En más de una década, desde 2010, han cerrado cerca de 35.000 bares, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra refleja un cambio en los hábitos de ocio de la sociedad y una transformación económica y social, porque cuando desaparece un bar se pierde algo más que un negocio: cierra un espacio de encuentro, conversación, mezcla social y comunidad. Y, según varias investigaciones, ese vacío es caldo de cultivo para el auge de los populismos y de la extrema derecha.

Durante décadas, especialmente en barrios obreros, pueblos y pequeñas ciudades, el bar fue mucho más que una barra, unas cañas o una máquina tragaperras. Era una infraestructura social. “Todos tenemos un entrenador de fútbol, un político dentro y la capacidad de resolver el país desde la barra del bar”, recuerda a infoLibre Rosi, propietaria del bar ‘Vega’ en el madrileño barrio de Las Águilas. “Aquí viene gente del banco, obreros, mecánicos del taller, jubilados o trabajadores de los comercios de al lado. Todos discutimos, nos reímos y al día siguiente, una nueva historia”.

La socióloga de la Universidad de Zaragoza, Marianna Martínez Alfaro, asegura que los bares desempeñan un papel clave en la construcción de relaciones sociales porque “funcionan como espacios cotidianos de encuentro, conversación y convivencia”. Estos espacios, asegura, favorecen “la creación de vínculos afectivos, amistades y redes comunitarias”, convirtiéndose en “infraestructuras sociales que sostienen la vida colectiva”.

El antropólogo José Mansilla coincide en esa visión estructural al señalar que “los bares de barrio han funcionado históricamente como algo mucho más profundo que simples espacios de consumo”, actuando como “auténticas instituciones sociales”.

El sociólogo Javier Rueda se centra más en lo que provoca el cierre de los bares en lo rural y en la ciudad. Para el autor de Utopías de barra de bar, el cierre del bar en un pueblo es el fin de “la última ‘señal de vida’ del municipio, el último punto de encuentro”, mientras que en las grandes urbes hay una mezcla de abandono “en los barrios que se convierten en calles vacías de almacenes y apuestas” o de “desarraigo absoluto” en el centro de las ciudades, cuando “los negocios más orientados al turismo, al evento o a cierto consumo ostentoso de clases pudientes” ocupan la mayoría de locales.

El economista Hugo Subtil, investigador de la Universidad de Zúrich, ha estudiado en Francia el cierre de los llamados bar-tabac —bares donde además de beber se fuma, se apuesta, se conversa y se socializa— y sus efectos electorales. Su conclusión: “La ultraderecha aumenta siempre que cierra un bar, pero el aumento se multiplica por tres en las zonas rurales”.

Su investigación se basa en el seguimiento de 18.000 cierres entre 2002 y 2022 en Francia y detectó que las zonas afectadas experimentaron incrementos de entre el 1,3% y el 3,6% en el voto a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. Cuando el establecimiento reabre o surge uno nuevo en la zona, el fenómeno se revierte.

La clave, incide Subtil en Diari ARA, y coincide con Martínez y Mansilla, es la interacción social. “Lo que importa aquí no es lo que hace la gente, sino que lo hagan juntos”.

Rueda subraya que “el bar no es solo un espacio de expresión, sino un lugar de encuentro entre iguales y entre diferentes”. A su juicio, la desaparición progresiva de estos espacios erosiona una de las principales escuelas cotidianas de convivencia democrática.

Martínez refuerza este diagnóstico porque “los bares son uno de los principales espacios de cohesión social e intercambio intergeneracional e interprofesional”. Su desaparición no es neutra, porque reduce “los espacios informales de participación y convivencia”, aumentando “el aislamiento social y la sensación de pérdida de vida comunitaria”.

La tesis de Subtil también se cumplió en Reino Unido. Allí, la investigadora del London School of Economics, Diane Bolet, encontró patrones similares al analizar el cierre de pubs comunitarios entre 2013 y 2016.

Bolet sostiene que “cuando pubs, centros comunitarios, bibliotecas o bancos cierran, eso añade una sensación de declive local”. En su investigación, comprobó que cada cierre anual de un pub comunitario en determinados distritos incrementaba en torno a 4,3 puntos porcentuales el apoyo a UKIP, el partido pro-Brexit que lideraba Nigel Farage.

La investigadora aseguraba que la pérdida de estos lugares hacía a los votantes “más susceptibles a las narrativas de abandono que utiliza la extrema derecha y el populismo”.

Como explica, “lo que se pierde no es sólo un lugar físico, sino la sensación de que la propia herencia sociocultural está siendo abandonada” porque como asegura Subtil “pasas de hablar con todo el mundo a hablar solo con familia y amigos”.

Esta pérdida de espacios se traduce según Martínez en “percepciones de abandono, debilitamiento del tejido social y menor conexión entre las personas”. Eso aumenta la vulnerabilidad frente a discursos que transforman frustración económica o territorial en resentimiento político.

Rueda advierte de que el problema no es únicamente electoral, sino cultural: “Si se pierden los bares, ya perdidas las sedes de barrio de sindicatos, partidos o parroquias, la pregunta incómoda es clara: ¿dónde aprendemos qué es convivir?”.

El World Happiness Report 2025 refuerza esta idea: allí donde la confianza interpersonal es más débil, el apoyo a opciones populistas autoritarias tiende a ser mayor.

Rosi apunta algo que ya es una tendencia en las grandes ciudades: la desaparición de los “bares de toda la vida por cadenas de comida rápida, de gastrobares o de bares y restaurantes para turistas”. Esta sustitución por espacios de consumo estandarizado e impersonal evita el “murmullo crítico” como destaca Mansilla y contribuye al aumento del descontento social, explica Martínez, porque reduce “el sentimiento de pertenencia al territorio”.

Rueda señala que el cierre del bar tradicional y su sustitución por gastrobares o cafeterías de especialidad simboliza mucho más que una simple transformación económica. “La lucha por el barrio es la lucha por los espacios del barrio”, sostiene.

A su juicio, muchos nuevos establecimientos funcionan como filtros sociales: “Nos dicen ‘ven aquí si sabes lo que es lo umami’, ‘no vengas si quieres tomarte tres birras a buen precio’”. Esta transformación no sólo modifica el paisaje urbano, sino también quién puede habitarlo o participar en y de él. “Es un juego elitista y excluyente, trufado de deseabilidad social, donde comienza muchas veces el proceso de expulsión de un barrio o de una zona determinada”.

Esto provoca que fuerzas populistas reivindiquen los bares o los lugares de espacio común como símbolos de comunidad perdida, de un tiempo pasado mejor. 

Martínez subraya que cerrar bares no crea automáticamente votantes ultras, pero “una sociedad que pierde sistemáticamente sus lugares de encuentro intergeneracional e interprofesional corre el riesgo de volverse más fragmentada, más desconfiada y más vulnerable”.

María Paloma desapareció el 17 de enero de 2026. Fue en Colungo, un pequeño pueblo de Huesca de menos de 150 habitantes. Su cuerpo apareció al día siguiente en el barranco de Las Palomeras en lo que fue interpretado por las autoridades como un posible suicidio. Sin embargo, tras más valoraciones, descartaron la teoría y tres hombres fueron detenidos. Entre ellos Juan Julián, su pareja. Este pasado 16 de marzo de 2026, se decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, en lo que apunta a un nuevo caso de violencia de género. No había denuncias previas. Tampoco las había en el caso de las 16 mujeres que fueron asesinadas en 2025 a manos de sus parejas o exparejas en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Ya sea por miedo, falta de recursos o de dependencia económica, por vergüenza o porque los hombres “son así”, las 16 mujeres asesinadas no habían hablado. O al menos, no a las instituciones. Ya en 2020, FADEMUR realizó junto con el Ministerio de Igualdad un estudio que revelaba que las mujeres que viven en entornos rurales suelen permanecer en relaciones de maltrato durante veinte años antes de poner fin a la situación. 

Este silencio se debe, en su mayor parte, a la propia configuración del medio. Ese “en los pueblos nos conocemos todos” se alza como la mayor barrera entre la víctima y la ayuda. “Las relaciones laborales, familiares y sociales están mucho más entremezcladas y eso hace que haya mucha más vergüenza y miedo a denunciar”, asegura Fátima Cruz, profesora de Psicología de la Universidad de Valladolid y directora del Máster de Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad de la UMA. El estigma y la vergüenza están ahí, pero no son lo único. 

La propia protección por parte de las instituciones tampoco está garantizada ni mucho menos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reveló el pasado 23 de febrero que, en muchas ocasiones, los sistemas de protección no llegan y que, en lugares donde hay una cobertura deficiente, no pueden garantizar un control efectivo del agresor o de la víctima a través de las pulseras telemáticas antimaltratadores. 

El Ministerio cambió en enero las pulseras por tobilleras electrónicas. Con los nuevos dispositivos, aunque no siempre se garantiza, parecen estar teniendo menos problemas, al ser menos manipulables. Aun así, todavía queda mucho para conseguir proteger completamente a las mujeres en estos espacios. 

Desde FADEMUR denuncian que, al ser espacios pequeños, la distancia entre víctima y agresor también lo es. Por eso, los dispositivos, si funcionan, no paran de saltar. “El primer día que salta, la Guardia Civil actúa, pero cuando ya identifican que el agresor pasa todos los días por ahí por el trabajo, por ejemplo, se relajan”, apunta Marta Torres, responsable del programa de Violencia de Género de FADEMUR. 

A esto se le suman otros factores en los que la Administración también falla. La falta de servicios provoca que en muchas ocasiones no haya una comisaría de Policía cerca o que, por el miedo, necesiten ir a una alejada pero no encuentren un servicio de transporte con el que ir, según recoge FADEMUR. 

“En el medio rural hay un movimiento feminista con mujeres y hombres luchando, construyendo la igualdad, pero todavía estamos muy lejos de lo ideal. Necesitamos más servicios, más apoyo y, sobre todo, más formación y sensibilización”, reitera Cruz. 

Cuando la administración no llega, las mujeres corren el riesgo de quedarse solas y dependientes de sus maridos. Uno de los motivos principales que impiden a las mujeres alzar la voz es precisamente esta falta de independencia. “En las zonas rurales, se conjugan una serie de elementos estructurales que hacen que la mujer se encuentre en una posición de mayor dependencia económica y precariedad, como una menor tasa de actividad laboral, más empleo a jornada parcial y salarios más precarios”, expone María Jesús Rivera, socióloga en la Universidad Pública de Navarra. 

Datos del Ministerio de Agricultura lo acreditan. En el año 2021, los hombres en el campo tenían una tasa de actividad laboral del 86,5% mientras que la de las mujeres era de tan solo un 69%. También, aunque tengan un trabajo, persisten las desigualdades. Según un estudio más reciente del ministerio, las mujeres cobran un 3,2% menos que los hombres en contratos de jornada completa y en los temporales un 7,6%. Además, el trabajo parcial alcanza el 19% en los casos en los que ellas asumen (como casi siempre) los cuidados. Solo un 3% de los hombres en el campo siguen esa opción.

Incluso, a veces, el propio empleo puede suponer un problema. En el campo, el trabajo cobra un perfil más familiar y cercano. “La dependencia económica del núcleo familiar no se da solo con las amas de casa, sino incluso con las mujeres profesionales, ya que muchas trabajan en una empresa que tiene vínculos con la familia”, apunta Cruz. La traducción es clara: las mujeres se ven obligadas a trabajar –y depender– de sus agresores.

“Muchas mujeres trabajan en explotaciones agrarias con sus parejas o con sus maridos”, acredita también Torres. Aun así, no siempre consiguen tener los mismos derechos que sus parejas. “La mayor parte de ellas ni siquiera son titulares de las mismas. Si tú eres titular también de tu explotación, tienes un derecho sobre esa explotación. Muchas mujeres trabajan y no tienen ningún reconocimiento de derechos y ni siquiera un reconocimiento de propiedad”, añade. 

La dependencia económica vértebra es uno de los factores que condiciona poder escapar de una situación de maltrato. El Proyecto Europeo ECOVIO Economic violence: opening pathways to guarantee women and children’s fundamental rights (2020-2021) coordinado por la Universidad de Extremadura identifica el abuso económico de género como un “control sobre el acceso de la mujer a los recursos económicos, limitando su capacidad de mantenerse a ella misma y a sus hijos e hijas, condicionando su estilo de vida generando una dependencia financiera hacia el agresor, y reduciendo sus posibilidades de escapar del ciclo de abuso”. Es un callejón sin salida y todavía no es delito. 

“La frase de ‘¿a dónde voy a ir yo?’ la escuchamos permanentemente. Estas mujeres se dedican a sus labores, al cuidado de la vida, al cuidado de personas dependientes, pero sus oportunidades laborales escasean. Si a una mujer le das una alternativa económica real, quizá se plantee otras cosas. Pero si el sistema es incapaz de poner una aunque denuncies, esa denuncia no tiene dónde ir”, zanja Torres.

La fractura urbano-rural ha vuelto después de décadas de desaparición. Décadas en las que se la llegó a dar por muerta, como a tantos otros elementos asociados a un mundo que parecía pasado y abandonado: la división entre izquierda y derecha, el materialismo (al que debía superar el postmaterialismo) o el sarampión.

El viejo mapa que dividía políticamente el mundo rural y el urbano reaparece a lomos de las fuerzas neorreaccionarias por toda Europa (así como en Estados Unidos). Es la venganza de los que se han sentido tradicionalmente excluidos. En este sentido, el mundo rural, no tanto su situación real como su papel como mito, su estereotipo, diría, se ajustan como un guante a la estrategia de las fuerzas de la extrema derecha.

La vuelta del conflicto entre campo y ciudad puede entenderse como la reemergencia de algo que quedó sumergido por otros conflictos, otras líneas de división propias de un tiempo que ya pasó. De la misma manera que hoy emergen de las profundidades pecios que se creían definitivamente hundidos, como el discurso machista, la negación del progreso científico, el racismo descarado o la querencia por regímenes no democráticos.

Después de varias décadas de imperio del soft ha vuelto lo hard. Los años ochenta y sobre todo los noventa fueron el imperio de lo vaporoso frente a la dureza de los sesenta y setenta. La política se volvió etérea, las ideologías laxas, las identidades fluidas. Era la época de la modernidad líquida de Bauman y de los retratos certeros de Lipovetsky. El new age. Un período que parecía llamado a perdurar para siempre, como ese fin de la historia que decretó Fukuyama a principios de los noventa. Se acabaron las grandes conflagraciones y los conflictos que habían definido la historia europea (y mundial) hasta entonces. Iniciábamos una época de estabilidad y bienestar. La democracia capitalista garantizaría de entonces en adelante un entorno seguro, saludable y pacífico a sus ciudadanos.

En 2008 esta idea estallaba en mil pedazos y en los años sucesivos hemos visto difuminarse ante nuestros ojos atónitos el mundo supuestamente feliz de la posguerra fría. Lo que ha venido después ha sido un período de confusión en el que la caída del mito del progreso perpetuo que prometía el individualismo capitalista ha dado lugar no al retorno de un cierto comunitarismo de aires socialdemócratas, sino a esa reemergencia de los monstruos de un pasado que creímos haber dejado atrás: la nación, la raza, la fuerza bruta.

El individuo nacido de la revolución conservadora de finales de los setenta que acabó con el Estado social, sacudido por la tormenta perfecta de la crisis global, ha buscado en los viejos tótems nuevos asideros a los que aferrarse para encontrarle sentido a un mundo que ya no conoce, que se le presenta como inhóspito y amenazante, en el que lucha por hacer pie y asegurar su posición. De ahí nace esa querencia por la nostalgia de un mundo simple, ordenado, identificable. Y es ahí donde, con los viejos mitos, reaparece el campo como expresión de un orden natural perdido.

El campo ya no es el mundo idílico al que se va para reconectar con la naturaleza, ese espacio al que podían huir los urbanitas a reencontrarse consigo mismos. El campo es la esencia, la raíz, el receptáculo de un estilo de vida que la ciudad habría pervertido. El campo es auténtico, un concepto que en el mundo post2008 es tal vez el más valorado. El campo no tiene doblez, es sencillo y noble, frente a la ciudad compleja, barroca, hipócrita.

El campo es también la cuna de la nación, frente a la Babilonia globalizada que es la ciudad. El campo no sólo es racialmente puro, sino que es la expresión de los orígenes nacionales, allí donde se preserva la esencia de lo que define lo que somos como pueblo, y por lo tanto es en el campo donde puede y debe asegurarse la supervivencia de ese pueblo, como si de un almacén de semillas se tratara.

Esa reserva nacional ha resistido y aún resiste los embates de las instituciones transnacionales, con la malvada Unión Europea a la cabeza, que impone restricciones y amarga la vida a los buenos trabajadores de la tierra, esa tierra en la que descansa la esencia de la nación entendida como la cadena de generaciones que han habitado, trabajado y luchado por ella.

La vuelta del campo, en este sentido, va de la mano del cambio de época, de la aparición de un mundo dominado por una pulsión de repliegue, frente al mundo anterior, abierto, globalizado, híbrido. El campo, así, sirve a la nueva ideología reaccionaria como ejemplo de lo esencial, de lo original en el sentido gaudiniano. Volver al origen, a lo primigenio, al orden natural de las cosas que representa la vida austera y sencilla. La pureza de las ideas simples, el orden inamovible, casi eterno, en el que cada cual sabe cuál es su lugar. No debe extrañar que una de las primeras imágenes de campaña de Santiago Abascal (noviembre de 2018) fuera montando a caballo. España vuelve, la España eterna que nunca debió desaparecer.

En este sentido, la apelación al campo como esencia patria frente a la urbe es en parte una relectura de algo muy antiguo a la vez que una utilización interesada de un resentimiento profundo, que se vehicula no tanto en función de los intereses de los habitantes del campo como de los partidos de extrema derecha.

La división urbano-rural y su articulación política no es nueva. En la redacción de la Ley para la Reforma Política, que sirvió de base a la Constitución de 1978 en tantos aspectos, hace cincuenta años el poder predemocrático ya puso bastante empeño en diseñar un sistema electoral que primara de forma descarada a las áreas rurales, como manera de asegurar la primacía del voto conservador sobre el progresista, concentrado en las grandes urbes y sus periferias. Así, este sistema, aún vigente, otorga a las áreas rurales 34 escaños de más en el Congreso de los Diputados, sustrayéndolos a las circunscripciones más pobladas. Es decir, uno de cada diez escaños está mal adjudicado, o por decirlo mejor, está adjudicado con el objetivo de primar a unas zonas que históricamente han optado de forma mayoritaria por las opciones conservadoras.

Así pues, el mapa que reemerge en este tiempo nuestro no es nuevo. Siempre estuvo allí. La España rural, como la Francia rural, sobre todo la España más arriba del Tajo, ha votado a la derecha y sigue haciéndolo. Lo nuevo es la utilización activa del mundo rural en la confrontación política como negativo del mundo urbano que hace la extrema derecha. Algo que es muy evidente en el caso de Aliança Catalana, y algo menos en Vox. En el primer caso, porque Barcelona se ha definido desde hace tiempo como una realidad urbana en contraposición con lo rural, mientras que las élites de Madrid tradicionalmente han tenido una vertiente ruralizante, de aristocracia terrateniente disfrazada de montería.

Ahora bien, esta confrontación renovada entre campo y ciudad tiene bastante de creación interesada. Con el mundo rural, la extrema derecha ha hecho lo mismo que con los hombres jóvenes. Se ha aprovechado de un sentimiento real de desamparo para vehicularlo en su interés.

Las quejas del campo son históricas, no vienen de la globalización y de la política agraria común. El sector primario se ha sentido sistemáticamente maltratado y abandonado a lo largo de la historia, protagonizando alzamientos o protestas de forma recurrente. En este tipo de episodios puede encuadrarse la protesta de los denominados “chalecos amarillos” franceses en 2018, que tenían como origen el alza del precio de los carburantes, pero que acabaron siendo utilizadas por los ultras de Rassemblement National como la muestra del hartazgo de la “Francia de abajo” contra la displicencia de las élites parisinas.

Este ejercicio de transustanciación es muy propio de los partidos de extrema derecha, capaces de transformar una demanda económica en una impugnación a sus rivales políticos y en un apoyo incondicional a los postulados reaccionarios. En este sentido, Vox, para el caso español, no actúa tanto como el portavoz de las demandas del mundo rural, sino que utiliza esas demandas, ese malestar real, como argumento para sustentar su propuesta política y como munición para señalar a los culpables: la Unión Europea, las mentiras del cambio climático, las élites urbanitas y los globalistas apátridas.

El objetivo no es tanto ganarse el favor de los electores del entorno rural, de tradicional tendencia conservadora, sino utilizar “el campo” como ejemplo de la corrupción del modelo dominante (según ellos) a ojos de aquellos ciudadanos de las ciudades que ven en el mundo rural la encarnación pura de los valores patrios: la sencillez, la bondad, el orden. Todos aquellos valores que dice encarnar la ola reaccionaria y que, según su argumentario, estarían en peligro por la acción combinada de los progres, los ecologistas, los burócratas de Bruselas y el contubernio globalista mundial.

El zeitgeist acompaña a este discurso. Vivimos tiempos de repliegue en todos los sentidos. El panorama es amenazante, el futuro sombrío y las únicas ofertas que se nos presentan nos invitan a buscar refugio en un pasado inmaculado, tal vez duro, pero justo, como los padres de antaño, un mundo simple y aparentemente armonioso. Replegarse, resguardarse, guarecerse en un refugio conocido y amable de una tormenta, la del mundo de hoy, que nos ha dejado a la intemperie.

Reemergen las antiguas fracturas, aunque lo hacen de forma diferente, combinando nuevos argumentos sobre viejas ideas. Se decía que éste sería el siglo de las ciudades, abiertas al mundo, cambiantes, mestizas y de momento está ganando lo contrario. Las ciudades son el futuro y la esperanza (“el aire de la ciudad te hace libre”), pero el nuestro es un mundo dominado por el miedo y la sensación de amenaza.

En este ideal nostálgico, el campo actúa como paraíso perdido, como fortaleza indestructible, como el cáliz que guarda la esencia intacta de lo que debe ser el mundo. Pura tradición, puros valores ancestrales, el agarradero que la reacción propone como remedio contra un mundo supuestamente corrompido por la modernidad malentendida (como el feminismo “que ha ido demasiado lejos”).

La vuelta de los valores duros del pasado representa también el retorno a las antiguas jerarquías entendidas como naturales, frente al intento de construir un mundo diferente, es decir democrático. Vuelve, así, la vieja confrontación entre el conservadurismo, en su acepción más pura (conservar, no tocar, permanecer), y el cambio, la tradición y la modernidad, el autoritarismo y la libertad. Pero vuelve en los términos de la reacción: la pureza frente a lo impuro, lo nuestro frente a lo extraño. Libertad o socialismo. El orden frente al caos. La seguridad o la incertidumbre. Campo o ciudad. La idea del campo como una acracia feliz en la que cada uno reconocía y aceptaba su posición (su subordinación). Los santos inocentes de Delibes. El pasado idealizado que vuelve al galope desde los años oscuros que creíamos haber superado.

*Oriol Bartomeus es profesor asociado del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona

A lo largo de mi larga y fructífera carrera literaria he recibido críticas, muchas, pero la insinuación de que soy un Gargamel desubicado fue la más demoledora. Diez años, diez malditos años documentándome sobre la ciudad que me vio crecer para que me digan que lo mío es “tan solo un infantil juego de espejos”. ¡Todo, todo lo investigué! La intervención de manos negras en reservados de restaurantes llamados Can Nicolau regentados por chinos que confunden el bocadillo de fuet con el de chorizo, el impacto en el redactado del padrón de conflictos geopolíticos que solo entretienen a un jubilado babeante… ¡y va ese crítico con la amplitud de miras de un bizco becario, suelta que mi novela es tan poco consistente como los clavos de unos feriantes gitanos! ¡Que no recoge ni un átomo del Zeitgeist urbano! El periodistilla aquel concluía que hoy en día no existe la metrópolis. Que con la epidemia de los locales de brunch que sirven avocado toast y zumos detox uno ya no puede hablar de ella, pues todas son iguales y carentes de personalidad. ¡Toda, toda una vida pagando impuestos en la icónica Barcelona con olor a meado para que no pueda ni defecar sobre ella en cuatrocientas páginas de una ficción que es mía! ¡Que firmo de mi puño y letra! Un secuestro emocional. Otro populismo gremial.

Me dolió, sí, pero me dije: no podrán conmigo. Nunca han podido, de hecho. Yo no soy un escritor cualquiera, ni siquiera de oficio. Yo soy un intelectual. Un artista, si se me permite una afirmación tan poco modesta: vale más una evidencia certera que la falsedad. Lo que no me mata me hace más fuerte y no me avergüenza que mi credo no provenga de ningún libro de Dostoievski: si este eslogan salvó a los directores de grandes bufetes de abogados, obsesos marginados en la hora del recreo, no será casualidad. Está claro que no encontraron consuelo en los artículos del grupo Prisa, que ahora tienen por reseñistas a tecleadores con uñas pintadas de negro porque solo así pueden defender que Fulanita es una futura promesa menor de treinta años y no porque se la quieran zumbar. Siempre muchachas guapas, conviene señalar: no llevan ortodoncia ni les cuelga un moco cual estalactita. Pero volvamos a lo importante, que es que dije: no podrán conmigo. ¿Y qué hice luego? Pues marcharme. ¿Que se burlan con que me he quedado petrificado en la gloriosa época de la Transición, porque me atrevo a denunciar que el teléfono móvil es el enemigo de un pueblo, vago y maleante, experto en perder tiempo bebiendo cervecitas en la terraza de su apartamento en Benidorm? ¿Que creen que solo soy un viejo cuadriculado por alegar que prefiero el garrote vil antes que rehuir el uso del masculino genérico? Pues no os preocupéis, que hago las maletas y me voy adonde Cristo perdió la alpargata. Y así lo hice: en un Santiamén, me planté en este municipio de ochenta habitantes sin júbilo ni conversación, con la memoria justa para no acostarse nunca sin comprobar el gas.

Quien me conoce lo sabe: soy un humanista obstinado y comprometido con mi valía hasta al fin. Así que, si para comprobar una por una todas las réplicas que recibí por mi obra tengo que dejar a mi familia, a mi escritorio o incluso mi amado bar de abajo, donde me sirven el carajillo en vaso de vidrio translúcido, lo hago. Sin que me tiemble el pulso: soy un Superman letrado. ¡Que me tocó hacer la mili en la temida base de Guadarrama, donde si te olvidabas de abrocharte un botón del uniforme te castigaban contando estrellas, carajo! ¿Cómo me iba a asustar instalarme en una aldea fantasma de los Pirineos, donde la máxima amenaza es una serpiente del grosor de un pulgar? De hecho, más bien lo contrario: desde que me instalé, he descubierto términos grandilocuentes sobre los réptiles que anidan por las montañas, como el llangardaix ocel·lat o la serp d’Esculapi. Y de variantes de setas como l’Orella de Judes, la banya de bou o la farina borda –esta última importante recordarla porque envenena–. Gracias a haberme acomodado a estos confines sin pipicanes ni pasos de cebra he entendido que la sandía es una fruta de temporada; y no, mi confusión no tenía nada que ver con una falta de retención, sino con cómo cambia tu percepción cuando comes productos directos del campo: cuando algo es tan bueno, no existe el despiste. Me reprochaban no haber sabido captar el ruido de una época: pues aquí me tenéis, midiendo los decibelios desde sus orígenes. Me hago una excursión al monte de aquí al lado y me queda claro clarinete que el agua del tetrabrik de caldo Aneto tiene por germen el nacimiento de un lindo riachuelo escondido entre matorrales. O que el jamón de las patatas fritas marca Ruffles sabor jamón no tiene ni un ápice de carne curada y sí una avalancha de aderezos que simulan el sabor de unos cerdos muy queridos en zonas montañosas, y que cuidan dejándolos campar tan salvajemente. Pero aquí me paro, porque si empiezo a citar toda la lista de ejemplos no hay quien trabaje y es que ni medio, ni medio cuarto del conocimiento aprendido en la escuela franquista bajo amenaza de latigazo ha dejado tanto poso en mi cerebro como la fascinación por los cuidados del abono y del ciclo de la mágica naturaleza. 

Ya han pasado un par de inviernos desde que fijé mi residencia aquí. Y no voy a mentir: me ha cambiado la vida y para bien. Llegué lleno de resentimiento, y totalmente justificado: si ya no lo tengo es porque mi alma no está para tantos trotes ni bajezas, no porque esos gafapastas de ciudad cosmopolita no merezcan un mal de ojo diario. Sin embargo, agradezco haberme dejado llevar por un “por mis huevos”; no hay nada mejor para conocer la verdad verdadera que esto. Yo siempre propongo lo siguiente: si quieres comprender lo que es estar en la absoluta mierda, ven aquí y cruza un pantano de estiércol cuando vayas a por el pan; luego intenta desahogarte con los halcones: no te responderán. Y no, no es ningún drama: es una puñetera bendición. Pues no hay nada más reaccionario que tener una identidad propia, y para ello cabe salvaguardarse de tantísima contaminación ideológica y lingüística. Si no fuera por mi reciente oxigenación, no podría haber escrito la nueva obra que estoy puliendo: es algo impensable en un Eixample donde miras por la ventana y solo hay rótulos de peluquerías caninas, sex shops que funcionan con batería eléctrica y librerías donde puedes comerte un trozo de cupcake en barra americana. En cambio, aquí, abro las contraventanas y ¡oh!, olor a limpio. Completo silencio. Como mucho, el sonido del motor de un tractor conducido por un payés que desde el primer rayo de sol se parte el lomo para que todos podamos pinchar la aceituna en la ensalada. Pero no nos vamos a engañar, esta ausencia de alboroto tiene trampa: soy yo el único que habita en esta masía. Por cierto, del siglo diecisiete: todavía no me la explico ni yo, la suerte que he tenido comprándola por cuatro perras a un desdentado con barretina. El pobre viudo, –y sospecho que pobre en un sentido literal– no tenía la misma paciencia pelando las patatas de su huerta que encasquetándole a alguien su palacio de piedra. Pero a lo que iba: la calma. La que tengo de más, porque mis hijos apenas vienen a visitarme, y es que piensan que esto es Vietnam: mal de la cabeza, así están, los jóvenes de hoy en día. Lo tienen todo a tiro de piedra y encima se quejan, aunque mejor me callo porque si mencionas generación de cristal te meten en la cárcel por delito de odio. ¡Pero es tan fácil y barato cogerlo todo y asentarse aquí, y darse cuenta de que tienen a su alcance lo que siempre han querido! Después los llamas por teléfono y “Papá te tengo que colgar que voy a una manifestación por la vivienda”; después te llaman ellos a ti y “Papá, pásame algo de dinero que este mes toca lloradita extra a la psicoterapeuta tarotista”, porque, ay, las relaciones hoy en día, qué inciertas. ¡Ambigua vuestra inteligencia, y a un paso del retraso, maldita sea! Y como sigáis con esta parsimonia quejica cambio el testamento y ni una jodida mota de polvo vais a heredar, de esta preciosa casa. Y no me cago en vuestros muertos porque los yayos son mis padres; aún así, ojalá estuviesen vivos para preguntarles por qué hostias tuvieron que irse a currar a una piltrafa de sitio como Granollers en vez de irse, no sé, a cualquier perímetro con un mínimo de hectáreas plagadas de maleza y escarabajos. Ellos erre que erre, a seguir la corriente pusilánime y cosmopolita de los traumaditos por la guerra; ¿el resultado? Más de media vida mía perdida. Y la que malgastan mis chicos, que no saben distinguir al charnego del analfabeto por cruzarse escuelas de idiomas en cada esquina, y se vuelven poliamorosos por solo poder tomar agua con gas en locales de ambiente. Pero es que la niña… ¡Ay, la niña! Es mencionarla y hacer esfuerzos por no hincharme a reventar a puñetazos estas paredes, duras cual roca de un dolmen ancestral: la tía va de que no quiere casarse ni construir familia. Y mira, lo entiendo, porque ya me dirás tú quién se le va a acercar con esa manta de pelo que me lleva: va con las piernas y las axilas sin depilar. Entenderán que no me apetezca comprobar el resto.

El caso es que estoy muy contento. Soy un chiquillo montado en un carrusel. Me ha costado toda una existencia darme cuenta, pero estoy en mi sitio. Y por lugar no me refiero a unas coordenadas geográficas concretas, que ya tardan en ser Patrimonio de la Humanidad, sino a un sentido espiritual: al fin, ha llegado mi momento. Por el que sé que pasaré a la posteridad. Me encuentro a las puertas, no de entregar mi nueva novela, sino de finiquitar una obra maestra. No de mi carrera, sino para el país entero, que es lo que me interesa. Tengo entre manos una historia empapada de la pureza de un espíritu que sólo ha podido florecer una vez alejado del guateque del izquierdismo roñoso que se esconde tras un europeísmo y su revolución de los abrazos. Pero vaya, no es mi culpa no haberlo visto antes: en Venezuela, como no pueden salir del país, también estaban contentos con Chávez. Y es que enderezarse en el sendero de nuestro folclore patriótico no es cuestión de actitud, es una decisión radical. Levantarse por la mañana y sentenciar: de ahora en adelante, mi régimen de comidas no incluirá platos exóticos que subvierten nuestro exquisito y reconocido paladar como el cuscús o las arepas fritas de carne mechada; acostarse por la noche y dictaminar: lo que casque de sonámbulo, en mi puta lengua. Y quien no me entienda, les corto el pescuezo. Que les jodan. Como yo hice la semana pasada, cuando llamé al buzón anónimo de la Policía Nacional alertando de que el paquistaní de la gasolinera de la C-47 pertenece a un núcleo yihadista. Y en diez minutos ninonino; allí estaba, el cochecito con la sirena. No, el señor no era un terrorista, pero sí algo peor, un ilegal. Anda, deportadito que te vas: a mí me vendes las Galletas María en cristiano, que lo que vale cada euro sí lo tienes bien estudiado. ¡Vivir en esta tierra para quien la cultiva y la merezca, leches! Que en el cementerio no hay ninguna lápida con el nombre Mohamed: por algo será. ¡Fuera, fuera parásitos! Pero en fin, que estoy entusiasmado. No es que sea mejor, es que soy otro: ha habido dentro de mí una revolución y, es más, creo que voy a provocarla. Que se prepare nuestra gente: vuelvo con la fuerza de un meteorito que se estrella con los colores de la bandera. Y que mi editor avise al banco: de oro reluciente, nos vamos a hacer, con mi retorno. Que no solo va a ser literario, sino que va a traer la fuerza necesaria para recuperar ese mundo secuestrado por un ejército enemigo que vende cervezas a pie de calle. Y que llame, que sobre todo llame a la imprenta para que revise sus máquinas, porque van a imprimir millones de copias. Millares. Y es de vital importancia que, bajo ningún concepto, las toquen las sucias manos de un moro: la plaga de nuestras fábricas. Porque cuando van al lavabo, se limpian con ellas su culo cagado y después, como no tienen ningún interés en enriquecer su alma con el saber que corre por nuestra sangre milenaria, manosean el rebozado de las barritas de merluza o los tapones de plástico de los bolígrafos que circulan por la cadena de montaje. Y así hemos acabado todos: intoxicados de un estadio subhumano. Por eso, como estoy en mi mejor momento, antes de cantar victoria voy a asegurarme que nada pueda cagarla. Así que voy a ir a mi editor y voy a decirle, alto y claro, con unas pelotas que contienen todo el caudal del río Ebro, de tan hinchadas que las tengo: ¡moros no, por favor! ¡Putos moros no! 

*Andrea Genovart es escritora y autora de ‘Consumir preferentemente’ (Anagrama, 2023).

La crisis de vivienda es uno de los mayores problemas que atraviesa el país. Lo demuestra la subida imparable de los precios del alquiler, la cada vez más frecuente presencia de los apartamentos turísticos en las ciudades y los desahucios que no cesan –y que parece que van a ir a más–. La ciudadanía reclamó al Gobierno una respuesta y, con una presión que cada vez se volvía más asfixiante, el Ministerio de Vivienda tomó cartas en el asunto y presentó una de las medidas estrellas de la legislatura: el Plan Estatal de Vivienda. 

En esta hoja de ruta diseñada por el ministerio que dirige Isabel Rodríguez hay varias medidas destinadas a aliviar la presión que sufren las ciudades, protagonistas indiscutibles de la crisis. Aún así, el documento también recoge varios puntos enfocados en ayudar a poblaciones que, aunque pasan más desapercibidas, también se ven afectadas por la presión del problema de la vivienda.

Entre esas otras directrices destaca una orientada hacia los pueblos, casi siempre olvidados por la Administración. El Ministerio de Vivienda pondrá en marcha ayudas de hasta 15.000 euros para aquellos jóvenes que quieran comprar o rehabilitar una casa en zonas rurales. Esta medida no es nueva y ya en el anterior plan de vivienda estaban presentes, aunque su cuantía era menor, con una cifra de tan solo 10.800 euros. 

En esta nueva edición, el plan también aumenta la cantidad de poblaciones que pueden beneficiarse, elevando la cifra de habitantes máxima hasta 20.000. Matan dos pájaros de un tiro: consiguen viviendas para los jóvenes y evitan que se expanda aún más la despoblación en la España Vaciada. La idea está clara pero, realmente ¿puede funcionar?

Los 15.000 euros que promete el Plan de Vivienda del Ministerio de Vivienda se quedan en nada comparado con las necesidades que requiere una vivienda rural. Por ejemplo, según un informe de la OCDE sobre la vivienda en Castilla y León, un tercio de los edificios u hogares en la comunidad estaban construidos antes de 1961 y más de la mitad antes de 1981. Es decir, la gran mayoría de las casas son antiguas y necesitan una rehabilitación profunda, algo que el propio documento descarta. ¿El motivo? No merece la pena por la falta de servicios e infraestructuras. 

Los precios de compra en la Comunidad de Madrid y Cataluña suben hasta niveles desorbitados. En el resto de regiones el panorama es menos extremo, aunque los precios también crecen. Según datos recogidos por el portal inmobiliario Idealista, el precio de venta medio de comunidades autónomas como Aragón o Castilla y León, es de 1.609 €/m2  y 1.296 €/m2, respectivamente. En Castilla-La Mancha, una de las más baratas, el precio se sitúa en 1.041 €/m2. 

En Madrid y Cataluña la cosa cambia, con un precio medio de venta por metro cuadrado de 4.562 €/m2 y 2.773 €/m2, respectivamente. Siguiendo estos datos, la tentación por huir de ambas tendría que estar clara y, sin embargo, los datos de despoblación muestran una realidad diferente. En los municipios de menos de 30.000 habitantes hay una densidad media de tan solo 17,8 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra muy cercana (aunque superior) a la que la Unión Europea identifica como riesgo de despoblación, según datos recogidos por El País.

Hay muchos motivos que explican esta paradoja. La falta de un transporte público eficiente es uno de los ejes principales que atraviesan este problema, con un servicio escaso o directamente nulo. “Vivir en un pueblo significa tener mucha dependencia del coche, se da por supuesto. Lo que es importante ver es quienes no tienen acceso al coche”, afirma Óscar Prieto-Flores, profesor de Sociología de la Universitat de Girona. 

Aquí entran en juego las posibilidades de movilidad, ya que las personas que eligen la vida rural (o no les queda otra) se ven obligados a recorrer largas distancias por la concentración del trabajo o los estudios en las grandes urbes. Algo que se complica si se depende del transporte público. Contar con un vehículo privado tampoco soluciona el asunto porque la alternativa es conducir con el coche kilómetros y kilómetros, y (casi todas las veces) con atasco incluido. Esto, más allá del inconveniente que supone, puede tener consecuencias directas en la huida de la población de estas zonas. 

“Los jóvenes acaban yéndose de los pueblos a raíz sobre todo de tener que cursar ciertos estudios, como la universidad o la FP, que están a mayor distancia. Hay dos perfiles: uno más conectado con el hecho de irse fuera porque ve que no hay otra opción y otro que nunca ha salido del pueblo y que, cuando se va a estudiar, comienza un proceso de desconexión por el que toma distancia con sus raíces al estar a tanta distancia”, añade Prieto-Flores. 

Además del transporte, el resto de servicios también deja mucho que desear. En la mayoría de ocasiones, los municipios no tienen infraestructuras o servicios tan básicos como un centro de salud, una escuela, tiendas de alimentación o un simple bar. Por ello, los vecinos tienen que depender para todo, una vez más, del coche.

Los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el último Censo Agrario muestran cómo el trabajo del campo, mayoritario en los pueblos, ha disminuido. En 2020 ya se evidenciaba una caída en la cantidad de explotaciones en todo el territorio nacional, con 70.000 menos que en el anterior censo, elaborado en 2009. 

Ante este descenso, el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha un proyecto para asegurar que el campo cuente con relevo generacional. La iniciativa, bajo el nombre Tierra Joven, tendrá como tarea la innovación y movilización de tierras agrarias. Además, se pondrán 17.000 fincas rústicas a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales.

Aunque la medida busca resolver la crisis de despoblación que sufren los pueblos, ignora una evidencia: el cambio climático ha dejado la tierra agonizante. Según un estudio del Observatorio Social de La Caixa, un total de 2.858 municipios españoles son particularmente vulnerables ante el cambio climático. Por lo tanto, el trabajo de la tierra se complica, con una inestabilidad en el clima que no muchos pueden permitirse.

Aún así, más allá del campo, ahora mismo tampoco hay mucha más oferta. “La mejora de los servicios esenciales, tanto públicos como privados, debe ser una prioridad política para incentivar la creación de trabajo y con ello la atracción de nuevos pobladores rurales en determinados sectores de servicios públicos que han ido desapareciendo, como la educación y la salud”, argumenta Carlos López Escolano, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Zaragoza. 

Los problemas son muchos y las políticas para tratar de reducirlos al mínimo escasean. Margarita Barañano Cid, directora de los grupos de investigación GRESCO (Grupo de Estudios Socioculturales Contemporáneos) e IP VIARVU (Vivienda, Arraigos y Vulnerabilidad en las ciudades españolas) de la Universidad Complutense de Madrid, argumenta que la solución debe de ser transversal: “La batería de medidas no puede limitarse a una intervención parcial en las zonas rurales; tiene que ser multidimensional, incluyendo transporte y empleo. Deben ser políticas integradas que también afecten a las ciudades, evitando asimetrías en la concentración del trabajo. Tiene que haber un proceso integral que pase por la descentralización”.

Para la investigadora de la Complutense actuar desde las instituciones de forma más profunda es vital para que las ayudas del Plan Estatal de Vivienda cobren sentido. El comienzo, más que por dar un dinero que considera escaso, tiene que llevar a una transformación que deje atrás la concentración en la Comunidad de Madrid o Cataluña. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha la universidad no se encuentra tan solo en la capital, sino que tiene un campus en todas las provincias, algo que permite que los jóvenes puedan quedarse a vivir en el pueblo si así lo quieren. 

“El objetivo sería, primero, favorecer el acceso a la vivienda y, segundo, que la gente pueda quedarse donde desea vivir, en su localización previa. Que si se va, sea por elección y no por expulsión. Vivir en tu barrio o municipio implica redes sociales de ayuda y colaboración que se pierden cuando te vas lejos. No es solo una cuestión identitaria, sino de organización de la vida cotidiana: cuidar a familiares, apoyo mutuo, crianza… Todo eso se pierde con grandes distancias. Por eso deberían ser políticas que fomenten el derecho a la vivienda y también un cierto derecho al arraigo, al territorio, sin obligar a nadie a quedarse, pero sin empujar a la gente a irse ‘al quinto pino’”, zanja Barañano Cid. 

La despoblación, un secular problema que afecta a las zonas rurales de España en general y de Aragón en particular, se ha introducido como un Caballo de Troya en el debate electoral que preludia a las elecciones del próximo 8 de febrero, conscientes los partidos de que el voto rural puede inclinar una balanza.

En un escenario electoral en el que los grandes partidos han convertido Aragón en un banco de prueba de cara a unas generales, la despoblación se presenta una vez más como un desafío estructural complejo y caracterizado por un imparable proceso de envejecimiento de sus habitantes, que no se detiene y que carece de relevo generacional, un crecimiento natural negativo y una creciente tendencia de la población a concentrarse en Zaragoza.

En un territorio poblado por 1,3 millones de personas, la mitad de las cuales viven en la capital aragonesa, y en el que un 28% de sus municipios tienen menos de 100 habitantes, los servicios públicos básicos y la falta de opciones de vida son los principales factores que provocan ese goteo perpetuo del éxodo de los pueblos a los ciudades.

"Hay dos Españas, pero no son las de Machado. Hay una España urbana y europea, indistinguible en todos sus rasgos de cualquier sociedad urbana europea, y una interior y despoblada que he llamado España Vacía. La comunicación entre ambas ha sido y es difícil", asegura el escritor zaragozano Sergio del Molino en su ensayo La España Vacía (Turner, 2020).

Aragón es un reflejo de esta reflexión: su densidad de población no llega a los 29 habitantes por kilómetros cuadrado frente los 97 de media del conjunto de España, y de sus 731 municipios, 543 tienen menos de quinientos habitantes, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un problema imparable que se ve acrecentado por la inmensidad de un territorio descosido y disperso como el aragonés y las dificultades derivadas para ofrecer unos servicios de calidad en los pueblos. De esa realidad son conscientes los propios habitantes de las zonas rurales cuando piden tener una escuela que dé vida a sus pueblos, atención médica y, por qué no, un bar en el que hablar y compartir las vivencias cotidianas.

Un bar se presenta así no como un simple espacio lúdico sino como la única forma de convivencia que queda en un extorno que aboca a la soledad.

En este escenario, la inmigración, tanto del interior del país como procedente de países migrantes, se presenta como una oportunidad para reverdecer la vida en los pueblos: reabrir escuelas, abrir colmados, disponer de una buena red de transporte y, con suerte, tener cerca un consultorio médico.

Aunque no parece descabellada la posibilidad de desarrollar esta oportunidad, en los pueblos son conscientes de que uno de los problemas esenciales para captar nuevos habitantes es la falta de vivienda y de opciones para llevar a cabo un proyecto de vida, en un territorio en el que se cuentan más defunciones que nacimientos y que ya fue golpeado décadas atrás por un proceso de emigración que dejó exangües a las poblaciones más pequeñas.

"No cruzaréis la alta estepa de Castilla sin encontrar gentes que os hablen de Ultramar", cantaba Antonio Machado en Campos de Castilla mirando al pasado con nostalgia y evocando este proceso de emigración, que ahora los partidos políticos aragoneses quieren detener, algunos desde una óptica más rural (Aragón Existe, CHA y PAR) y otros desde una perspectiva más generalista (PSOE, PP, Vox, Podemos, IU o Sumar).

En cualquier caso, todas estas formaciones inciden en la necesidad de implantar no sólo servicios básicos en las zonas rurales sino en impulsar iniciativas que permitan desarrollar proyectos de vida, como en los Pirineos o en las cuencas mineras turolenses.

Por este motivo, la reivindicación de una financiación justa y equilibrada para las comunidades autónomas que tenga en cuenta las peculiaridades de los territorios y de su dispersión poblacional se ha convertido en uno de los principales motivos de enfrentamiento entre los partidos en Aragón, en el que la despoblación es un 'Caballo de Troya' que se introduce de forma continua en el debate.

Una financiación, como la presentada por el Gobierno, que el PP aragonés considera un agravio respecto a la "privilegiada" dada a Cataluña, y de la que el PSOE saca pecho asegurando que supondrá 631 millones de euros más para Aragón.

Y mientras todas estas cuestiones se dirimen, Aragón sigue siendo un 'campo de pruebas' de los grandes partidos para extrapolar los datos que salgan de las urnas el próximo 8 de febrero de cara a una posible contienda electoral general.

Extremadura está en el foco. Todas las miradas se dirigen a una comunidad a la que habitualmente apenas se observa. Las elecciones del 21D serán la primera pista de cómo respira la política nacional y la expectación es máxima. Por eso, los partidos miden sus fuerzas en una tierra que nunca había cobrado tanto protagonismo. Y toda la atención está puesta precisamente ahí, en la contienda electoral, en el cruce de reproches y acusaciones, en la batalla en redes sociales. Los retos y necesidades, los problemas y heridas que arrastra la autonomía quedan en un alejado segundo plano. “Si el contexto fuera otro, por aquí no pasan los líderes nacionales como lo están haciendo, porque Extremadura importa poco, tiene poco peso político. Somos algo más de un millón de habitantes y no contamos, no somos necesarios”, reflexiona, entre otros, Jesús Pérez Mayo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura (Uex).

La región comparte con el resto de autonomías riesgos para la ciudadanía como las debilidades del sistema sanitario y el crecimiento sin freno del precio de la vivienda. En el primer caso, las listas de espera y la falta de especialistas se ve acentuado en las zonas rurales, donde cuesta cubrir plazas. En el segundo caso, aunque la comunidad es de las más baratas, los sueldos son también más bajos, una ecuación desigual que dificulta igualmente el acceso a un hogar.

Pero más allá de estas cuestiones, hay grietas concretas directamente relacionadas con ese escenario demográfico del que habla Pérez Mayo. ¿Cuáles son los principales desafíos?

El servicio ferroviario ha mejorado en los últimos años. Existen más opciones y las averías con los pasajeros tirados durante horas en mitad de la nada quedaron atrás. No obstante, Extremadura, a pesar de su situación estratégica en la frontera, sigue siendo una isla y las conexiones internas resultan igualmente escasas.

Hay que ir a la hemeroteca para entender la situación actual del tren. La gran promesa de un AVE Madrid-Badajoz-Lisboa se puso oficialmente sobre la mesa en la cumbre hispano-lusa de 2003, con el entonces presidente del Gobierno José María Aznar y su homólogo portugués José Manuel Durão Barroso. Se fijó 2010 como el año en que se inauguraría esta infraestructura. Desde entonces se han ido acumulando retrasos. Todos los Gobiernos de España han incumplido sus compromisos con el tren extremeño.

¿Cuáles han sido los avances? En el verano de 2022 se inauguró la nueva plataforma entre Badajoz y Plasencia, pero hubo que esperar otro año más para que entrara en vigor la electrificación y empezar a hablar, por fin, de trenes de altas prestaciones.

Y hasta ahí. Desde Plasencia hasta el límite con Castilla-La Mancha los tramos siguen en obras, avanzados pero sin terminar. En la provincia de Toledo aún no hay un proyecto claro para la continuidad hasta Atocha. Y en la parte portuguesa, el recorrido desde Elvas (en la frontera) hasta Évora (a mitad de camino hacia Lisboa) es el único avanzado en alta velocidad. El plan permanece a medias.

Aun así, las mejoras son evidentes. Ajustando horarios, ya se puede ir y volver en el día a Madrid desde Badajoz en un viaje de unas cuatro horas y media para recorrer los 400 kilómetros de distancia. Antes la media era de más de seis horas.

No obstante, basta un ejemplo para la comparación. Entre Sevilla y Madrid hay 533 kilómetros; el AVE tarda menos de tres horas en unir ambas ciudades y con más opciones. Otro ejemplo: el tren Badajoz-Sevilla necesita cuatro horas y media para recorrer 210 kilómetros que en coche se completan en dos horas y 40 minutos.

El servicio regional también es deficiente para conectar pueblos y ciudades en una región amplia y dispersa. “Parece mentira que ahora estemos celebrando los nuevos trenes entre Badajoz y Cáceres”, dice Pérez Mayo. Se refiere a que este mes de diciembre han empezado a funcionar cuatro servicios diarios de Media Distancia que permiten completar el trayecto en 46 minutos (la distancia es de 90 kilómetros).

Otra de las peculiaridades de Extremadura es que las dos capitales de provincia no están unidas por autovía. También hace décadas que se proyectó, pero de momento solo hay pequeños tramos en marcha de la llamada A-58.

No es la única pendiente. La futura A-43 hacia el Levante avanza a ritmo muy lento y sin un diseño claro en la provincia de Ciudad Real. Y en cuanto a las autovías autonómicas, ahora se propone la colaboración público-privada para potenciar su construcción.

En relación al autobús, si bien la Junta ha aprobado que los viajes sigan siendo gratuitos dentro de la región, las rutas son escasas y no cubren de manera óptima las necesidades de sus posibles usuarios, especialmente en las zonas rurales.

“Los jóvenes se nos van porque no encuentran oportunidades laborales”. La frase la pronuncia Mari Cruz Lara, secretaria de Empleo y Formación de CCOO en Extremadura, pero es una reflexión constante. A pesar de los intentos por retener talento, las cifras hablan por sí solas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que a 1 de enero de 2025 había 109.964 residentes de entre 25 y 34 años en la comunidad; un año antes eran 111.899; y hace diez años, 140.073. Una pérdida del 21% en la última década.

Uno de los principales factores de esta bajada es el éxodo juvenil. Los pueblos se vacían y, como consecuencia, repunta el envejecimiento de la población. Esa falta de oportunidades hace, además, que la comunidad sea poco atractiva para los inmigrantes. De nuevo los números dibujan la realidad: los habitantes extranjeros suponen un 14,2% del total en el conjunto del país; en Extremadura representan solo el 4,6%.

No obstante, las últimas publicaciones del INE reflejan un ligero repunte de población gracias precisamente a la inmigración y una reducción del paro en comparación con otros territorios. Pero Extremadura, junto con Andalucía, suele liderar el ranking nacional de desempleo.

Al respecto, Mari Cruz Lara plantea: “No podemos olvidar que existen problemas estructurales sin resolver. Si bien hay determinados trabajos para los que no se encuentra gente, habrá que ver las condiciones que se ofrecen”. Ella pone el foco en lo rural y la mujer: “Hay una clave fundamental: las administraciones deben invertir en servicios públicos útiles y tener en cuenta a los pueblos para poder crear empleo. Por ejemplo, si en los pequeños municipios hay guardería, un centro de mayores y un autobús, las mujeres tendrían muchas más facilidades para cubrir puestos. Y además se crearían nuevas plazas en esos recursos públicos. Los pueblos tendrían más vida. Para eso hay que tener muy clara la apuesta por el mundo rural”.

También apunta a los jóvenes: “Es muy importante adaptar la formación a la demanda. Si hay determinadas industrias que se van a poner en marcha en Extremadura, que ellos puedan trabajar en ellas”.

Al hilo de lo anterior, una de las claves para analizar el mercado laboral es la escasa industrialización. De ahí que, sin alternativas reales, se peleé por la continuidad de la central nuclear de Almaraz al ofrecer sueldos y condiciones por encima de la media.

Hace apenas tres años, en Extremadura se habló de la ‘revolución industrial verde’. El expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara insistió en que había una oportunidad clave: “Esta comunidad llegó a la revolución industrial 150 años tarde, ahora llega antes que nadie”, expresó. Sobre la mesa, proyectos como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata (en la comarca de Campo Arañuelo, cerca de Almaraz), la fábrica de diamantes en Trujillo, la mina de litio de Cañaveral o la azucarera de Mérida. A ellos se sumaba Elysium City, el macroproyecto de ocio planteado en La Siberia, en el entorno de Castilblanco. Vara usó el término ‘verde’ porque casi todos los proyectos tirarían de energía renovable. Inversiones millonarias, miles de puestos de trabajos… 

Solo la fábrica de Trujillo está en marcha y ahora se ha anunciado una ampliación. El resto, en el aire. “Parece que la promotora de la gigafactoría va a comprar ya los terrenos… Lo importante es que las iniciativas salgan adelante, porque esa industrialización cambiará el perfil de empleo y salarios, que serían mucho mejores, y permitiría la creación de servicios con alto valor añadido”, evidencia Pérez Mayo. Y añade: “Pero resulta igualmente necesario que las conexiones mejoren, no solo para la movilidad de las personas, también para las mercancías”.

Más allá de la industrialización, Extremadura es una región agraria que necesita un impulso en el campo, que vive en continua asfixia por los bajos precios y, con frecuencia, en conflicto con las políticas que llegan desde Bruselas.

Lo cierto es que la agricultura y la ganadería suponen el 7,7% del PIB extremeño, de su riqueza (el dato nacional es del 2,7%) y de ahí la importancia de seguir potenciando la innovación, la producción y las exportaciones.

Para ello es fundamental poner en valor el escenario demográfico a la hora de plantear, por ejemplo, la financiación autonómica. De nuevo, una comparación: Extremadura tiene una densidad de población de unos 26 habitantes por kilómetro cuadrado; País Vasco, 300 (la media nacional está en los 98 habitantes). Aquí los expertos coinciden en que la organización de los servicios básicos ha de tener en cuenta la dispersión y el envejecimiento.

La radiografía de la comunidad constata los retos, carencias y las reivindicaciones históricas. Cuando pase el 21D y la atención política desaparezca, será el momento de comprobar si las necesidades de Extremadura están en el foco.

“Ahora los hijos de los parceleros, esos que se han ganado la tierra con el sudor de su frente, se arriman a la extrema derecha. ¿Por qué? Porque la gente joven ve en esos mensajes de los ultras una respuesta a sus carencias. No cuesta ningún trabajo decir lo que hace falta. Las respuestas que se dan desde esos discursos son anodinas, pero da igual, porque calan. Los jóvenes lo que buscan es un referente, y en la izquierda no lo encuentran. A la gente mayor no la convencen tanto, pero, en general, la tendencia es más conservadora, porque cuando se siente que hay inestabilidad, pérdida de credibilidad o las aguas se revuelven, lo que se quiere es conservar lo que se tiene, agarrarse bien a lo que hay para no perderlo”. Es el análisis de Cecilia Carrasco, secretaria de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) en Extremadura, que conoce en profundidad y de primera mano qué ambiente se respira en el campo.

Hace esta reflexión de cara a la campaña electoral del 21D, que acaba de empezar y cuyos resultados regionales marcarán el nuevo ciclo político a nivel nacional. La principal batalla está a la derecha del tablero: el PP quiere mayoría absoluta para no depender de Vox y Vox hacerse más fuerte para marcar el paso. Por eso ambos, más allá de disputarse a sus votantes naturales, pretenden ampliar su área de influencia. El objetivo es atraer a desencantados del PSOE. Y uno de los principales focos está puesto en el mundo rural, clave en Extremadura.

Carrasco explica lo de los parceleros: “Aquellos agricultores que en su momento tuvieron acceso a tierras en los pueblos de colonización. Ahora son propietarios de cuatro o cinco hectáreas. Son explotaciones familiares”. Y hace su radiografía de cómo funciona la ideología política en el campo: “El regadío siempre ha sido más progresista porque se necesita más novedad, más avance, más tecnología. Son cultivos más sociales. El secano es más conservador, y ahora más todavía”.

“¿Quién puede negar ya el cambio climático? Solo hay que ver cómo llueve”, expresa, por su parte, Juan Moreno, un histórico en Extremadura de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) en referencia a los discursos de Vox. “En el campo pasa lo que en todas partes, que el mensaje de la extrema derecha llega a los jóvenes sobre todo a través de las redes sociales”, asegura. “Y después esos ultras le dicen al agricultor lo que quiere escuchar, más teniendo en cuenta que las políticas de Bruselas no gustan nada”, añade.

Justo ahí Vox cree haber encontrado un caladero. Uno de los argumentos más repetidos en esta campaña será el rechazo al Pacto Verde europeo, resaltando que es un acuerdo apoyado por PSOE y PP. "Hay que eliminar las políticas verdes que machacan el campo extremeño", repiten una y otra vez.

En ese intento de dominio de lo rural se presentan también como el partido de las tradiciones defendiendo, por ejemplo, la caza y los toros. Pero la realidad es que en Extremadura el PSOE —al igual que el PP— siempre ha apoyado ambos sectores a sabiendas de que son, igualmente, votos.

Lo cierto es que en el intenso recorrido que ya están llevando a cabo por numerosos pueblos de Cáceres y Badajoz son ellos mismos los que insisten: “Habrá trasvase de votos desde el PSOE”.

La respuesta desde el otro lado la da, por ejemplo, el alcalde socialista de Hernán Pérez (en la provincia de Cáceres, 411 habitantes): “Abascal viene a Extremadura a conquistar el voto rural diciendo no a la inmigración en unos pueblos que necesitarían miles de inmigrantes para poder levantar miles de hectáreas abandonadas y llenar miles de casas vacías”, expresa.

La socióloga y profesora de la Uex (Universidad de Extremadura) Beatriz Muñoz da varias claves del contexto actual: “El campo siente abandono institucional. El mundo rural percibe que recibe pocos recursos. Esa sensación generalizada de desamparo se traduce en ‘zona de disputa’ para los partidos”. Al respecto, explica: “El PP ya ha identificado al campo como uno de los más descontentos y lo ha colocado como objetivo prioritario: primero la agricultura, después la transición ecológica”.

Del mismo modo, añade: “Además, hay desconfianza hacia las regulaciones de la Unión Europea y, en este caso, el mensaje de la ultraderecha es que se quiere ‘estrangular’ al pequeño agricultor, generando inseguridad y enfado. Si a eso se añade la incertidumbre por los bajos ingresos, los precios de mercado volátiles y la narrativa de ‘nosotros contra la burocracia’, pues el mensaje que queda es: estos sí nos van a defender”.

Habría que destacar, al respecto, que la extrema derecha ya ha ocupado en diversas autonomías consejerías relacionadas con el campo. En Extremadura fue la de Gestión Forestal y Mundo Rural, dos competencias que el PP sacó de Agricultura para crear esta nueva cartera.

Muñoz destaca también la ‘guerra cultural’ entre campo y ciudad teniendo en cuenta que en Extremadura casi la mitad de la población vive en localidades de menos de 10.000 habitantes: “Parte fundamental de los populismos es contraponer lo rural y lo cosmopolita; esto último lo identifican con ecologistas, feministas o urbanitas. Esa dicotomía simplista puede generar adhesión en quienes sienten que su forma de vida y su identidad están siendo denigradas desde las élites urbanas”.

Esta socióloga resalta, en este sentido, la “falta de alternativas”. “Si los partidos de izquierda no logran ofrecer políticas de rejuvenecimiento rural que incluyan servicios públicos, precios justos, inversión o dignidad laboral, la desilusión puede favorecer al mensaje de la derecha”.

No obstante, sí quiere hacer un matiz y destacar el papel de líderes como Irene de Miguel, de Unidas (la confluencia de Podemos, IU y Alianza Verde), “porque ha entendido que si no están ellos explicando las cosas, otros ocuparán su sitio”.

Expuestas las observaciones, Muñoz resume: “La estrategia de captar votos en el campo tiene muchas posibilidades de éxito, sobre todo si se logra conectar emocionalmente con el enfado, la identidad y las tensiones. Todo dependerá de la capacidad de estos partidos para transformar promesas en percepciones reales de protección, apoyo y mejora de vida”. No obstante, apostilla: “También hay límites al discurso de la derecha. No todo el mundo rural ve las cosas igual: hay generaciones nuevas e inquietudes diferentes que tienen en cuenta el cambio climático, la sostenibilidad o los derechos laborales”.

Todos apoyan las energías limpias… hasta que las instalan al lado de casa. Ese es el efecto NIMBY, acrónimo inglés de Not In My Back Yard, que significa “no en mi patio trasero”. Un reflejo cada vez más habitual cuando proyectos aparentemente beneficiosos —como las plantas de biogás— intentan asentarse en municipios rurales españoles.

El concepto define una contradicción muy humana: queremos energía sostenible, pero sin alterar nuestro paisaje ni asumir los riesgos. Y esa tensión, entre la sostenibilidad global y la protección del entorno inmediato, está frenando el avance de una tecnología clave para reducir residuos y emisiones.

El biogás es una fuente de energía renovable generada a partir de residuos orgánicos agrícolas, ganaderos o urbanos. Mediante un proceso natural de digestión anaerobia, estos residuos se transforman en metano utilizable para producir electricidad, calor o biometano. El residuo restante, llamado digestato, sirve como fertilizante.

No se trata de una energía experimental, sino de una tecnología madura, especialmente desarrollada en países como Alemania o Dinamarca. Allí, las plantas de biogás son un pilar de la economía rural y una herramienta de autosuficiencia energética. En España, sin embargo, su implantación avanza a paso lento, no tanto por falta de recursos, sino por desconfianza social.

En la práctica, muchos proyectos de biogás en España topan con la resistencia vecinal. Los temores se repiten: malos olores, contaminación del agua, tráfico pesado o pérdida de valor del suelo agrícola. Aunque raramente se confirman, son suficientes para alimentar un rechazo que paraliza licencias y retrasa inversiones.

El problema de fondo no es técnico, sino comunicativo. Los vecinos suelen conocer el proyecto cuando ya está aprobado, sin haber participado en su diseño ni comprendido su funcionamiento. Ante la falta de información, la sospecha ocupa el lugar del diálogo. El caso ilustra una lección universal: la transición energética no se construye solo con ingenieros, sino con pedagogía y confianza.

Los países que lideran la producción de biogás han entendido algo esencial: la energía es más aceptada cuando se comparte. En Dinamarca, muchas plantas pertenecen a cooperativas formadas por los propios residentes y agricultores de la zona. Tienen voz, beneficios y control. Ven la instalación como una oportunidad colectiva, no como una amenaza impuesta.

En España, los promotores suelen ser grandes empresas externas. Hablan de inversión y empleo, pero pocas veces ofrecen participación o beneficios tangibles al entorno. Sin ese vínculo, el biogás continúa siendo “su proyecto”, no “nuestro proyecto”. La diferencia, aunque parezca simbólica, lo cambia todo.

A veces, basta una palabra para fijar una percepción. Decir “planta industrial de biogás” suena a fábrica y contaminación. Llamarla “instalación local de energía renovable generada con residuos agrícolas” despierta otro tipo de imaginería: una energía nacida del propio territorio. Las palabras influyen en la aceptación tanto como los datos técnicos.

La divulgación es fundamental: visitas a plantas en funcionamiento, charlas informativas en colegios o sesiones abiertas con expertos pueden transformar el miedo en conocimiento. Cuando las personas comprenden qué hay detrás del proceso, los mitos se disuelven y quedan los hechos.

El Gobierno y las comunidades autónomas deben actuar como mediadores, no solo como reguladores. Su responsabilidad es garantizar la seguridad ambiental, pero también facilitar la comprensión social de los proyectos. El control riguroso genera confianza, y la confianza abre puertas.

Los ayuntamientos rurales necesitan más apoyo técnico y pedagógico. No basta con gestionar trámites: hace falta involucrar a los vecinos, garantizar que los beneficios repercutan localmente y demostrar que la sostenibilidad no significa sacrificio del territorio, sino revitalización.

Superar el efecto NIMBY no implica silenciar el miedo, sino escucharlo. Implica mostrar con hechos que una planta de biogás puede convivir perfectamente en el entorno rural, generando empleo, ingresos y energía limpia. Implica también repartir beneficios, formar parte de las decisiones y convertir al vecino en aliado.

Porque detrás de cada planta frenada por desconfianza hay toneladas de residuos desaprovechados y emisiones que podrían evitarse. Cada proyecto que se queda en el papel retrasa el futuro energético que España necesita.

Aceptar el biogás no es una renuncia al paisaje, sino una forma de protegerlo. Es entender que la sostenibilidad no puede hacerse “en otro sitio”, lejos de nosotros, sino aquí, con nosotros. Y quizá ahí, en ese cambio de mirada, empiece la verdadera transición energética.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

La Revuelta de la España Vaciada ha abogado por que la vivienda en las zonas despobladas sea "más competitiva" para fomentar la llegada de nuevos pobladores, en la séptima asamblea del movimiento social que se ha celebrado este fin de semana en Molina de Aragón (Guadalajara).

En el transcurso de la asamblea se ha abordado el problema del acceso a la vivienda, adaptado a las distintas realidades demográficas y económicas de cada provincia, y las plataformas que conforman el movimiento social han coincidido en apreciar que la falta de vivienda pública está impidiendo que la población joven se quede en los pueblos, ha informado en una nota de prensa la Revuelta de la España Vaciada.

Las plataformas han advertido de que la falta de vivienda pública, ya sea por abandono, por procesos especulativos o por la inexistencia de un parque público realista, impide que los jóvenes se queden en estas zonas, dificultando el arraigo "y frenando cualquier proyecto de revitalización".

Por ello, han planteado que la vivienda en la España vaciada debe de ser más competitiva: "Atendiendo a las propiedades y condiciones que puede ofrecer una vivienda en el medio rural, no solo para mantener la población de la zona y ayudar a los habitantes de los pueblos, sino también para fomentar la llegada de nuevos pobladores".

Otro de los bloques importantes que se han tratado en la asamblea de Molina de Aragón ha sido el del impacto de las energías renovables implantadas sin planificación, que son consideradas por la mayoría de los colectivos que integran la Revuelta de la España Vaciada "como la mayor agresión actual al territorio rural".

Al respecto, las plataformas han denunciado que "el Estado está convirtiendo extensas comarcas en zonas de sacrificio".

 Esta circunstancia se aprecia en todo el país, en el que se están implantando "macropolígonos fotovoltaicos que cubren miles de hectáreas productivas o instalaciones eólicas que destruyen paisajes naturales emblemáticos", en los que en lugar de impulsar las comunidades energéticas "se están desviando fondos para las empresas privadas".

También se ha analizado en la asamblea el impacto de los numerosos proyectos de biogás y macrogranjas que se están acometiendo, que según la Revuelva de la España Vaciada "contaminan suelos, aire y agua, e impactan muy negativamente en la biodiversidad".

Todos estos impactos negativos ya han sido señalados por entidades científicas y por divulgadores ambientales, como es el caso de los análisis que han hecho expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

 Asimismo, la sexta asamblea de la Revuelta de la España Vaciada ha situado los incendios entre las prioridades del movimiento social, porque: "Año tras año, la sociedad es testigo de cómo el abandono institucional, la acumulación de combustible y la falta de recursos materiales y personales, ponen en riesgo los montes".

Los siniestros "han supuesto la ruina para unos territorios ricos en recursos naturales, pero pobres en herramientas de defensa ante los colosales incendios", ha lamentado el movimiento social.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha ordenado, a partir de hoy, el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral que se crían al aire libre en España para la prevención y control del contagio por gripe aviar, según informa EFE. 

Esta nueva decisión amplía a todo el país el confinamiento de las aves de corral, que desde el lunes pasado afectaba ya a unos 1.200 municipios españoles ubicados en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, con el fin de evitar el contacto con aves silvestres migratorias contagiadas. 

Según el Ministerio, se trata de un refuerzo de las medidas preventivas frente a la influenza aviar, ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad altamente infecciosa.

En una orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en vigor desde hoy mismo, el Gobierno ha establecido el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de cría, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o en las que se produzcan huevos o carne para su venta directa al consumidor final. 

De esta forma, se prohíbe la cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral y otras aves cautivas, aunque cuando no sea posible las autoridades podrán autorizar el mantenimiento de las aves de corral al aire libre bajo una serie de condiciones.

Cuando no se pueda confinar la granja, las autoridades podrán autorizar la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres, y siempre que se alimente a las aves en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y su contacto con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral. 

Además, queda prohibido criar patos y gansos con otras especies de aves de corral; dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres, salvo que el agua esté tratada; así como la presencia de aves de corral o cautivas en centros de concentración de animales como certámenes ganaderos, exhibiciones y celebraciones culturales. 

No obstante, las autoridades competentes de las comunidades y las ciudades autonómicas podrán autorizar dichas concentraciones siempre que las aves procedan de la propia ciudad o región, y se efectúe una evaluación de riesgo de resultado favorable. 

Estas medidas, adoptadas de manera cautelar, se deben adoptar sin perjuicio de otras que hayan aprobado las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla desde el 10 de noviembre, en el marco de la declaración del MAPA de la situación de alto riesgo epidemiológico.

Hasta la fecha se han notificado 14 focos de gripe aviar en aves de corral, 5 en cautivas y 68 en aves silvestres, todos ellos pertenecientes al subtipo H5N1, según el Ministerio. 

Además, durante las últimas cuatro semanas se ha incrementado "notablemente" el número de focos en aves de corral y silvestres notificados en los países de centro y norte de Europa, territorios desde los cuales un gran número de aves migratorias se desplazan hacia España con la próxima llegada del invierno. 

El Ministerio ha considerado que existe un "claro riesgo de contagio" desde las aves silvestres a las explotaciones en que la cría se realiza al aire libre, por lo que ha adoptado el confinamiento de las aves de corral como medida cautelar.

A veces un artículo que bulle en la cabeza se va retrasando porque las noticias “enormes” de la actualidad lo van arrinconando. También porque una sabe ya lo que se lee y lo que se pasa por encima con cierto gesto de hastío o desinterés. Es, quizá, el caso de este artículo que quería escribir desde que terminó la temporada de incendios. Estos tienen que ver no sólo con el cambio climático (que se ha convertido ya en otro de esos temas que sólo parecen interesar a los ecologistas) sino con el abandono del campo y de sus habitantes.

Hace poco más de un mes se produjo en Madrid otra manifestación de las que los habitantes de esta España vaciada convocan periódicamente. Se han convertido en parte del paisaje, nadie les hace mucho caso porque no son una amenaza inmediata para nadie, para ningún partido, para el orden público, para ningún bien material. Vienen, se manifiestan, ocupan dos líneas en los medios y se vuelven. Pero la desaparición de lo rural es una amenaza para todos y todas, aunque nadie quiere verlo ni ponerle remedio. 

Hemos abandonado lo rural materialmente, pero también lo hemos olvidado. Es como que no existiera. Habitantes de las ciudades, imbuidos de la sensación de invulnerabilidad propia de este capitalismo salvaje e individualista, hemos olvidado que aún dependemos del campo, aunque sea de un campo cada vez más lejano. Lo que comemos, el agua, la electricidad, el esparcimiento, el aire, la posibilidad de refugio en caso de pandemia, el espacio en un mundo hacinado, gran parte de la cultura de un país, de su cohesión social… todo eso sigue dependiendo del campo. Pero no se trata únicamente de esas cosas más o menos materiales, se trata también de derechos: los habitantes de la España vaciada tienen los mismos derechos que los habitantes de las grandes ciudades aun cuando dichos derechos son conculcados sistemáticamente, quizá porque se piensa que esas personas tienen cada vez menos peso electoral.  Ese es un asunto que nadie quiere abordar en serio mientras el país se vacía y se hace más y más dependiente de países que prestan más atención a su mundo rural.

Como diputada fui portavoz en una llamada Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, una comisión que me sacaba de quicio. Aquí era más cierto que nunca eso de que si quieres “matar” políticamente un tema haz una Comisión parlamentaria. Tardes y más tardes en las que todo el mundo hablaba del problema y de las soluciones. Pero el problema del campo o de la España vaciada es sencillo de diagnosticar y de solucionar: servicios públicos. No hace falta más, pero eso es lo que nadie quiere atender porque cuesta un dinero que se supone que no tiene retorno. Todos los planes gubernamentales o autonómicos que consisten en dar 500 o 1000 euros a las familias que se instalen allí, e incluso proporcionarles viviendas, no sirven de nada si no hay servicios de ningún tipo. Porque en el campo sobran viviendas, lo que no hay es posibilidad de habitarlas.

La obsesión por el AVE ha dejado sin tren a una parte importante de las ciudades pequeñas y medianas. Me han invitado a dar una charla a Soria y he descubierto que ya no se puede ir en tren. El AVE es un tren para ejecutivos y turistas, pero los ciudadanos tenemos otras necesidades de transporte. En gran parte de Europa los trenes recorren y cohesionan todo el territorio facilitando que los habitantes de ciudades medianas y pequeñas no tengan que emigrar. En España, ahora además, les están quitando también los autobuses. Hace poco he viajado por Aragón y he atravesado varios pueblos llenos de pancartas en las que pedían que no se les retirara la línea de autobuses, único transporte público del que disponen para todo. Nadie lee esas pancartas y a nadie le importa esa reivindicación. El Ministerio de Transportes, del inefable Óscar Puente, tiene muchas preocupaciones pero una de ellas debería ser garantizar que la gente que vive en las zonas rurales pueda desplazarse. Lo mismo vale para los gobiernos autonómicos. Por el contrario, el ministro ha decidido suprimir las paradas que no alcancen un número determinado de pasajeros por año. Pero el transporte, como la sanidad o la educación, no puede depender únicamente de que sea rentable, es un servicio público, es un derecho. Esos pueblos están llenos de gente mayor que, de un día para otro, ya no pueden ir al médico, los niños a la escuela o la gente a otro pueblo mayor. Se quedan aislados, dependientes del coche privado para todo. Puente sabe que esta desatención apenas le va a pasar factura.

Vivir en ciudades pequeñas se ha convertido en un acto heroico. En los pueblos desaparecen los servicios, los médicos, los institutos, los cajeros, los bares, las tiendas… Los pueblos se convierten en lugares que sólo viven, si tienen suerte, del turismo y para los turistas. Sólo hay tiendas de souvenirs, hoteles y restaurantes para gente que está siempre de paso. Pero los pueblos así concebidos se convierten en decorados sin gente y esa visión empobrece el país y supone una amenaza ante el cambio climático, los incendios y la cultura.

Siento decir que ha sido Ayuso la que, por ahora, ha conseguido que haya al menos un cajero en aquellos pueblos que hasta ahora no tenían. Ya es más de lo que han hecho muchos otros (y me duele decir esto).

Las políticas agrarias que se aplican parecen pensadas más para incitar a la gente a que abandone la agricultura o la ganadería que a apoyar dichas formas de vida. Son políticas que apoyan únicamente a las grandes empresas y desasisten a los pequeños o medianos agricultores o ganaderos. Se entiende lo rural como zonas de desecho en las que instalar industrias contaminantes que no se permitirían en lugares con mayor densidad de población. Las administraciones no encuentran problemas en poner macrogranjas de cerdos que contaminen el agua y la tierra o que den malos olores. Las protestas de los afectados, pueblos enteros unánimemente levantados contra estas decisiones, nunca son escuchadas. Esa gente no importa.

Se nos deshace el paisaje, se muere una parte de nuestra cultura; aquella parte que sabía cómo evitar los incendios, esa parte que produce electricidad, agua, comida, aire limpio, que guarda el espacio que quizá necesitaremos más temprano que tarde. Se abandona a millones de personas que pagan impuestos, se las deja sin transportes, sin médicos, ni bancos, ni escuelas.

Y podría dedicar un artículo a hablar de las mujeres rurales, quienes todos los estudios señalan como las encargadas de fijar la población al territorio. Si una mujer se va, se va la familia entera. Soportan discriminaciones históricas, que todavía son legales, como la no propiedad de la tierra que trabajan, y soportan altos niveles de abandono y desatención por parte de los organismos de igualdad y de las administraciones. No hay programas ni apoyos específicos para ellas a pesar de que se sabe que si alguien puede levantar el territorio son ellas.

Hace poco hemos podido ver unos anuncios del Ministerio de la Vivienda que han levantado enormes críticas. Se mostraba a varias personas jubiladas compartiendo piso. Costaba creer que el Ministerio de Vivienda se hubiera hecho un anuncio contra sí mismo. Un anuncio para mostrar la inexistencia de políticas de vivienda efectivas. Se produjo un pequeño escándalo. Pues esos mismos días también salieron unos anuncios del Ministerio de Agricultura que parecían hechos por la misma agencia. En los anuncios, personas muy sonrientes aparecían haciendo, con aparente alegría, cosas “campestres” mientras una voz en off decía: “me quedo en el campo”. Y ya está.  Desde mi experiencia política ya sé que todos los programas, todas las políticas presupuestadas, suelen incorporar un dinero para publicidad que hay que gastar. El problema es cuando hay más dinero para publicidad que para políticas reales. Eso ocurre demasiadas veces. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

“Queremos que nos digan qué van a hacer”, dice Mar Rodríguez al otro lado del teléfono. Trabaja como médica en el centro de atención primaria de Buitrago del Lozoya (Madrid) y acaba de recibir un informe en el que se indica que los niveles de gas radón a los que lleva expuesta durante años pueden suponer un riesgo para su salud. 

Como ella, según cuenta, cientos de trabajadores y pacientes conviven todos los días junto con este tipo de gas en hospitales, centros de salud y consultorios médicos del norte, noreste y oeste de la Comunidad de Madrid. Así lo confirma a infoLibre el sindicato CCOO, que cuenta que los trabajadores llevan años expuestos a un gas peligroso sin recibir ningún tipo de protección o información.

El radón es un “gas radiactivo de origen natural que puede encontrarse en altas concentraciones en los espacios interiores, como las viviendas y los lugares de trabajo”, según define la OMS. Estar mucho tiempo expuesto a él puede derivar en un cáncer de pulmón. De hecho, se estima que entre un 3% y un 14% de los casos tienen esta causa, la segunda más frecuente después del consumo de tabaco. 

Desde mayo de 2025, es obligatorio hacer mediciones de los niveles de gas radón en los lugares de trabajo donde haya riesgo de alta concentración de esta sustancia. La Comunidad de Madrid implementó este nuevo requerimiento, pero, según fuentes sindicales, no lo han hecho correctamente. Son dos los fallos que detectan desde CCOO: los medidores que se utilizaron no eran de la mejor calidad y los lugares donde se han situado no son los óptimos para poder detectar la presencia real de este gas. 

La concentración de esta sustancia suele ser más intensa en las plantas bajas y en los sótanos de los edificios, algo que a la hora de realizar las mediciones no se ha tenido en cuenta, según explica el sindicato. Tanto es así que la mayoría de los aparatos se colocaron en las plantas superiores. ¿Cuál fue la consecuencia? El alcance del peligro que supone para los empleados no se ha medido de forma adecuada. 

“Cuando realizamos un requerimiento al Comité de Seguridad y Salud sobre la calidad de los medidores, nos contestaron que no era de su competencia y que teníamos que hablar con la Dirección Asistencial de Atención Primaria. Y así con el resto de órganos a los que nos dirigimos, todos se excusaban”, cuenta Tomás Gómez, delegado de prevención de de Sanidad de CCOO en Madrid. Ante esta falta de soluciones, Gómez solicitó que se les informara sobre la empresa que había puesto los medidores y sobre si tenían acreditación para hacerlo. Con esta nueva demanda, pasó lo mismo: se fueron pasando las competencias, sin una respuesta clara. Por ello, finalmente trasladaron una denuncia a Inspección de Trabajo por falta de información. 

Después de todo esto, cuando finalmente se realizaron las pruebas, los resultados fueron preocupantes. La OMS establece que, para minimizar riesgos, el nivel de radón no puede superar los 100 Bq/m3. La legislación en España, sin embargo, establece la cifra en 300. Sea como fuere, en la mayoría de los centros, los niveles superan los 300. Un ejemplo: el consultorio medico de Canencia, ubicado en la sierra de Guadarrama (Madrid), está en niveles de 790 en enfermería y de 1.080 en medicina, según fuentes de centros médicos de los municipios vecinos. 

Así que la situación es esta: hay trabajadores que han estado expuestos a esta sustancia sin saber de su existencia o de los riesgos que supone para su salud. Sólo ahora han conocido los informes, que datan del 5 de septiembre de este año, y se han empezado a tomar medidas, como trasladar a trabajadores. Aún así, las medidas correctoras se tendrían que haber tomado en el plazo de un mes como máximo, algo que se ha incumplido. Mientras, cuentan sus compañeros, les come la preocupación porque llevan años trabajando en esas condiciones.

Otros empleados, que no están en esos niveles, pero que superan con creces los 300 Bq/m3 establecidos por la normativa, han pedido hablar con el servicio de prevención de riesgos laborales de la Dirección Asistencial Norte para que se les hagan las pruebas correspondientes. 

Porque a esto se unen las precarias condiciones en las que, aseguran, trabajan: “Esto es una vuelta de tuerca más, estamos siempre bajo mucho estrés profesional. Vamos de un pueblo a otro y ni nos pagan la gasolina. Llueve sobre mojado. Lo que necesitamos son hechos, que se tomen las medidas correctoras. Se trata de respeto”, denuncia Mar Rodríguez. 

infoLibre ha contactado con otro de los centros afectados. Desde allí, cuentan a este periódico, que en ningún momento se les brindó la información necesaria. Y que incluso ahora, esa información llega a cuentagotas. Ni siquiera cuando instalaron los medidores les dijeron cuál era su función. Según denuncian, se sienten enfadados porque, como ya han comprobado con los años, “los que estamos aquí les importamos bien poco a las instituciones”. Tomás Gómez explica que tanto los trabajadores como el sindicato demandan que se haga un reconocimiento radiológico a todas las personas que se hayan podido ver afectadas.

Otra médica de atención rural —que también prefiere mantenerse en el anonimato— asegura que, aunque en el centro en el que ahora trabaja no hay un nivel superior a 300, otro en el que estuvo años trabajando casi duplica las mediciones aconsejadas. Nadie de las Administraciones se ha puesto en contacto con ella y tuvieron que ser sus antiguos compañeros quienes la avisaron. Es también ella quien va a solicitar todas las informaciones pertinentes y va a pedir cita en riesgos laborales. 

Los trabajadores empezaron a ser conscientes del riesgo al que se estaban viendo sometidos cuando CCOO fue a los centros a informar de forma directa sobre lo que podía suponer para ellos estar expuestos a este gas. Solo entonces, aseguran, actuaron las instituciones.

Ante todas estas informaciones, la Comunidad de Madrid asegura que está cumpliendo con la normativa que regula la exposición al gas radón. También afirma que “se han realizado las mediciones oportunas, se han evaluado los resultados y se han tomado las medidas correspondientes para garantizar en todo momento la salud y seguridad de trabajadores y pacientes”. De la misma forma, sostienen que todas las informaciones pertinentes han sido comunicadas “como está establecido” a los profesionales y los sindicatos. 

Los trabajadores no tienen muchas salidas si el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso no toma las riendas del asunto. Como prevención, CCOO solo les puede indicar que utilicen mascarillas FP2 y que ventilen con frecuencia las habitaciones en las que trabajan. 

La antigüedad de los edificios juega en contra porque impide que se puedan adoptar soluciones más efectivas. Aunque hay alternativas, como la instalación de ventilación forzada en los suelos de los centros. Esto conseguiría que el gas no se acumulara en los interiores, minimizando el riesgo. 

La obra es grande y complicada, aun así existen posibilidades como una extracción de aire forzada para eliminar el gas radón de las instalaciones, aunque a la larga es una medida menos efectiva. Según la OMS, estos sistemas pueden reducir en más de un 50% los niveles de radón en interiores, aunque con la ventilación forzada se podrían aumentar todavía más. 

"Hay que hacer algo, aunque digan que se puede retrasar mucho por una cuestión económica, es una cuestión de salud para los trabajadores”, zanja otra de las médicas. 

La llegada del frío supone empezar a encender las estufas de leña en muchos lugares de la España rural, una práctica que tiene importantes riesgos para la salud en algunos lugares del país, por mucho que la instalación esté perfectamente ventilada. Un grupo de investigadores españoles descubrió que un pueblo de los Pirineos sufría una concentración de contaminantes mucho más tóxica para la salud que respirar el aire del centro de Barcelona.

El pueblo estudiado, Bellver de Cerdanya (Lleida), se caracteriza por encontrarse en un valle del Pirineo catalán, una zona cuya orografía impide que el humo de las chimeneas se disipe. Las capas de la atmósfera más bajas son prácticamente estáticas por el efecto de inversión térmica que producen las montañas, de manera que no hay un intercambio natural de aire entre las diferentes capas que disipe la contaminación. Este efecto es común en las noches de invierno con ausencia de viento, pero en los valles ocurre de manera más marcada.

Carmen Bedia, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea), fue una de las autoras del estudio, publicado en la revista Atmosphere en 2021. Explica que se encontraron una atmósfera "super tóxica" en el interior de Cataluña. "Expusimos células pulmonares a las concentraciones de contaminantes que había en Bellver de Cerdanya en los meses de noviembre y diciembre, y el 80% de las células se murieron. Para comparar, hicimos el mismo experimento con el aire de Barcelona, contaminado con el tráfico de los coches, y la mortalidad fue del 30%", resume la experta.

La diferencia es que el humo que proviene de la quema de biomasa tiene una alta concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), sustancias que se forman durante la combustión incompleta de materia orgánica. Tienen propiedades irritantes y algunos de ellas son cancerígenas, como el benzo(a)pireno, que se emite cuando arde la madera y los rastrojos.

"Estos poli-aromáticos son muy tóxicos y muy agresivos en zonas rurales donde no corre aire. Proceden principalmente de las estufas de las casas... Esos días en los que estamos en el campo pensando que respiramos aire puro porque huele a leña", señala Bedia. La experta añade que si la madera que arde está recubierta con pinturas o barnices, la toxicidad es mucho mayor porque el humo arrastra también plastificantes, retardantes de llama y otros químicos.

El estudio, elaborado con datos recogidos entre agosto y diciembre de 2019, consistió en instalar filtros de partículas en tres puntos de Cataluña. Un municipio rural (Bellver de Cerdanya, Lleida), uno semiurbano (Manlleu, Barcelona) y una gran ciudad (Barcelona). En la capital catalana se registraron los mayores niveles de micropartículas PM10 y NO2, que son dañinas para la salud y cuyo origen principal es el tráfico y la industria. Sin embargo, en Manlleu y en Bellver los niveles de HAP fueron mucho mayores, y al aplicar estas muestras de contaminantes sobre cultivos epiteliales pulmonares, detectaron niveles muy altos de toxicidad y mortalidad celular.

Además, los investigadores detectaron con claridad que durante los días de vientos intensos –mejor calidad del aire–, la concentración de poli-aromáticos fue mucho menor, así como la mortalidad de las células pulmonares expuestas a ellos. Lo mismo ocurrió con las muestras recogidas en agosto porque no hubo quema de leña.

Esta investigación es una evidencia más del peligro no solo de las estufas de leña, sino de la inhalación del humo que procede de las quemas forestales. Los bomberos son el colectivo más expuesto a este riesgo, pero también los vecinos que viven en zonas que arden recurrentemente, aunque estén a kilómetros de distancia de las llamas.

Marcos Gómez, portavoz la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (ATBRIF), denunciaba este verano en infoLibre, que los bomberos se enfrentan a los incendios con un trapo en la boca o a cara descubierta, porque no pueden usar mascarilla debido al intenso esfuerzo físico que realizan. "Llevo 20 años apagando fuegos y parece que soy fumador en el reconocimiento", afirmó.

Carmen Bedia, del Idaea, está precisamente estudiando cómo afecta el humo de los incendios a estos profesionales. "En la exposición fuerte y a corto plazo vemos que las células no mueren, pero sufren una fuerte oxidación. Si la célula no la contrarresta, puede provocar la destrucción del ADN y terminar muriendo. Los bomberos deberían trabajar siempre con mascarilla porque se expone una gran toxicidad", señala.

El impacto en la población de este humo apenas se ha estudiado en España, aunque se han hecho investigaciones puntuales en la última década. Julio Díaz, doctor investigador del Instituto de Salud Carlos III, ha publicado varios análisis que apuntan a un aumento de la mortalidad prematura de la población por enfermedades circulatorias y respiratorias tras la exposición al hollín, así como a un pico en los ingresos en hospitales, en los problemas en el embarazo o en las enfermedades mentales. Incluso para personas que se encuentran a cientos de kilómetros del fuego.

Un equipo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) también está haciendo un seguimiento de los efectos del humo del volcán de La Palma de 2021 entre los vecinos que vivían en la zona de exclusión, comparándolos con aquellos que residían en los extremos de la isla. "De momento hemos publicado el primer seguimiento de los afectados, y hemos visto que a mayor exposición, mayor probabilidad de desarrollar problemas respiratorios", comenta Cristina Candal, profesora de Salud Pública en la USC.

Al igual que pasó con algunos de los afectados por el atentado de las Torres Gemelas, explica, los más expuestos han sufrido "una reducción importante de la función pulmonar", aunque en principio debería corregirse con el paso del tiempo. También son habituales en La Palma los casos de tos, dolor de pecho, dificultad al respirar o picor de garganta, síntomas que también son el día a día de los bomberos forestales.

Unas 1.500 personas han marchado este domingo en Madrid para denunciar el abandono del medio rural, "vaciado" de servicios públicos y víctima de numerosas "agresiones" en forma de macroproyectos de energías renovables que amenazan sus recursos naturales y el modo de vida de sus vecinos.

Bajo el lema 'Salvemos el mundo rural agredido', alrededor de 1.500 personas –según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno– llegadas de pueblos de toda España han acudido a esta convocatoria, respaldada por medio centenar de entidades, que ha recorrido el Paseo del Prado desde Atocha hasta Cibeles.

Lo han hecho al grito de "¡Especuladores fuera de mi tierra!" o "¡Placas no, olivos sí!" y portando numerosas pancartas con mensajes en contra de proyectos como la megaplanta solar de Lopera (Jaén), la mina de litio de Cañaveral en la comarca de Monfragüe (Cáceres) o la planta de biogás en Machacón (Salamanca).

Uno de los miembros de la coordinadora 'Salvemos el mundo rural agredido', Ernesto Romeo, ha explicado a los medios que esta protesta busca denunciar la falta de servicios públicos, que ha provocado un "vaciamiento" de los pueblos para "sacrificarlos" a favor de la especulación de grandes empresas.

Compañías que considera autoras de múltiples "agresiones" en forma de proyectos de "macrorrenovables" que están provocando "la mayor destrucción medioambiental de la historia de España", como la "plaga" del biogás, las macrogranjas o las minas, que están "arrasando pueblos" sin respetar a la gente que vive en ellos.

La marea de manifestantes ha entonado cánticos en contra de todos estos proyectos –"¡Que pongan los molinos en la Puerta del Sol!"–, de puesta en valor del medio rural –"¡El campo es mucho más que un resort en vacaciones!"–, y de denuncia anta la falta de recursos: "¡En mi pueblo había un bar, lo tuvieron que cerrar!".

Han acudido a esta manifestación vecinos de todos los rincones de España, como Rafael Alcalá, de Lopera (Jaén), quien ha explicado a EFE que la empresa Greenalia ha presentado varios proyectos de plantas fotovoltaicas en su zona que pretenden "expropiar a propietarios legítimos su olivar y su medio de vida".

Alcalá ha denunciado que esta empresa trata de "amedrentar" a los agricultores y a los propietarios del pueblo, cuya población se dedica en un 90% al olivar, para conseguir un alquiler mucho más económico cuando este proyecto no creará empleo ni traerá ningún otro beneficio al municipio.

Desde Segovia, vecinos de los llamados pueblos rojos, negros y amarillos (ubicados en la falda de la Sierra de Ayllón) agrupados bajo la asociación Annapurnas protestaban contra el permiso de prospección minera otorgado a Omnis Minería S.L. en el municipio de Riaza (Segovia). Denuncian que, a pesar de que formalmente se presenta como investigación minera, los documentos aportados y la estrategia pública de la compañía Osmond Resources "revelan una clara intención de avanzar rápidamente hacia una explotación a cielo abierto de grafito, alunita y otros minerales" que, a su juicio, plantea serias dudas desde el punto de vista ambiental, socioeconómico, legal y territorial.

Rosa Calero, de Villarrobledo (Albacete), se ha desplazado este domingo a Madrid para denunciar los "vertederos ilegales" instalados en el entorno de su localidad y la privatización de su sanidad: "No hay médicos suficientes, así que nos llevan a las clínicas privadas a hacernos pruebas cuando tenemos un hospital que tiene de todo de todo", ha lamentado.

La reducción de las listas de espera en sanidad en Teruel o la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca en las provincias de Granada, Almería y Murcia son otras de las muchas reivindicaciones que se han puesto en valor durante la manifestación.

También ha participado en la protesta el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien, en declaraciones a los medios, ha recordado que, a lo largo del siglo XX, muchos territorios sufrieron una "despoblación forzada" en favor del desarrollo de otras partes del país.

Ahora, cuando es momento de "pagar esas deudas", se hace "todo lo contrario" al dejar que lleguen a ellos proyectos de extracción de recursos sin ningún compromiso con los pueblos: "Hemos dicho que basta ya, hay que ir a otro modelo de país en el que todo el mundo tengamos oportunidades y no unos, siempre los mismos, sean los que tengan que sacrificarse para el desarrollo de los demás", ha protestado.

Una familia vecina, la Teresina, su marido apodado Nartum y su hijo Jaume nos la cuidaban.

El pueblo, Arrós, a mil metros de altura, en la ladera soleada de la montaña, era una comunidad de cien vecinos de pastores y payeses. Por todas partes cacareaban las gallinas, y las ovejas, cuando volvían de pasear con el pastor y su ayudante, el perro, se acomodaban en rediles calientes y limpios.

Los perros del valle tenían un oficio. Dignos, poco dados a hacer carantoñas, se sentían orgullosos de desempeñarlo. También los había cazadores y estaba un chucho pequeño, perteneciente al tonto del pueblo, que parecía muy feliz junto a su amo, acechando el paseo de los forasteros. 

Tengo en mi vida dos guerras: la primera contra los perros que no hacen nada. Una costumbre importada de los países nórdicos, que entró en nuestro país cuando nos volvimos europeos y nuevos ricos.

La segunda contra el esquí: tolero a esquiadores vocacionales dispuestos a madrugar y pasar un calvario para llegar a las pistas. También al puñado de ricos que han esquiado toda la vida. Pero a los que les siguen, pretendiendo ascender en la escala social, los detesto.

Así que, cuando mis hijos iban a esquiar con su padre y otros amigos, yo acompañaba a la Teresina a pastorear y aprendía infinidad de cosas. Cuando una vaca estaba enferma, por ejemplo, les ponía el termómetro que ellos mismos usaban. Todo muy limpio y cuidado con cariño. Y cuando bajábamos, por la amplia ladera trasera de la montaña hasta el río Barradós, afluente del Garona, me enseñaba la amistad que había entre las vacas, que siempre paseaban con la misma compañera, de dos en dos. 

En verano cargaba un montón de niños (míos y ajenos) en mi dos caballos descapotable y destartalado y nos íbamos a Arrós, dónde nos divertíamos y dábamos larguísimos paseos. 

También había tristeza porque a cada nueva visita, veíamos al pueblo cambiado. Aparecieron los paletas y los carpinteros para “arreglar” las casas que los esquiadores compraban a buen precio, mientras los pastores se marchaban y el pueblo perdía su encanto. 

Llegó un momento en que todos los vecinos vendieron el ganado a grandes compañías: pagaban mejor y daban menos trabajo.

Solamente faltaba la llegada de los reyes, acompañados de centenares de depredadores, para que el Valle no se pareciese nunca más a lo que fue.

Cuando me separé y mi marido se quedó la casa, tardé muchos años en volver. Mis hijos me contaban que la Teresina tenía una foto mía en el comedor.

Murió Nartum, murió la Teresina y Jaume, su hijo, se fue a Vielha.

Pasaron los años y un día volví a Arrós con una amiga. Después de visitarlo, dolida y asqueada, bajamos al Barradós. 

Me senté al lado del río, metí los pies en el agua y miré hacia arriba. El corazón se me encogió. Mi amiga, discreta, me pregunto si añoraba la infancia de los niños. Nada más lejos de la realidad. Estaba viviendo, como si me golpeasen, la muerte de la Teresina y de Nartum: el paisaje había cambiado como uno de esos niños huérfanos de Gaza mutilados y violados.

En los incendios que asolan el país, se debe consultar a los viejos. Ellos aman las casas y conocen las tierras palmo a palmo; pueden ayudar a los expertos indicándoles el sitio exacto en el que hacer un cortafuegos. Siempre en invierno.

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Mercè Carandell Robusté es socia de infoLibre

Los incendios en Castilla y León, Extremadura y Galicia se han solapado en los últimos días como un recordatorio de una emergencia característica del verano en estas latitudes, pero que alcanza nuevas dimensiones al confluir dos factores contemporáneos de gran impacto: el abandono del medio rural y las consecuencias del cambio climático. Las tareas de extinción se complican, con fuegos más difíciles de contener, pero también las labores de prevención: los profesionales hablan de un mantenimiento de los bosques que es “inabarcable”. 

José Luis Salgado Palao lleva más de 20 años apagando incendios forestales en Castilla y León y con desplazamientos a Asturias, Galicia, Comunitat Valenciana y Portugal, además de misiones internacionales desde hace dos años en Chile, Canadá y Bolivia. “Es imposible abarcar con desbroces o quemas controladas el monte. Es imposible de gestionar toda esa cantidad de territorio. Lo que hacemos en un año, en tres lo tienes otra vez igual. Ahí tiene que haber ganado que lo pise, tiene que haber uso agrícola del terreno. El monte es imposible de controlar así”, reflexiona para infoLibre.

En un foro reciente de infoLibre, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, señaló la política forestal como principal asunto a cambiar, tras sufrir su comunidad el peor inicio de verano en materia de incendios desde 1986. “En el proceso de evaluación de cómo se ha actuado en cada uno de los casos [...] la principal conclusión es que hay que cambiar la política forestal: cambiar la mentalidad del país. En Catalunya sobra bosque. Esto es lo que nos recomiendan los profesionales de prevención de incendios”, dijo. 

También apunta a la tierra un ingeniero y técnico del servicio de extinción de incendios de Castilla y León, que prefiere no dar su nombre en este artículo. “Para el avance de los incendios, lo principal es el abandono de la tierra. Alrededor de todos los pueblos hace 30 años, cuando yo empecé, había un cordón de huertas, de tierras cultivadas, de fincas limpias, cada uno tenía limpia su parte. La proporción de matorral en la mayoría de los pueblos de Zamora, en el oeste sobre todo, habrá aumentado un 200% o un 300% en este tiempo”, explica. 

Este técnico coincide con Salgado en que es inasumible pensar que el Estado pueda suplir ese abandono. “Antes el ganado pastaba todos los matorrales, la gente tenía cultivadas las tierras al lado de su casa, entonces los fuegos no avanzaban. Pero a menos población y menos trabajo, más combustible queda”, indica.  En invierno, y cada vez más, los bomberos forestales tienen esa tarea de eliminar el combustible natural, pero el monte avanza y no dan abasto. El desequilibrio territorial del país se siente también en la prevención de incendios: solo un 20% de la población vive en el 80% del territorio. El 99,6% de los municipios más despoblados sufrió incendios forestales entre 2001 y 2021, según datos de la Fundación Civio. 

Quienes apagan los fuegos son conscientes de que revertir mínimamente ese desequilibrio requiere medidas transversales y, después, tiempo. Por eso centran sus reclamaciones inmediatas a las administraciones en lo que sí está al alcance: que se siga profesionalizando el servicio, que se les mantenga todo el año y que se eduque a la población para que comprenda tanto el papel clave de la prevención como su propia responsabilidad ciudadana. 

“Todavía estamos en aquello de sólo se acuerdan de santa Rita cuando truena. Cuando el fuego está a las puertas de un pueblo es cuando la gente se da cuenta de que hacemos falta. Pero falta concienciación a todos los niveles, tanto entre los ciudadanos como en las instituciones”, opina Salgado, que ahora está en la base de Tabuyo del Monte (León) de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y añade: “Sí es verdad que esto va cambiando, porque se tenía la sensación de que era un trabajo de verano, de estudiantes o jornaleros, de que para esto valía todo el mundo. Y para trabajar en esto de verdad hay que ser muy profesional, lo primero es una formación reglada a todos los niveles”.

Los feroces fuegos forestales del verano de 2022 en la Sierra de la Culebra (Zamora) condujeron a una mejora en los protocolos de actuación y también en los esfuerzos de formación, indica el ingeniero y técnico. “No estamos al nivel de otras regiones, como puede ser Cataluña, ni mucho menos, pero ha cambiado muchísimo”, afirma. Ya antes de esos incendios las cuadrillas y los medios estaban trabajando cada vez más fuera del verano, pero ahora ya están todo el año y su reivindicación es que esto se consolide como principio básico para una adecuada gestión de la extinción de incendios en los tiempos del cambio climático y la despoblación rural.

Uno de esos incendios quemó 200 de las 500 colmenas que Laura Fernández Gago tenía en Escober de Tábara. Tres años después, no está como estaría sin aquel suceso, pero celebra una recuperación propia y del monte mejor de la que esperaba. “Yo había trabajado hacía años en servicios de extinción y no es lo mismo vivirlo desde ese punto de vista a ser la afectada. Cuando ves que se te está quemando todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, todos tus años de inversión, de alegría, de un proyecto de vida, no tiene nada que ver”, cuenta a infoLibre. Aunque ‘La miel de Laura’ sufrió notables perjuicios económicos y las ayudas que recibió no fueron suficientes, se acoge a la perspectiva y agradece que sus pérdidas sólo fueran materiales y que las paliara en buena medida la generosidad de la gente que la ayudó volcándose en comprar su premiado producto. “Todo se suple con dinero, ósea, el dinero se suple con trabajo y con esfuerzo. Eso no es nada si comparamos con las vidas que se perdieron”, concluye, sobre la consecuencia más devastadora que tienen estos incendios cada vez más difíciles de abarcar. 

"Tenemos un poco complejo de partido urbano, a veces me da la impresión de que tenemos una visión donde sólo tres meses antes de las elecciones nos enteramos de que, por ejemplo, hay diez circunscripciones que tienen cuatro escaños y ocho que tienen tres escaños. Y en esas 18 provincias puede estar el Gobierno de España". La frase es del ministro de Agricultura, Luis Planas; la pronunció en el 40º Congreso Federal del PSOE en octubre de 2021 y sirve para ilustrar una de las grandes dicotomías electorales que se han abierto en muchos países: el voto urbano frente al voto rural. Y el peso del sector del campo en este último grupo.

La periodista Cristina García Casado, afincada en Zamora, conoce muy bien la realidad de Castilla y León y cree que la izquierda "ha hecho dejación de funciones" en su comunidad autónoma: "No hay una apuesta por gobernar, hay una rendición", señala, pese a que según ella misma destaca hay "un voto urbano" en Castilla y León que es del PSOE. "No es que sea imposible, es que se deja por imposible". Además, cree que hay una suerte de mitificación por "el rural", una etiqueta que asegura nadie utiliza en el campo. "Hay un desequilibrio territorial en España gravísimo, eso causa malestar tanto en las ciudades como en el mundo rural, del que la izquierda se ha desentendido".

¿Pero se está deslizando el ámbito rural, en su doble vertiente de poblaciones comparativamente pequeñas y de provincias menos pobladas, hacia la derecha? Más concretamente, ¿está Vox, como suele repetirse, penetrando fuertemente en los trabajadores del campo? Según el barómetro que realizó el CIS tras las elecciones generales del 23J, el PSOE y PP fueron las opciones mayoritarias entre los trabajadores del sector primario. En tercer lugar se situó Vox, con un 16,6%, es decir, uno de cada cuatro agricultores, forestales y pescadores votó a los de Santiago Abascal, según su recuerdo de voto.

Fue el tercer colectivo que más les votó, por detrás de militares y operarios, y superó en cuatro puntos el porcentaje que obtuvo la extrema derecha en el cómputo global en esas elecciones, un 12,38%. Se trata de una tendencia electoral que no solo ocurre en España, sino que impregna todo el continente con los partidos de derechas y de extrema derecha compitiendo por el voto del campo. Además, repitiendo parámetros que se escuchan desde hace tiempo como la supuesta excesiva regulación de la Unión Europea a favor de políticas verdes o el elitismo de las clases urbanas con costumbres como el veganismo.

Vox, a diferencia de Podemos y Ciudadanos, es el único de los "nuevos" partidos que ha crecido homogéneamente en entornos urbanos y rurales. Ha convencido a élites urbanas, pero ha encontrado también un granero de votos en la España interior, en la España de provincias pequeñas y pueblos. En la España vacía. En la España en la que, pese a su abandono crónico por los dos grandes partidos, se pueden ganar o perder las elecciones generales. Según explica a infoLibre Agustín Huete, profesor del Departamento de Sociología y Comunicación en la Universidad de Salamanca y miembro del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León (Copyscyl), factores como el envejecimiento, el menor nivel educativo y el aislamiento "favorecen el voto a Vox, especialmente entre quienes perciben abandono institucional".

García Casado coincide y explica que Vox avanza en el mundo rural español gracias a este descontento que tiene unas causas específicas detrás. "Está desapareciendo toda una manera de vivir y de ganarse la vida. Las personas que trabajan en el campo están cerca de la jubilación y no hay relevo", expone. A esto se le suma que "en las últimas décadas, las familias han pasado de poderse ganar bien la vida a mantenerse a duras penas": "Siempre hay causas reales, que en este caso la ultraderecha aprovecha, para erigirse de defensor de un mundo al que además nunca pertenecen", analiza.

En las elecciones autonómicas y municipales del 28M, los de Santiago Abascal vieron que les funcionaba especialmente el flanco rural. De las 33 alcaldías que logró la ultraderecha, 20 fueron en Castilla y León y nueve en Castilla-La Mancha. Zonas con una fuerte presencia del sector agrícola, la caza y las tradiciones, y la ultraderecha lo ha aprovechado creando una red en estas zonas a través de sus concejales, pero también de sus consejeros —hasta la ruptura del pasado verano—, ya que Vox utilizó sus resultados electorales para hacerse con cuatro consejerías de Agricultura en gobiernos autonómicos.

Vox ha desarrollado su propia estrategia para marcar perfil rural, con un discurso de agravio frente al progre urbanita que explota el malestar social y la incertidumbre de sectores económicos muy dependientes de la energía, como la agricultura, al tiempo que se erige en defensor tradicionalista de estilos de vida genuinos. "La sensación de agravio por el abandono rural alimenta el voto de protesta, que Vox canaliza, como han canalizado otros en otras ocasiones", analiza el sociólogo, que también señala que la extrema derecha "adapta su mensaje al contexto rural", en este caso con un discurso muy centrado en "el campo, la caza, la familia y la nación" y "se beneficia de redes clientelares más frecuentes en el contexto rural".

Los de Abascal se sirven del populismo agrario, para autoproclamarse el partido de los agricultores con posiciones negacionistas del cambio climático e incluso introduciendo discursos xenófobos. Las reivindicaciones justas del sector del campo quedan, a menudo invisibilizadas por proclamas reaccionarias en contra del pacto verde, la transición energética, la agenda 2030, la lucha contra el cambio climático o la difusión de teorías conspirativas. La periodista, sin embargo, cree que la izquierda deja ese flanco a Vox y falla al no explicar "por qué se apoya la apertura Mercosur", una cuestión que los agricultores y ganaderos tienen muy presentes en todas sus protestas.

La ultraderecha española tiene un voto abrumadoramente masculino en todos los ámbitos. Los titulares de las explotaciones, los que poblaban y siguen poblando esos bares rurales, esos cotos de caza, esas agrupaciones agrarias son principalmente hombres. Según recoge Funcas en un pormenorizado estudio del campo español, de las 740.000 personas que están ocupadas en el sector agrario, 177.000 son mujeres, es decir, por cada 100 hombres hay 31 mujeres. El predominio de los hombres en las actividades agrícolas y ganaderas es notorio, con el agravante de que desde la crisis económica de 2008 el sector se ha masculinizado de forma creciente, aunque García Casado recuerda que "las mujeres también han trabajado siempre en el campo de manera informal, es decir, sin tener sus derechos y sin estar reconocidas".

La periodista apunta a que Vox tiene especial predicamento entre los hombres jóvenes: "Les llama más la atención votar a Vox que a lo han votado sus padres siempre, que podía ser PP o PSOE, porque no les interpela", señala. Considera que los de Abascal han "sabido entender el lenguaje de las redes sociales" y que, además, han sabido dirigirse bien al joven "tiene una gran herencia rural" en el sentido de que le gusta cazar y todas las actividades que tienen que ver con toros o con caballo. "Y no es que ese tema solo lo defienda Vox, el PP también lo hace, pero consideran que los primeros lo hacen de manera más absoluta, más convencidos".

¿Qué pasaría si en las semirruinas que se ven desde las carreteras rurales se levantaran nuevas casas y negocios? ¿Qué significa para un pueblo pequeño que se abran tres viviendas? En una comarca de Segovia han pasado de las elucubraciones a los datos para cifrar el potencial desaprovechado que tienen sus pueblos. El grupo de acción local Honorse-Tierra de Pinares ha hecho un estudio pionero con el que ha podido identificar más de 30 inmuebles de titularidad pública ubicados en esta zona del norte de la provincia cuya rehabilitación y conversión en vivienda de alquiler o coworking podría repercutir en un incremento cercano al 2% del PIB de la comarca en un periodo acumulado de diez años.

Son antiguas casas de médicos, maestros o clérigos, una fragua, lavaderos, antiguos ayuntamientos o bibliotecas, un lagar o incluso una fábrica de achicoria. De ellos, 17 inmuebles podrían destinarse a viviendas en alquiler y albergar 88 nuevos residentes. Los 12 restantes podrían tener uso como coworking. Un inventario pormenorizado que busca ser útil a las administraciones públicas para dinamizar la zona y que ha sido elaborado por los arquitectos cuellaranos Rubén Esteban y David Muñoz, con el apoyo del economista José Antonio Herce. 

“El contexto general en España es que hay una enorme escasez de vivienda digna de tal nombre. Hay ruinas, hay parcelas, hay viviendas cerradas en los años 60 que no se han vuelto a abrir y que cuando las abres te encuentras con un panorama desolador, por la dotación de la vivienda o por su tipo de distribución totalmente no funcional para las necesidades de un hogar o un establecimiento comercial de hoy en día”, explica a infoLibre Herce, socio fundador de Segoviana de Iniciativas Rurales y experto en desarrollo rural que ha trabajado en iniciativas de este tipo en distintas zonas de España. La falta de vivienda es lo que los expertos llaman “la palanca quebrada de la repoblación”. 

Lo primero, destacan todos los expertos consultados para este reportaje, es saber qué hay, con qué cuenta cada municipio. Es decir: censar. “La prioridad es saber cuánta vivienda hay disponible mediante rehabilitación o tirándola y construyendo nueva. Hemos trabajado en zonas de Castilla y León y Castilla-La Mancha y nos damos cuenta de que, efectivamente, hay falta de iniciativas. Hay ayudas de las diputaciones, de los gobiernos autonómicos, pero lo que falta es iniciativa, esa iniciativa particular de una familia o de un emprendedor que choca con la dificultad de poner en marcha esta reconversión de inmuebles”, resume Herce. Por eso el inventario de Honorse en Tierra de Pinares tiene como objetivo servir de orientación a las administraciones públicas para que definan bien qué proyectos se pueden desarrollar en sus municipios y hacia dónde dirigen los fondos públicos.

“Queremos que esto sea también una herramienta para poner en contacto a las diferentes instituciones, es decir, a lo local, lo regional y lo nacional, para acometer proyectos que realmente sean viables en el medio rural”, señala a infoLibre Maite Ferreiro, gerente de Honorse. En esta comarca segoviana miran también a zonas demográficamente similares donde la recuperación de los propios recursos patrimoniales ha dado paso a nuevas viviendas y espacios de trabajo que han dinamizado los municipios y las comarcas en general.

Este inventario lo quieren presentar asimismo para el programa ‘Rehabitare’ de la Junta de Castilla y León, que tiene como objetivo incrementar el parque público de alquiler social de la comunidad y fijar población en el medio rural, a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. El programa se puso en marcha en el año 2009 con ayuntamientos, en 2018 con obispados y en 2020 con diputaciones provinciales. Y ha rehabilitado hasta la fecha más de 550 viviendas con una inversión de unos 30 millones de euros. 

Hay municipios de la España vacía como Rueda (Valladolid) que tienen notablemente mejores condiciones que la mayoría pero, aun así, no escapan del declive demográfico. En esta localidad de unos 1.000 habitantes, 35 bodegas y buenas conexiones se estaban perdiendo unos 50 vecinos al año desde el 2004. En 2024, un Ayuntamiento de coalición muy orientado a buscar maneras de luchar contra esta sangría, logró revertir la tendencia y subir en 20 personas. La vivienda ha sido una de las obsesiones de este equipo municipal, como explica a infoLibre el que hasta ahora era el alcalde, Pablo Sánchez Gatón, ya que su partido localista ‘Por nuestro futuro’ tiene un pacto de legislatura con el PP en el que se turnan dos años uno y dos otro. 

Comenzaron organizando la oferta y canalizando la demanda en una página web, en la que incluso animaban a los interesados a alquilar o comprar en la zona a que se presentaran, conscientes de que en el medio rural, donde la confianza se basa en conocer al otro, es muy difícil conseguir que alguien ceda su propiedad sin saber quién la habitará. Después llegó la idea de rehabilitar un viejo cuartel de la Guardia Civil en desuso desde los años setenta y ya en estado bastante ruinoso. Con subvenciones del Reto Demográfico del Gobierno central, han ido reacondicionando este inmueble que por dentro se conservaba bien y que el Ayuntamiento había adquirido hace un par de décadas. La parte que fue el calabozo ahora será un coworking para que se instalen emprendedores y autónomos que puedan generar empleo en la zona y autoemplearse ellos mismos. Y el resto del edificio albergará hasta ocho viviendas que buscan ocupar con un proyecto de “vivienda lanzadera”, de manera que durante un periodo de tres años algunas personas puedan habitarlas con un alquiler accesible y se animen así a apostar por la población, donde varias familias de origen migrante ya están haciendo su nueva vida llenando el pueblo de niños, es decir, de futuro y posibilidad.

La venezolana Eriluz Peña llegó a Matellanes (Zamora), un anejo que no alcanza los 100 habitantes, para trabajar como interna cuidando de una pareja de personas mayores. A los siete meses llegaban su pareja y su hija y ahí comenzó “la complicada búsqueda” por ese y otros pueblos cercanos. “No quieren alquilar; unos porque dicen que tienen miedo a los okupas, otros van muriendo y los familiares se niegan, otros parece que prefieren simplemente que las casas se vayan arruinando y también están las personas que no alquilan porque las tienen sólo para pasar unos días en verano”, cuenta a infoLibre. 

Existe el mito contemporáneo de que tener una casa, algo cada vez más difícil en la ciudad, es sencillo si se deja todo y se va a un pueblo, pero lo cierto es que la España rural despoblada tiene menos vivienda habitual disponible que personas interesadas en instalarse allí. Un pueblo, cualquier lugar, necesita residentes continuos, vida cotidiana, para sobrevivir como tal, pero las zonas más vacías de España van quedando como escenario de verano o escapada rural. “Que haya casas que estén cerradas prácticamente todo el año en estos pueblos es un fracaso estrepitoso. Eso bloquea que la gente que tanto necesitan estas localidades, pueda ir”, explica a infoLibre Santi, un agente inmobiliario de otra zona de Zamora especialmente castigada por la despoblación, Sayago, también en la frontera con Portugal.

A los muchos meses, Eriluz logró que el alcalde convenciera a un antiguo vecino que reside en Valladolid para que les alquilara una vivienda y lleva establecida en Matellanes desde 2022. Ahora trabaja para que otros migrantes lo tengan más fácil que ella, como vicepresidenta de la asociación Latinos en Aliste. “Para nuestra comunidad, la vivienda es una gran traba, ya que nos gustaría hacer vida en esta zona, porque vemos oportunidades de trabajo y posibles maneras de emprender, pero no hay dónde vivir”, relata. Una de esas oportunidades, paradójicamente, está en la construcción: sobre todo desde la pandemia, ha aumentado el número de personas que quieren tener una segunda residencia en el pueblo y se están reformando cada vez más casas heredadas.

Una fórmula que se usa en Rabanales para compaginar ese apego a las viviendas familiares con abrirlas a nuevos vecinos es la de alquilar a cambio de que los inquilinos vayan haciendo mejoras en la casa. “Por ejemplo, qué he hecho yo con la casa de mi abuelo, se la he alquilado a una pareja que la va a ir reformando poco a poco y durante ‘equis’ años no les voy a cobrar alquiler, luego un alquiler mínimo, y en ‘equis’ años yo tengo rehabilitada una vivienda que, si no, en un tiempo estaría para tirarla”, cuenta a infoLibre Santiago Moral, de 35 años, el alcalde de este pueblo que roza los 500 habitantes. Sus inquilinos sólo pagan lo que gasten de suministros y él tendrá renovada en dos o tres años una vivienda que estaba cerrada desde que murió su abuelo, hace casi 20 años. Y las casas necesitan gente: en una casa vacía los achaques se van acumulando sin que nadie los vea a tiempo.

El obispado de Matellanes utilizó el mismo sistema con la antigua “casa del cura”: se la ha alquilado a un albañil que trabaja en la zona a cambio de que la vaya rehabilitando. Moral considera que es un modelo que se va extendiendo por la zona y que puede ser una solución para la falta de vivienda en la España despoblada. “Los ayuntamientos jugamos un papel fundamental en esto, podemos hacer de aval. Cuando viene una familia nueva al pueblo, la gente no se fía, hay mucho miedo a los okupas, que es como la palabra que más se repite. Pero si yo, como su persona de confianza, les llamo y les digo que una familia súper honrada quiere venir a vivir aquí, en un 80% te digo que lo van a hacer”, indica.

Ahora está intentando una operación similar con la casa de un vecino que se tuvo que ir a una residencia de mayores, porque ya no podía vivir solo, y lleva vacía seis o siete años. “Tiene cuatro hijos y viven en Barcelona. Cuando vienen, como esa casa está fría, se van a un hotel o a una casa rural. Entonces, yo les he dicho, alquilad la casa, que una persona os la va rehabilitando, aunque sea un alquiler mínimo, de 20 euros al mes. Y en dos años ya podéis llegar a un acuerdo con ellos para que en el mes de agosto, que es cuando viene la mayoría de la gente, os la dejen para vosotros”, relata. Y pone un ejemplo más familiar para todo el mundo: “¿Cuánta gente hay que tiene un piso en la costa para irse un mes al año y el resto del año lo alquila?”.

Que los dueños quieran alquilar es lo más difícil, pero tampoco la venta es sencilla. En los pueblos todavía se siguen heredando casas de cuando las familias tenían muchos hijos y el acuerdo entre tantos descendientes que emigraron, además a lugares variados y lejanos, es complejo. Así, hay pueblos donde no se ha vendido una sola casa en décadas, a pesar de haber acabado muchas en la ruina. Nadie las reforma, ya que tampoco pueden usarlas todos a la vez y los turnos no suelen funcionar: todo el mundo quiere ir al pueblo en las mismas fechas.

“Teníamos interesados en una casa, pero la propietaria sólo quería vender. Accedieron, pero como les ofreció un precio muy alto para la reforma que necesitaba la vivienda, se acabaron yendo a otro lugar, y así un municipio que no tiene ni 40 habitantes ha perdido la oportunidad de tener a una nueva familia, con hijos, con lo que eso significa”, relata Santi, que se ha dedicado en los últimos años al sector inmobiliario de la zona de Sayago y ha enfrentado todo tipo de resistencias a “soltar” casas que los dueños no quieren o no pueden usar la mayor parte del año, ni invertir en reformar, pero son parte de su memoria familiar y lo que les queda del arraigo a los lugares de los que emigraron sus familias.