Como cada 24 de enero, Madrid recuerda con varios actos a los abogados laboralistas asesinados por un comando de extrema derecha en su despacho en el número 55 de la calle Atocha en 1977, en homenaje a unos defensores de la democracia y la libertad.

Tras visitar los cementerios de Carabanchel y San Isidro donde descansan sus restos mortales, se ha realizado la tradicional ofrenda floral en la plaza de Antón Martín frente a la escultura 'El Abrazo', en recuerdo de los abogados de CCOO y del PCE Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira y Luis Javier Benavides, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez.

El ataque se produjo cuando tres pistoleros acudieron al despacho de abogados, situado en el número 55 de la calle de Atocha de Madrid, y dispararon contra los trabajadores causándoles la muerte.

Además, otras cuatro personas -Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Dolores González- resultaron heridas de gravedad a consecuencia de los disparos de tres ultraderechistas que irrumpieron en el despacho y abrieron fuego contra los presentes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la presidenta del PSOE-M, Paca Sauquillo, entre otros, han asistido a la ofrenda floral frente a la adaptación escultórica del cuadro 'El abrazo' de Juan Genovés dedicado a los abogados laboralistas, declarado como Lugar de Memoria Democrática el pasado año.

En declaraciones a los medios, la ministra ha subrayado que los abogados de Atocha "son parte de la memoria y de la historia" de España, cuya matanza recuerda que en este país "siempre ha habido gente que ha defendido la democracia y la verdadera libertad y gente que ha infundido el odio y ha intentado imponerlo a través de la fuerza".

Por su parte, Paca Sauquillo ha destacado la importancia de la memoria de los cinco abogados laboralistas que fueron asesinados en su despacho "por un grupo fascista que no quería que hubiera democracia".

"Es muy triste que en este momento, 50 años después, haya grupos políticos que nieguen la memoria, los hechos. Si negamos los hechos, se puede volver a repetir", ha advertido la presidenta del PSOE madrileño, hermana de Francisco Javier Sauquillo, y que esquivó la matanza junto a Manuela Carmena y José María Mohedano.

A su juicio, son momentos "muy difíciles políticamente" tanto en Europa como en España, por lo que es importante recordar "a aquellos que lucharon, sufrieron y murieron por defender de la democracia".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reivindicado la memoria y el recuerdo a las víctimas "para que no se vuelva a repetir", y como "el mejor ejercicio de la democracia frente a quienes quieren negarla o esconderla".

"A pesar del boicot de algunos que han reprendido a este acto, a pesar dificultades que siempre ponen sobre la mesa quienes trabajan contra la memoria, reivindicamos ésta, en un ejercicio para seguir avanzando en democracia y libertad", ha afirmado, al tiempo que ha criticado la ausencia de dirigentes del PP de Madrid a este acto, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde, José Luis Martínez Almeida.

En esta jornada, en la que se conmemora el "Día de la Abogacía Amenazada", el Consejo General de la Abogacía Española también ha querido, además de recordar la llamada "matanza de Atocha", reafirmar su compromiso con la defensa de quienes ejercen la abogacía en tiempos de riesgo.

Y pone el foco en Estados Unidos, donde el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo ha documentado presiones políticas, amenazas y campañas de desprestigio dirigidas contra abogados que intervienen en casos de inmigración, violencia policial y justicia social.

"Esas prácticas erosionan la independencia profesional, generan autocensura y dificultan el acceso efectivo a la justicia", advierte en un comunicado hecho público con motivo de esta jornada.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes una resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para iniciar el procedimiento que declare Lugar de Memoria Democrática el monumento en recuerdo de los abogados de Atocha, coincidiendo con el 48 aniversario de los asesinatos, según informa EFE.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, firma esta resolución con la que se pretende recordar el atentado terrorista cometido por un comando de extrema derecha el 24 de enero de 1977 contra un bufete de letrados laboralistas de Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista.

El ataque se produjo cuando tres pistoleros acudieron al despacho de abogados, situado en la calle de Atocha de Madrid, y dispararon contra los trabajadores. Como consecuencia del suceso murieron los abogados Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides y Francisco Sauquillo, así como el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez.

En la resolución del Ministerio se recuerda que más de 100.000 personas asistieron al entierro, que fue una de las primeras manifestaciones multitudinarias que se produjeron tras la muerte de Franco y que se convirtió en un "símbolo de la barbarie que representan el fascismo y la violencia política".

La declaración del monumento levantado en la madrileña plaza de Antón Martín forma parte de las iniciativas del Gobierno para reconocer lugares y hechos históricos relevantes, con motivo de los 50 años de la muerte de Francisco Franco.

El objetivo del Ejecutivo es aprovechar esta efeméride para tramitar el reconocimiento de más de treinta lugares de memoria, una figura recogida en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que se ha aplicado ya a una veintena de casos, como el Valle de Cuelgamuros o el casco urbano de Gernika.

"Democracia no es solo votar, es escucharse, es conversar". Con estas palabras recibían este jueves el Premio infoLibre 2024 en el Ateneo de Madrid Manuela Carmena, Francisca Sauquillo y Cristina Almeida, de las manos de Elizabet Casanovas, Paula Usero y Almudena Pascual. Un galardón que las celebra por encarnar los valores que el diario lleva por bandera: un periodismo honesto, comprometido con la democracia, progresista, libre y participativo, y con el que además se ha querido reconocer, a título póstumo, la trayectoria de su compañera de profesión y activismo, Lola González Ruiz.

Ha acompañado a las premiadas Margot Ruano, hermana de Enrique Ruano, estudiante y militante del Frente de Liberación Popular, asesinado a manos de la Brigada Político-Social en el año 69, en un claro caso de tortura policial, manipulación informativa e impunidad judicial.

Sobre el escenario, una imagen cargada de simbolismo: tres abogadas laboralistas, icono de la resistencia al tardofranquismo y del espíritu de los primeros años de la democracia, y tres jóvenes actrices, sus dobles en la ficción Las abogadas: su verdadera historia. Un encuentro que supone un ejercicio intergeneracional de memoria histórica y democrática y que pone de manifiesto las costuras de la idealizada Transición española, reivindicando el nombre y la historia de aquellos que lucharon por derechos y libertades que hoy damos por sentados.

"Quisiera mandar un barril de esperanza", comenzaba su discurso Carmena, ya sobre las tablas y con el premio entre las manos. "Parece ser que nosotras fuimos pioneras, pero, siendo viejas, senior, mayores, ochentonas, lo seguimos siendo. Estamos aquí convencidas de que en la vida que nos quede seguiremos haciendo el esfuerzo de defender eso que tanto nos costó traer a España: la democracia. Tenemos que ser pioneras de volver a ilusionar este país en la democracia", continuaba con convencimiento. "Hay que cuidar la democracia. Cuidar, un verbo relacionado con la cultura de las mujeres, que significa imaginar, cambiar, modernizar. Y también humanizarla".

Por su parte, Almeida, que no ha podido acudir presencialmente, ha dejado grabado un mensaje para los asistentes. "Estos premios significan fuerza para defender la democracia, para defender un mundo mejor. Hay que acabar con los bulos, con la prensa tendenciosa, con los que se enriquecen con la mentira, con los que no quieren que la democracia avance. Gracias a infoLibre por existir, por ofrecer una prensa libre y de verdad", ha sostenido.

Previa a la entrega del reconocimiento, se han emitido algunas escenas de la serie de RTVE que homenajea a las premiadas. A través de la pantalla y de la mano de las cuatro abogadas, revivimos algunos de los episodios más oscuros de la incipiente democracia. Hacia un desenlace inevitable: la matanza de Atocha.

24 de enero de 1977. Segundo piso del número 55 de la calle Atocha, uno de los más importantes despachos de abogados laboralistas de la capital. Una reunión, nueve personas vinculadas a CCOO y el PCE y tres pistoleros ultraderechistas. Uno de los episodios más sangrientos de la Transición, que se resolvió con cinco muertos –Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez– y cuatro heridos –Miguel Sarabia, Alejandro Ruíz-Huerta, Luis Ramos y la propia Lola González–. Una herida aún abierta, que vincula a nuestras cuatro protagonistas.

Precisamente, en su intervención, Sauquillo se ha acordado de la directora de la serie, Patricia Ferreira, fallecida el pasado diciembre. "La serie muestra una época absolutamente gris de España, que mucha gente no recordaba o no quería recordar y, sobre todo, enseña a los jóvenes lo que estaba pasando. Aunque la realidad es siempre mucho más triste y dura que la ficción. Pero, si no se recuerdan los hechos, se pueden volver a repetir. Hoy España es mejor, pero tiene que ser mucho mejor", ha sentenciado.

También ha pronunciado unas palabras, Ruano, que ha querido dedicar el acto a la premiada ausente: "Lola fue una amiga única, compañera, solidaria, llena de contradicciones, pero siempre luchando por la democracia y la libertad", ha recordado con emoción. "Es por lo que tenemos que luchar, por su legado y por el de todos los asesinados. Y por no olvidar nunca ni silenciar sus vidas".

El impacto de las bautizadas como abogadas de Atocha ha persistido durante su larga trayectoria entre los despachos y la esfera política, pero siempre a la cabeza de la defensa de la democracia y los derechos laborales. Carmena, tras pasar por el Consejo General del Poder Judicial, dio el salto a la política, ejerciendo como alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019. Almeida llegó a ser senadora, diputada en el Congreso y en la Asamblea de Madrid y participó en la fundación de Izquierda Unida. Por último, Sauquillo ha trabajado en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional, adentrándose en la carrera política como senadora, diputada en la Asamblea de Madrid y eurodiputada por el PSOE.

Vuelve a ver la gala de los Premios infoLibre 2024

La serie  viene a rendir homenaje a cuatro abogadas laboralistas, Cristina Almeida, Paquita Sauquillo, Manuela Carmena y Lola González. Y en su nombre a muchos más abogados laboralistas, administrativos, sindicalistas y trabajadores, dirigentes vecinales y vecinos, protagonistas de los hechos que se narran y que culminan con la matanza en el despacho de Atocha el 24 de enero de 1977. 

Tres de las protagonistas han tenido, posteriormente, relevancia social y política por diversos motivos; sin embargo la persona que más sufrió las consecuencias de la represión y los asesinatos franquistas, Lola González, murió olvidada en 2015, sin haber recibido muchos reconocimientos. 

Novia de Enrique Ruano, asesinado en 1969, y esposa de Javier Sauquillo, asesinado en el despacho de Atocha, ella misma sufrió gravísimas heridas en el mismo atentado, que le ocasionaron dolorosas secuelas durante toda su vida, además de las psíquicas originadas por su tragedia personal. 

Hay que agradecer a los autores de la serie el papel relevante que otorgan a Lola González en su narración, magníficamente interpretada, además, por la actriz Paula Usero. 

Particularmente emotivas son las imágenes reales, que la serie incorpora, de la gran manifestación pacífica que acompañó al entierro de los asesinados, desde la sede del Tribunal Supremo, manifestación que marcó un hito en el transcurso de la transición. Hay un antes y un después de aquella jornada. Pocos meses después de la manifestación, en junio de 1977, se celebraron en España las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. 

Estas líneas quieren ser un homenaje a Lola González, a todos los asesinados en la transición y a todas aquellas personas que sufrieron torturas, heridas y daños personales cuantiosos por su compromiso con las libertades durante el franquismo, muchos de los cuales han sufrido secuelas graves durante toda su vida, sin recibir reconocimiento y sin buscar aprovechamiento. 

Por la Memoria Democrática.   

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

Una delegación de la Fundación Abogados de Atocha y de CCOO de Madrid ha homenajeado este miércoles a los cinco abogados laboralistas asesinados con un minuto de silencio y una ofrenda floral junto a la estatua El Abrazo del pintor y escultor Juan Genovés, en la plaza Antón Martín de la capital, según informa Europa Press.

Coincidiendo con el 47 aniversario de los asesinato de los Abogados de Atocha, la representación de la Fundación y del sindicato han acudido a primera hora de la mañana a los cementerios de Carabanchel y San Isidro para recordar a asesinados en 1977 por un comando de extrema derecha.

Poco después, a partir de las 10 horas, un centenar de personas se han dado cita nuevamente para recordar a las víctimas junto al grupo escultórico inspirado en el cuadro El Abrazo, de Juan Genovés, en la plaza de Antón Martín, a unos metros del lugar donde se cometieron los asesinatos de los abogados laboralistas.

Entre ellos, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y la portavoz de este partido en la Asamblea, Manuela Bergerot, así como la portavoz adjunta del PSOE en el Consistorio, Emma López, y las ediles socialistas Soledad Murillo y Ana Lima. También ha acudido Cristina Almeida.

Los congregados han guardado un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos y han depositado flores junto al monumento erigido en memoria de los abogados acribillados por un comando de ultraderecha el 24 de enero de 1977 en un despacho laboralista de CCOO y el Partido Comunista de España (PCE), situado en el número 55 de la calle Atocha.

Fallecieron cuatro abogados y un sindicalista, mientras que otros cuatro abogados resultaron gravemente heridos. En concreto, perdieron la vida los abogados Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez y quedaron malheridos sus compañeros Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia.

Durante el acto, la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, ha llamado a mirar al futuro con el ejemplo de la lucha de los Abogados de Atocha por la "justicia, democracia y libertad". "Todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a ellos", ha subrayado.

En este sentido, ha alertado que a día de hoy todavía está viva la amenaza de "una extrema derecha populista heredera del franquismo que lo que quiere es volver a instalar en España, en Europa y en gran parte del mundo una nueva dictadura, una pérdida de libertades, de valores fundamentales y de la igualdad como elemento central".

Por su lado, el secretario general del PCE en Madrid, Álvaro Aguilera, ha recordado la lucha por un mundo "más justo, democrático y libre" de estos abogados para rendir homenaje también al pueblo palestino "que está sufriendo el genocidio de Israel". Al mismo tiempo, ha advertido ante los "tambores del fascismo" que resuenan ahora para recalcar "el empuje por traer un mundo mejor" de los asesinados hace 47 años.

"Todo hombre o mujer decente tiene en los Abogados de Atocha el mejor ejemplo y el más puro para luchar por una sociedad más justa", ha recalcado. Finalmente, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, presidente de la Fundación Abogados de Atocha, ha llamado a homenajear la "vida plena de dedicación a los trabajadores" que tuvieron estas personas.

En declaraciones a los medios tras finalizar el acto, la portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento ha recalcado la importancia de mantener viva la memoria, "más que nunca en estos tiempos en los que está amenazada por la ultraderecha, con la complicidad del PP". "Por eso es importante rememorar a estas personas que murieron defendiendo la democracia, que murieron defendiendo las libertades, y lo que sí hemos echado de menos hoy es la presencia de alguien del PP, que en su momento sí estaba a favor de la democracia, y hoy en día no están por aquí", ha denunciado.

El acto central del homenaje ha tenido lugar a partir de las 11 horas en el Auditorio Marcelino Camacho, con la entrega del Premio Abogados de Atocha 2024 al Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo en reconocimiento del trabajo que desarrolla por la justicia en el mundo desde su creación en 2016.

Asimismo, también se reconocerá a los profesionales sanitarios en Gaza, un galardón que recogerá la ministra de Sanidad, Mónica García, y a la "Red de mujeres de negro contra la guerra", por su trabajo por la paz y la no violencia.

El abogado y fundador de Izquierda Unida, Jaime Sartorius, ha fallecido este viernes, según ha informado en un comunicado el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), donde se incorporó en el año 1965, informa Europa Press. Desde el ICAM destacan que Sartorius asumió la acusación particular contra los asesinos de los abogados en la matanza de Atocha (1977) de Madrid y también reconocen su "defensa de las libertades democráticas bajo el franquismo y durante la Transición".

Fue también abogado defensor en el juicio del proceso 1001 contra la cúpula de CCOO que impulsó la solidaridad con el movimiento obrero. Además, fue uno de los fundadores de Izquierda Unida y también miembro del Partido Comunista de España (PCE) y el sindicato CCOO, por los que trabajó para su legalización.

El ICAM también destacó la labor de Jaime Sartorius en el proyecto de Ley de Amnistía, que aprobó el Congreso de los Diputados en su totalidad, y su participación en las reuniones de los acuerdos de La Moncloa. Especializado en Responsabilidad Civil, los archivos de su despacho se pueden consultar en la Fundación 1 de Mayo.

Intervino en más de cien procedimientos instados ante el Tribunal de Orden Público y Juzgados Militares, en defensa de las libertades democráticas durante la dictadura. También fue miembro del Comité de Radio y Televisión, durante las elecciones generales de 1977 y 1979.

Asimismo, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha trasladado su pésame a familiares, amigos y compañeros del letrado. También Izquierda Unida, en redes sociales, reseñó que fue un abogado "de las causas justas". "Nuestras condolencias a todo su entorno. Que la tierra te sea leve, compañero", ha indicado la formación política.

"Ha muerto Jaime Sartorius. Jugó un papel destacado en la defensa jurídica de los lideres de CCOO procesados en el 1001 y en la campaña internacional de solidaridad. También en el proceso de legalización de CCOO y del PCE", ha enfatizado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

El pueblo de Madrid se ha acostumbrado a pasar por la plaza de Antón Martín y ver allí un bloque de piedra blanca sobre el cual se alza una representación en bronce del cuadro El Abrazo, de Juan Genovés. Existen artículos que detallan las características del monumento y la historia de su autor, pero su existencia en la plaza en la que confluyen las céntricas calles de Atocha, Magdalena, Santa Isabel y la Calle del León, es el fruto de toda una intrahistoria que no suele contarse.

El entonces alcalde de Madrid aceptó reunirse con la dirección de las CCOO de Madrid. El ayuntamiento se encontraba entonces en la Plaza de la Villa y el alcalde se llamaba José María Álvarez del Manzano. Durante la reunión, le planteamos la vieja aspiración de que Madrid contase con un monumento que reconociera la figura de los Abogados de Atocha, aquellos jóvenes que fueron asesinados la noche del 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista situado en el número 55 de la calle Atocha. Tres pistoleros de ultraderecha, siguiendo instrucciones y con armas suministradas por algunos otros, habían decidido acudir al piso para dar una "lección" a los trabajadores que dirigían la huelga del transporte en aquellos momentos.

Allí se encontraban siete abogados de barrios y pueblos, un administrativo y un estudiante de derecho, que habían intercambiado el lugar de reunión con los abogados laboralistas del despacho que dirigía Manuela Carmena, que se habían desplazado esa tarde a otro despacho situado unos metros más abajo, en la misma calle de Atocha.

Cinco de ellos murieron: Francisco Javier Sahuquillo, Enrique Valdelvira, Ángel Rodríguez Leal, Serafín Holgado y Luis Javier Benavides Orgaz. Heridos para siempre, porque nadie vuelve a ser el mismo tras ver la muerte cara a cara arrebatando la vida de tus mejores amigos, Luis Ramos, Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta y Lola González Ruiz.

Lola perdió en el atentado a su esposo Javier Sahuquillo, después de haber perdido ocho años antes a su novio, el estudiante Enrique Ruano, a manos de la policía política franquista. “En el transcurso de mi vida me han desbaratado mis sueños”, le confesó un día a Margot Ruano, la hermana de su novio.

La historia de los despachos laboralistas comienza en Madrid a finales del año 1965, cuando la joven abogada María Luisa Suárez, junto a Antonio Montesinos, Pepe Esteban y José Jiménez de Parga, decide dar el paso de fundar el primer despacho laboralista de la calle de la Cruz, atendiendo a las demandas del dirigente comunista Romero Marín y de líderes de CCOO como Marcelino Camacho.

Tenían la experiencia de defender a los represaliados políticos ante tribunales militares y ante el Tribunal de Orden Público que había comenzado a funcionar a principios de 1964 y se volcaron en defender a los trabajadores, sindicalistas, políticos y a los vecinos represaliados en los barrios por exigir mejores condiciones de vida y de trabajo. El de Atocha fue uno de esos despachos. Surgieron luego otros y, entre ellos, el de Atocha.

Volvamos al alcalde Álvarez del Manzano, que procedía del territorio democristiano de la UCD y ya había sido concejal en las primeras elecciones municipales libres en las que el PSOE y el PCE unieron sus fuerzas para alcanzar la mayoría que permitió a Enrique Tierno Galván convertirse en el primer alcalde elegido democráticamente tras la Guerra Civil y la larga dictadura franquista.

Tal vez por esa trayectoria, el entonces alcalde de Madrid aceptó nuestra propuesta y comenzamos a dar los pasos para que el proyecto se hiciera realidad. Levantar un monumento de ese volumen sobre el vestíbulo de la estación de Metro exigió, de entrada, reforzar la estructura para poder soportar aquel peso.

De otra parte, convertir en escultura un cuadro emblemático, que arrastraba tras de sí la historia de la Transición española, las políticas de reconciliación nacional y la reivindicación de la Amnistía tras la muerte del dictador, era una tarea compleja que su autor supo resolver con mucho trabajo y esfuerzo, con la misma minuciosidad con la que empuñaba el pincel para regalarnos sus cuadros.

Inauguramos el monumento a los Abogados de Atocha hace casi 20 años, un 3 de junio de 2003, el mismo día en el que, en la Asamblea de Madrid, se perpetraba unos de los actos que más han perturbado la convivencia en nuestro país, el Tamayazo que permitió que dos tránsfugas de última hora (nunca hemos sabido a cambio de qué) torcieran la decisión popular de las urnas impidiendo un gobierno del PSOE con Izquierda Unida que hubiera sido presidido por Rafael Simancas.

Alberto Ruiz-Gallardón, recién elegido alcalde de la capital, se encontraba en la Asamblea de Madrid, como presidente saliente, asistiendo desde los escaños al esperpento que se estaba produciendo desde los escaños. Como secretario general de CCOO de Madrid, yo encabezaba la delegación del sindicato cuando se produjeron los movimientos que dieron al traste con lo que debió de haber sido una alternancia democrática en el gobierno de la Comunidad de Madrid.

Tuvimos que salir precipitadamente hacia Antón Martín para inaugurar el monumento, junto a Juan Genovés y el que había sido alcalde hasta entonces, Álvarez del Manzano. Desde entonces, año tras año, la política española se ha ido deslizando hacia el precipicio de una confrontación cada vez más agria, áspera, irritante.

Sin embargo, también cada año, cada 24 de enero, cientos de personas se concentran ante el monumento a los Abogados de Atocha para rendir homenaje a unos jóvenes generosos, ansiosos de libertad, defensores de los derechos, ilusionados con la idea de un futuro democrático, amparado por la justicia y el derecho.

Aún podemos escoger entre continuar despeñándonos por la senda de la crispación creciente, o recorrer el camino de aquellos jóvenes de Atocha y elegir solucionar los inevitables conflictos que surgen en cualquier sociedad, desde la movilización democrática, la defensa de la justicia y el derecho, la negociación a tumba abierta, hasta alcanzar un compromiso y sellarlo con un abrazo que ratifica el acuerdo que nos permite seguir adelante, hacia el futuro en libertad.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

Los de Atocha siguen cumpliendo años, ya son 45 desde aquel 24 de enero de 1977 en que los pistoleros de la ultraderecha franquista asaltaron el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha, número 55 y dispararon a bocajarro contra los allí reunidos. 

Cinco murieron, cuatro sobrevivieron pese a las terribles heridas y 45 años después sólo queda entre nosotros Alejandro Ruiz-Huerta, en quien depositamos la tarea de presidir la Fundación Abogados de Atocha. Fue en mayo de 2004, poco después de los terribles atentados del 11-M en los trenes que viajaban hacia Atocha, durante el Congreso de CCOO de Madrid, cuando decidimos aprobar la constitución de una Fundación dedicada a preservar la memoria de los de Atocha. 

Nos parecía que la brutalidad del terror islamista desencadenado sobre Madrid sólo podía tener una respuesta, la de aquellos jóvenes que luchaban por la libertad y la democracia con las únicas armas de la justicia y el derecho, en los despachos laboralistas creados por todo Madrid, siguiendo la huella del primero de ellos, el fundado por María Luisa Suárez, junto a Antonio Montesinos, Pepe Jiménez de Parga y Pepe Esteban.

La memoria de los de Atocha nunca quiso ser un esfuerzo por mantener vivo el recuerdo del pasado, sino de recuperación de una memoria personal y colectiva que nos hiciera más libres hoy y que impidiera repetir una historia de sometimiento y opresión en el futuro. 

Recordar Atocha no es conmemorar este lunes el aniversario de unas personas inimitables sino, muy al contrario, acercarnos a lo que fuimos y adquirir en el presente compromisos de combatir la injusticia, tal como hicieron ellos en el pasado. 

Recordar a las víctimas, mantener viva la memoria de los de Atocha como ejemplo. Las víctimas que murieron asesinadas, Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Las víctimas que sobrevivieron y quedaron marcadas de por vida, Lola González Ruiz, Miguel Sarabia, Luis Ramos y Alejandro Ruiz-Huerta. 

Ellos tuvieron que afrontar el duelo, comprobar la imposibilidad de controlar el dolor, intentar olvidar, intentar recordar, pasar a ser víctimas entre las víctimas, convertidos en patrimonio de cuantos sufren. Y al tiempo intentar seguir viviendo, convertidos en presente, en modelo para afrontar situaciones nuevas, desconocidas, impredecibles. 

Atocha no es un culto, ni una religión, Atocha es memoria viva de la justicia, lección que necesitamos recordar, reaprender. El recuerdo como esfuerzo permanente por congelar el pasado, nos condena a un presente esclavizado al pasado. 

Sin embargo, el recuerdo concebido como ejemplo nos permite volcar todo lo vivido en renovada voluntad de liberación en el presente, esfuerzo de diálogo, de entendimiento. Por eso la memoria de Atocha es uno de esos referentes que nadie cuestiona en España. Atocha nos permite tomar la medida de la justicia en cada momento, comparar, valorar, actuar, transformar la realidad, acercarnos a los demás. 

Hubo un momento en el que España quiso olvidar su Historia, la nuestra, nuestro pasado. Años, momentos, en los que cada 24 de enero las Comisiones Obreras de Madrid acudíamos a los cementerios de Carabanchel y de San Isidro y depositábamos coronas de flores en las tumbas. Luego, junto al PCE, depositábamos sendas coronas de flores junto al portal de Atocha 55. Poco más.

Pero los de Atocha no merecían el olvido, ser apartados a un rincón alejado y puntual de nuestra memoria, ser condenados a una zona oscura, casi invisible. Porque aquellos jóvenes no eran un patrimonio exclusivo de las CCOO, ni del PCE, ni del Colegio de Abogados de Madrid.

Los de Atocha son patrimonio de todos los trabajadores y trabajadoras, de las gentes de izquierdas y de la derecha sensata, honrada y democrática, de los creyentes y de los ateos, de los abogados y de cuantos confían y creen en la justicia. Patrimonio, modelo y ejemplo, sobre todo, para nuestros jóvenes.

Ese es el esfuerzo que la Fundación Abogados de Atocha hemos desplegado a lo largo de estos más de quince años. Los premios anuales que concedemos cada año, a las personas e instituciones que se la juegan por la justicia y la libertad, en Argentina o en España, en Guatemala o en Uruguay, en el Sahara o en cualquier rincón del planeta. 

La publicación de estudios y de trabajos sobre la historia de la justicia y la lucha por la libertad. Las calles, plazas, jardines, centros culturales, que llevan el nombre de los Abogados de Atocha. Los premios literarios anuales a los jóvenes que construyen relatos en los que se ponen en valor los derechos humanos y los valores que defendieron los Abogados de Atocha. 

45 años han pasado. Los que fueron asesinados no habrían cumplido aún los 80 años. Siguen siendo los jóvenes que fueron, preservados del tiempo, sus servidumbres y sus miserias. 

Escribí un día un poema dedicado a Lola González Ruiz, la abogada que sobrevivió al atentado y que perdió en el mismo a su esposo, Francisco Javier Sauquillo, tras haber perdido años antes a su novio, Enrique Ruano, asesinado por la policía franquista. El poema publicado en el libro La mirada de los Nadie, con el que quiero terminar este artículo y que habla de Lola, pero podría haberlo escrito pensando en cuanto de Lola había en todos y cada uno de los de Atocha.

Era ella osadía de vida

que cae y se levanta,

que es derribada y se alza

de nuevo. Desde el barro

se alza y sobre su debilidad

trepa encaramada a sí misma.

Lola es su altura,

erguida en sus resurrecciones, 

que fueron y seguirán siendo

aún después de su partida.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013

La Fundación Abogados de Atocha ha recurrido ante el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la puesta en libertad en noviembre de 2020 de Carlos García Juliá, condenado por la matanza de los abogados de Atocha de 1977 y que fue extraditado en febrero de 2020 desde Brasil. Denuncian que fue excarcelado cuando aún le faltaban diez años para cumplir la condena, según informa Europa Press. 

La salida de Soto del Real de García Juliá se produjo después de que se le hiciera una nueva liquidación de condena por la Audiencia Provincial de Ciudad Real que rebajaba los años que tenía que continuar en prisión, por lo que no cumplió con los 12 años que le restaban por su participación en la matanza de Atocha, cometida el 24 de enero de 1977 en un bufete de abogados laboralistas por miembros de la extrema derecha.

Ahora la fundación va a Europa para denunciar la actuación de los tribunales de justicia españoles. En una nota de prensa, señalan que se da una "enorme arbitrariedad" de la justicia al no aplicar las leyes y la jurisprudencia que impedirían la aplicación de beneficios de redención de penas por trabajo a García Juliá.

Lamentan además que no ha cumplido más de diez años de la condena impuesta de 193 años –ya reducida a 30 por las leyes vigentes– y que los beneficios que le han sido aplicados le habían sido prohibidos por su conducta ya que trató de quebrantar su condena.

Por otro lado, desde la fundación ponen el foco en el "abandono absoluto" al que la justicia española ha sometido a las víctimas ya que no han podido oponerse a estas "irregularidades" porque no se les han notificado a lo largo del procedimiento pese a ser parte personada.

"Esperamos dar esta última batalla ente el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, con la esperanza de que la justicia sea algo más que la arbitrariedad en la aplicación de las leyes y el abandono absoluto de unas victimas tan duramente golpeadas por unos hechos que estremecieron a todo el país en su momento de transición de la

dictadura a la democracia", recuerdan.

La entrega de Brasil

García Juliá, que ha estado preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue entregado a España por las autoridades brasileñas en febrero de 2020 después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.

Cuando ingresó en Soto del Real, al terrorista le quedaban por cumplir 3.845 días, esto es, diez años de condena, concretamente hasta agosto de 2030. Entre otras cosas, el tribunal le ha aplicado 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil tras ser arrestado en diciembre de 2018.

Fue en plena plandemia de coronavirus, y con el estado de alarma vigente, cuando se conoció que el abogado de García Juliá se había dirigido a la Audiencia Provincial de Ciudad Real solicitando la práctica de una nueva liquidación de condena por ser el último tribunal que emitió una sentencia en su contra, en este caso por una causa distinta a la de la matanza de Atocha. Algo que le fue concedido.

En noviembre de 2020, la Fundación Abogados de Atocha presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) solicitando medidas cautelares que impidieran el excarcelamiento de Carlos García Juliá, pero fue en vano ya que fue rechazado por el alto tribunal ante el estupor de la defensa por la inmediatez de la decisión.

Ese recurso llegaba después de que hubieran impugnado sin éxito ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real la liquidación provisional de condena del preso y solicitaran a la Audiencia Nacional la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con el condenado desde su entrega a nuestro país.

Creen que no hay conexidad

Sobre la liquidación realizada desde Ciudad Real el 7 de mayo y que le reconoce los 3.138 días de redenciones ordinarias y extraordinarias, las víctimas recordaban que dado que el terrorista de ultraderecha quebrantó la libertad condicional con su huida de Paraguay, esto implicaría a tenor de lo dispuesto en el Código Penal y en las leyes penitenciarias y de enjuiciamiento, la pérdida de todo lo redimido. De esta forma deberían descontarse del tiempo efectivamente cumplido 1.207 días.

Además, indicaban que no podía haber conexidad entre los delitos de la calle Atocha con los que se le imputaban por otro incidente en la prisión de Ciudad Real, por lo que la liquidación no sería válida.

La Fundación Abogados de Atocha y CCOO han homenajeado a las víctimas de este atentado 44 años después con una ofrenda floral junto al monumento de El Abrazo de Juan Genovés y en los cementerios Carabanchel y San Isidro. Según ha recordado el sindicato en un comunicado, un "comando de extrema derecha" atentó con metralletas el 24 de enero de 1977 el despacho laboralista de CCOO y el PCE en el número 55 de Atocha, informa Europa Press.

El director de la fundación, Francisco Naranjo, ha señalado que al depositar una corona de claveles rojos junto al monumento han querido "recordar y homenajear en silencio a aquellos ocho jóvenes abogados y un sindicalista que dieron su sangre, y cinco de ellos sus vidas, por la democracia y la libertad en España"; además de a Juan Genovés, que falleció la pasada primavera.

En este 44º aniversario, el covid-19 ha forzado el aplazamiento de los actos que culminaban este domingo con la entrega de los premios Abogados de Atocha que habitualmente se celebran en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO Madrid.

Naranjo ha destacado que este año el premio se ha concedido a los trabajadores de servicios esenciales que han cuidado de la vida de todos en el tiempo de pandemia, y que la previsión es puedan retomarse estos actos en la próxima primavera.

Por su parte, el secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, ha recordado que el homenaje y reconocimiento a los abogados de Atocha que se realiza cada 24 de enero "se ha convertido en España, e incluso a nivel mundial, en un día de reconocimiento a todos los que luchan por la libertad, por la democracia, por la igualdad". Al mismo tiempo es un día en el que ensalzamos y reconocemos la generosidad de aquellos jóvenes que dieron su vida por las libertades en España", ha añadido. Por ello, Cedrún ha destacado que la Fundación Abogados de Atocha haya galardonado este año con su premio anual a aquellos trabajadores que "con toda su generosidad están haciendo frente a esta terrible crisis sanitaria, a esa pandemia".

Carmena: "Con nuestra vida queremos ensalzar la vuestra"

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena también ha recordado este domingo el atentado de los Abogados de Atocha. "Con nuestra vida queremos ensalzar la vuestra", ha asegurado. "Vuelvo a sentirme con todos vosotros, queridos amigos asesinados por la estupidez y brutalidad de la violencia de la extrema derecha aquel 24 de enero de 1977", ha publicado Carmena en sus redes sociales.

La Fundación Abogados de Atocha ha realizado esta mañana una ofrenda floral ante el monumento conmemorativo a las víctimas del atentado, situado en la plaza de Antón Martín, tras la puesta en libertad de uno de los autores del crimen en 1977, Carlos García Juliá.

Así lo ha detallado CCOO en un comunicado en el que han destacado el "grito de silencio" que se ha llevado en recuerdo de las víctimas, y otro como muestra de crítica y repulsa por la excarcelación de uno de los responsables, según informa Europa Press.

En este acto, miembros de la Fundación y familiares de asesinados han colocado un clavel rojo en el monumento El Abrazo, de Juan Genovés, y "en absoluto y respetuoso silencio" han recordado a estos juristas que "dieron su sangre y sus vidas por la democracia y la libertad".

Carlos García Juliá, condenado por la matanza de los abogados de Atocha de 1977 y recientemente extraditado a España desde Brasil, ha salido a primera hora de este jueves de la prisión de Soto del Real (Madrid) tras la nueva liquidación de condena que realizó la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real propuso una nueva liquidación a petición de la defensa de García Juliá, que rebajaba los años que tenía que continuar en prisión sin cumplir los 12 años que le restaban por su participación en la matanza de Atocha, cometida el 24 de enero de 1977 en un bufete de abogados laboralistas por miembros de la extrema derecha, informa Europa Press. 

García Juliá, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios del pasado mes de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.

Cuando ingresó en Soto del Real el 7 de febrero pasado, al terrorista le quedaban por cumplir 3.845 días, esto es, diez años de condena, concretamente hasta agosto de 2030. Entre otras cosas, el tribunal le ha aplicado 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil tras ser arrestado en diciembre de 2018.

El abogado de García Juliá se dirigió a la Audiencia Provincial de Ciudad Real solicitando la práctica de una nueva liquidación de condena por ser el último tribunal que emitió una sentencia en su contra, en este caso por una causa distinta a la de la matanza de Atocha.

La Fundación Abogados de Atocha ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que piden medidas cautelares que impidan el excarcelamiento de Carlos García Juliá –uno de los implicados en la matanza de los abogados de Atocha en 1977 y recientemente extraditado desde Brasil– que, si nada lo impide, saldrá de la prisión de Soto del Real en libertad provisional el próximo 19 de noviembre.

Fuentes de la defensa de las víctimas, consultadas por Europa Press, señalan que en caso de que el TC no considere mantenerle en prisión, solicitan que al menos se adopten medidas cautelares que le impidan salir del país. Así, piden que se le retire el pasaporte o se dé instrucción al Ministerio del Interior para que no se le expida uno en caso de que carezca de él. Desde la fundación señalan que la salida de prisión de García Juliá supone que no cumplirá lo años que le restan por cumplir "por unos hechos gravísimos que ocurrieron en la Transición". Ya en junio de este año impugnaron ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real la liquidación provisional de condena del preso y solicitaron a la Audiencia Nacional la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con el condenado desde su entrega a nuestro país. 

Pero tras no obtener un resultado positivo para sus intereses, han presentado ante la Audiencia de Ciudad Real un recurso de súplica contra ese licenciamiento definitivo "para que al menos tome cautelarmente las medidas solicitadas al Tribunal Constitucional". Igualmente, realizaron alegaciones ante la Audiencia Nacional, "que repentinamente se ha inhibido como tribunal sentenciador de esta ejecución". 

Apuntan desde la fundación que con la aplicación de los beneficios penitenciarios a García Juliá se modifica en más de diez años el fallo de la sentencia, que ya había quedado reducida a 30 años, de los que restan por cumplir más de doce. Recuerdan así que cuando ingresó en Soto del Real el 7 de febrero pasado, al terrorista le quedaban por cumplir diez años de condena, concretamente hasta agosto de 2030. Entre otras cosas, el tribunal de Ciudad Real, que fue el último que le condenó por un asunto diferente al de Atocha, le ha aplicado 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil tras ser arrestado en diciembre de 2018. 

Pero las cuentas realizadas por las víctimas son distintas. Señalan que lo realmente cumplido por García Juliá son un total de 6.563 días de cárcel, a descontar de los treinta años a cumplir (10.950), por lo que quedarían por cumplir un total de 4.387 días. Sobre la liquidación realizada desde Ciudad Real el 7 de mayo y que le reconoce los 3.138 días de redenciones ordinarias y extraordinarias, las víctimas recuerdan que dado que el terrorista de ultraderecha quebrantó la libertad condicional con su huida de Paraguay, esto implicaría a tenor de lo dispuesto en el Código Penal y en las leyes penitenciarias y de enjuiciamiento, la pérdida de todo lo redimido. De esta forma deberían descontarse del tiempo efectivamente cumplido 1.207 días. 

Además, le recuerdan a la Audiencia Provincial de Ciudad Real y a la Audiencia Nacional que no puede haber conexidad entre los delitos de la calle Atocha con los que se le imputan por otro incidente en Ciudad Real, por lo que la liquidación no sería válida. 

García Juliá fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.

La noche del 24 de enero de 1977, tres ultraderechistas mataron a cinco personas e hirieron a otras cuatro en un asalto armado a un bufete de abogados laboralistas de izquierdas. La matanza se convirtió en uno de los momentos que puso en jaque a la Transición, junto con otras crisis como la del 23F.

¿Qué pasó?

Cierto tipo de tragedias quedan marcadas en la historia de una sociedad por mucho tiempo que pase desde que sucedieron. La matanza en las oficinas de abogados laboralistas de la calle Atocha en 1977 es una de ellas. En su caso, además, el dolor de las víctimas es de primerísima actualidad más de 40 años después, debido a la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de aplicar la liquidación de condena a uno de los asesinos de Atocha después de llevar más de 20 años fugado. El pasado mes de junio, la defensa de las víctimas impugnó la acción, que la Fiscalía ya había decidido no recurrir.

Todo empezó la noche del 24 de enero de 1977, en el tercero izquierda del número 55 de la calle Atocha. Era el despacho de un grupo de abogados laboralistas del PCE y Comisiones Obreras. Esa tarde, había tenido lugar una multitudinaria reunión en las oficinas para debatir un asunto referente a la huelga de trabajadores del transporte contra el Sindicato Vertical, que llevaba en marcha unos días.

Cuando concluyó, nueve personas se quedaron trabajando en el despacho. Cerca de las once de la noche, fueron sorprendidos por tres hombres armados, pertenecientes a grupos de ultraderecha, que irrumpieron en el local al grito de "Arriba esas manitas, las manitas arriba". Sin darles tiempo para reaccionar, los hombres la emprendieron a tiros con todos los presentes. El diario ABC lo contaría así al día siguiente: "Los hechos, al parecer, se desarrollaron con tal rapidez que ninguno de los atacados tuvo tiempo para reaccionar".

La matanza terminó tan rápido como había empezado. Los asesinos se dieron a la fuga y los vecinos del número 55, alarmados, llamaron a la policía. La barbarie se saldó con cinco fallecidos —tres durante el tiroteo, dos en el hospital— y cuatro heridos.

Fue el más trágico de los sucesos que ocurrieron esa semana negra para la Transición, en la que los problemas se agolpaban a las puertas de la nueva democracia que pugnaba por abrirse paso. La reacción de las víctimas y los colectivos afectados por la matanza estuvo a la altura de las circunstancias y consiguió salvar la crisis.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Apenas había transcurrido un año y medio desde la muerte de Franco. Las huelgas en diferentes sectores productivos se sucedían por todo el país, al tiempo que se aprobaba la Ley de Reforma Política y Adolfo Suárez era nombrado a dedo presidente del Gobierno. El año 1977 comenzó convulso: a los secuestros del GRAPO se sumaron las actuaciones de los Guerrilleros de Cristo Rey —otro grupo violento ultraderechista—, las manifestaciones por una amnistía más amplia para los presos políticos del franquismo y una huelga de los empleados de transporte.

El día 24 de enero se sucedieron varios acontecimientos importantes. Por la mañana, el GRAPO secuestró al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Más tarde, una manifestación no autorizada por la amnistía se saldó con la muerte de una joven. Finalmente, esa noche tuvo lugar la matanza de los abogados de Atocha. La respuesta de los diferentes implicados sería clave para el discurrir de los acontecimientos siguientes.

Los asesinos de Atocha acabaron con la vida de Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdevira —tres abogados, un estudiante y un administrativo— e hirieron a otros cuatro miembros del bufete: Alejandro Ruiz-Huerta, Dolores González, Miguel Sarabia y Luis Ramos. Este último relató en un documental de TVE las sensaciones vividas en ese despacho la noche del tiroteo: "Ninguno de nosotros pensaba que aquello podía terminar como terminó. Tengo la impresión de que creíamos que simplemente iban allí en plan amenazador, que quizá iban a romper algo, quizá a pegar a alguien, pero no que iban a disparar salvajemente contra todos nosotros". En realidad, el objetivo de los asaltantes era Joaquín Navarro, representante de los trabajadores del transporte que estaban en huelga, pero, por suerte para él, no se encontraba allí.

Al día siguiente, el Comité Ejecutivo del PCE se reunió y decidió no tomar represalias violentas o provocativas contra los responsables. En su lugar, se volcaron en el homenaje a las víctimas y la condena pública y política del atentado. Dos días después, constituyeron una capilla ardiente en el Colegio de Abogados de Madrid que duró tres horas, tras la cual sacaron los féretros a hombros acompañados por una multitud de más de 100.000 personas. Todo ello, en el más absoluto de los silencios.

La investigación policial llevó a la detención de los responsables, miembros de comandos de extrema derecha ligados a grupos como Fuerza Nueva —partido político ultraderechista fundado en 1976 por Blas Piñar— y Falange, que pretendían acabar con los "enemigos de la Patria". La Audiencia Nacional señaló a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada como autores materiales del crimen, y a Francisco Albadalejo Corredera, secretario provincial del Sindicato Vertical del Transporte, como autor intelectual. Otras cinco personas más fueron detenidas como cómplices, aunque algunas de ellas no llegaron a pasar ante el juez por diferentes cuestiones.

¿Cómo se informó de ello?

Libres de la censura franquista, los medios de comunicación se lanzaron a cubrir con extenso detalle los crímenes de Atocha. La mayoría de los periódicos no dudaron en calificar de "ultraderechistas" o "extremistas de derecha" a los asesinos, aunque otros más afines al conservadurismo, como el diario Ya evitaran tales calificativos.

En El País, por ejemplo, se publicaron reportajes, entrevistas y piezas de opinión que ahondaban en las posibles repercusiones políticas que tendría el suceso para la Transición, dejando titulares como: "La sombra de la guerra civil planea sobre España" o "Serenidad frente a la anti-España". En general, la prensa llevó a cabo un exhaustivo seguimiento de las detenciones, la recuperación de los heridos, los actos conmemorativos y el juicio.

¿Qué consecuencias tuvo?

Además de las cinco víctimas mortales y los cuatro heridos que lograron sobrevivir, la tragedia de Atocha puso a prueba todo el proceso de Transición democrática que se estaba intentando sacar adelante. Pero la respuesta de los implicados, como el PCE, consiguió apaciguar los ánimos y puso los cimientos para su legalización el 9 de abril de ese mismo año.

El 28 enero, el Gobierno de Suárez decidió suspender durante un mes dos artículos del Fuero de los Españoles —aún no se había redactado la Constitución— y otorgó "facultades excepcionales para proteger la paz ciudadana", como respuesta a los acontecimientos recientes y de forma que afectara solo a aquellas personas sospechosas de terrorismo. Esta medida dio más libertad a la policía para realizar registros domiciliarios y arrestos por periodos superiores a 72 horas.

El caso de Atocha indignó a la sociedad, que se sumó a protestas y actos espontáneos de solidaridad y homenaje, como la huelga de 150.000 trabajadores de diferentes sectores en el País Vasco o el paro en señal de repulsa de dos días de todos los abogados del Colegio de Málaga. El día siguiente a los asesinatos, los 30.000 trabajadores de una fábrica de coches pararon su actividad, replicando lo que ya era una reacción en cadena en las fábricas de Barcelona. Los alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona realizaron una marcha de varios kilómetros que culminó con una multitudinaria manifestación de estudiantes de toda la capital esa misma tarde.

Por la rama judicial, la Audiencia Nacional tardó tres años en dictar sentencia. Condenó a Fernández Cerrá y a García Juliá a 193 años de prisión cada uno como autores materiales del atentado. Francisco Albadalejo Corredera, el autor intelectual, fue condenado a 63 años de prisión, donde permaneció hasta su muerte en 1985. Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, antiguos miembros de la División Azul, habían sido detenidos por facilitar las armas para el crimen, pero solo el primero pudo ser juzgado y condenado a 64 años de cárcel. Fernández Palacios falleció en 1979, antes del juicio. Por último, Gloria Herguedas Herrando fue sentenciada a un año de prisión como cómplice.

El tercer detenido como autor material de los asesinatos, Fernando Lerdo de Tejada, se fugó tras concederle el juez un permiso penitenciario antes del juicio. La orden de búsqueda y captura contra él prescribió en 2015 y, a día de hoy, no se sabe nada sobre su paradero. Por su parte, Fernandez Cerrá disfrutó de la libertad condicional 14 años después de ingresar en prisión, y empezó a trabajar en una empresa de seguridad.

A Garcia Juliá también le fue concedida la libertad condicional en 1991, cuando tenía todavía 3.855 días pendientes de su condena —unos diez años—. Aprovechó el permiso para fugarse y permaneció desaparecido hasta noviembre de 2018, cuando fue detenido por la justicia brasileña. Había conseguido una identidad venezolana falsa y trabajaba como conductor de Uber. Fue extraditado a España, donde volvió a ingresar en prisión el pasado 7 de febrero, y el 5 de mayo el Ministerio Público fijó en noviembre la fecha para su excarcelación.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real —la última en juzgarle por un delito no relacionado con los asesinatos de Atocha— consideró aplicarle una liquidación de condena de 787 días por redención extraordinaria y 429 días por el tiempo que pasó en una prisión brasileña.

En 1990, el Gobierno italiano señaló una posible vinculación del comando que perpetró la matanza con una organización neofascista italiana, Ordine Nuovo, a través de uno de sus miembros, Carlo Cicuttini, que llevaba años refugiado en nuestro país. No obstante, la investigación no siguió adelante.

¿Qué aprendimos?

Los crímenes de Atocha consiguieron una gran atención mediática y se creó la Fundación Abogados de Atocha, cuyo objetivo es mantener el recuerdo de la masacre y "reivindicar" el trabajo de los abogados laboralistas durante el franquismo.

En junio de 2003 se construyó en Madrid El abrazo, una estatua conmemorativa de los abogados asesinados en 1977 realizada por Juan Genovés que se encuentra en Antón Martín y que la exalcaldesa de la capital, Manuela Carmena, quiso convertir en un "emblema" de la ciudad. En la actualidad, el 24 de enero se sigue recordando a los asesinados incluso desde las instituciones. No obstante, nada de eso protege los símbolos de recuerdo a las víctimas, como quedó demostrado el pasado 6 de julio, tras denunciarse la vandalización de una placa homenaje en Alcorcón.

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha condenado el ataque a la placa dedicada a los abogados asesinados en 1977 en la calle Atocha de Madrid, que ha acabado destrozada, según ha apuntado la edil en su cuenta de Twitter y recoge Europa Press.

"La Policía Municipal ha elaborado informe, que ha trasladado a Policía Nacional, por los desperfectos realizados a la placa en homenaje a los Abogados de Atocha, ubicada en las inmediaciones del Teatro Buero Vallejo. ¡Mi más absoluta condena a estos hechos!", ha subrayado.

Ésta se inauguró hace tan solo unos meses, a finales de enero, en un acto para "bautizar" al espacio anexo al Teatro Buero Vallejo como el Parque de los Abogados de Atocha. Una propuesta que fue impulsada por Unidas Podemos Ganar Alcorcón en el pleno de marzo de 2016 --entonces conocidos como Ganar Alcorcón y en la oposición, y hoy en el Gobierno junto al PSOE--, que fue apoyada por todos los grupos de la Corporación, a excepción del PP, y que hasta este año no se había llevado a cabo.

El objetivo era el de recordar a las víctimas de la llamada Semana Negra de Madrid, que tuvo lugar entre el 22 y el 24 de enero de 1977, cuando fueron asesinados cinco abogados en la calle Atocha y el estudiante Arturo Ruiz a manos de grupos de ultraderecha.

Este fin de semana rompían la mencionada placa, y tanto la regidora socialista como el PSOE han criticado lo que entienden es un "acto de vandalismo político". No han sido los únicos en pronunciarse, desde Ciudadanos su portavoz, Diana Fuertes, ha pedido "menos falta de civismo y más respeto", condenando el ataque.

El fiscal jefe de Ciudad Real, Luis Huete, ha solicitado revisar la fecha exacta en la que se revocó la libertad provisional en los años noventa de Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de los abogados de Atocha en 1977, después de que la representación de las víctimas apreciara un posible fallo. De comprobarse cierto, se recalcularía la liquidación de condena y se retrasaría un año y medio su salida de prisión, prevista para este 19 de noviembre, según informa Europa Press.

En el escrito adelantado por El País, el fiscal se opone a la nulidad de la liquidación provisional de condena que pedía la representación de las víctimas, pero apunta que respecto a la impugnación de la liquidación "es preciso acreditar alguno de los extremos reseñados por los recurrentes" por lo que insta a acordar diligencias para que se certifique desde el Juzgado de Vigilancia de Valladolid la fecha en la que se revocó a García Juliá la libertad condicional a mediados de los noventa.

En concreto, en el escrito se explica que si bien se le concedió la libertad provisional en septiembre de 1991, no consta en la ejecutoria el auto en el que se revoca la misma. La Sala y el Ministerio Fiscal ubicaron en agosto de 1996 la revocación, pero las víctimas en su escrito apuntaban que la fecha real fue enero de 1995, según auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid.

"Este dato debe ser corroborado (...) puede ser determinante para que se modifique la liquidación de condena practicada por cuanto hay año y medio de diferencia entre una fecha y otra", señala el fiscal en el escrito. Así, la situación está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Ciudad Real con un dictamen de la Fiscalía tras un informe del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid.

El pasado mes de mayo la Fiscalía Provincial de Ciudad Real no recurrió la salida de prisión del terrorista después de estudiar la liquidación provisional de pena realizada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ya que consideraba que el cálculo era correcto a pesar de que a García Juliá todavía le quedaban por cumplir 3.845 días, esto es, diez años de condena.

García Juliá, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios del pasado mes de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.

Después de que el abogado del terrorista se dirigiera a la Audiencia Provincial de Ciudad Real solicitando la práctica de una nueva liquidación de condena –por ser éste el último tribunal que emitió una sentencia en su contra por una causa distinta a la de la matanza de Atocha–, los magistrados le aplicaron 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil después de que fuera arrestado en diciembre de 2018.

Nulidad de lo actuado

A finales de junio, la defensa de las víctimas de la matanza de Atocha impugnó ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real la liquidación provisional de condena. Además, esa misma asociación ha solicitado a la Audiencia Nacional la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con el condenado desde su entrega a nuestro país.

Según el escrito del fiscal, no tiene cabida la nulidad de las actuaciones que también se solicita ante la Audiencia Provincial puesto que "no se aprecia en la tramitación de la ejecutoria y en el expediente de acumulación de penas algún tipo de vulneración de derechos de las víctimas del proceso seguido ante la Audiencia Nacional". Y añade que no existe precepto alguno que autorice a las víctimas a intervenir en un incidente de acumulación de pena, tampoco en el actual Estatuto de la Víctima.

A esto suma que la Audiencia Provincial de Ciudad Real es competente para dictar el auto de acumulación de penas puesto que fue este tribunal el último que dictó sentencia sobre García Juliá.

Cinco asesinatos consumados en 1977

García Juliá (1955) fue condenado el día 29 de febrero de 1980 por la Sección Primera de la Sala de lo Penal a 193 años de prisión como autor material de cinco delitos de asesinatos consumados y cuatro frustrados en la noche del 24 de enero de 1977.

Ese día, García Juliá y otras dos personas irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid, abriendo fuego contra los presentes con pistolas de calibre 9 mm parabellum.

La defensa de las víctimas de la matanza de Atocha ha impugnado ante la Audiencia Provincial de Ciufdad Real la liquidación provisional de condena impuesta a Carlos García Juliá –uno de los implicados en la matanza de los abogados de Atocha en 1977 y recientemente extraditado desde Brasil– que le permitía salir en libertad provisional el próximo 10 de noviembre. Además, esa misma asociación ha solicitado a la Audiencia Nacional la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con el condenado desde su entrega a nuestro país.

Cuando ingresó en Soto del Real el 7 de febrero pasado, al terrorista le quedaban por cumplir 3.845 días, esto es, diez años de condena, concretamente hasta agosto de 2030. Entre otras cosas, el tribunal de Ciudad Real, que fue el último que le condenó por un asunto diferente al de Atocha, le ha aplicado 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil tras ser arrestado en diciembre de 2018.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que las diferentes actuaciones por parte de la defensa de las víctimas, la Fundación Abogados de Atocha, ante las decisiones de la Audiencia Provincial de Ciudad Real se han retrasado debido al estado de alarma, que se decreto el 14 de marzo y que finalizó el pasado 21 de junio.

Ausencia de conexidad

Ahora, con la nueva normalidad, las víctimas han recurrido ante la Audiencia Nacional pidiendo la nulidad de todas las actuaciones dictadas por este órgano desde la extradición del terrorista de ultraderecha, y apuntan que no puede haber conexidad entre los delitos de la calle Atocha con los que se le imputan por otro incidente en Ciudad Real, por lo que la liquidación no sería válida.

Asimismo, la defensa lamenta que la liquidación de condena de García Juliá se realizara sin tener en cuenta a las víctimas, y esto ha motivado que lo impugnen. Fue el pasado mes de mayo cuando la Audiencia Provincial de Ciudad Real propuso que Carlos García Juliá, recientemente extraditado a España desde Brasil, saliera en libertad provisional el próximo 19 de noviembre.

García Juliá, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.

El abogado del terrorista se dirigió a la Audiencia Provincial de Ciudad Real solicitando la práctica de una nueva liquidación de condena por ser el último tribunal que emitió una sentencia en su contra, en este caso por una causa distinta a la de la matanza de Atocha.

La Fiscalía Provincial de Ciudad Real no recurrirá la salida de prisión de Carlos García Juliá, condenado por la matanza de los abogados de Atocha de 1977 y recientemente extraditado a España desde Brasil, el próximo 19 de noviembre, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El Ministerio Público ha tomado esta decisión después de estudiar la liquidación provisional de pena realizada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ya que considera que el cálculo es correcto a pesar de que García Juliá todavía restaba de cumplir 3.845 días, esto es, diez años de condena.

García Juliá, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios del pasado mes de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.

Después de que el abogado del terrorista se dirigiera a la Audiencia Provincial de Ciudad Real solicitando la práctica de una nueva liquidación de condena --por ser éste el último tribunal que emitió una sentencia en su contra por una causa distinta a la de la matanza de Atocha--, los magistrados le aplicaron 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil después de que fuera arrestado en diciembre de 2018.

Tanto Fiscalía como el resto de partes personadas tenían tres días para presentar alegaciones al respecto, pero el Ministerio Público ha decidido no recurrir la liquidación. La Audiencia Provincial deberá emitir un dictamen definitivo en los próximos días.

Carlos García Juliá, uno de los asesinos de la matanza de los abogados de Atocha en 1977, ha llegado este viernes a primera hora a Madrid después de que tres agentes de la Policía Nacional se trasladaran a Brasil para custodiar su extradición. Tras aterrizar en el Aeropuerto de Barajas, ha sido trasladado a la cárcel de Soto del Real, en Madrid.

Reclamado por la Audiencia Nacional, García Juliá (1955) fue condenado el día 29 de febrero de 1980 por la Sección Primera de la Sala de lo Penal a 193 años de prisión como autor material de cinco delitos de asesinatos consumados y cuatro frustrados en la noche del 24 de enero de 1977.

Ese día, García Juliá y otras dos personas irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid, abriendo fuego contra los presentes con pistolas de calibre 9 mm parabellum.

A García Juliá se le concedió la libertad condicional el 23 de octubre de 1991. Después, el Tribunal accedió a otorgarle la autorización de salida de España para aceptar una oferta de trabajo en Paraguay, debiéndose presentar mensualmente en la Embajada española en aquel país. Una vez allí, rompió las obligaciones de su libertad condicional, por lo que se le declaró prófugo el día 14 de agosto de 1996.

Detención en Bolivia y huida: 20 años desaparecido

Posteriormente, fue detenido en Bolivia el día 17 de junio de 1996, donde se le condenó a una pena de prisión de seis años por un delito de tráfico de estupefacientes. Cuando el día 29 de noviembre de 2000 llegó la solicitud de extradición de la Audiencia Nacional a Bolivia, el preso ya se había fugado aprovechando un beneficio penitenciario un año antes para no presentarse ante un juzgado de vigilancia penitenciaria de La Paz.

A partir de esa fecha, y durante los siguientes veinte años, se le perdió la pista. Fue en agosto de 2018 cuando las pesquisas llevaron a la Policía Federal Brasileña a localizar a García Juliá. Unos meses después, en diciembre, el asesino fue detenido en Sao Paulo, donde vivía trabajando como conductor en una empresa de VTC.

Localizado en Brasil, donde trabajaba como conductor de VTC

Al oponerse a la extradición, el procedimiento se dilató trece meses por los sucesivos recursos y apelaciones que ha ido ejerciendo la defensa ante las autoridades judiciales brasileñas, alegando la prescripción del delito, defectos en la doble incriminación y el tiempo de cumplimiento de prisión en Bolivia.

Después de cumplimentar los trámites, tres agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la OCN Interpol, han custodiado la extradición desde Brasil de García Juliá, que ha aterrizado a primera hora de este viernes en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez

Triunfo de "la Democracia y la Justicia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este viernes la García Juliá. "Hoy la Democracia y la Justicia vuelven a triunfar", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, que ha recordado que la "matanza no pudo frenar el deseo de libertad de toda una sociedad".

"Hace 43 años mató a 5 personas en el atentado de Atocha. Hoy llega a Madrid uno de sus asesinos, Carlos García Juliá, tras ser extraditado por Brasil", ha escrito Sánchez.

Brasil entregará a la justicia española esta semana a Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de los abogados de Atocha de 1977,abogados de Atocha que fue detenido en Sao Paulo tras más de 20 años en busca y captura, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Está previsto que García Juliá llegue a España este viernes.

La extradición del condenado fue autorizada a mediados del pasado mes de agosto por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de Brasil y desde entonces estaba a la espera de ser confirmada. Había sido detenido en diciembre de 2018 en Sao Paulo (Brasil). Una vez llegue a España ingresará directamente en prisión.

La Audiencia Nacional condenó a García Juliá a 193 años de cárcel en 1980 por lo que, cuando se produzca la entrega será este órgano el que tramitará el traslado al Aeropuerto de Barajas de una comisión judicial ejecutoria que portará un mandamiento de prisión referido a la orden de busca y captura que pesaba sobre el extremista.

Nueva liquidación de condena

Una vez en prisión se deberá hacer una nueva liquidación de condena por parte de las autoridades penitenciarias y que debe ser validada por la Audiencia Nacional, y sobre la que cabrá recurso por las partes.

Ya en diciembre de 2018, cuando se conoció su detención, fuentes jurídicas apuntaron que García Juliá deberá además someterse a un nuevo juicio cuando sea entregado a España por quebrantamiento de condena. Este procedimiento se tramitaría en los juzgados ordinarios.

La decisión del Supremo brasileño sobre García Juliá se adoptó por unanimidad y sigue el criterio de la Fiscalía General brasileña. Los magistrados consideran que la petición de extradición del Gobierno español cumple los requisitos de doble tipicidad y doble castigo y que, además, la causa por la que se reclama a García Juliá no se refiere a crímenes políticos, sino a delitos comunes.

Como integrante del grupo de terroristas de extrema derecha que perpetraron la matanza en un despacho de abogados de Comisiones Obreras en la calle Atocha de Madrid, García Juliá fue condenado como autor material de cinco asesinatos, así como por otros tres asesinatos frustrados y por tenencia de armas.

Tras cometer el crimen, a la edad de 22 años, pasó más de un mes escondido hasta que fue detenido en marzo de 1977 y, posteriormente, juzgado y condenado. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España.

Desde entonces, consiguió mantenerse oculto sin atender al requerimiento judicial formal, residiendo en países como Chile, Argentina, Venezuela y, finalmente, Brasil. Cuando fue arrestado el pasado diciembre, García Juliá utilizaba una identidad falsa de un ciudadano venezolano.

La Audiencia Nacional había mantenido abierta la petición de búsqueda, detención e ingreso en prisión de García Juliá para que cumpliera en España los más de 3.800 días (poco más de diez años) que tiene pendiente de prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.