Grupos de presión

De las puertas giratorias a los lobbies: políticos en defensa de las apuestas o de las criptomonedas

El exsecretario general del PP, Teodoro García Egea.

Hay vida después de la política. Es la frase a la que aluden aquellos políticos que buscan una salida profesional en la empresa privada cuando se acerca el fin de su trayectoria. Pero el futuro laboral de un diputado raso o un concejal no suele parecerse al de un alto cargo, sobre todo si ha desempeñado puestos de poder. A lo largo de los años, la lista de presidentes del Gobierno, ministros o secretarios de Estado que han recalado en los órganos de administración o consultivos de diferentes compañías, especialmente de sectores regulados como el eléctrico o el bancario, no es, precisamente, corta. A este fenómeno se le conoce como puerta giratoria.

Desde Felipe González (Gas Natural) y José María Aznar (Endesa) hasta Rodrigo Rato (Telefónica, Santander), Ángel Acebes (Bankia, Iberdrola), Elena Salgado (Endesa), Josep Borrell (Abengoa), Luis de Guindos (Endesa), Miguel Boyer (CLH, Red Eléctrica), Rodolfo Martín Villa (Endesa), Nicolás Redondo (FCC)... Las preguntas son obligadas: ¿Su fichaje respondía a su talento profesional o, más bien, a una contrapartida por los servicios prestados? ¿Si un político ha legislado en favor de una compañía, es ético (porque legal sí es) que a su salida reciba un contrato de trabajo con muchos ceros detrás en un sector sobre el que haya tomado decisiones políticas?

Pero a este fenómeno se le añade otro que, sin ser puerta giratoria al uso, comparte elementos comunes: el de los dirigentes políticos que recalan en grandes despachos o consultorías para ejercer de lobistas entre su empresa y el ámbito público. ¿Hasta qué punto les favorece su agenda de contactos y su capacidad de influencia entre antiguos compañeros de partido? ¿Obtendrían ese puesto si no se hubieran dedicado antes a la política? ¿Siguen viviendo, en cierto modo, de la política aunque no acudan cada semana al Congreso?

Es el caso del expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, licenciado en derecho, como tantos otros políticos. Su currículum antes de entrar en política (a la edad de 26 años) no era, precisamente, extenso, ya que solo estuvo dos años dentro del equipo jurídico de La Caixa. Sin embargo, ello no impidió que el despacho de abogados Martínez-Echevarría lo fichara como presidente ejecutivo y añadiera su apellido a la firma tras su dimisión como líder de Ciudadanos. Dos años después, en febrero de este año, esa relación laboral se rompió en muy malos términos. El despacho acusó a Rivera de ejercer una “pasividad e inactividad no vistas nunca en la empresa privada” y reprochó también su “corta experiencia jurídica, concretada en dos años como becario de La Caixa”.

Una circunstancia similar a la del exsecretario general del Partido Popular y actual diputado, Teodoro García Egea, que ha evitado el foco mediático desde su abrupta salida de la calle Génova. Un silencio que rompió hace escasos días en una charla denominada 'Criptomonedas y Geopolítica: claves para entender el mundo que viene'. "Las criptomonedas han venido para cambiar el mundo", aseguró. Evitó realizar declaraciones sobre su situación actual en el PP, pero sí hizo referencias a su futuro profesional. Afirmó que dejó de ser programador y que ahora vuelve porque es su "pasión". García Egea sigue cobrando un sueldo de diputado (su intención es acabar la legislatura) pero ya trata de utilizar su posición para labrarse una carrera fuera de la política, como ya hacen otros de sus compañeros de filas.

La tentación de hacer carrera en el sector privado aprovechando las relaciones creadas durante el servicio público enorme. Los sueldos son muy variables y dependen además de incentivos por resultados, pero un informe de Adecco de 2019 acerca de los 14 sectores económicos más relevantes del mercado español puede servir de referencia. El estudio señalaba entre los 28 puestos mejor remunerados la mayor parte de los que a menudo acaban ocupando los exaltos cargos.

Rafael Catalá (Codere)

El exministro de Justicia con Mariano Rajoy, Rafael Catalá, comenzó asesorando a la empresa de juegos de azar Codere en julio de 2019 y actualmente coordina el área jurídica de la compañía. Catalá ya fue secretario del consejo de administración de esta casa de apuestas entre 2005 y 2011, pero volvió a la empresa para mediar con los partidos políticos en la concreción de un entorno legal en torno al sector de las apuestas en España. En este sentido ha criticado que el Ministerio de Consumo liderado por Alberto Garzón haya abordado la regulación del sector de las casas de apuestas "desde la desconfianza y con un planteamiento negativo".

El pasado mes de septiembre el Ejecutivo limitó la publicidad de las casas de apuestas y los juegos de azar a la franja de la una a las cinco de la madrugada, bajo penas de multa de hasta un millón de euros. También impidió el uso de técnicas publicitarias que creen confusión respecto a la naturaleza del juego, sugiriendo sutilmente que no se trata de un juego de azar.

José Blanco (Acento)

El exministro de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco, abandonó la política activa en 2019 tras ser excluido de las listas del PSOE al Parlamento Europeo. Poco después fundó la consultora Acento, de la que es director ejecutivo. En esa misma empresa se dan cita el exlíder del PP vasco y exministro de Sanidad Alfonso Alonso (presidente), la exeurodiputada socialista Elena Valenciano (senior adviser), el exdirector de gabinete del PP David Álvaro (director de prospectiva) y Raquel Herrera exasistente de dirección del PP en el Congreso (departamento financiero).

Al poco tiempo de crear la empresa, Blanco remitió cartas a empresas cotizadas del Ibex ofreciéndose como consultor para la intermediación o el asesoramiento en asuntos públicos entre el Gobierno central y grandes empresas. Acento es una de las firmas que intermedió ante el Ejecutivo para impulsar cambios en la Ley Audiovisual durante su tramitación parlamentaria, según publicó La Información. La ley fue aprobada hace un mes gracias a la abstención del PP y con el voto en contra de ERC.

Pedro Morenés (Grupo Amper)

Pedro Morenés fue ministro de Defensa en el Ejecutivo de Rajoy y exembajador de España en EEUU. Actualmente es el presidente del consejo de administración de la empresa Amper Ingenio, que pertenece al Grupo Amper, a la que el Ejecutivo ha beneficiado recientemente con adjudicaciones millonarias: un contrato por 10,7 millones de euros para la fabricación y montaje de bloques de acero para las dos primeras fragatas de la serie F-110 que fabricará Navantia para la Armada y un contrato con la Dirección General de Armamento y Material del citado Ministerio por un importe superior a 3,2 millones de euros.

Morenés ha estado muy vinculado al lobby armamentístico. Antes de su nombramiento fue presidente de la empresa Construcciones Navales del Norte y del Grupo Segur, dedicado a la seguridad privada. Además, fue consejero de Instalaza –fabricante de armas, munición y bombas de racimo– y director ejecutivo en España de MBDA –diseña, fabrica y vende misiles–. Durante la etapa de Morenés como ministro (entre 2011 y 2016), Instalaza recibió 23 adjudicaciones por valor de 20,5 millones de euros, todas ellas otorgadas por el Ministerio de Defensa.

Joan Clos (ASVAL)

El exalcalde socialista de Barcelona y exministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, es el presidente de ASVAL, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, en la que entre otras se agrupan sociedades de Blackstone, el principal dueño de viviendas de alquiler. La organización busca “ser un interlocutor clave ante la Administración, agentes políticos, sociales y medios de comunicación para defender los derechos e intereses de los propietarios”.

Entre sus objetivos declarados está conseguir un mercado del alquiler que proteja más los derechos e intereses de los propietarios y que se ponga en valor su papel”. Durante la negociación de la ley de vivienda, desde Unidas Podemos recriminaban que el PSOE parecía "muy próximo" en sus planteamientos a los de ASVAL. El exministro también es Senior Partner en Atrevia, una consultora española especializada en consultoría estratégica orientada a corporaciones.

Soraya Sáenz de Santamaría (Cuatrecasas)

Tras ocupar la vicepresidencia en el gobierno de Mariano Rajoy y disputarle las primarias a Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría abandonó la política activa para fichar por el bufete de abogados Cuatrecasas, uno de los más importantes de España. La exvicepresidenta, abogada del Estado de profesión, fichó por Cuatrecasas con rango de socia de la empresa y entrando en su consejo de administración. Se trata de un bufete que es muy activo a la hora de litigar contra España en tribunales de arbitraje desde empresas que exigen compensaciones por inversiones supuestamente perdidas por el denominado 'hachazo' a las renovables.

El despacho también representa a empresas que pleitean contra España en otros tribunales de arbitraje similares como Uncitral –dependiente de la ONU– o el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. El pasado mes de octubre, dos socios de Cuatrecasas aseguraron que las eléctricas podrían demandar a España en base al Tratado de la Carta de la Energía por el decreto de septiembre que extraía los conocidos como "beneficios caídos del cielo" que reciben renovables, hidroeléctricas o nucleares cobrando por un gas que no pagan.

Jordi Sevilla (Llorente y Cuenca)

El exministro socialista Jordi Sevilla es senior advisor y director del Área Contexto Económico en España en la consultora Llorente y Cuenca (LLYC), especializada en comunicación, gestión de la reputación y asuntos públicos. Al igual que Acento, también participó en la negociación en la sombra de la ley audiovisual. LLYC se ofrece como especialista "en relaciones institucionales, diplomacia corporativa y lobby". Anteriormente, Sevilla ostentó la Presidencia de Red Eléctrica de España.

En LLYC trabajan además Manuel Pimentel, ministro de Trabajo con José María Aznar, Joan Navarro, director del Gabinete del Ministro de Administraciones Públicas con Zapatero y José Luis Ayllón, exdirector del gabinete de la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy

Jaime Mayor Oreja (One of us)

Jaime Mayor Oreja (San Sebastián, 1951) lo fue casi todo en el PP: diputado, cabeza de lista en las elecciones europeas, candidato a lehendakari, ministro del Interior y uno de los nombres con los que se especulaba como posible sucesor de José María Aznar antes de que este designara a Mariano Rajoy. Apartado de la política de partido desde 2014, actualmente preside de la federación europea de asociaciones "provida" One of Us, dedicada a promover el rechazo al aborto, la eutanasia y la "ideología de género".

One of Us aglutina a unas 50 organizaciones; una de ellas es Familia y Dignidad Humana, presidida por Lourdes Méndez Monasterio, diputada por Murcia y portavoz de Vox en la comisión de Igualdad. Otra es la Fundación Valores y Sociedad, a la que pertenecen María San Gil, expresidenta del PP vasco; Eugenio Nasarre, exdiputado del PP y patrono de la Fundación FAES de José María Aznar; Luis Peral, exsenador y exconsejero de Educación y de Trabajo en Madrid; Ángel Pintado, exdiputado; y Margarita Gari Durán, exsenadora.

Eduardo Madina (Kreab)

El exdiputado socialista Eduardo Madina dejó la política en julio de 2017, tras el regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE. Actualmente es el director de la unidad de análisis y estudios de Kreab España y participa en algunas tertulias radiofónicas. En ela citada compañía también tiene un puesto destacado Xavier Cima, exdiputado convergente en el Parlament de Cataluña. Fichó por Kreab como director de Asuntos Corporativos en noviembre de 2018, poco antes de que su esposa, la hoy líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunciase su traslado de Barcelona a Madrid.

Kreab se dedica, entre otras cuestiones, a la defensa y la comunicación corporativa, la preparación de la salida a Bolsa de compañías, la gestión de las comunicaciones en torno al capital riesgo, realiza distintos informes financieros y asesora en procesos de fusiones y/o adquisiciones, privatizaciones y relaciones entre empresas e inversores.

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