Lisa* empezó a trabajar a los 17 años en la fábrica textil Selezione, en la región rumana de Brasov (180 km al norte de Bucarest). Ahora tiene 38 años. Ha pasado media vida cosiendo botines y zapatillas, ocho horas al día, para grandes marcas europeas de lujo. “Siempre acababa la semana muy cansada, pero al menos era un trabajo fijo y el sueldo se pagaba por horas”, dice. “Había buen ambiente entre las trabajadoras, éramos como una familia”.

La despidieron casi de la noche a la mañana, en diciembre de 2023. Apenas veinte días antes de que pararan las máquinas de coser, le hicieron firmar el despido y se quedó sin nada. Y así, Selezione, la fábrica donde las trabajadoras se habían hecho amigas y tendinitis, cerró, dejando a 152 de ellas en la calle.

En 2023, el salario mínimo rumano aumentó dos veces, en enero y octubre, hasta alcanzar los 3.300 lei, unos 670 euros brutos al mes. En Selezione, todas cobraban el salario mínimo, o un poco más para las trabajadoras más especializadas y con más antigüedad. Algunas trabajaban a tiempo parcial, mientras que otras tenían que mantener un segundo empleo para salir adelante.

Con esos aumentos cundió el pánico en los despachos de los dos gerentes de la fábrica, Violeta Radu y Enrico*. Los márgenes obtenidos no bastaban para absorber estos aumentos. En enero de 2023 la fábrica despidió a sus primeros 74 trabajadoras.

En octubre del mismo año, a pesar de haber recortado ya sus nóminas, la empresa se vio obligada a aumentar los precios a sus clientes: Dior (marca del grupo francés LVMH), Gucci (propiedad de Kering, el otro grupo francés del lujo) y Tod's (propiedad de un grupo italiano del mismo nombre).

Ninguna de estas tres marcas aceptó la subida de precios. Todas retiraron sus pedidos. La fábrica despidió a las 78 trabajadoras restantes y cerró sus puertas. Dior, Gucci y Tod's no respondieron a ninguna de nuestras preguntas.

Las súplicas de la patronal no sirvieron de nada. Violetta Radu, co gerente de la fábrica, ha conservado el intercambio de mensajes de texto con Luca Della Vale, responsable de proveedores del grupo Tod's . “Necesito saber si puede ofrecernos un precio justo, de lo contrario mi fábrica cerrará”. El ejecutivo respondió: “Desgraciadamente, sus costes están muy por encima de nuestros estándares... Lo siento mucho, pero no puedo ayudarles”.

En declaraciones a Mediapart, Enrico, el otro co gerente de la fábrica, resumió el cierre en términos sencillos: “El salario mínimo subió, tuvimos que subir los precios, nuestros clientes los rechazaron, eso es todo. Tenían derecho a negarse y lo hicieron. No culpo a las marcas, culpo al sistema capitalista”.

Insinúa que prefiere que no se critique demasiado a sus ex clientes y pide que no se le cite con su verdadero nombre. “Quizá algún día vuelva a trabajar con Gucci”.

Su ex compañera no lo ve así. Con sollozos en la voz, Violeta Radu repite: “Dígales a los jefes de LVMH, Kering y Tod's que me encantaría conocerles en persona. Que vean mi cara. Que vean las caras de las trabajadoras. Dimos la vida por esta fábrica y nos liquidaron en cuestión de minutos, sin ningún reconocimiento por el trabajo que hicimos”.

María*, que trabajó en la planta de 2008 a 2023, también está enfadada. Aunque, como la mayoría de sus compañeras, ha encontrado trabajo desde el cierre en diciembre de 2023, la brutalidad con la que se cerró la planta sigue siendo inaceptable. “Ni siquiera nos han pagado el finiquito”, dice indignada.

Cuando la fábrica aún estaba abierta, María buscaba en Internet el precio de los zapatos que fabricaba. Los precios oscilaban entre varios cientos y más de mil euros el par. “Incluso con varios meses de trabajo, no habría podido permitírmelo”, dice con ironía, dado que la mayor parte de la fabricación de ese calzado se hacía en su fábrica. Sólo algunos pequeños añadidos se hacían en Italia, lo que permitía a las marcas exhibir con orgullo la etiqueta “Made in Italy”.

Para compensar su bajo salario, María encontró un segundo trabajo en una cadena de comida rápida. “Así son la vida y los sueldos en Rumanía”, dice hastiada. Si no puede olvidar sus años en Selezione, es también porque un fuerte dolor de columna se lo recuerda cada poco. “Tuve problemas tan agudos que acabaron repercutiendo en mi mano derecha”, dice, recordando los movimientos repetitivos y la incómoda posición en su pequeño asiento. “Y así todo, me encantaba esa fábrica”, asegura.

Alertadas por la situación, las ONG de la red Clean Clothes Campaign (Campaña Ropa Limpia) tomaron cartas en el asunto a principios de 2024. El objetivo de este grupo de sindicatos y asociaciones es conseguir que se respeten los derechos humanos y la legislación laboral en la industria textil de todo el mundo.

Los miembros de la red se han dirigido a los responsables de las tres marcas que se han retirado de la fábrica, exigiendo explicaciones así como compensaciones económicas. Para ello, se basaron en la directiva sobre diligencia debida de las empresas.

Cuando las ONG actuaron, esta directiva, que ya había sido aprobada, aún no había entrado en vigor. Eso permitió a las marcas mantener contra las cuerdas a las organizaciones (a excepción de Tod's, que no respondió). No se concedió ninguna ayuda a los trabajadores.

En una primera carta de febrero de 2024, Patrice Guillemin, director industrial de Dior y Louis Vuitton, había compartido, no obstante, cierta vergüenza: ”No podemos negar nuestra estupefacción [...] al descubrir toda esta situación, que contradice fuertemente los principios y valores éticos de Christian Dior”. Había prometido llevar a cabo una “investigación” sobre el asunto.

Los resultados de sus investigaciones fueron decepcionantes, al menos para las ONG. El departamento de conformidad de Dior respondió en junio de 2024 que no se había hecho nada fuera de lugar. Para justificarse, la marca empezó por señalar que “esta fábrica rumana sólo había trabajado para Dior durante un periodo limitado (menos de dos años)”.

La marca emblemática del grupo LVMH aseguró que los distintos aumentos del salario mínimo habían sido “tomados en consideración y aceptados”, y prometió que la interrupción de los pedidos estaba vinculada únicamente a una disminución de las necesidades de producción.

Como compensación, las trabajadoras recibieron unas palabras: “Sentimos mucho esta situación. Dior se compromete a respetar la legislación laboral y las directrices de LVMH”.

Antonella Centra, una de las vicepresidentas de Gucci, también respondió a las organizaciones en una carta de febrero de 2024. En cuanto a la petición de ayuda financiera para las trabajadoras, recordó a las ONG que la directiva sobre "diligencia debida” aún no había entrado en vigor en el momento de estos intercambios.

“Aunque desde hace tiempo hemos estado y seguimos estando plenamente alineados y comprometidos con los principios fundamentales y el marco esbozado en este proyecto de directiva, es esencial reconocer que, desde un punto de vista puramente legal, no es actualmente una norma obligatoria”, escribió.

“Ese argumento es correcto. La directiva tiene un calendario de aplicación lento y complejo”, explica Adrien Le Louarn, parlamentario de La France insoumise (LFI) que participó en la negociación de la directiva europea. “La obligación de los Estados miembros de transponer la directiva a su legislación nacional no concluirá hasta el verano de 2026. Por tanto, habrá que esperar un año más para que las empresas más grandes estén sujetas a esa norma. Las pequeñas y medianas empresas se verán afectadas en los dos años siguientes”.

En su carta, la vicepresidenta de Gucci también quiso señalar que “la cadena de suministro de las marcas de lujo es intrínsecamente flexible... Los proveedores pueden variar en función de la dirección estratégica de la empresa”. Ni una palabra para las trabajadoras rumanas despedidas.

De momento, ni Enrico ni Violeta pueden decir adónde ha ido a parar la producción que se hacía en Selezione. “Tras las subidas del salario mínimo, en Rumanía cerraron varias fábricas, no somos los únicos”, asegura Enrico. “Al principio, las marcas europeas hacían sus productos en fábricas de Polonia, pero luego abandonaron el país porque pensaban que se había vuelto demasiado caro. Vinieron a Rumanía. Ahora se van de nuevo, a Serbia, Marruecos o Egipto. Es la misma historia desde hace veinte años”.

La observación de Enrico es compartida por Laura Stefanut, periodista y presidenta de la asociación rumana Haine Curate, miembro de la Clean Clothes Campaign. Para ella, el caso de la fábrica Selezione debe verse en el contexto de un sistema más global: “Las marcas presionan a las fábricas para que bajen los precios. Las fábricas compiten entre sí para conseguir esos contratos. El resultado son horas extraordinarias no remuneradas, cheques restaurante peor pagados y cargas de trabajo excesivas. Selezione no quería entrar en ello, así que acabó cerrando”.

Según la periodista, autora de varias investigaciones sobre los entresijos de la industria textil en Rumanía, este patrón se aplica de forma muy parecida a las grandes marcas de lujo y a la fast fashion: “En Rumanía, hay fábricas que trabajan para marcas de fast fashion que tratan decentemente a sus empleados, y otras que trabajan para marcas de lujo que tratan mal a sus empleados. Una cosa nunca cambia: todas intentan reducir sus costes al máximo para ser competitivas. Todas las marcas, tanto las que venden a bajo precio como las que venden sus productos con sobreprecio, exigen precios muy bajos a las fábricas rumanas. Al final, los que sufren las consecuencias son los trabajadores”.

* Los nombres de pila han sido modificados.

Las cifras exactas del número de trabajadores despedidos por Selezione proceden de un documento oficial de la Inspección de Trabajo rumana.

Traducción de Miguel López

La junta general de accionistas aprobó este jueves por mayoría absoluta el traslado de Ferrovial a los Países Bajos. Ninguno de los únicos cuatro accionistas que tomaron la palabra expresó el menor reparo a la fusión transfronteriza que el grupo constructor quiere cerrar antes de que acabe este año. Aun así, hubo un 6,7% de los inversores que votaron en contra de la operación. Asistieron, en persona o a través de representantes un total de 2.696 accionistas, el 77,7% del capital social, que aprobaron igualmente todos y cada uno de 13 puntos del orden del día, entre ellos las cuentas de 2022, la reelección de cinco miembros del consejo de administración y las retribuciones de ese órgano de gobierno.

Antes de la votación, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, había desglosado los principales logros de su empresa en 2022, subrayando la importancia y valor de su negocio internacional, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. De hecho, presentó la polémica operación como “parte del desarrollo natural” de Ferrovial. Pero con mucho cuidado también de seguir enarbolando la bandera. “Ferrovial no se va de España”, subrayó, “mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello”.

A continuación, Del Pino destacó los 282 millones de euros en que cifró la contribución fiscal de su empresa en España el pasado ejercicio. También el efecto “arrastre” que los proyectos internacionales de Ferrovial tienen sobre empresas pequeñas y medianas españolas. Según dijo, 1.000 proveedores trabajan fuera de España gracias a contratos con Ferrovial y 50 ingenierías han conseguido 500 millones de euros en encargos, la mitad de ellos en Estados Unidos. La operación, por tanto, es “la mejor contribución a la sociedad donde estamos presentes, creando empleo y riqueza a nuestro alrededor”, aseguró.

Las apelaciones directas al patriotismo vinieron de la mano de uno de los accionistas que intervino en la junta, Valentín de Torres-Solanot del Pino, exconsejero de una filial de Pharmamar y primo de Rafael del Pino. “De patriotas es sentar las bases para mantener y mejorar el dividendo, de patriotas es permitir a los trabajadores que ensanchen su experiencia laboral interactuando con otras culturas, llevando el nombre de España por todo el mundo”, proclamó el accionista, para quien no hay “nada más patriótico que encabezar un proyecto en un entorno ferozmente competitivo” como hace Ferrovial.

En contestación a las críticas del Gobierno a la mudanza, Rafael del Pino reiteró que la “reorganización societaria” anunciada el pasado 28 de febrero “persigue objetivos económicos sólidos” y carece de motivos fiscales. “Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes”, adelantó el presidente, por lo que, según reclamó, debería permitírsele a la constructora acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones. La Ley del Impuesto de Sociedades exime de tributar a las empresas por las plusvalías que genera una reorganización como la planteada por Ferrovial: la fusión por absorción de la matriz Ferrovial SA, con sede en España, por la filial Ferrovial Internacional SE (FISE), que tiene su domicilio en Países Bajos.

Perder esa ventaja fiscal es el principal riesgo al que se enfrenta la empresa. Menos por las declaraciones de los ministros en los últimos días y horas que por el hecho de que la Agencia Tributaria ya ha advertido de que comprobará “cuando corresponda” si existen motivos económicos “válidos” que justifiquen el traslado. Su directora general, Soledad Fernández, explicó que se trata de investigaciones “que duran un año o dos, muy largas y costosas”. También negó que haya recibido indicaciones al respecto del ministerio [de Hacienda] o del Gobierno. En el caso de que la Agencia Tributaria considerara que los motivos esgrimidos por Ferrovial no son económicos sino sólo fiscales, la compañía perdería el derecho a las exenciones antes citadas y la factura de la mudanza se dispararía.

Al responder a los accionistas, Del Pino expresó su confianza en que el Gobierno “respetará la soberanía de la junta general, porque también confía en la “seguridad jurídica española y europea”. Precisamente fue la falta de seguridad jurídica uno de los motivos alegados por la constructora para trasladarse a Países Bajos, preferidos por su “solidez financiera y estabilidad”, explicaba Ferrovial en el documento donde presentaba el proyecto de fusión.

Y fue en esa alusión donde primero contraatacó el Gobierno cuando la empresa anunció su marcha. “Se trata de una empresa que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles”, reaccionó la vicepresidenta Nadia Calviño, quien puso en duda “la sustancia de los argumentos” de la empresa para trasladar su sede fuera de España. Uno de ellos es la imposibilidad de cotizar con sus acciones en las bolsas de EEUU sin intermediarios. La CNMV y BME, el operador de las bolsas españolas, han elaborado un informe en el que descartan la existencia de “obstáculos legales, normativos o de operativa” para hacerlo. Por su parte, Ferrovial aduce que no existen precedentes de empresas españolas que hayan utilizado los mecanismos existentes para cotizar directamente en Estados Unidos.

Después llegó el cruce epistolar público entre el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, y el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos. Mientras el primero le recordaba al segundo que no hay ninguna diferencia entre el procedimiento español para cotizar en EEUU y el que tiene el resto de los países europeos, el segundo destacaba los “interrogantes técnicos y operativos” del mecanismo español, frente a la “alternativa expedita y bien conocida” que, a su juicio, representa la doble cotización desde los Países Bajos. Del Pino abundó en estos reparos cuando aseguró ante los accionistas que la vía holandesa permitirá a Ferrovial cotizar en EEUU “en un plazo breve”, porque hacerlo directamente desde España “no es fácil ni inmediato”. “A día de hoy es un camino de plazo y ejecución inciertos”, concluyó.

Nada más conocerse el resultado de votación en la junta, el Gobierno se ha limitado a transmitir su “respeto” por la decisión de los accionistas y a resaltar los 34.178 millones de euros de inversión extranjera que España atrajo en 2022, “el segundo mejor año de la historia”.

El resto de los argumentos de Ferrovial para cambiar Madrid por Ámsterdam fueron resumidos por Rafael del Pino en la junta: dotarse de una estructura societaria adaptada a la realidad de sus negocios, mejorar sus condiciones de financiación y acercarse a los inversores internacionales, sobre todo a los estadounidenses.

Por ese motivo, tanto Del Pino como Ignacio Madridejos destacaron una y otra vez ante los accionistas los logros internacionales de Ferrovial, con especial mención de EEUU y Canadá. El 90% del valor del capital del grupo procede de su actividad internacional, el 90% de sus inversores institucionales son entidades internacionales y el 75% del valor de la empresa procede de activos situados en América del Norte, presumió el presidente. El 40% de la facturación de Ferrovial viene de Estados Unidos y Canadá, aseguró luego el consejero delegado, y sólo el 15% de España. De los 728 millones del resultado bruto de explotación conseguido en 2022, 400 millones proceden de EEUU y Canadá, por sólo 113 de España. Del Pino también citó los 13.068 millones de su cartera de construcción, el “máximo histórico”. De ellos, el 83% es internacional, y el 51% de los nuevos contratos se consiguió en América del Norte. Además, el aumento del tráfico, tanto aéreo como de carretera, tras el fin de los confinamientos por el covid ha disparado los resultados de los aeropuertos y autopistas que el grupo gestiona en EEUU –Texas, Virginia, Carolina del Norte–, Canadá –Toronto–, Reino Unido –Heathrow– y Turquía –Dalaman–. Es en esos mercados donde Ferrovial tiene ahora también la intención de concentrar sus inversiones. Por ejemplo, acaba de convertirse en el socio de referencia de la empresa que remodelará la terminal 1 del aeropuerto JFK de Nueva York.

En la junta intervinieron los responsables de la Federación Mundial de Inversores, Jean Pierre Paelinck, y de Better Finance, una asociación de accionistas minoritarios europeos, Christian Gülich. Paelinck mostró su “preocupación” por los “ataques” a Ferrovial por el “mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de establecimiento”, consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE. No dudó en tildar esos ataques de “excesivos, improcedentes y al borde de la legalidad”. Gülich también acudió en defensa de la libertad de establecimiento y de que este tipo de decisiones las tomen “los accionistas y no las instancias políticas”.

Otro accionista más se preocupó exclusivamente del uso del castellano tanto en la Oficina del Accionista como en las futuras juntas generales cuando Ferrovial se mude a Países Bajos. Y obtuvo el “compromiso” explícito de Rafael del Pino de que habrá traducción simultánea al castellano en las juntas, que se celebrarán en inglés. Además, habrá un teléfono gratuito para los accionistas también en castellano.

Cuando se publique el acuerdo de la junta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), empezará a contar el plazo de un mes con el que cuentan los accionistas contrarios al traslado para vender sus títulos. Que la empresa pagará a razón de 26,075 euros la acción. Basta con que el 2,56% de ellos ejerzan lo que se conoce como derecho de separación y se supere el límite de 500 millones de euros en compensación que ha fijado el grupo, para que la operación se anule. En teoría. Porque Ferrovial también se ha reservado el derecho de cambiar esta condición suspensiva. Será difícil, por tanto, que la mudanza se frustre. De hecho, como adelantó Cinco Días, Del Pino ya ha situado en Ferrovial International SE Sucursal en España a uno de sus hijos, Ignacio, como representante legal permanente. Ignacio del Pino Fernández-Fontecha era hasta ahora director financiero de Ferrovial SA. Por el contrario, el hermano del presidente, Leopoldo, que posee el 4,15% del capital del grupo y suele oponerse en el consejo a las propuestas de Rafael, anunció en su día su voto contrario al traslado. El mayor accionista de Ferrovial es el propio Rafael del Pino, con un 20,4%, seguido de su hermana María con un 8,2%. Los fondos Blackrock –un 3,18%–, TCI –un 6,4%– y Lazard –un 3%– son otros grandes inversores. De ellos, sólo TCI había anunciado su voto favorable. El Fondo Soberano de Noruega, que tiene un 1,5% del capital, primero avanzó su rechazo a la mudanza y después dio su sí. El 67% restante es capital flotante, propiedad de minoritarios. 

Las acciones de Ferrovial han ganado este jueves un 0,92% en la Bolsa española. Durante la junta de accionistas, Del Pino presumió de que, desde el anuncio de la fusión, los títulos de su empresa se han revalorizado un 3,35%, muy por encima del 1,23% que ha mejorado el resto del Íbex 35.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló en 2019 a favor de la Comunidad de Madrid y en contra de cuatro de los cinco hermanos Del Pino, los principales accionistas de Ferrovial, en un pleito sobre el Impuesto de Sucesiones que el Gobierno regional reclamaba por la herencia del fundador de la constructora, fallecido el 14 de junio de 2008. En cuatro sentencias, los jueces establecen que Rafael, Joaquín, María y Leopoldo del Pino no tenían derecho a aplicarse la bonificación del 95% que la ley concede a las transmisiones de empresa familiar mortis causa. De ese modo, su factura fiscal por este concepto aumentó considerablemente, aunque tampoco demasiado. Contaban aún con la reducción del 99% que permite la Comunidad de Madrid.

Según los cálculos que ha realizado infoLibre con la ayuda del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) a partir de la información revelada en las sentencias del TSJM, de haber aplicado el 95% de descuento que pedían, los cuatro hermanos Del Pino –falta un quinto, Fernando–, habrían pagado solo 199.544,41 euros en el Impuesto de Sucesiones por las acciones heredadas de su padre, valoradas en 1.047,06 millones de euros en 2008. Es decir, apenas el 0,019% de esa cantidad. Pero como el TSJM no se lo permitió, debieron pagar 4,05 millones de euros a Hacienda, lo que equivale al 0,39% de la herencia en acciones.

La cuenta se refiere únicamente a las participaciones –ni inmuebles ni otro tipo de patrimonio– que dejó a sus hijos Rafael del Pino y Moreno, un total de 59.130 títulos de la sociedad Karlovy SL –con la que controlaba Ferrovial a través de otra sociedad, Portman Baela–, que en 2008 fueron valorados en 17.705,34 euros cada uno. No se han incluido en el cálculo ninguna carga o deuda deducibles. Los hermanos eran entonces dueños del 44% del grupo; hoy controlan el 35,3%. Ese enorme paquete de acciones les permite figurar cada año en la lista de los más ricos de España. De hecho, si al patrimonio del actual presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, se le unen los de sus cuatro hermanos, superan el de Sandra Ortega, la hija del dueño de Inditex, la segunda persona más adinerada del país. Al menos según la lista que elabora la revista Forbes y que atribuye a los Del Pino una fortuna de 9.050 millones de euros, solo por debajo, por tanto, de los 53.500 millones de Amancio Ortega. Para medir el patrimonio de los superricos, la revista se basa en el porcentaje de capital que poseen en empresas cotizadas y sicavs, a partir de la información proporcionada por la CNMV y el Registro Mercantil. Pero también recoge datos de activos inmobiliarios.

En las sentencias, el TSJM establece que los hermanos Del Pino diseñaron una operación “compleja” para venderse a sí mismos –cada uno de ellos a una sociedad instrumental– parte de las acciones heredadas. En el caso de Rafael del Pino, fueron traspasados todos los títulos. E hicieron coincidir esa venta con la caída de las acciones de Ferrovial por culpa de la crisis inmobiliaria en 2009. Según los jueces, se “aprovecharon” de ese momento para compensar en el IRPF con la pérdida de valor de esas participaciones –más de la mitad de su precio– las ganancias patrimoniales que habían obtenido en esas mismas fechas en otras operaciones.

El TSJM dictamina que los Del Pino perdieron el derecho a beneficiarse del 95% de bonificación por transmisión de empresa familiar mortis causa porque vendieron las acciones heredadas antes de los cinco años en que la ley madrileña obliga a mantener –10 años la ley estatal– su número o su valor. Los hermanos, en cambio, defendieron ante los jueces que la pérdida de valor de sus acciones no era imputable a su voluntad, sino por efecto de la crisis. Por el contrario, las sentencias dejan claro que la venta de los títulos “carece de toda explicación razonable” que no sea la de “sortear los efectos fiscales” de las ganancias patrimoniales de los herederos, que “decidieron a su conveniencia determinada fecha para realizar la operación”.

Rafael del Pino se encuentra en el centro de la atención pública desde que Ferrovial anunció el traslado de su sede social a Países Bajos. El Gobierno sostiene que tras la decisión se encuentran los intereses personales tributarios de su presidente y principal accionista. La constructora, por el contrario, aduce motivos de seguridad jurídica y su deseo de cotizar en la Bolsa de EEUU.

De acuerdo con las estimaciones basadas en las acciones que figuran en las sentencias, Rafael del Pino debió de pagar a Hacienda 1,66 millones de euros en el impuesto de sucesiones por las 23.043 acciones heredadas, que vendió en su integridad a la sociedad de su propiedad Lester-Loriner SL. Si hubiera accedido al 95% de bonificación estatal, no habría ingresado en Hacienda más que 82.298 euros por los 407,98 millones en acciones recibidas de su padre.

María del Pino debió de pagar 1,06 millones por los 311,79 millones de euros heredados en títulos de Karlovy SL. La factura se habría reducido a solo 52.230 euros de haber conseguido la bonificación que le negó el TSJM. Leopoldo del Pino heredó 191,07 millones en acciones, que le supusieron una tributación de 776.265 euros, pero que podrían haberse quedado en 38.158 euros si hubiera podido acogerse al descuento del 95%. Joaquín del Pino tuvo que abonar 554.796 euros por la herencia de 136,2 millones, un ingreso que se habría reducido a 26.857 euros si hubiera disfrutado de la bonificación perdida.

La Comunidad de Madrid hace gala de las exenciones que aplica a los impuestos de sucesiones y patrimonio, que de hecho casi los suprime. Sin embargo, en el caso de los dueños de Ferrovial, peleó en los tribunales por el 1% que aún cobra en ese tributo tras aprobar hasta cinco bonificaciones en los últimos años. “No quiero atentar contra quienes tienen dinero y han amasado una buena herencia tras una vida de trabajo”, llegó a declarar su presidenta, Isabel Díaz Ayuso en abril de 2021. La Comunidad de Madrid deja de ingresar unos 2.663 millones de euros al año por esos múltiples descuentos que aplica al Impuesto de Sucesiones, según los cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Pero la bonificación de la que quisieron beneficiarse los Del Pino tiene carácter estatal y se establece en la Ley General de Tributos. Sin embargo, los jueces les privaron de ella acudiendo no solo a la letra de la ley, sino también al “fundamento básico” del descuento para los casos en que se hereda una empresa familiar: “garantizar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo”; en concreto, de las pequeñas y medianas, evitando que los impuestos que gravan la sucesión y la donación las pongan en peligro. Así lo recoge la Recomendación de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 1994 que fue trasladada a la legislación española en un Real Decreto-Ley de 1996. En cambio, en el caso de la herencia de Ferrovial, la bonificación del 95% pudo terminar sirviendo a un fin para el que no estaba pensada: reducir al mínimo la contribución fiscal de una de las mayores compañías españolas y de la segunda familia más rica del país.

¿Puede España, mediante adaptaciones legislativas, impedir que una empresa como Ferrovial traslade su sede de España a Países Bajos? La mudanza de la constructora española ha abierto un encendido debate sobre la capacidad de los gobiernos de condicionar las decisiones de las empresas privadas en el entorno del mercado único europeo. Sobre todo en el caso de compañías que, como es el caso, han acumulado beneficios durante décadas a partir de contratos públicos y que en fechas tan recientes como la pandemia de 2020 salvaron su futuro gracias al dinero del Estado que recibió para financiar sus ERTE.

El Gobierno está todavía estudiando la situación y los motivos alegados oficialmente por Ferrovial, si bien fuentes de Moncloa sostiene que detrás del traslado de la sede de Países Bajos hay razones tan prosaicas como el interés por tributar menos, especialmente, y de manera muy personal, por parte de su presidente, el multimillonario Rafael del Pino. 

Las mismas fuentes no creen que haya margen para impedir el traslado de la sede, pero tampoco temen que el caso de Ferrovial anticipe la huidas de otras multinacionales. “No son como gacelas, que sale una corriendo y las otras van detrás”, explican. El Ministerio de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital está examinando los argumentos expuestos por Ferrovial para irse. Los de Hacienda y Trabajo, a su vez, estudian las implicaciones fiscales y laborales de las decisión adoptada por Del Pino.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estudia el caso, pero sólo tiene competencias en relación con la transparencia, que haya información a los inversores, y con la aprobación de la decisión por parte de la junta de accionistas. No obstante, fuentes consultadas por infoLibre señalaron que dos de los motivos que más ha destacado Ferrovial para justificar su mudanza o no tienen fundamento o la empresa no los ha explicado adecuadamente.

Si Ferrovial tiene dificultades para cotizar en Estados Unidos, la CNMV desconoce cuáles son. “Di nos las explican veremos y analizaríamos qué ocurre, pero no las conocemos. Es verdad que no hay ninguna empresa española que esté cotizando allí, pero las hay que cotizan con ADR (American Depositary Receipt, un certificado que permite a los inversores norteamericanos negociar en las Bolsas de EE UU acciones de compañías cuyas sociedades fueron constituidas fuera del país. Lo mismo sucede con el otro motivo que esgrime Ferrovial: “Hay muchos inversores norteamericanos en el capital de empresas españolas, desconocemos las dificultades de las que ellos hablan”.

¿Es posible levantar normas que hagan imposible que este caso se repita? El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no tiene dudas. En una entrevista emitida por TVE consideró “fuera de lugar” esa posibilidad porque “España es un país con unas reglas de juego y garantías de competencia de todos aquellos que cumplan los requisitos en cada una de las licitaciones”. Por más que detrás de la decisión de Ferrovial no vea otra cosa que “codicia”.

El economista Daniel Fuentes opina que en este caso hay un error de fondo. “No se puede obligar a nadie a que tenga actividad en un sitio. La economía no funciona así”, recuerda. Igual que Ferrovial anuncia que se va de España, otras multinacionales como Unilever y Shell dejaron Holanda para irse al Reino Unido. Y la petrolera ya sopesa cruzar el Atlántico hacia EEUU buscando un mercado de capitales lo más potente posible. Esas son las reglas que están vigor.

El problema, explica, tiene que ver con el acceso a mercados de capital y con la fragmentación de la imposición sobre sociedades en la Unión Europea, uno de los mayores obstáculos al mercado único. Lamentarse porque una empresa española se quiera ir es, en su opinión, poco compatible con celebrar la llegada de miles de euros de inversión directa que llegan a España procedentes del resto de Europa.

Fuentes es de los que creen que la motivación de Ferrovial no tiene nada que ver con un supuesto maltrato por parte del Gobierno, como está denunciando el PP, aunque admite que la reacción del Ejecutivo parezca confirmarlo. “Si creemos que hacen falta gigantes públicos por motivos estratégicos en determinados sectores, hágase. Entremos en el accionariado o busquemos fórmulas. Pongámosle caro el uso de las cuencas hidrográficas, del paisaje, de las infraestructuras. Nacionalicemos la hidroeléctrica”. Pero lo que tenemos son empresas que privatizamos en los noventa, recuerda. Y que se rigen por sus propias reglas.

Tratar de levantar normas que impidan cambios de sede no le parece viable. “Ferrovial no se va, cambia la sede de país por motivos financieros” y conserva aquí su actividad recuerda, por lo que “va a seguir tributando en España”. Y plantear condiciones para recibir ayudas, como propone Unidas Podemos, es algo que ya se hace habitualmente en los pliegos de condiciones en relación con el empleo u otras variables. Y en materia de impuestos, una empresa tributa donde tiene su residencia fiscal.

Javier Santacruz, economista y analista financiero, tampoco cree que la solución pase por levantar nuevos andamiajes normativos. Él da gran importancia a conservar las sedes corporativas de las empresas. Se trata del “efecto sede”, la contribución que hace el domicilio desde el punto de vista laboral, fiscal, de la actividad económica, de la innovación. “Hay un diferencia enorme entre que esté o no esté” en España, porque “implica que las principales decisiones de inversión, de retirada o entrada de mercados, de retribución, se toman en ella”. 

¿Y cómo retenerlas? Santacruz defiende la utilidad de lo que llama “diplomacia económica”. Si se hace bien, “aunque les subas el coste fiscal o regulatorio no tendrán el incentivo de marcharse”. Los gobiernos, de todos los colores, subraya, no suelen prestar atención a las grandes compañías cuyo negocio no depende del Boletín Oficial del Estado. Sólo les interesan como “máquinas de generación de recaudación fiscal” y únicamente se preocupan por ellas cuando tienen problemas. Cuando esas mismas empresas tienen las mayor parte de su negocio fuera del país, no tiene incentivos para quedarse, a menos que se exista esa “diplomacia económica”. “Si hubiese existido, Ferrovial probablemente no se hubiera marchado”, aventura.

En opinión de este economista, es muy difícil condicionar estas decisiones mediante los pliegos de condiciones de los contratos o la letra pequeña de las ayudas. Y menos dentro del mercado único europeo.

Del otro lado, quien no parece tener dudas sobre lo que se puede hacer es Unidas Podemos. La organización que lidera la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ya ha presentado una proposición de ley para que las empresas que deslocalicen su producción o su sede, como Ferrovial, tengan que devolver “con intereses” cualquier ayudas pública que hayan recibido. 

El plan del grupo parlamentario morado es que se vean afectadas ayudas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país. “Los españoles salvamos con dinero público de nuestros impuestos a Ferrovial durante la pandemia mediante el mecanismo de los ERTE, por poner tan solo un ejemplo de las múltiples ayudas públicas que ha recibido esta multinacional a lo largo de las últimas décadas”, recordó el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique. “Si ahora quieren abandonar el país que les ayudó a crecer y que sujetó su actividad económica en los peores momentos para pagar menos impuestos, por lo menos que devuelvan las ayudas. Estoy seguro que cualquiera que se autodenomine patriota estará de acuerdo con este planteamiento”.

El texto de la iniciativa alerta de que la deslocalización de empresas a países con menores costes laborales, fiscales o sociales es una “amenaza” para el sector industrial del país, sobre todo si han percibido ayudas estatales. El documento detalla que el procedimiento para exigir el reintegro se iniciará de oficio por la administración y el plazo máximo para resolver el proceso será de un año, aunque admite la posibilidad de ampliarse o suspenderse en casos excepcionales pautados.

Unidas Podemos, según las mismas fuentes. respalda la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprovechar la Presidencia de la Unión Europea para liderar los esfuerzos encaminados a homogeneizar los tipos impositivos en el conjunto de la UE y muy especialmente el impuesto de sociedades para acabar con el dumping fiscal entre Estados miembros. 

Miles de personas han salido a la calle en León para apoyar a los 360 trabajadores de la fábrica de aerogeneradores que la multinacional danesa Vestas quiere cerrar en Villadangos de Páramo. Tras una pancarta, En defensa de la industria y los puestos de trabajo, no al cierre, y convocados por los tres sindicatos presentes en el comité de empresa, CCOO, UGT y CGT, los leoneses no sólo exigen la continuidad de la factoría de Vestas, sino que también protestan por el desmantelamiento industrial de la provincia.

“El sentido de la manifestación es concienciar a la ciudadanía de que, cuando una fábrica se cierra, muere parte de una ciudad y de una provincia”, ha declarado a los periodistas el presidente del comité de empresa, Juan Francisco Cabezas.

“Vestas no se vende” gritaban los 5.000 leoneses, según calcula la Policía Local, que han recorrido el centro de la ciudad este jueves. A la manifestación se han unido incluso el alcalde de León, Antonio Silván, y el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, ambos del PP. También ha acudido desde Madrid el secretario general de CCOO, Unai Sordo. “No podemos admitir que una multinacional que recibió recursos públicos se marche sin ningún ejercicio de responsabilidad”, ha advertido, no sin antes recordar los “beneficios millonarios” que ha obtenido.

La compañía danesa recibió subvenciones públicas, procedentes de la UE y gestionadas a través del Gobierno y la Junta de Castilla y León, por importe de 13,5 millones de euros. En el último semestre, Vestas ha anunciado unos beneficios de 286 millones de euros. Sin embargo, parece determinada a continuar adelante con el cierre de la factoría leonesa y a trasladar su producción a China, India, Argentina y Brasil. En julio clausuró también la que tenía en Vilafranca del Penedés (Barcelona), despidiendo a sus 44 trabajadores. Aún mantiene otras dos, en Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real).

Este viernes los responsables de la empresa se han citado a las nueve de la mañana con los representantes de la plantilla en una reunión que, temen los trabajadores, servirá para presentarles el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). De momento, Vestas sólo les ha ofrecido “recolocaciones”, en otras empresas de la zona y en las fábricas de Viveiro, Daimiel, Argentina y Brasil. “A garantizar un plan de recolocaciones está obligada la empresa como parte del ERE”, replica Pablo Martínez, representante de UGT en el comité. “No nos valen”, concluye.

Alternativas

Así que la plantilla no oculta su decepción por la respuesta de Vestas a los requerimientos del Gobierno central y de la Junta de Castilla y León para que mantenga la actividad en Villadangos de Páramo, un municipio de poco más de 1.000 habitantes. El fabricante de aerogeneradores es casi la única planta industrial de la provincia. De ella dependen, además, una cuarentena de empresas, por lo que la desaparición de la factoría pone en peligro hasta 1.500 empleos indirectos. La compañía también ha prometido a sus trabajadores hacer un estudio para determinar qué fábricas podrían implantarse en Villadangos. Mientras, la Junta castellanoleonesa se ha comprometido a buscar un comprador. “La empresa es muy jugosa, viable, con instalaciones nuevas y trabajadores muy cualificados”, asegura Ángel Manuel Santos, responsable de Industria de CCOO en León.

La razón que la multinacional danesa aduce para cerrar en León es que uno de los tres modelos de aerogeneradores que fabrica allí está obsoleto y otro casi ya no tiene demanda en Europa. “Pero se sigue vendiendo en 74 países del resto del mundo”, opone Pablo Martínez. “El tercer modelo ha bajado en ventas, pero no tanto como para cerrar la planta”, subraya. “El eólico es un mercado en auge, y los modelos que se fabrican en Villadangos del Páramo son los Ferrari de ese mercado”, apunta además Ángel Manuel Santos.

La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, cree que la decisión de Vestas obedece “a razones oscuras” que no han sido “suficientemente explicadas”.

La multinacional danesa Vestas mantiene su decisión presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la factoría de aerogeneradores que abrió en 2005 en Villadangos del Páramo (León), lo que supondrá el despido de 360 trabajadores y pone en peligro el puesto de trabajo de otros 2.000 empleos indirectos repartidos en una cuarentena de empresas de Castilla y León. Tras reunirse este lunes los responsables de la empresa –con el vicepresidente, Jean-Marc Lechêne, y el director de Operaciones, Tommy Nielsen, a la cabeza– con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como con el secretario y el director general de Industria Raül Blanco y Galo Gutiérrez, el Gobierno anunció al apertura de una “línea de negociación permanente” para “minimizar el impacto” del cierre de la factoría en León buscando “alternativas industriales” para la comarca.

La vaguedad de los términos en que se expresó el ministerio en la nota oficial publicada tras la cita no ha tranquilizado a los trabajadores, según han explicado a infoLibre sus representantes de UGT y CCOO. En el comunicado sólo se menciona la “apuesta” de Vestas por “seguir invirtiendo” en las plantas de Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real), a las que pretende convertir en “referentes de producción para Europa”. Pero nada dice de la fábrica de Villadangos de Páramo. Los representantes de los trabajadores aseguran que el ERE, que la empresa no presentó este lunes como “gesto de buena voluntad” ante la reunión con la ministra, será presentado este mismo viernes.

En cualquier caso, esperan obtener más información este martes después de que los gestores de Vestas se reúnan también con los responsables de la Junta de Castilla y León. La consejera de Economía, Pilar del Olmo, había asegurado por la mañana que la multinacional danesa había “vetado” al Gobierno castellanoleonés por haber sido “demasiado beligerante” en sus anteriores conversaciones.

“La empresa ha acudido a la reunión con la ministra más para explicar por qué ha tomado la decisión de cerrar la planta más que para negociar”, precisó por su parte un portavoz de Vestas a este periódico.

Los representantes sindicales creen que ahora se abre la posibilidad de vender o subrogar la planta leonesa, una opción que el comité ofreció a la empresa en su día pero que ésta rechazó en favor del cierre. Pablo Martínez, representante de UGT en el comité de empresa, recuerda que General Electric adquirió en 2017 otro grupo danés del sector, LM Wind Power, que cuenta con factorías en Ponferrada (León), As Pontes (A Coruña), y Castellón. Pagó 1.500 millones de euros. LM Wind Power fabrica palas para aerogeneradores.

Las razones y los beneficios

El pasado junio, Vestas anunció el cierre de tres de las cuatro líneas de producción de la factoría de Villadangos de Páramo. Pero en una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la consejera Del Olmo les comunicó –al mismo tiempo que a los trabajadores– que el cierre sería total. La consejera de Economía, que ha afeado a la multinacional sus “formas inaceptables”, asegura que la clausura de la planta leonesa obedece a “razones oscuras”, que no han sido “suficientemente explicadas”.

La multinacional danesa aduce que uno de los tres modelos de aerogeneradores que fabrica en León está obsoleto y que otro casi ya no tiene demanda en Europa. “Pero se sigue vendiendo en 74 países del resto del mundo”, opone Pablo Martínez. “El tercer modelo ha bajado en ventas, pero no tanto como para cerrar la planta”, subraya. “El eólico es un mercado en auge, y los modelos que se fabrican en Villadangos del Páramo son los Ferrari de ese mercado”, apunta además Ángel Manuel Santos González, responsable de industria de CCOO en León. La intención de Vestas es trasladar la producción a China, India y Argentina. “Ganan mucho dinero y quieren ganar mucho más”, resume Santos González.

En el primer semestre del año, Vestas ha anunciado unos beneficios netos mundiales de 286 millones de euros. La empresa declina dar los resultados de su negocio en España. No obstante, en su último informe financiero publica un aumento de su cartera de pedidos, medida en megavatios, en Europa, Oriente Próximo y África del 60% con respecto al mismo periodo de 2017. De los 1.623 megavatios conseguidos en esa área, la mayor parte procede de España, seguida de Suecia y Noruega, destaca el documento. “Se espera que el mercado español sea un mercado clave en el medio y largo plazo”, avanza también el informe anual de resultados de 2017. Este año Vestas prevé facturar 10.500 millones de euros. Del Olmo reveló igualmente que uno de los argumentos esgrimidos por la compañía danesa para cerrar la planta leonesa y trasladar la producción fuera de Europa es que en esos nuevos mercados los gobiernos la obligan a instalar una planta de producción si quieren presentarse a las subastas de plantas eólicas.

El representante de UGT apunta, además, que las fábricas en países como Rusia “ni siquiera son propiedad de Vestas”, sino que se trata de lo que la empresa denomina “contractors”, compañías locales con las que subcontratan la producción.

Devolución de subvenciones públicas

La Junta de Castilla y León también ha acusado de “deslealtad institucional” a la empresa. La multinacional recibió 13,5 millones de euros en ayudas comunitarias gestionadas a través de la Administración castellanoleonesa y el Gobierno central. Entre ellas, 12,2 millones en incentivos regionales por una inversión prometida de casi 50 millones de euros que finalmente se redujeron a 33,2 millones en 2013. Y 1,25 millones más para proyectos de I+D.

Además, Vestas debió reintegrar en 2013, 2014 y 2017 parte de las subvenciones recibidas por incumplir las condiciones que la normativa exige. No mantuvo la inversión prometida durante cinco años en el caso de una ayuda que le concedió la Junta de Castilla y León en 2010, por lo que tuvo que devolverla íntegra, 409.016 euros, más 50.370 euros por interés de demora. Otro tanto le ocurrió con una ayuda del Gobierno de Castilla-La Mancha, de 9,94 millones de euros, por la que se había comprometido a mantener 495 puestos de trabajo en su factoría de Daimiel. Tuvo que devolver 29.839 euros más 5.363 euros por interés de demora. Y por incumplir su compromiso de inversión de 33,2 millones citado más arriba, en 2017 se le redujo la subvención de 5,98 millones en casi 100.000 euros, según se extrae del Boletín Oficial del Estado (BOE).

El caso es que el plazo para no tener que devolver el importe íntegro de las ayudas recibidas, cinco años, expiraba el pasado mes de junio, un mes antes de anunciar el cierre de la factoría de Villadangos de Páramo. En julio también cerró otra de sus plantas, la de Vilafranca del Penedés (Barcelona) y despidió a sus 44 trabajadores, con indemnizaciones de 33 días por año más una paga lineal de 800 euros por año de antigüedad. La planta se dedicaba a reparar los aerogeneradores, una actividad que desde entonces realiza directamente en los parques eólicos una subcontratada alemana, ZF Aftermarket.

En huelga una planta con Premio a la Excelencia 

Vestas presume de tener 92 gigavatios instalados en 79 países, lo que supone un 16% de cuota de mercado y la convierte en el líder mundial en el sector eólico. Cuenta con una plantilla global de 23.900 empleados. Uno de sus principales accionistas es el fondo de inversiones Blackrock, aunque el portavoz de Vestas rehúsa precisar el porcentaje de capital en sus manos o siquiera si es mayoritario. Blackrock es el primer accionista del ÍBEX 35, con participaciones en Santander, BBVA, Caixabank o Telefónica, por ejemplo.

Además de su discutida gestión de subvenciones públicas, la multinacional eólica tiene abierto un frente con la Agencia Tributaria. La Audiencia Nacional dirimirá si Vestas cumplió con sus obligaciones fiscales entre 2006 y 2009. Según explica su portavoz, se trata de un problema entre las agencias tributarias española y danesa, ya que ambas reclaman que parte del beneficio de la compañía debería haber tributado en su país y no en el otro. “Se ha producido una doble imposición para el grupo, pues los mismos resultados han tributado simultáneamente en España y Dinamarca, situación contraria a los más elementales principios de tributación y contraria al ordenamiento de la UE”, sostiene el portavoz.

Los trabajadores de Villadangos de Páramo se encuentran en huelga desde el pasado 16 de julio, por lo que la producción lleva casi dos meses parada. Ya han sido despedidos 180 empleados temporales. Los que aún quedan desconfían, pese a las palabras del ministerio tras la reunión del lunes, de lo que pueda ocurrir en las plantas de Viveiro y Daimiel. La primera produce componentes para la planta de León y la segunda, palas que se ensamblan en la factoría que ahora puede desaparecer. El secretario de industria de CCOO cree que el cierre de Villadangos estaba planeado desde hacía meses y que Vestas ha “engañado a todos”, a los trabajadores y a la Junta de Castilla y León. El comité de empresa y el propio gobierno autonómico repiten que la planta es “competitiva” y “viable”. “Es la única del grupo capaz de producir diferentes modelos de forma simultánea”, resalta Ángel Manuel Santos. De hecho, los trabajadores de León han enseñado a empleados de Vestas en 12 países distintos los procesos que utilizan. “Somos empleo de calidad, con una formación muy especializada”, añade. Pablo Martínez recuerda que, sólo 15 días antes de anunciar el cierre, la planta de Villadangos de Páramo recibió del propio grupo danés un Premio a la Excelencia por su gran desempeño. Ahora la quiere cerrar por obsoleta.

Eso es lo que hay detrás de este discurso, eso es lo que esconde en el fondo semejante exigencia: que te calles. Bajo la cantinela de “la coherencia”, se busca que nadie vuelva a sacar las vergüenzas a la palestra, que nadie incomode con lo que todos sabemos. "Farsante, demagogo, hipócrita, populista… O eres perfecto o te callas"

todos somos esclavos de sus necesidades inventadasconsumistas

virtud personificadavirtudTodos debemos mejorar

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Himar Reyes Afonso,>

Los sindicatos CCOO Madrid y UGT Madrid han criticado este jueves que la embotelladora Coca-Cola Iberian Partners haya anunciado la reapertura de la planta de Fuenlabrada el 7 de septiembre, al considerar que siguen sin cumplir la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo que declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de CCOO en la planta, Juan Carlos Asenjo, ha insistido en que la readmisión que propone la empresa es una "readmisión irregular" que no se ajusta a la sentencia "ni en tiempo ni en forma", ya que no se ha readmitido a los trabajadores en tres días ni tampoco en los puestos de trabajo que tenían anteriormente.

En este sentido, ha apuntado que más de un centenar de trabajadores están a expensas de la vista oral en la Audiencia Nacional, prevista para el 10 de septiembre, donde se tendrá que resolver si la readmisión propuesta por la embotelladora es "regular o irregular".

Así, ha augurado que los 85 trabajadores ya readmitidos por la compañía son "casi en su totalidad trabajadores de logística, de mantenimiento", mientras que la empresa está "retrasando la actividad industrial y la producción de las líneas" con la "intencionalidad clara" de esperar a la decisión de la Audiencia Nacional.

En este punto, ha afirmado que diariamente acuden "tres o cuatro trabajadores externos de mantenimiento" a la planta fuenlabreña, cuando, para poder poner en marcha la instalación con sus anteriores funciones productivas, "tendrían que entrar 30 ó 40 trabajadores".

Asenjo también ha criticado las jornadas formativas que los empleados están recibiendo por parte de la empresa, que "estarían bien para recibirlas en una situación ordinaria" pero no en una situación que "no es óptima" al no ajustarse al auto de la Audiencia Nacional.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de UGT Madrid, José María González, quien, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que seguirán "luchando para que la planta se abra como centro productivo" y no como centro logístico. González ha apuntado que el conflicto está "cada día más liado" y que "tampoco la empresa sabe a ciencia cierta lo que quiere o no quiere", ha concluido.

Coca-Cola Iberian Partners ha confirmado que reabrirá el próximo 7 de septiembre la planta de Fuenlabrada, que lleva cerrada más de un año, como centro logístico, según informaron a Europa Press fuentes del embotellador español.

En concreto, la compañía, que ha realizado en la planta fuenlabreña mejoras y medidas de acondicionamiento, ha comunicado a 85 trabajadores su reincorporación esa fecha, ya que realizan funciones similares a las de antes del Expediente de Regulación de Empleo.

Sin embargo, los 135 restantes afectados por el ERE, que hacían labores de producción en el embotellador y que pasarán a ocupar distintas funciones en el nuevo centro logístico, deberán esperar a que la Audiencia Nacional resuelva los recursos presentados.

Los más de 200 trabajadores de Coca-Cola que fueron despedidos hace más de un año y medio de la fábrica de Fuenlabrada (Madrid) han empezado este lunes sus cursos de formación para adaptarse a la nueva función de la planta que, será un centro logístico, pero mujeres de empleados y compañeros han acudido hasta esta planta para evitar un posible desmantelamiento del campamento y de la embotelladora.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Gema, la mujer de unos de los trabajadores han asegurado que están en Fuenlabrada "para proteger la fábrica y para apoyar a los empleados". "Los han mandado a los cursos cada uno a un sitio (...) Posiblemente lo hayan hecho para que pudieran venir a desmantelar la fábrica, a sacar cosas y tirar el campamento", ha señalado.

En este sentido, Gema ha considerado que hay "una intención clara" de la empresa, aunque ha afirmado que si hicieran algo, la imagen de Coca-Cola "quedaría por los suelos". "No sé si hoy, mañana o pasado vendrán, pero de aquí no se saca nada", ha destacado la esposa de este trabajador.

Por su parte, Conchi, mujer de otro empleado de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada ha defendido que deben regresar al puesto que tenían antes del ERE, manteniéndose la planta como un centro productivo y no logístico como la empresa pretende. "Lo normal es que limpien, acondicionen la fábrica, los manden de vacaciones y a la vuelta los incorporen", ha señalado Conchi.

Además, ha manifestado que "cada día" quieren mandarles a hacer el curso de formación en "un sitio diferente". "Se están riendo de la justicia", ha lamentado Conchi. Asimismo, todas estas mujeres han coincidido en que la planta de Fuenlabrada está "totalmente intacta" para que vuelva a estar operativa de nuevo. "Se supone que con mantenimiento, podría ponerse en funcionamiento otra vez", ha comentado Mari Carmen, la mujer de otro trabajador del embotellador único.

Acuerdo con los sindicatos en torno al ERE

Coca-Cola Iberian Partners anunció este viernes que había cerrado con los sindicatos el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que fue anulado por la Audiencia Nacional, tras haber alcanzado un acuerdo con un total de 423 empleados. El acuerdo, que ha sido avalado por la Audiencia Nacional, se ha firmado con las centrales sindicales CC.OO, UGT, USO, C-SIF Y CGT.

El embotellador, en cumplimiento con la sentencia de la Audiencia Nacional, indicó que este lunes se incorporan de forma efectiva 325 personas, que lo harán en los centros de trabajo de todo el territorio nacional.

La compañía ha explicado que el inicio de la actividad del centro de Fuenlabrada "queda pendiente de los trabajos de adecuación", ya que lleva cerrado año y medio y su estado de deterioro requiere un proceso integral de acondicionamiento.

Entre tanto, los trabajadores asignados a este centro, más de 200, asistirán a cursos de formación relacionados con la actividad que se desarrollará en el Centro de Operaciones Industriales y Logísticas (COIL).

El Tribunal Central de Recursos Contractuales ha anulado la adjudicación del servicio de atención telefónica del Canal de Isabel II a GSS Venture, una filial de la propia empresa pública que gestiona el suministro de agua en la Comunidad de Madrid. La concesión había suscitado la polémica porque iba a suponer el traslado de parte del servicio a Lima (Perú) y el despido de algunos de los 250 trabajadores que actualmente se encargan del servicio.

La adjudicación fue recurrida por dos de las empresas que se presentaron al concurso: Grupo Konecta, una filial del Banco Santander, y Atento, antigua filial de Telefónica ahora en manos del grupo de inversión Bain Capital. Y el Tribunal Central de Recursos Contractuales ha dado la razón a ambas, anulando el concurso y ordenando al Canal de Isabel II que redacte de nuevo los pliegos según los cuales se tramitó.

Al concurso también se presentó la matriz de GSS Venture, Global Sales Solutions Line SL, pero fue excluida por la mesa de contratación. Al igual que GSS Venture, ofrecía el traslado de parte del servicio a Perú, pero no identificó “cuántos puestos de trabajo por perfiles se ubicarán en Madrid y cuántos en Lima”, por lo que su oferta no prosperó.

La valoración de las ofertas fue irregular

El tribunal anula la adjudicación por dos motivos. Primero, porque el proceso de evaluación de las ofertas se llevó a cabo vulnerando “los principios de transparencia, igualdad y no discriminación”. Las propuestas de cada empresa se concretan en tres sobres: el número uno con la documentación administrativa, el número dos con la oferta técnica y el número tres con la propuesta económica. Deben abrirse por ese orden. Y sólo las empresas que superan un trámite pasan al siguiente.

Pues bien, en este concurso la apertura del sobre dos, “no se hizo en acto público” y las ofertas económicas –sobre tres– fueron abiertas antes que las técnicas. Según explica el tribunal, “la valoración de todos los criterios de adjudicación se hizo conjuntamente, tanto los de carácter automático como los evaluables mediante juicio de valor, lo cual no es conforme ni con los principios de transparencia, igualdad y no discriminación de la Ley de Contratos en el Sector del Agua, Energía, Transportes y Servicios Postales, ni con el procedimiento previsto en el propio pliego de condiciones administrativas”.

Separando el contenido de las ofertas en sobres y prohibiendo incluir documentación sobre el precio ofertado se intenta evitar que los técnicos de la mesa de contratación se vean “influidos o mediatizados por el conocimiento de elementos que no dejan margen a la discrecionalidad [la propuesta económica]” cuando tengan que “valorar los criterios subjetivos”.

El segundo motivo para declarar la nulidad de pleno derecho de la adjudicación se refiere al informe de valoración de las ofertas. “A pesar de sus 59 páginas”, destaca el tribunal, “no contiene ninguna explicación o razonamiento sobre las causas de las puntuaciones otorgadas, ni un análisis comparativo de las valoraciones”. Por el contrario, el informe se limita a describir las propuestas de los licitadores.

La mano de obra barata distorsiona la competencia

Una vez dictaminada la nulidad radical del procedimiento, el tribunal examina el resto de las alegaciones de las empresas recurrentes, para evitar que los nuevos pliegos del concurso repitan los errores del primero. Y la mayor parte de su análisis lo dedica la resolución a fundamentar que la deslocalización de parte del servicio de atención telefónica a Perú es un fraude de ley que distorsiona el principio de libre competencia; por tanto, concluye, la oferta de GSS Venture debería haber sido rechazada por la mesa de contratación del Canal de Isabel II.

El tribunal argumenta que la deslocalización supone “una diferente aplicación de la normativa laboral y, en consecuencia, la aplicación de diferentes costes sociales”. Así consiguen las empresas “prevalerse de una ventaja competitiva adquirida mediante técnicas que pudieran calificarse como fraude de ley si se realizan exclusivamente con fines concurrenciales”.

La resolución es muy clara y dura en su rechazo de la deslocalización como instrumento para lo que considera competencia desleal. “En realidad”, destaca, “se procede a la contratación de trabajadores extranjeros sin autorización para trabajar en España […] que no realizan cotizaciones sociales ni pagan sus impuestos sobre la renta, pero que cobran indirectamente de un ente público [el Canal de Isabel II], obteniendo una posición de ventaja en el mercado adquirida si no es mediante la infracción de la ley, sí mediante su utilización para fines distintos a los que va dirigida”. Entre esas “técnicas” perniciosas, el tribunal cita “el empleo de mano de obra barata, las políticas fiscales beneficiosas o la relajación en la normativa ambiental” normalmente incluidas en estos “mecanismos de internacionalización”.

El tribunal determina también que el traslado a Perú de parte del servicio –averías, daños a terceros y resolución de incidencias– incumple los pliegos del concurso porque éstos exigen únicamente dos locales para prestar el servicio: uno para la plataforma principal y otro para la de contingencias –que sustituye a la anterior si la primera se avería–. Así que el servicio trasladado a Lima sería un tercer local.

GSS Venture no acredita que en Perú tenga medios

En la capital peruana, GSS Venture pretendía aprovechar los medios que allí posee su matriz, GSS Line. Para ello aportó el contrato que mantiene con ella, firmado en noviembre de 2001. Sin embargo, el tribunal recuerda que ese contrato vence el 31 de diciembre de 2016 –se renueva cada año–. Es decir, subraya, no cubre el tiempo total de duración del contrato en el Canal de Isabel II –tres años y cinco meses, prorrogable por otro año más–. Por tanto, “no existe ninguna garantía para el Canal de Isabel II de que el adjudicatario va a disponer de los medios materiales para seguir ejecutando el contrato” más allá de esa fecha. Después de todo, añade, GSS Line no está obligada a prorrogar su contrato con la filial. Tampoco acreditó ésta en el concurso que los medios necesarios ya “estén de manera efectiva a disposición del adjudicatario”. Otro elemento de la oferta de GSS Venture que el órgano de contratación debió rechazar, según concluye el tribunal.

No es el último. La resolución apunta también que GSS Venture “no se pronuncia claramente” sobre el modelo que adoptará su plataforma en Lima. Es decir, no aclara si subcontratará allí con su empresa matriz o constituirá una sucursal. Los pliegos del concurso prohíben expresamente la subcontratación del servicio.

Uno de los aspectos más criticados por la plantilla de la atención telefónica del Canal es que el concurso no incluyera la obligación del adjudicatario de subrogarse en los trabajadores que prestan actualmente el servicio. Las dos empresas recurrentes alegaron que asumir los costes salariales de los trabajadores subrogados les impedía presentar una oferta económica tan baja como la hecha por GSS Venture. De hecho, la mesa de contratación determinó en un primer momento que esa propuesta –y la de otra candidata, Servinform SA– eran “anormalmente bajas”. Pero después aceptó las alegaciones ofrecidas por GSS Venture, que terminó siendo la adjudicataria. El precio ofertado sumaba el 70% de la puntuación final del concurso.

Nueve millones menos que hace cuatro años

GSS Venture lleva 10 años gestionando el servicio de atención telefónica del Canal de Isabel II, tras ganar los correspondientes concursos. La empresa fue creada en 2001 con un 25% del capital en manos de la compañía pública madrileña y el 75% en las de GSS Line, filial de Global Sales Solutions (GSS), una de las mayores firmas españolas de telemárketing.

El penúltimo concurso lo ganó en mayo de 2011 por 24,36 millones de euros. El ahora anulado tenía un precio de licitación inferior: salió por 20 millones sin IVA y se ha adjudicado por sólo 15,35 millones. Las condiciones salariales y de trabajo en el sector del telemarkéting en España son de las más precarias. Los sueldos de los teleoperadores de GSS, aseguran fuentes del comité, apenas alcanzan los 1.000 euros mensuales. Pero en Perú GSS está ofreciendo salarios de 750 nuevos soles por una jornada de siete de la mañana a cuatro de la tarde –nueve horas–, incluidos sábados de manera “eventual”. Son 214 euros al mes.

GSS, que cuenta con una plantilla de casi 10.000 trabajadores repartidos entre España y otros ocho países americanos, facturó el año pasado en torno a los 100 millones de euros.

Por su parte, Canal de Isabel II puede presumir de unas cuentas más que saneadas. Cerró 2014 con unos beneficios de 225,7 millones de euros. Acredita un volumen de negocio de 830,7 millones de euros. En la junta de accionistas que celebró el pasado 23 de abril anunció un reparto de dividendo de 131,4 millones, a los que hay que añadir otros 22,6 de dividendo complementario. El 17,6% de su capital se distribuye entre 111 municipios de Madrid. El resto es propiedad de la comunidad autónoma. Privatizarlo fue uno de los objetivos de Esperanza Aguirre mientras estuvo al frente de la Comunidad de Madrid. Pero la actual presidenta, Cristina Cifuentes, se ha comprometido con Ciudadanos a mantener la propiedad pública del Canal al 100%. Y lo ha hecho pese a que el Tribunal Constitucional avaló hace escasos días la ley aprobada por la Asamblea de Madrid que permitía la venta de hasta el 49% de la empresa pública de agua.

Las malas prácticas de sus proveedores brasileños le vuelven a costar a Zara un disgusto. La cadena de tiendas, punta de lanza de la multinacional Inditex liderada por el empresario Amancio Ortega, ha sido sancionada con 838.000 reales brasileños –poco más de 246.000 euros– por incumplir el acuerdo al que llegó en 2011 con el Ministerio Público de Trabajo carioca (el equivalente a la Inspección de Trabajo) para mejorar las condiciones de trabajo en algunas de sus empresas suministradoras. Así lo denuncia la ONG Repórter Brasil y varios medios del país, si bien la multinacional niega esta sanción y asegura que se trata de "un procedimiento puramente administrativo" que ya ha recurrido. 

El primer escándalo en el que se vio envuelto Inditex se produjo en 2011, cuando la multinacional se vio obligada a comprometerse a invertir 1,4 millones de euros al descubrirse que trabajadores –fundamentalmente bolivianos y peruanos– de algunas empresas brasileñas vinculadas a su cadena de producción ejercían su labor en una situación cercana a la esclavitud. El Ministerio Público de Trabajo de Brasil abrió 52 actas de infracción a Zara y pidió en un principio una indemnización de 5,89 millones de euros, una exigencia que luego rebajó a cambio de que la empresa accediese a crear un fondo de emergencia para resolver eventuales situaciones de precariedad de las condiciones de trabajo.

No obstante, según publican varios medios brasileños, la Inspección de Trabajo ha detectado nuevas irregularidades en algunos de los proveedores de Zara en el país y, de igual forma, denuncia que la multinacional se ha dedicado desde el año 2011 a cortar sus relaciones comerciales con las contratas que explotan laboralmente a sus trabajadores en lugar de obligarles a mejorar sus condiciones de trabajo.

"La compañía habría desviado el propósito de las auditorías internas: en lugar de mejorar las condiciones de los proveedores, aprovechó para identificar y desvincularse de los talleres de costura que emplean a inmigrantes, independientemente de si violan o no la ley", asegura en este sentido la ONG Repórter Brasil. La versión de Inditex es radicalmente diferente: "En línea con su política global de Responsabilidad Social Corporativa y con los objetivos del acuerdo firmado en Brasil en diciembre de 2011, Inditex ha eliminado cualquier posibilidad de precarización entre sus proveedores brasileños", asegura un portavoz.

7.071 trabajadores perjudicados

Repórter Brasil asegura que la actitud de Inditex provocó que muchos de los trabajadores perdieran su empleo y afirma que, en muchos casos, las empresas "habrían interrumpido la producción sin pagar sus deudas con los trabajadores". "La auditoría apunta a que a la multinacional usó los nuevos controles internos prioritariamente para eliminar riesgos para su imagen", remacha Repórter Brasil, que sostiene que según la inspección Zara no habría "detectado o corregido graves problemas que continuaron ocurriendo [desde 2011], como el trabajo infantil y los horarios excesivos".

En este sentido, la sanción a la que se enfrenta Inditex es precisamente por discriminar a estos trabajadores inmigrantes. Según informa el diario brasileño Folha de Sao Paulo, los inspectores detectaron 433 irregularidades en 83 pesquisas, unos fallos que habrían perjudicado a 7.071 trabajadores de 67 empresas, según Renato Bignani, coordinador del programa de erradicación del trabajo esclavo del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil. Y hay más: el Gobierno también ha pedido a la Inspección de Trabajo que imponga otra sanción de 7,3 millones de euros a Zara por haber incumplido el acuerdo al que llegó en 2011, si bien la medida está aún en estudio.

Pero Inditex niega la mayor. Cuestionado por infoLibre, un portavoz de la multinacional respondió que "no existe sanción o condena alguna a Zara en Brasil", y aseguró que se trata simplemente de "un procedimiento puramente administrativo que ya ha sido recurrido" y que la compañía confía en que "no va a sustanciarse". "Inditex está cumpliendo adecuadamente con los acuerdos contenidos en el acuerdo", afirma igualmente el portavoz que sostiene que las autoridades brasileñas "no han comunicado a Inditex inconformidad de ningún tipo", pese a que han llevado a cabo "2.800 auditorías" desde de 2012.

Inditex y Repórter Brasil dan versiones diferentes

"Las irregularidades a las que se refiere el actual informe de la autoridad laboral brasileña son en su mayor parte infracciones administrativas cometidas por las empresas proveedoras. Estas irregularidades nada tienen que ver con el caso sucedido en 2011, cuando se identificaron dos talleres que trabajaban con la empresa brasileña Ahà con condiciones de trabajo de gran precariedad", sostiene igualmente Inditex, que asegura que "las irregularidades a las que se refiere el informe actual son en muchos casos incumplimientos administrativos o problemas de carácter leve en cuestiones de salud y seguridad".

No obstante, Repórter Brasil recoge testimonios de dos extrabajadores bolivianos de una de estas subcontratas –que, según la ONG, proveyó de sus servicios a Zara en 2013– que desmienten esta versión. Estos extrabajadores denuncian que sus jornadas de trabajo se prolongaban hasta 18 horas, en las que tenían que producir un mínimo de 30 piezas si no querían que se les descontase la hora. Además, según su testimonio, el gerente era "muy violento" y llevaba una navaja al cinturón, y para más inri, tras un año de trabajo, la empresa les adeuda dinero.

"Para estos proveedores, la producción dirigida a Zara Brasil supone menos del 15% del total, es decir, que Zara es solo uno de sus muchos clientes; el restante 85% de su producción se dirige mayoritariamente a otras empresas brasileñas del sector de vestuario" se defiende el portavoz de la empresa, que asegura que "en la mayoría de los casos, tampoco las empresas proveedoras inspeccionadas han sido notificadas acerca de estas infracciones". "Parece lógico pensar –y así lo estipula la ley– que la Inspección de Trabajo debería haber planteado las diligencias oportunas, en caso de que lo considerase necesario, para su corrección", remacha Inditex.

"Importantes inconsistencias" en el informe

Además, según la empresa, "el informe de la Inspección de Trabajo de Brasil contiene importantes inconsistencias", en las que se fundamenta su recurso y entre las que pone como ejemplo "que cinco de las empresas mencionadas en el informe nunca han trabajado para Zara Brasil, extremo que ha sido certificado por la compañía de auditoría SGS". En este sentido, el portavoz de Inditex recuerda que un informe hecho público por Repórter Brasil y SOMO –otra ONG– el mismo día que se conoció la multa admite que la compañía ha llevado a cabo "un aumento significativo" de sus inspecciones, así como que ha promovido "esfuerzos para estimular el cumplimiento del código de conducta de Inditex por parte de los proveedores".

No obstante, este informe también recuerda que "a pesar de estas mejoras, un problema importante en la industria de la confección brasileña es la alta incidencia de la externalización y la subcontratación, a través de las cuales los talleres irregulares se incorporan a la cadena de suministro". En estos talleres "hay un alto riesgo de graves violaciónes de los derechos humanos y laborales", según SOMO y Repórter Brasil, que sostienen que "los mecanismos de vigilancia de Inditex, a pesar de que se han reforzado, no enfrentan adecuadamente el problema".

Grupo Konecta y Atento han recurrido la adjudicación del servicio de atención telefónica del Canal de Isabel II a GSS Venture, participada en un 25% por la propia empresa pública madrileña. De esta forma, han paralizado también el traslado del servicio a Perú el próximo día 27, frustrando así los planes de GSS Venture, que pretende operar desde el país andino los apartados de averías, urgencias, seguros y riesgos.

La paralización ha dado un breve respiro a los 250 trabajadores que hasta ahora se encargaban de la atención telefónica del Canal de Isabel II, la compañía pública que gestiona el suministro de agua en la Comunidad de Madrid. No obstante, han convocado para el próximo martes una manifestación ante la sede de la empresa para protestar por la deslocalización del negocio. Aunque GSS Venture ha prometido que “intentará recolocar con el mismo horario y categoría profesional” en otras de sus actividades a los operadores telefónicos cuyo trabajo quiere trasladar a su filial peruana, el comité de empresa no se fía.

“Dicen que se van a llevar a Perú sólo las averías, las urgencias y seguros y riesgos, pero tememos que, si esos servicios funcionan bien, el resto también los van a trasladar”, explican los representantes de los trabajadores. Además, denuncian que el Canal de Isabel II ha eliminado del pliego de condiciones del concurso la cláusula que en las anteriores convocatorias obligaba al adjudicatario a salvaguardar el empleo y a subrogar a la plantilla.

GSS Venture lleva 10 años gestionando el servicio de atención telefónica del Canal de Isabel II, tras ganar los correspondientes concursos. La empresa fue creada en 2001 con un 25% del capital en manos de la compañía pública madrileña y el 75% en las de GSS Line, filial de Global Sales Solutions (GSS), una de las mayores firmas españolas de telemárketing. En GSS Line el Canal de Isabel II tuvo hasta 2007 un 20% del capital, que ese año vendió a la italiana Omnia. Dos años más tarde, la matriz recompró el 60% de la firma transalpina.

Nueve millones menos gracias a salarios de 214 euros al mes

El anterior concurso fue adjudicado a GSS Venture en mayo de 2011 por 24,36 millones de euros para un periodo de tres años con otro más de prórroga. El que ahora se encuentra en litigio es sólo para dos años, prorrogable para otro más. Pero el precio de licitación ha sido muy inferior: salió por 20 millones sin IVA y se ha adjudicado por sólo 15,35 millones. Fuentes del comité de empresa explican que los responsables de GSS Venture llegaron a quejarse por el bajo precio de salida –“No nos vamos a presentar, perderíamos dinero”–. Pero finalmente encontraron la fórmula para cuadrar las cifras: la rebaja de costes salariales que implica el traslado a Perú de parte del negocio, razonan. 

Las condiciones salariales y de trabajo en el sector del telemarkéting en España son de las más precarias. Los sueldos de los teleoperadores de GSS, aseguran las fuentes del comité, apenas alcanzan los 1.000 euros mensuales. Claro que, en Perú, GSS está ofreciendo salarios de 750 nuevos soles por una jornada de siete de la mañana a cuatro de la tardeofreciendo salarios de 750 nuevos soles –nueve horas–, incluidos sábados de manera “eventual”. Son 214 euros al mes. Los pliegos del concurso establecían que el 70% de la nota de adjudicación correspondería al precio que ofertaran los candidatos; el 30% restante, a las condiciones técnicas del servicio.

GSS, que cuenta con una plantilla de casi 10.000 trabajadores repartidos entre España y otros ocho países americanos, facturó el año pasado en torno a los 100 millones de euros.

Canal de Isabel II puede presumir de unas cuentas más que saneadas. Cerró 2014 con unos beneficios de 225,7 millones de euros. Acredita un volumen de negocio de 830,7 millones de euros. En la junta de accionistas que celebró el pasado 23 de abril anunció un reparto de dividendo de 131,4 millones, a los que hay que añadir otros 22,6 de dividendo complementario. El 17,6% de su capital se distribuye entre 111 municipios de Madrid. El resto es propiedad de la comunidad autónoma.

El gigante saudí, que compró la cadena Blanco –ahora SuiteBlanco– hace poco más de un año, encargó un estudio a la consultora Deloitte para medir las ventajas, básicamente fiscales, de trasladar el negocio al emirato árabe, donde no existen impuestos sobre la renta, ni sobre las ventas, el patrimonio y el capital. Tampoco se pagan aranceles comerciales. Según fuentes del comité de empresa, los responsables de la cadena les hablaron este jueves de “internacionalizar” la compañía, “integrando ciertos departamentos en la estructura del grupo”, que se reparte entre Reino Unido, Dubai y Arabia Saudí. De hecho, los departamentos de Comercio Internacional y de Expansión ya operan desde el emirato.

Arabia Saudí, con 42 tiendas, se ha convertido en el segundo mercado de Blanco después de España –donde tiene 119 locales–. Y sus planes de expansión incluyen Egipto, Jordania, Filipinas, Kazajistán. En EEUU planea abrir el próximo otoño siete nuevas tiendas.

Mientras, en España, la cadena ya ha empezado a franquiciar tiendas, un sistema que le permite minimizar riesgos, en Aranjuez (Madrid), Puigcerdá (Girona) y Almendralejo (Badajoz). Al tiempo, cerrará las de Alicante, Barcelona, Bilbao, Elche, Ibiza, Madrid, Valencia, San Sebastián, Santander y Santiago de Compostela. El objetivo es “maximizar eficiencias”, según consta en el comunicado que la empresa hizo público al terminar la reunión con los representantes sindicales.

Casi cuatro millones de pérdidas en sólo dos meses

En principio, la llegada de Alhokair en enero de 2014 supuso un respiro para la cadena textil, que se encontraba en concurso de acreedores. El acuerdo de compra, por importe de 40 millones de euros, incluía un compromiso de los saudíes para mantener la plantilla, después de que en agosto de 2013 un primer ERE pusiera en la calle a 771 trabajadores.

Sin embargo, Blanco ha cerrado el primer año de gestión saudí con unas pérdidas de casi 17 millones de euros. Sólo en enero y febrero de este año, los números rojos ascienden a 3,9 millones. Y las previsiones para este ejercicio que la empresa ha puesto sobre la mesa, contando con una hipótesis optimista de ventas y excluyendo el ERE, alcanzan los nueve millones de pérdidas.

Si el consumo repuntó el año pasado, Blanco no lo ha notado: las ventas de 2014 fueron inferiores a las de 2013, cuando la empresa se encontraba al borde de la quiebra. También han empeorado los márgenes de venta. Sólo la campaña publicitaria de noviembre, con la exnovia de Cristina Ronaldo, Irina Shayk, en los carteles, consiguió animar la facturación al acabar el año, explican fuentes del comité.

Cambio de condiciones laborales“El problema de la empresa es la dirección”

, argumentan los representantes sindicales. El fundador de la cadena textil, Bernardo Blanco, perdió el control sobre la compañía al venderla a los saudíes, pero siguió al frente de ella como director general. Y hacia él apuntan los trabajadores a la hora de exigir responsabilidades por los malos resultados. Bernardo Blanco ha puesto en venta las principales tiendas de la marca, que gestiona a través de Inversiones Blasol, en concurso de acreedores desde el pasado noviembre. Se trata de las situadas en la calle de Goya de Madrid, la calle de Ercilla de Bilbao, y la de Pelayo en Barcelona.

UGT y CCOO ya han anunciado su intención de movilizar a la plantilla contra los despidos, por los que la empresa ha ofrecido indemnizaciones de 20 días por año trabajado, el mínimo legal. A los que conserven su puesto de trabajo también les esperan sorpresas. A quienes queden en las oficinas, la cadena quiere cambiarles el horario. Y a los dependientes de las tiendas se les modificará el actual sistema de comisiones. Blanco ya intentó cambiarlo en 2013, pero la Audiencia Nacional falló a favor de los sindicatos y la obligó a mantener el sistema original.