La derechización de la magistratura en España muestra estos días una prueba más en la elección del nuevo presidente o presidenta de la Audiencia Nacional. El tribunal del terrorismo, el del narcotráfico a gran escala y las macrocausas de corrupción, el de mayor proyección mediática, tendrá de nuevo, casi con total seguridad, un presidente conservador. Ningún magistrado progresista se ha presentado a la convocatoria y, de los ocho que lo han hecho, seis de ellos han tenido algún vínculo con el PP al haber ocupado altos cargos en instituciones dirigidas por ese partido o haber sido aupados por ese partido para puestos judiciales de responsabilidad.

El último presidente progresista que tuvo el tribunal fue Ángel Juanes, que dejó el cargo para convertirse en vicepresidente del Tribunal Supremo en 2014, tras ocuparlo desde 2009. Le sucedió el conservador José Ramón Navarro. Y el que le seguirá será también de esa sensibilidad al no haber candidatos progresistas. Cuatro de los ocho que se han presentado ahora han ocupado cargos políticos en gobiernos autonómicos y locales del PP y otros dos fueron propuestos por ese partido para convertirse en vocales del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan a la "desmotivación" como causa de la ausencia de aspirantes de izquierdas. Tras las elecciones a su Sala de Gobierno de la semana pasada, en la que participan todos los magistrados, los tres puestos a elegir fueron para la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Entre los candidatos más significados políticamente se encuentra el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López. El ahora aspirante fue consejero de Justicia del PP, diputado en la Asamblea de Madrid y vicesecretario de Justicia del partido a nivel nacional cuando lo dirigía Pablo Casado y se reincorporó a su puesto en la Sala de lo Penal hace poco más de un año. Antes había sido magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta de ese mismo partido –puesto del que tuvo que dimitir después de que la policía lo parara por conducir su moto sin casco y sobrepasando el límite de alcohol– y hombre fuerte del sector conservador del CGPJ durante el mandato 2001-2008.

Otra de las candidatas señaladas por su vinculación con el PP es María Tardón, que fue concejala en el grupo municipal de ese partido en el Ayuntamiento de Madrid durante la alcaldía de José María Álvarez del Manzano, con el que ocupó el cargo de cuarta teniente de alcalde y responsable de la Policía Municipal. Tardón, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (moderada), ocupa actualmente el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Se trata de la única mujer en presentarse a la presidencia, lo que, según fuentes del Consejo, le da cierta ventaja para hacerse con el cargo gracias a los nuevos criterios que impone la ley de paridad.

Otros dos aspirantes también ocuparon puestos de responsabilidad en gobiernos del PP, aunque de menor importancia. Uno de ellos es el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2003 durante las presidencias de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Tras dejar el cargo, fue titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, donde investigó varios de los casos de corrupción más sonados de ese partido, como Púnica y Lezo. Miembro de la conservadora APM, Velasco está pendiente de que el Consejo decida si le abre expediente por unas declaraciones durante una conferencia en la que cargó contra la exministra de Igualdad Irene Montero (Podemos), a la que acusó de darle lecciones sobre el consentimiento "desde su cajero del Mercadona".

El magistrado de la Audiencia de Madrid Francisco Manuel Oliver Egea, que también opta a presidir la Audiencia, formó parte de los ejecutivos de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y de su sucesor, Ignacio González. Primero con un cargo menor, el de director de la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto, pero después, ya con González, dio el salto a otro mucho más relevante, el de director general de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid, dependiente del entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria.

Junto a los cuatro candidatos que han ocupado cargos con el PP, se encuentran otros aupados a puestos de responsabilidad judicial por ese partido. El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, también de la conservadora APM, fue vocal a propuesta de ese partido en el mismo CGPJ del que formó parte Enrique López, en el que ocupó el puesto de presidente de la comisión de Relaciones Internacionales. González también fue magistrado de enlace en Francia, puesto para el que fue designado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. También fue magistrado de la Audiencia Nacional, donde fue apartado en 2018 de todas las causas del caso Gürtel por "amistad manifiesta" con una de las partes, el PP.

También fue consejero del Poder Judicial a propuesta del PP hasta la última renovación de este año el aspirante Juan Manuel Fernández Martínez, actual magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Antes de entrar en el órgano de gobierno de los jueces, este magistrado de la APM había sido presidente del tribunal al que ha vuelto tras acabar su mandato.

Solo dos de los ocho candidatos carecen de vínculos con el PP aunque, según fuentes del CGPJ, también pertenecen a la derecha judicial. Durante su comparecencia este martes ante la comisión de calificación de ese órgano –la que se encarga de preseleccionar a los aspirantes–, el magistrado de la Audiencia Nacional Jesús Ricardo Gutiérrez presentó como uno de sus méritos el haber cuestionado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la ley de amnistía. Manuel Estrella, presidente de la Audiencia de Cádiz desde 2011, fue reelegido para el cargo en 2016 con el apoyo unánime del Consejo.

Fuentes del sector progresista muestran su preocupación por la ausencia de candidatos de esa sensibilidad, sobre todo tras las recientes elecciones a las salas de gobierno del Supremo, los 17 tribunales superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. Las asociaciones de derechas (APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) se hicieron con 104 de los puestos en liza. La única asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, solo obtuvo tres plazas. "Los presidentes de los tribunales y los de sus distintas salas son miembros natos de las salas de gobierno que, junto con el Consejo, forman la cúpula del Poder Judicial", advierte un juez progresista. "Si solo se presentan candidatos conservadores, la falta de pluralismo y el corporativismo seguirán ganando terreno en la carrera".

Dos años. Es el tiempo que lleva el periodista Pablo González en prisión preventiva tras su detención por parte de las autoridades polacas acusado de ser un espía al servicio del presidente ruso, Vladimir Putin. "Está incomunicado 23 horas al día en una celda sin ventilación. Sale al patio una hora al día, esposado, solo se comunica con el exterior por cartas que, obviamente, son intervenidas. Es una tortura psicológica que busca doblegar el ánimo de Pablo para que se inculpe o abandone su inocencia", explica Juan Teixeira, amigo del periodista y miembro de #FreePabloGonzález, una asociación en apoyo al informador.

González fue detenido el 28 de febrero de 2022 en Rzeszów, una ciudad del sureste de Polonia situada a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, a la que se trasladó para realizar un reportaje sobre los refugiados tras el estallido de la guerra en Ucrania. El periodista, que hasta la fecha de su detención trabajaba como freelance para medios como laSexta, Público o Gara, cubría desde hacía una década las relaciones del Kremlin con las antiguas repúblicas soviéticas. Las autoridades polacas le acusan de cometer un delito de espionaje tipificado en el artículo 130 del Código Penal del país, que castiga con penas de uno a diez años de cárcel a quien "esté involucrado en las actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia".

Su pareja, Ohiana Goiriena, madre de sus tres hijos —menores de edad— solo ha podido visitarle en dos ocasiones, en noviembre del 2022 y en julio de 2023. "El vacío que ha dejado se nota porque es alguien con mucha personalidad. Quienes más lo echan de menos son sus hijos, que están en edad de tener esa referencia paterna y no han podido verle ni hablar con él desde entonces", lamenta en conversación con infoLibre. Goiriena confiesa que son días de "emociones encontradas" porque los "mensajes de solidaridad" le dan "calor" pese a la ausencia de González.

Este miércoles se han convocado diversas manifestaciones en apoyo al periodista en ciudades como Madrid, Barcelona o Gernika y también se han celebrado eventos en universidades como la de Bilbao. La protesta que ha tenido lugar en la capital ha sido frente al ministerio de Exteriores, encabezado por José Manuel Albares, que en la sesión de control del Congreso tras las preguntas de EH Bildu ha manifestado su compromiso por conseguir para González un "juicio oral y público" —algo que, según ha explicado, ya ha solicitado al ministro de Exteriores polaco— para conocer "de una vez por todas" las pruebas que hay en su contra.

Teixeira considera que "por fin" parece que "se mueve algo" en el Ejecutivo español. "Es la primera vez que Albares dice algo así, lo que supone un cambio en la forma en la que Exteriores estaba afrontando en caso", señala el periodista. "Es muy tarde pero hay quedarse con lo positivo, a ver si conseguimos salir de esta situación kafkiana", prosigue. Goiriena también celebra el "cambio de postura" del Ejecutivo español aunque lamenta que, hasta ahora, hayan mantenido "una postura de vulneración de los derechos" de González aliándose con la fiscalía polaca.

Un cambio de postura que constatan no solo por las palabras de Albares, sino en gestos como el del eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que habló del caso ante el pleno del Parlamento Europeo el martes o el hecho de que, por primera vez, una diputada socialista, Rafaela Romero, se haya unido al resto de grupos —a excepción de PP y Vox— para protestar frente a la Puerta de los Leones del Congreso bajo el lema #FreePablo. "No sabemos qué puede haber detrás de este cambio, aunque creemos que el caso ha llegado a un nivel mediático que no les queda otra que apoyar", teoriza el amigo del periodista.

La detención de González no se explica sin los detalles que componen su biografía. González nació en abril de 1982 en Moscú y vivió allí hasta los nueve años bajo el nombre de Pavel Alekssevich Rubtsov. Cuando sus padres se divorciaron, su madre decidió empezar una nueva vida en España junto a su hijo. Después de un año asentados en Euskadi la familia se trasladó a Barcelona. Un juzgado le otorgó la nacionalidad española bajo el nombre de Pablo (traducción de su nombre en ruso) y con los apellidos de su abuelo materno, González Yagüe. El hecho de tener dos pasaportes, uno ruso y otro español, con distintos nombres, alertó a las autoridades polacas.

Una doble nacionalidad que hacía desconfiar a los servicios de inteligencia polacos, cuyo gobierno, capitaneado por el ultraderechista Mateusz Morawiecki y líder del partido PiS —Ley y Justicia— que ya tenía al periodista español en su radar González figuraba desde agosto de 2016 en una lista de periodistas considerados "prorrusos" que obraba en poder de la Open Society Fundation del magnate George Soros. Sin embargo, no es difícil encontrar críticas al régimen de Vladimir Putin en su blog, en sus crónicas y en su cuenta de X especialmente tras la invasión del país a Ucrania, que González creía que no se iba a producir.

Sin embargo, el cambio de Gobierno en Polonia tras las elecciones celebradas el pasado mes de octubre han dado esperanzas a la familia y amigos del periodista. La oposición liderada por el partido de centroderecha liderado por el exprimer ministro Donald Tusk desalojó a los ultras del gobierno tras casi una década ocupando la mayoría de instituciones. La mujer de González reconoce que el Gobierno que acaba de arrancar "necesitará su tiempo para depurar el sistema judicial, secuestrado por el PiS" pero espera que "rescate" al periodista. Teixeria es más prudente. "Es un cambio positivo pero que tiene que materializarse. El fiscal que lleva el caso es el mismo, los cargos que estaban siguen estando. No tenemos garantías plenas", reconoce.

Desde el entorno del periodista denuncian que, pese a la gravedad del caso, no haya tenido repercusión mediática más allá de la implicación de algunas asociaciones del País Vasco, de la Red de Colegios de Periodistas de España o de Reporteros Sin Fronteras. Esto contrasta con la tibieza de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), que se limitó a sacar un comunicado para reclamar que se "aclarasen las circunstancias" de la detención del periodista. El caso tampoco ha tenido un eco en buena parte de los medios de comunicación, especialmente en las televisiones. "Hay pocos medios hayan hecho un seguimiento serio, los medios de masas han pasado de puntillas. Hubo un silencio mediático", lamenta el amigo de González.

Una opinión compartida por Goiriena. "Espero que el día de hoy sea un punto de inflexión, los medios se han mantenido en una postura muy discreta en comparación con otros casos, se ha notado un silencio casi acusador. Espero que lo de ahora sea un punto de inflexión ya que, sea cual sea la acusación y los cargos, es un ciudadano europeo que tiene unos derechos y se le tienen que respetar en nombre de todos", subraya.

Teixeira cree que detrás del poco eco mediático está el ministerio de Exteriores tras hacer "una ronda de visita" por las "grandes redacciones" de los periódicos. "Creemos que es muy grave que se haga algo así a escondidas, que el propio ministro haya sembrado dudas. Su labor no es esa, sino defender los derechos de Pablo. Pero ha tenido que esperar dos años para hacer esas declaraciones", zanja.

Dieciséis meses después de la detención de Pablo González por parte de la policía polaca acusado de ser un espía al servicio de Vladimir Putin, el periodista continúa en prisión preventiva. Tal y como han relatado a infoLibre sus familiares y allegados, se encuentra aislado 23 horas al día, en una celda sin ventanas. Las autoridades polacas acusan a González de cometer un delito de espionaje tipificado en el artículo 130 del Código Penal del país que castiga con penas de uno a diez años de cárcel a quien "esté involucrado en las actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia".

González es nieto de un niño de Rusia exiliado como consecuencia de la Guerra Civil Española, nació en Moscú en 1982 y fue inscrito con el nombre de Pavel Rubtsov, por lo que cuenta con pasaportes de ambas nacionalidades, una doble nacionalidad que desde Polonia consideran sospechosa. Hasta la fecha de su detención trabajaba como periodista freelance para medios como laSexta, Público o Gara, donde cubría desde hace diez años las relaciones del Kremlin con las antiguas repúblicas soviéticas.

Lejos de involucrarse en el caso, el Gobierno español con José Manuel Albares al frente, se ha limitado a asegurar que "el caso es complejo y los cargos muy graves", por lo que hay que esperar a que se celebre el juicio "lo antes posible", en palabras del ministro de Exteriores. Tampoco se ha querido involucrar el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que no ha contestado a la carta que, según sus familiares, "se le entregó en mano". "No nos atendió", lamentan.

A la familia de González le duele la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha decidido llevar el caso al Parlamento Europeo en una jornada bajo el nombre de Journalism is not a crime! (¡El periodismo no es un crimen!) en la que han denunciado que González está en "el Guantánamo europeo", según Juan Teixeira, amigo cercano del periodista y miembro de #FreePabloGonzález,

La jornada ha estado organizada por tres eurodiputados españoles que pertenecen a los grupos de la Izquierda (GUE/NGL) y Los Verdes (EFA): Miguel Urbán, de Anticapitalistas, Ana Miranda, de BNG y Pernando Barrera, de EHBildu. Urbán ha explicado que ha pedido hasta en dos ocasiones poder visitar al periodista en prisión, pero que solo han recibido el silencio como respuesta. Según concreta a infoLibre, se ha dirigido a la Representación Permanente de España en la Unión Europea (REPER) polaca y a la dirección del centro penitenciario de Radom, donde está encerrado. Asimismo, Urbán también ha asegurado que han preguntado por este caso específico a la Comisión Europea, y tampoco han obtenido respuesta.

A su juicio, es "fundamental" que desde Europa "se ponga el foco en este caso" y seguir el trabajando desde el propio Parlamento, presionando a la actual Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reill, "para que tome partido". El eurodiputado también quiere que aparezca el caso de González en los informes que elabore el organismo europeo sobre la situación del Estado de Derecho en Polonia y "retomar" la intención de visitarla, pero no solo un reducido grupo de europarlamentarios de izquierdas sino también de otros grupos.

Los tres eurodiputados españoles, junto con otros que se han interesado por el caso como Manu Pineda, de Izquierda Unida, e Idoia Villanueva, de Podemos, quieren reunirse este mismo martes con otros colegas del grupo socialdemócrata, liberal y otros no adscritos a ningún grupo político para tratar de tener más fuerza en esa presión a la UE. Defienden que la Unión Europea "no puede permitir que un ciudadano europeo siga detenido en estas condiciones" y que un país miembro como Polonia "siga vulnerando sus derechos fundamentales". Una "injusticia" que quieren hacer patente en esa reunión con otros grupos.

La mujer del periodista, Oihana Goiriena, ha hecho hincapié en la situación de González, prácticamente incomunicado de su familia y ha recordado que solo ha podido hablar con él en dos ocasiones. Goirena considera que se tiene que presionar a Polonia para que garantice esos "derechos mínimos" al periodista y que implique, al menos, que pueda llamar de manera regular a su familia y tener un juicio "justo y con garantías" lo antes posible.

La periodista Teresa Aranguren lo ha calificado, directamente, como un "atentado frontal contra la libertad de prensa" y ha argumentado que fuera del contexto bélico esa detención "no tiene explicación": "La guerra no es excusa para pérdida de valores fundamentales", ha afirmado. Para Aranguren la gestión del departamento de Albares ha sido "nefasta" y ha afirmado que el Ejecutivo está "más preocupado por defender la fiscalía polaca que a sus ciudadanos".

Por su parte, el también periodista Paco Audije ha lamentado que el caso de González se parece al de Julian Assange y considera que ambos son "casos de castigo a los periodistas". Es más, ha asegurado que el caso de González "es más grave" porque se está prologando el procedimiento jurídico "como castigo": "Se le aplica la pena antes de ser juzgado y de que se emita el más mínimo indicio de su supuesta culpabilidad", ha zanjado.

El autodenominado sindicato Manos Limpias, cuyo líder se encuentra a un paso del banquillo por presunta extorsión a Cristina de Borbón y distintas entidades financieras, acaba de reaparecer de manera inesperada en el caso de los papeles de Bárcenas. Y lo ha hecho enviando a la Audiencia Nacional un escrito donde alaba a dos de los tres jueces que, por su cercanía al PP, ya han sido apartados de esa causa: Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, y Juan Pablo González. El texto combina la defensa de los dos magistrados con el ataque a las acusaciones populares que recusaron a esos dos magistrados. Es decir, todas menos la que formalmente ejerce Manos Limpias: Adade, IU, el PSOE y Observatori Desc.

En esta pieza de Gürtel, la más política de todas por cuanto afecta a la caja B del PP, Manos Limpias luce el marchamo de acusación popular. Pero su actividad ha sido prácticamente nula desde la operación policial que en abril de 2016 condujo a prisión a su jefe de filas, Miguel Bernad, y al máximo responsable de Ausbanc, Luis Pineda. Hoy, el proceso contra Bernad, Pineda y otros 12 inculpados a los que el juez Santiago Pedraz acusa de extorsionar a personas y entidades financieras se encuentra en espera de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia resuelva el recurso de sus defensas, según informaron fuentes jurídicas a infoLibre.

En ese contexto, Manos Limpias ha optado por emerger con un escrito que dedica duros reproches a las otras acusaciones populares por impugnar la decisión de la presidenta de la Sala de lo Penal de cambiar con efecto retroactivo el tribunal que debe dirigir el juicio sobre la caja B del PP. Son las mismas acusaciones que luego recusaron a González. Todos ellos –escribe el abogado del "sindicato de funcionarios"– fueron "temerarios" y actuaron "con fines espurios". ¿Cuáles? "Alargar innecesariamente el proceso" y, así, "alargar la pena de telediario".  En cambio –sostiene el escrito–, "Manos Limpias interpone querellas y ejerce la acusación popular para que se imparta justicia y no para que los procedimientos se alarguen de forma malintencionada".

"Reputados magistrados"

Sin citar de forma expresa a González, el escrito traza una encendida aunque implícita loa del juez, que desembarcó en el tribunal del caso después de que, bajo el impulso de Espejel, la Sala de Gobierno de la Audiencia cambiase de forma retroactiva su composición. "Manos Limpias –dice el texto– confía en la independencia e idoneidad de los magistrados que componen la Sala y entiende que no se puede sembrar duda respecto a los mismos ya que se trata de reputados magistrados".

Finalmente, González no estará en ese segundo tribunal: el pasado 27 de abril, a solicitud de las otras acusaciones populares y con la adhesión expresa de la Fiscalía Anticorrupción, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia acordó excluir al magistrado de cualquiera de las ternas que dirigirán vistas derivadas del tronco común de Gürtel. Espejel no participó en esa sesión precisamente porque ya en 2015 ella misma fue apartada del caso. El escrito de Manos Limpias lleva fecha de 4 de mayo, una semana después de que González fuese relevado de todos los tribunales de Gürtel.

Según Manos Limpias, ninguna razón impedía a Espejel participar en la votación interna que en noviembre acabó con el sorpresivo cambio en la composición de tribunal de los papeles. Y esa es la votación recurrida por las otras acusaciones populares no solo por su carácter retroactivo sino justamente también porque en ella participó Espejel.

La organización olvida incluso que Espejel también fue apartada por la Audiencia –en enero de 2016– de la pieza de los papeles. De ese olvido queda constancia en el siguiente párrafo: "Es constante el argumento de que la magistrada fue recusada en el conocido como caso Gürtel y que por tanto no debe participar siquiera en la votación y composición de la Sala en el presente caso pero debemos señalar que no es causa de recusación o abstención el haber sido recusada en otro procedimiento distinto del presente. No existe una recusación permanente para todo proceso".

El escrito tiene por objeto oponerse a los recursos de súplica de las otras acusaciones populares contra el cambio de tribunal decidido en noviembre por la sala de gobierno. Pese a que González ya no formará parte de ese tribunal –será necesario ahora configurar nada menos que una tercera sala–, las acusaciones han mantenido vivos sus recursos para que la Audiencia tenga que pronunciarse sobre la cuestión básica: el cambio de sus integrantes iniciales y su sustitución por otros con carácter retroactivo.

La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de apartar a Juan Pablo González del tribunal que debe enjuiciar la pieza de Gürtel conocida como la de la caja B o de los papeles de Bárcenas ha elevado a tres el número de jueces excluidos de todos los procesos vinculados a esta macrocausa de corrupción por su afinidad al PP. González había sido recusado por todas las acusaciones populares con la adhesión explícita de la Fiscalía Anticorrupción, como adelantó infoLibre. Su apartamiento se ha producido este viernes por nueve votos a favor y ocho en contra.

El magistrado, que no podrá participar en la vista de la caja B ni en otras tres derivadas del tronco común de Gürtel -la visita del Papa a Valencia, los contratos otorgados por AENA a la trama y los adjudicados por el Ayuntamiento de Jerez- sigue así la senda de Concepción Espejel y Enrique López, que ya fueron recusados y apartados en 2015. Dos años más tarde, Espejel se convirtió en mayo de 2017 en presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Desde ese puesto, la magistrada pilotó el pasado otoño una maniobra que alteró a última hora la composición del tribunal que ya había sido designado para enjuiciar los papeles de Bárcenas. De la nueva sala, conformada también por miembros de la Sección 2ª de la Sala de lo Penal, desapareció el magistrado Julio de Diego, aquel cuyo voto deshizo el empate en la sala del primer proceso de Gürtel celebrado en la Audiencia, el de la llamada Primera Época, lo que forzó la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo. El lugar de De Diego pasó a ocuparlo Juan Pablo González, cuya carrera profesional ha crecido bajo el impulso del PP. Aquella maniobra de cambio de tribunal sobre la marcha ha acabado teniendo un efecto bumerán.

En su escrito de recusación la acusación popular que encabeza IU sostuvo como "obvio" que aquellas resoluciones "que el magistrado pudiera tomar y que no fuesen del agrado del partido presidido por el señor Rajoy Brey pudieran frustrar cualquier promoción de su carrera judicial".

Íntima amistad con Mayor Oreja

González llegó en 2001 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP en el Senado, participó en cursos de FAES, y fue nombrado magistrado de enlace en París ya con Rajoy como presidente. "Además –señalaba el texto–, la prensa ha venido reflejando la íntima amistad del magistrado González con el ex ministro del PP Jaime Mayor Oreja, cuyo hermano José Mayor Oreja aparece en la contabilidad B del PP". En la votación del Senado que aupó a González al CGPJ participaron otros dos dirigentes del PP cuyos nombres aparecen en los papeles de Bárcenas: Pío García Escudero, que ya ha declarado como testigo en la instrucción, y Jesús Sepúlveda, coordinador electoral del PP durante buena parte de la etapa que reflejan los manuscritos del extesorero Luis Bárcenas.

La recusación de González fue el último intento de las acusaciones por impedir el desembarco de Juan Pablo González en los tribunales de Gürtel. Previamente, impugnaron el acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional que había avalado el cambio de tribunal: ese paso, vino a ser el argumento central, alimentaba la sospecha de que se había preparado un tribunal a la carta para el PP. Aunque los recursos contra esa decisión fueron desestimados, los argumentos manejados pusieron "en alerta" a miembros de la judicatura que sin pertenecer al llamado sector progresista -minoritario- vieron con temor que la sombra del desprestigio acechaba de nuevo. 

Una de las acusaciones, la ejercida por los socialistas, invocó por ejemplo una sentencia de 2015 del Tribunal Constitucional que advierte del riesgo de modificar la composición del tribunal asignado a un caso. La garantía de independencia e imparcialidad –dice esa sentencia– "quedaría burlada si bastase con mantener el órgano [en este caso, la Sección 2ª de la Sala Penal de la Audiencia] y pudiera alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de adoptarse". Según el PSOE, el cambio, con efectos retroactivos, en las normas de reparto de las causas que corresponden a la sección segunda de la Sala Penal "encaja perfectamente en el concepto de designación ex post facto, es decir una vez conocidas las causas y su relevancia para el Partido Popular en el gobierno". Y eso "podría dar lugar a la nulidad de la causa".

La Audiencia Nacional estudiará si se debe apartar del tribunal que juzgue la presunta financiación ilegal del PP al magistrado Juan Pablo González por su vinculación con el PP, tal y como solicitaron las acusaciones populares, informa Europa Press.

También se han aceptado otros dos incidentes de recusación contra el mismo juez relativas a las piezas separadas de la trama Gürtel sobre la visita del papa a Valencia y las adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Jerez. Ninguna de estas vistas orales tienen aún señalada fecha de celebración.

Sobre los denominados papeles de Bárcenas, la jueza de la Audiencia Nacional Manuela Fernández Prado ha admitido a trámite el incidente de recusación contra González presentado por las acusaciones populares ejercidas por el PSOE valenciano, Izquierda Unida, la asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y el Observatorio DESC. Concretamente, IU destacaba en su escrito la "amistad manifiesta" del juez con el PP, lo cual generaba "dudas más que razonables sobre su parcialidad".

Ahora, tras contar con el informe a favor de la Fiscalía de que se estudien dichos incidentes de recusación al considerar que el apoyo de este partido "fue decisivo" a la hora de impulsar la carrera de este juez en varios de los destinos que ha ocupado. En su escrito, el Ministerio Público señaló que, tras la correspondiente tramitación de la recusación, se debe estimar apartar al juez.

La jueza instructora tiene en cuenta que en la causa abierta por la presunta financiación ilegal de los conservadores se encuentra el partido como responsable civil en esta pieza y que las acusaciones denuncian que el magistrado tiene una "vinculación" con el PP y con "personas relevantes" del mismo, "a su vez relacionadas directa o indirectamente con la causa".

Solicitud a FAES

En este sentido, a petición del PSOE valenciano, la magistrada Fernández Prado ha solicitado al secretario de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) que certifique los cursos o actividades en los que haya participado el juez recusado. También las remuneraciones que haya podido recibir por sus intervenciones.

Además, tienen en cuenta que Juan Pablo González fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP en el Senado en 2001; en 2012, designado magistrado de enlace en Francia; y en 2015, magistrado en comisión de servicios de la Audiencia Nacional.

Entre otras cosas, no considera oportuno solicitar información a los patronos de FAES, como pidió IU, porque "es público que se trata de una fundación presidida por José María Aznar y vinculada al PP" y que el nombre de los patronos aparecen en la página web de la fundación.

Además no considera relevante la testifical del exministro Jaime Mayor Oreja, aunque su hermano aparezca mencionado en la causa que se investiga sobre la presunta caja b del PP, aunque exista una amistad con él, pues no está acusado.

No se estudia la ideología del magistrado

Por otro lado, la instructora no ha admitido la solicitud hecha por Adade para que se aporte como documental la copia de los artículos de opinión escritos por González y que fueron publicados en prensa. "Pretender una recusación basada en la ideología del magistrado excede de las causas legales de recusación", subraya Fernández Prado.

Tampoco acepta pedir al Senado la copia del acta y del vídeo de la votación de 6 de noviembre de 2001, ni quiénes participaron en ella, cuando fue elegido por el PP como el vocal del CGPJ. Ni que declare el propio juez recusado —ni otras testificales— ya que consta en el caso su informe escrito en el que no aceptó ser apartado.

La jueza de la Audiencia Nacional rechaza que Juan Pablo González sea apartado porque su nombramiento como integrante del tribunal que juzgará la Gürtel haya sido promovido por la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, apartada de algunos de los juicios contra la trama Gürteltrama Gürtel. "Estas cuestiones no pueden ser objeto de una recusación, pues se trata de decisiones que tienen su propia vía de recurso, ajena a este incidente, y que la parte ya ha promovido", explica.

Varios magistrados instructores

La Audiencia Nacional designó a finales de enero a los magistrados instructores que deben pronunciarse sobre los incidentes de recusación presentados contra el magistrado Juan Pablo González en relación a la presunta caja b del PP, Jerez, la visita del papa y las irregularidades y sobornos en el seno de Aena. Aún queda por conocer si se admite a trámite la petición de apartar al juez en esta última pieza.

Los cambios de magistrados en el tribunal que juzgará las distintas piezas de la trama Gürtel, como los papeles de Bárcenas, se produjeron a raíz de las nuevas propuestas de reparto y composición que formuló la magistrada María José Rodríguez Duplá, cuando llega a la Presidencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.

Ello supuso dejar fuera del tribunal que juzgará la presunta financiación ilegal del PP a dos de los tres magistrados que han celebrado la vista oral de la primera época de la trama Gürtel, Ángel Hurtado y Julio de Diego.

Las cuatro acusaciones populares personadas en Gürtel han recusado al unísono al magistrado conservador Juan Pablo González como nuevo miembro del tribunal designado para juzgar las distintas piezas del caso en la Audiencia Nacional. Si IU, la primera en presentar su escrito, incidió el miércoles en el argumento de que González no puede enjuiciar la pieza de la caja B porque depende del PP para seguir ascendiendo en su carrera y le atribuyó una "amistad manifiesta" con ese partido, la asociación de abogados Adade aportó este jueves un motivo inédito para su recusación: que Juan Pablo González, destinado de manera interina en junio de 2015 a la Audiencia Nacional, ha sobrepasado ya los dos años que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé como periodo máximo e improrrogable para las comisiones de servicio. 

En el tribunal que, salvo que prospere la recusación, dirigirá la vista sobre la caja B del PP o la de los llamados papeles de Bárcenas, González sustituye a uno de los miembros originalmente designados para esa tarea: el juez Julio de Diego, cuyo voto forzó la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo en el primer juicio de la serie Gürtel. El pasado 20 de noviembre, la sala de gobierno de la Audiencia modificó con efectos retroactivos la composición del tribunal que desde marzo tenía encomendado ese proceso. Todas las acusaciones populares coinciden en que esa decisión alimenta la sospecha de que se ha configurado un tribunal a la carta para el PP.

Según Adade, la incorporación de González, incumpliendo lo preceptuado en la LOPJ, al tribunal que debe juzgar una causa directamente ligada al partido que le propuso como vocal del Poder Judicial (CGPJ), le invitó a impartir cursos en la fundación FAES y le nombró luego magistrado de enlace en París incrementa la "apariencia de falta de imparcialidad". En la votación del Senado que en 2001 aupó en la práctica al magistrado al CGPJ participaron varios parlamentarios del PP relacionados con el caso Gürtel, bien como imputados o como testigos. Entre ellos figuran Jesús Sepúlveda, ahora en espera de sentencia tras el  juicio de la llamada Época I, testigos como Pío García Escudero y Esperanza Aguirre.

El nombramiento de González para la sala de los papeles de Bárcenas se materializó con una providencia fechada el 4 de diciembre, cuatro días antes de que –sostiene Adade– expirasen los dos años de comisión de servicio sin contar los seis meses previos en que ocupó de manera interina el juzgado central 3. Pese a ello, la Audiencia Nacional introduce a Juan Pablo González en el tribunal que dirigirá una vista para la que todavía no hay fecha pero que, sea cual sea, "quedará ya muy lejos" del límite marcado por la LOPJ, aseguró este jueves a preguntas de infoLibre el autor del escrito de Adade, el letrado Francisco Montiel.

Todas las acusaciones abundan en dos factores para ilustrar sus tesis de que González no puede bajo ningún concepto sumarse a ningún tribunal de Gürtel. El primer factor es que su trayectoria demuestra que mantiene no una mera afinidad ideológica con el PP sino un vínculo que se encuadra en una de las causas habituales de recusación: la amistad con alguna de las partes en el proceso. El segundo nexo común a los escritos de las cuatro acusaciones estriba en que su nombramiento para el tribunal está contaminado desde su origen porque en él participó la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, quien en 2015 ya fue apartada de Gürtel precisamente por su relación con el PP.

La tabla de ascensos

Sobre los vínculos del magistrado con el PP, los socialistas ofrecen por ejemplo una tabla de hitos profesionales del magistrado en el escrito relativo a la pieza de la visita del Papa a Valencia, otra de las derivadas de Gürtel en cuyo tribunal González se incorpora como nuevo integrante. Esa tabla documenta cómo sus sucesivos ascensos que estaban supeditados a una decisión política se produjeron siempre durante los mandatos del PP.

En 2001, con Aznar como presidente, González se convirtió en vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del grupo del PP en el Senado. Tras un párentesis iniciado en 2008 como magistrado de la Audiencia de Vizcaya y que se cerró en 2011 con su entrada en la sección 15 de la Audiencia de Madrid, el Gobierno le nombró en marzo de 2012 magistrado de enlace en París. Tras su cese, en mayo de 2015, "y sin solución de continuidad" –remarca el PSOE– pasa a la situación de comisión de servicios en la Audiencia Nacional: primero en el juzgado de instrucción 3 y luego en la Sala de lo Penal. De manera fallida, González optó a la presidencia de la Audiencia en tres ocasiones: en 2012, 2014 y 2017. Esta sucesión de datos, sostienen los socialistas,  "altera la imagen de imparcialidad cuando se trata de enjuiciar al partido político bajo cuyos gobiernos ha sido promocionado y ha presentado sus candidaturas más ambiciosas, sin que concurrieran los méritos necesarios, a juzgar por el resultado de las mismas".

El escrito de Observatorio Desc concede gran relevancia para la recusación al hecho de que la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, participase en la alteración del tribunal que juzgará la caja B del PP. Ese hecho, sostiene esta acusación, "resulta ciertamente anómalo". Y expone así el porqué de su afirmación: "El problema percibido, de cara a demostrar la exigida apariencia de imparcialidad, es que la propia magistrada que fue recusada ha seguido interviniendo en la composición de la sala de enjuiciamiento de la presente causa, de forma que la alteración de la sala ha tenido efectos retroactivos". Espejel, concluye Desc, "debió abstenerse de dicha participación en cuanto que fue apartada para el conocimiento de este procedimiento (...) por su estrecha proximidad al PP".