La Fiscalía investiga los pagos que el Fútbol Club Barcelona hizo, desde 2016 hasta 2018, a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante 24 años, porque sospecha que detrás de ellos no existió contraprestación real alguna. Pero el club había empezado en 2001 a remunerar al exárbitro por un asesoramiento técnico del que, de momento, ni la Agencia Tributaria ni el fiscal ha encontrado pruebas.

El Barça retribuía a Enríquez Negreira facturando con dos empresas del éxarbitro: Nidsal SCP (Sociedad Civil Privada) y Dasnil 95 SL –el mismo nombre al revés–. Pero también están en el foco de la investigación los pagos del club a Javier Enríquez Romero, hijo del exárbitro, a través de una tercera empresa, Soccercam SL.

La Fiscalía sostiene, además, que los pagos al hijo se hicieron través de Tresep 2014 SL, una empresa que vincula con Josep Contreras, directivo del Barça fallecido el pasado diciembre. En su calidad de intermediario, Contreras cobraba comisiones de hasta el 50% de las cantidades abonadas a Javier Enríquez.

Los miles de documentos de Football Leaks, la investigación que destapó la cara más sucia del fútbol, desde los fraudes fiscales por los que han sido condenados Cristiano Ronaldo y Mourinho hasta Messi, detallan también todos los pagos realizados por el Barça a Enríquez Negreira, así como a Josep Contreras. En las investigaciones de Football Leaks participa infoLibre, miembro de European Investigative Collaborations (EIC), la red integrada por una quincena de medios europeos con los que la revista almena Der Spiegel compartió la filtración de documentos. Las empresas de todos los implicados aparecen en la lista de proveedores del club e incluso se presupuestan cada temporada las partidas a ellos destinadas. En noviembre de 2016, el director ejecutivo del club, Óscar Grau, ordena paralizar el pago de una factura a Tresep 2014 hasta que hable con Albert Soler, entonces director de Deportes Profesionales. Unos días más tarde, Pancho Schröder, el director financiero, pide a la jefa de administración, “para OG [Óscar Grau]”, un histórico de los pagos del club tanto a Nidsal y a Dasnil como a Tresep. Las tres empresas al mismo tiempo.

En el Excel que se le envía poco después, aparece la relación de todos los abonos hechos a las sociedades de Enríquez Negreira desde 2001 hasta 2017. Por meses y por temporadas, sin IVA y con IVA. En otro Excel figuran los pagos a Tresep desde 2014 –fecha de constitución de la sociedad– hasta 2017. Dasnil 95 fue creada en 1995 y fue la primera con la que Enríquez Negreira facturó al Barça: 135.227,74 euros, 163.625,56 euros si se le suma el 21% de IVA. En las tres temporadas siguientes, el club no facturó “nada” –con esa palabra lo consignan en el Excel–.

Es decir, el primer desembolso a Enríquez Negreira se hizo con Joan Gaspart de presidente, que no siguió pagándole. Cuando Joan Laporta ocupó ese cargo, en 2003, no le pagó hasta la temporada 2005/2006, en que comenzó a cobrar Nilsad, la sociedad civil privada del exárbitro. Laporta presidió el club hasta 2010. Ese año le sucedió Sandro Rosell, hasta 2014, año en que llegó Josep María Bartomeu, en el puesto hasta 2020. Enríquez Negreira siguió facturando al Barça a través de Nilsad hasta la temporada 2015/2016, cuando volvió a utilizar Dasnil 95 para ese fin. El 11 de enero de 2016, el entonces responsable de Tesorería, Manel Mangado, informa a la directora financiera del cambio. “Han cambiado unilateralmente la razón social argumentando los cambios normativos respecto a las SCP, sin más”, es la sucinta explicación que le da.

Los cobros de Nidsal entre la temporada 2005/2006 y la temporada 2014/2015 suman 4,37 millones de euros. En la siguiente, factura medio ejercicio Nidsal y medio Dasnil 95, un total de 521.613 euros. En la temporada 2016/2017, Dasnil 95 recibe 157.528 euros. Si a estas cifras se les añade el 21% del IVA, la cantidad total percibida por Enríquez Negreira asciende a 6,2 millones de euros desde 2001. Y sin contar la temporada 2017/2018, cuando el exárbitro abandonó la vicepresidente del CTA y el club dejó de pagarle su asesoría técnica.

Por tanto, según consta en las cuentas del club a las que ha tenido acceso Football Leaks, Enríquez Negreira empezó a cobrar cantidades por debajo de 200.000 euros en 2001 y 2005, pero sus honorarios fueron creciendo con el tiempo, hasta casi rozar los 729.000 euros en la temporada 2013/2014. En la anterior alcanzaron los 722.460 euros. Desde la temporada 2009/2010 siempre estuvieron por encima del medio millón. Los pagos eran mensuales, normalmente de entre 40.000 y 50.000 euros, excepto los que cerraban cada temporada, en junio, cuando se duplicaba o incluso de triplicaba esa cantidad, hasta 125.000 o 145.000 euros. También se hicieron estos pagos más abultados en las facturas de los meses de diciembre algunos años.

En los apuntes contables del club, los servicios por los que se hacían estos desembolsos figuran como “asesoramiento vídeos técnicos”. En el caso de un pago de 100.569,15 euros, que en la contabilidad figura como correspondiente a junio de 2015, el club lo vincula a una “grabación de los partidos de equipos españoles en competiciones europeas”, por un importe de 83.115 euros más IVA.

En el Excel donde el Barça recoge los desembolsos a Tresep 2014, la sociedad de Josep Contreras, se consignan 10 pagos entre enero de 2015 y noviembre de 2016, por un importe total de 394.460 euros, IVA incluido. Pero las facturas no eran mensuales; por lo general, se emitían cada dos meses. Normalmente por 29.040 euros, IVA incluido, pero también las hay de hasta 65.340 euros, como en junio de 2016. El concepto que figura en ellas es bastante inconcreto: “Por la prestación de diversos servicios educativos-deportivos”, con emisión de “informes sobre la participación de diversos actores de las diferentes competiciones deportivas y del seguimiento de aspectos que puedan interesar en un futuro en dicho ámbito educativo-deportivo”.

Las cantidades de estas facturas contrastan con las partidas inicialmente apuntadas en los presupuestos del club. En los de la temporada 2016/2017, se preveía un pago mensual a Tresep 2014 de 12.000 euros al mes, un total de 144.000 euros en toda la temporada.

El Real Madrid elabora todos los años una valoración económica de los jugadores de su primer equipo, que poco tiene que ver con su coste de adquisición y está lejos del precio de mercado que se les suele adjudicar. Esa tasación económica es la suma de su valor deportivo –el rendimiento, producto a su vez de la calidad y la edad de los futbolistas– y de su valor comercial –el dinero que aportan al club por los contratos de imagen–. El resultado no lo utiliza el club para poner precio a los jugadores en caso de un futuro traspaso, sino para compararlo con su valor contable y averiguar si debe hacer una provisión en las cuentas, a la que están obligadas todas las empresas si se produce un deterioro en un activo.

En cualquier caso, los valores asignados sirven también para hacer una clasificación de la plantilla de estrellas. El Real Madrid etiqueta a los jugadores del primer equipo en tres categorías: jugadores de calidad alta, muy alta y figuras mundiales. El informe al que ha tenido acceso infoLibre como miembro de la red European Investigative Collaborations (EIC) es uno de los miles de documentos de Football Leakscompartidos por la revista Der Spiegel ydata de septiembre de 2018. Entonces aún vestían la camiseta blanca Cristiano Ronaldo, James Rodríguez oGareth Bale. Es indiscutible, por tanto, que el portugués, el colombiano y el galés fueran clasificados como figuras mundiales, aquéllas que “definen y transforman a un equipo por su calidad excepcional, su liderazgo e impacto mediático”, según la definición del Real Madrid. Les acompañan en lo más alto del podio el alemán Toni Kroos, el croata Luka Modrić y el brasileño Marcelo Vieira. El único español es Sergio Ramos.

Sorprende, quizá, que Karim Benzema se quede en jugador de “calidad muy alta” y Fabio Coentrão en jugador de “calidad alta”. Porque cuatro años antes, Benzema era considerado como “figura mundial”, una categoría que compartía con Xabi Alonso, hoy entrenador de la Real Sociedad B. Por el contrario, Bale, Modrić y Marcelo ascendieron desde 2014 de jugador de calidad alta al máximo nivel.

Según el informe de 2018, el valor económico de la plantilla del primer equipo ascendía, a 30 de junio, a 516,71 millones de euros. Mientras que su valoración de mercado, obtenida a través de la web alemana transfermarkt.de, se elevaba hasta 1.019,3 millones de euros, casi el doble. Fichar a los 28 jugadores que integraban entonces el banquillo le costó al Real Madrid 766,27 millones de euros.

Como buena muestra de la burbuja que ha vivido el mercado de fichajes sirve la revalorización de los activos deportivos madridistas. Desde 2014 hasta 2018, el valor económico del primer equipo blanco aumentó un 32,8%. Su valor de mercado ha crecido aún más, un 42,2%. Y si en 2014 el club disfrutaba de un superávit de valor –la diferencia entre el valor económico de la plantilla y su valor contable– de 44,1 millones de euros, cuatro años después la cifra se había multiplicado por seis, hasta 262,16 millones.

Bale vale 54 millones de euros; Ronaldo, 34 millones

Así pues, como el valor contable del primer equipo, 254,54 millones de euros, es muy inferior al económico que han calculado sus técnicos, el club considera que no debe hacer ninguna provisión. Sólo hay dos jugadores, Ceballos y Theo, cuya valoración económica es inferior a su valor contable. Pero los madridistas tampoco creen que deban provisionar ninguna cantidad por deterioro. "La plantilla”, explica el informe, “constituye una unidad de actividad […], con lo que la minusvalía actual de estos jugadores está claramente compensada con el exceso de valor de otros”. Además, continúa, “dada la edad y vigencia remanente de sus contratos (el club los adquirió el pasado verano), se espera que rendirán significativos servicios futuros al club”.

Por lo que respecta al resto de los futbolistas, su valor económico no coincide necesariamente con su precio, su valor de mercado o su categoría medida en nivel de calidad. En 2018, Cristiano Ronaldo era una figura mundial, según la clasificación madridista, valía en el mercado 100 millones de euros tras haberle costado al club 112,34 millones, pero su valor económico calculado era de 34 millones. Por detrás de Gareth Bale, cuyo valor económico alcanzaba los 54,18 millones de euros –70 millones en el mercado, tras haberle costado al Madrid 117,48 millones–, seguido de James Rodríguez, con 40,5 millones –65 millones en el mercado y un fichaje de 84,31 millones– y Toni Kroos, valorado en 36,21 millones –80 millones en el mercado y un fichaje de 40,6 millones–.

El motivo que hacía descender hasta el cuarto puesto del ránking al hoy jugador de la Juventus no es otro que la edad: 33 años tenía entonces el portugués, mientras que sus compañeros iban de los 25 –James– a los 28 –Bale y Kroos–. Por lo que respecta a Modrić, también calificado como figura mundial, su valoración económica era de sólo 17,74 millones: los centrocampistas se cotizan menos y el croata tiene ya 32 años. Con una valoración económica por encima de los 30 millones se situaban igualmente Kovačić, Isco y Casemiro. Los de menos valor eran Luca Zidane, Achraf y Vallejo, con tres millones cada uno. Sergio Ramos –defensa, 32 años–, con un valor de mercado de 50 millones de euros, puntúa con 19,65 millones.

Edad, número de partidos, premios, contratos de imagen

El Real Madrid se sirve de unos criterios objetivos para determinar el valor deportivo de cada uno de sus jugadores. Para empezar, no vale lo mismo un portero, un defensa y un delantero. Que se revalorizan o devalúan también dependiendo de la edad. Un portero a su edad óptima, calculada en 29 años, vale entre 10 y 45 millones de euros. Un defensa, a la edad óptima –28 años– se cotiza entre 10 y 40 millones. Los centrocampistas, con una edad óptima menor –26 años–, valen más, entre 15 y 50 millones de euros. Los delanteros son los más cotizados: con 26 años se valoran entre 20 y 75 millones. La edad de los jugadores determina en buena medida su valor económico: por cada año por encima de la edad óptima se devalúan entre un 15% y un 25%; por cada año por debajo, se aprecian entre un 10% y un 15%.

Pero la tasación también se ajusta posteriormente según el número de partidos que haya jugado el futbolista. Y sólo se le mantiene si ha participado en más de 30 partidos. Si ha jugado entre 20 y 30, se le minora en un 20% la valoración, en un 40% si ha jugado entre 10 y 20, y si ha intervenido en menos de 10, se quedará con la puntuación mínima. En la temporada 2017/2018 Cristiano Ronaldo fue el jugador que más encuentros jugó, 46. Sergio Ramos llegó a 44 y Marcelo a 43. Keylor Navas cubrió la portería en 41 encuentros y Carvajal saltó al campo en 40 ocasiones. Los que menos jugaron: Mariano, Lucas Silva Ceballos, Theo, Vallejo, Coentrão y Luca Zidane.

Además, a los más jóvenes “pero con proyección internacional” se les aumenta un 60% su valoración si han jugado más de 10 partidos con su selección, y un 30% si han jugado menos. Entre los primeros se encontraban Mateo Kovačić, Martin Ødegaard y Marco Asensio. Achraf Hakimi entre los segundos. Finalmente, a Cristiano Ronaldo se le mejoró un 60% la valoración al haber sido premiado con el Balón de Oro y con el FIFA The Best en 2017.

Al valor deportivo resultante de todos estos cálculos se le añade después el valor comercial del jugador, los contratos de imagen de los que el club recibe una parte. En 2018 quien más dinero aportaba al Real Madrid por sus ingresos de imagen era Lucas Vázquez, 178.000 euros. De Keylor Navas y de Toni Kroos obtenían los blancos 93.000 y 92.000 euros respectivamente. De Marcelo, 90.000 y de Isco, 88.000. Sin embargo, en 2014 las cantidades eran muy superiores. Entonces Íker Casillas proporcionaba 2,4 millones de euros al club por sus contratos de imagen. Le seguían Benzema, con 525.000 euros, y Modrić, con 417.000. Sergio Ramos aportaba 322.0000 euros. Y Morata, 200.000. En total, la valoración comercial del primer equipo ha pasado de 4,27 millones de euros a sólo 690.000 euros en cuatros años: se ha reducido a una sexta parte.

El Real Madrid también hace una valoración de los jugadores de la cantera que terminan integrando el primer equipo. En septiembre de 2018 eran siete: David Carvajal, Mariano Díaz, Lucas Vázquez, Federico Valverde, Nacho Fernández, Sergio Regullón y Marcos Llorente. Ateniéndose a las cotizaciones de transfermarket.de, todos ellos valían 196 millones de euros. Si a esa cifra se suman los 28,9 millones en que se valoraban los jugadores de la cantera que fueron cedidos a otros clubes, los activos blancos se elevan a 224,9 millones de euros. Una cifra que pasaría a engrosar la cuenta de resultados y el cash flow del club si fueran vendidos a otros equipos, subrayan los madridistas.

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que hay indicios para juzgar al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa y otras 18 personas integrantes de la excúpula de la empresa por los delitos de falseamiento de cuentas anuales e información económica financiera, estafa, alzamiento de bienes, blanqueo, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior, informa Europa Press.

El juez pone fin a cinco años de instrucción y dicta auto de procedimiento abreviado al considerar que deben ser juzgadas 19 personas y doce sociedades, entre ellas la propia Pescanova S.A., por maquillar los estados financieros de la pesquera entre los años 2009 y 2012 mediante "prácticas contables irregulares".

De acuerdo con el relato de los hechos que hace el magistrado, los acusados alteraron las cuentas que presentaban al mercado para evitar que las consecuencias de estos movimientos quedaran registradas en su contabilidad y con el fin de que no se vieran reflejadas en las cuentas que luego presentan ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Con estas prácticas los investigados minoraron indebidamente la deuda financiera a contabilizar por el Grupo Pescanova en cantidades muy importantes, lo que les permitía elaborar sus cuentas anuales y demás documentos contables e informativos consignando deliberadamente en ellos resultados positivos que no se correspondían con la realidad, pues tanto Pescanova S.A. como el grupo consolidado presentaban patrimonios netos y resultados negativos millonarios", afirma De la Mata.

No se reflejaba la imagen fiel

En lo que respecta al delito de falseamiento de cuentas, De la Mata explica que de acuerdo con los hechos investigados se habrían falseado las cuentas anuales al menos en los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2011 (dinámica que continuó con las cuentas preparadas para 2012) y expone que los administradores, "en responsabilidad compartida con los auditores", habrían aprobado unas cuentas maquilladas que no reflejaban la imagen fiel de las sociedades que administraban. Ninguna de esas cuentas anuales reflejaba la imagen fiel de Pescanova, según el magistrado.

Al actuar así proporcionaron públicamente una imagen irreal de su situación económica y patrimonial, hasta el punto de que, como ponen de manifiesto algunos de los querellantes, entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en esos valores atendiendo al signo positivo de aquella información. Se trató pues de una dinámica que se ocultó a inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador.

En cuanto al falseamiento de información económica y financiera, afirma el magistrado que entre los meses de julio y agosto de 2012 se produjo una ampliación de capital de la vieja Pescanova viejamediante la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por cerca de 125 millones de euros.

"Resultado lesivo" para los inversores

Sobre el folleto emitido para los inversores el juez determina que no reflejaba ni la información de solvencia publicitada ni la situación económica financiera real, y por tanto, no solo se habría producido esa falsa información al inversor sino también un "resultado lesivo" para este último, dado que supuso un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser "falsos".

En el punto relativo al delito de estafa, razona que muchas entidades bancarias accedieron a financiar a Pescanova y su grupo de sociedades en este periodo "plenamente confiados" de su solvencia reflejada en la información económica aportada, así como en la realidad de las operaciones comerciales —ficticias— en las que se generaban las facturas. Se trató de una operativa controlada desde Pescanova por sus altos ejecutivos con el auxilio de los investigados Ángel González Domínguez desde el Departamento de Contabilidad y José Manuel Gil González desde el área financiera.

Pieza separada de las cuentas familiares

En otro auto, De la Mata abre una pieza separada para investigar a la mujer de Fernández de Sousa, María Rosario Andrade, y dos de sus hijos en relación con unas cuentas abiertas en una entidad bancaria de Andorra que los anteriores no han declarado ante la Hacienda Pública, de acuerdo con el modelo 720 de la declaración de bienes en el extranjero.

Según se desprende de la investigación, el 29 de octubre de 2015 se bloquearon tres cuentas de los tres investigados en Andbank por poco más de tres millones de euros (3.266.385 dólares, 262.887 libras y 522.045 euros), correspondientes a diversos ingresos y sus rentabilidades y cuyo origen último de los fondos, dice el juez, se desconoce y permanecieron ocultos en todos momento a la hacienda pública española".

El Tribunal de Cuentas denuncia que hace ya 14 años, desde 2003, que viene reclamando una legislación nacional que obligue a las entidades locales a presentarle sus cuentas a tiempo para que puedan ser fiscalizadas, porque año tras año un importante porcentaje de ellas lo hace con retraso o incluso no llega a entregarlas.

"Esta recomendación ya se formuló en 2003", afirma en varias ocasiones el órgano fiscalizador en el informe que ha aprobado sobre el sector local en 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que insiste en lo que empiezan a ser ya viejas peticiones que los gobiernos no atienden: que se impongan medidas más duras para que las entidades se dejen fiscalizar.

Las entidades locales están obligadas a enviar al Tribunal sus cuentas del año anterior para que sean fiscalizadas: la cuenta general, el balance de situación, el resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria.

En el informe sobre el año 2015 se vuelve a constatar el incumplimiento en el envío de toda esta documentación: el 31 de diciembre de 2016, dos meses y medio después del plazo legal, un 27% de las entidades no había entregado al Tribunal las cuentas de 2015, tres puntos más que el año anterior.

La cifra empeora si se trata en concreto de la cuenta general de 2015, que se tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre la situación del patrimonio, la ejecución del presupuesto y los gastos e ingresos: sólo la entregó a tiempo el 56% de las entidades, por debajo del 62% del año anterior. En el caso de los ayuntamientos, cumplió el 60% y entre los cabildos y consejos insulares, sólo el 10%.

Dos de cada tres municipios andaluces ocultan sus cuentas

Por comunidades autónomas, el mayor incumplimiento se registra en Andalucía, donde sólo un 34% había cumplido con el envío de la documentación de 2015 el 31 de diciembre del año siguiente; es decir, dos de cada tres entidades locales andaluzas (66%) ocultaron sus balances al tribunal.

A distancia aparecen las entidades locales de Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria, cuyo nivel de incumplimiento se sitúa en el 38%, el 37% y el 35%, respectivamente, según el informe de la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.

Por contra, en Canarias, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja y la Comunidad Valenciana cumplen entre el 80 y el 90%, y sólo Aragón presenta un índice de cumplimiento del 93%. El motivo es que en la comunidad aragonesa se aprobó una ley de subvenciones que condiciona la concesión de ayudas a la rendición de cuentas, una medida que, en su opinión, podría expliocar que en esta comunidad, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto del Estado, el cumplimiento de los plazos registró un incremento de siete puntos entre 2014 y 2015.

Pero año tras año se producen retrasos y el Tribunal de Cuentas así lo recoge en el informe que elabora sobre la situación del sector local. El documento es remitido al Congreso, donde los grupos parlamentarios lo estudian y aprueban recomendaciones que suelen asumir las que hace el propio Tribunal.

Recetas ignoradas por los sucesivos gobiernos

Entre ellas, la exigencia a las administraciones para que tomen medidas que obliguen a los ayuntamientos a rendirle cuentas. Por un lado, con reformas legales para que esta obligación sea considerada en todo el país como "indispensable" para poder acceder a subvenciones y ayudas públicas, recomendación que ya se hizo en 2003.

También de 2003, de hace 14 años, es la propuesta de que la normativa estatal y las leyes autonómicas impongan los mismos plazos para enviar la documentación, porque "la diversidad genera de manera innecesaria divergencias y desajustes temporales".

El Tribunal insiste igualmente en la conveniencia además de que esos plazos sean más breves, para que se aproxime lo más posible al ejercicio que se va a fiscalizar. "Esta recomendación ya se efectuó en el informe de 2009", recalca el órgano auditor.

Otras recomendaciones del Tribunal de Cuentas también son de hace muchos años. Por ejemplo, tomar medidas legales para que las entidades locales tengan que aprobar unos presupuestos anuales y no funcionen sin ellos, no puedan aprobar modificaciones de crédito sin financiación efectiva y tengan que ajustar su gestión a sus posibilidades financieras reales.

Menos deuda, más inversiones reales

El informe repasa por lo demás las principales cifras de ingresos y gastos de las entidades locales en 2015. En ese año, el gasto total del conjunto del sector fue similar al del año anterior y como en ejercicios anteriores, el área a la que más recursos dedicaron fue la de servicios básicos, el 34%.

Le siguió el apartado de actividades de carácter general (administración, atención al ciudadano, transferencias a otras administraciones, etc), el 21%. Educación, sanidad, cultura y deporte se llevaron el 14% y la protección y promoción social, el 11.

La deuda pública absorbió el 12% del presupuesto ejecutado en 2015, según el Tribunal de Cuentas, lo que supone una reducción del 15% registrado en 2014. "Esta disminución ha sido el hecho más característico en el gasto ejecutado en 2015", dice el órgano fiscalizador, que también subraya el aumento del 14% en las inversiones reales.

Este último capítulo ha ido creciendo desde el año 2013, con la salida de la crisis económica, y el aumento acumulado desde entonces es del 36%.

La cadena de tiendas Blanco sigue en fase de liquidación, la marca ha desaparecido de los escaparates y catálogos tras 57 años de historia, mientras sus 800 trabajadores acusan en los tribunales a los gestores de la empresa de estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Pese a haber vendido Blanco el 31 de agosto de 2016 al fondo dubaití AC Modus, la compañía Alhokair, su propietaria desde febrero de 2014, encargó meses después al despacho de abogados Cuatrecasas un informe sobre los “riesgos y responsabilidades” que podrían tener que afrontar tanto la empresa saudí como los gestores de Blanco en España, si una futura insolvencia era declarada punible por el juez.

El informe, al que ha tenido acceso infoLibre, tiene fecha de 1 de noviembre. El día 17 de ese mes, Global Leiva, la sociedad que gestionaba Blanco, solicitaba el concurso de acreedores.

Blanco tardó sólo 16 días en acudir al juzgado de lo Mercantil después de que Cuatrecasas le advirtiera de que Alhokair y el consejo de administración de Global Leiva corrían un “riesgo considerable” de ser considerados responsables judicialmente si la insolvencia era declarada “punible”, una posibilidad que el informe no descartaba en absoluto. Todo lo contrario, Cuatrecasas detecta dos causas de insolvencia punible en la gestión de Global Leiva y Alkohair desde 2014: la existencia de irregularidades contables y el retraso en la declaración del concurso de acreedores más allá de los dos meses que establece la ley desde que la empresa conoce su estado de insolvencia.

De hecho, Global Leiva ya había encargado otro informe antes, al despacho Linares Barreda, sobre el mismo asunto: las responsabilidades de sus gestores en caso de insolvencia punible. Tiene fecha de febrero de 2016, nueve meses antes del elaborado por Cuatrecasas. Como Global Leiva empezó a tener problemas en octubre de 2015 para pagar el alquiler de los locales donde tiene sus tiendas en toda España, el documento advierte de que el plazo legal de dos meses para solicitar el concurso terminó en diciembre. Como, además, comenzó a recibir órdenes de desahucio por el impago de los alquileres en enero de 2016, en ese mes tampoco pudo pagar el IVA correspondiente y debía 2,5 millones de euros a proveedores de los seis meses anteriores, Linares Barreda señala que la declaración de concurso no debería demorarse más allá de marzo de 2016.La “conducta pasiva

La “conducta pasiva” de los gestores, negligencia grave

Los gestores de Global Leiva no escucharon a los abogados de Linares Barreda, pero tampoco hicieron nada para solucionar los problemas crecientes de la empresa. Cuatrecasas asegura que no pusieron en marcha “ninguna medida sustancial” para “paliar la crítica situación financiera” de Global Leiva, cuyo endeudamiento se había disparado desde 2014 mientras su capacidad para generar ingresos se hundía.

Así, la deuda de Global Leiva con su matriz ascendía, en septiembre de 2016 –fecha de la venta a AC Modus– a 110,89 millones de euros, y la deuda con otros acreedores, a 13,77 millones más. Un total de 124,67 millones, un 46,4% más que en 2014, cuando los saudíes compraron Blanco al hijo de su fundador. Al tiempo, el desplome de las ventas multiplicó las pérdidas, que pasaron de 7,43 millones en 2014 a 21,71 millones en 2015. En septiembre de 2016 sumaban ya 33 millones de euros. El ejercicio lo cerró finalmente con 72,5 millones de euros, diez veces más que sólo dos años antes.

Cuatrecasas no duda en calificar de “conducta pasiva” la de los gestores de Global Leiva y Alhokair, una “falta de reacción” que “podría clasificarse como negligencia grave, dado que los evidentes malos resultados de los últimos años no pudieron ser ignorados por la empresa”. Es más, el informe destaca que sólo la ayuda financiera de la matriz permitió a Blanco seguir funcionando. Alhokair suscribió dos préstamos participativos de 12 y 33 millones de euros. Además, otra mercantil del grupo, Fawaz Alhokair, le suministró mercancía. Incluso después de haber vendido Global Leiva al fondo dubaití AC Modus, dice Cuatrecasas, los saudíes le pagaron un millón de euros.

Sin embargo, a juicio del despacho de abogados, la financiación de Alhokair a Global Leiva “no puede considerarse una medida destinada a aliviar la situación de insolvencia, sino más bien lo contrario: Alhokair no sólo provocó un enorme aumento de la deuda, sino que impidió la aplicación de medidas que fortalecieran la capacidad de Global Leiva de generar ingresos netos”.

La segunda de las causas de insolvencia punible son las irregularidades contables ya detectadas por el auditor Ernest & Young en su informe de 2015. Entonces emitió una opinión cualificada sobre los 9,8 millones de euros de créditos fiscales que se apuntó Global Leiva por pérdidas de años anteriores, unos números rojos que pretendía convertir en negros gracias a un plan de negocio a cinco años que nunca vieron los auditores. Y que tampoco fue suministrado por la empresa a Cuatrecasas, según explican los autores del informe en una nota a pie de página. Éstos califican los créditos fiscales de “ficticios” y el plan de negocios, de “irreal”.

Los saudíes eran los verdaderos gestores de Blanco

De esa “pasividad frente al deterioro financiero progresivo” de la empresa y de las “graves” irregularidades contables, Cuatrecasas cree que podrían ser considerados responsables no sólo los tres miembros del consejo de administración de Global Leiva, Gerard Michael Louis Waters, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, sino también los gestores de Alhokair, como “administradores de facto” de Global Leivade facto.

Para probar que los saudíes eran los verdaderos directores de Global Leiva, el informe cita la sentencia del juzgado de Móstoles que reconoció como improcedente el despido de Bernardo Blanco y su mujer, Teresa Pérez, y obligó a indemnizarlos con 925.000 euros. Según el juez, “el proceso de toma de decisiones en Global Leiva estaba firmemente influido por las instrucciones de Alhokair”, puesto que ambas empresas no sólo formaban parte del mismo grupo sino que también “aparecían antes terceros como la misma entidad”. Tras vender la cadena a los saudíes, Bernardo Blanco permaneció en la empresa como director general hasta mayo de 2015.

Pero es que, además, los tres miembros del consejo de Global Leiva antes citados eran también altos ejecutivos de Alhokair: Marshall es consejero delegado de la firma saudí, Masud es su director financiero y Waters, el vicepresidente de Expansión. Finalmente, los sueldos tanto del director financiero de Global Leiva, Nuno Ferreira, como de Stephen Craig, quien fue su consejero delegado de junio de 2015 hasta mayo de 2016, los pagaba Alkohair.

Si a estos hechos se le suma el continuo apoyo financiero de los saudíes –incluso tras haber vendido la empresa española–, Cuatrecasas concluye que “Alkohair, y no los administradores formalmente designados de Global Leiva, eran quienes “gobernaban materialmente” la cadena de tiendas de moda.

El consejero delegado actuaba sin supervisión

Pero sobre los gestores oficiales de Blanco también pesan responsabilidades in vigilandoin vigilando, asegura el informe. Por no haber adoptado las medidas necesarias para solucionar los problemas financieros de Blanco, pero también por haber dejado a Stephen Craig actuar “sin supervisión del consejo de administración”. En la memoria que Global Leiva aportó al administrador concursal, la empresa acusa al británico, antes consejero delegado de All Saints y alto ejecutivo de Diesel, G-Star o Ralph Lauren, de haber desarrollado “actividades atípicas” y tomado “decisiones perjudiciales y caras” para Blanco. También apunta a un “exceso de gastos no productivos a favor de los miembros del equipo directivo”.

En esa memoria, Global Leiva dice que está “valorando” interponer “acciones legales” contra su ex director general, aunque hasta el momento no lo ha hecho. Quizá porque, según Cuatrecasas, el consejo de administración no controló en ningún momento al díscolo Craig. Como publicó en su día infoLibre, el británico había contratado a su hija y su novio nada más llegar a Madrid. A ella le asignó un sueldo de 50.000 euros al año, casi cuatro veces el salario fijado en el convenio para su categoría. Sólo permaneció dos meses en el puesto. En ese mismo documento, Global Leiva culpaba a Stephen Craig de haber pasado de la producción propia a la compra de ropa fabricada por un proveedor chino, Li & Fung, que empezó a suministrarle ropa de baja calidad y con retraso.

Finalmente, señalaba al ejecutivo británico como el responsable de haber cambiado la empresa que gestionaba las ventas mediante comercio electrónico, lo que se tradujo en un “importante” aumento de los costes.

Sin embargo, el informe de Cuatrecasas exime de responsabilidad legal a Stephen Craig y al director financiero, Nuno Ferreira, pues no son apoderados de Global Leiva, al menos según la información que la propia empresa proporcionó al bufete.

El primer informe elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE) para fiscalizar la política de personal, contratación y tesorería del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ofrece conclusiones poco aleccionadoras para el organismo encargado de gestionar el rescate de las cajas de ahorro. Sus mecanismos de control interno son “insuficientes”, carece de un registro de todos los contratos que adjudica y firma –además incumple la normativa que los regula– y la información económico-financiera que se deduce de la contabilidad “se elabora con bastante retraso y, sobre todo, no se utiliza”. El FROB, advierte el documento, ni siquiera tiene un “conocimiento puntual” de las cuentas bancarias de las que es titular.

Creado en 2009, tres años después el FROB pasó a gestionar la restructuración de las cajas de ahorro nacionalizadas –Bankia, Catalunya Banc y Novacaixagalicia– y de las que recibieron inyecciones de capital público –Banco Mare Nostrum (BMN), CEISS, Liberbank y Caja 3–. Cambió su naturaleza jurídica, su modelo de funcionamiento y de sede, también amplió plantilla. Si hasta entonces su actividad sólo había sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, desde ese momento se añadió el control financiero permanente de la Intervención General del Estado, que depende del Ministerio de Economía.

Ese primer informe que elaboró la IGAE y al que ha tenido acceso infoLibre, revisa la gestión del FROB durante 2012 y parte de 2013; fue entregado en mayo de 2014. Comienza el interventor quejándose de las “importantes” limitaciones a su función de control que ha sufrido. “Van desde la dificultad para disponer de los medios materiales” para hacer su trabajo, explica, hasta “el establecimiento de filtros permanentes a la hora de remitir la información solicitada”. “Pero sin duda las [limitaciones] más importantes y preocupantes son las derivadas de la falta de procedimientos de gestión y control interno de la entidad”, resalta.

Poderes “dispersos e inadecuados”

Así, la IGAE concluye que los poderes y delegación de competencias están “dispersos” e incluso en algún caso “se ejercen sin que exista un acto formal de otorgamiento”. “En general”, abunda, “se puede considerar que son inadecuados”. Esta carencia intentó ser subsanada en agosto de 2013 con una serie de “acuerdos” que supusieron un “avance significativo”, reconoce el informe, pero que “en algunos supuestos son muy exhaustivos y en otros siguen sin ser claros: su utilización efectiva no se cumple tal y como se han establecido”.

Los interventores se refieren a los representantes del FROB en los consejos de las entidades nacionalizadas. Según revelan, en las actas que otorgan poderes a estas personas no quedan claras cuáles son sus competencias. En el caso de un empleado a quien se encargó “el cumplimiento de las obligaciones fiscales” del organismo, el informe dice que “se desconocía tanto su poder de representación como su relación con el FROB”. En sus alegaciones al documento, la entidad asegura que se trata de un empleado del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con el que el organismo suscribió un acuerdo marco en 2009 para prestar “servicios de administración general”, entre ellos, la presentación de los impuestos.

La IGAE descubre un descontrol similar en lo que se refiere a quienes tienen competencia para autorizar gastos y ordenar pagos. En una muestra de contratos que seleccionaron los interventores, encontraron un “incumplimiento sistemático de la normativa”. De ahí que el informe reclame que se apruebe un reglamento de régimen interno, tal y como le exige la ley. En su lugar, sin embargo, “se ha establecido una normativa presupuestaria y de contratación que, por las características de la entidad, o se incumple de forma generalizada o no tiene sentido su aplicación”, lamentan los interventores.

Descontrol en los contratos

En efecto, el descuido se extiende a los contratos. Desde 2009 hasta 2013 el FROB adjudicó un total de 65 contratos de importe superior a los 18.000 euros y 42 por debajo de ese umbral –que permite concederlos sin concurso–. De los 65 contratos mayores, 54 fueron negociados sin publicidad, el 83%. Ocho fueron resueltos mediante contratación directa. Y sólo tres salieron a concurso con un procedimiento público ordinario: limpieza, vigilancia e informática.Es decir, el 95,3% de los contratos fueron adjudicados sin que mediara un concurso público.

Aquí el interventor vuelve a quejarse de los obstáculos que el FROB le puso para conseguir información. A sus peticiones, revela, el organismo le contestó suministrándole “relaciones incompletas en las que se omitían contratos detectados a través de la contabilidad o de los movimientos de las cuentas corrientes”.

El FROB justifica el recurso a los procedimientos negociados y sin publicidad –es decir, cerrados, en los que se invita a un mínimo de tres candidatos– por el hecho de que se trata de contratos de consultoría o asesoría muy específicos que además deben resolverse con “urgencia”. “A raíz de la firma del Memorando de Entendimiento [MoU, el acuerdo con la UE que establece las condiciones del rescate financiero español], todas las actuaciones [del FROB] han estado presididas por la exigencia de plazos exiguos”, argumenta el organismo, “y esto se ha visto reflejado en los procesos de contratación, donde todos los plazos han sido reducidos al mínimo posible”, incluidas algunas fases documentales como reservas de crédito, inicio de expediente y autorizaciones y órdenes de pago.

Precisamente el informe enumera las carencias detectadas en la tramitación de los contratos: no se hace una reserva expresa de crédito presupuestario, ni se autoriza el gasto. Y al no existir, indican los interventores, un registro o base de datos que recoja los contratos, resulta imposible también hacer un seguimiento de su ejecución; es decir, no se sabe si el servicio se ha prestado de acuerdo con las condiciones pactadas.

Por ejemplo, los funcionarios de la IGAE aseguran que les ha sido imposible verificar si fueron realmente gratuitas las 100 horas de servicios profesionales que fueron pactadas como tales en el contrato de asistencia jurídica firmado con el despacho Garrigues.

O en el caso del contrato firmado con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para que éste se encargara de los servicios de administración general del FROB, los interventores advierten de que se le facturó dos veces por “servicios comunes y específicos” y por “servicios informáticos” entre el 12 y el 31 de diciembre de 2013.

Descontrol de las cuentas bancarias

Pero llama aún más la atención que el informe de la IGAE ponga en evidencia al FROB por la falta de control de sus cuentas bancarias. Según la primera información que el organismo remitió a los interventores, el FROB poseía cuatro cuentas: una en Bankia y otras tres en el Banco de España. Como los funcionarios poseían indicios de que “tenían que existir otra u otras cuentas” a través de las cuales se había canalizado un préstamo del Estado, y después de “insistir”, según apuntan, el FROB les comunicó que poseía dos más en el Banco de España y dos en Caixabank.

El informe achaca al “deficiente control” de las cuentas bancarias las diferencias de 593 millones de euros descubiertas entre la información de tesorería que le fue facilitada a la comisión rectora y los datos reales de contabilidad correspondientes al cuarto trimestre de 2013.

Descontrol contable

Finalmente, los interventores tampoco salvan de las críticas a la contabilidad del FROB. Alertan de que no se utiliza como sistema de control ni como mecanismo de información, puesto que los estados contables “no se comunican de forma regular, mensual o trimestral, ni a la comisión rectora ni a ningún otro órgano de la entidad”. Como en sus alegaciones, el FROB asegura que envía cada mes el balance y la cuenta de resultados al Departamento de Estadística del Banco de España y a la propia Intervención General del Estado, el informe tacha de “preocupante” que el organismo “se conforme” con esa remisión. También dice el FROB que manda un informe periódico de gestión al ministro de Economía.

Donde sí coinciden interventor e intervenido es en constatar el considerable retraso con que se aprueban las cuentas anuales. Las de 2012 no le fueron entregadas a los funcionarios de la IGAE hasta julio de 2013 y las de 2013 no llegaron a verlas a la fecha de mayo de 2014 en que se envió su informe definitivo.

Como ejemplo del descontrol contable del FROB, señala el informe lo ocurrido con el consumo de teléfono. Las facturas de Movistar desde febrero de 2013, cuando se instaló el organismo en su sede actual de la Avenida del General Perón de Madrid, quedaron pendientes de registro a lo largo de casi un ejercicio. El motivo fueron las “fuertes discrepancias” sobre las tarifas que aplicaba la compañía operadora. Los interventores afean al FROB que esas “discrepancias”, que tardaron un año en ser corregidas, no fueran “objeto de registro contable” en ningún momento. Movistar estaba cobrando al FROB un 70% de más.

El informe de la Intervención General del Estado (IGAE) reprocha al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que no utilice la contabilidad como sistema de control. Y no lo hace porque el organismo carece de registros o bases de datos auxiliares de contratación, facturación o tesorería, por ejemplo. Si aprovechara sus funciones de control, explica la IGAE, podría supervisar los bienes y derechos que adquiere.

“Desconocemos (da la impresión que también el FROB) los iPads, ordenadores personales y teléfonos móviles que se han ido adquiriendo y dónde están ubicados o, dada su portabilidad, quién los utiliza”, advierten los interventores. Unas páginas antes, no dudan en destacar la “nada desdeñable dotación de portátiles, iPhones y iPads suministrados a directivosiPhones y iPads y otro personal” del organismo. Lo mencionan para contrastar esa abundancia de dispositivos con los problemas que adujeron los responsables del FROB para impedir el acceso de los interventores a la red del organismo a través de sus propios ordenadores. Los funcionarios de la IGAE solicitaron entonces un portátil, que tardó en serles proporcionado, indica el informe: tuvieron que esperar a que quedara “liberado” de otras unidades del FROB. “Esta Intervención”, continúa, “únicamente ha solicitado a la entidad papel y pequeño material de oficina”.

Lo cierto es que los funcionarios de la IGAE se quejan varias veces a lo largo del informe de la falta de medios materiales que padecieron para hacer su trabajo en el FROB. También de dónde los ubicaron en la sede del organismo y del poco espacio que les proporcionaron.

En sus alegaciones, el organismo del que entonces era presidente no ejecutivo Fernando Restoy cifra en 8.900 euros el gasto en iPhones y iPads realizado en 2011 y 2012. Por entonces la plantilla del FROB sólo la componían 11 personas. No precisa cuánto pagaron en portátiles. Pero sí dice que no se trata de “un importe significativo teniendo en cuenta el principio de importancia relativa”. Porque el FROB compara esa cifra con el ingente volumen de activos que gestiona, que ascendía a 9.572,35 millones de euros en 2011 y 29.483,3 millones en 2012. Por tanto, considera que el gasto en móviles y tabletas supone “un porcentaje irrelevante”.

Los interventores le responden que el principio de importancia relativa al que alude “no implica que puedan dejar de registrarse operaciones económicas aunque sean de pequeño importe”. Ni avala que puedan “descontrolarse activos de la entidad porque su importe no sea significativo”.

“Aún más preocupantes los defectos de control”

Es más, el FROB aduce que el importe de los iPads y iPhones comprados queda lejos de los “umbrales de materialidad” calculados por el auditor externo –Grant Thornton–. Ese umbral es la cifra a partir de la cual un error se considera significativo en auditoría.

Los interventores desechan el argumento que, a su juicio, hace aún “más preocupantes” los “defectos de control interno” del FROB. De él “puede desprenderse que a la dirección del fondo no le preocupa que, mientras no se llegue a los umbrales de materialidad de 284 millones de euros como efecto neto global de los ajustes individuales y a 28 millones de euros por los ajustes individuales [los umbrales definidos por el auditor externo], se pueda dejar de registrar y controlar los activos, pasivos, ingresos y gastos de la entidad”.

El 30 de mayo de 2014 la Intervención General del Estado (IGAE) remitió al director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el primer informe de control financiero que elaboraba sobre el organismo encargado de gestionar los bancos nacionalizados. Y no fue precisamente elogioso. La Intervención fiscalizó la política de personal, contratación, tesorería y control interno del FROB justo en la época en que éste debió hacerse cargo del rescate a las cajas de ahorro y cambió su naturaleza jurídica y modelo de funcionamiento. Desde 2009, cuando se creó, sólo había estado sometido al control del Tribunal de Cuentas. A partir de 2012 también la IGAE revisa su gestión.

El informe de la Intervención, al que ha tenido acceso infoLibre, se refiere al ejercicio de 2012 y parte de 2013, puesto que el FROB sólo le facilitó las cuentas anuales del primer ejercicio a finales de julio del año siguiente, y las del segundo no se le habían entregado aún a la fecha de emisión del documento, mayo de 2014 como queda dicho. De hecho, las quejas de la IGAE por los problemas de acceso a la información que sufrió se repiten a lo largo del texto.

Pero las críticas más sustanciosas a la gestión del FROB se centran en su política de contratación y retribuciones al personal. El organismo ahora presidido por Jaime Ponce recibe un buen rapapolvo de la Intervención General, que depende del Ministerio de Economía, especialmente por los contratos y sueldos de sus directivos.

Coincidiendo con el rescate financiero y el cambio de su naturaleza jurídica, el FROB aumentó la plantilla, de 11 a 51 empleados, mediante una resolución de su comisión rectora del 26 de diciembre de 2012. Así, pasó de unos gastos de personal de 237.000 euros en 2009 a 1,22 millones tres años más tarde, y a 3,78 millones en 2013. Para este año están presupuestados 4,95 millones de euros, pese a que su plantilla se redujo en 2015 a 38 personas. En 2013 contrató a cinco altos directivos, incluido el director general. Todos ellos firmaron contratos laborales ordinarios, de carácter indefinido, sometidos por tanto al Estatuto de los Trabajadores, en lugar de contratos de alta dirección como exige la ley.

Tardó dos años en adaptar los contratos a la ley

Este tipo de contratos son también laborales, pero no se rigen por el Estatuto de los Trabajadores: poseen características especiales que los aproximan a los contratos civiles, como su extinción e indemnizaciones. Hay que recordar que en 2012 el Gobierno del PP cambió el régimen de los altos directivos de la Administración y las empresas públicas, limitando sus retribuciones. El FROB, sin embargo, no llevó a cabo ninguna de las correcciones que las nuevas normas legales le exigían. Es más, según consta en el informe de la IGAE, tardó dos años en adaptar los contratos y retribuciones de sus directivos a la ley.

“Los contratos de directivos siguen hasta la fecha actual [mayo de 2014] sin regularizarse y adaptarse al Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo [que establece el régimen retributivo de los directivos del sector público empresarial], así como al acuerdo de la comisión rectora [del FROB] de 26 de diciembre de 2012”, concluyen los interventores. Ese acuerdo establecía unas retribuciones para los directivos que sí cumplían el real decreto antes citado: 105.000 euros de retribución básica, más un 60% de esa cifra como complemento de puesto para el director general, y 80.000 euros con el mismo complemento de puesto, además de una retribución variable según desempeño y cumplimiento de objetivos de hasta 21.600 euros para los otros cuatro directivos. El problema es que fueron sobrepasadas en los contratos que el FROB ofreció después a sus máximos ejecutivos, asegura la IGAE.

Esos contratos, que ni siquiera se ajustaban al modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda para los altos directivos públicos, no desglosaban las remuneraciones en básicas y complementarias, sólo indicaban las cantidades totales que iban a percibir.

Doble remuneración, cheques de comida, seguro de vida

Otra de las irregularidades retributivas que la Intervención reprocha al FROB se refiere a que su director jurídico, que cobraba 123.000 euros al año, percibía al mismo tiempo indemnizaciones por asistir a reuniones de sus órganos de gobierno, una doble remuneración prohibida por la ley.

Además, el organismo pagaba gastos de asistencia a reuniones en Madrid a Orlando Sánchez García, representante del FROB en Catalunya Banc, y a Joaquín Saurina Maspoch, su representante en Novacaixagalicia, pese a que no estaba estipulado en sus contratos. El Fondo alega que se hizo “a petición de los interesados”, pues acudir a esas reuniones en una ciudad donde no residían suponía para ellos un “quebranto económico”.

Pero no es la última objeción del informe sobre las remuneraciones de los directivos. La IGAE califica de “improcedentes” las ayudas alimentarias por importe de 300 euros mensuales que recibían los ejecutivos, de las cuales casi dos tercios no tributan al IRPF, destaca el informe. También reclamaba al FROB que “regularizara” el seguro de vida que la entidad había contratado para sus empleados, que debería ser considerado una retribución en especie, al igual que los cheques de comida.

Finalmente, recrimina al FROB que incumpla las obligaciones de transparencia: por entonces no publicaba ni en su página web ni en su memoria ni la composición de sus órganos de gobierno, ni el perfil profesional de sus directivos ni sus retribuciones. Actualmente, la web del organismo se limita a incluir una muy sucinta información sobre el sueldo de su presidente –162.252 euros al año– y sólo da cuenta de la remuneración total de sus cinco directivos –693.900 euros–.

Selección de personal poco transparente

Mención aparte merecen las críticas de la IGAE al proceso de selección de personal llevado a cabo por el FROB para cumplir con sus nuevas tareas tras el rescate financiero. “De la documentación aportada no se desprende que se haya efectuado atendiendo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, aseguran los interventores. Según explican, esos documentos se limitan a “un informe de cinco páginas” que describe el proceso de selección, así como las “causas genéricas para descartar a los diferentes candidatos”, pero no existen documentos que “recojan la valoración de los candidatos seleccionados y de los descartados”.

A las pruebas se presentaron 9.319 aspirantes, de los que fueron preseleccionados en una primera fase 189 y 38 en la segunda. Ambos procesos fueron encargados a dos empresas privadas: Dopp Consultores y Prinzipal Partners. Para seleccionar a los directivos el FROB contrató a otras dos firmas: Seeliger y Conde, a la que pagó 64.656 euros, y Egon Zehnder, que cobró 58.000 euros por el trabajo.

Las dudas del FROB y la certeza de la Abogacía del Estado

En sus alegaciones al informe de control de la IGAE, el FROB justifica su política y gasto de personal en su “especial naturaleza” como organismo público que, a su juicio, lo excluía de las categorías en que el Gobierno había dividido la administración y el sector estatal a efectos retributivos. Según explica, las “funciones especiales” encomendadas al FROB suscitaban “dudas” sobre los contratos y salarios de sus máximos ejecutivos.

Sin embargo, la IGAE retoma su tono más áspero para replicar a estos argumentos y reprocha al FROB que siga “esperando, a marzo de 2014, la respuesta de repetidas consultas y/o conclusiones de más informes” sobre contratos y salarios, después de haberle “insistido reiteradamente” en que debía adaptar los contratos de sus directivos a la normativa vigente. Más aún después de que la Abogacía del Estado ya dejara claro en un informe de noviembre de 2012 que al FROB le es aplicable el real decreto 451/2012 “en todas sus previsiones” y despejara cualquier duda sobre la categoría de organismo en que debe encuadrarse.

Finalmente, el informe recoge que el FROB empezó a desglosar en las nóminas las retribuciones básicas y variables de su plantilla a partir de septiembre de 2013, la misma fecha en que dejó de pagar las ayudas por alimentos. Si bien, precisa la Intervención, no se devolvieron las percibidas desde el 10 de octubre de 2012, cuando se aprobaron las nuevas retribuciones, como cree que se debería haber hecho. A partir de esa fecha, además, tendrían que haberse suprimido las primas del seguro de vida, porque con ellas los directivos superan los límites legales impuestos a sus salarios.