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Fraude fiscal

El acuerdo de Cristiano Ronaldo con la Fiscalía evidencia los privilegios de los grandes defraudadores tributarios

El acuerdo con la Fiscalía ha rebajado al exjugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo las multas por cuatro delitos fiscales a 3,2 millones de euros, un tercio de las cantidades que le habrían correspondido si la sentencia se hubiera atenido a los mínimos establecidos en el Código Penal, y le ha sustituido la pena de dos años de cárcel por otra multa adicional de 360.000 euros, lo que le evita el ingreso en prisión. El fraude fue descubierto en una investigación periodística conocida como Football Leaks, liderada por el semanario alemán Der Spiegel y en la que participa el digital francés Mediapart (socio editorial de infoLibre).

A esas cantidades hay que añadir los 7,9 millones de euros que le ha liquidado la Agencia Tributaria por un acta con acuerdo correspondiente a las cuotas defraudadas en 2014 que no fueron consideradas delictivas. Si se les suman los intereses de demora por esa cifra, el ahora jugador de la Juventus ha sido sancionado con un total de 18,8 millones de euros por defraudar a la Hacienda española. No obstante, esas cantidades son inferiores incluso a las que habría debido satisfacer si la Agencia Tributaria se hubiera encargado del caso sin derivarlo a los tribunales, según denuncia el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

A su juicio, la rebaja de las sanciones, que cifran entre un 40% y un 60% respecto de los mínimos establecidos para estos delitos en el Código Penal, es “desmesurada” y “excesivamente benévola”. “Entendemos que el jugador no vaya a prisión, ya que ha reconocido el delito, lo ha reparado y no tiene antecedentes, pero no compartimos que se hayan aplicado atenuantes también a su patrimonio con esa reducción tan cuantiosa de las multas”, critica el secretario general del sindicato, José María Mollinedo.

Gestha compara las penas a las que ha sido sentenciado Cristiano Ronaldo con aquellas a las que fue condenado el jugador del Barça Leo Messi, que defraudó 4,1 millones de euros en tres ejercicios fiscales, de 2007 a 2009, al no tributar en España por el dinero que ganó gracias a la explotación de sus derechos de imagen. Fue condenado a 21 meses de prisión que finalmente fueron sustituidos por una multa de 252.000 euros y tuvo que pagar una sanción de 2,1 millones de euros. Su padre, Horacio Messi, fue condenado como cooperador necesario a 15 meses de cárcel, sustituidos por una multa de 180.000 euros, y a una sanción de 1,4 millones.

Las cantidades defraudadas por Cristiano Ronaldo, 13,5 millones de euros en cuatro ejercicios, de 2011 a 2014, triplican las de Messi, destaca el sindicato de técnicos de Hacienda. Y sus asesores fiscales no han sido procesados. Sí que están siendo juzgados, en cambio, Iván Zaldúa Azcuenaga, asesor fiscal de otro exjugador del Real Madrid, Xabi Alonso, así como Ignasi Maestre Casanova, administrador de Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA, una sociedad ubicada en Madeira a la que el deportista simuló cederle la explotación de sus derechos de imagen, de acuerdo con la denuncia de la Fiscalía.

Mientras que el acusador público solicita cinco años de prisión para Xabi Alonso por tres delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2010 y 2012, para el asesor y el administrador de la sociedad pide el pago de una multa de cuatro millones de euros y en concepto de responsabilidad civil el abono de forma conjunta y solidaria de 2,03 millones euros más.

Un mismo esquema de defraudación

Tanto Cristiano Ronaldo como Xabi Alonso y Messi utilizaron el mismo mecanismo para defraudar a Hacienda, ceder los derechos de explotación de su imagen a una sociedad radicada en un paraíso fiscal. Ronaldo a Tollin Associates domiciliada en las Islas Vírgenes, y ésta, a su vez a Multisports & Image Management Limited, con sede en Irlanda; Xabi Alonso, a la ya citada Kardazli, que cedió los derechos a otra sociedad de Panamá; Messi hizo lo propio con Sports Consultants Limited, ubicada en Belice y ésta a otra, Sport Enterprises Limited, domiciliada en el Reino Unido.

No es lo único que comparten los deportistas cuando de sus impuestos se trata. Además de Cristiano Ronaldo, otros jugadores extranjeros de primera línea que fueron investigados por Hacienda tenían como agente al portugués Jorge Mendes, que también ha sido investigado por la Agencia Tributaria: José Mourinho, Pepe, Coentrao, Falcao y Ricardo Carvalho.

La sentencia resume con claridad el esquema utilizado por Cristiano Ronaldo para eludir sus obligaciones con el fisco español y que es casi idéntico en todos los casos citados. La Audiencia Provincial de Madrid explica que el jugador de la Juventus sólo presentó su declaración del IRPF en 2014, donde consignaba unas rentas originadas en España entre 2011 y ese año de únicamente 11,53 millones de euros, cuando en realidad había ingresado un total de 34,81 millones. Y lo hizo “con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito” y para “dar apariencia de realidad a la estructura simulada” de sociedades creadas en Madeira e Irlanda. Según la ley, Ronaldo debería haber tributado a un tipo del 24% en 2011 y del 24,75% entre 2012 y 2014.

En esa declaración, además, incluyó los rendimientos obtenidos como consecuencia de ese contrato de cesión simulado como rendimientos del capital mobiliario, y no como derivados de actividades económicas, reduciendo así su base imponible. De esta forma, dice la sentencia, el perjuicio a la Hacienda española sumó 5,71 millones de euros. Dos de los cuatro delitos fiscales fueron calificados por la Fiscalía como agravados, pero ese aumento de grado apenas si se ha notado: ha quedado reducido a 15 días más de prisión sobre los seis meses a que se ha condenado a Cristiano Ronaldo por el delito fiscal simple.

Los asesores fiscales, en el punto de mira

A finales de este año, todos los países de la Unión Europea deberán haber incorporado a sus respectivos ordenamientos jurídicos la directiva sobre intermediarios fiscales que obligará a los asesores, abogados e incluso bancos a informar a la Agencia Tributaria sobre “esquemas transfronterizos” que constituyan “planificación fiscal agresiva”. Este viernes está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal.

A esta nueva obligación impuesta por Bruselas se opone la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) puesto que, a su juicio, “afectará negativamente” al ejercicio de su profesión y ocasionará “graves distorsiones en el mercado”. “El sistema legal de un país debería proteger a los contribuyentes y permitirles estar informados de las implicaciones fiscales de las transacciones económicas sin el miedo a que esta información –que en ocasiones es muy delicada– sea comunicada a la administración fiscal”, advirtió el presidente de Aedaf, José Alemany, el pasado noviembre en la Conferencia Europea de Asesores Fiscales. Según explicó, cada país tiene libertad para concretar qué sanciones se impondrán a quienes incumplan la directiva y cómo se configurará el compromiso de confidencialidad entre asesor y cliente, por lo que la Aedaf teme que se generen conflictos de competencia desleal entre los profesionales de distintos Estados.

Cuando en mayo de 2017 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que la Audiencia de Barcelona había impuesto a Messi y a su padre, recriminó tanto a la Fiscalía como a la propia Agencia Tributaria que no hubieran investigado también a los asesores fiscales de ambos. “Yo me dedicaba a jugar a fútbol. Confío en mi papá. Nunca me interesé, sencillamente. Creo que los abogados lo controlaban todo, para eso estaban”, declaró Leo Messi ante el tribunal en junio de 2016. En parecidos términos lo hizo su padre. Sin embargo, en su sentencia la Audiencia de Barcelona dejó claro que “la ignorancia deliberada no cabe en derecho como excusa”, recuerda José María Mollinedo.

Caída de las denuncias que llegan el juez

Gestha culpa al trato de favor que reciben los delincuentes fiscales del desplome de sufrido por las denuncias interpuestas por la Agencia Tributaria ante los tribunales. Aunque no es la única causa, la caída de delitos fiscales denunciados ha sido pronunciada: de 1.014 en 2011 a sólo 225 en 2017, un 78%. Llevar ante el juez una conducta que puede ser considerada delito fiscal supone una carga de trabajo añadida “y no reconocida”, explica José María Mollinedo, además de un “desgaste” significativo para los funcionarios de la Agencia Tributaria. Sobre todo desde que se privó a los técnicos de Hacienda de la competencia sobre estos casos. “Cuando se superan los 120.000 euros de fraude y se detecta mala fe, se los considera de especial dificultad sobrevenida y pasan a manos de los inspectores”, explica. Pero si el juez reclama un peritaje, puede llamar a declarar también al técnico que inició la investigación y que tendrá que someterse a las preguntas de las partes en el tribunal.

Además, en los últimos tiempos, los responsables de la Agencia Tributaria han preferido que se hicieran “muchas comprobaciones a muchos contribuyentes distintos, en lugar de hacer investigaciones en profundidad a menos contribuyentes”, lo que ha perjudicado también la detección de mecanismos complejos, asegura el responsable de Gestha. “Falta ambición en la lucha contra el fraude”, resume.

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