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18F | Elecciones gallegas

Feijóo trata de apropiarse de las protestas en el campo cuando entregó consejerías de agricultura a Vox

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una explotación ganadera de Lalín (Pontevedra).

Alberto Núñez Feijóo siempre presume de origen aldeano, especialmente cuando trata de hacer ver lo mucho que sabe sobre el sector primario. La realidad, sin embargo, siempre acaba saliendo a la luz. En 2009, en su primera campaña, se hizo famosa una visita a una explotación ganadera de Rois (A Coruña) en la que, muy serio, preguntó al propietario: “¿Por qué llaman a las vacas siempre con nombre de mujer?” El dueño, Manuel Caamaño, sorprendido, le miró y contestó: “Porque son vacas. ¿Cómo las íbamos a llamar? ¿Julián?”.

La anécdota, de hace quince años, sobrevoló este lunes durante la visita electoral que Feijóo realizó a otra explotación ganadera, esta vez en el municipio pontevedrés de Lalín. Allí, con un tractor amarillo al fondo, quiso criticar que haya miembros del Gobierno que, según él, reprochen a las vacas sus “emisiones de metanol a la atmósfera”, cuando en realidad de lo que se acusa a las explotaciones ganaderas no es de producir metanol, que es un alcohol, sino metano, un gas con efecto invernadero. Es un intento “de culpabilización y estigmatización” del sector, acusó, muy serio.

No fue su único error. Aparentemente, el líder del PP tampoco sitúa muy bien a Ségolène Royal, la política francesa que hace unos días se metió de forma grosera con la calidad de los tomates españoles. La citó como “ministra francesa” y, por tanto, en el Gobierno de Emmanuel Macron, cuando en realidad es socialista y no tiene cargo ejecutivo alguno desde hace siete años. 

Dos errores de bulto que, sin embargo, no le impidieron acusar al Gobierno de desconocimiento. Y remontarse a unas declaraciones de hace más de tres años del exministro de Consumo, Alberto Garzón, contra el excesivo consumo de carne y la mala calidad de la producción intensiva de bovino para tratar de desacreditar a los ministros de Agricultura y Transición Energética de Pedro Sánchez y su política en relación con el sector primario. El Ejecutivo, dijo, es “un gobierno urbanita que no conoce el sector agrario español”. 

En cualquier caso, Feijóo afirma que agricultura, ganadería y pesca en España están en crisis y la culpa es del Ejecutivo y de Bruselas. Del primero porque “tiene poco tiempo para los agricultores”, dijo. En las últimas semanas, con ocasión del conflicto desatado por sus colegas franceses, los ha tratado con “desprecio” y “dejadez”, reprochó.

Gobierno “suave”

“Lo que ha ocurrido en las carreteras europeas, especialmente en Francia, con los productos españoles es lamentable”. Y “el Gobierno ha sido muy suave, ha tenido un enorme desdén” y no les ha defendido. Debe exigir una rectificación a “la ministra Ségolène Royal”.

¿Qué medidas propone Feijóo? En primer lugar, “indemnizar” a los agricultores españoles “por las pérdidas” que acaban de sufrir. Y, en segundo lugar, bajar el IVA a la carne, al pescado y a la conserva, una decisión que el PP lleva pidiendo desde hace más de un año para contribuir a reducir el precio de la cesta de la compra. Sin ningún éxito.

Más allá de eso, el líder del PP echa en falta inversiones en materia de regadíos y despliega toda la gama de argumentos que hasta ahora eran patrimonio de la ultraderecha de Vox. Un partido al que ha entregado la política agrícola en tres comunidades en las que el sector tiene enorme importancia: Castilla y León, Comunitat Valenciana y Extremadura. Y con el que han acordado también el nombre del consejero aragonés competente en la materia, un dirigente de Asaja muy del gusto de la extrema derecha.

En plena movilización del campo, Feijóo trata de disputar a los ultras el eco que su discurso tiene entre agricultores y ganaderos. Para ello no duda en asumir sus tesis en contra de las medidas que intenta frenar el cambio climático en nuestro país y en poner a la Unión Europea en la diana. 

“La política medioambiental de España no se puede diseñar mirando por una ventana en la Castellana de Madrid, sino viniendo al rural”, argumentó desde Lalín. Debe tener en cuenta los intereses de agricultores y ganaderos para ser “sostenible” y “sensata”.

No es la primera vez que Feijóo antepone los intereses económicos a la lucha contra le cambio climático. También es un firme partidario de aplazar la prohibición de la producción de vehículos alimentados por combustibles fósiles y del mantenimiento indefinido de las centrales nucleares.

Contra Bruselas

Esta vez, en línea con el discurso antieuropea de Vox, que agita el campo haciendo responsable a Bruselas de todos sus males, Feijóo también se pronunció contra la UE. Y aunque la Comisión tiene una presidenta de su partido, el PP Europeo (Ursula von der Leyen), arremetió contra “la política europea. Necesita menos burocracia, menos reglamentación, más sensibilidad y más diálogo directo con los protagonistas, que son los agricultores y ganaderos”.

El líder del PP asume que no hay control sobre las importaciones de fuera de la Unión, como afirman Vox y gran parte del sector primario. “La política europea necesita que a los agricultores y ganaderos europeos se les pida la misma reglamentación que la que se le pide a países terceros de los que se importan alimentos con una reglamentación mucho más laxa, incluso en algunos casos sin reglamentación”. “Las cláusulas espejo en los acuerdos internacionales de facilitar la entrada de productos agrarios en España de otros países tiene que conllevar unas exigencias similares en materia de reglamentación, la misma que se le pide a los productores españoles”, reclamó.

Es lo que piensa pedir en el próximo mes el Congreso del Partido Popular Europeo en Bucarest para que forme parte del programa con el que se presentarán a las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Mientras tanto, el PP mueve a sus gobiernos para que, obviando sus propias responsabilidades sobre la situación de agricultura y la ganadería, cierren filas con agricultores y ganaderos y animen sus movilizaciones contra el Gobierno de Sánchez. Para ello convocó a una reunión en Madrid a los consejeros de Agricultura del PP (Galicia, Andalucía, Madrid, Cantabria y La Rioja) al que posteriormente se sumó el de Balears.

En esa cita, siguiendo instrucciones del Feijóo, acordaron exigir lo que han llamado “un plan de choque” de quince medidas para atajar la crisis del sector. En ese paquete de propuestas figura crear un grupo de expertos que “revise las actuales políticas de sanidad animal, revisar el plan de seguros agrarios, reformar el PERTE agroalimentario o indemnizar a los afectados por los ataques en Francia”.

Menos condiciones ambientales

Pide también, “con carácter inmediato, la flexibilización de la Política Agraria Común, a efectos de consensuar criterios impuestos unilateralmente por el Gobierno de España, con medidas como la reducción de trámites, la revisión de los ecorregímenes —condiciones medioambientales— y el aplazamiento del cuaderno digital hasta el plazo establecido en el resto de países de la UE”.

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También exige un Pacto Nacional del Agua para asegurar la disponibilidad de agua para los cultivos y las industrias que lleve a cabo “inversiones en infraestructuras para hacer frente a sequías, altas temperaturas y el control de inundaciones, así como modernizar regadíos”. Y una reforma de la Ley de la cadena alimentaria a fin de “garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica”.

El PP cuestiona incluso la gestión de la sanidad animal, como hace Vox, y propone un grupo de expertos que “revise las actuales políticas” en la materia, analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades, dando a entender que en la actualidad no existen. El PP de Feijóo reclama además “suspender el impuesto al plástico”.

Para el presente mes de febrero, Asaja, COAG y UPA ya han convocado movilizaciones los días 8 (Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca), 9 (Zamora y Bilbao), 13 (Rioja y Zaragoza), 14 (Sevilla, Toledo, Guadalajara, Jaén, Palencia y Soria), 15 (Castellón), 21 (Murcia), 22 (Aragón), 23 (León). En Galicia se han aplazado hasta después de las elecciones del 18F.

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