El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid "no tendrá ningún problema" en apoyar una comisión de investigación sobre AvalmadridAvalmadrid, que ya han anunciado que presentarán varios grupos de la oposición, si la iniciativa es "rigurosa, seria y sobre todo jurídicamente posible".

Así lo ha indicado esta mañana portavoz de Cs en el Parlamento regional, César Zafra, sabiendo que sus votos en la Mesa de la Asamblea son fundamentales para que salga adelante dicha comisión. Zafra también ha anunciado hoy que presentará una Proposición No de Ley (PNL) para que la Comunidad de Madrid "ayude jurídicamente y esclarezca si ha habido algún tipo de irregularidad en Avalmadrid y que se desvincule jurídicamente" de esta entidad semipública.

"Creemos que es el momento que la Comunidad dé este paso. En la anterior legislatura presentamos varias iniciativas, preguntas y comparecencias para saber lo que estaba ocurriendo. En esta nueva etapa lo mejor es desvincularse completamente de Avalmadrid porque visto lo visto no creemos que sea la mejor herramienta para que las pymes y los autónomos madrileños puedan salir adelante", ha añadido.

Para el portavoz de la formación naranja, el nuevo Gobierno regional tiene que dejar de aportar fondos a esta sociedad semipública y ofrecer cualquier tipo de colaboración con la Justicia. "Una vez Cs está en las instituciones no tenemos ningún problema en regenerar y dar cualquier transparencia posible para que la Justicia pueda investigar si ha ocurrido cualquier irregularidad en Avalmadrid", ha agregado.

No obstante, Zafra no ha afirmado con rotundidad que este nuevo Gobierno cierre esta sociedad de garantía recíproca, aunque si fuese por ellos "estarían encantados de hacerlo", ya que ha apuntado que todo depende del "resto de socios", en alusión a PP y Vox. "Espero que lo que haga el Gobierno es desvincularse del accionariado", ha insistido.

De momento, según ha explicado, tras el cese de la presidenta de Avalmadrid, el consejero de Economía, Manuel Giménez –que fue nombrado por Ciudadanos– tendrá que nombrar un nuevo equipo con sus direcciones generales y una de ellas es la que estará a cargo de Avalmadrid. "Nosotros encontraremos una persona profesional y que pueda representar bien ese cargo", ha indicado.

Zafra también se ha comprometido a que si durante esta legislatura cualquier persona del PP "se ve manchada" por algún tipo de irregularidad tanto en este caso de Avalmadrid como en el resto, pedirán responsabilidades. "Lo mejor es que haya un gobierno transparente para que no veamos lo que ha pasado en anteriores legislaturas", ha apostillado.

Por ello, el diputado de Cs ha subrayado que seguirán en la misma línea anticorrupción de la anterior legislatura, en la que ya vieron que en Avalmadrid, incluso antes de que su partido entrara en la Asamblea, había "ciertas irregularidades y no estaba funcionando ni estaba trabajando como debería". "Es el momento de cambiar y con un Gobierno de Ciudadanos hay que apostar por la regeneración transparencia porque un Avalmadrid desprestigiado lo único que hace es dañar a la Comunidad y las pymes", ha concluido.

Aquí puedes leer la PNL de Ciudadanos:  

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y secretario de organización del partido, César Zafra, ha reiterado hoy su aval a Isabel Díaz Ayuso como futura presidenta de la Comunidad de Madrid. Zafra entiende que ni el trato de favor recibido por Avalmadrid, ni su participación en un presunto alzamiento de bienes ni su aparición como "interlocutora" con los empresarios de la trama Púnica la "inhabilitan" para el cargo.

infoLibre ha desvelado durante las últimas seis semanas que Ayuso utilizó sus contactos en el Gobierno de Esperanza Aguirre para recibir un trato de favor de Avalmadrid –una entidad que controla el Gobierno autonómico–, que se aprovechó de dos donaciones sospechosas de alzamiento de bienes para hacerse con la propiedad de una vivienda y un local de oficinas en Madrid y que debe cinco años del IBI de este último inmueble al Ayuntamiento de Madrid. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso].

En todo caso, Zafra entiende que si la candidata del PP a la Comunidad de Madrid fuera imputada en algún caso de corrupción tras ser proclamada presidenta, tendría que dimitir como está firmado en el acuerdo, aunque piensa que lo que está ocurriendo es que algunos partidos quieren acaparar el foco mediático, según infoma Europa Press.

En declaraciones a los periodistas en la sede del partido naranja al ser preguntado sobre las informaciones que vinculan a Ayuso con la trama Púnica, Zafra ha defendido que aparecen "cientos de personas" porque es uno de los sumarios más grandes y hay personas imputadas en las distintas etapas por un proceso judicial y Ayuso, por el momento, "no está inhabilitada judicialmente".

"En Ciudadanos hemos levantado alfombras en Andalucía, viendo las fechorías del PSOE y en Madrid no vamos a tener ningún problema en que una vez que haya un proceso judicial, si es que lo hay, se actúe en consecuencia porque en los acuerdos que hemos firmado no puede haber imputados en ningún gobierno donde esté Ciudadanos. En esta legislatura hemos hecho dimitir a imputados y esta será nuestra forma de actuar", asevera.

Sobre si cree que Ayuso debería dar explicaciones sobre Avalmadrid, el portavoz adjunto de Cs ha señalado que no se trata de dar o no explicaciones, sino de que algunos partidos "están intentando acaparar el foco mediático".

Por lo tanto, ha asegurado que no aceptaría la solicitud del PSOE de crear una comisión de investigación referente a este tema cuando en la anterior legislatura "pactó con el PP para que no fueran a la Asamblea a dar explicaciones ni la exministra Carmen Montón ni Pablo Casado (presidente del PP)".

Tras dos meses de tira y afloja, el pasado viernes se confirmó por fin el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para que la conservadora Isabel Díaz Ayuso presida la Comunidad de Madrid. Pero el Gobierno de Ayuso, que previsiblemente será nombrada presidenta la semana que viene, va a nacer ya sumido en el escándalo, y no solo porque la ultraderecha será su socio ineludible para alcanzar la mayoría. El mismo viernes que se anunció el pacto, la Fiscalía Anticorrupción solicitó formalmente la imputación en el caso Púnica de los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Y, de confirmarse esta imputación, Ciudadanos tendría que tragarse buena parte de su discurso sobre lucha contra la corrupción de la última legislatura.

El partido naranja ha hecho de la "regeneración" una de sus banderas discursivas, pese a lo cual no ha tenido ningún problema en considerar al PP su socio preferente tras las últimas elecciones y en negociar gobiernos con los conservadores en decenas de ciudades y comunidades. El argumento de Ciudadanos es sencillo: la renovación del PP, enfangado por los numerosos casos de corrupción que le afectan, pasa precisamente por la entrada de la formación de Albert Rivera en sus ejecutivos para vigilar sus actuaciones. Y, por eso mismo, el pacto en la Comunidad de Madrid –epicentro de los escándalos del partido conservador– no debe romperse aunque los tres últimos presidentes autonómicos del PP puedan ser imputados.

Así lo defendió el pasado sábado su nuevo portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, que aseguró que "precisamente" por cuestiones como la posible imputación de Aguirre, González y Cifuentes en Púnica su partido debe entrar en los gobiernos. Según Bal, que Ciudadanos comparta el poder con el PP es la única manera de poder "hacer auditorías profundas, levantar alfombras y descubrir que había pasado en la época anterior". Y, para el portavoz, que la formación de Rivera forme parte de los gobiernos autonómicos sirve para que los ejecutivos no los domine el PSOE "con los ERE" ni el PP "con sus casos de corrupción", pese a que Ciudadanos haya apoyado a estos partidos en autonomías en los que se han visto envueltos en escándalos.

Rivera señaló expresamente a Cifuentes

Pero no es la primera vez que Ciudadanos se ve obligado a justificar su apoyo a un PP rodeado de casos de corrupción. Durante la pasada legislatura, el partido naranja fue el sostén parlamentario del Gobierno madrileño de Cristina Cifuentes, que se presentó a sí misma como garantía de limpieza dentro de su partido pero en cuyo mandato se siguieron sucediendo los escándalos. Tanto fue así que Ciudadanos acusó al PP de tener la corrupción integrada en su forma de funcionar y el propio Rivera amenazó con romper con la formación conservadora después de que la policía registrase la sede del PP madrileño en el marco de la investigación de la trama Púnica.

"Por supuesto que, si hubiera un solo imputado que afectara al Gobierno de la Comunidad de Madrid, tendría que ir de patitas a la calle, y entonces sí podría perder el apoyo de Ciudadanos", sostuvo en febrero de 2016 Rivera, que aseguró que el hecho de que el PP dé "cuentas de todo lo que han hecho en la Comunidad [de Madrid] en los últimos años" no es "un linchamiento", sino "limpieza democrática". Y unos meses después, en mayo, era incluso más preciso al asegurar que su partido se plantearía "muchas cosas" si "imputaran a Cristina Cifuentes". Un aviso que ha quedado en nada pese a que es la propia Cifuentes, presidenta de aquel Ejecutivo, y sus dos inmediatos predecesores los que podrían tener que sentarse ante los tribunales.

"Bandas organizadas con siglas de partido"

No obstante, esas no son las únicas palabras críticas sobre la corrupción que el líder del partido naranja ha dedicado quienes han sido, desde 2015, sus socios en la Comunidad de Madrid. También en febrero de 2016, a raíz del registro de la sede del PP de Madrid, Rivera calificaba de "banda organizada" a la formación con la que dentro de unos días comenzará a compartir gobierno. "No es que haya un garbanzo negro o un ladrón, es que hay bandas organizadas enteras con siglas de partido que se aprovechan y saquean nuestras instituciones", denunciaba Rivera, que insistía en su exigencia de "regeneración democrática" y llegó a afirmar que los partidos "que no saben limpiar su casa difícilmente pueden limpiar España de corrupción".

Y es que Ciudadanos, al menos públicamente, lleva años convencido de que su "socio preferente" es una organización en la que los casos de corrupción no son la excepción, sino la norma. En la misma línea que Rivera se expresó en abril de 2017 el entonces portavoz parlamentario del partido naranja, Juan Carlos Girauta, que aseguró que "el caso Gürtel, la operación Púnica" o "el caso Taula" no son "casos aislados, es el caso PP"caso PP. Y también hablaba de "caso PP"caso PP en marzo de 2018 quien se perfila como el próximo vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, el mismo que, dos años antes, aseguraba que Ciudadanos estaba "obligando al PP de la Púnica y la Gürtel a que se regenere".

"¿Vamos a seguir viendo casos del PP de Madrid?"

Tan poco convencido estaba Ciudadanos de que el PP madrileño hubiera terminado de depurar responsabilidades que su portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, César Zafra, se lo preguntó directamente a Esperanza Aguirre cuando ésta tuvo que comparecer en la comisión de investigación sobre la corrupción del partido abierta en la Asamblea regional en marzo del año pasado. "¿Usted cree, señora Aguirre, que después de lo que hemos visto del señor Granados, del señor González, en las últimas horas de la señora Cifuentes, esto es lo último que vamos a ver? ¿O vamos a seguir viendo casos del PP de Madrid, de su PP?", le lanzó Zafra a Aguirre en un intenso intercambio dialéctico en el que acusó a la exdirigente de saltarse la ley "a la torera" y de tener "a la mitad del partido escondido por ahí".

Un mes antes, en febrero, Zafra ya había mantenido en esa comisión de investigación otra discusión con Aguirre, a la que preguntó "cómo es posible que [...] el señor Granados, don Ignacio González, la señora Figar, la señora Gallego, don Salvador Victoria, hayan hecho cosas que no deberían hacer, cuando, al fin y al cabo, son sus pollitos", a los que Aguirre cuidó "debajo de su ala". "Ha llegado el punto en el que a la corrupción tienen que decir que sí o que no. No vale decir: bueno, puede que no, y mañana, si ocurre que sí, pues volveremos a echarle la culpa al de al lado", espetó Zafra a la expresidenta madrileña.

Ciudadanos ha decidido ignorar los engaños o imprecisiones de los currículos de tres de sus dirigentes a pesar de haberse comprometido a “apartar de cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica”.

El partido de Albert Rivera mantiene que ni sus diputados en el Congreso Miguel Gutiérrez y Toni Cantó, responsables de Interior y Anticorrupción de la dirección de Ciudadanos, ni el parlamentario autonómico y número dos de Cs en Madrid, César Zafra, falsearon sus currículos y que, por tanto, no tiene que tomar medidas contra ellos. Así lo confirmó este miércoles a infoLibre un portavoz oficial a pesar de que, en los tres casos, el currículo no siempre se ha ajustado a la realidad o sugieren titulaciones erróneas.

La mentira más evidente sobre sus méritos profesionales la protagonizó el número dos de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, César Zafra. Como reveló infoLibre en 2015, el también diputado en la asamblea madrileña hizo constar en su currículo oficial haber desarrollado una “carrera profesional en una empresa de productos relacionados con el ocio digital” que en realidad nunca pasó de “dos colaboraciones para presentar dos videojuegos a la prensa especializada”, según admitió en su día él mismo en respuesta a las preguntas de este periódico.

Zafra también aseguraba ser “asociado al despacho de abogados Martínez-Aybar”, pero acabó confesando que durante 2010 entró “como pasante” y que los siguientes años estuvo “trabajando sin contrato hasta que el despacho cerró porque aquello no funcionaba”. Su biografía oficial en la Asamblea de Madrid ya no habla de una “carrera profesional” en el sector del ocio digital pero todavía asegura que fue asociado al despacho de abogados citado.

Ciudadanos sigue a día de hoy considerando válida la opinión que sobre este caso dio su presidente, Albert Rivera, que en aquellas fechas dijo no considerar que esta falsificación sea “una mentira de currículum”.

En nombre de la dirección nacional del partido volvió a hablar de este tema esta semana el diputado en el Congreso Miguel Gutiérrez, según el cual el falseamiento de Zafra “no es comparable” con el máster de Cristina Cifuentes. En su opinión, “no tiene ningún sentido” que se comparen ambos casos porque el de la presidenta de la Comunidad de Madrid constituye un “delito”. “Hay que medir cada cosa en su justo término”, subrayó, obviando que el compromiso de su partido de “apartar de cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica” nada tiene que ver con el Código Penal.

Los casos de Gutiérrez y Cantó

Gutiérrez es, precisamente, otro de los dirigentes de Cs cuyo currículo no siempre ha reflejado exactamente la realidad. En la biografía oficial del responsable de Interior del partido de Rivera figura en estos momentos como ingeniero, y él mismo se definió en una entrevista publicada en 2015 como ingeniero topógrafo, lo que significa que completó los estudios de ingeniería técnica. Sin embargo, en el pasado su currículo aseguraba que era ingeniero superior e incluso doctor en ingeniería, dos grados por encima de su titulación real, como reveló en 2015 Lamarea.com.

Sobre este caso, Ciudadanos también ha tenido que volver a pronunciarse. Y lo hizo este lunes a través de su secretario general, José Manuel Villegas, quien recordó que en su día la dirección de Cs investigó el currículo de Gutiérrez y llegó a la conclusión de que “en ningún caso” había cometido “ninguna inexactitud”. “En este caso no había nada que tuviera que ver con falsificación de currículum y todos los datos que se habían aportado eran verdaderos”, precisó, en referencia a que cuando se presento a las primarias se limitó a certificar que tenía el título de ingeniero.

El PP está intentando mezclar temas que “no tienen nada que ver”, subrayó Villegas, porque lo ocurrido con Cifuentes no sólo es un tema “muy diferente” sino “mucho más grave”, porque se trata de una “trama de corrupción” en la universidad pública destinada a “favorecer” a determinados cargos políticos.

El compromiso de Cs para remover a cualquier cargo que falsee su currículum depende, sin embargo, de la exactitud de su contenido y no hace referencia alguna a tramas de corrupción.

El tercer alto cargo de Ciudadanos cuya historia curricular no siempre ha sido muy rigurosa es el del diputado en el Congreso Toni Cantó, que cuando era parlamentario de UPyD incluyó en su currículo una referencia a su condición de “pedagogo”, que él mismo ha relacionado con su experiencia como profesor de teatro, interpretación y aplicación de técnicas teatrales a la empresa en diversas instituciones y firmas privadas.

Ciudadanos tampoco ve en este caso ningún problema porque, aseguran fuentes del partido, hacer constar una experiencia como “pedagogo” no implica asegurar que se posee una licenciatura en esta disciplina. “Las biografías de los diputados se editan en ocasiones para actualizarlas o por motivos de espacio”, señalan las mismas fuentes a infoLibre.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre estaba citada este viernes en la Asamblea de Madrid para responder a los diputados en la comisión parlamentaria que investiga la corrupción política. En concreto, para dar explicaciones sobre la construcción y gestión de un campo de golf construido en 2007 en las instalaciones del Canal de Isabel II, que fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del que se benefició directamente la familia de Ignacio González, según consta en el caso Lezo.

Uno de los momentos más tensos tuvo lugar durante las preguntas que le formuló el portavoz adjunto de Ciudadanos en la cámara madrileña, César Zafra, al que Aguirre afeó que hubiera falseado su currículum, tal y como desveló infoLibre en 2015. El parlamentario se inventó los dos trabajos que figuraban en los currículos oficiales tanto de la Asamblea de Madrid como de la página del grupo parlamentario de Ciudadanos en esa Cámara.

En ambos figuraba que fue "abogado asociado", cuando él mismo reconoció a preguntas de este periódico que "en ningún momento defendió, ni representó a nadie, ni firmó ningún documento en calidad de abogado". En el currículo de la página del grupo parlamentario se inventó además una carrera profesional en una empresa de ocio en la que en realidad colaboró en dos ocasiones puntuales sin ser remunerado económicamente.

El diálogo entre ambos fue el que sigue: 

Esperanza Aguirre: No vamos a hablar aquí de trampas hablando usted.

César Zafra: ¿Por qué?

E.A.: Porque usted dijo en su currículum cosas que según el infoLibre (sic) eran falsas.

C.Z.: ¿Según?

E.A.: Falsas según el infoLibre (sic). Y encima le echó la culpa a los servicios de la cámara.

C.Z.: Señora Aguirre, me alegro de que la segunda vez que ha venido aquí haya hecho los deberes y haya mirado por mí.

E.A.: Como no lo hice la primera, se lo hago en esta.

C.Z.: Si hablamos de trampas, que me lo diga usted me parece un poco de broma, señora Aguirre.

E.A.: Yo no he hecho nunca ninguna trampa. Y en 35 años usted habrá visto las hemerotecas y a mí no me han pillado en ningún encargo.

C.Z.: Si usted creó la hemeroteca, por favor. Si usted destapó la trama Gürtel. ¿Me viene a decir a mí que yo hago trampas?

E.A.: No, no. Usted dijo en su currículum lo que no era. Si quiere usted gastar su tiempo en esto...

C.Z.: Lo que yo quiero que me responda es por qué usted sí hizo trampa y continuó una obra de forma ilegal.

Si yo fuera Cristina Cifuentes no me habría matriculado en un máster o lo habría abandonado en el mismo momento de ser nombrada delegada del Gobierno en Madrid, puesto que cursar un máster exige una asistencia presencial incompatible con el ejercicio de un cargo público de tal envergadura. (O con el del periodismo, por poner un ejemplo más cercano).

Si yo fuera Cristina Cifuentes y llegara a la conclusión de que cursar un máster es oportuno y necesario mientras ejerzo la actividad política, procuraría seleccionar una universidad del máximo prestigio y un tutor absolutamente ajeno al partido en que milito, con el fin prioritario de que no quede la más mínima duda de que nadie me regala un título. (A nada que se hubiera informado con sus amistades universitarias, sabría que precisamente ese campus de Vicálvaro es apodado dentro de la propia URJC como “la charca del PP”, por la numerosa presencia de “ranas” ligadas al PP de Madrid, a sus dirigentes y a sus ilustres imputados en asuntos de corrupción).

Si yo fuera Cristina Cifuentes, y en el hipotético caso de que hubiera sacado mucho tiempo libre de mis obligaciones políticas y derrochado insomnios suficientes para aprobar todas las asignaturas, habría escrito el imprescindible Trabajo de Fin de Máster (TFM) en mi ordenador, habría sacado las copias impresas del mismo que la Universidad exige, habría guardado además varias copias impresas e informáticas, se lo habría enviado previamente a varias personas de confianza o simplemente sabias y con espíritu crítico y habría marcado posteriormente con un rotulador muy grueso la caja en la que me acompañara en cualquier mudanza. Todo universitario sabe que el TFM viene a ser tu primer (y quizás único) libro, ese esfuerzo que si se logra, además de tener un hijo y plantar un árbol, completa casi todo lo importante que uno debe hacer antes de morir. (Vamos, que a uno le parece casi casi imposible extraviar y no encontrar copia alguna de ese TFM que tanto sacrificio supuso).

Si yo fuera Cristina Cifuentes y, siendo delegada del Gobierno en Madrid, hubiera presentado por escrito y oralmente ante el tribunal un TFM titulado El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana, seguro que habría invitado a asistir a algunas amistades y familiares, incluso a personas relacionadas con la materia tratada, vinculada de forma evidente con el cargo que en esa fecha ejercía. ¡Qué menos que celebrar con el resto de asistentes al máster o al menos con algunas o algunos de ellos ese notable conseguido! ¡Cómo no anunciar la buena nueva en mi cuenta de Twitter, cuando tan activa soy en las redes sociales!

Si yo fuera Cristina Cifuentes y la Universidad que me ha otorgado el máster previo pago, asistencia y TFM aprobado con notable hubiera extraviado la copia que obligatoriamente tiene que guardar, denunciaría al responsable del máster y a la propia universidad en las instancias administrativas o judiciales correspondientes.

Si yo fuera Cristina Cifuentes y alguien me acusara de haber aprobado un máster con notas falsificadas sin ser cierto, no habría tardado ni diez, ni cinco ni dos horas en desmentirlo con todas las explicaciones y respuestas al tiempo que buscaría abogado para querellarme contra quien fuera preciso.

Si yo fuera Cristina Cifuentes sería perfectamente consciente de que en el PP hay una fila similar a la de aquella escena de Aterriza como puedas en la que un montón de pasajeros guardan turno para abofetear al viajero mareado y hasta atizarle con una llave inglesa. Un motivo más para aplicar al caso el nivel de transparencia y rigor que una viene exigiendo a la charca de ranas corruptas del aguirrismo en los últimos años.

Si yo fuera Cristina Cifuentes, y hubiera firmado con Ciudadanos un pacto de investidura que en su tercer punto obliga a apartar a “cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica”, no habría tolerado que el partido de Rivera mantuviera como número dos en la Asamblea de Madrid a César Zafra, sorprendido en varios engaños curriculares que en su día desveló infoLibre. Consentir la trampa del socio extiende la lógica sospecha de que una espere que el socio disculpe a su vez las trampas propias.

Si yo fuera Cristina Cifuentes y, por razones que a uno se le escapan por completo, hubiera buscado y aceptado un título de máster sin cumplir todos los requisitos académicos exigibles a cualquier estudiante… entonces no descarto que me costara muchísimo ofrecer explicaciones convincentes, que intentara trasladar esa responsabilidad a la universidad, que no encontrase por ningún lado el maldito TFM o que insinuara incluso una conspiración manejada por alguno de los numerosos enemigos íntimos acumulados en tres décadas de actividad política en la charca de ranas del PP de Madrid.

P.D. Al fondo de este escándalo existe uno aún mayor que el que afecta una vez más a la credibilidad de la política, y es la mancha que ensucia a una universidad pública que los contribuyentes madrileños sostenemos con 122 millones de euros al año y de la que no tienen culpa tantos profesionales honestos de la docencia, ajenos a ese modelo de negocio privado que gestiona decenas de másteres (en esta y en otras muchas universidades) con una prioridad más crematística que formativa.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha salido en defensa del portavoz adjunto de su partido en la Asamblea de Madrid, César Zafra, después de que infoLibre desvelara los datos falsos sobre la carrera del diputado que figuran en los currículos oficiales suyos que se pueden consultar tanto en la Asamblea de Madrid como en la página del grupo parlamentario de Ciudadanos.

En ambos figura que fue "abogado asociado", cuando él mismo ha confesado que "en ningún momento defendió, ni representó a nadie, ni firmó ningún documento en calidad de abogado". En el currículo de la página del grupo parlamentario se inventó además una carrera profesional en una empresa de ocio en la que en realidad colaboró en dos ocasiones puntuales sin ser remunerado económicamente.

Preguntado por este asunto en una entrevista en Público, Rivera señaló que "no es un problema de currículum". "Él ha reconocido que en su primer trabajo le pagaban una mierda y en negro. No es para estar orgulloso, él mismo lo ha dicho, pero tanto como para no poder ser diputado…", añadió. 

Entre los diez compromisos de Ciudadanos con la regeneración democrática [consultar, aquí] figura el de "apartar de cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica". También el punto número tres del acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos para la Comunidad de Madrid, gracias al cual Cristina Cifuentes recibió el apoyo del partido presidido por Albert Rivera para ser investida presidenta, era bastante contundente al respecto: "Separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica".

"Como no tenemos casos de corrupción ni problemas gordos, entiendo que la gente se fije en estas cosas. Pero bueno, ya hemos dado explicaciones a todos los periodistas y enviado toda la documentación a esos medios y ha quedado bastante claro. No son casos graves", respondió también a Público al ser preguntado por el caso del número dos del partido, José Manuel Villegas, del que este diario desvelara que usó una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos por los trabajos de asesoría que realizó para el partido entre enero de 2011 y septiembre de 2012. 

Villegas cobró 72.100 euros a través de Mabex Gestión SL, pero no declaró ese ingreso como renta personal y pagó así uno 15.000 euros menos a Hacienda esos dos años. El dirigente de C's sostiene que, si se analiza un periodo de tiempo más largo, Hacienda no perdió dinero porque su empresa habría obtenido créditos fiscales.