Tribunal Cuentas

Ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y cabildos incumplen hasta en un 40% su obligación de enviar al Tribunal de Cuentas la lista de los contratos que firman cada año. El 65% de las entidades locales tampoco le remite los convenios que suscriben con otros organismos e instituciones públicas. 

En un escenario donde la financiación ilegal aflora como un Guadiana que ha ido haciéndose más caudaloso con casos como Gürtel, el tribunal considera necesario que se restrinjan "lo más posible" las entregas en efectivo para mejorar "la trazabilidad del origen y destino de la financiación privada"

La multa contra 12 constructoras por amañar contratos públicos de conservación de carreteras ha vuelto a revelar la escasa capacidad disuasoria de los expedientes de la CNMC. Las empresas recurren a los tribunales, mantienen 403 recursos judiciales contra resoluciones de la CNMC, y muchas veces ganan. Sólo la Audiencia Nacional dictó 76 sentencias a favor de las empresas en 2017.

Se emitirán providencias de embargo respecto de dos afectados que no han presentado fianza. El órgano contable ha pedido un informe a la Abogacía del Estado.

El Tribunal de Cuentas reclama a los 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos que aprobaron mientras estaban en el Govern.

No se ha iniciado por el momento ninguna providencia de embargo a pesar de que este jueves concluyó el plazo dado a los 34 afectados para depositar entre todos 5,4 millones de euros.

A pesar de que en un primer momento se renunció a utilizar el ICF para no poner en riesgo a los trabajadores públicos, finalmente se recurrirá a él.

La vicepresidenta primera del Gobierno dice que "todos tenemos que trabajar en los límites de la legalidad" y defiende que desde que Sánchez gobierna "la Generalitat no ha traspasado ni una sola línea".

Se les reclama a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos.

Somos Sindicalistas ha llevado al Ayuntamiento de Madrid ante el Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude por los 300 millones que el consistorio pierde al año por su mala gestión recaudatoria. 

Reprocha a Vox, que ejerce como acusación popular en la causa, que pretenda hacer una auditoría interna del partido morado y que se revelen datos de sus trabajadores

Facebook no ha remitido al Tribunal de Cuentas información sobre los servicios que le contrataron los partidos políticos en las cuatro campañas electorales nacionales de 2019. La filial en Irlanda figura como contratante. Unidas Podemos le pagó 1,74 millones el año pasado.

El 39% de las 61 entidades que suscribieron los compromisos de la Agenda 21 Local de la Organización de las Naciones Unidas, "ni siquiera" realizaron un diagnóstico de su situación medioambiental denuncian desde el Tribunal de Cuentas.

La renovación depende de un entendimiento entre el Gobierno de coalición y el PP como primer partido de la oposición.

España sólo fue capaz de absorber el 43% de los 56.500 millones de euros que le correspondieron entre 2014 y 2020 de los fondos estructurales de la UE. Ahora tiene que digerir tres veces más recursos con el Fondo de Recuperación, el mayor desembolso de estímulo económico de la historia europea. También es el Estado con más denuncias por irregularidades en el uso de los fondos estructurales.