Borja Prado es presidente de Mediaset España, la filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde abril de 2022, tan sólo el más reciente de los múltiples cargos ejecutivos que le han convertido en uno de los gestores españoles de mayor relumbre en los últimos tres lustros. Los dos años anteriores los empleó como socio de Key Capital Partners, la firma financiera que asesora a Florentino Pérez, de quien es amigo, y al Real Madrid. Un bienio que pasó en barbecho tras su salida de Endesa, propiedad de otra gran compañía italiana, Enel, y donde ejerció como presidente durante toda una década, aunque desde dos años antes ya se sentaba en su consejo de administración.

Esas han sido dos de las constantes de su carrera empresarial: siempre en la cima del poder y explotando un fuerte vínculo con Italia. Ya con 33 años era vicepresidente del banco suizo UBS en España y antes de cumplir los 40 fue nombrado consejero de Rothschild & Company. Su siguiente paso lo dio en el banco de inversión Lazard, donde pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año había saltado a la presidencia de Mediobanca para Iberia y Latinoamérica, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona. Dos años más tarde, Borja Prado se convertía en presidente de Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la dirección para España y América Latina del banco italiano, pese al más que posible conflicto de interés: Mediobanca asesoraba a competidores de la eléctrica en operaciones como el intento de compra de la alemana E.ON. Cuando abandonó Endesa, en 2019, tras deteriorarse sus relaciones con el consejero delegado de Enel, Francesco Starace, se llevó una indemnización de 12,8 millones de euros.

Antes de ese momento, Borja Prado incluso tuvo tiempo y oportunidad para mediar entre ACS, la constructora de Florentino Pérez, y la familia Benetton, que mantuvieron una cruenta guerra por Atlantia, la concesionaria italiana de autopistas. Fue el árbitro que sentó a españoles e italianos para sellar la compra conjunta de Abertis.

Durante los 10 años que permaneció al frente de Endesa –y sólo un año después de abandonar Mediobanca– fundó además su propia gestora de fondos de capital riesgo, Peninsula Capital. Para ello recurrió a Javier de la Rica, que hasta entonces le había acompañado en Mediobanca como vicepresidente y antes trabajó como responsable de JP Morgan Chase en España. Su tercer socio era un financiero italiano, Stefano Marsaglia, quien hasta ese momento se había empleado también en Mediobanca, pero como presidente ejecutivo de banca corporativa en Italia. Peninsula Capital es la gestora de fondos que, como ha publicado EIC, la red de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre, pagó tres millones de euros al presidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría en la operación que le sirvió para ganar 181,5 millones de euros, la compraventa del operador privado del AVE italiano, NTV. El primer gran éxito del fondo.

Con sedes en Luxemburgo, Londres, Milán y Madrid, Peninsula cuenta con una cartera que se calcula entre 1.600 y 3.000 millones de euros e incluye una docena de inversiones. Tiene participaciones en la marca francesa de ropa y complementos de lujo Zadig & Voltaire, el operador privado de alta velocidad italiano NTV, la cadena de clínicas de estética y fertilidad WM (Dorsia) y dos empresas vascas, la aeronáutica Aernnova y HLC, el mayor fabricante europeo de monopatines y tablas de surf, como también clínicas y cadenas de moda en Italia. En 2018 el fondo desinvirtió de la marca italiana de cosméticos Kiko.

En su página web, el equipo de Peninsula ofrece inversiones de entre 30 y 100 millones de euros por operación, pero prometen “cantidades mucho mayores”, de hasta 1.000 millones, mediante acuerdos de coinversión.

En Peninsula Capital, Prado ha puesto en práctica la experiencia de sus muchos años en la banca de inversión gestionando todo tipo de grandes operaciones financieras. Al tiempo, la gestora es también un estupendo reflejo de cómo funcionan las élites económicas. La red de vínculos profesionales y familiares es tan tupida como célebres los apellidos que la componen.

Así, uno de los socios de la gestora es Carlos Cortina Lapique, hijo del expresidente de Repsol Alfonso Cortina y de Myriam Lapique –hermana de la celebrity Cari Lapique–. Antes de llegar a Peninsula, Cortina, con sólo 28 años, había sido asesor de Borja Prado en Endesa y analista en el departamento de inversiones de Mediobanca.

También trabaja en Peninsula, formando parte del equipo de inversiones, uno de los tres hijos de Prado, Javier, mientras que ejerce como director de Operaciones Borja Klingenberg, quien fue jefe de gabinete del presidente de Endesa durante seis años y director general de su fundación. Como Carlos Cortina, también procedía de Mediobanca, donde ejerció de vicepresidente para España y Portugal.

Pero quizá el apellido más notorio de Peninsula es el de Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Según figura en la página web de la gestora de fondos, trabaja como director general desde 2017 y su área de acción es Francia y el Benelux. Su currículo es más bien breve: trabajó en el bufete de abogados Realyze y tuvo un cargo político, vicepresidente del consejo departamental de Hauts-de-Seine, con sólo 21 años. Realyze era, hasta 2019, el bufete Claude & Sarkozy, propiedad de Nicolas Sarkozy y de su socio, Arnaud Claude. Cambió de nombre después de que Claude fuera condenado por complicidad en un fraude fiscal: había yudado al teniente de alcalde de Levallois-Perret , Patrick Balkany, a crear una empresa fantasma para ocultar a la Hacienda francesa la existencia de varios inmuebles. Ahora, el despacho lo lleva el hijo de Claude. Entre sus clientes, algunas de las mayores empresas de Francia.

La familia política de Jean Sarkozy también es muy conocida en Francia. Su esposa es Jessica Sebaoun, nieta de Bernard Darty, uno de los fundadores de la famosa cadena de tiendas de electrodomésticos. Bernard Darty se exilió fiscalmente en Bélgica tras la venta del grupo Darty a una empresa británica en 1993. Jean Sarkozy es uno de los directivos de una sociedad llamada Golda Darty Partners, que en 2017 era propiedad de Bernard Darty y su esposa y que aportó cinco millones de euros a la compra de acciones de NTV. Al vender NTV al fondo GIP un año después, Golda Darty Partners consiguió una plusvalía de 13,8 millones de euros.

El principal socio de Borja Prado, Javier de la Rica, no sólo le acompañó en Medioabanca. Una de sus hijas, Marta de la Rica Entrecanales, se casó en 2011 con Guillermo Castellanos O’Shea, hijo de Patricia O’Shea –cuñada de Emilio Botín– y de Jaime Castellanos, expresidente de Lazard España y dueño del grupo Recoletos hasta su venta a la editora italiana RCS. Como puede verse por el apellido de su hija, De la Rica estuvo casado con Blanca Entrecanales Domecq, hermana de José Manuel, actual presidente de Acciona y también presidente de Endesa entre 2007 y 2009, por tanto antecesor inmediato de Borja Prado en el cargo –recuérdese que Acciona ayudó a Enel a hacerse con Endesa en 2009–. Se divorciaron en 2011. Han tenido tres hijos: Borja, Marta y Bruno. Ninguno de ellos trabaja en la empresa, pero en 2022 se convirtieron en socios de Peninsula Holding, una de las sociedades luxemburguesas del conglomerado creado por Borja Prado y su padre, Javier de la Rica. A 21 de noviembre de 2022, cada uno poseía un 8,4% del capital, según consta en el Registro Comercial de Luxemburgo. Otro 0,2% es propiedad del ex jefe de gabinete de Prado en Endesa y actual director de Operaciones de Peninsula, Borja Klinenberg.

De forma que el holding se ha convertido casi en una empresa familiar, de la que son dueños Borja Prado en un 49,8% y la familia De la Rica en otro tanto por ciento igual, repartidos entre una sociedad luxemburguesa propiedad del padre (MBB Luxembourg), con un 24,7%, y el 25,2% restante de los tres hijos.

De esta sociedad y de la propia gestora se fue en 2021 el italiano Stefano Marsaglia, según publicó El Confidencial “por diferencias en la gestión y la desconfianza por gastos no justificados de la firma”. Un año después, Marsaglia ha creado otra gestora, llamada Azzurra Capital, junto con Jorge Delclaux, que hizo carrera en Rothschild y fue consejero delegado de Ibersuizas, otra firma de capital riesgo. En su consejo asesor figuran el ex consejero delegado de Banesto Alfredo Sáenz y Flavio Cattaneo, vicepresidente ejecutivo de NTV, cuya venta al fondo estadounidense GIP en 2018 fue tan rentable para Peninsula Capital. En el momento de la venta, Cattaneo era el consejero delegado de la empresa. Azzurra Capital tiene su sede en Dubai.

A esta miscelánea de crónica de la alta sociedad y páginas salmón se le añade un apunte histórico. Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y administrador de la fortuna del rey emérito. Descendiente de Cristóbal Colón por línea materna, Manuel Prado fue condenado dos veces en la Audiencia Nacional por apropiación indebida, e incluso pasó dos meses en prisión, en 2004, pero fue puesto en libertad debido a su edad, 72 años. Los tribunales establecieron que había recibido del grupo Torras en una cuenta en Suiza un pago de 11,4 millones de euros. Como se recordará, el grupo lo dirigía Javier de la Rosa, paradigma de los financieros-delincuentes surgidos en los años 90, y su principal accionista era KIO, que forma parte del fondo soberano de Kuwait. La condena de 2008 fue por el caso Grand Tibidabo, otra operación de Javier de la Rosa que hizo desaparecer los ahorros de 10.000 accionistas.

No es la de su padre la única conexión de Borja Prado con los Borbones. Él mismo es uno de los socios de la guardería Micos, situada en uno de los barrios más ricos de Madrid, El Viso, y donde la infanta Elena dio clases de inglés. También pusieron dinero en la guardería su madre, Paula Eulate y Aznar, y su esposa, Pilar Benítez Toledano. Y Javier de la Rica, sus tres hijos –Borja, Marta y Bruno, a través de una sociedad llamada Consuralia– y su hermana Nieves, según la información que figura en el Registro Mercantil.

La última –y muy importante– línea de la red de relaciones de Borja Prado se extiende a la política. Durante su mandato, Endesa ha sido una lucrativa puerta giratoria para políticos de todo signo. En 2011 contrató a José María Aznar como asesor externo para Latinoamérica, a cambio de casi 200.000 euros anuales. El mismo año, el exvicepresidente y exministro de Economía socialista Pedro Solbes fue elegido para formar parte del consejo de administración de la matriz italiana, Enel, donde se mantuvo durante tres años. En 2012, fichó a Elena Salgado, también exministra de Economía socialista, como consejera de Chilectra, la distribuidora de Endesa en Chile. Y ya antes, en 2009, había incorporado al exdiputado de CiU Miquel Roca i Junyent, que permaneció 12 años en el consejo de administración de Endesa, y a quien luego fue ministro de Economía de los gobiernos de Mariano Rajoy, Luis de Guindos.

Hábil, pues, en el arte de la influencia política, tanto como en las mesas de negociación de las grandes operaciones financieras, el más italiano de los altos ejecutivos españoles proclamó su “lealtad” a Enel, según publicó Abc, en plena batalla por el control accionarial de Endesa. Fue en 2008, y Borja Prado era sólo consejero independiente de la eléctrica española. En abril de 2019, esa lealtad le costó un disgusto. Prado se despidió entonces de la junta de accionistas de Endesa entre pitos y abucheos. Mientras él hacía gala de sus logros al frente de la compañía, los trabajadores de la eléctrica en huelga le acusaban de “expoliar” Endesa en beneficio de la matriz italiana. “Su único objetivo”, denunciaban, “es generar dividendo para Enel a costa de los salarios” de la plantilla en España. En el Senado, el ministro de Energía del Gobierno del PP, Álvaro Nadal, también había reprochado a Enel que hiciera “política a favor de los ciudadanos italianos a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles” por el cierre de las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). En 2014, Endesa había vendido a Enel todo su lucrativo negocio en Latinoamérica.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz la imputación de dos hijos del financiero Javier de la Rosa por el presunto cobro de no menos de 2,6 millones en comisiones que habría pagado Oleguer Pujol a través de paraísos fiscales por su mediación en la compra de oficinas del banco de Santander a cambio de 2.013 millones de euros del año 2007.

En su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, la Fiscalía consagra la tesis policial según la cual el dinero que Oleguer Pujol invirtió para la compra de esas oficinas bancarias procedía de la cuenta andorrana en la que participaban sus hermanos.

Abierta en el Andbanc, esa cuenta se nutrió entre 1992 y 2000 de transferencias e ingresos en efectivo por importe de 116 millones de las antiguas pesetas. "Esas cantidades -dice el informe de Anticorrupción- son invertidas en distintos productos financieros y parte es utilizada para financiar sus aportaciones [las de Oleguer Pujol] al fondo Drago Real Estate Partners y a inversiones en Panamá".

Condenado en el caso Kio, el financiero Javier de la Rosa había sido definido en 1992 por Jordi Pujol padre como "empresario modelo". Hace un año, De la Rosa optó por guardar silencio en la comisión Pujol creada por el Parlamento catalán.

Ahora, la investigación sobre el benjamín de los Pujol ha cercado a sus hijos Gabriela de la Rosa Misol y Javier de la Rosa Misol. Ambos aparecen sucesivamente como beneficiarios reales de una sociedad constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, Barcem Ltd.

Esa sociedad, que ya estaba siendo investigada por la UDEF, salió a la luz en los papeles de Panamá. Y ello porque, como relata Anticorrupción, "las acciones estaban custodiadas por el trust panameño denominado Mossfon Trust". Es decir, por el bufete Mossack Fonseca, donde se produjo la filtración masiva que acabó destapando miles de operaciones opacas en todo el mundo.

En 2008, prosigue relatando la Fiscalía, Barcem Ltd abrió una cuenta en otro paraíso fiscal, la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha, donde recibió mediante dos transferencias 2,6 millones de euros procedentes de otra de las compañías investigadas en el caso, la holandesa Marway BV. Finalmente, en 2014 transfirió "a una entidad suiza" 2,1 millones de euros.

¿Y quiénes están tras Marway BV, que previamente había recibido 6,2 millones de euros de una sociedad británica involucrada en la compra de oficinas del banco de Santander por parte de Drago Capital, la gestora de fondos comandada en España por Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias?

Pues de nuevo otros dos empresarios catalanes, padre e hijo, cuya imputación solicita también la Fiscalía. La Policía "ha constatado", dice el escrito de Anticorrupción, que tras Marway "estaban personas relacionadas con la sociedad española I.V.". El accionista mayoritario de esa inmobiliaria es J.M.V.B.. Su hijo José María consta como apoderado de la sociedad.

Los testaferros holandeses, también

Anticorrupción pide igualmente otras dos nuevas imputaciones, la de los testaferros profesionales holandeses Jaap Broers y Hohn Willekes, cabezas visibles de una compañía de planificación fiscal -ITPS Group- que controlaba las sociedades Ard Choille BV y la ya citada Marway BV.  En diciembre, y como publicó infoLibre, la Policía ya registró la sede de ITPS Group en La Haya en busca de pruebas sobre el desvío de fondos atribuido a Oleguer Pujol.

De las dos sociedades controladas por ITPS y que menciona en su escrito la Fiscalía, Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias serían los propietarios reales de una de ellas, Ard Choille BV. Y de la segunda, Marway BV, lo serían los dueños de Inmobiliaria V. SA. 

Aunque lo que Policía y Fiscalía tienen ya confirmado es que el pago a la empresa que los hijos de Javier de la Rosa poseían en las Islas Vírgenes -Barcem Ltd.- se articuló a través de Marway, no descartan que pudiera haber recibido más dinero directamente desde Ard Choille BV.

InfoLibre no ha logrado recabar la versión de los propietarios de dicha inmobiliaria, con cuya secretaria contactó telefónicamente. Tampoco ha sido posible localizar a los dos hijos de Javier de la Rosa cuya imputación reclama la Fiscalía.

Reyal Urbis encabeza la lista por la cuantía de su deuda con la Hacienda Pública, con 378,2 millones de euros. Le siguen Nozar, a la que el fisco reclama 203,16 millones, y GrupoPrasa, con una mora de 101,8 millones. No obstante, si se suman las cantidades que no han pagado al fisco la inmobiliaria malagueña Aifos, en concurso de acreedores desde 2009, su dueño, Jesús Ruiz Casado, su esposa, Teresa Maldonado Taillefer, y la firma Sun Farm, también de su propiedad, la cifra alcanza los 146,76 millones de euros. Ruiz Casado fue condenado en el caso Malaya a un año y 10 meses de de prisión. Aifos pagaba al Ayuntamiento de Marbella, a través del asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, para conseguir la aprobación de convenios urbanísticos. Actualmente está en liquidación, con un pasivo de 1.000 millones de euros.

Más aún debe a la Agencia Tributaria Rafael Gómez Sánchez, constructor cordobés conocido como Sandokán. Entre las distintas sociedades que posee –Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001, Rafael Gómez Sánchez SA…– suma 189,36 millones que le reclama Hacienda.

Otro emblema de la burbuja inmobiliaria, Francisco Hernando, El Pocero,El Pocero adeuda 86,1 millones al fisco a través de su empresa Obras Nuevas de Edificación 2000. Fue el constructor que dejó el municipio toledano de Seseña convertido en el mayor símbolo de la crisis del ladrillo.

Le acompaña Martinsa-Fadesa, liquidada en marzo y excluida de la Bolsa el pasado octubre, que protagonizó en 2008 el mayor concurso de acreedores de la historia de España hasta el momento. Debe a Hacienda 65,4 millones de euros. También pertenecen al sector la inmobiliaria de Barcelona Petro-Nova Oil SA, que adeuda 82,8 millones y también se encuentra en concurso de acreedores; y la promotora de Cádiz Promaga, con un impago fiscal de 71,6 millones. O Riofisa, que debe casi 32 millones de euros. Pertenece a Colonial y presentó preconcurso de acreedores el pasado mes de enero con un pasivo de 400 millones de euros. Fue uno de los más sonoros pinchazos de la burbuja: adquirida por 2.000 millones de euros en 2007, tres años después valía sólo 252 millones. El tsunami del ladrillo también alcanzó a inversores ocasionales que quisieron aprovechar el boom. Para comprar terrenos en Oviedo constituyó el hotelero Antonio Catalán (AC Hoteles) y la familia Cosmen, los dueños de Alsa, la sociedad Anca Corporate, que ahora debe 59,1 millones de euros a la Agencia Tributaria.

Concesionarias de autopistas, clubs de fútbol y baloncesto

La lista incluye además numerosos ángeles caídos de la crisis. Por ejemplo, los concesionarios de las autopistas radiales de Madrid. Accesos de Madrid Concesionaria Española SA, que gestiona la R3 y R5, debe 38,5 millones. Autopista Concesionaria Madrid Sur, 1,72 millones. O los propietarios del fallido Aeropuerto de Ciudad Real. La empresa del mismo nombre adeuda siete millones al fisco, CR Aeropuertos SL otros 3,8 millones y los hermanos Antonio e Ignacio Barco Fernández, sus accionistas, 9,8 millones más.

Los clubs deportivos merecen un capítulo especial. Entre los de fútbol figuran el de Cartagena (tres millones), Alicante (1,9 millones), el Recreativo de Huelva (11,12 millones), Real Murcia (10,66 milones), el Rácing de Santander (8,99 millones), el Compostela (tres millones), el CD Ourense (1,05 millones), la Unión Deportiva Salamanca (13 millones), la Uniò Deportiva Lleida y el Xerez Club Deportivo (10,27 millones). Entre los de baloncesto destacan el Joventut de Badalona (3,64 millones), el Estudiantes (1,8 millones), Lucentum Baloncesto Alicante (2,7 millones), Menorca Básquet (1,67 millones), el Club Básquet Girona (10,12 millones) y el Club de Baloncesto Valladolid (3,2 millones de euros).

El expresidente de la CEOE, Ruiz Mateos, Mario Conde

Empresas que han terminado en los juzgados por estafa como Afinsa (5,1 millones) y Fórum Filatélico (1,9 millones), o Isofotón (3,5 millones) son otra constante en la lista de morosos. Esta empresa malagueña del sector fotovoltaico entró en concurso, despidió a sus 700 trabajadores y es investigada por desviar 38 millones de euros en subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía. Repite a lo largo de la lista también el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. A Air Comet Hacienda le reclama 13,9 millones de euros; a Spanair, 7,2 millones y a Viajes Marsans 23,8 millones. Un total de 45 millones de euros repartidos entre tres de sus empresas. Díaz Ferrán se encuentra recluido en la cárcel madrileña de Soto del Real desde 2013. El expresidente de la patronal ha sido condenado a cinco años y medio por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales. También a otros dos años y dos meses de prisión por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas. Y aún le queda un juicio pendiente, por apropiarse de 4,4 millones de euros de los clientes de Viajes Marsans.

Otro líder empresarial, Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM, suma una deuda con Hacienda distribuida entre sus diferentes empresas de 20,57 millones de euros.

Aparecen entre los morosos igualmente un empresario habitual de los juzgados, José María Ruiz Mateos, y un financiero ya condenado como Mario Conde. El Grupo Dhul, una de las adquisiciones de su renacida Nueva Rumasa, adeuda 2,23 millones de euros a Hacienda, Inversiones Ruiz Mateos SA debe 1,3 millones y José María Ruiz Mateos SA 1,95 millones más. Por su parte, el expresidente de Banesto debe pagar al fisco casi 10 millones de euros. También remite a la década de los 90 Grand Tibidabo, la empresa de Javier de la Rosa y antigua propietaria de Port Aventura, que tiene una deuda de 9,5 millones de euros con la Agencia Tributaria. Lo mismo que el juez Luis Pascual Estevill, condenado en 1996 por prevaricación continuada y que entró en prisión en 2006 para cumplir una pena de nueve años por extorsionar a empresarios. Hacienda le reclama 5,42 millones de euros.

Mucho más reciente es el caso de Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino. Será juzgado en octubre de 2016 por un delito contra la Hacienda Pública. Sus sociedades Asedes Capital y Asedes Infraestructuras deben 11,8 y 9,67 millones respectivamente. La constructora Lodares 98 tiene una deuda fiscal de 10,76 millones de euros. Su dueño, Venerando Lamelas, fue imputado en 2010 por descapitalizar la Agrupación Mútua en beneficio de su empresa.

Grandes familias, empresarios, modistos

No faltan tampoco las grandes familias. Los Sanahuja, que llegaron a poseer el 80% de la inmobiliaria Metrovacesa, acumulan una deuda de 39,56 millones de euros a través de sus sociedades Sanahuja Escofet Inmobiliaria y Sacresa Terrenos. Los Serratosa Caturla, en concreto cinco hermanos herederos de parte de la fortuna de Valenciana de Cementos, deben 19,1 millones de euros. Finalmente, Hacienda ha pillado a los hermanos Carlota, Carlos y Javier Areces Galán por una deuda conjunta de 3,1 millones. Son los accionistas de El Corte Inglés que se han enfrentado a su presidente, Dimas González, por la entrada en el consejo de administración del inversor catarí Hamad Bin Yasim Al Thani.

Comercializadora Mediterránea de Viviendas es la gestora del famoso complejo Marina D'Or de Oropesa (Castellón). El fisco le requiere el pago de 46,37 millones de euros. También ha sido carne de titulares de prensa Pescanova, la empresa gallega líder mundial en congelados que, tras superar una larga y complicada crisis, debe abonar a Hacienda 4,32 millones de euros. No tantos impuestos le exige el fisco al conservero gallego Bernardo Alfageme, 1,5 millones de euros. A Freiremar, otro grande del sector en horas muy bajas, le reclama 5,7 millones.

Empresas en crisis como Hullera Vasco Leonesa y Fotoprix deben dos y 6,5 millones de euros respectivamente. Las tiendas de decoración Pórtico, en fase de liquidación, 4,3 millones. La firma de seguridad Esabe, 8,1 millones más. En el sector textil cabe destacar dos nombres: el fabricante de ropa vaquera Lois, el valenciano Sáez Merino, que adeuda 3,5 millones de euros; y los diseñadores sevillanos Victorio & Lucchino, morosos por un total de 2,65 millones.

Deportistas, abogados y periodistas

A título individual han saltado los nombres de deportistas como el motociclista Dani Pedrosa, con una deuda considerable de 7,85 millones de euros, o el exfutbolista argentino del Barça y del Zaragoza Gabriel Milito, al que el fisco reclama 1,83 millones.

Otro habitual de las portadas, el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, debe 3,6 millones de euros. A Javier Merino, marido de la modelo Mar Flores, Hacienda le reclama tres millones de euros por su sociedad Multipetróleos, otros 2,5 millones por Star Petrolium y 1,15 millones más por Multipromotur. También está en la lista de morosos el ventrílocuo y empresario del espectáculo José Luis Moreno, que debe un total de 3,4 millones de euros a través de Kulteperalia y Alba Adriática.

Jacques Jacobo Hachuel Moreno es millonario, dice que conoció al Che Guevara, se trató con Fidel Castro, fue socio de Marc Rich, conoció a Andy Warhol… Y no ha pagado a la Hacienda pública española impuestos por importe de 2,7 millones de euros, según consta en la lista de morosos.

También figura el ahora columnista de El País Antonio Navalón Sánchez, que debe al fisco dos millones de euros. Delegado del grupo Prisa en México, fue durante los años 90 asesor de Felipe González, además de trabajar para Mario Conde y José María Ruiz Mateos. En el otro extremo del arco ideológico, el escritor César Vidal, comparte con Navalón, sin embargo, sus impagos a Hacienda. Al historiador, columnista del periódico La Razón, el fisco le pide 2,5 millones de euros.

Periódicos, productoras de TV y de cine

El capítulo de medios de comunicación morosos tampoco es pequeño. Incluye a Prensa Catalana SA Empresa Periodística, la editora del periódico AvuiAvui, que debe 14,68 millones. La editora de La GacetaLa Gaceta debería pagar 1,3 millones de euros y el grupo Intereconomía, 10,2 millones más. El grupo catalán MC Ediciones, que publica revistas como FHM, Casa y Jardín, Integral o Más Allá, ha entrado en la lista de morosos por 1,19 millones de euros. Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones, propiedad de Jaume Roures y que fue la editora del periódico Público, adeuda 1,62 millones. Promociones Periodísticas Leonesas, que publica La Crónica de León La Crónica de Leóny pertenecía al difunto José Martínez Núñez, debe 1,05 millones de euros.

También destaca el caso de Prensa Universal SL, editora de Diario de Alcalá y que fue denunciada por UPyD por un supuesto alzamiento de bienes para no pagar sus deudas con Hacienda. Debe 1,1 millones de euros. La Editorial Católica, que en su día pubicaba el histórico diario Ya y quebró en 1994, debe 4,6 millones de euros al fisco.

Productoras de televisión como Secuoya y Vértice 360º tienen una deuda fiscal de 2,3 millones y 10,18 millones de euros, respectivamente. El cine tampoco escapa de la mano de Cristóbal Montoro. Iberoamericana Films Producción, propiedad de Andrés Vicente Gómez, ha escatimado 1,4 millones de euros a Hacienda. Ivex Films, del actual presidente de Filmax, Julio Fernández, debe 1,6 millones. A una productora histórica, Laurenfilms, el fisco le exige el pago de 8,16 millones de euros. Los cines Ábaco, investigados por el fraude en las taquillas, adeudan 1,13 millones.

Mancomunidades, hospitales y organizaciones benéficas

Las instituciones también tienen problemas con la Agencia Tributaria. Por ejemplo, las mancomunidades de municipios del Campo de Gibraltar, que debe 1,11 millones de euros, y del Bajo Guadalquivir, que adeuda 1,09 millones más. También la Universidad de Granada figura en la lista por no haber pagado una cantidad considerable: 5,87 millones. Al igual que Fundescan, una fundación creada por el sindicato UGT en Canarias que imparte cursos de formación. Adeuda al fisco 1,05 millones.

Al menos dos hospitales privados han eludido sus obligaciones fiscales superando el millón de euros de deuda, el límite que da acceso a la lista de Montoro. Se trata de la Fundación Privada Hospital San Jaume de Mataró (Barcelona), con una deuda de 1,85 millones, y el Hospital General de Cataluña, propiedad del grupo IDC Salud. Debe 4,5 millones de euros a la Agencia Tributaria.

Finalmente, la lista incluye a dos organizaciones benéficas. La Asociación Recreativa Benéfica Apadrinar Niños del Tercer Mundo, a la que el fisco reclama 1,04 millones de euros, y la Organización Impulsora de Discapacitados, con 86,1 millones, una de las deudas más abultadas. Se trata de una organización bajo sospecha que sortea una lotería ilegal aprovechando los números premiados de la ONCE.

En la entrevista, que daba a conocer este jueves Público, el empresario aseguraba haber financiado a Convergència durante años.

El principal protagonista de estos hechos es José Manuel Villarejo, el comisario que por orden de sus superiores investigó si el presidente de la Comunidad de Madrid era el verdadero dueño de un ático de lujo en Estepona (Málaga) que Ignacio González decía disfrutar en alquiler. Villarejo fue señalado como "chantajista" por el político madrileño la semana pasada y El País desveló este martes que "participa en 12 sociedades con 16 millones de capital". El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha limitado a pedir un informe sobre el patrimonio del comisario y sobre la compatibilidad de sus negocios privados con su trabajo policial. Villarejo defiende que siempre ha contado con el permiso de sus superiores para compatibilizar ambas actividades. Jorge Fernández no ha defendido a los comisarios de las graves acusaciones lanzadas por González.

En todo caso, el comisario no se ha arrugado. A través de una web que controla su mujer, Información Sensible, ha lanzado todas una serie de mensajes con advertencias que alcanzan al CNI, a la Casa del Rey y a Moncloa. Y la guerra interna desatada hace unos meses en la Policía se ha agravado seriamente tras el episodio del ático.

Un editorial "lleno de avisos"

En un editorial titulado "Las claves de la campaña contra el comisario Villarejo", la web Información Sensible se pregunta "a quién ha interesado ahora que todo el mundo conozca" al mando policial. La respuesta que ofrece es la siguiente: "Coincidencias de esta campaña contra Villarejo. Meses atrás el Comisario denunció un par de asuntos muy espinosos. Por un lado, el dinero de los fondos reservados que un servicio de inteligencia ha perdido durante el camino para pagar el rescate de unos periodistas y, por otro, que una tal Corina quiera denunciar en el Reino de España las amenazas que un sujeto –al que llama 'el Troll'– le ha infringido a ella y a sus hijos, salvo que vuelva a los brazos del Señor".

Esta última referencia es una alusión inequívoca a Corinna zu Sayn-Witggenstein, durante años amiga íntima del rey Juan Carlos y la persona que lo acompañaba en 2012 cuando sufrió una caída mientras cazaba elefantes en Botsuana. La Casa del Rey llegó a pagar con fondos públicos la casa que Corinna ocupó en El Pardo. Oficialmente, la relación entre Juan Carlos y la princesa se terminó, y ella llegó a declarar a El Mundo: "Siempre seré amiga del rey y siempre nos tendremos cariño". Sin embargo, fuentes conocedoras de estos hechos explicaron a infoLibre que "tras la ruptura oficial, Corinna ha visitado en ocasiones Madrid y se ha alojado en una residencia por la zona de Arturo Soria. Y el apodo de 'Troll' se utiliza en ciertos ámbitos policiales para referirse al rey Juan Carlos".

En definitiva, desde la web controlada por la mujer de Villarejo se insinúa que uno de los motivos por los que este mando policial está en el foco público es por denunciar las supuestas presiones del rey Juan Carlos a la princesa Corinna para que "vuelva a los brazos del Señor".

Fuentes policiales consultadas por este periódico reconocen que todo el editorial de Información Sensible está "lleno de avisos". La segunda de esas advertencias –redactada de forma más directa– tiene como destinatario a Javier Ayuso, actual adjunto a la dirección de El País, periodista que firma la información sobre las empresas de Villarejo y que fue director de Comunicación de la Casa del Rey entre 2011 y 2014. En la web se lee textualmente lo siguiente: "De nuevo el tal Ayuso se pone en contacto con el Comisario: "sale en portada, lo siento". Villarejo le pregunta: Ayuso, ¿lo haces como periodista o como emisario del CNI? El viejo periodista o agente encubierto de 'la Casa' no supo contestar (silencio) para después decir tiene un gran interés periodístico conocer su vida privada".

José Manuel Villarejo mantiene desde hace años un enfrentamiento con determinados mandos y agentes del CNI. Y ahora señala a quien fue director de Comunicación de la Casa del Rey como un "emisario" de los servicios de inteligencia. "No sé si está en nómina, pero es sabido que Ayuso siempre ha sido una persona muy próxima al CNI", indican las fuentes consultadas por este periódico.

Casa del Rey, CNI... y Moncloa. El tercer mensaje del comisario tiene como destinataria a María González Pico, directora del Gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, quien además controla los servicios de inteligencia. Esto es lo que se lee en Información Sensible: "Las cloacas…que vienen las cloacas… a buen seguro que las ratas deben de empezar a esconderse. Hay Comisarios que no desfallecen afortunadamente para la ciudadanía que espera de este país algo más que 'campañitas' de prensa, dirigidas por aves con PICÓ (con acento) de escaso recorrido… y se verá". La mano derecha de la vicepresidenta es la persona que está en el origen de la denuncia contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicoláspequeño Nicolás, por presunta estafa. Un caso que ha salpicado al comisario.

Pero, ¿quién es el comisario Villarejo?

"Villarejo es el principal policía liberado que ha tenido la Policía de este país durante las dos últimas décadas. Todos los Gobiernos le han encargado operaciones porque es el más eficaz. Cuestión diferente son los métodos que utiliza. Es cierto que lo graba todo", admite una persona que ha seguido de cerca su trayectoria, y que no confiesa especial simpatía por él. Nadie duda de que fue Villarejo quien grabó la conversación que mantuvo a finales de 2011 con Ignacio González, publicada hace una semana por El Mundo, y en la que el presidente madrileño pide que no se haga pública su vinculación con el ático de lujo. El tercer participante en aquella reunión fue el comisario Enrique García Castaño, conocido por sus compañeros como Blasillo, hace años enemigo íntimo de Villarejo y ahora uno de sus grandes aliados dentro de la Policía. 

Aunque desde el entorno de Ignacio González se ha denunciado una motivación política tras la investigación policial, las fuentes consultadas por infoLibre descartan de forma rotunda esa hipótesis: "Villarejo siempre ha trabajado para el Gobierno de turno, fuese del color que fuese. Con Aznar tuvo una excelente relación. En aquella época le dieron una medalla. Y ahora se lleva de maravilla con Ignacio López del Hierro [el marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP], que lo puso en contacto con algún banco extranjero que terminó contratando los servicios de Villarejo. Y para todos los Gobiernos intervino en asuntos relacionados con la Casa del Rey. Sabe mucho del rey actual, y mucho más del rey anterior".

El comisario asegura que ha puesto "al servicio del Estado" su estructura empresarial para realizar investigaciones dentro y fuera de España. Es cierto que Villarejo ha mantenido esa doble actividad: por una parte, cuenta probablemente con "la cartera más importante de clientes" entre las agencias de investigación privada de España, explica un conocedor de este sector. Entre esos clientes, añaden fuentes policiales, "están por ejemplo los principales bancos de este país. Villarejo trabaja o ha trabajado para todos ellos". Por otro lado, esas empresas del comisario se utilizan en ocasiones para dar cobertura a operaciones policiales.

José Manuel Villarejo lleva más de 25 años en el ojo del huracán. A principios de los noventa, tuvo problemas judiciales por una investigación sobre la Iglesia de la Cienciología, en la que llegó a infiltrar a su cuñado. En 1994 su nombre apareció ligado al denominado informe Veritas, que pretendía desacreditar al juez Baltasar Garzón, que investigaba el terrorismo de Estado ejecutado por los GAL. Aunque él lo nego oficialmente, nadie en la Policía duda de que Villarejo tuvo un papel clave en la operación montada para espiar al magistrado. Fue en aquella época, precisamente, cuando mantuvo un fuerte enfrentamiento con Enrique García Castaño, que era muy amigo de Garzón. "Un día casi se lían a tiros en la calle", recuerda una persona que vivió aquel enfrentamiento. También fue polémica su declaración en favor del traficante de armas Monzer Al Kassar, aunque hay policías que aseguran que "su actuación en ese caso respondió a una petición de la CIA. Todo lo relacionado con Al Kassar es confuso. Sus Gobiernos amigos de hoy lo querían detener mañana. Hubo un momento en que estuvo detenido en España y lo trasladaban de noche de una prisión a otra, para ver si lo rompían psicológicamente".

El comisario también tuvo un papel relevante en otros casos, en los que su implicación no salió a la luz. "Una de las operaciones más importantes que realizó, a petición del Gobierno de Aznar, fue dinamitar al GIL [partido montado por Jesús Gil, que en su día fue presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella] para que no saliese en Ceuta y Melilla. Infiltró a su gente en el partido", recuerdan fuentes policiales, que también le atribuyen un papel relevante en la resolución del secuestro de Melodie Nakachian a finales de los años ochenta. En aquella época conoció también al financiero Javier de la Rosa, protagonista del escándalo KIO, y que casi tres décadas despúes ha vuelto a aparecer en el caso del pequeño Nicolás.

La gueRRa policial

Dentro de la Policía se vive un "enfrentamiento radical" entre Villarejo y el comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. Ambos se supone que eran personas de la máxima confianza de Enrique Pino, director adjunto operativo (DAO) de la Policía. Aunque es difícil saber cuándo comenzaron las discrepancias entre ambos, lo que las fuentes policiales identifican con claridad es "cuándo saltó todo por los aires. Fue con la operación Emperador".

El caso Emperador se dirigió contra la mafia china, en mayo de 2013, y el principal acusado es Gao Ping, que se encuentra en prisión. En el sumario del caso se incluyó una llamada telefónica del hijo de Villarejo, dueño de una empresa de sanitarios, que en la conversación habla de la compra de unos productos en China. El comisario entendió que Marcelino Martín-Blas y el fiscal Anticorrupción encargado del caso pretendían involucrar a su hijo en un caso de corrupción en el que nada tenía que ver. "Nunca estuvo imputado y no había nada contra el hijo de Villarejo", recordaron este martes a infoLibre fuentes de la Fiscalía Anticorrupción conocedoras de la investigación. Esa no fue, desde luego, la interpretación que realizó el comisario.

En el editorial de Información Sensible se indica que la inclusión en el sumario del nombre del hijo de Villarejo tenía como objetivo lograr que "su padre deje de informar de unas coacciones que una agente del CNI ha hecho a un encartado en esa causa para que cambie su testimonio y acuse al comisario de Barajas". Otra referencia velada a un tema que Villarejo conoce bien: una agente de los servicios de inteligencia se infiltró en la organización de Gao Ping e informó sobre el viaje a China que este pagó a una docena de policías, entre ellos varios comisarios. "Muchos creen que aquella persona del CNI no dio el listado completo de policías que habían viajado a China", relatan fuentes policiales, quienes añaden que "los agentes pensaron que iban invitados por la embajada china y no por Gao Ping".

La batalla policial empeoró con la operación Nicolay, en la que se detuvo a Francisco Nicolas Gómez Iglesias. En un informe de Asuntos Internos, se aseguró que Villarejo se había reunido con el pequeño Nicolás en un parque madrileño, poco antes de que se filtrase la existencia de una conversación en la que Martín-Blas habla con dos agentes del CNI sobre la posibilidad de manipular una prueba del sumario. Esa conversación fue difundida semanas después en exclusiva por infoLibre. Pero la persona que aparecía en la foto de aquel encuentro en el parque no era Villarejo, quien aprovechó la falsa identificación para presentar una denuncia contra Martín-Blas por alterar el sumario. De paso, lo acusó también de realizar trabajos para el PP, entre ellos seguimientos a la familia del extesorero Luis Bárcenas.

El comisario asegura además que un inspector jefe de Asuntos Internos intentó que el pequeño Nicolás lo involucrara en el caso. En Información Sensible lo identifican como Rubén y aseguran que fue "expulsado de la UDEF por filtrar información". La web asegura que fue "este filtrador de sumarios secretos" quien convenció al pequeño Nicolás "de que mencionara el nombre Villarejo aunque no había hablado en su vida con él y solo le conocía por el comentario que en su día le hiciera el delincuente Javier de la Rosa, condenado en su momento por el caso KIO".

Villarejo y Javier de la Rosa son viejos conocidos. En los ochenta, el comisario "logra que su gente se cuele" en el entorno del financiero. Y consiguió "toda la información sobre El Manco", recuerdan fuentes policiales, en alusión a Manuel Prado y Colón de Carvajal, condenado después por apropiación indebida y que en su día se encargó de manejar los dineros privados del rey Juan Carlos.

"Villarejo conoce todos los casos importantes de corrupción. Y en el enfrentamiento entre González y Granados [este último encarcelado por la operación Púnica], Villarejo filtró a su antojo, descubrió a los guardias civiles que trabajaban para Granados cuando consideró oportuno... manejó todo desde el principio. En el tema del ático investigó hace tres años porque se lo ordenó el DAO de entonces y lo filtró ahora también porque se lo indicó alguien. Es impensable que actúe por su cuenta. Siempre informa y actúa con autorización", resume una fuente policial que le conoce bien. Y añade: "Además, lo tendrá todo grabado. Villarejo es metódico. Le llamaban El CirujanoEl Cirujano. Ya no era un problema para nadie, se iba a jubilar dentro de año y medio. No entiendo por qué se ha montado este escándalo".