El asesinato de los abogados de Atocha, el crimen que puso en jaque la Transición

La noche del 24 de enero de 1977, tres ultraderechistas mataron a cinco personas e hirieron a otras cuatro en un asalto armado a un bufete de abogados laboralistas de izquierdas. La matanza se convirtió en uno de los momentos que puso en jaque a la Transición, junto con otras crisis como la del 23F.

¿Qué pasó?

Cierto tipo de tragedias quedan marcadas en la historia de una sociedad por mucho tiempo que pase desde que sucedieron. La matanza en las oficinas de abogados laboralistas de la calle Atocha en 1977 es una de ellas. En su caso, además, el dolor de las víctimas es de primerísima actualidad más de 40 años después, debido a la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de aplicar la liquidación de condena a uno de los asesinos de Atocha después de llevar más de 20 años fugado. El pasado mes de junio, la defensa de las víctimas impugnó la acción, que la Fiscalía ya había decidido no recurrir.

Todo empezó la noche del 24 de enero de 1977, en el tercero izquierda del número 55 de la calle Atocha. Era el despacho de un grupo de abogados laboralistas del PCE y Comisiones Obreras. Esa tarde, había tenido lugar una multitudinaria reunión en las oficinas para debatir un asunto referente a la huelga de trabajadores del transporte contra el Sindicato Vertical, que llevaba en marcha unos días.

Cuando concluyó, nueve personas se quedaron trabajando en el despacho. Cerca de las once de la noche, fueron sorprendidos por tres hombres armados, pertenecientes a grupos de ultraderecha, que irrumpieron en el local al grito de "Arriba esas manitas, las manitas arriba". Sin darles tiempo para reaccionar, los hombres la emprendieron a tiros con todos los presentes. El diario ABC lo contaría así al día siguiente: "Los hechos, al parecer, se desarrollaron con tal rapidez que ninguno de los atacados tuvo tiempo para reaccionar".

La matanza terminó tan rápido como había empezado. Los asesinos se dieron a la fuga y los vecinos del número 55, alarmados, llamaron a la policía. La barbarie se saldó con cinco fallecidos —tres durante el tiroteo, dos en el hospital— y cuatro heridos.

Fue el más trágico de los sucesos que ocurrieron esa semana negra para la Transición, en la que los problemas se agolpaban a las puertas de la nueva democracia que pugnaba por abrirse paso. La reacción de las víctimas y los colectivos afectados por la matanza estuvo a la altura de las circunstancias y consiguió salvar la crisis.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Apenas había transcurrido un año y medio desde la muerte de Franco. Las huelgas en diferentes sectores productivos se sucedían por todo el país, al tiempo que se aprobaba la Ley de Reforma Política y Adolfo Suárez era nombrado a dedo presidente del Gobierno. El año 1977 comenzó convulso: a los secuestros del GRAPO se sumaron las actuaciones de los Guerrilleros de Cristo Rey —otro grupo violento ultraderechista—, las manifestaciones por una amnistía más amplia para los presos políticos del franquismo y una huelga de los empleados de transporte.

El día 24 de enero se sucedieron varios acontecimientos importantes. Por la mañana, el GRAPO secuestró al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Más tarde, una manifestación no autorizada por la amnistía se saldó con la muerte de una joven. Finalmente, esa noche tuvo lugar la matanza de los abogados de Atocha. La respuesta de los diferentes implicados sería clave para el discurrir de los acontecimientos siguientes.

Los asesinos de Atocha acabaron con la vida de Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdevira —tres abogados, un estudiante y un administrativo— e hirieron a otros cuatro miembros del bufete: Alejandro Ruiz-Huerta, Dolores González, Miguel Sarabia y Luis Ramos. Este último relató en un documental de TVE las sensaciones vividas en ese despacho la noche del tiroteo: "Ninguno de nosotros pensaba que aquello podía terminar como terminó. Tengo la impresión de que creíamos que simplemente iban allí en plan amenazador, que quizá iban a romper algo, quizá a pegar a alguien, pero no que iban a disparar salvajemente contra todos nosotros". En realidad, el objetivo de los asaltantes era Joaquín Navarro, representante de los trabajadores del transporte que estaban en huelga, pero, por suerte para él, no se encontraba allí.

Al día siguiente, el Comité Ejecutivo del PCE se reunió y decidió no tomar represalias violentas o provocativas contra los responsables. En su lugar, se volcaron en el homenaje a las víctimas y la condena pública y política del atentado. Dos días después, constituyeron una capilla ardiente en el Colegio de Abogados de Madrid que duró tres horas, tras la cual sacaron los féretros a hombros acompañados por una multitud de más de 100.000 personas. Todo ello, en el más absoluto de los silencios.

La investigación policial llevó a la detención de los responsables, miembros de comandos de extrema derecha ligados a grupos como Fuerza Nueva —partido político ultraderechista fundado en 1976 por Blas Piñar— y Falange, que pretendían acabar con los "enemigos de la Patria". La Audiencia Nacional señaló a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada como autores materiales del crimen, y a Francisco Albadalejo Corredera, secretario provincial del Sindicato Vertical del Transporte, como autor intelectual. Otras cinco personas más fueron detenidas como cómplices, aunque algunas de ellas no llegaron a pasar ante el juez por diferentes cuestiones.

¿Cómo se informó de ello?

Libres de la censura franquista, los medios de comunicación se lanzaron a cubrir con extenso detalle los crímenes de Atocha. La mayoría de los periódicos no dudaron en calificar de "ultraderechistas" o "extremistas de derecha" a los asesinos, aunque otros más afines al conservadurismo, como el diario Ya evitaran tales calificativos.

En El País, por ejemplo, se publicaron reportajes, entrevistas y piezas de opinión que ahondaban en las posibles repercusiones políticas que tendría el suceso para la Transición, dejando titulares como: "La sombra de la guerra civil planea sobre España" o "Serenidad frente a la anti-España". En general, la prensa llevó a cabo un exhaustivo seguimiento de las detenciones, la recuperación de los heridos, los actos conmemorativos y el juicio.

¿Qué consecuencias tuvo?

Además de las cinco víctimas mortales y los cuatro heridos que lograron sobrevivir, la tragedia de Atocha puso a prueba todo el proceso de Transición democrática que se estaba intentando sacar adelante. Pero la respuesta de los implicados, como el PCE, consiguió apaciguar los ánimos y puso los cimientos para su legalización el 9 de abril de ese mismo año.

El 28 enero, el Gobierno de Suárez decidió suspender durante un mes dos artículos del Fuero de los Españoles —aún no se había redactado la Constitución— y otorgó "facultades excepcionales para proteger la paz ciudadana", como respuesta a los acontecimientos recientes y de forma que afectara solo a aquellas personas sospechosas de terrorismo. Esta medida dio más libertad a la policía para realizar registros domiciliarios y arrestos por periodos superiores a 72 horas.

El caso de Atocha indignó a la sociedad, que se sumó a protestas y actos espontáneos de solidaridad y homenaje, como la huelga de 150.000 trabajadores de diferentes sectores en el País Vasco o el paro en señal de repulsa de dos días de todos los abogados del Colegio de Málaga. El día siguiente a los asesinatos, los 30.000 trabajadores de una fábrica de coches pararon su actividad, replicando lo que ya era una reacción en cadena en las fábricas de Barcelona. Los alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona realizaron una marcha de varios kilómetros que culminó con una multitudinaria manifestación de estudiantes de toda la capital esa misma tarde.

Por la rama judicial, la Audiencia Nacional tardó tres años en dictar sentencia. Condenó a Fernández Cerrá y a García Juliá a 193 años de prisión cada uno como autores materiales del atentado. Francisco Albadalejo Corredera, el autor intelectual, fue condenado a 63 años de prisión, donde permaneció hasta su muerte en 1985. Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, antiguos miembros de la División Azul, habían sido detenidos por facilitar las armas para el crimen, pero solo el primero pudo ser juzgado y condenado a 64 años de cárcel. Fernández Palacios falleció en 1979, antes del juicio. Por último, Gloria Herguedas Herrando fue sentenciada a un año de prisión como cómplice.

El tercer detenido como autor material de los asesinatos, Fernando Lerdo de Tejada, se fugó tras concederle el juez un permiso penitenciario antes del juicio. La orden de búsqueda y captura contra él prescribió en 2015 y, a día de hoy, no se sabe nada sobre su paradero. Por su parte, Fernandez Cerrá disfrutó de la libertad condicional 14 años después de ingresar en prisión, y empezó a trabajar en una empresa de seguridad.

A Garcia Juliá también le fue concedida la libertad condicional en 1991, cuando tenía todavía 3.855 días pendientes de su condena —unos diez años—. Aprovechó el permiso para fugarse y permaneció desaparecido hasta noviembre de 2018, cuando fue detenido por la justicia brasileña. Había conseguido una identidad venezolana falsa y trabajaba como conductor de Uber. Fue extraditado a España, donde volvió a ingresar en prisión el pasado 7 de febrero, y el 5 de mayo el Ministerio Público fijó en noviembre la fecha para su excarcelación.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real —la última en juzgarle por un delito no relacionado con los asesinatos de Atocha— consideró aplicarle una liquidación de condena de 787 días por redención extraordinaria y 429 días por el tiempo que pasó en una prisión brasileña.

En 1990, el Gobierno italiano señaló una posible vinculación del comando que perpetró la matanza con una organización neofascista italiana, Ordine Nuovo, a través de uno de sus miembros, Carlo Cicuttini, que llevaba años refugiado en nuestro país. No obstante, la investigación no siguió adelante.

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¿Qué aprendimos?

Los crímenes de Atocha consiguieron una gran atención mediática y se creó la Fundación Abogados de Atocha, cuyo objetivo es mantener el recuerdo de la masacre y "reivindicar" el trabajo de los abogados laboralistas durante el franquismo.

En junio de 2003 se construyó en Madrid El abrazo, una estatua conmemorativa de los abogados asesinados en 1977 realizada por Juan Genovés que se encuentra en Antón Martín y que la exalcaldesa de la capital, Manuela Carmena, quiso convertir en un "emblema" de la ciudad. En la actualidad, el 24 de enero se sigue recordando a los asesinados incluso desde las instituciones. No obstante, nada de eso protege los símbolos de recuerdo a las víctimas, como quedó demostrado el pasado 6 de julio, tras denunciarse la vandalización de una placa homenaje en Alcorcón.