ser tu plato favorito?” Mirándolo bien, si la enfocas en sentido metafórico, no es tan frívola esa sugerencia… En cualquier caso, nunca trato de darles lecciones desde la veteranía, una ya sabe que la experiencia sólo se construye a base de meter tus pies en los charcos. Que otros se los mojen no convalida como asignatura aprendida. 

El otro día, justo después del enésimo consejo al hijo de unos amigos me pregunté por qué lo hago: ¿Por ayudar, por entretenerme, por trascender, por sentirme “influencer” aunque sea en modo abuela cebolleta? La verdad es que me sale solo, es un hábito inconsciente, un gesto automático como el de silbar mientras hago la maleta.  

Y dándole algunas vueltas, llegué a la conclusión de que esto de regalar asesoramiento en píldoras lo hago en pro de la  “sostenibilidad”. Es una especie de movimiento de economía circular vital, si a alguien le sirve lo que tú ya utilizaste, no se perderán del todo ni tu esfuerzo ni tus logros. Si tenemos en cuenta, además, que el nuevo portador le dará un uso propio, seguro que aumenta el valor de eso que tú le legaste.

No sé, nunca me había preguntado antes por qué damos consejos que no nos han pedido, será tal vez que con el paso de los años encuentras con más facilidad las preguntas que las respuestas… Aunque creo que algo tiene que ver la inquietud por el anarcoliberalismo salvaje que va tomando el mundo, por ese “sálvese quien pueda” que flota en el ambiente, por el individualismo despiadado que va calando y crea la sensación de que cuando mires atrás y veas el precipicio no habrá nadie que te sujete. No sé, tengo la sensación de que no nos dará tiempo a decir “paren el mundo que yo me bajo”, porque nos habrán obligado a bajar en marcha. 

Sí, me gusta pensar que alguien, alguna vez, podrá asirse a través de la memoria a algún pensamiento mío que le ayude, por simple que este sea. Del mismo modo que lo hago yo, cuando me agarro al ancla de los que me precedieron para no sentir que navego en un barco sin nadie al volante…

“Es muy probable, querido lector, que ahora no te interese mucho esto que he escrito, pero puede que dentro de muchos años te acuerdes y… a lo mejor te viene bien”.

 España, Francia y Grecia han presentado una propuesta conjunta para establecer una edad mínima en la Unión Europea para poder acceder a las redes sociales, con el objetivo de proteger a los menores de edad. Los tres países han presentado la medida, a la que tuvo acceso EFE, de cara a la siguiente reunión de los ministros de telecomunicaciones que se celebrará en Luxemburgo el próximo 6 de junio.

En el documento, el ministro español de Transformación Digital, Oscar López; la ministra delegada francesa de Inteligencia Artificial y Digitalización, Clara Chappaz; y el ministro griego de Digitalización, Dimitris Papastergiou, no plantean cuál debería ser esa edad mínima, a la espera de ver cómo se desarrolla el debate entre los socios europeos, explicaron fuentes diplomáticas.

El objetivo principal es crear mecanismos obligatorios en la Unión Europea que permitan verificar la edad de los usuarios, así como un software de control parental para todos los dispositivos con acceso a internet en el mercado.

También plantean el establecimiento de normas europeas que exijan diseños adaptados a la edad, "minimizando así arquitecturas adictivas y persuasivas, como por ejemplo ventanas emergentes, la personalización de los perfiles o la reproducción automática de videos". "Europa se enfrenta a un problema de responsabilidad intergeneracional que requiere acción colectiva a nivel europeo. La protección de los menores frente a los daños y riesgos de internet", señala el documento, de tres páginas.

España, Francia y Grecia subrayan que su intención "no es ni criminalizar el uso de la tecnología ni proponer soluciones inaplicables a un desafío creciente", dado que existen "nuevos caminos para el aprendizaje, la comunicación, la creatividad y el entretenimiento". "Sin embargo, este progreso conlleva desafíos, especialmente para nuestros niños", por "las dinámicas de las plataformas digitales, cuyos mecanismos algorítmicos diseñan ambientes que capturan la atención de los usuarios e incrementan su exposición a diseños adictivos y, a menudo, contenidos y contactos dañinos", continúan los ministros.

España, Francia y Grecia señalan que el Reglamento General de Protección de Datos establece una protección adicional para la información de los menores y que la reciente ley de servicios digitales (DSA) obliga a las plataformas a ser más transparentes en el diseño de sus algoritmos y les prohíbe mostrar publicidad personalizada a los que no han alcanzado los 18 años.

Asimismo, celebran que la Comisión Europea esté preparando unas directrices que deberán seguir las plataformas en el marco de la DSA para garantizar la protección de los menores, con medidas como la verificación de la edad de los usuarios o la imposibilidad de que puedan interactuar con desconocidos.

Bruselas, además está desarrollando actualmente una aplicación móvil de verificación de la edad para toda la UE, que permitirá a los usuarios demostrar a una compañía que son mayores de 18 años, sin especificar cuál es su edad exacta. Todo ello "establece un estándar global para la protección de los menores en internet, pero aún queda mucho trabajo por hacer", aseguran los ministros. 

España aprobó el año pasado un anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales que prevé elevar a 16 años la edad de acceso a las redes y que tipifica como delito.

También Francia aprobó el pasado mes de abril una ley que obliga a todas las páginas web de contenidos para adultos tener mecanismos de verificación de la edad. Además, el presidente, Emmanuel Macron, se ha mostrado a favor de prohibir el uso de teléfonos móviles antes de los 11 años y de las redes antes de los 15.

Mientras que Grecia ha puesto en marcha una estrategia para la protección de los menores de internet, con medidas que pasan por informar a los padres sobre las herramientas de control parental que están a su disposición. 

 El 54,3% de los adolescentes españoles afirman haber sido testigos de acciones de discriminación hacia sus compañeros, principalmente en forma de burlas o insultos, según el estudio "La estigmatización y la discriminación como factores de vulnerabilidad en la adolescencia", informa EFE.

Según ha informado este lunes en un comunicado el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”, responsable del estudio, las principales causas de la discriminación obedecen a factores como pertenecer a una minoría étnica –el 26% de los casos– o a características de la apariencia física –23%–.

También a aspectos psicológicos, como el rendimiento académico, o a ciertos rasgos de la personalidad (13%), así como por orientación sexual o género (8%), mientras que en un 25% de los casos la discriminación se produce por motivos desconocidos.

Así lo ha expresado la doctora en Psicología Clínica Clara González, quien ha liderado la investigación: "Cuando preguntamos a los adolescentes sobre si habían visto discriminación, más de la mitad relataron diferentes experiencias cuyas causas más frecuentes fueron la pertenencia a grupos racializados".

Como ejemplos concretos ha mencionado "no dejar jugar a alguien por ser marroquí; el aspecto físico, como reírse de un chico por ser gordo o presentar problemas de salud, y determinantes psicológicos, como por ejemplo reírse de un compañero porque tiene discapacidad o por su género u orientación sexual".

La investigación ha analizado las discriminaciones en función de si ocurren en ciudades de más de 200.000 habitantes o en localidades pequeñas de menos de 10.000 ciudadanos.

Así, el 39,56% de los adolescentes que residen en ciudades grandes padecen más los actos de discriminación; en cambio, en localidades pequeñas el porcentaje es del 33,67%, es decir, un 5.89% menos.

El informe evidencia que entre el 15 y el 30% de los adolescentes encuestados ha sido objeto de discriminación de manera reiterada, que suele presentarse en el entorno educativo y, principalmente, por parte de otros estudiantes, y en menor medida por parte de profesores, desconocidos o familiares.

Mientras que el 13,5% de los jóvenes sostienen haber sido blanco de motes e insultos de manera constante; el 6,2% declaran que además han sido amenazados o agredidos, incluso varias veces en un solo mes.

La investigadora Clara González, además, ha hecho hincapié en la especial vulnerabilidad al estigma que enfrentan ciertos jóvenes: "Al comparar grupos, encontramos que los adolescentes con algún trastorno mental, enfermedad física o discapacidad intelectual, así como aquellos que tienen más contacto con estas condiciones, son más discriminados que los que no las presentan", ha indicado

Reconozco que no he visto la serie (debo ser de las pocas personas que quedan sin Netflix en este planeta) pero sí me he interesado por ella y he escuchado varios análisis (desde la  psicología) y también debatido con algunas personas (desde la educación). Me llama poderosamente la atención el énfasis que hacen todas ellas en la «autoridad».  Más concretamente –y para que nadie se despiste– en la falta de autoridad. Tengo que decir que esta conclusión me abruma y es por ello que escribo este artículo. 

No voy a intentar analizar la serie, como he dicho, no la he visto. Pero sí quisiera, como docente y como madre, pronunciarme sobre esa supuesta falta de autoridad que psicólogas  y docentes advierten en los niños y niñas y perciben como origen del problema. Los niños y niñas de nuestro entorno no conocen otra cosa que la autoridad. Encuentro imposible la idea de la falta de ésta puesto que todas sus relaciones con adultos se basan en  la obediencia.  

Las relaciones familiares y escolares que conocemos, socialmente aceptadas, son jerárquicas. Se trata de relaciones de dominante-dominado que los adultos reconocemos como buenas, al encontrarnos nosotros mismos ejerciendo el poder. Hoy ya no aceptamos este tipo de relaciones entre hombres y mujeres, pero ¿por qué sí con la infancia? 

La forma de criar, explica el terapeuta danés Jesper Juul, ha dado un cambio radical en  estos tiempos, un cambio realmente a mejor. No nos excitemos todavía, aún queda mucho  por cambiar, pero empezamos a ver algunas señales, muestras de preocupación por la educación y el trato que le damos a nuestros hijos. El problema, explica Juul, está en pretender que, aun así, ellos sean como nosotros queramos que sean. 

Aquí yace el gran problema. Vemos al niño como un tarro vacío que hay que llenar con conocimientos y al que hay que dar forma y rectificar constantemente para conseguir de él algo bueno. Y en ese tedioso camino suceden dos cosas: que no percibimos al niño como una persona respetable, lo que imposibilita una relación horizontal, y que se hace evidente  nuestra falta de confianza en ellos. 

Esta violencia encubierta hacia la infancia tiene efectos devastadores en la autoestima de los niños y niñas que hace que, o bien reaccionen agachando la cabeza (son los que consideramos buenos), o bien explosionen y se rebelen. En ambos casos el resultado es nefasto para su integridad personal. 

Los adultos debemos revisar nuestras relaciones con la infancia y ser críticos con el mundo adultocéntrico en el que nos movemos. Es un trabajo de desaprendizaje arduo pero feraz. 

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Doira B. Paratcha es socia de infoLibre.